25 de octubre de 2020
Crónica desde Santa Elena, Entre Ríos
El caso Etchevehere: Tierra, trabajo y lazos de sangre bajo amenaza de los patrones rurales
Imagen: Jose Nico
La galería inglesa, su piso en damero, la espléndida vista del campo que ondula hacia el este, son un resguardo a la hora de la siesta. El calor es apabullante. Dolores Etchevehere no lo nota o no lo demuestra. Esta es su tierra y su cuerpo resiste el clima, está acostumbrada. Si le preguntan cómo está dirá “concentrada” y cada uno de sus gestos lo subraya. Se ha preparado para vivir este momento y lo habita con placer. En el casco de la estancia Casa Nueva, parte de la sucesión indivisa de su padre, Luis Fernando Etchevehere, está reescribiendo su historia junto a compañeras y compañeros a quienes buscó para generar una alianza que le permita reivindicarse de la subestimación constante a la que, cuenta, fue sometida por parte de su familia: “Ahora puedo decir que sufrí violencia de género y, en ese sentido, violencia económica tal como lo describe la ley 26.485”. Y lo dice también la Justicia: el juez Raul Damir Flores, además de desestimar el desalojo de la estancia le otorgó medidas de protección: restricción de acercarmiento al casco de la estancia para sus hermanos y para cualquiera que hable en su nombre.
A un kilómetro de distancia, frente al guardaganado que da inicio al campo Casa Nueva, su hermano Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri y dos veces presidente de la Sociedad Rural Argentina, insulta a la policía porque no cumple sus órdenes a rajatabla; después se disculpa por Twitter. Parece un adolescente que frente al límite hace berrinche. Duerme a la intemperie hace cuatro días, custodiando la entrada de lo que considera suyo. Su camisa de algodón, los pantalones de lino y el sombrero que lo protegen no acusan recibo del pataleo. “Violencia, poder, opresión”, así describe su padecimiento. Porque se siente arrasado por “una fuerza de choque”, porque a su abogado “Victoria Donda y otra mujer que no me acuerdo el nombre” le hicieron “bromas y caritas para desconcentrarlo”. “¡Ella vendió sus derechos sucesorios!”, clama en contra de su hermana y llama la atención que no se detenga en la realidad de que esos derechos no pueden venderse en este país. Sus hermanos, Juan Diego y Sebastián, lo secundan, hartos de las moscas y del barro, pero decididos: “Vamos a seguir acá hasta la última instancia”.
Una cadena gruesa y con doble vuelta cierra el guardaganado de acceso a Casa Nueva. El candado que la fija es la respuesta de los varones Etchevehere a la orden de restricción que les impusieron: dejaron encerrada a Dolores dentro del campo y para asegurarse cruzaron un camión y un tractor frente a la tranquera. Los vehículos no pueden entrar ni salir, los alimentos tampoco.
El fin de semana no dejó descansar a los juzgados: los Etchevehere apelaron la resolución del juez Flores, se victimizaron frente a la orden de restricción --que incluye la prohibición de referirse de manera denigrante a Dolores y a quienes la acompañan-- “porque nos quitan la libertad de expresión” y por eso presentaron un amparo. Dolores, a través de su abogado Facundo Taboada, presentó una denuncia por secuestro. Cada día que pasa desde el jueves 15 de octubre, cuando Casa Nueva empezó a agitarse, es un temblor que desestabiliza un orden político y económico que se creía intocable. Hasta ahora, el mejor aliado de ese orden es el fiscal Oscar Sokbol, un hijo de desaparecidos militantes del PRT que actuó aun antes de que los Etchevehere presentaran su denuncia. Ese capítulo es una de las sorpresas de esta historia en la que los lazos de sangre no aseguran ninguna continuidad. A Sokbol hay que consultarle quién puede entrar o salir, eso es lo que dice la policía. Aunque la misma fuerza sugirió a los habitantes de Casa Nueva ingresar los alimentos cruzando un río con el agua hasta la cintura.
Hoy habrá un “banderazo federal” frente a la estancia, “por la libertad de expresión y la propiedad privada”. En los chats de “los gringos productores”, como llama uno de ellos a su propia comunidad, circulan mensajes que cuesta descifrar sin alarma. Auguran un “nuevo Kosteki y Santillán” y Sergio, “un pequeño productor con 800 hectáreas que pertenecen a una Sociedad Anónima que integro con mis seis hermanos”, trata de desmarcarse de los peores augurios aunque no desestima que alguien fantasee con las mismas consecuencias que dejó ese hecho en 2002. ¿Y por qué si no es voluntad de la mayoría de los que se vienen concentrando desde el miércoles pasado en Santa Elena --la localidad de Entre Ríos donde se extiende el campo-- generar una desestabilización política convirtieron una disputa entre herederos en una cruzada? “La verdad es que tendrían que resolverlo entre ellos, pero los medios hablan de usurpaciones en todo el país, el líder de esta gente --por Juan Grabois, quien acompaña a Dolores Etchevehere como representante legal-- habla de usurpación como si fuera algo bueno y el gringo productor no puede más entre el clima, el dólar, la falta de futuro”.
Una idea en acto
Dolores Etchevehere es periodista, trabajó hasta finales de los ’90 en el diario La Nación, en la sección Campo. De esa experiencia, dice sentada en la sala de estar del casco de Casa Nueva, aprendió mucho de lo que ahora la anima. “Conocí, por ejemplo a las Mujeres Agropecuarias en Lucha, las que iban a defender a los productores y productoras de los remates. Vi su potencia frente a un sistema que les ofrece créditos a los productores, después no hay garantías ni apoyo frente a la baja de precios o las variables del clima y más tarde o más temprano se quedan sin nada. De ellas aprendí que a las ideas y los conceptos hay que acompañarlos con la acción. Aprendí que hay que poner el cuerpo”.
La noche ya se cerró sobre el parque que rodea al casco. En los cuatro puntos cardinales se encienden fogatas para darles luz y calor a los puestos de guardia. La bravuconada de quienes se acercaron el miércoles pasado a ofrecer “salvoconducto” para desocupar el campo más el piquete de camionetas y tractores en la puerta exige estar alertas. Dolores se siente protegida por la organización. Ofrece una recorrida por las galerías y la cocina donde el equipo de trabajo dedicado a esa tarea prepara la cena con lo que hay, con lo que va quedando. La falta más acuciante es de frutas y verduras y a la hora de trabajar la tierra, eso se siente, dice uno de los compañeros que está abocado a la huerta que se está iniciando.
La resolución del juez Flores que desestima el desalojo anima a Dolores, una de las gestoras del Proyecto Artigas junto al Movimiento de Trabajadores Excluidos, Jóvenes por el Clima, “mujeres organizadas y no organizadas y organizaciones sociales que se van sumando”. Con ese alivio temporal --que terminó cuando se puso el candado en el guardaganado-- tiene tiempo para desplegar las ideas de futuro que se fueron gestando en los últimos meses junto a Juan Grabois, en primer término, a quien contactó sabiendo que esta pelea no la podía dar sola y que además, compartiría con ella su admiración por una encíclica papal, Laudato Si, “que habla de la teoría del descarte. Yo fui una mujer descartada. Era tan invisible para mi familia patriarcal que podría haberme convertido en un elefante blanco y tampoco les hubiera hecho mella”.
El Proyecto Artigas, entonces, pone en el centro esa idea cristiana de que los últimos serán los primeros. O los infelices serán los privilegiados, como decía el líder de la Unión de los Pueblos Libres, el “protector” de las provincias húmedas del litoral extendiéndose hasta Uruguay por el Este y hasta Córdoba por el Oeste. El que da nombre a un proyecto que planea una distribución de la tierra: la única mujer de la última generación de los Etchevehere decidió donar el 40 por ciento de su herencia cuando la recupere de las estafas que denuncia por parte de sus hermanos. La bandera de Artigas fue la primera, celeste y blanca y cruzada por el rojo punzó, fue la que Dolores hizo ondear antes de que una lluvia que no llegó a calmar la seca de primavera obligara a buscar techo. “Nuestro proyecto tiene tres principios básicos: verdad, justicia y reparación”, dice Dolores y lo dicen también las redes del proyecto que se presentó con identidad visual propia y usó como arma para entrar al campo “cámaras de televisión de última generación”, como se denunció en el pedido de desalojo.
Al atardecer del sábado, cuando las filas de policías rurales y del cuerpo antimotines de Entre Ríos se multiplicaban poniendo distancia entre quienes esperaban para ingresar alimentos y quienes estaban ahí para custodiar la cadena y el candado, estudiantes de la Escuela Agrotécnica de Santa Elena colgaron una bandera sobre la tranquera de Casa Nueva: “Etchevehere devolvé los terrenos de la escuela”. La articulación con esa escuela que fue despojada de los terrenos donde se hacían las prácticas por Juan Diego Etchevehere, condenado según su hermana por usurpación y castigado con la entrega de cien litros de gasoil pero no a devolver lo usurpado, fue la primera que entablaron quienes integran el Proyecto Artigas como parte de ese proyecto de reparación.
“Es que en mi familia se compra sin plata. Siempre. Nunca se pagó un precio como corresponde, ni al trabajador rural, ni a la niñera, ni a nadie. Cuando hay un muy buen negocio se cierra con un whisky. Las tierras de la escuela los Etchevehere las consiguieron a punta de pistola y sin un solo papel. Cuando vos tenés un diario no es sólo la pauta lo que se arregla, si vos vas sosteniendo el relato de tal o cual político, en esta provincia los negocios llueven”.
