El Gobierno destacó que es la mayor cobertura de la historia contemporánea
El Estado asiste a nueve de cada diez hogares
Con los planes IFE y ATP, más los créditos a monotributistas y autónomos, el 89 por ciento de los hogares tienen por lo menos un integrante que recibe ayuda estatal.
Por Javier Lewkowicz
Hay 2,2 millones de trabajadores privados que cobran una porción del sueldo del Estado.
Imagen: Bernardino Avila
Imagen: Bernardino Avila
En casi el 90 por ciento de los hogares de todo el país vive al menos una persona que percibe un ingreso proveniente del Estado. Este escenario se da porque a los empleados públicos, jubilados, pensionados, titulares de la asignaciones familiares y de la asignación universal por hijo, se sumaron las casi seis millones de personas que reciben el Ingreso Familiar de Emergencia y los 2,2 millones de trabajadores de cuyo salario se hizo cargo el Estado con el programa ATP. “La asistencia que está brindando el Estado argentino en estos días es la mayor de la historia contemporánea”, resalta un informe elaborado por el gobierno. Este tipo de respuestas, en mayor o menor medida y con distinto tipo de combinaciones entre subsidios, créditos y transferencias, se están poniendo en práctica en todo el mundo para sostener la vida económica en medio de la pandemia. El gobierno nacional evalúa que una vez que se generalice la reanudación de la actividad económica, van a primar las herramientas financieras por sobre los subsidios directos y está previsto relanzar el acuerdo económico y social como vehículo para canalizar consensos que permitan digerir las demandas sociales.
La economía argentina está retomando la actividad productiva, en un proceso lento dado no sólo por las exigencias sanitarias sino por el fuerte deterioro del mercado interno y externo y el gran agujero financiero que enfrentan las empresas a raíz de la ruptura de las cadenas de pago. El gobierno calcula que en estos días, alrededor del 66 por ciento de los trabajadores del sector privado ya tiene la autorización formal para circular, lo cual no implica que lo estén haciendo (así como tampoco la ausencia de ese permiso implica la no circulación). Al comienzo de la cuarentena, ese porcentaje estaba en el 43 por ciento. En la misma línea, hay datos que confirman la tendencia, visible en la calle, a desempolvar las máquinas, mostradores y exhibidores: según los datos de Cammesa, la caída de la demanda eléctrica que era del 94 por ciento en los primeros días de la cuarentena, ahora está en el 35 por ciento comparada con la semana previa al confinamiento. Algo similar ocurre con el consumo de naftas. Volkswagen, Toyota y Acindar retomaron la actividad entre lunes y martes, por ejemplo.
Lo que viene
La vuelta a la actividad se hace a un ritmo bajo, del orden del 50 por ciento en las grandes plantas. Incluso, se espera que pueda haber problemas de producción por faltantes de piezas puntuales de proveedores que todavía no consiguieron el permiso. Aun así, el panorama es de mucha más actividad que hace algunas semanas. Si este proceso avanza, aparecerán soluciones pero también nuevos problemas, porque la puesta en marcha del aparato productivo requiere inversión, entre otras cosas. “A medida que se avanza en la reapertura, la ayuda financiera va a ser más fuerte que el subsidio”, explican en el Ministerio de Desarrollo Productivo. El pago de salarios por parte del Estado en el programa ATP ya se extendió para los salarios de mayo y no se sabe qué pasará en junio. Pero más tarde o más temprano la intención oficial es que la herramienta crediticia, con fondeo de bancos privados y públicos y el sistema de garantías oficiales, pueda ganar terreno en lugar del pago de salarios. En este punto, si bien el gobierno admite que el desempeño de los bancos para otorgar créditos de la línea del 24 por ciento para empresas afectadas por la pandemia no tuvo un buen arranque, “ya llevan desembolsados 200 mil millones de pesos, lo cual no es poco”.
El gobierno piensa en lanzar el (postergado) acuerdo económico y social como vehículo para canalizar las múltiples demandas del escenario post-cuarentena. De todos modos, aclaran que son pasos que se darán “una vez que la cuestión sanitaria no presente riesgos”, algo que todavía está lejos. En cambio, se espera que el pago de salarios a través del ATP continúe hasta cerca de fin de año para los sectores que tienen menos perspectivas de volver a funcionar, como gastronomía, turismo, cultura y deportes.
