Se lanzó el plan para combatir al delito en el Conurbano
Alberto Fernández: "Un buen Estado tiene que garantizar seguridad"
La iniciativa prevé una inversión total de 37.700 millones de pesos. Se incorporarán diez mil policías a la Provincia y se trasladarán casi cuatro mil efectivos federales.
Por Fernando Cibeira
Alberto Fernández encabezó la presentación desde la quinta de Olivos.
"Un buen Estado de derecho tiene que garantizar seguridad a los ciudadanos", resaltó el presidente Alberto Fernández en el lanzamiento del Programa de Fortalecimiento de Seguridad para el Gran Buenos Aires junto al gobernador Axel Kicillof y los 24 intendentes de los municipios que comprenden la iniciativa. La ambiciosa propuesta oficial, que busca responder al reclamo de mayor seguridad, demandará una inversión total de 37.700 millones de pesos, la incorporación de diez mil miembros a la Policía Bonaerense y duplicar la cantidad de efectivos de fuerzas federales que recorren el Conurbano, entre una lista de medidas. "Vamos a ser implacables", pometió el Presidente sobre el combate al delito.
Fernández aprovechó la presentación para volver sobre dos cuestiones que suelen aparecer en sus mensajes. Una, la desigualdad, motivo al que le adjudicó buena parte de las razones de los delitos que se cometen. "Los delitos no ocurren en las sociedades más ricas sino en las más desiguales, cuando muchas veces el que delinque no encuentra un futuro o una alternativa mejor que el delito", indicó al repasar las dificultades que tienen conglomerados urbanos como los de Rosario y Buenos Aires, donde el crimen organizado "sabe de juntar sus soldados en la pobreza".
La otra cuestión tuvo que ver con la justicia, en momentos que su reforma judicial tramita en el Congreso ante el cerrado rechazo opositor. "Espero que la Justicia deje de ser selectiva y castigue a todos, porque el delito no es patrimonio de los pobres, sino un mecanismo para estigmatizar a la pobreza", subrayó. Sobre este punto, destacó que el programa incluyera también el incremento de plazas en las cárceles. "Crear cárceles que den condiciones de encierro adecuadas a los que delinquen es también tarea del Estado de derecho y lo estamos creando porque confiamos en el éxito de este plan", indicó.
La puesta en escena fue poco común. Fernández encabezó el acto en Olivos junto a Kicillof, sus respectivos ministros de Seguridad, Sabina Frederic y Sergio Berni, además de funcionarios nacionales e intendentes. La imagen se repitió vía teleconferencia en San Isidro, Merlo y Quilmes. Los respectivos intendentes aparecieron junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los ministros Wado de Pedro, Gabriel Katopodis, Mario Meoni, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Todos ellos participaron de las conversaciones que desembocaron en el plan que se presentó ayer. Además, en cada sede, hubo familiares de víctimas de hechos de inseguridad. En cada mensaje se hizo una mención especial a los familiares.
Efectivos y patrulleros
Cafiero repasó los principales puntos del programa que se encargó de preparar en diálogo con los ministros, el gobierno bonaerense y los intendentes. Los jefes comunales habían acercado la inquietud sobre la inseguridad a Olivos. Luego de los primeros meses de la cuarentena en los que los delitos bajaron drásticamente, en los últimos dos meses se produjo un salto en los hechos, aunque en el Gobierno insisten en que está en los mismos niveles que años anteriores. Lo cierto es que en las encuestas marcan que es una preocupación que crece y el Presidente decidió tomar el tema en sus manos, dada la importancia que tiene el Conurbano como sostén electoral del peronismo.
El jefe de Gabinete destacó la "mirada integral" de la propuesta que incluye financiamiento, infraestructura, tecnología, incorporación y capacitación de fuerzas de seguridad, articuladamente entre los gobiernos nacional, provincial y municipal. Uno de los puntos principales del plan es la incorporación de diez mil nuevos policías que se formarán en las academias los próximos 18 meses en el marco que permita la pandemia. Se añadirán 2.200 nuevos móviles policiales entre autos y camionetas, uno de los reclamos más usuales de los intendentes.
Una novedad será el lanzamiento del plan "Paradas Seguras", un programa para sumar tecnología de seguridad en las paradas de colectivos. "Se instalarán 400 en la provincia de Buenos Aires, cada una cuenta con un botón antipánico integrado, cámaras de seguridad y un acceso inmediato de rápida respuesta de parte de las fuerzas de seguridad, con una inversión de 3500 millones de pesos", precisó Cafiero. En el acto se mostró un prototipo de las paradas. También se exhibieron móviles junto a efectivos de las fuerzas estacionados en Olivos.
Una anormalidad que la Provincia trae de arrastre es la de los detenidos en comisarías. Precisaron que de los 48.565 detenidos, 5.471 se encuentran en comisarías. Para resolver esa situación ya convertida en casi crónica, Obras Públicas construirá doce unidades carcelarias que crearán 5 mil nuevas plazas a las que estos detenidos serán trasladados. Además, se realizarán mejoras en 96 comisarías. Para atender la contingencia, el plan contempla el despliegue de 3.957 efectivos de las fuerzas federales -Gendarmería, Prefectura, Policía Federal- en todos los municipios, lo que significa un incremento del cien por ciento respecto a los que ya patrullan la Provincia desde julio.