Seca y mortandad
Esas son las dos palabras que se escuchan en la radio local el sábado por la mañana. Seca de primavera que adelanta el trigo y mengua la cosecha, mortandad de los animales que acucia a los ganaderos. Todos los pronósticos son malos y el clima, esa variable que condiciona la producción del campo sin que se pueda hacer nada más que esperar que algo cambie, enciende una rabia sin destino que encontró un punto de fuga en el escenario que abrió una persona inesperada en alianza con movimientos sociales. En el pueblo de Santa Elena, a diez kilómetros de la entrada al campo en disputa, las opiniones sobre lo que está pasando son encontradas. El temor es un hilo de pólvora que circula por chats y redes sociales. Hay un video que mezcla relatos de Osvaldo Bayer de su experiencia en Cuba con declaraciones de algunes de les integrantes del Proyecto Artigas y que da por demostrado en el montaje que se está asistiendo al “foquismo guevarista 2020”, tal el título del video.
La comunicación es un campo de batalla y quienes acompañan a Dolores Etchevehere saben lo que se juega. El registro de cámaras es permanente, cuando se llama a los medios, los pocos que resisten en la puerta el sol del mediodía --C5N y TN-- se les propone a las cámaras observar un diálogo entre Dolores y la policía preguntando por las llaves del candado que tiene a la comunidad cercada. El policía, Godoy de apellido, trastabilla, no sabe qué contestar sobre la propiedad del candado. Dolores nunca se equivoca y el guión es todo suyo. Lo ha construido a lo largo de años de buscar esta reivindicación que ahora disfruta. Pasea por la propiedad que decidió “brindar” consciente de que está en un proceso de deconstrucción. Contra la violencia de las declaraciones que se escuchan en la puerta, la estigmatización de sus compañeros y compañeras, ella se para en cada fogón y asume: “Yo tengo mi forma de vida y me gusta, no creo que todo el mundo tenga que vivir igual. Acá nos estamos encontrando en nuestras diferentes formas de vida para hacer algo plural. Esto es una deconstrucción”, dice.
Contra la seca y la mortandad, las alianzas que se tejen entre la Escuela Agrotécnica, los movimientos sociales, los Jóvenes por el Clima -jóvenes de clases medias cuya agenda hasta antes de la pandemia era prácticamente invisible- dibujan un contorno que a fuerza de organización de tareas y de la consciencia de haber pateado un tablero que parecía fijo, hasta el campo parece más húmedo.
Un horizonte de futuro
Evelina Kostler es entrerriana, estudiante de Ciencias Políticas en la UNER y responsable del armado del Movimiento de Trabajadores Excluidos en su provincia y ahora también responsable del Proyecto Artigas. “Torta y feminista”, dice, “con la agenda del feminismo popular”. Ella es la que está detrás de la organización de los equipos de trabajo y las capacitaciones, la que teje alianzas y desanda la distancia entre la imaginación y los hechos. “Es lindo estar en una estancia de la oligarquía pero hay que sostener las cosas de todos los días”, dice y ordena los nombres de quienes tendrán que limpiar baños, ocuparse de la huerta, de la cocina o las guardias. La que recomienda descansar y tomar agua.
“Si al principio pensábamos que con esto abríamos el debate ahora siento cada vez más que podemos realizar el Proyecto, que va a haber familias productoras, que podemos dar la discusión desde la acción sobre la propiedad de la tierra, sobre los alimentos, sobre el trabajo. Tierra, techo y trabajo y con las compañeras al frente”, dice orgullosa de su tarea. Con Dolores se conocieron hace poco más de una semana y los lenguajes van encontrando un ritmo común.
“Mi papá era jornalero, trabajador rural que mucho tiempo estuvo en la fumigación preparando los agrotóxicos. Tuvo cáncer, claro. Se recuperó y ya no trabaja, pero para mí esto que estamos haciendo es una forma de reparar esa historia. Aunque mi papá sea votante de Macri. Eso es lo que tenemos que desarmar, generar otras alianzas, mostrar que es posible hacer”. Tiene los ojos celestes, la voz suave y una sonrisa hospitalaria. Ella también habló con la hermana del fiscal Oscar Sokbo, referente de HIJOS Paraná. “Clarisa es una compañera”, dará como único detalle. Es que la actitud del fiscal, sus comentarios calificando de “guerrilleros” a quienes habitan en Casa Nueva generan dolor, incluso antes que rabia.
Dentro del casco inglés de la casa los Etchevehere, Eve muestra un regalo que está exhibido junto a varios libros lujosamente encuadernados de Maquiavelo. Es una gorra de policía en miniatura y tiene una placa que dice la fecha: 1979. Dolores también lo muestra y agrega: “A mi casa venía (Christian) Von Vernich de visita, era una presencia habitual. Su hermana Susana era íntima amiga de mi madre. Yo no sabía nada, lo supe después”. Enunciar esta relación es parte de la verdad que se propone. Ahora es el tiempo de la reparación y muy lejos de lo que pasa junto al guardaganado, donde a última hora de la noche se volcaron por arriba de la tan mentada cadena los víveres que traían los vehículos a los que no se permitió entrar para que la policía los requise como si entraran a un penal, la proyección de futuro es un diseño que se disfruta ahora. “Nuestra venganza es ser felices”, es una frase de la organización HIJ@S y en esta historia donde los vínculos de sangre se rebelan sigue haciendo sentido.
Buenos varones de sangre pura
Quiénes son los "productores rurales independientes" que fueron a echar a Dolores Etchevehere de su campo
Las imágenes que llegan desde la tranquera de Estancia Casa Nueva, uno de los campos de los Etchevehere en Entre Ríos --parte en litigio dentro de la firma Las Margaritas S.A.--, impactan por la cantidad de símbolos y referencias que resumen. Podría decirse que la historia de un país está allí representada, en la imagen de un terrateniente que le pide a los gritos a un policía: "¡póngase donde se tiene que poner!" (del suyo, como es usanza). Pero antes de ese video que circuló el sábado, y que tiene como protagonistas a dos de los varones Etchevehere --Luis Miguel, el exminitro de Agricultura de Macri, y su hermano Juan Diego-- se conoció otro, también protagonizado por varones. Allí un grupo de "productores rurales independientes" fueron a pedirle "de buena manera” a Dolores Etchehevere que se fuera de su casa, ofreciéndole “un salvoconducto para salir de la provincia”. Resultó que no eran ni tan independientes, ni tan excluyentemente hombres de campo. Todos los allí reclutados son activos militantes de Juntos por el Cambio de la provincia entre los que se cuentan candidatos y exlegisladores. Son los mismos que agitan para este domingo un "banderazo federal por la propiedad privada", también frente a la estancia, buscando lograr la foto de un supuesto piquete espontáneo "como en la 125".
* Héctor Daniel D’Ambros se presentó ante Dolores Etchevehere como un correcto ciudadano que recita su número de DNI y todo, como en los viejos tiempos. Custodiado por efectivos policiales, fue quien llevó la voz cantante y le dijo a la mujer: “yo puedo estar muy tranquilo, pero no todos están tranquilos”. “Nosotros lo que venimos a decirle, de buena manera, es que tratemos de arreglar esto de una forma pacífica”, le informó entonces, invitándola a retirarse por fuera de toda resolución legal.
Antes de este episodio, su nombre apareció recientemente en la prensa local: su campo servía de paso clandestino para violar el aislamiento obligatorio y salir y entrar de Concordia, eludiendo el control sanitario. Luego de que en una de esas “escapadas de fin de semana” la policía interceptara a los ocupantes de cinco camionetas que llevaban motos para practicar enduro, y de otras dos que transportaban a trabajadores rurales de quintas de la zona, D’Ambros dio a la Justicia su versión de los hechos: explicó que le habían roto los alambrados, los candados de los portones, que hasta habían tapado zanjas con maquinaria sin que él se enterara de nada.
A principios de este año también fue noticia local por prepotear e insultar, junto a otros simpatizantes de Cambiemos, a las concejalas del PJ Claudia Villalba y Lía Solis. En sus redes sociales es un activo promotor de las marchas anti gobierno en Concordia, convocando a “la hora de los patriotas”. Fue candidato a senador en 2015 por el Frente Renovador, para pasar a integrar las filas del PRO con Macri en la presidencia. Empresario forestal y fundador de la apícola Danangie, se hizo también conocido durante el levantamiento policial de 2013 en Concordia, donde ofició de espontáneo "vocero" o mediador, presentándose como "exintegrante de la Prefectura entre 1977 y 1987", dato que no fue corroborado por la fuerza. Lo mismo le dijo al diario Río Uruguay que fue a hacer esta semana a Santa Elena, cruzando la provincia desde la costa del Uruguay hasta la del Paraná: "Tengo el don de solucionar los problemas", explicó.
* Eduardo Varese es otro militante de Juntos por el Cambio de la Paz, cuyo hijo es actualmente concejal de ese partido en la localidad. Su esposa, Tacuara Flores (que no tiene parentezco con el juez que atiende en la causa) fue candidata de Domingo Cavallo. La familia es dueña de la YPF del cruce de la ciudad, camino a Corrientes. Se hizo conocido en el marco del conflicto con el campo de la 125, por una razón particular: estuvo entre los productores rurales que fueron a la explanada de la casa de Gobierno provincial y, en el intento por entrar, golpearon e hirieron en la cara a un policía. Fue procesado por ese ataque y absuelto después de varios años.
* Oscar Carranza, militante de “Juntos por Chajarí”, llegó a ser presidente del PRO en el departamento Federación.
* Sebastián Telayna, concejal del PRO de Puerto Yeruá, también formó parte de la delegación. "Yo como ciudadano simple voy a apoyar el derecho a la propiedad", explicó a los medios locales, obviando su cargo. “Una vez que el concejal Telayna regrese a nuestro pueblo deberá guardar cuarentena”, denunciaron los ediles al conocerse las imágenes de su presencia en el piquete, sin barbijo ni distancia social.
