10 de enero de 2021
Un desastre tras otro para el lawfare y las acusaciones mediáticas
Las causas contra CFK camino al naufragio
Muy lejos de la alharaca de la campaña mediática, este 2021parece enfilarse otra vez hacia un naufragio sistemático de las causas contra Cristina Fernández de Kirchner y parte de los integrantes de su gobierno. En el juicio crucial sobre la obra pública en Santa Cruz desfilaron los testigos de la fiscalía que, uno por uno, terminaron favoreciendo más a la defensa que a la acusación. Pero ahora vienen los testigos de las defensas, incluyendo a todos los jefes de Gabinete de los gobiernos kirchneristas, empezando por el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y le seguirán Sergio Massa, Aníbal Fernández y otros. Todo indica que no habrá fallo en 2021 porque faltan 100 testigos, algunos que se llevarán una jornada completa. En situación de mayor naufragio aún está la causa de dólar-futuro, que podría caerse rápidamente: una pericia firmada de manera unánime derrumbó la acusación y ahora Casación debe resolver si hay juicio o no. Es posible que no haya juicio. También el caso del Memorándum de Entendimiento con Irán está diluyéndose: se espera una respuesta de Interpol y, aunque podría empezar el juicio, no terminará en el año que se inició. Es el mismo cuadro de situación que existe en el expediente de las fotocopias de los Cuadernos: tras un vergonzoso fallo de Casación, habrá que dedicar todo este año a la instrucción suplementaria. Y, sorpresivamente, se viene el estruendoso hundimiento de otra causa que estuvo en la tapa de los diarios opositores: el plan Qunitas. Una pericia aplastó la acusación.
Obra pública
El juicio se inició en mayo de 2019 y los testigos que desfilaron hasta ahora son los convocados por la fiscalía para sostener la acusación. En este año y siete meses, desmantelaron las imputaciones principales:
*Que se pagaron obras que no se hicieron. La discrepancia, según los testigos, fue de menos del 0,1 por ciento.
*Que Lázaro Báez patoteó a las otras empresas constructoras y las compró. Pasaron uno por uno los dueños de las compañías y dijeron todo lo contrario: sus empresas estaban en crisis, las negociaciones fueron normales y Báez demoró un poco en los pagos, pero cumplió.
*Que había atrasos en las obras de Báez. Se demostró que eran los atrasos parecidos a los de todo el país y de todas las empresas.
*Que hubo una maniobra para beneficiar a Santa Cruz por encima de otras provincias. Todas las obras se votaron en el Congreso Nacional y los presupuestos fueron armados por la Comisión de Presupuesto en base a los parámetros existentes.
*Que Báez ganó 51 de las 81 licitaciones, algo que no era inusual en otros distritos, donde empresas locales tienen la maquinaria y el personal en la zona y eso les permite ofertar más bajo que otros competidores. Aún mayor lógica tiene en Santa Cruz porque a pocas constructoras les tienta desplazar su maquinaria y personal a 1.800 kilómetros.
“Ni en nuestros sueños más optimistas esperábamos que casi toda la acusación se cayera con los propios testigos de la fiscalía”, aseguran los defensores de los imputados. Pero al mismo tiempo recuerdan que en este 2021 se vienen los testigos de las defensas.
Un momento cumbre lo tendrán los ex jefes de Gabinete, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza. También declararán Sergio Massa, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina. El punto es que todos ellos conocen bien los mecanismos de cómo se decide la obra pública, cómo se hacen los presupuestos y, sobre todo, como se reasignan partidas. Todo indica que esos testigos terminarán con la acusación contra CFK porque el rol de un presidente es reducido: hay 26 instancias que le ponen la firma a licitaciones, precios y reasignaciones. Hasta el momento, a Cristina prácticamente no la nombraron en el juicio. Su abogado, Carlos Alberto Beraldi, prácticamente no tuvo que intervenir para responder a nada.
Choque
El desplome de las acusaciones es tan fuerte, que aparecen maniobras insólitas. El 3 de enero pasado, el diario Clarín publicó que hubo un escándalo por la declaración del auditor de Vialidad Nacional, Justo Pastor Romero, en la última audiencia, el 14 de diciembre. O sea, con medio mes de atraso, filtraron que los fiscales cuestionaron a Pastor Romero porque leyó parte de su testimonio. En verdad, falsearon lo ocurrido. Este diario visualizó las seis horas de la audiencia y lo que ocurrió es que el especialista hizo un cálculo, obra por obra, de los costos y destrozó la hipótesis de los sobreprecios. Los defensores de los imputados incluso pidieron que los papeles que tenía Pastor Romero se incorporaran a la causa, cosa que los jueces aceptaron.
El ingeniero estableció que el promedio del costo por kilómetro de las rutas construidas en Santa Cruz fue de 550.000 dólares, el mismo que en el resto del país. Cuatro obras de la Ruta Nacional Paraná-Coronda costaron también 554.000 por kilómetro, pero que hubo tramos de la Ruta Nacional 40 en Mendoza que costaron 1.600.000 dólares porque tenían mayores dificultades. Pero, además, Pastor Romero contó y calculó que durante el macrismo hubo tramos que se construyeron a 1.600.000 dólares el kilómetro, pero con la financiación privada del sistema conocido como Participación Pública Privada terminarían costando 5.500.000 dólares.
A diferencia de lo señalado por Clarín, el auditor siguió su declaración hasta el final, consultó sus cálculos y los mismos se entregaron después para ser incorporados como documentos del juicio. No hubo nada ni oculto ni oscuro.