La mirada política
Hablaron el intendente radical de San Isidro, Gustavo Posse, el de Merlo, Gustavo Menéndez, y la de Quilmes, Mayra Mendoza, quien fue quien le puso más condimento político al señalar, a su entender, los hechos que agravaron la desigualdad y las condiciones para la delincuencia. Habló de "los cuatro años de gobierno neoliberal", pero también de los delitos que comenten "los dueños de la Argentina, que no van a elecciones" y "los gobiernos cuando endeudan al país e hipotecan el futuro de los argentinos".
Fue la nota picante en un acto en el que convivieron intendentes oficialistas y opositores, un hecho que destacó Kicillof. "Probablemente sea uno de los planes más grandes de los que se tenga memoria", destacó el gobernador, evidentemente satisfecho con la propuesta que viene a dar respuesta a un problema que crece y que en el oficialismo entienden que la oposición buscará utilizar para la campaña del año próximo desempolvando el discurso de mano dura. El gobernador celebró la incorporación de los nuevos agentes y aclaró que todos tendrán "una formación distinta, que haga eje en lo profesional pero tambien en lo humano".
Videoconferencia completa
Panorama político
Formas golpistas
Por Luis Bruschtein
Puede parecer paranoico hablar de golpes, al estilo del ex presidente Eduardo Duhalde, quien no por casualidad apareció meneando la amenaza de una interrupción golpista. El golpe militar como lo imaginó Duhalde no es posible. Seguramente que el golpe institucional parlamentario, al estilo del que funcionó en Brasil para destituir a Dilma Rousseff, tampoco.
Pero el hecho de que al cumplirse apenas los primeros ocho meses del Gobierno, el macrismo busque el cierre del Congreso, plantea un llamado de alerta. Al que se sumó ayer el desconocimiento inédito de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi al derecho del Senado a convocarlos como estipula la Constitución.
El oficialismo, con 119 diputados, es la primera minoría y necesita diez más para tener mayoría. Esas matemáticas lo ubican en una situación vulnerable porque depende, como en este caso, de los bloques más pequeños para mantener la actividad parlamentaria que el macrismo busca boicotear.
En diciembre de 2015, gran parte del electorado venezolano se abstuvo en las elecciones en protesta por la crisis económica. Nicolás Maduro, al que la oposición acusa de no ser democrático, reconoció su derrota, con lo cual la oposición pasó a controlar el Congreso. Entonces, el Congreso desconoció la autoridad de Maduro y eligió un presidente que fue reconocido por Washington.
El golpe fracasó porque Maduro retuvo el respaldo popular y el de las Fuerzas Armadas. En las elecciones siguientes movilizó a sus militantes para convocar al electorado y sacó una amplia ventaja sobre la oposición en una votación súpercontrolada y transparente. Pero el gobierno venezolano tiene propiedades en Estados Unidos y 31 toneladas en barras de oro en Gran Bretaña.
Obvio: los gobiernos de Estados Unidos y el de Gran Bretaña no quieren entregar las propiedades ni el oro, porque reconocieron como presidente de Venezuela a Juan Guaidó, un político que si se presentara a elecciones ni llegaría al diez por ciento de los votos. En este momento ni siquiera lo reconoce la mayoría de la oposición, porque Henrique Capriles dió señales de volver a candidatearse.
Hablar de Venezuela pone los pelos de punta a medio planeta porque tiene mala prensa. Pero viene al caso porque allí se intentó usar el Congreso, como lo está haciendo ahora el macrismo en Argentina, y porque el gobierno de Mauricio Macri depositó en Inglaterra once toneladas de barras de oro que se habían atesorado en el Banco Central durante los gobiernos kirchneristas.
Es para tenerlo en cuenta cuando se producen turbulencias como las del Congreso que en apariencia no tienen explicación racional. No existen situaciones límite por parte del Gobierno que justifiquen contramedidas extremas del macrismo. Esas digresiones alimentan sospechas razonables.
No puede haber gobiernos menos legítimos y con menos respaldo ciudadano que los de Jeanine Añez en Bolivia o la ilusión de Juan Guaidó en Venezuela. Sin embargo, fueron instalados (o intentaron hacerlo) y reconocidos por el gobierno norteamericano, que aparece otra vez en el continente como un jugador brutal sin la sutileza de la diplomacia ni la zanahoria de los tratados de libre comercio.
La reacción destemplada del macrismo se activó cuando el oficialismo comenzó a hablar de la ley de organización y competencia de la Justicia Federal. Una fuerza que instaló un organismo paraestatal como la "mesa judicial" para manipular desplazamientos y designaciones en la Justicia no reacciona por interés republicano, sino para defender los espacios de influencia que logró en la Justicia a través de mecanismos no republicanos.
Si se cuadruplican los tribunales en la Justicia Federal, será más difícil controlarla a través de un puñado de funcionarios como hizo el macrismo para aplicar el lawfare contra la oposición. De la misma forma reaccionó cuando el Consejo de la Magistratura decidió revisar la situación de los jueces que fueron designados de manera irregular durante el macrismo.