* Miguel Piana es otro conocido agitador de la zona que fue hasta el año pasado senador provincial por Cambiemos por el departamento Federación. Además del discurso que dio en el piquete, ha dado otros commo el de la “marcha por la república y las libertades”, el 12 de octubre en Chajarí, alertando por “los talibanes que nos tienen que imponer una sola verdad”. "Todo lo que pasa es por la lentitud de la Justicia", denunció el exsenador, pero presentándose como "un produtor rural sin partido" ante la radio local La Voz, al explicar cuál fue su participación como "mediador". "A mí no me interesa que sea de Etchevehere o de quien sea, el tema es el precedente que sienta en el país las tomas de tierra y las usurpaciones que nos van a llevar para otro lado", alertó.
"Estos vinieron a pisar la tierra del supremo entrerriano, la de Justo José de Urquiza, que nos dio una constitución con un artículo que dice que se debe respetar la propiedad privada", arengó Piana en la radio local La Voz. "Hay una cuestión familiar, ¿no sería recomendable que se solucione la cuestión familiar judicial para despues ver qué pasa?", le pregunta el periodista. "Precisamente ante la inacción del juez, es que la gente ya está perdiendo los estribos", responde, ubicado como "la gente".
La cadena de significantes a la que echa mano Piana es la que ata en el sentido común convocatorias como la del banderazo de hoy. Son los varones de "sangre pura" --como le dijeron al periodista Pablo Russo, cuando cubría para este diario--, alzados contra la chusma invasora. En defensa de lo que ha sido siempre y, están seguros, debe seguir siendo.
La mirada presidencial sobre los especuladores.
Hoja de ruta de Alberto
contra la ofensiva
devaluadora: las medidas
que analiza
“Tenemos instrumentos para dar la pelea financiera pero estamos en desventaja para dar la pelea mediática”, dice el presidente Alberto Fernández a quien pueda oírlo. Está convencido de que el Estado podrá resistir una colosal corrida cambiaria promovida por jugadores diversos, todos poderosos. El diario Clarín juega a fondo en sentido contrario. Su edición del viernes opera a favor de la devaluación y la vaticina. Asegura que Fernández le dio quince días al ministro de Economía, Martín Guzmán, para que arreglara la situación. Un ultimátum, reseñan. La única duda para el multimedio es quién devaluará: si Guzmán, su sucesor o “el mercado”.
Fernández replica con bronca desde Olivos que son todas mentiras, que “Martín” está firme, que cambiarlo sería un despropósito. El mandatario y el ministro concuerdan: no habrá devaluación. Están decididos, lo bien que hacen. La coalición que empuja en sentido inverso aduce que “los mercados” actúan frente a la incertidumbre política. Los gurúes charlatanes de quincho niegan el componente especulativo, atribuyen afán constructivo a “los mercados”. Alegan que es necesario consensuar un plan económico, reducir el gasto social. Y saber quién gobierna “si Alberto o Cristina”. La novedad de la etapa es el bullshit referido a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a quien cuestionan si habla, si calla, si tuitea o si respira. Las movidas devaluatorias son, por el contrario, un clásico que incluye un programa económico: pérdida del valor adquisitivo del salario, inflación, transferencia regresiva de ingresos, gasto público en picada. Un golpe tremendo al contrato social prometido en campaña e insinuado en los primeros meses de gestión.
El Gobierno adoptó tácticas intermitentes, comandadas de modo sucesivo por el titular del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, y por Guzmán. Esta columna política no entra en tecnicismos que se confían a colegas especializados. Pesce apeló a lo que los economistas graduados en Harvard llaman “el palo”, pero sin conseguir disciplinar a los especuladores o inversores. Guzmán sustituyó al hombre y al sesgo. “Más zanahoria”, dirían los doctorados en Yale, incentivos o facilidades para que salgan los dólares y se descomprima la demanda. También creación de propuestas de inversión rentables en pesos, algunas linkeables con el precio del dólar. El efecto se palpará en los próximos días. La brecha cambiaria récord es nociva, el Gobierno pulsea con fuerza. Confía en ir bajando las cotizaciones no oficiales del dólar, llegar a un acuerdo temprano con el Fondo Monetario Internacional (FMI), activar el swap con China.
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Las lógicas de la City: Las condiciones objetivas, machacan desde Hacienda o la Casa Rosada, mejoran: nada justifica la cotización alternativa del dólar. La economía real repunta, de modo constante aunque heterogéneo. Crece la recaudación impositiva, mes a mes. Sube el precio de la soja. Hay superávit comercial. Tras el canje con privados, no se está pagando deuda externa. La cotización oficial del billete verde acompaña al aumento de precios al consumidor.
Los datos no calman las tensiones cotidianas en la City, la demanda de divisas que convalida cualquier precio. Hay motivos financieros evidentes, también designios políticos.
Las cotizaciones no oficiales del dólar se fueron a la estratósfera. Va a la cabeza el apodado “dólar blue” al que antes se llamaba “paralelo” o hasta “negro” y que siempre fue ilegal.
La operatoria Contado con Liquidación (CCL, alias “contado con liqui”) mueve 30 millones de dólares diarios, calcula Guzmán. Muy por debajo del oficial pero con capacidad de propagación. Se trata de acuerdos lícitos entre privados en los que no interviene ni eroga divisas el BCRA. Pero las cotizaciones del dólar en los dos mercados (el opaco y el CCL) influyen en expectativas y comportamientos. El billete verde trepa vertiginosamente, nadie quiere desprenderse.
Los exportadores retienen las comodities en los silobolsas que funcionan como sustituto del arcaico colchón.
Los importadores adelantan compras imaginando que el blue traccionará al oficial. O, jugando dentro de los plazos legales, sacan anticipos de financiaciones para importar, los retienen.
Por doquier, en cualquier nivel, se stockea en gran escala, los negocios están atiborrados de mercaderías. Paolo Rocca, dueño y CEO de Techint, le comentó a Fernández que Siderca vendió en semanas recientes su récord histórico de chapa para mercado interno. Los corralones de materiales se nutren pensando en que hacen una diferencia y que ya vendrá la demanda. Fue durante un almuerzo en Olivos.
El CCL consiste en venta de bonos emitidos en pesos por otros cotizados en dólares, así se sale al exterior. De ahí que se hable de dólar fuga y que, tiempo atrás, se nombrara “pedal” al CCL. Los grandes Fondos de Inversión extranjeros se atiborraron de Lelic, Lebac y otros bonos emitidos durante el gobierno macrista para favorecerlo. Hoy en día se sienten acorralados en este suelo y con su moneda: desean volar hacia afuera, forrados con verdes. Perjudicar al Gobierno funciona como frutilla del postre, o como postre vaya usted a discernir.
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Los plazos también corren: Cuando se cerró el canje con los acreedores privados, el Gobierno pensaba tomarse un tiempo para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin vencimientos grandes con el organismo en el corto plazo, emergía un veranito sin pagos en divisas. El tsunami financiero cambió el clima y alteró el cronograma deseado. “Tenemos que cerrar el frente fiscal y el monetario antes de fin de año”, calibra el Presidente. Un acuerdo temprano con el FMI sosegaría ánimos, aspira, emitiría una señal.
La idea original, que pervive, es llegar a un Acuerdo de Facilidades extendidas por diez años, sin pagos hasta 2024. Pulsear firme por las condicionalidades. La titular del FMI, Kristalina Georgieva, difundió severas declaraciones sobre Argentina. Fueron leídas en los medios dominantes como una advertencia o un sosegate. El Presidente las interpretó de modo diferente, según confió a sus allegados.
La dupla Fernández -Guzmán, desde su llegada se mostró refractaria a recibir el pago pendiente que el FMI tenía pactado con el gobierno de Mauricio Macri. Pero la necesidad tiene cara de hereje, tal vez cambien de criterio. Hasta el cierre de esta nota, el Presidente insistía en que no lo desea. Pero ocurre que los meses venideros parecen eternidades. Los exportadores liquidan divisas masivamente en marzo, larguísimo plazo. El mes en que el oficialismo anhela tener la vacuna contra la covid-19, antes de que se produzca la segunda ola de contagios. Para amortiguarla, a diferencia de lo que sucede ahora en Europa.
Activar el swap con China forma parte de la hoja de ruta de AF.
Los fondos servirían exclusivamente para comercio con ese país dejando resto en las arcas fiscales para otras necesidades.
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Velocidades diferentes: El Presupuesto se discutirá durante la semana en Diputados. El oficialismo calcula contar con mayoría ajustada tras negociar mejoras con legisladores de distintas provincias. Dicho toma y daca es habitual, se repite año tras año, forma parte de canjes democráticos, negociaciones por intereses. Sobran ignorantes en política que los descalifican aunque son legales y se desarrollan a la luz del día. Suena factible que los haya hasta último momento, en plena sesión.
El presupuesto 2021 es contenido, limita mucho el gasto social, no prevé fondos para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El académico y periodista Miguel Fernández escribió, atinadamente, al respecto: “Que el árbol de la ortodoxia no tape el bosque social”.
En el Gabinete, con el Presidente a la cabeza, se confía en un rebote rápido del PBI tras la segura caída de alrededor del 12 por ciento este año. Esa cifra es casi inexorable, las proyecciones expresan voluntad y lectura del escenario.
En el equipo económico conviven pensamientos distintos, con un tronco común. Sus integrantes cuentan que se debaten orgánicamente, con espíritu de equipo y sin estridencias. La excepción, claro, son las discusiones entre Guzmán y Pesce.