El Estado al rescate
Según los datos relevados por el Centro de Estudios de la Producción dirigido por Daniel Schteingart, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, el 60 por ciento de la industria nacional sufre caídas de facturación en términos reales mayores al 30 por ciento interanual. El escenario es peor en hoteles y restaurantes y recreación y cultura y algo mejor en transporte y almacenamiento, comercio y construcción. El reducido grupo de sectores que operan en positivo está compuesto por medicamentos, carne vacuna, galletitas, pastas y panificados y agroquímicos. La contracción de la actividad económica y del empleo es la peor desde 2002, e incluso en algunos casos el panorama es más negativo, como sucede en la construcción, gastronomía y turismo.
De las 600 mil empresas que hay en el país, 500 mil se comunicaron con el Ministerio para solicitar la ATP, aunque hay una porción que ni siquiera presentó la documentación exigida. Hasta ahora, el Estado nacional ya aprobó el pago de parte del salario de abril de 2,2 millones de asalariados que trabajan en 247 mil empresas. Alrededor del 85 por ciento de los beneficiarios de la ATP están cubiertos en al menos la mitad de su salario. En las empresas de menos de 25 empleados, la ATP cubre en promedio el 70 por ciento del salario neto, mientras que en las de 800 empleados, esa cifra es del 50 por ciento.
20 de mayo de 2020
Todo indica que el aislamiento se prolongará hasta el 8 de junio
Cuarentena en la provincia de Buenos Aires: habrá seguimiento casa por casa en los barrios
Establecerán comités de emergencia por todo el conurbano. Buscan evitar que se repita lo que sucede en las villas porteñas. Nuevo record de contagios: el 87% en CABA y conurbano.
Por Fernando Cibeira
Axel Kicillof, Santiago Cafiero y los ministros nacionales y provinciales en La Plata.
Imagen: Télam
Imagen: Télam
En consonancia con la suba de contagios de coronavirus que se registra en el AMBA, la provincia de Buenos Aires implementará comités operativos de emergencia en cada barrio popular para hacer un seguimiento casa por casa de los casos que presenten algún síntoma. Así quedó establecido en una reunión en La Plata encabezada por el gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, de la que participaron los ministros nacionales y provinciales que se ocupan de todo lo relativo a la pandemia, y un centenar de intendentes que siguieron el encuentro a través de videoconferencia. Además, confirmaron que el plan preventivo Detectar se extenderá en los próximos días a los municipios de La Matanza y Morón para ir en busca de los casos potenciales. "Es muy difícil pensar en flexibilizar cuando estamos ante un crecimiento de casos", anticipó Kicillof en el encuentro. Todo indica que, luego del lunes, la cuarentena en la Provincia y Capital se extenderá por otras dos semanas -hasta el 8 de junio- en las mismas condiciones.
Fue el primer encuentro de los integrantes del comité operativo de emergencia nacional con el provincial en momentos que los casos de covid-19 van en ascenso rumbo al pico. No es una novedad, era lo esperado. Pero eso no quita que la cantidad de nuevos enfermos genere preocupación y que se busquen extremar los cuidados para que los contagios no escalen a los niveles que se ven en otros países. Los 438 casos del martes fueron un nuevo récord, de los cuales 224 pertenecen a la ciudad de Buenos Aires y 157 de la Provincia, lo que sumado representa el 87 por ciento del total del país. El problema está cada vez más focalizado.
Por eso Kicillof presentó la reunión con el objetivo de coordinar de forma más estrecha el trabajo que se viene haciendo a nivel nacional, con el provincial y el municipal. En cada municipio se estableció un comité de emergencia, que ahora se fortalecerán con comités en cada barrio popular, de los que participarán organizaciones sociales, iglesias, clubes y demás entidades con inserción en las zonas más postergadas, de manera de realizar un seguimiento ajustado de lo que sucede calle por calle. El gobernador destacó la importancia de priorizar el “trabajo en red para las derivaciones y la asistencia a la familia y a la comunidad ante la aparición de casos sospechosos”.
Una de las cuestiones que se analizó fue que a partir de estos comités de emergencia barriales se podrán detectar más tempranamente otros problemas relacionados con la cuarentena que exceden a los contagios, como las cuestiones sanitarias, casos de violencia de género o de mala distribución de los alimentos. "La particularidad del AMBA necesita una mirada distinta y el Estado tiene que hacer un trabajo integral que también aborde la situación económica de las familias", expresó Santiago Cafiero.
Por el lado de la Nación, estuvieron los ministros de Salud, Ginés González García, del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, de Seguridad, Sabina Frederic, y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. De Provincia participaron la vicegobernadora Verónica Magario, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, la ministra de Gobierno, Teresa García, el ministro de Desarrollo, Andrés Larroque, y de Salud, Daniel Gollán. Además, estuvieron el jefe del bloque de diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro, y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín.