Dólar futuro
Como se sabe, la imputación es contra CFK, su ministro de Economía de ese entonces, Axel Kicillof, el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli y otros exfuncionarios. La causa quedó en la nada a raíz de la pericia, realizada por peritos de la Corte Suprema, en la que se determinó que no hubo perjuicio para el estado, se mantuvieron las reservas, hubo pérdidas para el Banco Central pero se evitó una corrida cambiaria, que ningún funcionario se benefició -en verdad ganaron plata los que después fueron ministros de Mauricio Macri-, y que la operatoria era habitual en la Argentina desde hacía diez años y que también es habitual en otros países.
El caso quedó tan liquidado que se hizo una presentación para que todos los imputados fueran sobreseídos y se diera por cerrado el caso. El planteo perdió dos a uno -votó en disidencia el juez Adrián Grünberg- y ahora debe tomar la decisión la Sala I de la Cámara de Casación.
Los rumores indican que en esa instancia se podría terminar el caso porque hay pocos interesados en que el juicio se haga: ni siquiera los querellantes, dirigentes del PRO, insisten hoy en la acusación. La Sala I, con la disidencia de Ana María Figueroa, viene de convalidar de manera grotesca a los arrepentidos del caso de las fotocopias de los cuadernos, de manera que podrían inclinarse por una de cal, una de arena.
Como es obvio, nada es seguro en Comodoro Py, pero parece imposible que haya condenas en este expediente.
Memorándum
Es otra causa que está quedando en la nada. Como se sabe, la acusación es que CFK, el fallecido canciller Héctor Timerman y otros ex funcionarios y dirigentes firmaron el acuerdo con Irán y que eso benefició a los sospechosos iraníes de haber atentado contra la AMIA. El punto central es que contra esos cinco individuos se dictaron órdenes de captura con alertas rojas de Interpol y la imputación consiste en que con el Memorándum se levantaban las capturas con alertas rojas. Nada de eso ocurrió y, de hecho, las alertas rigen hasta hoy.
Los dos testigos claves, Ronald Noble y Joel Sollier, titular de Interpol y responsable legal, ya han dicho públicamente que la acusación, originalmente formulada por Alberto Nisman, es falsa y que nunca los funcionarios argentinos hicieron gestiones para levantar las alertas. Con su declaración antes del juicio o durante el juicio, la acusación se caería. Entonces. para evitar que testimonien se lanzó la descabellada acusación de que fueron cómplices del kirchnerismo. Por supuesto, el fallecido juez Claudio Bonadio le dio curso.
En ese marco, Interpol está reticente a que sus exfuncionarios declaren y la central mundial de policías tendrá que contestar en forma oficial al requerimiento.
Mientras tanto, es posible que se cite a una audiencia para preparar el juicio. Un dato exhibe el delirio de la acusación: las defensas pidieron que declaren todos los diputados y senadores que votaron a favor del Memorándum -unos 160 legisladores-, porque la hipótesis de la imputación implica que de alguna manera avalaron el supuesto delito que se cometió. Pocos creen que se llegará a semejante instancia.
Cuadernos
El reciente fallo de la Casación convalidando los arrepentidos pese a que no se registraron sus declaraciones y a que la ley es posterior a los hechos abre las puertas a la realización del juicio por las fotocopias de los cuadernos.
La lógica indica que los miembros del Tribunal Oral Federal 7, que incluye al juez que Cambiemos colocó a dedo, Germán Castelli, convocarán a una audiencia con las partes para que ofrezcan prueba. Lo más probable es que la realización de esas medidas tarde lo que resta del año. Es decir, que no habrá juicio en 2021.
Por supuesto, nada se avanzó en determinar cómo fue que los cuadernos que el chofer Oscar Centeno dijo que quemó aparecieron después intactos. Tampoco se explica por qué Centeno no está acusado -y preso- por falso testimonio agravado ya que mintió en su declaración como arrepentido.
Plan Qunitas
Otro de los casos que podría llegar a juicio es el expediente del Plan Qunitas, que mereció decenas de tapas en los diarios. Los imputados, tras una denuncia de Graciela Ocaña, son Aníbal Fernández, Daniel Gollán y Ernesto Kreplak -éstos dos últimos, ministro y viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires- entre otros. La denuncia se hizo en junio de 2015, es decir que en este 2021 cumplirá seis años. Como se recordará se trata de kits para madres de recién nacidos y el objetivo era reducir la mortalidad de bebés en sectores vulnerables.
El Tribunal Oral Federal 1 tiene en su poder una pericia que demuele la acusación. Ocaña presentó un kit, con sus precios, lo que según ella demostraba la existencia de sobreprecios. La pericia evidenció, sin embargo, que al kit presentado por Ocaña le faltaban elementos y que no contemplaba la logística, es decir la distribución y el almacenamiento. Valuado todo lo faltante, la pericia indicó que no se encontraron sobreprecios. Ya antes el TOF 1 ordenó que se distribuyeran los kits lo que también terminó con la acusación de que eran nocivos. El kit fue aprobado por el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial.
Con la pericia de por medio, parece difícil que existan condenas si el juicio empieza y se termina en 2021.
Hotesur y Los Sauces
Aunque no habrá definiciones en los juicios contra CFK en este 2021, el desarrollo de dos juicios impacta en causas de la expresidenta. Están pendientes los expedientes conocidos como Hotesur y Los Sauces, relacionados con alquileres de los Kirchner. Pero la acusación consiste en que hubo maniobras en la obra pública y se benefició a Lázaro Báez y a los dueños de Oil Combustibles, Cristóbal López y Fabián De Souza, en relación con su petrolera. Supuestamente, a cambio de beneficios ilegales, éstos le alquilaron propiedades a los Kirchner. Por esa razón, las causas Hotesur y Los Sauces son por lavado de dinero y -según la acusación- los delitos precedentes eran la obra pública en Santa Cruz y los beneficios a Oil.
