"Necesitamos un pedacito de tierra" Las historias detrás de las tomas en Guernica
Más de 2500 familias sobreviven en un descampado de Guernica.
Es una de las tomas que surgieron en el último tiempo en la provincia, con la crisis que agudizó la pandemia.
"Es muy tremendo ver cómo aguantan el frío y la lluvia", dice Nidia, que va tres veces por semana a llevar comida al predio.
Imagen: AFP
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Arrinconados en carpas de tela y casitas de chapa y nylon, expuestos a temperaturas heladas y a un virus que no para de sumar casos en el territorio bonaerense, más de 2500 familias sobreviven en un descampado de Guernica. Hace un mes y medio, empujados por la crisis habitacional, estas familias decidieron ocupar un predio abandonado de 100 hectáreas en el Partido de Presidente Perón, al sur del conurbano, con el objetivo de construir un barrio donde vivir. La toma de tierras en la provincia continúa así su ritmo, consolidándose como solución ante la profundización de la crisis social y económica durante la pandemia, y dividiendo, a su vez, a la clase política entre quienes piden desalojos y quienes sostienen priorizar las necesidades sociales subyacentes.
"La mayoría son parejas jóvenes que estaban viviendo en la casa de los padres, o familias que pagaban alquiler y un día ya no pudieron hacerlo más. Empezó a correr la voz de que se había tomado un terreno cerca y fueron metiéndose, siempre con la esperanza de conseguir un pedazo de tierra propio", explica Nidia Báez a Página/12. Militante de Barrios de Pie, Báez va tres veces a la semana al predio a llevar comida, abrigo y dar una mano para organizar las ollas populares, única fuente de alimento de muchas de las personas que ocupan el terreno ubicado en los barrios Numancia y San Martín.
Las tomas comenzaron el 20 de julio --fecha que terminó dando nombre a uno de los cuatro barrios que se fueron conformando en el predio-- y desde entonces ha generado conflictos con la policía, los propietarios y algunos vecinos de la zona.
Ana Rolón es una de las miles de mujeres que tomó un pedazo de tierra en Guernica. Llegó al predio hace un mes junto a su marido y sus tres hijos, luego de que los echasen de la casa que alquilaban porque su pareja se quedó sin trabajo en el contexto de la cuarentena. "Necesitamos un pedacito de tierra para hacer crecer a nuestros hijos de manera digna. Para no estar en la vereda de la calle, con los hijos cartoneando, muriéndonos de frío con temperaturas de bajo cero, con la enfermedad. Nos echaron del alquiler y nos arrinconamos donde encontramos un lugar", contó Ana en diálogo con Radio Con Vos, y aseguró que su historia es la del 80 por ciento de las personas que se encuentran con ella en aquel predio de 100 hectáreas. "No sabría qué hacer si me llegan a sacar de acá, terminaré en la vereda con la misma carpa y mis hijos. Esperemos que el gobierno pueda reanalizar nuestra situación", pide, entre lágrimas.
"Se nota que realmente hay una necesidad enorme y que la están remando como pueden. Es muy tremendo ver cómo aguantan el frío y la lluvia, hay muchas familias que viven en carpa porque no les alcanza para pagar una chapa para cubrirse. Algunos están viendo de pagar con la asignación social algunos de los materiales", describe, por su parte, Nidia. Chapa, tela, nylon, cartón, alambre y madera: esos son los materiales que resguardan a las cientos de familias, muchas con niños pequeños, de los fríos bajo cero y las lluvias. Son trabajadores que se quedaron sin changa, como el marido de Ana, peones, albañiles, desocupados cuya vulnerabilidad se profundizó durante la pandemia, y reclaman al Estado provincial y municipal que les otorguen una vivienda digna. Nidia cuenta que varios de ellos utilizan las asignaciones sociales para protegerse mejor del frío. Las mismas que varios funcionarios ya están analizando cortar como castigo contra aquellos que ocupen tierras.
"Es muy probable que evaluemos la posibilidad de que aquel que realice una toma de tierras se le caigan todos los beneficios que le da el Estado, como la Asignación Universal por Hijo o el Ingreso Familiar de Emergencia, porque si no es 'hago lo que quiero'", sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Se refería a los casos de toma de tierras en Villa Mascardi, pero mientras él hacía esas declaraciones, el diputado bonaerense de Juntos Por el Cambio, Alex Campbell, presentaba efectivamente un proyecto para que las personas que usurpasen tierras en la provincia de Buenos Aires perdiesen los beneficios sociales que reciben del Estado provincial.