En materia de gastos, concuerdan los más heterodoxos y los más cuidadosos: es imposible mantener el nivel de emisión monetaria de 2020. “El crecimiento tiene que suplir en parte el rol del sector público”, podría ser la consigna.
En todo caso, el Presupuesto avanzará rumbo al Senado, más hospitalario para el oficialismo.
Cuesta compartir (y hasta entender) por qué sigue sin tratarse en la Cámara baja el “impuesto a las grandes fortunas”. Portavoces del Frente de Todos aseguran que será llevado al recinto en noviembre. Parece imprescindible en la coyuntura. El proyecto cierra por varios lados: si se aprobara podría significar el ingreso de fondos frescos en plena malaria. Se trata de una medida redistributiva, sensata para afrontar la crisis. Fácil de explicar y divulgar. Una gabela para apenas 10 mil multimillonarios, por una sola vez.
Tras el maltrato al Presidente y a Guzmán en el Coloquio de IDEA, tras la concesión de un blanqueo a los empresarios que “sinceren” fondos para aplicar a construcción, tras la zanahoria para los inversores de la City… sumaría un gesto progresivo con potencial recaudatorio.
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Oxígeno, otras agendas: El pasado fin de semana arrimó buenas nuevas y oxígeno al Gobierno. La marcha del 17 de octubre demostró un impactante nivel de apoyo en todo el país y en surtidos estratos sociales.
La impresionante victoria del MAS en Bolivia comprueba vigencia del movimiento que lidera el ex presidente Evo Morales. Surge, revalidado como el ave Fénix, un gobierno afín en un país limítrofe rompiendo el cerco geopolítico. Se probó que la militancia existe, que la movilización da resultados, que la acción directa, combinada con la participación electoral funciona como herramienta virtuosa de los sectores populares.
La política internacional de AF, cuestionada por chavista desde afuera y por concesiva según algunos compañeros, contribuyó desde el vamos. Garantizó la vida y la libertad de Evo, concediéndole asilo luego. Argentina no cedió en ese terreno, demostró coherencia y coraje aún antes de la jura de Alberto Fernández.
La acción colectiva, el nuevo mapa regional, construyeron un inolvidable finde, alivios y alegría para el Gobierno. La consulta popular de hoy en Chile parece transitar el mismo rumbo.
El cercano envío del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) activa una agenda alternativa, de reconocimiento de derechos, honra una bandera de campaña
De cualquier modo, en tiempos de pandemia el orden de prioridades coloca muy por arriba a las gestiones en salud y en economía… mucho más que en tiempos “normales”.
En ese contexto resistir a la ofensiva devaluadora es crucial.
Volvemos al principio, el poder de los adversarios es tremendo, impresionante el apoyo mediático que reciben o que les hace de vanguardia. Como escribió ayer en este diario David Cufré, “la devaluación no es una opción. Solo hay que evitar que ocurra”.
Alberto Fernández conoce los costos de una derrota en esta brega. Confía en capear la tormenta. Los próximos días, semanas como mucho, serán decisivos.
Las falsas políticas que prometen resolver la inestabilidad del mercado cambiario
Las recetas de los economistas mediáticos para el dólar:
Mentiras, confusiones y
fantasías
Resolver la crisis cambiaria es muy sencilla. La receta está al alcance de la mano y es ofrecida por economistas todos los días. En una muestra de atraso ideológico y de debilidad de gestión, el gobierno de Alberto Fernández se niega a llevarla a la práctica. Son líneas de acción tan fáciles de comprender que sólo dogmáticos no las quieren aceptar. Son las siguientes:
1. Bajar el déficit fiscal (de 8,0 al 4,5 por ciento del PIB definido en el Presupuesto 2021 es insuficiente) y para lograrlo se debe reducir el gasto público.
2. Disminuir la emisión monetaria y frenar el financiamiento del Banco Central al Tesoro Nacional.
3. Reducir impuestos y, en esa línea, bajar las retenciones, además de no cobrar impuestos a los muy ricos.
4. Diseñar una reforma laboral.
5. Emitir señales promercado y proinversión privada porque los empresarios salvan a la economía.
Estos puntos se pueden resumir en "Plan económico con consistencia fiscal y monetaria", el cual generará un shock de confianza en los hombres de negocios, solucionará los problemas económicos y, por supuesto, tranquilizará el mercado cambiario.
Ese plan de shock debe estar acompañado con una devaluación para reducir la brecha cambiaria.
Pequeño detalle
Es tan básica y contundente la propuesta que invade con obscenidad el sentido común hasta convertirla en concepción fundamental de la acción de sindicalistas y empresarios.
Existe un pequeño detalle que no es mencionado por esos economistas e ignorado por sus habituales interlocutores que actúan de amplificadores de esas ideas en ámbitos políticos, mediáticos y corporativos: ese plan económico fue desplegado en varias ocasiones con saldo desastroso. Precipitó crisis económicas, sociales, laborales y políticas inmensas.
No han sido los supuestos 70 años de populismo lo que arrojó a la economía al estancamiento y al deterioro sociolaboral, sino esa receta de concentración y generadora de pobres.
Ese plan es un fiasco descomunal en términos teóricos, en la práctica y, en pandemia, un desquicio político.
No es necesario remontarse a la traumática experiencia de la dictadura cívico-militar, con José Alfredo Martínez de Hoz, ni a la de la convertibilidad, con Domingo Cavallo, para encontrar el desastre que genera el plan económico que hoy reclama el establishment.
Es suficiente con un mínimo esfuerzo de memoria de corto plazo para toparse con la catástrofe económica del gobierno de Mauricio Macri aplicando, precisamente, el ajuste fiscal y monetario que un coro de economistas hoy le reclama a Alberto Fernández.
Otro detalle que pasa desapercibido en el debate sobre el dólar es que esos economistas o sus herederos de la city, que tienen la fórmula para enfrentar la crisis, son los mismos que, algunos en la función pública y otros siendo fervientes defensores de esas gestiones y promotores del ajuste, fueron protagonistas de esos tres fracasos estrepitosos en términos del bienestar general y estabilidad macroeconómica.
Vulgar
La tarea que debe enfrentar Alberto Fernández es doble: no sólo debe reparar daños profundos de la herencia macrista, sino que tiene que eludir las fantasías que venden esos economistas, incluso algunos que se promocionan en el interior de la coalición de gobierno.
El desafío no es sencillo puesto que se requiere de firmes convicciones políticas para frenar la embestida del poder económico y sus voceros, que detrás del pedido de un "plan" buscan una devaluación brusca, que sería regresiva por el impacto inflacionario devastador en los ingresos de la población.
El análisis económico local es tan vulgar que ignora por completo que el 90 por ciento de la economía mundial está en recesión. Las políticas fiscal y monetaria expansivas han sido fundamentales para evitar una crisis todavía de mayor envergadura.
Existe un factor central en esta crisis que es ocultado hasta el absurdo: la pandemia. El coronavirus ha desmoronado a casi todas las economías; sólo China crecería este año apenas el 1 por ciento, la variación positiva más baja en los últimos 40 años para la potencia asiática.
No sólo se esconden los impactos negativos de la pandemia, sino que la economía argentina está en una situación relativa peor. La mayoría de los países puede emitir deuda para financiar los paquetes de emergencia para atender empresas, trabajadores y sectores vulnerados. Debido al pesado legado de la administración macrista, el Gobierno no sólo no pudo emitir deuda para financiarse, sino que tuvo que encarar un desgastante proceso de reestructuración de la deuda en default virtual con los más poderosos grupos financieros del mundo.
Anticuarentena = antiemisión monetaria
En el terreno del relato sobre qué hacer en esta crisis, liderado por una fuerza de derecha política y mediática abrumadora, la disputa sobre cómo influir en las expectativas sociales y económicas se encuentra desequilibrada.
La mayoría de los países, además de deuda, pudo emitir su propia moneda sin muchas restricciones. En cambio, la economía argentina lo pudo hacer pero con una intensidad menor, a un ritmo por debajo del promedio de la región y muchísimo menos en relación a países desarrollados.
Pese a ello, las críticas a la expansión monetaria han sido persistentes y la forma de debilitar esa casi exclusiva vía de financiamiento fue señalar que la suba de los dólares Bolsa y blue estuvo motorizada por esa emisión, sin ninguna prueba concluyente que permita respaldar esa sentencia.
Durante meses estuvieron asustando con el fantasma del desborde de precios y hasta de la hiperinflación por la emisión monetaria, situaciones que no se verificaron. Por el contrario, ha habido una caída de 20 puntos de la tasa de inflación interanual con una efectiva administración de precios y además con el control de precios clave: tipo de cambio oficial, tarifas y salarios.
La emisión monetaria fue el salvavidas para empresas, trabajadores y grupos sociales vulnerados.
Cuestionar la expansión monetaria y la consiguiente ampliación del gasto público tiene la misma lógica de quienes han fomentado con éxito la anticuarentena: que se mueran quienes se tengan que morir.
O sea, cuestionar la emisión monetaria que financió los programas IFE y ATP significa en los hechos desproteger económicamente a la mayoría de la población. Esto hubiera significado, en línea con la premisa anticuarentena, que se caigan del sistema quienes se tengan que caer.
A la derecha del FMI
No pocos pueden caer en la tentación de afirmar que pese a la red de emergencia la pobreza aumentó, la desocupación creció y la economía se desmoronó. Las últimas cifras oficiales de esos indicadores reflejan ese deterioro. Ese derrumbe fue provocado por la pandemia. Lo que no se menciona es que el dispositivo de auxilio, diseñado y aplicado en tiempo record, evitó que la caída sea todavía peor.