La cuestión es que los dos juicios, sobre obra pública en Santa Cruz y el de Oil Combustibles están en desarrollo y en ambos casos no aparecen las pruebas de las irregularidades. En el de Oil Combustibles hay una pericia que indica que el grupo estaba al día en planes de pago de la AFIP y que esos planes fueron otorgados a muchisimas otras empresas. Al mismo tiempo está saltando a la luz la trama de la persecución política armada dentro del ente recaudatorio.
Si en esos dos juicios -obra pública y Oil- no hay condenas, quedan averiadas las causas Hotesur y Los Sauces. Más allá de que está probado que los alquileres se pagaron a valores de mercado, se facturaron, los contratos estaban declarados ante la AFIP y todo se hizo de manera bancarizada.
2021
Como se ve, parece imposible que haya alguna condena contra CFK en este 2021, aunque con el aparato político-judicial-mediático de Comodoro Py nunca se sabe. Pueden aparecer los que se quejen de la lentitud, pero la realidad es que la lentitud está dada por las dificultades que plantean acusaciones en su mayoría vacías, sin pruebas, o, mejor dicho, con pruebas en contrario.
La oposición necesita ruido para compensar su ostensible desventaja electoral y, como hasta ahora, contará con más ruido mediático que otra cosa.
En lo que rige la lentitud, la parsimonia, y la voluntad política de no avanzar es en las causas contra el macrismo: el negociado de los peajes, de los parques eólicos y la venta de Macri Air, por ejemplo. La causa Correo es un emblema: lleva 18 años.
Pero lo que exhibe las maniobras en todo su esplendor es la protección a Carlos Stornelli. Con procesamiento confirmado sigue en su puesto de fiscal, amparado por el aparato judicial alineado con el macrismo.
Es el primer medicamento para tratar la enfermedad fabricado en Argentina
Coronavirus: el suero equino estará disponible la semana que viene
El suero equino hiperinmune anti Sars CoV-2 comenzará a ser empleado en pacientes adultos con covid. Como es un medicamento de uso hospitalario, su distribución y acceso a través del laboratorio Elea está pactado mediante el canal de las obras sociales y las vías dispuestas que dispondrá y comunicará el Ministerio de Salud. Se prevé un tratamiento con esquema de dos dosis: las personas las reciben por vía intravenosa separadas entre sí por 48 horas. Si bien aún no se conoce el precio, desde Inmunova, la empresa de base biotecnológica a cargo del desarrollo, estimaron que sería mucho más económico que los anticuerpos monoclonales y otros tratamientos equivalentes que se realizan en diferentes partes del mundo. En el presente, está culminando su fase de etiquetado y embalaje.
El 22 de diciembre, la Anmat había aprobado su uso para personas que estuvieran cursando la enfermedad de una manera moderada a severa. El procedimiento fue realizado mediante un “Registro Bajo Condiciones Especiales”, que lo autorizó en el contexto de pandemia, con consentimiento informado, ampliando el estudio de su efecto clínico mediante un Plan de Monitoreo de Eficacia y Seguridad consensuado con el ente regulador de Alimentos, Medicamentos y Tecnología. De esta forma, se transformó en el primer medicamento innovador para tratar la enfermedad realizado por completo en Argentina. El equipo científico de la empresa logró demostrar que la droga, basada en anticuerpos policlonales de caballo, lograba disminuir la progresión y el impacto de la enfermedad en un 45% para los casos severos. Tras comprobar su seguridad y eficacia, advirtieron entonces que podría convertirse en una herramienta terapéutica clave para mitigar los efectos del coronavirus y combatir la pandemia a nivel doméstico, sobre todo, en un escenario marcado por un preocupante incremento de casos. Otra de las principales ventajas es que el producto puede fabricarse a gran escala.
El suero hiperinmune es una herramienta que complementará a las vacunas, aunque a diferencia de éstas, que sirven para prevenir la infección, los anticuerpos equinos son empleados con pacientes que ya se encuentran cursando la enfermedad. El producto es el fruto de los esfuerzos compartidos y de la articulación de diversas entidades públicas y privadas, entre las que se destacan el laboratorio Inmunova, la Universidad Nacional de San Martín, el Instituto Biológico Argentino, el Instituto Leloir, la compañía biotecnológica mAbxience (que también se encarga de la producción regional de la vacuna de AstraZeneca/Oxford), el Conicet y el Instituto Malbrán. Fue apoyado, además, por los ministerios de Desarrollo Productivo y el de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El ensayo
Como primer antecedente, en las pruebas realizadas en laboratorio, el equipo de Inmunova había comprobado que el suero de caballo podía eliminar al virus con una potencia --hasta 50 veces-- mayor de lo que se había conseguido con la terapia de infusión de plasma humano. Luego, en el estudio clínico de fase 2/3 había demostrado ser seguro (no causa efectos adversos) y reducir la mortalidad casi en un 45% en aquellas personas que transitaban la enfermedad de una manera severa. Asimismo, había logrado disminuir la necesidad de internación en unidades de terapia intensiva (en un 24%) y de asistencia mecánica (en un 36%). En esta línea, su aplicación tendría un efecto lateral muy positivo al contribuir a evitar el colapso del sistema sanitario.
Del ensayo participaron un total de 242 personas de 18 a 79 años (el promedio de edad fue de 54 y el 65% fueron hombres), que se habían contagiado covid y atravesaban la patología de una forma moderada a severa durante los primeros 10 días del inicio de los síntomas. Tanto a los que recibieron la sustancia activa como los de la rama placebo, se les suministró mediante infusión intravenosa la primera dosis al inicio y la segunda a las 48 horas. En todos los casos, se trataba de individuos que requerían de hospitalización y se encontraban desperdigados en 19 hospitales y clínicas del AMBA, Neuquén y Tucumán. Vale destacar que todos los pacientes se enrolaron en el estudio de manera voluntaria.