A estas propuestas se sumaron las críticas de varios intendentes de Juntos Por el Cambio, que le reclaman al gobernador Axel Kicillof que interviniese más activamente. "La necesidad de algunos no puede generar el caos en todos. El problema de la toma de tierras, lejos de desaparecer, hoy se agrava frente al silencio y la inacción", lanzó el intendente de Vicente López, Jorge Macri.
Los pedidos de desalojo no son exclusivos de los intendentes, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, también se manifestó a su favor. "El que toma tierras en la provincia de Buenos Aires irá preso", aseguró en declaraciones radiales. Como ya es costumbre en materia de Seguridad, la ministra nacional Sabina Frederic se diferenció y opinó que la toma de tierras "no es un tema de Seguridad", sino "de déficit habitacional". En una línea similar, Kicillof, sostuvo ayer durante una conferencia de prensa que detrás de la toma de terrenos "hay una necesidad" y que el gobierno debía dar una respuesta desde el Estado "con programas y planes", diferenciándose de los reclamos de los intendentes.
Informe: María Cafferata.
El exsecretario de Obras Públicas deberá cumplir una única pena de 7 años y medio de prisión Condena unificada para José López
El Tribunal Oral Federal 1, que condenó al exfuncionario el año pasado por enriquecimiento ilícito, ahora unificó esa condena con una que había dictado un tribunal provincial por portación de arma de fuego.
Por Luciana Bertoia
Imagen: Télam
José López deberá cumplir una única condena a siete años y seis meses de prisión por dos hechos vinculados a la gélida madrugada del 14 de junio de 2016, cuando salió disparado de su casa cargando bolsos con casi nueve millones de dólares. Así acaba de resolverlo el Tribunal Oral Federal (TOF) 1, que lo condenó el año pasado por enriquecimiento ilícito, y ahora unificó esa condena con una que había dictado un tribunal provincial por portación de arma de fuego.
Esa noche, el exsecretario de Obras Públicas salió de su casa en Dique Luján, partido de Tigre, para trasladarse hasta el convento Nuestra Señora de Fátima en el partido de General Rodríguez. En los fundamentos de su sentencia del año pasado, el TOF 1 estimó que recorrió entre unos 66 y 68 kilómetros a bordo de su camioneta Meriva. Durante el juicio, López dio distintas versiones para justificar la suma de dinero que estaba en su poder, incluso llegó a decir que era dinero de la política, lo que fue descartado de plano por los jueces. Para el tribunal, el hecho de que se hubiera valido de una carabina con calibre 22 para proteger su viaje hasta el convento fue una de las pruebas contundentes de su interés por asegurar el dinero --que le pertenecía-- en un lugar de difícil acceso y que sólo conocía López.
El enriquecimiento ilícito y la posesión ilegal de un arma de fuego fueron investigadas y juzgadas en distintas jurisdicciones. Por la carabina, López accedió a un juicio abreviado ante el Juzgado Correccional 3 de Mercedes, que terminó imponiéndole en 2017 una pena de un año y siete meses de cumplimiento efectivo. López ya había cumplido con esa condena cuando el TOF 1 de Capital Federal todavía lo estaba juzgando por enriquecimiento ilícito. En ese caso, terminó condenado en junio del año pasado a seis años de prisión y a una multa por el 60 por ciento del enriquecimiento.
La defensa de López insistió con que se unificaran las condenas, algo que el TOF 1 inicialmente rechazó, pero debió hacerlo después de que así se lo consignara la Sala II de la Cámara Federal de Casación. La defensora no sólo reclamó la unificación, sino también una reducción de la condena hasta los tres años y con cumplimiento condicional. El fiscal Miguel Osorio consintió la unificación, pero sostuvo que debían darle una única condena de siete años y siete meses por la sumatoria de ambas condenas. En un fallo de 22 páginas, el TOF 1 sólo le rebajó un mes al cálculo que había hecho el representante del Ministerio Público.
La condena por enriquecimiento ilícito que le impuso el TOF 1 aún no fue revisada por Casación. Para el TOF 1, la estrategia de la defensa de López fue usar el pedido de unificación como un “ropaje” para conseguir una suerte de revisión de la pena impuesta por los mismos jueces. Además, los magistrados rechazaron el planteo de López de volver a sembrar dudas sobre el origen del dinero que él mismo trasladó esa madrugada para intentar esconder en el convento de General Rodríguez.