Más de un centenar de intendentes siguieron los mensajes por teleconferencia pero no hablaron. Tendrán oportunidad de hacerlo hoy, cuando se conecten con los expertos sanitaristas que asesoran a la gobernación. Sostienen diferentes posturas. Los jefes comunales de las intendencias del sur son partidarios de mantener una cuarentena cerrada y estuvieron entre los más críticos a la decisión del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de flexibilizar actividades en plena expansión de casos. Los de las intendencias del norte, varios de ellos de Juntos por el Cambio, son de la idea de ir hacia un sistema similar al de la Capital.
Kicillof buscó no cargar las tintas sobre las diferencias con la gestión porteña, aunque recordó cómo los especialistas de la Capital habían previsto que el pico de casos sería en abril. Pifiaron por bastante. Quien se mostró más duro con Rodríguez Larreta fue Máximo Kirchner, que resaltó que si la Ciudad manejaba mal la pandemia debía convertirse en un problema de la Ciudad y no trasladarse a la Provincia. A propósito de la preocupante situación que se registra en las villas porteñas, principal foco de la pademia por estos días, ayer el presidente Alberto Fernández recibió en Olivos a Nacho Levy, referente de la Garganta Poderosa, la organización villera que en los últimos días sufrió el fallecimiento de Ramona Medina, quien murió por cononavirus luego de denunciar la falta de agua en la Villa 31. "Debemos trabajar juntos para mitigar los problemas de los sectores sociales vulnerables", expresó el Presidente.
La principal preocupación de Kicillof y de los intendentes es que la explosiva situación de las villas porteñas se traslade al GBA, con cientos de barrios populares despedigados alrededor de la Ciudad. "El aislamiento en la Provincia exige una logística específica y los comités locales son fundamentales, cuanto más local sea, mejor", explicó Ginés González García, quien coordina el plan Detectar, los operativos de vigilancia activa que comenzaron a realizarse en las barriadas bonaerenses a la búsqueda de casos. Se inició por los cinco municipios que presentaban más contagios -Quilmes, San Vicente, Lanús, San Martín y Merlo-, donde se evaluó a 28.550 personas de las cuales 32 presentaron síntomas compatibles con coronavirus. De esos, sólo 5 dieron positivo. Esta semana se sumarán al operativo los municipios de La Matanza y Morón. Kicillof elogió en el encuentro el comportamiento de los bonaerenses ante la larga cuarentena. "En todas las recorridas por la Provincia y sobre todo en los barrios populares observamos un aislamiento comunitario muy eficiente y muy solidario", aseguró.
20 de mayo de 2020
El sistema provincial estira el proceso y torna inevitable el embarazo
Le niegan la ILE a una niña de 12 en Santiago del Estero
La niña fue violada y quedó embarazada. En el centro de salud le dieron vueltas y no le informaron sus derechos. Mintieron sobre el tiempo de gestación para hacer creer que ya era tarde para realizar la ILE.
Por Mariana Carbajal
Imagen: NA
María tiene 12 años y un embarazo forzado. Su pancita está empezando a crecer. No buscó ese embarazo y tampoco pudo decidir interrumpirlo, aunque la ley la ampara. No le dieron la opción porque en Santiago del Estero, donde vive, no se aplica un protocolo de atención de los casos de aborto permitidos en el Código Penal desde 1921. Y las niñas pobres, como ella, dependen de si les toca enfrente personal médico anti-derechos o no, para que se les garantice el acceso a una interrupción legal de embarazo. María no tuvo suerte. Es cartonera y su vida está atravesada por la violencia sexual desde pequeña: en su legajo del sistema de protección de niñez –que no la protegió—figuran denuncias desde los 3 años, en 2011, y luego en 2013 y 2017. María quedó atrapada en una perversa trama que deja en evidencia como profesionales de la salud que trabajan en el sector público operan para impedir las ILE en Santiago del Estero: mienten sobre el tiempo de embarazo de las niñas y postergan la notificación del caso a las autoridades sanitarias de la provincia, para que la gestación sea –y además parezca-- cada vez más avanzada, y no quede alternativa que continuarla.
El de María es un caso testigo, en el que el Ministerio de Salud del gobierno de Gerardo Zamora –a cargo del Ejecutivo provincial desde 2017-- prefirió mirar para otro lado y aunque descubrió el 7 de mayo la manipulación, no garantizó los derechos de la niña. María se convertirá en madre, como el centenar de niñas menores de 15 años, que cada año dan a luz en la provincia, de acuerdos a estadísticas oficiales, en la mayoría de los casos, sin buscarlo.