Los ensayos culminaron a fines de noviembre y, hasta la fecha, las pruebas no han sido publicadas en ninguna revista científica, aunque el equipo científico de la empresa comunicó que lo haría en breve. Es bueno destacar esta falta por el momento porque se trata de un paso indispensable para que el procedimiento obtenga validez al interior de la comunidad académica.
Los anticuerpos
La inmunoterapia basada en anticuerpos equinos tiene un amplio recorrido en la biotecnología y la ingeniería genética asociadas al campo de la salud. De hecho, en el presente, son empleados para atender emergencias médicas relacionadas al envenenamiento por mordedura de serpientes y alacranes, botulismo, así también como contra la rabia y la gripe aviar. En el actual contexto de pandemia, el grupo liderado por el Dr. Fernando Goldbaum decidió comprobar la eficacia para coronavirus. En este sentido, se advirtió que, entre otras cosas, el suero equino poseía una capacidad muy destacable para neutralizar al Sars CoV-2. Las defensas de los caballos se obtienen luego de inmunizarlos con una proteína del virus, se purifican los anticuerpos y se suministran a los humanos (inmunización pasiva). Una vez en el organismo, como tienen la capacidad de reconocer regiones virales específicas, bloquea su acción con el propósito de evitar que colonice a las células humanas y que utilice la maquinaria celular en su favor, es decir para replicarse.
La infusión de plasma
No solo los anticuerpos de caballo son útiles, pues, los de pacientes recuperados de covid, en algunos casos, también pueden servir para tratar a las personas que cursan la enfermedad. En noviembre, el equipo que coordina el médico infectólogo Fernando Polack desde la Fundación Infant difundió los resultados de su estudio que mide la eficacia del uso temprano de plasma en adultos mayores (mayores de 65) años. En aquel momento, habían llegado a la conclusión de que cuando se administraba durante los primeros tres días de síntomas leves --si el donante contaba con los anticuerpos suficientes-- había alcanzado un 61% de eficacia y lograba disminuir la progresión de los pacientes a desarrollar una enfermedad severa. El objetivo con el tratamiento, explicaba Polack, era “evitar que la gente avanzara hacia etapas severas y así evitar la intubación, el respirador y la terapia intensiva”. Esta semana la investigación fue publicada en la revista New England Journal of Medicine y recibió los elogios de la prensa internacional, incluido el New York Yimes, que calificó al trabajo como “pequeño pero riguroso” y destacó que “el nuevo estudio es uno de los primeros ensayos clínicos bien diseñados que muestran que la terapia tiene algún beneficio”.
El plasma es económico, es universal, no tiene patentes y es accesible para todo el mundo, pero a partir de aquí dependerá de la política pública las chances de generar un banco desde donde poder almacenarlo y distribuirlo. Si la estrategia de gestión es adecuada, se podrían obtener resultados muy buenos y complementarse con otra herramienta como el suero equino.
Pampa Energía de Marcelo Mindlin entregó la compañía a la sociedad Vila-Manzano-Filiberti a precio ganga
Las claves de la sorpresiva venta de Edenor
Imagen: Sandra Cartasso
El lunes 28 de diciembre tras el cierre de los mercados bursátiles, el grupo Pampa Energía dio a conocer la venta del paquete accionario de Edenor a las empresas Energía del Cono Sur e Integra Capital de los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti.
La venta, finalmente concretada luego de varias semanas de rumores, significa una de las principales operaciones del ámbito corporativo de los últimos años. Los nuevos dueños desembolsarán durante el próximo año 95 millones de dólares en cuotas por el 51 por ciento del paquete accionario en manos del grupo económico capitaneado por Marcelo Mindlin. De esta manera se hacen con el control de la principal distribuidora de energía eléctrica del país con más de 3 millones de usuarios y el 20 por ciento del segmento de distribución.
El cambio de manos de Edenor dejó abiertas un par de preguntas flotando en el aire:
1. Por qué Pampa Energía decidió vender en estos momentos.
2. Qué estrategia está abordando el grupo o las relaciones políticas que Vila-Manzano-Filiberti puedan tejer para conseguir una nueva recomposición tarifaria.
Sin embargo, nada de esto puede entenderse sin un recorrido por la historia de Edenor y de Pampa Energía.
Privatización y argentinización
Surgida de la ex SEGBA, Edenor fue creada como una empresa de distribución de energía eléctrica que reviste carácter de monopolio natural, con reserva zonal de mercado y que presta servicio en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y en 20 partidos del conurbano bonaerense.
Concretada la privatización en 1992, su control quedó en manos de la francesa Électricité de France y contó con participaciones minoritarias del grupo local Astra, de la española Endesa y del banco JP Morgan.
Esta situación comenzó a cambiar tras la crisis 2001-2002. La sanción de la ley de Emergencia Publica y Reforma del Régimen Cambiario ordenó desdolarizar y desindexar las tarifas de servicios públicos y llamó a una renegociación de los contratos de dichas prestadoras.
Los cambios regulatorios afectaron la rentabilidad extraordinaria que las empresas venían teniendo desde las privatizaciones y comprometieron su situación financiera, ya que pasaron a tener tarifas pesificadas con deuda contraída en dólares. A su vez, tanto desde el plano discursivo como desde los entes regulatorios, el gobierno de Néstor Kirchner comenzaba a cuestionar el lugar que el capital extranjero jugaba en los servicios públicos.
En ese contexto ingresa en escena Marcelo Mindlin y su fondo Dolphin Fund Management. En 2003 se rompe la sociedad que tenía con Eduardo Elsztain en IRSA, Mindlin junto a un grupo de socios se lanzó a la compra de activos en el sector energético. En primer lugar, incorporó a su cartera a Transener, empresa monopólica de transmisión de energía, por 48,5 millones de dólares y a Edenor, por 100 millones de dólares en 2005.