Quienes minimizan ese efecto amortiguador utilizan el mismo argumento perverso de los anticuarentena, que militaron las flexibilizaciones mintiendo que Argentina tenía la "cuarentena más larga del mundo", y ahora, conseguido el objetivo de la apertura con los consiguientes registros dramáticos de contagios y muertes en el ranking mundial, critican la política sanitaria y de cuidado y dicen que la cuarentena fracasó.
La red de emergencia no pudieron desarticularla pese a que lo han intentado con la prédica contra el gasto público y la emisión monetaria.
Tan a la derecha ha quedado ese discurso económico dominante que el Fondo Monetario Internacional, emblema de la ortodoxia económica, ha quedado a su izquierda. Es una situación impactante teniendo en cuenta la historia del FMI con Argentina.
El Fondo sigue en el mismo lugar de siempre, defendiendo intereses de las potencias y de sus multinacionales (empresas y bancos), y en el caso específico de Argentina con el objetivo principal de garantizar el repago del inmenso préstamo entregado al gobierno de Macri. Pero en esta crisis global propone líneas de acción en materia fiscal y monetaria que desafía los análisis ramplones de economistas locales.
Salvataje
El último reporte "Perspectivas Económicas. Las Américas. La persistencia de la pandemia nubla la recuperación" del FMI muestra el nivel ridículo del debate que ofrece la mayoría de esos economistas.
Considera que fue fundamental la expansión monetaria y fiscal para salvar a las economías de la región de un derrumbe aún mayor. La caída del PIB latinoamericano se estima en -8,1 por ciento para este año, y en ese ranking Argentina retrocede 11,8 por ciento.
Los técnicos del FMI ofrecen un argumento irrefutable: el efecto macroeconómico de las medidas fiscales en América Latina y el Caribe evitó una caída adicional de 6-7 por ciento en promedio. O sea, sin la expansión monetaria y fiscal, el PIB de la región hubiera retrocedido 14-15 por ciento, y la economía argentina,18-19 por ciento con la consiguiente explosión sociolaboral.
El cuadro adjunto muestra que el gobierno de Alberto Fernández ha destinado recursos equivalentes a 6,73 por ciento del PIB en diferentes programas de asistencia.
Un ejercicio contrafáctico, teniendo en cuenta el impacto dramático que ha tenido la pandemia en términos económicos, sociales y laborales, sería determinar cuál hubiese sido el cuadro general sin esa emisión monetaria para financiar el gasto público de esos programas.
De acuerdo a un trabajo conjunto realizado por los ministerios de Desarrollo Productivo, Economía y de Trabajo, el IFE evitó que entre 2,7 y 4,6 millones cayeran en la pobreza y la indigencia.
El programa ATP, en tanto, fue fundamental para morigerar la reducción del empleo asalariado formal, que cayó 2,7 por ciento entre febrero y junio, muy por debajo del 10,3 por ciento registrado en Brasil y del 15,0 por ciento en Chile en el mismo período para la misma categoría ocupacional.
El informe del FMI afirma que "los países de América Latina y el Caribe desplegaron medidas en varios frentes para mitigar las secuelas inmediatas de la covid-19 en la salud y en el ámbito socioeconómico. Anunciaron un apoyo fiscal equivalente a aproximadamente 8 por ciento del PIB, en promedio".
Para concluir que esas medidas excepcionales fueron "cruciales para apoyar la actividad económica a fin de evitar desaceleraciones económicas aún más fuertes y repercusiones sociales más severas".
El debate económico local se orienta a cuestionar esas políticas expansivas culpándolas de la inestabilidad cambiaria.
Inconsistencia
El fiscalismo extremo de gran parte de los economistas del establishment es patético porque no pueden mostrar evidencia empírica del beneficio económico de esa obsesión. Aseguran que las crisis locales tienen origen en el desequilibrio fiscal, cuando la dinámica de las debacles exhibe en forma contundente que ha sido por la fragilidad del sector externo.
Otra vez no hay que remontarse a crisis lejanas; la macrista es una muestra traslúcida de esos disparates fiscalistas. En 2018 y 2019, a partir de un recorte brutal del gasto público, en especial en obras públicas y en áreas sensibles como Educación y Salud, el déficit fiscal primario (que no incluye el financiero) se redujo sustancialmente.
¿Qué pasó con la paridad cambiaria en esos años?
La devaluación fue brutal porque el problema no era fiscal, sino del sector externo por la desregulación absoluta de la cuenta capital y el déficit creciente del balance comercial por la apertura importadora.
El monetarismo fanático repite la misma inconsistencia. En esos últimos dos años del gobierno de Macri, el ajuste monetario fue salvaje con el objetivo de cumplir con el mandato "Base monetaria cero". El saldo de ese desvarío teórico y práctico fue desastroso: no sólo no bajó la inflación, sino que la tasa de variación de los precios trepó al 53,8 por ciento en 2019, el índice más elevado desde el estallido de la convertibilidad.
¿Qué pasó con la paridad cambiaria?
El tipo de cambio oficial registró una fortísima suba.
La secta de economistas experta en pronósticos fallidos reclama sin fundamentos el ajuste fiscal y monetario para controlar el dólar. Pero el estrangulamiento fiscal y la política contractiva no explican lo que pasa en el mercado cambiario, y no lo explicaron ni antes ni ahora.
La operación política del capital concentrado. Quiénes buscan forzar una
megadevaluación
La mano invisible que tira el
golpe de mercado
Mientras los medios tradicionales buscan justificar un cambio de pólítica económica, bajo argumentos del tipo "es necesario restablecer la confianza" o "el gobierno tiene que dar señales en el sentido que los operadores y analistas están esperando", desde la vereda de quienes se saben los grandes perdedores en caso de una megadevaluación como la que se impulsa, empiezan a responder sin pelos en la lengua. "Hay toda una movida de grupos concentrados, que manejan un gran volumen de fondos especulativos en el mercado financiero, que buscan llevar al gobierno a una megadevaluación", lanzó este viernes Pedro Salas, presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, no alineado con CRA ni con la Mesa de Enlace según aclara. "Es terrorismo de mercado, terrorismo del dólar", sintetizó. Otro frente conformado por organizaciones pymes, confederaciones sindicales y cooperativistas denunció "el accionar extorsivo de poderosos operadores del capital concentrado industrial, financiero y agroexportador que son los responsables de la corrida cambiaria que todos los días ponen en vilo a los argentinos". El título del documento, nada elíptico, es "Vienen por el gobierno y el pueblo argentino".
Detrás de las pantallas que presentan entre llamas las cotizaciones del dólar en sus distintas acepciones paralelas (Blue, CCL, MEP), no hay nada que se parezca a las situaciones que han caracterizado otras crisis cambiarias en Argentina. Ni personas arremolinadas en torno a los "arbolitos" (captadores de clientes para las cuevas cambiarias) en la city porteña, ni operadores de bolsa o de mesas de dinero atosigados de pedidos de compra o venta de divisas.
El mercado se mueve con escasísimas operaciones, por montos exiguos respecto de los negociados en tiempos "normales" (si es que se pudiera hablar de algo así en este asunto). Con compraventas de no más de 20 ó 30 millones de dólares en la plaza, principalemente vía dólar "cable" (Contado con liqui, transferencia entre cuentas del exterior) o dólar "bolsa" (MEP, entre cuentas locales de inversión bursátil), más transacciones mínimas callejeras (dólar blue) se "arma" el mercado. Increíble pero real.
Una crisis de diseño
Argentina no enfrenta un "problema serio de restricción de divisas" en este momento ni, mal que le pese a muchos, de "atraso cambiario". El ministro Martín Guzmán enfatizó sobre este tema en su raid mediático del día viernes, sin lograr que le prestaran mucha atención. No hay presión de divisas por vencimientos de la deuda, porque la reestructuración logró patear para adelante, varios años, los vencimientos. No hay problema de desbalance del comercio exterior, porque el intercambio comercial es positivo para el país. No hay demanda de dólares para turismo, porque no hay turismo al exterior. Y el Banco Central tampoco está carente de reservas, con más de 40.000 millones de dólares de saldo, aunque el disponible sea muy inferior.
Es decir, no hay razones económicas que expliquen una crisis cambiaria, dice Guzmán con razón. Pero hay una crisis. Que, claramente, tiene una raíz política: el objetivo de quienes la impulsan es que el gobierno se vea obligado a tomar la decisión de devaluar el dólar comercial. Para beneficio de quienes la provoicarían, pero también para debilitar al gobierno, para someterlo a las condiciones que los sectores dominantes impongan, y para ponerle límites a políticas tales como "un aporte extraordinario de las grandes fortunas".
"Hoy no tenés ese tipo de problemas de inconsistencias macroeconómicas, no es eso lo que hace ruido en el mercado, porque si no tendrías otro volumen de operaciones. Lo que existe es un objetivo de disciplinamiento al gobierno", señaló a este medio una fuente que conoce ese mercado financiero desde adentro, tanto en sus manejos como en sus terminales políticas.
Sin embargo, hasta el momento, el gobierno ha respondido con "medidas de mercado", como si la crisis tuviera su razón de ser en ese tipo de desequilibrios, y fracasó. Desatendió la alternativa de actuar políticamente sobre los que la provocan; entidades financieras que alimentan las cuevas, operadores de "contado con liqui" no siempre genuinos, agentes de comercio exterior que desvían u ocultan operaciones, y diversas formas de transferencias (pago de importaciones anticipadas, cancelación de deudas con dólares del BCRA de quienes tienen fuertes activos financieros en el exterior) que parecieron contar con el beneficio de una ingenuidad ilimitada de los responsables de controlarlas.