La niña vive en condiciones de hacinamiento con su mamá, también cartonera, la pareja de ella, y dos hermanitos de 8 y 6 años, en una habitación muy precaria, que alquilan, en un barrio humilde de las afueras de La Banda, a unos sesenta kilómetros al norte de la capital provincial. No tienen agua potable. La mayor parte de su vida, María la pasó en instituciones alejada de su familia, como consta en el expediente del sistema de protección de la niñez provincial, que la volvió a desproteger. María es un nombre ficticio para proteger su identidad.
Acompañada por su mamá, el 2 de abril la niña fue a atenderse con dolores abdominales a la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) N° 3, de Villa Griselda, de La Banda. La revisaron y la mandaron a hacerse una ecografía a otro UPA –porque ahí no tenían equipamiento—y se la hicieron el 6 de abril en el del barrio Misky Mayu. La ecografía dio una edad gestacional de 20 semanas. La niña y su madre regresaron a la UPA de Villa Griselda. Según pudo reconstruir la referente en Salud Sexual y Reproductiva de Santiago del Estero, nunca le brindaron la consejería en derechos sexuales y reproductivos que se le debería haber garantizado. Es decir, María no recibió información completa, adecuada y conforme a su autonomía progresiva contemplada en la Convención sobre Derechos del Niño (artículos 3 y 5) y el Código Civil y Comercial de la Nación (artículo 26). Esa consejería debería cubrir aspectos relativos al origen de ese embarazo, los derechos que la asisten, las opciones de acuerdo a la edad gestacional, los riesgos de continuación o interrupción de embarazo, y los apoyos posibles en cada caso. Esta información debe estar científicamente validada, ser oportuna y expresada en términos sencillos. María no está escolarizada.
La médica María de los Ángeles Pereyra, coordinadora de la UPA N° 3, de Villa Griselda, demoró 18 días –casi tres semanas-- en informar a las autoridades sanitarias de la provincia sobre el embarazo de María que, dado que tiene menos de 13 años, se considera siempre que es producto de violencia sexual. El informe de Pereyra está fechado el 26 de abril pero llegó al Ministerio de Salud de la provincia dos días después. En ese paper informa que a la niña se le constató una gestación de 26 semanas. Es decir, mintió en la edad gestacional, agregándole seis semanas. Además, dice que la niña “refiere haber estado de novia con un joven, y ahora ya no, negando la identidad del mismo”. Y más adelante, detalla: “Con antecedente de transgresión alimentaria, se indica dieta y seguimiento, programándose control obstétrico”. Es decir, se la trata como una mujer embarazada más. Aunque se aclara que “ante la irregular situación de una menor embarazada, se dispone parte a la comisaría del menor y la mujer N° 2”. Nada más.
Cuando el informe ingresó al Ministerio de Salud, teniendo en cuenta la información notificada por la médica Pereyra, se presumió que la niña ya tenía un embarazo avanzado, que entraba en la semana 30 de gestación, lo cual dificultaba la posibilidad de ILE, confiaron fuentes de la gobernación. Con ese cuadro, intervino el área de Fortalecimiento Familiar de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y se decidió derivarla a un hospital de mayor complejidad, el Centro Integral de La Banda, la segunda maternidad más importante de la provincia, para que la atendiera un equipo especializado. El 7 de mayo fue con su madre a atenderse y quedó internada por un día para realizarle los estudios necesarios y, con sorpresa, se descubre y constata que, en realidad, cursaba la semana 24 de gestación. Con esa información, se podría haber ofrecido una ILE. Pero el sistema de salud provincial, tampoco respondió a tiempo: ni siquiera se le brindó la consejería adecuada. La mamá, al día siguiente, dijo que tenía que regresar a su casa, donde había dejado a sus hijos pequeños, y firmó el alta voluntaria de María. Y se fueron las dos.
El caso generó gran revuelo en el Ministerio de Salud provincial. Pero los días siguieron pasando. Y de los derechos de María pocos se acordaron. El miércoles 13, una semana atrás, se convocó a un tocoginecólogo especializado de la provincia que dio garantías, siguiendo el protocolo de ILE de Nación, de que se estaba a tiempo para ofrecer la práctica a la niña. Pero un alto funcionario de Maternidad e Infancia, se echó atrás: alegó que en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, le dijeron que no era apropiada la práctica. Sin embargo, la versión que dieron a este diario en ese Programa fue distinta, aseguran que no fue esa la respuesta. El 14 de mayo, según pudo saber este diario, una abogada y una médica del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva elevaron a su titular, Valeria Isla, un reporte con todas las irregularidades que se habrían cometido en la atención de María, y recomendaron dar intervención a las autoridades competentes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social y la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para que adopten las medidas de protección para garantizar la preservación y restitución del ejercicio de los derechos “extremadamente vulnerados” de María.