Pampa Energía
La estrategia del fondo Dolphin, cuyo nombre cambió por el de Pampa Energía en 2006, consistía en adquirir activos a precios de remate y en una delicada situación financiera para, posteriormente renegociar la deuda en default y esperar que concluya el llamado a la Revisión Tarifaria Integral pudiendo así reconstruir los ingresos y el valor de mercado de las empresas.
La estrategia no fue sólo implementada por Pampa Energía. En el mismo periodo diferentes grupos empresarios se hicieron con activos en el sector energético, entre ellos las familias Caputo, Escasany, Miguens Bemberg y Guillermo Reca, pasaron a formar parte de Central Puerto y Edesur. Como característica común compartían la total falta de experiencia en la actividad energética y, en su mayoría, trayectorias laborales vinculadas a las finanzas.
Si bien durante los 2000 Pampa Energía se expandió a toda la cadena energética, su principal objetivo, el aumento de tarifas, sufría permanentes postergaciones. El grupo nunca logró acceder a que el ministro de Planificación, Julio de Vido, quien tenía la llave para destrabar estos aumentos se los concediera. Hacia el 2011 se comenzó a fraguar la ruptura entre el grupo económico y el gobierno nacional. De los enfrentamientos velados se pasó a criticas abiertas por la situación económica de la empresa e incluso a presentaciones judiciales.
Durante el último periodo del kirchnerismo, con inflación creciente y tarifas congeladas Edenor llegó a tener patrimonio neto negativo, retaceó inversiones y pagos de energía a Cammesa, volviéndose totalmente dependiente de subsidios compensatorios crecientes, lo cual redundó en la calidad del servicio prestado.
Tan cierto como esto, fue el hecho de que Pampa Energía utilizó a Edenor para hacerse del control de empresas distribuidoras del interior, las cuales vendió con importantes ganancias al poco tiempo de adquirirlas. Edenor también recurrió a la práctica de otorgar créditos a subsidiarias e incrementó la remuneración que recibía el directorio de la empresa.
Cambiemos y el tarifazo
Fue tal la expectativa suscitada por el gobierno de Mauricio Macri en el sector, que entre octubre de 2015 y enero de 2018 la acción de la compañía subió 390 por ciento, pasando de casi 13 dólares en la bolsa de Nueva York a 63 dólares.
En el mismo periodo, mientras el Ministerio de Energía se completaba con la mayoría de sus cargos directivos integrados por ejecutivos con trayectoria en puestos de alta gerencia en el sector privado relacionados con la actividad energética, Edenor recibía una recomposición de sus ingresos vía incremento de tarifas, que pasaba para un consumo medio de 1,5 dólares mensuales a más de 15,0 dólares: un aumento del 892 por ciento.
La gestión de Mauricio Macri también habilitó la generación de nuevas oportunidades de negocios y el sector energético no fue la excepción: desde la venta de las centrales térmicas Ensenada Barragán y Brigadier López hasta los contratos PPA (Power Purchase Agreement) a 20 años y nominados en dólares en energías renovables.
En este marco, Pampa Energía compró en julio de 2016 los activos de Petrobras Argentina en una operación cerrada en 1000 millones de dólares. Lo distintivo fue que la compra involucró un préstamo intraempresas del propio grupo y otro préstamo de YPF. Una empresa con mayoría estatal financiando una operación entre privados.
Crisis económica mediante, la experiencia del macrismo en el poder significó entre otras cosas una profunda destrucción de valor de los activos argentinos. Cuando Cambiemos entregó el gobierno en diciembre de 2019, la acción de Edenor había perdido el 90 por ciento de su valor desde el máximo que alcanzó en el verano de 2018.
Tarifas
Los periodos de recambio gubernamental y de crisis económicas suelen abrir el juego a movimientos al interior del poder económico. La actual situación con la venta de Edenor por parte de Marcelo Mindlin ofrece algunas características similares a las vividas 15 años atrás cuando Pampa Energía ingresó al negocio, pero también importantes diferencias.
Por un lado, estamos ante una empresa con una deuda financiera de 111 millones de dólares, de los cuales 98 millones corresponden a una Obligación Negociable que vence en 2022 y cuyo pago semestral viene cumpliéndose regularmente. Es decir, la empresa no afronta un stress financiero como ocurrió tras el fin de la convertibilidad. De hecho, tiene una posición de caja neta de deuda financiera de 3,1 millones de dólares.
Por otro lado, se trata de una compañía que puede mostrar mejoras destacables en sus estándares de calidad de servicio tanto en términos de duración como de frecuencia de las interrupciones de este, situación divergente vis a vis Edesur, cuestionada crecientemente por los usuarios y por intendentes del Gran Buenos Aires.
Por último, está la cuestión tarifaria: suspendidos los aumentos desde la campaña electoral de 2019, la empresa sostiene en su ultima presentación ante inversores que sus ingresos llevan un retraso del 68 por ciento a noviembre de 2020.
A su vez, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se encuentra intervenido desde marzo de este año y abocado a una revisión tarifaria que tiene un plazo máximo de 2 años. El ENRE se encuentra a cargo de Soledad Manín, colaboradora del exinterventor Federico Basualdo, vinculado políticamente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y uno de los críticos más enconados de los tarifazos durante la gestión de Cambiemos.
Vila-Manzano-Filiberti
Tarifas congeladas, perspectiva incierta sobre futuros aumentos y control del ente regulador a cargo del kirchnerismo. Es aquí donde entra a tallar la operación que Pampa Energía cerró con Vila-Manzano-Filiberti.
La sociedad Vila-Manzano se remonta a mediados de la década de 1990 cuando se expandió en la actividad de medios de comunicación. En la década siguiente también se insertó en el sector energético vía Andes Energía/Phoenix Global Resources: producción de hidrocarburos, participación accionaria en Metrogas y control de la distribuidora eléctrica mendocina Edemsa.