“Se tuvo por probado tras el debate fue que toda esa fortuna fue producto del ilícito enriquecimiento de López --escribieron los miembros del TOF 1-- en su calidad de funcionario público, de manera tal que mal puede hablarse de un incierto punto de partida en este aspecto. Y aun cuando se aceptara que la evidencia reunida no fue suficiente para determinar si fue producto de un cohecho o una malversación de fondos públicos, lo concreto es que en cualquiera de sus dos vertientes posibles se trató de un dinero cuya distracción o pago clandestino entorpeció el funcionamiento del Estado Nacional y, con él, el cumplimiento de sus finalidades de bien público”.
La defensa de López busca una forma de abrir la puerta para ponerle fin a su detención, que cumple bajo el Programa de Protección de Testigos. Entre otras cuestiones, invocó que lleva más de cuatro años detenido con buena conducta y que está próximo a cumplir los 60 años. Para los jueces del TOF 1, que López esté acercándose a esa edad detenido es “producto del momento de su vida en el que cometió los delitos por los que fue condenado por la sentencia no firme”, situaron el comienzo de esa actividad ilegal antes de 2008, momento en que la justicia comenzó a investigarlo.
La sentencia contra López por enriquecimiento ilícito está recurrida. El 19 de junio último, dos de los integrantes de la Sala II de la Casación Federal, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, rechazaron habilitar la feria extraordinaria para tratar sus planteos. Dos semanas atrás, los casadores denegaron un pedido de excarcelación que había formulado el exsecretario de Obras Públicas.
02 de septiembre de 2020
Las mujeres dedican en Argentina 96 millones de horas por día a la casa
Las que más aportan al PBI no reciben nada
Un informe de la Dirección de Economía, Igualdad y Género ubica al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado por encima del aporte de la industria y del comercio.
Por Mariana Carbajal
Imagen: Carolina Camps
El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa en el país un 15,9 por ciento del PBI: es el sector de mayor aporte en toda la economía, seguido por la industria (13,2 por ciento) y el comercio (13 por ciento). Es la primera vez que se hace esta medición fundamental para cuantificar la importancia de esas tareas no pagas que recaen mayoritariamente sobre las mujeres. La hizo la Dirección de Economía, Igualdad y Género. En un informe que se presentó este martes hay otro dato que impresiona: las mujeres dedican en Argentina diariamente 96 millones de horas a limpiar, cocinar, trapear, criar , hacer apoyo escolar y cuidar a personas dependientes de la familia, sin recibir ningún pago a cambio. Si se monetizara, sumaría un total de $ 3.027.433 millones de pesos al año. El estudio también evalúa cómo esta situación se vio agravada con la pandemia: mientras diversos sectores productivos presentaron caídas en su nivel de actividad, el trabajo de cuidados y doméstico, por el contrario, aumentó su nivel al 21,8 por ciento del PIB: es decir, muestra un incremento de 5,9 puntos porcentuales con respecto a la medición "sin pandemia”.
Los datos son parte del informe “Los cuidados, un sector económico estratégico. Medición del aporte del Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al Producto Interno Bruto” que presentó la Dirección de Economía, Igualdad y Género que conduce la economista feminista Mercedes D’Alessandro, y forma parte del Ministerio de Economía. Se trata de un documento que por primera vez estima el aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al sistema productivo y analiza su evolución en el contexto de la pandemia por coronavirus.
La distribución de estas tareas es estructuralmente desigual: 9 de cada 10 mujeres se ocupan del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, lo que significan en promedio 6,4 horas diarias. Ellas dedican tres veces más tiempo que los varones. “Esta distribución asimétrica contribuye a explicar que su participación en el mercado laboral sea más baja que la de los varones. También incide en que tengan trabajos más precarios, que implican a su vez una mayor desprotección social, por ejemplo no tener acceso a una obra social y, en un futuro, tener una mayor dificultad para acceder a una jubilación por no tener aportes. Las mujeres presentan mayores niveles de desocupación, ganan menos y, por consiguiente, son más pobres. En este sentido, es imprescindible entender que las condiciones del trabajo remunerado están estrechamente ligadas a cómo se resuelven las tareas no remuneradas”, alerta el estudio.