¿Habrá consecuencias? ¿Se iniciará un sumario administrativo para deslindar responsabilidades en el área de salud y en la de Niñez en la atención de la niña? En algunos meses más, la atenderán como a una parturienta que espera un embarazo deseado y seguramente, vivirá hacinada con su madre, su padrastro, y sus dos hermanitos. Sin agua. En una habitación alquilada. Con su hijx recién nacido, saldrá a cartonear.
La falta de un protocolo claro avalado por el poder político de la provincia, gobernada por el Frente Cívico y Social, aliado al Gobierno Nacional, genera los estragos que padeció Lucía en Tucumán, hace un año, y ahora María, en Santiago del Estero. Los protocolos de abortos legales justamente buscan dar directivas claras al personal médico, sobre un procedimiento que históricamente generó discusiones. Queda en evidencia, una vez más, que aún hay profesionales de la salud en el sector público que pretenden imponer sus preceptos religiosos frente al cumplimiento de la ley. Hace dos semanas, en Santiago del Estero, a otra niña de 11 años, se le garantizó una ILE. María no tuvo suerte.
20 de mayo de 2020
El seguimiento desde Migraciones se hizo con un usuario de Prefectura
Caso D'Alessio: La red de espionaje ilegal seguía al presidente de la Corte
Por Irina Hauser
Imagen: Bernardino Avila
El nombre del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, volvió a quedar sobre el tapete en la causa del “D’Alessio Gate” ya que le juez federal Alejo Ramos Padilla tiene constatado que sus movimientos de entradas y salidas del país fueron monitoreados de manera sospechosa. Quizá lo más impactante es que los pedidos irregulares de informes a la Dirección de Migraciones se hicieron desde un usuario de la Prefectura Naval, y habría sido en 2016, el mismo año en que el supremo desembarcó en el máximo tribunal, nombrado por Mauricio Macri. Ahora el juzgado le pidió a Prefectura un informe pormenorizado en plan de detectar quién es la persona que tramitó esa información.
En esta causa, como es conocido, se investigan maniobras de espionaje ilegal y extorsiones con participación de todo tipo de actores, desde ex funcionarios, legisladores, fiscales, agentes de inteligencia, jueces, medios de comunicación y el personaje central, el falso abogado Marcelo D’Alessio, cuyos servicios fueron exitosos y útiles en campañas funcionales al gobierno de Cambiemos.
Dos datos del expediente conducían al posible espionaje sobre Rosenkrantz. Por un lado, el ex agente de inteligencia Rolando Barreiro, que es uno de los detenidos en la causa y tenía vínculo estrecho con D’Alessio, dijo en su indagatoria que el abogado trucho hacía referencia a los movimientos de Rosenkrantz y también del supremo Horacio Rosatti, y aludía a viajes que habían hecho a Panamá y Miami, respectivamente. El nombre de Rosenkrantz se conectaba con otro que aparecía como espiado en la causa: su socio en el estudio de abogados, Gabriel Bouzat, cuyos registros de entradas y salidas del país estaban en poder de D’Alessio.
¿Qué pasó con Rosenkrantz? Migraciones informó en la causa que sus movimientos habían sido solicitados por un usuario que figuraba como “Flpini”, que fue identificado como Franco Leandro Pini, un agente de la Prefectura. La Unidad Fiscal especializada en Ciberdelincuencia intentó identificar el número de IP desde el cual se ingresaba a la base de datos. Finalmente resultó ser un celular, no una computadora. La sorpresa fue que Migraciones detectó también que era el mismo usuario que había pedido el registro migratorio de un hombre llamado Juan Pablo Di Pierro, aduanero, a quien la organización de D’Alessio y compañía habría intentado extorsionar vinculándolo con la causa de la “mafia de los contenedores”, como sucedió con otras víctimas. Una de las más conocidas es Gabriel Traficante, un empresario aduanero que había hecho una denuncia en 2016 y que fue elevada a juicio este año por el juez Luis Rodríguez.
El agente de la Prefectura Pini es, según reveló el periodista Néstor Espósito en Tiempo Argentino, un integrante de la Dirección de Inteligencia de Prefectura de Zona Mar Argentino Norte. En 2018 participó del primer Congreso de Protección y Seguridad Portuaria en el Puerto de Quequén que era auspiciado por la Presidencia de la Nación y el Ministerio de Seguridad, entonces al mando de Patricia Bullrich, otro de los nombres reiterados en la causa de Ramos Padilla, en menciones del propio D’Alessio que se jactaba de su vínculo con ella.