Hay dos, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fueron puestos en la Cámara Federal sin la aprobación del Senado exigida por la Constitución. La negativa de ambos a asistir a la reunión de ayer en la Comisión de Acuerdos implicará el voto contrario a su permanencia en la Cámara y el pedido de juicio político en la Magistratura.
Y está el procurador interino, Eduardo Casal, que fue designado por Macri y que protegió al fiscal Carlos Stornelli de las numerosas citaciones del juzgado de Dolores, donde fue procesado en una causa por asociación ilícita.
Son apenas tres situaciones irregulares de las muchas que produjo la "mesa judicial". Ahora los periodistas macristas descubrieron la teoría del contrapoder y el valor de la independencia de los jueces. Pero si no abrieron la boca cuando el macrismo avanzaba sobre el Poder Judicial, no tienen autoridad moral para hacerlo ahora.
El escándalo que protagonizaron en el Congreso los diputados macristas coincidió con las movilizaciones insalubres y desopilantes que ellos convocaron, más una campaña de medios macristas y de sus intelectuales orgánicos, más la aparición destemplada del ex presidente Duhalde.
En Brasil, en toda América Latina, han denunciado que el lawfare fue diseñado por Estados Unidos y difundido en seminarios que organizaba el Departamento de Justicia de ese país con funcionarios judiciales latinoamericanos. Es sabido que el fallecido juez Claudio Bonadio, encargado de la persecución a Cristina Kirchner, era recibido como un héroe en la embajada norteamericana.
El escándalo que protagonizaron los diputados macristas tuvo un antecedente llamativo además de la campaña mediática y las marchitas del contagio: fue la participación estelar del embajador de Donald Trump en Argentina, el ex juez Edward Prado, en un Foro organizado el lunes por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. No se trata de un organismo gremial, sino de una agrupación de ex funcionarios macristas, defensores de genocidas y abogados de grandes empresas que, en documentos públicos, justificó el accionar de la dictadura.
Las intervenciones públicas de los embajadores extranjeros son pensadas al detalle, no son inocentes. El ex juez conservador de Texas fue designado por Trump en pleno lawfare y el mismo Prado afirmó que venía a colaborar con el “mejoramiento de la Justicia”. Fue la época en que Bonadio disponía de un poder que para muchos excedía a la Casa Rosada.
El foro fue el lunes, Clarín lo publicó el martes, el mismo día de la sesión en Diputados. El embajador de Trump hizo un discurso para defender la independencia de los jueces y otros oradores se dedicaron a criticar las propuestas del Gobierno para la Justicia. Oscar Parrilli pidió una cuestión de privilegio en el Senado para criticar lo que consideró una intervención en los asuntos internos del país: "Este embajador de Trump en la Argentina hizo mucho daño --señaló--, lo mejor que debería hacer es callarse la boca”.
05 de septiembre de 2020
El problema de la tierra, por la evasión de sectores acomodados
La usurpación del countrie
Cien mil lotes y 50 mil viviendas terminadas en 590 barrios cerrados, clubes de campo y countries de la provincia de Buenos Aires figuraban como baldío o pagaban impuestos como tierra rural. Los cambios en marcha. Tomas y desigualdad social.
Por David Cufré
El comportamiento que exhiben contribuyentes con alta capacidad económica demuestra que el problema de la tierra es mucho más complejo que las tomas que protagonizan sectores populares, generalmente víctimas de fuertes grados de exclusión y estigmatización social. El aprovechamiento de la posición de poder de aquellos sectores suele pasar desapercibido, aunque una de las consecuencias sea la profundización de las desigualdades que luego se traducen en acciones desesperadas, como la ocupación de terrenos para la instalación de viviendas precarias.
La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (Arba) estimó que en 2018 la provincia se privó de recaudar “al menos 2000 millones de pesos” por el ocultamiento fiscal en los barrios cerrados.
“En el territorio bonaerense existen alrededor de mil countries y desarrollos similares. De ellos, menos de la mitad están regularizados y tributan lo que corresponde, mientras que hay otros 590 que pagan impuestos como parcelas rurales o baldíos, a pesar de que la mayoría tiene concluida toda su infraestructura”, advertía el entonces titular del organismo, Gastón Fossati.
La mayoría de los barrios con irregularidades están en distritos como Tigre, San Isidro, Pilar, Escobar, Presidente Perón, Esteban Echeverría, Ezeiza y La Plata, mientras que 118 se encuentran en Exaltación de la Cruz, Zárate, Luján, Campana, Mercedes, General Rodríguez, San Vicente, Berisso, Magdalena, Marcos Paz, Lobos, Las Heras, Navarro, Baradero, San Andrés de Giles y Carmen de Areco. Unos 100 mil lotes y 50 mil viviendas terminadas en estos emprendimientos privados fueron detectados pagando menos impuestos de lo que debían.
“Hay urbanizaciones enteras que están terminadas desde hace una década o más y continúan figurando como terrenos rurales o baldíos”, denunciaba Arba en 2018. Las demoras en las gestiones de escrituración se deben, en la mayoría de los casos, a maniobras dilatorias de los desarrolladores y a la utilización de figuras como fideicomisos, que entorpecen la identificación de los contribuyentes obligados.