Tan importante como esta trayectoria son los vínculos políticos de José Luis Manzano con el peronismo. De líder de la renovación en los ‘80 a ministro del Interior de Carlos Menem y abanderado de las privatizaciones, puede exhibir una nada despreciable capacidad de llegada al elenco gobernante, algo que pese a reiterados intentos Mindlin nunca terminó de construir, incluso habiendo reclutado para Pampa Energía a ex funcionarios del entonces Ministerio de Planificación Federal.
No se puede soslayar que los rumores sobre el desprendimiento de Edenor vienen de larga data y contrariamente a su estrategia inicial, hoy Pampa Energía se encuentra focalizado en la generación de energía eléctrica y en la producción de hidrocarburos no convencionales en la formación Vaca Muerta. La venta de Edenor viene a cerrar el círculo iniciado con la compra de Petrobras Argentina.
Sin embargo, de fondo resuenan los conflictos que Mindlin y compañía tuvieron durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner por la cuestión tarifaria, así como la cercanía al macrismo y la compra de la constructora Iecsa al primo del expresidente, Ángelo Calcaterra, en una maniobra que incluyó la participación de firmas offshore a la fecha no esclarecida.
Hoy el grupo se desprende de una empresa cuya capitalización de mercado es de 168 millones de dólares pero que llegó a valer 2800 millones de dólares. Hasta dónde se arriesga Mindlin a cerrar una operación por mucho menos de su valor cómo un modo de encauzar su vínculo con el gobierno, y qué capacidad de maniobra tienen los nuevos dueños de Edenor para conseguir un nuevo esquema tarifario que incremente la rentabilidad de la empresa son cuestiones para tener presente en el devenir del sector energético.
* Investigador del Centro de Estudios Sociales de la Economía-Universidad de San MartÍn. leandronavarro.ln@gmail.com
Hacia una nueva presencialidad
La realidad epidemiológica definirá la modalidad del regreso a clases
El ministro ratificó el análisis que realizó días atrás en relación con las medidas que restringen la circulación recomendadas por el Ejecutivo comandado por Alberto Fernández a las jurisdicciones que observen aumento exponencial de casos de coronavirus como método para frenar los contagios, y sostuvo la intención “de este ministerio y de todo el Gobierno nacional de priorizar la presencialidad en el ciclo lectivo 2021 sobre otros aspectos de la cotidianeidad”.
“Si consideramos que la escuela es ese espacio seguro al que deben regresar nuestros niños y niñas, implica que debemos ser concientes de que hay que sostener cuidados más rígidos y estrictos en otros ámbitos de la vida cotidiana”, remarcó, coincidiendo con las declaraciones que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, vertió el viernes sobre el mismo tema.
“La presencialidad será el eje ordenador del sistema educativo, lo volvemos a decir”, insistió Trotta en diálogo con este diario, diálogo en el que también aclaró que “implica articulación con cada una de las jurisdicciones educativas, con docentes y familias” para “afrontar un año doblemente complejo”. Para el ministro, el 2021 no solo “habrá que lidiar con la problemática de la Covid 19, sino que la escuela deberá afrontar el desafío de recuperar contenidos del ciclo pasado, de hacer frente a impacto subjetivo que la pandemia tuvo en los chicos y las chicas, de la situación social y económica compleja”.
En ese sentido, sostuvo que las clases con docentes, personal no docente y alumnos en las aulas “van a suceder aplicando protocolos y toda la experiencia que se generó en el país el año pasado, analizando la realidad epidemiológica de cada lugar y adaptando la intensidad de la presencialidad a cada caso”. “No hay que olvidarse que más de la mitad de las provincias tuvieron presencialidad en el aula el año pasado, con la aplicación de protocolos que fuimos elaborando con las distintas jurisdicciones. Toda esa experiencia se pondrá en juego ahora”, añadió. Durante 2020 el Consejo Federal de Educación (CFE) aprobó protocolos que fijan pautas y condiciones para elaborar planes que garanticen, según la situación de cada jurisdicción, el retorno a la escuela.
No obstante, aclaró que la presencialidad en las aulas que se convirtió en el horizonte prioritario de las políticas educativas nacionales “bajo ningún punto de vista” significa que las cosas serán como los días previos a la pandemia, con clases los cinco días a la semana, en horario completo, escuelas rebosantes de alumnos y alumnas, docentes y trabajadores no docentes. “En ningún lugar del mundo hay un regreso a clases con los índices y condiciones de aquellos días previos a la llegada del coronavirus. Y los que la intentaron llevar a cabo, debieron retroceder. Buscamos ir recuperándola de a poco, lentamente, con un sistema en el que se combinen en análisis de la situación epidemiológica, la aplicación de protocolos, el proceso de vacunación, la responsabilidad en los cuidados”, postuló.
“La presencialidad que buscamos es una presencialidad segura, consciente de la realidad epidemiológica que atraviesa cada jurisdicción, y comprometida”, remarcó. Desde los gremios docentes, no obstante, las posiciones observan un consenso en cuanto a la “necesidad” de la recuperación paulatina de la presencialidad y, a la vez, de la “importancia de que estén dadas las condiciones sanitarias”.
Sobre el proceso de vacunación a docentes y no docentes, que fueron incluidos dentro del Plan Estratégico para la Vacunación nacional con el objetivo de fortalecer la iniciativa del regreso a las aulas en febrero, el ministro ratificó que comenzará el mes en el que los y las docentes deban reincorporarse a sus puestos de trabajo. “Fue algo que solicitaron los gremios”, indicó. También aclaró que desde la cartera que dirige están “trabajando en una articulación” con el Ministerio de Salud nacional y las diferentes provincias así como Ciudad de Buenos Aires. Se está pensando en un esquema de prioridades hacia adentro del universo de trabajadores de la educación, “según nivel educativo en el que trabajen y modalidades”. El proceso comenzará por las grandes ciudades.