Que Pini apareciera como usuario, de todos modos, no quiere decir que fuera quien pedía la información. También podría ser que otra persona lo hiciera con su identificación. Por eso Ramos Padilla le pidió a Prefectura Naval que “en 48 horas forme un amplio informe y explicite a qué agentes le fue asignada la línea telefónica mencionada y quiénes estaban autorizados a utilizarla en noviembre de 2016” y que “remita todas las constancias que pudieren existir relacionadas con las investigaciones o requerimientos vinculados” a Rosenkrantz y Di Pierro. También quiere si hicieron las pesquisas y si fue en el contexto de alguna investigación judicial, aunque todo indicaría que así no fue y que precisamente en esa falta de motivación radicaría la irregularidad.
La causa a cargo de Ramos Padilla se ha convertido, a esta altura, en un símbolo de cómo se ejercieron formas de espionaje ilegal durante mucho tiempo con derivaciones en expedientes judiciales armados o simplemente como instrumento para extorsionar a todo tipo de personajes.
20 de mayo de 2020
Repudian el nombramiento de Mariano Zlatanoff en el gobierno de Rodríguez Larreta
Designan en el área de compras de Ciudad a un ex funcionario del INTI denunciado por malversación de fondos
Mientras fue el gerente general del instituto, Zlatanoff organizó el despido de 258 empleados. Está denunciado penalmente por el presunto desvío de fondos. Lo acusan de contratar empresas que luego aportaron a la campaña de Cambiemos.
Por Werner Pertot
Larreta designó a Mariano Zlatanoff, que durante el macrismo despidió a 258 trabajadores del INTI.
Luego del escándalo de los barbijos, el Gobierno porteño incorporó a Mariano Zlatanoff como subgerente de compras y contrataciones de la Secretaría de Ambiente porteña. Zlatanoff viene de ser gerente general del INTI, donde orquestó el despido de 258 trabajadores y trabajadoras. Desde la junta interna de ATE-INTI no solo repudiaron su designación, sino que indicaron que se encuentra denunciado penalmente por el presunto desvío de fondos del instituto. Efectivamente, Zlatanoff es mencionado en distintas oportunidades en una denuncia penal que hizo en su momento Margarita Stolbizer y que tramita en el juzgado federal del fallecido Claudio Bonadío. En esa causa se investigan hechos de presunta corrupción y todavía no hubo llamado a indagatoria. Mientras tanto, Zlatanoff sigue a cargo de las compras y contrataciones en la Ciudad.
Zlatanoff era uno de los hombres de Javier Ibañez. Ambos fueron denunciados en 2018 cuando estaban al frente del INTI tanto por Stolbizer como por los trabajadores despedidos, que adjuntaron numerosas contrataciones sospechosas para que fueran investigadas. Por pedido de la fiscal Alejandra Mangano, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) viene elaborando un informe sobre todas las contrataciones que fueron denunciadas, que incluyen asesores, consultorías y empresas de seguridad que son aportantes de campaña de Cambiemos.
Mientras el Poder Judicial avanza con sus tiempos, Zlatanoff fue nombrado subgerente de compras y contrataciones de la Secretaría de Ambiente porteña. La resolución lleva la firma del jefe de Gabinete, Felipe Miguel, el mismo que quedó en el ojo de la tormenta por la compra de barbijos vencidos y con sobreprecios.
No está claro si al evaluar a Zlatanoff tuvieron en cuenta las denuncias penales que lo mencionan presentadas tanto por Stolbizer como por los trabajadores del INTI. En ellas, se describen una serie de contrataciones directas, siempre justificadas por la "emergencia", que firmó el ex gerente general del INTI y que suman en total 52 millones de pesos.
En la denuncia de Stolbizer, específicamente, se detalla que se contrató a una empresa de seguridad, Murata, que cobró 18 millones de pesos en 2019. Esta empresa aportó a la campaña de Mauricio Macri en 2015 la suma de 295 mil pesos. En las actas de esa empresa aparece Roberto Raglewski, que fue director del Departamento de Operaciones Federales de la Policía Federal hasta que fue exonerado en 2004, en medio de acusaciones de presunta corrupción y gatillo fácil. También se denunciaron pagos de 295 mil euros a una consultora vasca por una reforma del INTI, otros 628 mil pesos a otra consultora, Business Commercial Management, por un tablero de control que podían diseñar los técnicos informáticos del INTI. Hubo gastos por 2.228.000 pesos por mes para pagarles el sueldo a 67 asesores que hizo ingresar al INTI desde su llegada, mientras despedía a 258 trabajadores.