Terrorismo cambiario
El recientemente creado Espacio Producción y Trabajo, que terminó de darle forma al encuentro de entidades que venían trabajando juntas desde hace tiempo (CTA de los Trabajadores, Corriente Federal de la CGT, Cgera, Mesa Nacional de Unidad Pyme, entidades cooperativas y rurales), lo describió de este modo:
"Esta forma de terrorismo económico”, pretende consumar un nuevo golpe de mercado, con el objetivo de desgastar y desestabilizar al Gobierno Nacional y de obtener de un manotazo desmesuradas ganancias a costa del padecimiento de los que necesitan trabajar y los que queremos producir. Pretenden forzar una fuerte devaluación, la que generaría un aumento generalizado de precios y por consiguiente la pérdida de poder adquisitivo del salario, lo que profundizaría la recesión".
"Tampoco se justifican las maniobras especulativas, que bajo el supuesto de una posible devaluación, están generando un alza de precios, fundamentalmente de alimentos, que castiga fuertemente el poder adquisitivo de las mayorías populares".
El dirigente rural cordobés Pedro Salas, argumentó a su vez que "la especulación le quiere torcer el brazo a la actividad productiva, son dos modelos de país en disputa. O vamos a un modelo de especulación financiera como el que dejó Macri, el del ciclo de tomar deuda, bicicleta financiera y fuga, o insistimos en los que se está haciendo, con mucho esfuerzo, que es reactivar las pymes, poner el esquema productivo de pie y volver a tener un modelo de producción y desarrollo. Ahí está la puja".
Diputados del PRO denuncian un increíble plan pro-impunidad de CFK
Otra insólita denuncia
impulsada por Stornelli
Luciana Bertoia
Imagen: NA
Procesado esta semana por integrar una asociación ilícita paraestatal durante el macrismo que tuvo entre sus objetivos a los funcionarios del kirchnerismo, el fiscal Carlos Stornelli viene descollando en las últimas semanas con el impulso de causas contra funcionarios de la gestión actual. Mientras trata de mantener a flote la denuncia contra la defensora del Público Miriam Lewin por la creación del Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales NODIO -- en la que mostró una pluma pomposa --, Stornelli sigue en su cruzada para encender una denuncia con ribetes desopilantes que involucra a cinco altos funcionarios en un supuesto plan pro-impunidad.
Aunque menos promocionada que su pedido de cautelar e indagatoria contra Miriam Lewin, Stornelli impulsa una causa contra Carlos Zannini (Procuración del Tesoro), Juan Martín Mena (Secretaría de Justicia), Félix Crous (Oficina Anticorrupción), Guillermo Nissen (Inspección General de Justicia - IGJ) y Horacio Pietragalla (Secretaría de Derechos Humanos). Los denunciantes son básicamente los mismos que hicieron la presentación contra Lewin: los diputados de Juntos por el Cambio Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Graciela Ocaña, Jorge Enríquez, Álvarez de Lamadrid, entre otros.
Los diputados macristas dicen que los funcionarios son parte de un plan para “desbaratar las investigaciones y avanzar hacia la impunidad de (Cristina) Fernández de Kirchner, sus hijos y algunos de sus excolaboradores”. Según ellos, se habrían nombrado a partir de diciembre a funcionarios vinculados para evitar que las causas avancen.
Los aportes para el supuesto plan pro-impunidad de cada uno de los denunciados no tienen desperdicio. Por ejemplo, Zannini no haría que la Procuración del Tesoro participe en la recuperación de activos en causas de corrupción. Mena, por su parte, habría hecho depender de su Secretaría el Programa de Protección de Testigos -- que incluye a los arrepentidos y estos habrían pedido su salida del programa. Lo cierto es que los cambios al Programa empezaron durante el macrismo, cuando buscaron pasarle el área a la Corte, a la Cámara de Casación e incluso a la Cámara Federal sin demasiado éxito. En el caso de Pietragalla, critican que la Secretaría de Derechos Humanos se haya interesado por la situación de Ricardo Jaime y Martín Báez en las causas o que Félix Crous haya desistido querellas en las causas Hotesur y Los Sauces inicialmente. De Nissen dicen que, desde la IGJ, bloquea el acceso a información del Instituto Patria porque es la “usina de ideas (...) de donde salen los criterios sobre el lawfare”, que serían los que buscan “desprestigiar” las causas.
Stornelli adhirió a ese planteo e impulsó una serie de medidas que buscan básicamente auditar la tarea de distintas áreas del Estado. Por ejemplo, como los denunciantes dicen que la Procuración del Tesoro debería participar del recupero de activos, Stornelli pidió todos los expedientes vinculados a este tema que se hayan sustanciado desde el 10 de diciembre del año pasado o pretende que la IGJ conteste si tiene un legajo vinculado al Instituto Patria o en qué expedientes se presentó la Secretaría de Derechos Humanos.
La causa, en realidad, se inició con una denuncia contra Crous -- que después se amplió a otros funcionarios -- por haber desistido las querellas en Hotesur y Los Sauces, un debate que desde la Oficina Anticorrupción saldaron esta semana con la resolución que establece que el organismo no querellará en ninguna causa y será reperfilado hacia las políticas de prevención de la corrupción. En ese tramo, la jueza María Eugenia Capuchetti le dijo a Stornelli que no había delito porque la Oficina tiene la facultad de querellar pero no la obligación de hacerlo, y decidió sobreseer a Crous. Incluso Capuchetti con cierta delicadeza le sugirió que estaban haciendo forum shopping porque había una causa con similar objeto, pero que el fiscal Federico Delgado no impulsó porque dijo que, podía no compartir la decisión de Crous, pero eso no implicaba que hubiera un incumplimiento en sus funciones.
Stornelli no se amilanó y apeló. En su cruzada, contó con el aval del fiscal ante la Cámara, José Agüero Iturbe, que dijo que era “inadmisible consentir el cierre de la investigación por un acontecimiento sospechado de corrupción atribuido al titular de la Oficina Anticorrupción”. La Cámara Federal porteña tiene aun por resolver la apelación de Stornelli - Agüero Iturbe contra el sobreseimiento de Crous y decidir quién investiga la otra trama que fueron edificando Stornelli con las denuncias de Juntos por el Cambio, tres referentes de la Coalición Cívica y la abogada Silvina Martínez, porque Capuchetti la mandó a sorteo, diciendo que se trataba de una investigación diferente a la que ella originalmente tuvo en su poder.
El tándem Stornelli - Agüero Iturbe viene funcionando con cierta sintonía en otra de las empresas que persigue el fiscal procesado: traer las causas de espionaje que tramitan en Lomas de Zamora a Comodoro Py, como reclaman los imputados Gustavo Arribas y Darío Nieto y los damnificados Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Diego Santilli. Lo paradójico es que un fiscal procesado por ser parte de una trama de espionaje con sectores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y con el falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio sea el que busque hacerse de la causa de Lomas. De hecho, el viernes, en su dictamen sobre el espionaje en las cárceles, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide trazaron una línea entre las escuchas que la AFI hacía en las causas con las transcripciones que llegaban a manos de Stornelli para impulsar denuncias contra la causa que lo tiene como imputado en Dolores.
“No hay duda ya que Stornelli fue una parte involucrada en la maquinaria de persecución desplegada por el macrismo. Fue uno de los actores elegidos para llevarla adelante”, le dice a Página|12 el abogado Alejandro Rúa, que querella en Lomas y en Dolores y que representa a Crous en la causa actual. “Lo que está desplegando ahora es una estrategia de defensa. Sigue jugando el mismo juego que antes, pero ahora lo hace en forma cada vez más desesperada y solitaria”, agregó.
Stornelli no sólo tiene abierto el frente judicial, sino también que las críticas por su actuación como fiscal y su sostenimiento arrastran al actual procurador interino Eduardo Casal, que lo ayudó a ganar tiempo para no presentarse a indagatoria en Dolores. Mañana, cuando se reúna la bicameral que monitorea al Ministerio Público, la comisión requerirá informes a Casal en dos temas que tocan al fiscal Stornelli. En primer lugar le van a preguntar por qué apuró concursos para cubrir vacantes de fiscales que estuvieron congelados por un año y medio y sostuvo en uno de ellos a Stornelli -- que nunca estuvo en una situación de concurso-- como evaluador. Su permanencia ocasionó la renuncia del juez de la Corte Suprema santafesina Daniel Erbetta, quien se excusó por razones de mínima ética académica y judicial por no querer compartir un jurado con un fiscal que está siendo investigado penalmente. El Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) se sumó ayer a la ola de repudios.
En segundo lugar, la bicameral le va a consultar a Casal qué se hizo desde la Procuración para que los fiscales cumplieran con la ley del arrepentido que obliga a tener grabaciones de las declaraciones. Stornelli descolló con el uso de la figura del arrepentido en la causa cuadernos, pero olvidó cumplir con la ley. Por último, la comisión va a pedir informes al juzgado federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado sobre una causa que tramita allí y en la que presuntamente estaría involucrado Stornelli en la compra-venta de objetos nazis. En Comodoro Py y alrededores se aburre el que quiere.
Todo lo que reveló la resolución del juez Alejo Ramos Padilla
La banda de Carlos Stornelli y Marcelo D'Alessio: espionaje, extorsión, persecución de opositores y venganzas personales
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Natacha Jaitt; la familia de Pablo Escobar, el patrón del mal; el triple crimen de General Rodríguez; el programa Animales Sueltos; la Aduana; la banda de Los Monos; los abogados molestos; el ex marido de la actual esposa de Carlos Stornelli y muchos más protagonistas y hechos se mezclaron en la resolución firmada en la última semana por el juez Alejo Ramos Padilla, que dejó a un paso del juicio oral al fiscal Stornelli, al falso abogado Marcelo D'Alessio y demás acusados de integrar una banda paraestatal dedicada al espionaje y la extorsión. El juez describió en 1125 páginas una serie abrumadora de pruebas para sostener la existencia de una asociación ilícita, con terminal en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que cometió todo tipo de delitos. A veces extorsionar, otras veces armar causas para incidir en el proceso político, siempre perseguir opositores y, de vez en cuando, ajustar cuentas con exmaridos o enemigos personales.