Trotta sostuvo que “las familias” son “la otra pata de este sistema, indispensable para poder tomar las decisiones” vinculadas al sistema educativo y el regreso a las clases presenciales en el marco de la pandemia. Aclaró que no recibió planteos sobre “temores de padres y madres” frente a la posibilidad de que el regreso a clases aumente el riesgo de contagios intrafamiliares, “todo lo contrario”: “Sabemos que la educación es, también, un eje ordenador intrahogares, que si los niños y las niñas no van a la escuela, todo el equilibrio familiar se resiente. Y es lo que ocurrió durante el año pasado. Si bien no volveremos de inmediato a la vieja normalidad, lo tenemos en cuenta”, apuntó el ministro, que por otro lado descartó haber recibido presiones del sector empresarial para avanzar en la presencialidad en las aulas como llave habilitadora para, a su vez, el regreso de madres y padres a sus puestos de trabajo.
La especulación con el grano y el riesgo de desabastecimiento de alimentos esenciales
Sobra el maíz pero no aparece. ¿Pues entonces, quién lo tiene?
En grandes números, la cosecha de maíz del último año dejó una producción de 58 millones de toneladas. La demanda interna (para biocombustibles, alimentación para aves, pollos y cerdos, industria molinera y sus distintos derivados) ronda en torno a las 20 millones de toneladas anuales. Por lo cual, quedarían disponibles 38 millones para la exportación. Hasta inicios de la última semana, se habían registrado compromisos de exportación (la mayor parte ya concretada) por 34,25 millones, es decir que le quedaba un margen de alrededor de 4 millones todavía para destinar al exterior. Sin embargo, desde sectores de la producción agroindustrial (concretamente, de carne aviar y de huevos) advirtieron que faltaba maíz en el mercado. "No nos venden, y lo poco que hay lo ofrecen a precios exorbitantes", se quejaron ante el gobierno. ¿Qué pasaba? Ante la ausencia de una respuesta satisfactoria, la solución preventiva que dispuso el gobierno fue cerrar las exportaciones. ¿La reacción? La agroindustria y los exportadores de cereales conformaron una mesa para buiscar una solución. La Mesa de Enlace, expresión degradada de la producción más concentrada, lanzó un lockout, un cese de comercialización en protesta. Es decir que, quienes tiene los granos pero se niegan a venderlos al mercado interno, al mismo tiempo lanzan una medida de fuerza porque no se lo dejan exportar. ¿Puede haber alguna duda de que están apostando al desabastecimiento, presionando al gobierno para algún otro tipo de medidas? ¿Por ejemplo, una devaluación?
Otro modelo productivo
En los ultimos años, el maíz se transformó en Argentina en lo que se denomina "un insumo difundido". Esto es, una misma materia prima de la cual dependen diversas ramas productivas a la vez. Fundamentalmente, a partir del cambio de la forma de producción de las carnes. Las vacas y los novillos ya no caminan el campo pastando. Los pollos y las gallinas ponedoras tampoco recorren el corral picando los granos que encuentran en el piso para alimentarse. La producción de carne y leche se hace en establecimientos cerrados donde los animales comen alimento balanceado en base a maíz (feed lots). La producción de carne aviar y de huevos tampoco se realiza a campo abierto, sino en establecimientos cerrados con aves que reciben una alimentación balanceada en cantidades medidas. El cambio también alcanzó a la cría y engorde de los rodeos porcinos, con similares características en la transformación de las formas de producción.
Por si fuera poco, surgió en las últimas décadas la producción de biocombustibles (etanol) a partir del maíz. Actualmente, se estima que por año la producción de etanol y de diferentes subproductos de la molinería (no sólo harinas y aceites, sino también otros productos para la alimentación y de uso industrial) demanda entre 3 y 4 millones de toneladas de maíz como materia prima. Mientras que el consumo animal (ganado vacuno, porcino y aviar) demanda entre 16 y 17 millones de toneladas al año.
Veamos ahora que pasó con la oferta de maíz, con la producción y su llegada al mercado en esta temporada. Como se dijo, la cosecha de maíz superó las 58 millones de toneladas. Pero hacia mediados de diciembre, se detectó que pese a que a la exportación le quedaba aún un margen amplio para exportar y el uso interno del grano no había llegado a los 20 millones de toneladas, empezó a faltar el producto. Concretamente, no había maíz disponible para su uso como alimentos balanceado para la actividad avícola.
Suba de precios
Excedente de maíz debía haber, pero en el mercado no aparecía. Las causas quizás haya que buscarlas en el contexto. El precio internacional del maíz viene en una suba sostenida por lo menos desde agosto, lo que ya lo ubica en su mayor valor de los últimos seis años. El aumento se refleja en el precio interno, donde la tonelada registró un aumento, en pesos, de alrededor del 100 por ciento en los últimos seis meses (precio actual contra el vigente a julio de 2020). Es decir, hoy el precio para el productor de maíz es excelente tanto para exportación como para mercado interno. ¿Por qué no vende? ¿Espera que siga subiendo?
La respuesta, según parece, es que SI. Hay una doble presión alcista sobre el precio de la materia prima. La tendencia a la suba en el mercado internacional por ahora parecería imparable, porque se espera un descenso en la oferta de la nueva campaña. Entonces, una primera razón para la reacción agresiva de la Mesa de Enlace es la oposición a que el gobierno "intervenga" para tratar de cortar ese circuito entre la suba internacional del precio y su reflejo en el precio local. La segunda razón es que también en el plano interno se esperan dificultades con la nueva cosecha. Los grandes productores, los que tienen espalda suficiente, se ven tentados a sentarse sobre sus silobolsas cargadas y esperar que el precio siga subiendo. Desentendiéndose, claro está, de los eventuales problemas de desabastecimiento para la industria de alimentos.