Es una realidad que la actual gestión de Arba, a cargo de Cristian Girard, sigue verificando, a pesar de los avances conseguidos los últimos dos años.
Nueva legislación
En 2018 la provincia aprobó una ley para apurar la regularización impositiva. Estableció que los barrios cerrados deben tributar el impuesto inmobiliario en forma proporcional a su desarrollo. La normativa creó una cuarta categoría de valuación fiscal de la tierra, que se sumó a las existentes: rural, urbana no country y urbana country. La nueva categoría se denominó urbana country en desarrollo.
El esquema definió que si el country, barrio cerrado o club de campo tiene aprobado solo el estudio de factibilidad, lo que permite a los inversores salir a vender los lotes, tributará el 25 por ciento de lo que corresponde para la categoría tierra urbana country. Si tiene calles y servicios de iluminación, pagará el 50 por ciento, y si tiene casas habilitadas, el 75 por ciento.
De acuerdo a una estimación de Arba para 2018, citada en aquel momento por el portal Todo Provincial, “un barrio cerrado de zona norte que tenía la tierra valuada como urbana no country y pagaba 7,5 millones de pesos al año de impuesto Inmobiliario, pasará a tributar 20,4 millones cuando se constate que las obras poseen un avance del 75 por ciento y sea considerado como country en desarrollo”. Al ascender a la siguiente categoría, como tierra urbana country, el impuesto se elevaba a 25,8 millones anuales.
El ejemplo permite visualizar la proporción de “ahorro impositivo” que habilita la subdeclaración de tierras. Hace dos años la pérdida de recaudación proyectaba era, como se indicó más arriba, de 2000 millones de pesos para los 590 emprendimientos con atrasos en las escrituraciones.
Inspecciones
Desde la sanción de la ley, los administradores de countries están obligados a informar al fisco las características y el grado de desarrollo de cada urbanización, así como los avances en la obras. Entre otros datos, deben aportar plano de mensura, factibilidad, masterplan, ubicación, titular de dominio y servicios disponibles.
Arba sigue encontrando fuertes atrasos en esas presentaciones. El organismo realiza fiscalizaciones satelitales y presenciales, aunque estas últimas se vieron afectadas por la pandemia. El ocultamiento de información para pagar menos impuestos sigue siendo un problema grave a resolver.
La razón que aludían desarrolladores, empresarios y propietarios de inmuebles para justificar la subdeclaración fiscal era la demora de los organismos públicos intervinientes en los procesos de registro, en sus distintos niveles. Desde Arba sostienen que esa situación ha mejorado los últimos dos años y que más allá de cuestiones burocráticas, la dificultad principal son las maniobras de contribuyentes para eludir los pagos que corresponden.
En la reforma tributaria que prepara el gobierno nacional se buscará ampliar la base imponible de los gravámenes progresivos. Entre otros, los que recaen sobre patrimonios invisibilizados.
05 de septiembre de 2020
Pidieron hacer "hincapié en el cuidado de todo el personal sanitario", inclusive en lo económico
Coronavirus: el Colegio de Psicoanalistas advierte por "negacionismo ante la gravedad de la situación"
"Los psicoanalistas conocemos muy bien dos mecanismos primitivos del funcionamiento psíquico ante situaciones traumáticas: el rechazo de la percepción de los datos de la realidad y el mecanismo de la aceptación y negación simultáneos de dicha percepción", señala el texto. Eso, añade, "lleva a una suerte de negacionismo, en muchos casos alimentado por los medios, que genera conductas sociales de enorme riesgo individual y colectivo".
Para los especialistas, la información oficial que circula debe ser elaborada "sin eufemismos (...) haciendo un uso correcto de los datos estadísticos y evitando la manipulación política" sobre ellos. A "quienes tienen la indeclinable responsabilidad del cuidado de la vida de los ciudadanos", el Colegio de Psicoanalistas les pide, también, que "no generen confusión y falsas expectativas con actos como la apertura de actividades o transmitir que todo está mejorando (incluyendo en esto anuncios sobre vacunas que aún no han sido comprobadas en su eficacia)".
"No difundan cifras de ocupación de camas de UTI que no se corresponden con la realidad" y "ubiquen en el centro de la agenda estatal este tema, quedando los demás en un lugar secundario", solicitó también el comunicado de los especialistas.
Las recomendaciones, añadió, "intentan evitar que en los comportamientos de la población prevalezcan los mecanismos psíquicos mencionados, favoreciendo el negacionismo de la pandemia y la contagiosidad del virus, lo que puede tener efectos devastadores en el sistema sanitario y, por tanto, costar la vida de miles de ciudadanos".
"También es necesario retomar la modalidad de inicio de la pandemia, de comunicaciones en cadena, claras, pero sin apelación al miedo y sí a la responsabilidad", indicaron. Para ello, recomendaron hacer "hincapié en el cuidado de todo el personal sanitario, de quien además dependemos para el cuidado de nuestras vidas".
"El cuidado de dicho personal debe ser también económico, reconociendo debidamente el enorme esfuerzo y dedicación y el estado de vulnerabilidad en que se encuentran", advierten los especialistas, que cierran el texto con la esperanza de "que los mecanismos psíquicos citados no encuentren su límite en una catástrofe sanitaria".