En total, se calcula que se trata de un aporte de $ 4.001.047 millones de pesos, valor que resulta de monetizar la gran cantidad de tareas domésticas que se realizan en todos los hogares, todos los días. Para tener dimensión de lo que esa cifra significa, el informe precisa que la industria aporta $3.324.163 millones al PBI, y el sector del comercio, $3.267.584 millones.
Al analizar el trabajo doméstico y de cuidados no pago por género, el estudio concluye que el 75,7 por ciento de las tareas son llevadas adelante por mujeres, es decir, más de las tres cuartas partes. En términos de valorización monetaria se traduce en que las mujeres aportarían $3.027.433 millones (75,7%) a la economía, mientras que los varones $973.613 millones (24,3%). “Es decir, las mujeres aportan 3 veces más al PBI en el sector con mayor relevancia y más invisibilizado de toda la economía nacional”, subraya el informe.
Esta contribución a la economía total por parte de las mujeres de $3.027.433 millones al año (si se pagara), equivale a más de dos veces el tamaño del sector de Transporte y Comunicaciones o casi cuatro veces lo que aporta el sector de la Construcción, grafica el estudio. Al analizar los valores por tipo de tarea, se ve que los “quehaceres domésticos” son los que mayor peso tienen (60%), seguido del “cuidado de personas” (32,8%) y “apoyo escolar” (7,3%).
El estudio también evalúa cómo esta situación se vio agravada con la pandemia: mientras diversos sectores productivos presentaron caídas en su nivel de actividad, el trabajo de cuidados, por el contrario, aumentó su nivel al 21,8 por ciento del PIB: es decir, muestra un incremento de 5,9 puntos porcentuales con respecto a la medición "sin pandemia”. La industria, en cambio, se retrajo 3,2 puntos porcentuales, el comercio 1,5 y la construcción 2,8, indica el informe.
Con el cierre de las escuelas y la imposición de la educación virtual, sin jardines de primera infancia ni empleo doméstico remunerado, durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, sobre todo las mujeres sumaron más tareas no pagas en cada hogar. Lejos de apagarse por la crisis del coronavirus, la economía de los cuidados se enciende y sostiene el funcionamiento social, destaca el relevamiento. Se calcula que el 47,4 por ciento de los hogares argentinos tienen personas menores de 18 años.
“Esas tareas que se realizan de manera invisible, y al interior de los hogares, quedaron expuestas, dejando en evidencia las repercusiones de una nueva normalidad difícil de sostener en el tiempo sin transformaciones sustanciales”, advierte el informe.
02 de septiembre de 2020
El juez Juan Pablo Augé respaldó la actuación de Cecilia Incardona
Espionaje ilegal: Fracasó la maniobra de los acusados para apartar a la fiscal
Las defensas de las ex autoridades de la AFI macrista intentaron separar de la causa por espionaje ilegal a la fiscal Cecilia Incardona por supuesta “falta de objetividad y lealtad procesal”. La propia Incardona rebatió los argumentos y el juez resolvió respaldarla de inmediato.
Por Irina Hauser
Imagen: NA
En la pulseada que sostiene la vieja cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para debilitar la causa por espionaje ilegal, este martes se anotó un punto importante la fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona ya que el juez Juan Pablo Augé rechazó la recusación con que intentaron desplazarla de la investigación. En la audiencia que se hizo por Zoom, una de las sorpresas fue que hasta las defensas de tres ex espías --Jorge “Turco” Sáez, Leandro Araque y Facundo Melo-- se presentaron para defender la continuidad de la fiscal en el caso. También lo hizo el abogado de la querella de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Beraldi. El argumento central del pedido de apartamiento es que la fiscal avaló un requerimiento de la AFI para usar un software llamado Earthwatch para captar imágenes satelitales ante supuestas alertas de seguridad, entre 2017 y 2018, y como se mencionaba a políticos debía suponer que era para hacer operaciones ilegales. Por eso, el principal reproche fue la supuesta “falta de objetividad y lealtad procesal”. La propia Incardona dio sus argumentos en una audiencia de dos horas y el juez Augé resolvió respaldarla de inmediato.