Cosechas
El calendario del ciclo productivo del maíz tiene marcadas dos fechas de cosecha por año. Con un ciclo de producción de cinco meses, el maíz sembrado en septiembre se cosecha a partir de febrero del año siguiente: primera cosecha o maíz "de primera". En julio hay una segunda recolección, el maíz "de segunda", pero la de mayor volumen es la cosecha "de primera". Los meses de verano, de diciembre hasta febrero o marzo, son los de "empalme" de cosechas. Se va agotando la disponibilidad de la cosecha anterior a medida que llega la nueva. La particularidad de este año es que, como hubo sequía en los meses previos, no se espera una buena recolección para febrero/marzo. De allí la especulación de los productores que tienen stock de la cosecha vieja y prefieren guardarla.
"El año 2021 se verá afectado por el fenómeno climático de La Niña, va a haber nuevamente sequías y no sólo en Argentina", indicó un especialista consultado por . Página/12. Eso explicaría, en parte, que se mantenga la tendencia a la suba en los granos a nivel internacional: se espera una reducción en la oferta no sólo de maíz, sino también en soja y probablemente en trigo. En el caso del maíz en Argentina, indicó que "el productor mantuvo la superficie sembrada de la temporada anterior, que fue de producción récord, pero no se van a repetir los rindes, con lo cual la producción puede caer en dos o tres millones de toneladas".
Dos actitudes
Cuando el gobierno decidió la suspensión de exportaciones de maíz hasta el 28 de febrero, fue una respuesta y una advertencia por la escasez de materia prima para la producción interna de carne aviar y huevos, que podría llegar a afectar también a la carne vacuna, porcina y a la producción de leche y sus derivados. Hubo dos reacciones diferentes: tres de los dirigentes de la Mesa de Enlace Jorge Chemes (CRA), Daniel Pellegrina (Sociedad Rural) y Carlos Achetoni (Federación Agraria), decidieron romper el diálogo con el gobierno y lanzaron un lockout con cese de comercialización de granos 72 horas, a partir de este lunes 11. El resto de los sectores de la produccióm agrupados en torno al Consejo Agroindustrial conformaron una mesa de trabajo, que elaboró un documento que le presentaron al gobierno el jueves último.
Su propósito, expusieron, es "elaborar propuestas para solucionar la situación planteada, así como analizar la situación de la oferta y la demanda en el mercado interno". Como para marcar diferencias con la Mesa de Enlace, que ya para entonces había lanzado el lockout, sostuvieron que "las entidades presentes, en el marco del Consejo Agroindustrial, estan firmemente comprometidas a dialogar, proponer, acconar y comunicar las políticas públicas que den respuesta a esta profunda crisis económica y social".
Tras el análisis de los datos de la campaña 2020/21, las entidades que componen dicho encuentro concluyeron que "las cifras no evidencian un problema de abastecimiento interno, contándose con un stock de maíz superior a los 10 millones de toneladas". Es decir, que a las casi cuatro millones todavía pendientes de inscribir para exportar, todavía quedan otras 6 millones de toneladas disponibles para el mercado interno. Pero, ¿en poder de quién?
Una salida
El compromiso que asumieron las entidades ante el Ministerio de Agricultura el jueves fue encontrar mecanismos para "atender las necesidades de la demanda para el consumo interno así como mitigar efectos de cambios bruscos en precios internacionales" sobre los valores locales. Vale repasar: firman el documento las asociaciones de productores porcinos, la de semilleros, la cámara de exportadores de cereales, la de feedlot y la de productores avícolas, la asociación Maizar, las bolsas de cereales de Buenos Aires, de Córdoba y la de Comercio de Rosario, y Matba-Rofex.
El gobierno se comprometió a levantar la suspensión de exportaciones pero sólo si aparece un mecanismo efectivo que resuelva la aparición de las toneladas de maíz que faltan en el mercado. Pero, ¿quién las tiene? ¿Los productores en sus silobolsas? ¿Los acopiadores? ¿Los propios exportadores? Y lo más interesante: ¿qué hará la Mesa del Maíz del CAA para que salga esa oferta en el mercado? El gobierno está esperando la respuesta. Si es convincente en su efectividad, dejaría sin efecto la suspensión de exportaciones. Podría ocurrir en las próximas horas.
Los números de la pandemia
Coronavirus en Argentina: se registraron 11.057 nuevos casos y 144 muertes
El reporte del Ministerio de Salud confirmó 144 nuevas muertes de pacientes con coronavirus, lo que eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 44.417. El informe de la cartera que conduce Ginés González García informó además que hubo 11.057 nuevos contagios. Con estos registros, suman 1.714.409 positivos en el país.
Por su parte, del total de contagiados, hay 3.597 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI están ocupadas en un 55,1 por ciento a nivel nacional y en un 59,2 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Detalle por provincia (No confirmados hoy | No de acumulados)*:
- Buenos Aires 4.389 | 718.659
- Ciudad de Buenos Aires 1.350 | 184.790
- Catamarca 69 | 3.122
- Chaco 225 | 26.738
- Chubut 330 | 35.126
- Corrientes 298 | 13.646
- Córdoba 628 | 133.078
- Entre Ríos 516 | 33.191
- Formosa 18 | 259
- Jujuy 8 | 18.666
- La Pampa 315 | 13.398
- La Rioja 15 | 9.199
- Mendoza 145 | 61.214
- Misiones 156 | 1.335
- Neuquén 351 | 44.921
- Río Negro 237 | 41.283
- Salta 73 | 22.689
- San Juan 79 | 12.359
- San Luis 16 | 16.536
- Santa Cruz 365 | 26.939
- Santa Fe 1.171 | 185.890
- Santiago del Estero 125 | 18.552
- Tierra del Fuego** 57 | 20.097
- Tucumán 121 | 72.722
Fuente:Pagina12
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