Otra de las denuncias de Stolbizer fue por el desdoblamiento de una compra de cajas navideñas, para evitar una licitación. A la compulsa se presentaron un monotributista que puede facturar hasta 25 mil pesos por año (cuando la compra era por más de un millón de pesos), una jubilada que vende al por menor y la empresa ganadora, que curiosamente no vendía hasta su contratación cajas navideñas, sino que se dedicaba al rubro de la construcción. Meses antes de la compra, Productos e Insumos Andes SA se dio de alta para vender chocolates y golosinas y ganó.
En particular, sobre Zlatanoff, la denuncia de Stolbizer dice: "Mariano Zlatanoff aprueba el gasto de 907.506 pesos para el alquiler de 'tres vehículos eléctricos por un período de seis meses'. Se trata de tres 'carros de golf' que ya se encuentran circulando por el Instituto. El mecanismo técnico utilizado para esta maniobra es la compulsa abreviada por monto. A la 'compulsa' solo se presentaron dos empresas postulantes. La que ganó es Silverio Bustamante e Hijos SRL. La empresa que fue desestimada (VHZ SRL) es una casa de venta de baterías de CABA, que según consta en el mismo expediente fue descartada por las autoridades de INTI por 'no informar la marca y las características de los vehículos cotizados'. La empresa que perdió ni siquiera pudo dar los datos de lo que estaba cotizando". También se lo menciona en la modificación de las condiciones de una contratación de una empresa de limpieza a la que Stolbizer señaló que estaban direccionando a otra empresa.
La junta interna de ATE-INTI elaboró un documento con otras contrataciones de este tipo firmadas por Zlatanoff, como el giro de 14 millones de pesos a la Fundación Saber Cómo, de la que Zlatanoff es tesorero. En total, alcanzan 52 millones de pesos. En un comunicado, pidieron que se dé marcha atrás con el nombramiento de Zlatanoff y afirmaron: "Recordemos que este personaje tuvo un rol protagónico en el desfalco de fondos públicos, los cuales se llevaron adelante a través de licitaciones truchas y contrataciones directas sin concursos". Sostienen que, globalmente, se desviaron 500 millones de pesos.
"Varias de las denuncias por el manejo descontrolado e indiscriminado de las finanzas del Instituto radican en el Juzgado que encabezaba Bonadío. En la Oficina Anticorrupción se radica otro grupo de denuncias a los funcionarios macristas que estuvieron al mando del INTI entre 2015 y 2019 entre los que por supuesto se encuentra Zlatanoff", advirtieron desde ATE-INTI. "No es casual que Zlatanoff llegue al gobierno de Larreta en el momento en el que la Legislatura votó un manejo discrecional del presupuesto al Ejecutivo, a través de la Ley de Emergencia Económica: hay un jugoso botín, fruto de los impuestos de los porteños, que necesita de estos personajes para ser redireccionado", alertaron.
Estuvo junto a Axel Kicillof en Pacheco
Alberto Fernández en la planta de Volkswagen: "La normalidad que conocimos no existe más"
El Presidente encabezó un acto por la reapertura de la fábrica de la automotriz alemana. Destacó que para volver a operar se tomaron “los protocolos que se aplican en Alemania y en China” y se les incorporaron “aspectos que tienen que ver con la actividad local que el sindicato recomendó sumar”. "Así es como tenemos que trabajar", aseguró.
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, participó del acto de reapertura de la fábrica de automotores Volkswagen en Pacheco.
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, participó del acto de reapertura de la fábrica de automotores Volkswagen en Pacheco, empresa que recibió del Estado Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). En su discurso, el jefe de Estado reconoció el trabajo de la empresa alemana para armar el protocolo sanitario y reivindicó el "rigor alemán" para el cumplimiento de este. "Cuando llegó la hora de abrir lo hicieron con los cuidados necesarios que esta nueva realidad exige", destacó.
"Vamos a seguir haciendo la cuarentena porque está visto que es lo que tenemos que hacer. A nosotros nos preocupa el cuidado de la gente tanto como la productividad y el desarrollo de la economía argentina", subrayó Fernández.
En otro momento de su participación, el Presidente reconoció que el impacto económico que generó la pandemia por la covid-19 es un "problema del mundo", que va más allá de la Argentina. En ese sentido, insistió con que los países que no tuvieron cuarentena estricta, y en este momento retomó el ejemplo de Suecia, también sufrieron efectos negativos en lo económico.