05 de septiembre de 2020
También se registraron 262 muertes en las últimas 24 horas
Coronavirus: hoy fueron confirmados 10.684 nuevos casos
El mismo día en que el ministro Ginés González García afirmó que “hasta que no tengamos la vacuna tenemos la obligación de cuidarnos", el parte vespertino de su cartera reportó un total de 461.882 casos positivos en todo el país. La ocupación de camas de terapia intensiva a nivel nacional es del 61,5%, mientras que en el AMBA asciende al 68,2%.
Imagen: EFE
Del total de esos casos, 1.205 (0,3%) son importados, 103.049 (22,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 289.005 (62,6%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
Desde el último reporte emitido, se notificaron 155 nuevas muertes. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 9.623.
82 hombres:
49 residentes en la provincia de Buenos Aires
12 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA)
1 residente en la provincia de Chaco
4 residentes en la provincia de Córdoba
4 residentes en la provincia de Jujuy
1 residente en la provincia de Mendoza
3 residentes en la provincia de Río Negro
5 residente en la provincia de Salta
2 residentes en la provincia de Santa Fe
1 residente en Tierra del Fuego, y
73 mujeres:
40 residentes en la provincia de Buenos Aires
20 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA)
1 residente en la provincia de Chaco
1 residente en la provincia de Chubut
1 residente en la provincia de Córdoba
1 residente en la provincia de Entre Ríos
1 residentes en la provincia de Jujuy
2 residentes en la provincia de Río Negro
3 residentes en la provincia de Salta
1 residente en la provincia de Santa Cruz
1 residente en la provincia de Santa Fe
1 residente en la provincia de Tierra del Fuego
📌Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 5.682 | 283.857
Ciudad de Buenos Aires 1.278 | 101.034
Catamarca 1 | 71
Chaco 89 | 5.771
Chubut 39 | 1.101
Córdoba 498 | 10.341
Corrientes 3 | 333
Entre Ríos 166 | 4.113
Formosa 2 | 90
Jujuy 332 | 9.549
La Pampa 7 | 221
La Rioja 99 | 1.887
Mendoza 653 | 8.801
Misiones 1 | 65
Neuquén 73 | 3.471
Río Negro 262 | 6.768
Salta 269 | 4.197
San Juan 29 | 358
San Luis 15 | 210
Santa Cruz 67 | 2.029
Santa Fe 713 | 10.806
Santiago del Estero 57 | 1.152
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).
Tierra del Fuego** 39 | 2.272
Tucumán 310 | 3.385
05 de septiembre de 2020
Bruglia, Bertuzzi y Castelli quedaron a un paso de regresar a sus cargos originales
La Comisión de Acuerdos rechazó el traslado de jueces que había dispuesto Mauricio Macri
Por Irina Hauser
El mismo viernes la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, con las firmas de Guillermo Treacy y Jorge Alemany rechazó un nuevo pedido de medida cautelar de Bruglia y Bertuzzi para que el Poder Ejecutivo y el Senado se abstuvieran de seguir adelante con el proceso de revisión de sus nombramientos. Ese tribunal sostuvo que “de la prueba documental” que aportaron “no surge de manera fehaciente que los accionantes logren demostrar a simple vista un actuar arbitrario” ni “una invalidez notoria” de lo actuado por el Consejo al objetar sus nombramientos por saltear el Senado. Alemany dijo también que no está en juego la intangibilidad de sus salarios como jueces ni la validez de los actos procesales que hayan cumplido en los cargos cuestionados. No encontraron “verosimilitud” en el pedido ni que haya peligro en la demora de una resolución sobre la discusión de fondo, que tiene que ver con la legalidad con que se implementaron sus traslados de un cargo a otro y los de otros jueces. El día anterior también había naufragado un pedido de medida cautelar de Castelli, que en el TOF7 donde fue trasladado por el macrismo tiene, por ejemplo, el juicio pendiente de las fotocopias de los cuadernos. La jueza Macarena Marra Giménez rechazó la medida provisoria pero aún no se pronunció sobre el amparo. A Bruglia y Bertuzzi les queda un pedido de “per saltum” ante la Corte Suprema, cuyos integrantes se reunieron el jueves pero aún no blanquearon sus posiciones. De acuerdo a cuándo y cómo fallen los supremos respecto de la decisión del Senado, el asunto podría derivar o no en un conflicto de poderes.
El hecho concreto es que estos tres jueces quieren permanecer atornillados a cargos para los que no concursaron ni obtuvieron acuerdo del Senado, y donde desembarcaron a propuesta de macrismo y con una simple mayoría del Consejo. Los traslados que este órgano consideró por mayoría irregulares –con votos del oficialismo y también de Graciela Camaño--, son aquellos donde jueces o juezas cambiaron de competencia, jurisdicción o jerarquía sin obtener acuerdo del Senado. La oposición decía que el oficialismo buscaba impunidad para Cristina Fernández de Kirchner y ex funcionarios, en especial por querer desplazar a los dos jueces de la Cámara Federal, lo que es bastante absurdo porque las causas ya pasaron por allí y, en todo caso, el macrismo busca ahora que permanezcan por la preocupación por las causas en trámite contra el ex presidente y miembros de su gobierno.