Informes
El juez de Dolores cuenta en detalle la forma en la que Marcelo D’Alessio participó de la operación para vincular a Aníbal Fernández con el triple crimen de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. D’Alessio armaba supuestos informes, sin ninguna base fáctica real, y se incorporaban a un legajo que llevaba adelante el fiscal de Mercedes que investigó el caso originalmente, Juan Ignacio Bidone, que también era parte de la banda. Lo asombroso es que Bidone ya no tenía el expediente, porque pasó a la jueza María Servini. O sea que el legajo era ilegal. Sin embargo, D’Alessio se reunió con Elisa Carrió y --según él-- participó aportando información para la famosa entrevista en casa de la diputada en la que el expolicía José Luis Salerno repitió tres veces que Fernández era La Morsa. Es decir que la banda armaba material falso que luego se usaba en la política y en los medios.
Fiscal
El juez le adjudica a Carlos Stornelli participación decisiva en varias operaciones de inteligencia y de aprietes. Por ejemplo, la coacción al gerente de Pdvsa Gonzalo Brussa Dovat para que declarara contra Julio De Vido y Roberto Baratta; la realización de una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira; el armado de una causa sobre terrorismo para perjudicar a empresarios en Uruguay; la declaración trucha de D’Alessio en la causa por el Gas Natural Licuado; la extorsión a Pedro Etchebest; y el apriete a la ex pareja de un financista. En la mitad de los casos está la intención de perseguir opositores y hay otra parte dedicada a acompañar -en algún caso sin saberlo-- las extorsiones del falso abogado.
Pero lo que tiene un peso específico notorio es el espionaje al piloto Jorge Castañon, cuyo “delito” consistía en ser el ex marido de la actual pareja de Stornelli. “Fue exclusivamente por sus intereses personales”, dice el juez. En concreto, Ramos Padilla detalla cómo el fiscal pidió que se haga inteligencia ilegal sobre Castañon e incluso habla con D’Alessio de involucrarlo en un hecho ilícito. Los diálogos sugieren que D’Alessio y Stornelli barajaron la idea de colocarle droga en una valija. El magistrado transcribe que evalúan “dónde cortarlo”, es decir dónde hacerlo detener, si en Estados Unidos o la Argentina. De entrada, piensan en la idea de acusarlo por traer un bagayo, o sea algún electrodoméstico o ropa para vender, en el equipaje. “Yo le haría algo peor --sugiere D’Alessio--, pero lo tenemos que hablar personalmente.” Es obvio que el plan era plantarle droga en una valija.
Operatoria
El magistrado de Dolores enumera varios casos en que la modalidad consistía en que D’Alessio amenazaba con que Clarín y el periodista Daniel Santoro publicarían algo a menos que la persona aceptara pagar o declarar o contratar los servicios del propio D’Alessio y su grupo. En el listado aparece, por ejemplo, la llamada mafia de los contenedores: D’Alessio les exigía a las esposas de los detenidos que contrataran su estudio de abogados por una fortuna --500 mil dólares-- o caso contrario se publicaría en Clarín --como ocurrió-- una nota en su contra. Exactamente igual sucedió con el exsecretario presidencial Pablo Barreiro. Y lo mismo con el ex gerente de Pdvsa Brussa Dovat: o aceptaba declarar ante el fiscal Stornelli o publicarían nota en Clarín. Con la misma amenaza, les exigieron dinero a empresarios, como Pedro Etchebest o Mario Cifuentes. Los casos son muy repetidos y por eso Ramos Padilla en su resolución no sólo mantuvo el procesamiento de Santoro por coacción y extorsión, sino que ahora lo consideró participante de la asociación ilícita.
En su defensa, Santoro argumentó que fue engañado y usado por D’Alessio en todos los casos. El juez no evalúa si Santoro iba publicando cosas porque le servían en su cruzada política o si tuvo interés económico, porque lo fundamental para el magistrado es que la base fue el apriete y el espionaje ilegal. Por ejemplo, el periodista presentó al falso abogado como agente de la DEA a jueces, fiscales y colegas, pese a lo cual le contó cuáles eran las fuentes y cuál el pensamiento político de sus colegas del programa Animales Sueltos. Con esos datos, D’Alessio armó un informe de inteligencia que se entregó en la AFI. O sea que lo objetivo es que participó --según Ramos Padilla-- de una organización que espió ilegalmente.
Sin embargo, la prueba más seria que el juez de Dolores le imputa a Santoro es que cuando D’Alessio extorsionaba al empresario Mario Cifuentes pidiéndole 1.200.000 dólares, le advirtió que le mandaría mensajes por televisión en dos días consecutivos. En esos dos días, Santoro mencionó la empresa OPS al aire, cuando se estaba refiriendo a la brasileña OAS. Sucede que OPS es la empresa de Cifuentes y las menciones coincidieron con la amenaza. Santoro dice que se equivocó.
Patrón
A partir de la página 790 de su resolución, Ramos Padilla cuenta cómo D’Alessio trabajó con Patricia Bullrich alimentando la existencia de una megaorganización que blanqueaba dinero del narcotráfico. El magistrado afirma que no sabe si la operación la armó la AFI y D’Alessio fue el instalador o si D’Alessio fue el armador de todo y le dio la información a la AFI.
En concreto se menciona a un colombiano, José Jairo Piedrahita Ceballos, al ex jugador de Boca Mauricio "Chicho" Serna, a la viuda y al hijo de Pablo Escobar Gaviria y al abogado argentino Mateo Corbo Dorcet. Todo motivó una conferencia de prensa de Bullrich, mucho marketing y una enorme causa judicial. La base, que todo indica que aportó falsamente D’Alessio, consistía en que Piedrahita Ceballos fue acusado en 2016 por narcotráfico en Estados Unidos y se decía poco de que sus compras e inversiones en la Argentina fueron en 2008. Al final de la historia, la imputación al colombiano en Miami fue por el pago de una coima y Piedrahita Ceballos hoy está en libertad. Pero el efecto buscado era que el gobierno de Macri y Patricia Bullrich se pudiera colgar una gran medalla en la lucha contra las drogas. Como todo lo de D’Alessio, resultó ampuloso, grandilocuente, pero falso.
Mesa
En el escrito de Ramos Padilla figura la “Operación Jaitt”, informes preparados sobre la presencia de la fallecida modelo en la mesa de Mirtha Legrand. Está claro para el magistrado que la ubicación de Jaitt en el programa fue una operación de inteligencia armada por la AFI para ir contra enemigos más bien personales de la cúpula de la central de espías. Un caso claro fue el de Carlos Pagni, a quien trataron de perjudicar con los dichos de Jaitt, porque Pagni denunció a parte de los directores de la agencia.
El trabajo de D’Alessio era producir contrainteligencia, o sea echarles la culpa a otros --no a la AFI-- de la presencia de Jaitt en la mesa. Para eso, pretendió acusar a Gustavo Vera o a Raúl Martins, el proxeneta que está en México. El caso le permitió a Ramos Padilla aportar más elementos que exhiben que la banda que tenía como eje a D’Alessio fue una organización paraestatal, donde las órdenes venían de la AFI y el dinero también. Eso sí, más de uno aprovechó la operatoria ilegal para poner en marcha sus propias extorsiones y venganzas.
El gabinete en medio de las turbulencias
Equipo económico: con diferencias pero en buen clima
Fernando Cibeira
"Sé que la gente no lo cree, pero en el gabinete se trabaja con muy buen clima. Obviamente que tenemos diferencias, pero una vez que nos ponemos de acuerdo tiramos todos para el mismo lado", definía uno de los integrantes del equipo económico el clima interno en medio de las turbulencias por el dólar. Ahora sí, claramente, es el ministro Martín Guzmán quien está a la cabeza de las políticas y los voceros del Banco Central se llamaron a silencio, a la espera de que la situación encuentre su cauce. Así las cosas, la visión mayoritaria era que, por ahora, no se producirá el tan meneado cambio de gabinete. Más que un enroque de nombres, hay quienes piden que con el oxígeno conseguido con el acto del 17 de octubre haya un relanzamiento del Gobierno con planes y objetivos concretos para encarar el año electoral.
El clima interno es bueno porque -sostienen- del presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para abajo, en esta gestión predomina la gente amable y que no trabaja en la intriga de llevar y traer para complicar a alguien. Hubo diferencias de criterios entre Guzmán y el titular del Central, Miguel Pesce, que el Presidente zanjó. Los resultados no fueron los esperados y ahora la preeminencia la tiene el ministro de Economía, que desmienten que esté trabajando con plazos perentorios. "Son cosas que escriben en los diarios para presionar, pero no es el estilo del Presidente andar poniendo plazos", sostenían en el equipo económico.
Hay un frente sólido en torno a la idea de no devaluar ni ceder a la receta que buscan imponer desde los mercados. Insisten que no hay razones objetivas para ello, más alla de las presiones de los sectores exportadores y del comportamiento contagioso que se genera en estas ocasiones. Con su tono tranquilo y didáctico, Guzmán comenzó a aparecer en los medios en busca de echar un manto de calma a la situación, algo que varios reclamaban. El Presidente y Guzmán mantuvieron esta semana un almuerzo en Olivos con el titular de Techint, Paolo Rocca, con el objetivo de reestablecer puentes con el sector del empresariado que aparece más distanciado de la gestión. También hubo otro encuentro con Marcos Bulgheroni, el CEO de la energética Pan American Energy.