"¿Si vamos a tener ese resultado económico, que es lo que debemos cuidar?", se preguntó el Presidente, y contestó: "la salud de la gente". "Es eso lo que hicimos y vamos a seguir haciendo, no como un tonto repite que nos enamoramos de la cuarentena", como señalaron dirigentes opositores como la titular del PRO, Patricia Bullrich, el ex ministro de Salud, degradado a secretario, Adolfo Rubinstein (UCR), el ex ministro de Economía de Mauricio Macri Alfonso Prat Gay y el diputado de Juntos por el Cambio Luis Juez, entre otros.
El Presidente estuvo acompañado por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la titular de Aysa, Malena Galamrini, y el intendente de Tigre, Julio Zamora. "Muchos piden volver a la normalidad, quiero decir que acá en Volkswagen la normalidad no existe más. No se puede volver. Es un sueño, una fantasía, un suicidio colectivo", graficó el mandatario bonaerense.
Sin embargo, Kicillof remarcó que el funcionamiento de estas fábricas es clave para el desarrollo del aparato de producción. "Hay que mantener al extremos las medidas sanitarias y reactivar el proceso productivo sin correr riesgos excesivos", explicó antes de que hablara Fernández.
En esta línea, señaló: "Esto no quiere decir que vamos a evitar los contagios en nuestra fábrica. Seguramente va a aparecer alguno, pero cuando aparezca vamos a estar preparados para actuar, aislarlo y que no se genere ninguna catástrofe".
Sin confrontar con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Kicillof remarcó una vez más que su prioridad es el aparato productivo, y que "todo los que se pueda evitar hay que evitarlo", en clara referencia a las "salidas recreativo" que autorizó el alcalde porteño.
Desde ayer, Volkswagen retomó la producción en su planta de Pacheco a partir de la autorización del protocolo sanitario por parte de las autoridades nacionales, del gobierno bonaerense y del municipio de Tigre. El reinicio se hizo en un solo turno de trabajo de 6 horas. Se prevé que trabajen 1.500 personas bajo estrictas medidas para prevenir la propagación de la covid-19.
Para proteger a los trabajadores, los proveedores de la planta y a los clientes, la compañía alemana se comprometió al cumplimiento efectivo del protocolo, que aprobó el Ministerio de Trabajo de Nación, que supervisó el municipio y aceptó el sindicato de mecánicos Smata.
Este incluye transporte a cargo de la empresa mediante 20 minibuses que hacen recorridos fijos, control de temperatura corporal al ingreso, entrega de un par de barbijos por jornada laboral, distanciamiento social en todos los ámbitos de la planta (áreas de relevo y comedores), la prohibición de uso de los vestuarios, y puestos de sanitización.
Para proteger a los trabajadores, los proveedores de la planta y a los clientes, la compañía alemana se comprometió al cumplimiento efectivo del protocolo, que aprobó el Ministerio de Trabajo de Nación, que supervisó el municipio y aceptó el sindicato de mecánicos Smata.
Este incluye transporte a cargo de la empresa mediante 20 minibuses que hacen recorridos fijos, control de temperatura corporal al ingreso, entrega de un par de barbijos por jornada laboral, distanciamiento social en todos los ámbitos de la planta (áreas de relevo y comedores), la prohibición de uso de los vestuarios, y puestos de sanitización.
Una charla con Angela Merkel
Fernández recordó en su discurso una conversación que tuvo en febrero con la canciller alemana Angela Merkel durante una visita a Europa por el tema de la deuda. Contó que le pidió “robarle diez minutos” para hablar y le consultó sobre su mirada sobre el coronavirus.
“En ese momento se sabía poco”, explicó Fernández y le planteó lo que se creía hasta entonces, que el virus no sobrevivía a temperaturas mayores a 24 grados y que la Argentina debía prepararse para el virus cuando llegue el invierno. Según narró Fernández, Merkel le expresó: “No sé si dicen todas la verdad sobre el coronavirus, pero sí se que va a traer consecuencias enormes en el mercado global”.
“No estaba equivocada y fue la única que me lo dijo”, remarcó el Presidente, quien aseguró que no es casualidad que ahora la firma alemana Volkswagen pudiera comenzar a operar nuevamente. Dijo que “si Volkswagen aplica el rigor alemán seguramente cuidará mucho el cumplimiento de los protocolos”.
El intendente local, Julio Zamora, dijo que era “un honor haber recibido en Tigre al presidente Alberto Fernández y al gobernador Axel Kicillof, en el día de la reanudación administrada de actividades de Volkswagen. Recorrimos la empresa para monitorear el cumplimiento de los protocolos sanitarios. La reapertura de la industria automotriz --consideró--, en un marco concreto del gobierno provincial que establece el cuidado de la salud y vida de los y las bonaerenses, nos permitirá comenzar el camino de la producción”.
Fuente:Pagina12
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