Incardona tiene delegada la investigación sobre espionaje ilegal junto al fiscal Santiago Eyherabide. En el tramo en el que analizaron las actividades de inteligencia ilegal contra el Instituto Patria y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, impulsaron el procesamiento del ex titular de la AFI, Gustavo Arribas, a Silvia Majdalani, ex número dos, al ex jefe de Operaciones de la Agencia Alan Ruiz y al ex jefe de Contrainteligencia Martín Coste. Este viernes comienzan las indagatorias por más de una veintena de acciones de espionaje ilegal contra políticos oficialistas y opositores, periodistas, representantes eclesiásticos, organizaciones sociales, entre otras víctimas. Por eso, los principales imputados insisten en intentar sacar de la cancha a la fiscalía y en lo posible mandar la causa a los tribunales de Comdoro Py. La recusación había sido presentada por la defensa de Arribas y su segunda, y luego adhirió la defensa de Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri, también citado como sospechoso.
Se centraron en dos cuestiones. La primera alude a que cuando tramitaba una causa impulsada por la propia AFI en el juzgado de Federico Villena, relacionada con supuestas amenazas a la seguridad durante la organización de la cumbre del G-20, la de la Organización Mundial de Comercio y los Juegos Olímpicos de la Juventud, Incardona tuvo una intervención y por lo tanto perdió objetividad. En aquel expediente, la AFI le pedía a Villena distintas medidas de control, como por ejemplo el acceso a las cámaras de toda la Ciudad de Buenos Aires, a las del aeropuerto de Ezeiza y a la línea 911. También pidió utilizar el programa Earthwatch, desde el 22 de octubre de 2018 y hasta 2019. Al parecer su uso coincidió con el calendario electoral del año pasado, aunque la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, no pudo determinar para qué se usó. Antes de dar autorización para esta herramienta, el juez Villena le corrió vista a la fiscal Incardona. Después aparecería en el expediente del G-20 una supuesta explicación que hablaba de amenazas a la seguridad de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Waldo Wolff y Cristina Kirchner, entre otros. Ya es sabido que a CFK nadie le notificó que estuviera en peligro. Pero incluso Incardona y Eyherabide consideran que esa justificación fue falsa, fue inventada para cubrir espionaje ilegal. La defensa de la ex cúpula de la AFI sostuvo que, si con esos datos a la fiscal todo le pareció legal, por qué ahora le parece ilegal. Son argumentos incompatibles, está a la vista.
La recusación siguió el mismo razonamiento al decir que cuando se cerró la causa del G-20 porque Villena no encontró nada raro, Incardona debió saber que ya a esa altura estaban denunciadlas autoridades de la AFI por el espionaje al Instituto Patria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, causa donde fueron sobreseídas, precisamente en base a documentos que ella considera falsos. Y que si fue apartado el juez Villena --como ocurrió tiempo atrás, porque él mismo había avalado varias actividades de inteligencia dudosas incluso en la cárcel de Ezeiza-- ella también debería serlo. Ella explicó ante la cámara que las reglas de imparcialidad para jueces y juezas no equivalen al deber de objetividad de fiscales y fiscalas, que son parte en el proceso. Además de que ella no estaba notificada de nada de la causa de Martínez de Giorgi.
Incardona también sostuvo, según pudo reconstruir PáginaI12, que el temor de falta de objetividad no existe en la ley, es un invento de las defensas para apartarla. “Esto es un artilugio procesal más”, señaló, y reclamó que los imputados se defiendan en la causa con pruebas. “Lo que hacen es dilatar el proceso y sacar a quienes les molestan”, enfatizó. El punto central es que la hipótesis de la fiscalía es precisamente que la causa “del G-20”, como se la llama, fue un artilugio para espiar ilegalmente y que las menciones a políticos se introdujeron con posterioridad para justificarlas, porque había salido a la luz el espionaje en el Instituto Patria.
Las defensas pidieron que si se rechazaba la recusación, el juez reasumiera la investigación. El abogado de CFK, Beraldi, el de Sáez, Alfredo Oliván, y el de Melo y Araque, Fernando Sicilia, argumentaron que la fiscalía debía continuar. El juez Augé resolvió en el momento: dijo que no había manera de comprobar que la fiscal hubiera podido advertir que los informes eran falsos y que había espionaje ilegal, que es lo que se investiga ahora. Tampoco, añadió, se puede comparar su actuación con la de Villena.
Las defensas de las ex autoridades de la AFI dijeron que apelarán, aunque las normas no lo prevén para recusaciones. La otra batalla que se viene es con Comodoro Py, ya que la jueza María Eugenia Capuccheti ya reclamó la causa completa sobre el espionaje a la actual vicepresidenta, y al menos la fiscalía no está dispuesta a mandársela.