En cambio, lo que se suspendió fue la llamada mesa de los martes que reunía al Presidente y Cafiero con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el jefe de bloque de diputados, Máximo Kirchner, los ministros más políticos como Gabriel Katopodis y Wado de Pedro y algunos intendentes. Allí repasaban la agenda y evaluaban algunas medidas. "Está claro que Alberto prefiere mantenerse en el esquema radial, hablando con cada uno de manera personal", analizaba un funcionario respecto a esa resolución.
La vicepresidenta Cristina Kirchner, y el kirchnerismo en general, parecen mirar con alguna distancia las medidas que se vienen tomando en materia económica, lo mismo que las idas y vueltas respecto a algunas decisiones. Incluso, con diferencias respecto al proyecto de presupuesto al que ven demasiado preocupado en mantener los equilibrios, en un año en el que serán necesarios expandir los recursos para apuntalar una rápida reactivación. También sobre cuestiones de comunicación. Algunos ministros, se quejan, no defienden sus proyectos ni se conoce bien qué hicieron hasta ahora.
Respecto a estas críticas, un ministro reconocía diferencias entre quienes vienen de la política --como es su caso-- y quienes no. "Me parece que les cuesta tener un registro completo de la situación, es como que se ocupan únicamente de lo que tiene que ver con su agenda del día", comentaba sobre sus colegas. Ahora Guzmán salió a dar pelea pero la idea que queda en un sector del Gobierno es que la intervención se percibe demasiado light para sostener la pulseada en un momento tan complicado y con intereses tan pesados en pugna. "Esto de dar una conferencia de prensa, anunciar una medida y quedarse sentado esperando que dé resultado, da la sensación que no está funcionando", comentaba un funcionario.
Más allá de estos diferentes puntos de vista, había una coincidencia en cuanto a que el Presidente no estaría evaluando ahora mismo un cambio de gabinete. "Está demasiado anunciado, aparecería como cediendo", comentaba un ministro. Pero, en cambio, había quienes veían con más urgencia un reordenamiento de tareas en el elenco oficial y que se marque un objetivo claro. Si se quiere, un relato. "El kirchnerismo y, a su manera, el macrismo, lo elaboraron. Nosotros más o menos lo teníamos, pero nos agarró la pandemia. Ahora se desgastó, haría falta reinventar alguna cosa para ponernos a trabajar todos en esa línea", comentaba un integrante del gabinete.
El acto del 17 de octubre pasado, el resultado electoral en Bolivia y los eventos por el aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, marcaban, eran elementos que al Gobierno le sirven para ganar sustento político y movilizar a dirigentes y militantes. "Obviamente es fundamental enderezar la economía, pero también tenemos que empezar a trabajar en otras ideas que sirvan para reunificarnos y lanzarnos de nuevo. Hay que pensar que pronto vamos a estar en campaña", alertaba el funcionario.
Los diputados de Córdoba Federal respaldarán la agenda económica que el gobierno mandó al Congreso
Schiaretti y Alberto Fernández acercan posiciones y piensan en el 2021
Agustin Alvarez Rey
La decisión de Alberto Fernández y el trabajo político del presidente del bloque de diputados, Máximo Kirchner, junto al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, fueron claves en el acercamiento con Schiaretti. "Al contrario de lo que algún prejuicioso puede suponer, dos dirigentes de La Cámpora son los responsables de la excelente relación entre Córdoba y el gobierno nacional. Máximo Kirchner y "Wado" de Pedro son los únicos dos dirigentes del peronismo nacional que a lo largo de los últimos años han entendido la política de Córdoba. Eso se nota en al relación entre los gobiernos, y la presencia del Gobernador el 17 de octubre también tiene que ver con eso", sentenció uno de los hombres que trabaja codo a codo con Schiaretti en la estrategia a nivel nacional.
Desde el kirchnerismo cordobés son más cautelosos respecto del alcance de los acuerdos posibles. Remarcan que Córdoba es una provincia ahogada financieramente que necesita la asistencia de Nación y que en base a eso se trabaja tema por tema. Sin embargo, reconocen el aporte extraordinario que hizo el gobierno de Fernández en materia de recursos para que la provincia no se vea afectada en sus gastos corrientes, pero señalan que pensar hoy en un acuerdo electoral es prematuro.
Pero la única verdad es la realidad, y los cuatro diputados que responden a Juan Schiaretti van a acompañar tres proyectos que aparecen como centrales en la agenda económica que el Poder Ejecutivo ya envió al Congreso: el presupuesto 2021, el aporte extraordinario de las grandes fortunas y la reducción de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. “Van a tensionar hasta el final, pero van a acompañar. Vamos a contar con los cuatro votos del bloque de Schiaretti para el Presupuesto y para grandes fortunas”, aseguró ante Página/12 uno de diputados del Frente de Todos.
Desde el bloque de diputados del oficialismo también señalan que, en buena parte, más allá del diálogo que pueda tener Alberto Fernández con el gobernador cordobés, el puente entre en Frente de Todos y el “cordobesismo” lo construyeron Máximo Kirchner y “Wado” de Pedro. El diálogo obligado desde que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que se intensificó a partir de la propagación de los incendios en la provincia mediterránea, ayudó a construir una relación política que se vio coronada con la participación a distancia de Schiaretti en el acto del día de la Lealtad.
Sin embargo, el debate que se dio en Comisión sobre el presupuesto 2021 abrió una serie de interrogantes sobre el apoyo del bloque Córdoba Federal al proyecto presentado por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Los legisladores que responden a Schiaretti fueron de los que más cambios reclamaron. Dieron una dura discusión sobre el monto de la partida asignada al subsidio del transporte público en el interior del país. Y pese a que consiguieron un aumento significativo en el monto, acompañaron el dictamen en disidencia. Desde el oficialismo entienden que todavía hay tiempo para negociar y aseguran que el próximo miércoles en el recinto votarán a favor del primer presupuesto de la era Fernández.
La relación política que se consolidó en base a necesidades concretas y acuerdos pragmáticos genera expectativas dentro del oficialismo de cara a lo que será la elección legislativa que se desarrollará el año próximo. “Alberto intentó que Schiaretti juegue con nosotros el año pasado y lo va a volver a intentar el año que viene”, reconoció uno de los funcionarios del gobierno que sigue de cerca el devenir parlamentario. Desde las entrañas del bloque cordobés afirmaron ante Página/12: “no tengas duda de que el año que viene vamos a ir todos juntos, el cordobesismo no tiene margen y la relación que se construyó es sólida”. El acuerdo está en marcha, sólo resta sostenerlo en el tiempo.
A fines de noviembre se llevarán a cabo las elecciones comunales en Río Cuarto. El peronismo presentará una sola lista. Tanto desde el entorno de Schiaretti como desde el Frente de Todos marcan la construcción de ese frente, que tiene posibilidades de ganar la elección, como el camino a seguir de cara al 2021. “Hubo una acuerdo, se construyó un frente que está en condiciones de ganar. Es eso o dejar la provincia en manos de los gorilas, porque acá Macri sigue midiendo bien”, disparó uno de los hombres fuertes de Schiaretti en el Congreso de la Nación.
El primer paso parlamentario de ese acuerdo político, más allá de que los cordobeses acompañaron la mayoría de las normas enviadas por el Ejecutivo, tendrá lugar el próximo miércoles en la sesión mixta virtual que se llevará a cabo en la Cámara de Diputados y en la cual se tratará el presupuesto 2021. Luego quedará tan sólo un mes de sesiones ordinarias. El cordobesismo promete dos pruebas de amor más: apoyo al aporte extraordinario de las grandes fortunas y el aval para la reducción de la coparticipación porteña. Los votos de los hombres y mujeres que responden a Schiaretti estarán, siempre y cuando el oficialismo siga adelante con la decisión política de llevar ambos temas al recinto.
Los números del día
Coronavirus en Argentina: registraron 11.968 nuevos casos y 275 muertes
El Ministerio de Salud confirmó 275 nuevas muertes por coronavirus, en las últimas 24 horas. De esta forma, la cifra de víctimas mortales en el país se eleva a 28.613.
El número de contagios diarios fue de 11.968, según el informe de la cartera que encabeza Ginés González García. Con estos registros, suman 1.081.336 positivos en todo el país.
Por su parte, del total de contagiados, hay 4.850 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI están ocupadas en un 63,8 por ciento a nivel nacional y en un 61,8 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Detalle por provincia (No de confirmados | No de acumulados)*:
- Buenos Aires 3.030 | 525.150
- Ciudad de Buenos Aires 464 | 143.545
- Catamarca 33 | 596
- Chaco 147 | 12.928
- Chubut 351 | 11.952
- Corrientes 45 | 2.245
- Córdoba 1.847 | 74.605
- Entre Ríos 309 | 13.738
- Formosa 0 | 142
- Jujuy 62 | 17.579
- La Pampa 77 | 2.336
- La Rioja 46 | 7.016
- Mendoza 653 | 42.388
- Misiones 3 | 212
- Neuquén 534 | 19.147
- Río Negro 267 | 21.542
- Salta 193 | 17.637
- San Juan 6 | 1.380
- San Luis 233 | 5.305
- Santa Cruz 136 | 8.291
- Santa Fe 1.927 | 93.101
- Santiago del Estero 311 | 8.123
- Tierra del Fuego** 338 | 9.809
- Tucumán 956 | 42.569
Fuente:Pagina12
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