Bruglia, Bertuzzi y Castelli, avisaron que no asistirían a la audiencia pública, que es parte de todo proceso de selección de jueces y juezas, y una instancia clave donde se las hacen preguntas que puedan ser de interés de los senadores/as o también planteadas por miembros de la sociedad civil. El argumento central es que, además de que tienen acciones judiciales en marcha, no reconocen la legitimidad de la convocatoria porque no es parte de régimen de traslado de jueces y juezas y que está dirigida a afectar su estabilidad en el cargo. Para ellos, sus nombramientos en los cargos que ahora tienen están firmes y son derechos adquiridos.
“Es curioso que la oposición no asistió a la audiencia convocada utilizando los mismo argumentos que los jueces que faltaron y que se oponen a la revisión de sus pliegos”, le señaló a Página/12 la presidenta de la Comisión, Anabel Fernández Sagasti. Una nota en la que anunciaban su faltazo, seis senadores le decían que consideraban la audiencia “nula de nulidad absoluta”. El texto dice abiertamente que ellos opinan los traslados fueron legales según normas del Consejo y de la Corte, que los decretos de nombramiento están “firmes y consentidos” y sólo se los podría revisar judicialmente. Denunciaron un “mecanismo encubierto de remoción de magistrados”. Es bastante previsible que defiendan las designaciones controvertidas que ellos mismos hicieron durante el gobierno de Macri en busca de ubicar jueces o juezas afines en lugares claves. La nota la firman Luis Naidenoff, Humberto Schiavoni, Julio Cobos, Pamela Verasay, Oscar Castillo y Ernesto Félix Martínez.
Lo que hizo notar el oficialismo es que pese a este tipo de advertencias, 7 de los 10 jueces y juezas convocados a la Comisión de Acuerdos para la revisión de sus pliegos asistieron y respondieron preguntas, lo que fue una forma de validarla. Estuvieron: Federico Villena, Eduardo Farah, Verónica Skanata, Gustavo Velázquez, Esteban Hansen, Juan Iglesias y Zunilda Nurimpeger. La exposición que más convulsión generó fue la de Farah, quien había sido trasladado desde su cargo en la Cámara Federal de Comorodo Py, primero al fuero Penal Económico y luego a un tribunal en San Martín. Farah dijo a los senadores y senadores que en su momento él mismo había pedido su traslado pero que pretendía volver a la Cámara. Lo pidió entonces, según señaló, en un contexto de amenazas, presiones y denuncias en su contra después de haber revocado la prisión preventiva de Cristóbal López y Fabián De Sousa en la causa sobre Oil Combustibles. Su colega de sala, Jorge Ballestero, terminó renunciando por entonces. Farah recordó la frase de Macri ante aquella decisión de liberar a los empresarios: “Esto no es lo que acordamos” y aseguró que él no había acordado “nada ni con Macri ni con nadie”.
La Comisión dictaminó por mayoría en la misma tarde rechazar darle acuerdo para los traslados a Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Los dos primeros habían recibido varias impugnaciones. Pero el argumento común a los tres casos hace hincapié en la “incomparecencia a la audiencia pública” porque “evidencia su contumacia de cara al trámite complejo” para el nombramiento de jueces/zas, “su desapego al orden institucional y por fin, su inidoneidad para desempeñarse en el cargo para que ha sido propuesto”. Los otros 7 traslados serán evaluados por la comisión en los próximos días, y habrá dictamen. Todo deberá pasar por una sesión del Senado, donde la aprobación ya sea de los rechazos o posibles acuerdos requiere una simple mayoría, que el oficialismo domina. Lo único que podría cambiar el rumbo de regreso a sus cargos originales de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, sería una decisión judicial favorable a ellos.
“Más allá del rechazo, me hubiera gustado tener presente a Bruglia y Bertuzzi para preguntarles entre otras cosas, como fue posible que el falso abogado Marcelo D’Alessio en el marco de la causas de las fotocopias, según pericias que mandó a hacer el juez Alejo Ramos Padilla, tenía en su teléfono seis días antes de la publicación del fallo de esos jueces, cómo iba a ser el resultado”, dijo el senador de Juntos por el cambio Martín Doñate. Es la primera vez que en la Comisión de Acuerdos hay magistrados que no se presentan y judicializan su postulación”. El presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, remarcó que la ausencia del os jueces es un incumplimiento “a lo que dice la Constitución” y “no podemos darles el acuerdo”.
05 de septiembre de 2020
Cuáles son los síntomas de la enfermedad y cómo se transmite
Zika: investigadores argentinos dieron el primer paso para obtener una vacuna contra el virus
El virus del zika pertenece a la misma familia que el dengue y la fiebre amarilla y existen muchos otros virus de esta familia con potencial de saltar de hospedador al humano, advierten los especialistas.
El trabajo publicado por Horacio Pallarés en la revista Journal of Virology es el resultado de 3 años de trabajo del equipo encabezado por Andrea Gamarnik.
Mientras el mundo espera la vacuna contra el Covid-19, el equipo de científicos de la Fundación Instituto Leloir y del Conicet, liderados por Andrea Gamarnik, publicó una investigación que podría ser el primer paso para obtener la vacuna contra otro virus que se defiende del sistema humano pero también de mosquitos: el zika.