Las defensas pidieron que si se rechazaba la recusación, el juez reasumiera la investigación. El abogado de CFK, Beraldi, el de Sáez, Alfredo Oliván, y el de Melo y Araque, Fernando Sicilia, argumentaron que la fiscalía debía continuar. El juez Augé resolvió en el momento: dijo que no había manera de comprobar que la fiscal hubiera podido advertir que los informes eran falsos y que había espionaje ilegal, que es lo que se investiga ahora. Tampoco, añadió, se puede comparar su actuación con la de Villena.
Las defensas de las ex autoridades de la AFI dijeron que apelarán, aunque las normas no lo prevén para recusaciones. La otra batalla que se viene es con Comodoro Py, ya que la jueza María Eugenia Capuccheti ya reclamó la causa completa sobre el espionaje a la actual vicepresidenta, y al menos la fiscalía no está dispuesta a mandársela.
Fuente:Pagina12
La UIA espera a Alberto Fernández con expectativas de anuncios para el sector
El presidente participa de los festejos (virtuales) del Día de la Industria. En la previa el mandatario y el titular de la entidad empresaria más cercana a su gobierno, Miguel Acevedo, cruzaron gestos de unidad con la mira en la política que viene. Las pymes de IPA coincidieron en los objetivos pero pidieron que no se desfinancie al Estado.
1 de septiembre de 2020
Este miércoles el presidente Alberto Fernández participa del acto que organiza la Unión Industrial Argentina (UIA) para conmemorar el día de la Industria.
En la antesala el gobierno y los industriales coincidieron en proyectar objetivos de producción y generación de empleo para superar la crisis y llamaron al diálogo de cara la construcción de una agenda para el desarrollo. Incluso los industriales especulaban anoche con posibles anuncios de la administración nacional aunque desde el gobierno no trascendieron medidas.
El encuentro virtual tendrá lugar desde las 12.30 anunció la entidad fabril que transmitirá el acto a través de su canal de la red social YouTube.
El presidente de la entidad, Miguel Acevedo, oficiará de anfitrión del presidente de la República. Este martes Acevedo abrió la segunda jornada del Coloquio Virtual de la Unión Industrial de Córdoba, donde dio algunas señales del tono que le dará a su discurso de hoy en el acto de la entidad nacional.
Frente a 800 empresarios industriales de la provincia el dirigente aceitero llamó a superar los desafíos de la coyuntura marcada por el impacto de la pandemia de Covid-19 y auguró un futuro con hechos importantes. “Los industriales tenemos que seguir por este camino de diálogo, de propuestas, de trabajo para que la Argentina avance hacia una nueva etapa en la que podamos reactivar la economía y mejorar la situación” del país.
Por el lado oficial el presidente Fernández aprovechó este martes un acto político para asegurar que en el gobierno “tenemos un objetivo inmediato: producción y trabajo”. El mandatario sumó que “son dos conceptos que están en nuestra cabeza machacándonos incansablemente” y remató con que “necesitamos inversión, producción y trabajo”.
Los dichos de Fernández cobran una sentido particular en la previa del encuentro con Acevedo y el resto de la UIA, que es la federación empresaria más cercana a la administración nacional. Especialmente Acevedo es un dirigente importante del segmento agroindustrial que está llevando adelante el proyecto del Consejo Agroindustrial Argentino que está a punto de presentar un proyecto de ley para llevar las exportaciones a los US$ 100 mil millones.
Otros sectores fueron igualmente importantes durante la pandemia pero mantienen una relación tirante con Balcarce 50, como la industria alimenticia, que viene de sufrir un revés en la negociación de los Precios Máximos. Los empresarios de la federación alimenticia Copal pidieron el levantamiento del plan de precios de referencia pero el Ministerio de Desarrollo Productivo a cargo de Matías Kulfas lo ratificó por 60 días y como única concesión abrió una mesa de diálogo para tratar precios puntuales.
Otros sectores que habían sido muy golpeados durante el gobierno de Mauricio Macri lograron reacomodarse a poco de comenzada la emergencia sanitaria como la industria textil. En ese ámbito incluso se registraron recientemente inversiones importantes como el de la hilandera TN&Platex, que anunció este lunes un desembolso de U$S 30 millones y la contratación de 300 empleados. “De esta situación se sale con producción y trabajo”, dijo a propósito el titular de la firma, Teddy Karagozián, en sintonía con la línea presidencial.
Más allá de las alianzas y de las buenas expectativas que manifiestan públicamente buena parte del entramado industrial, en el plano de la confidencia muchos hombres del sector secundario de la economía confiesan que el presente y el futuro se siguen viendo sombríos. Incluso muchos de los que se animan a vaticinar meses de recuperación para las fábricas reconocen que ese repunte no repercutirá positivamente en la creación de nuevos puestos de trabajo, como señala una encuesta que difundió este martes la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).
Las pymes se sumaron a los sectores alineados con los objetivos de mayor producción y empleo pero marcaron diferencias. El titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, expresó que la concentración en cuatro áreas que hace que los impuestos y los salarios le sean pesados a las firmas del sector: la energía; los insumos difundidos; la acción especuladora de los bancos; y la administración del comercio exterior.
“Para regular esas variables se necesita de un Estado fuerte y no podemos partir de su debilidad pidiéndole que primero baje los impuestos, porque consideramos que la prioridad es crecer para después pedir rebajas, y nunca al revés. Para ello tenemos propuestas”, señaló.
Rosato pidió también repensar la legislación laboral; la sanción de una nueva ley de “Compre Argentino”; una política energética que acompañe a través de las inversiones el crecimiento; una política de insumos difundidos; una política de financiamiento para todo el sector productivo; una política de comercio exterior que dé impulso a las exportaciones industriales, entre otras asignaturas.
“Sabiendo que todas las medidas están presentes en el radar del Gobierno, en este día los industriales tenemos que mantener firme la esperanza, sin bajar los brazos”, concluyó Rosato.
Alberto al rescate: los gobernadores opositores de Jujuy y Mendoza solicitan la presencia del presidente ante el avance del Covid-19
Mientras los diputados de Cambiemos piden apertura, sus mandatarios provinciales están preocupados por el aumento de casos en sus distritos y la posible saturación del sistema sanitario.
Por Gimena Fuertes - @gimenafuertes
1 de septiembre de 2020
La agenda productivista federal que quiere mostrar el presidente se frena una y otra vez por el Covid 19. Alberto Fernández irá ahora al auxilio de Jujuy y Mendoza, dos provincias en las que se aceleró la circulación del virus y por el momento no parece haber forma de frenarlo.
Fernández quería poder comenzar a desgranar las famosas 60 medidas de reactivación económica en distintos anuncios fragmentados por provincia. Sin embargo, el constante crecimiento y federalización del virus le sigue marcando la cancha. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, y su par de Mendoza, Rodolfo Suárez, ambos radicales, le pidieron de manera insistente al presidente que concurra a sus provincias para ayudarlos a frenar la circulación y que los asista con recursos para reforzar el sistema sanitario provincial.
Morales y Suárez fueron recibidos este lunes junto al tercer gobernador opositor, Gustavo Valdés, de Corrientes, antes del anuncio del cierre de la negociación con los bonistas. En esa mesa el tema excluyente fue el Covid 19.
Es que los gobernadores quieren que el Ejecutivo tenga una intervención en sus territorios parecida a la que se llevó a cabo en Chaco, la primera provincia con disparada de casos que luego se logró controlar.
El presidente aceptó de inmediato. Estos viajes siempre estuvieron en la intención de Alberto y su insistente federalismo. Además, también le sirven al presidente para mostrarse con otros mandatarios cambiemitas que en lugar de tener aspiraciones aperturistas como Horacio Rodríguez Larreta, que comunica de manera insistente la apertura de bares y restaurantes, están preocupados por la crecida de casos en sus territorios.
Jujuy fue una de las primeras provincias en la que el gobernador publicitó la apertura de clubes deportivos y escuelas. Ahora su sistema de salud está al borde del colapso.Algo parecido sucedió en Mendoza. Suárez había logrado habilitar los bares, al igual que ahora lo hace Larreta. En Corrientes, Valdés había logrado habilitar el tenis y tuvo que retroceder.
En Rosada dan por confirmado estos viajes, pero todavía no está definido si será en un solo día o en dos semanas distintas. Interpretan que los gobernadores de Juntos por el Cambio están buscando una foto política, un apoyo institucional ante la crisis en sus provincias. Algo que Alberto no les va a negar.
Fuente:TiempoArgentino
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