El trabajo publicado por Horacio Pallarés en la revista Journal of Virology es el resultado de 3 años de trabajo del equipo encabezado por Gamarnik, que pudo aislar una región del genoma del virus del zika que permite a las células humanas eliminarlo con su respuesta antiviral.
"En 2016, el grupo de trabajo de María Alejandra Morales del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas 'Dr. Julio I. Maiztegui', en Pergamino, logró aislar el virus de pacientes con infección en Argentina, es decir, lograron las cepas locales del virus del zika", explicó Pallarés, y ese fue el punto de partida del hallazgo de hoy.
"A partir de este material lo que hicimos en el Leloir fue identificar la secuencia genética del virus y construir una herramienta que permita el clonado molecular, lo que se hace con cultivo celular". Una vez que lograron el clonado molecular, los científicos se abocaron a investigar "cómo hace el virus del zika para evadir la respuesta inmune tanto de los mosquitos como de las personas para causar infección, porque este virus tiene la particularidad de infectar a las dos especies".
Así pudieron diseñar un virus al que le quitaron una porción del genoma: "Lo que sucedió es que ese virus modificado infectó a las células de los mosquitos, pero cuando cuando lo usamos para infectar células humanas instantáneamente se generaba una respuesta antiviral tan grande que lo eliminaban", precisó Pallarés. Sería el primer paso para generar tratamientos antivirales o virus atenuados para vacunas.
El equipo de investigadores que acompañó a Pallarés estuvo integrado por Mora González Ledea, Luana de Borba, Diego Ojeda y Guadalupe Costa Navarro, bajo la dirección de Gamarnik. "Aunque es una etapa de investigación en laboratorio, todas estas hipótesis tendrán que trabajarse a futuro para ver si funcionan", explicó el biólogo.
"Es muy importante estudiar estas enfermedades que se contagian por mosquito. El virus del zika pertenece a la misma familia que el dengue y la fiebre amarilla y existen muchos otros virus de esta familia con potencial de saltar de hospedador al humano, como sucedió con zika en el 2015", concluyó Pallarés en tiempos de pandemia de Covid-19.
Zika en la Argentina
En Argentina, durante la temporada 2019-2020 no se registraron casos confirmados de infección por virus zika. Según datos de los boletines epidemiológicos de 2016 del Ministerio de Salud, en la última semana de febrero de ese año se notificó el primer caso de transmisión local de virus zika por vía sexual en Argentina en la provincia de Córdoba.
Posteriormente, entre las semanas 13 y 21 de 2016 tuvo lugar el primer brote de transmisión vectorial registrado en el país, en la provincia de Tucumán, donde se registraron 25 casos. En octubre de ese año, el INEVH notificó el primer caso confirmado de síndrome congénito asociado a la infección por el virus del zika en Argentina, correspondiente a un niño nacido en Tucumán.
Luego se notificaron dos casos probables de síndrome congénito asociado a la infección por virus del zika en Córdoba y en la provincia de Buenos Aires. En ambos casos las madres habrían adquirido la infección en Bolivia durante la gestación, por lo que se los clasificó como casos importados.
Durante el primer semestre de 2017 hubo brotes en Ingeniero Juárez (Formosa), Embarcación, Tartagal y Mosconi (Salta) y El Sauzalito (Chaco); los últimos casos positivos de ese año se registraron el 4 de mayo en el Chaco y el 1 de junio en Salta.
Según datos oficiales, en 2018 se detectaron 57 casos positivos sin antecedente de viaje en los departamentos salteños de General San Martín (29), Orán (25), en Salta capital (2 casos probables aislados) y en el partido bonaerense de La Matanza (1).
Durante el primer semestre de 2017 hubo brotes en Ingeniero Juárez (Formosa), Embarcación, Tartagal y Mosconi (Salta) y El Sauzalito (Chaco); los últimos casos positivos de ese año se registraron el 4 de mayo en el Chaco y el 1 de junio en Salta.
Según datos oficiales, en 2018 se detectaron 57 casos positivos sin antecedente de viaje en los departamentos salteños de General San Martín (29), Orán (25), en Salta capital (2 casos probables aislados) y en el partido bonaerense de La Matanza (1).
Si bien se tenía conocimiento de la existencia de este virus, el primer caso registrado en sudamerica ocurrió en 2014, cuando Chile notificó la transmisión autóctona de fiebre por virus del zika en la isla de Pascua y al año siguiente las autoridades de Brasil confirmaron la transmisión de ese virus en el nordeste del país, donde hubo numerosos casos.
Síntomas
La "fiebre del zika" es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti (el mismo del dengue y chikungunya) y que también se puede contraer a través de relaciones sexuales.
Consiste en fiebre leve, sarpullido (principalmente maculo-papular), dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, dolor muscular, malestar general y conjuntivitis no purulenta que ocurre entre 2 a 7 días después de la picadura del mosquito vector.
Consiste en fiebre leve, sarpullido (principalmente maculo-papular), dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, dolor muscular, malestar general y conjuntivitis no purulenta que ocurre entre 2 a 7 días después de la picadura del mosquito vector.
En julio de 2015 se detectó en Brasil una asociación entre el zika y el síndrome de Guillain-Barré (una afección en la que el sistema inmunológico ataca los nervios) y en octubre también se alertó un vínculo entre el zika y malformaciones del sistema nervioso central al nacer, incluyendo la microcefalia.
05 de septiembre de 2020
Cuestiona la venta del frigorífico Friar ignorando el concurso de acreedores
Banco Nación pide investigar el "posible vaciamiento" de Vicentin
La operación se hizo a través de filiales en Uruguay de Vicentin, eludiendo así la responsabilidad de ésta ante sus acreedores. El Nación, principal acreedor del concurso, pide que se investigue la probable maniobra de vaciamiento del patrimonio de la deudora.
Por Raúl Dellatorre
El juez Ercolini es quien tiene a su cargo la causa por estafa contra el Banco Nación por créditos irregulares a Vicentin otorgados por las autoridades de la entidad hasta noviembre de 2019, encabezadas por Javier González Fraga. En la causa están imputados el directorio del Banco Nación de entonces (gestión Cambiemos) y el directorio de Vicentin (que lideraba Sergio Nardelli, ya fallecido). La solicitud del fiscal Gerardo Pollicita para que se inhibiera los bienes de todo el grupo económico, incluida Friar, había sido desestimada por Ercolini, luego de lo cual se habría procedido a su transferencia a través de una sociedad inversora, BAF Capital, encabezada por Jorge Frávega, un empresario con vínculos previos con Vicentin. Trascendidos de las últimas horas, indican que la operación se habría concretado por un monto cercano a los 200 millones de dólares.
La operación de venta de acciones no se realizó directamente con Vicentin SAIC, empresa madre del grupo que es la que enfrenta el concurso preventivo, luego de declararse en default en el mes de diciembre pasado. BAF Capital adquirió, según trascendió, las participaciones en Friar de Nacadie Comercial y Vicentin Family Group (VFG), las dos empresas radicadas en Uruguay a la que los accionistas de Vicentin SAIC le fueron cediendo paulatinamente las participaciones accionarias en las demás firmas del grupo (proceso de "desdoblamiento que fue descripto en el mencionado artículo de Página 12). Vicentin SAIC se habría quedado con apenas el 0,4% de Friar. Nacadie y VFG son, sin lugar a dudas, parte del holding Vicentin. BAF Capital, se presume en el ámbito empresario, habría hecho la adquisición por cuenta de un tercero, probablemente del exterior.
Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación, advirtió que "la cerealera concursada continúa con el desprendimiento de sus activos, en una clara maniobra para evitar la cancelación de los créditos, lo que constituye un importante perjuicio para el patrimonio del Banco". La deuda que Vicentin acumuló con el Banco Nación a la fecha de su cesación de pagos, que la conducción de González Fraga le siguió concediendo incluso cuatro meses después de que la cerealera empezara a incumplir el pago de sus vencimientos, es del orden de los 300 millones de dólares.
Entre otras irregularidades, la entidad oficial autorizó a directivos de Vicentin a retirar los fondos de la cuenta en el mismo banco que operaba como garante de los créditos, durante el segundo semestre de 2019, mecanismo que le impidió al Banco recuperar el dinero que se acreditada en esa cuenta por el cobro de exportaciones de Vicentin. Al momento del cambio de autoridades tanto en el gobierno nacional como en el banco, diciembre de 2019, la cuenta ya estaba en cero y Vicentin en cesación de pagos.
"El reclamo del Banco Nación surge ante las versiones periodísticas sobre la venta del frigorífico Friar al fondo Buenos Aires Finantial Capital, cuyo resultado Vicentin habría transferido a Uruguay", denuncia el comunicado del BNA. Si el juez de la quiebra Fabian Lorenzini hubiera recogido el criterio sugerido de considerar al conjunto de empresas vinculadas como un solo grupo económico, esta venta de Friar sería declarada directamente nula. Asimismo, la venta de las acciones de la procesadora de granos y productora de biodiesel Renova, en los días previos a la cesación de pagos, hubiera quedado bajo sospecha, dado que también formaba parte del grupo empresario y, como las demás, la tenencia accionaria había sido desviada hacia empresas vinculadas en el exterior.
Las autoridades del Nación denunciarán la situación de "probable vaciamiento" que surge de la venta de Friar ante el juez Lorenzini, quien además tiene pendiente de resolución el anterior pedido de intervención judicial a Vicentin "por supuestas maniobras de vaciamiento" solicitado por la Inspección General de Justicia de Santa Fe.
"A esta situación se suma el informe presentado en el concurso preventivo por KPMG (auditoría contable internacional de los balances de Vicentin), quien se negó a continuar como auditora externa del grupo", informa el Banco Nación en su comunicado de este viernes.
KPMG, en dicho informe, puso en duda "la capacidad de la organización para continuar como empresa en marcha", al señalar el "impacto generalizado" que provocó la cesación de pagos resuelta por Vicentin SAIC. En virtud de ello, informó ante la justicia civil y comercial de Reconquista (Santa Fe) que suspendía la auditoría del ejercicio de la empresa cerrado el 31 de octubre de 2019. En estas condiciones, y sin un balance por el último ejercicio, Vicentin SAIC estaría formalmente imposibilitado de plantear acuerdo alguno a sus acreedores.
Fuente:Pagina12
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