Naciones Unidas alerta sobre
asesinatos sistemáticos contra
líderes sociales
Resumen Latinoamericano, 16 de septiembre de 2021.
Foto: Colprensa. En el departamento del Valle del Cauca han sido asesinados 27 defensores de los derechos humanos.
El organismo multilateral repora 143 quejas de asesinatos contra líderes sociales entre los meses de enero y agosto de 2021.
La oficina del alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia dio cuenta este jueves de un informe de seguimiento sobre asesinatos a defensores de los derechos humanos en Colombia, donde alerta por los asesinatos sistemáticos.
El informe afirma que en el período de tiempo desde enero a agosto de 2021, se han reportado al menos 143 quejas de asesinatos de los cuales se han verificado 52 casos y 26 están en proceso de verificación.
De los casos confirmados, ha habido cinco mujeres de las cuales tres eran indígenas. Por su parte, de los 47 hombres, cinco pertenecían a las comunidades afrocolombianas y dos de las comunidades originarias.
Respecto a las regiones, el informe detalla que en el departamento del Valle del Cauca han sido asesinados 27 defensores de los derechos humanos seguido del Cauca con cinco, mientras que los departamentos de Antioquia y Cundinamarca con cuatro asesinatos cada uno.
Hasta el momento, los hechos comprobados han sido registrados en 13 departamentos de la geografía colombiana lo que demuestra lo difícil que es sobrevivir para estos líderes y portavoces de la justicia.
Por otro lado, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en Colombia hasta el 29 de agosto pasado, se han asesinado 114 líderes sociales, sumando 1.229 desde la firma del acuerdo de paz en 2016.
Fuente: www.telesurtv.net
El país donde más asesinan a
defensoras de la tierra
Por Colombia Informa, Resumen Latinoamericano, 16 de septiembre de 2021.
Colombia es el país más peligroso del mundo para los ambientalistas por segundo año consecutivo, según afirma el más reciente informe de Global Witness. Esta organización ha recopilado los datos sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y del ambiente. El trabajo publicado el pasado lunes evidencia que, a medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen la tierra y nuestro planeta. Además, revela que más de la mitad de los ataques a estas personas sucedieron en solo tres países: Colombia, México y Filipinas.
La investigación destaca el récord de 65 activistas asesinados en Colombia en 2020, un tercio de los 227 ambientalistas exterminados a nivel mundial, superando el récord de 212 víctimas en 2019; lo que significa más del 150%, en comparación al 2018.
Estas cifras siguen en aumento a pesar de las promesas del Gobierno de Iván Duque, cuya gestión culmina en menos de un año y durante la cual se ha profundizado el exterminio sistemático de ambientalistas, colocando al país a la cabeza de la lista mundial.
La ineficacia de la política de seguridad gubernamental en zonas rurales, coloca en riesgo no solo a la población campesina sino también a los pueblos indígenas. Esta población cuenta con la mitad de los asesinatos documentados, “a pesar de representar solo el 4,4% de la población” nacional. El informe señala que los pueblos indígenas fueron el blanco de cinco de las siete masacres registradas en 2020.
Por su parte, la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC- informó, citando al Sistema de Información de la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz, que desde el inicio de la pandemia al 30 de junio de 2021 al menos 80 mujeres indígenas fueron víctimas de algún tipo de afectación. De ellas, 28 habían recibido amenazas, 19 fueron asesinadas, 16 sufrieron atentados, 4 resultaron heridas y 2 fallecieron por impactos de minas antipersonas. Asimismo, hay 2 mujeres indígenas que siguen desaparecidas, 2 víctimas de retenciones ilegales por la fuerza pública, y otras 2 son hostigadas por actores armados (con casos de violencia sexual y secuestro).
Incremento de la violencia contra los pueblos indígenas
El Observatorio de Derechos Territoriales y el Sistema de Información de Violencia Sociopolítica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas también ha identificado un crecimiento del 200% de homicidios del liderazgo indígena.
Un ejemplo reciente fue el atentado del pasado 9 de septiembre contra el rector del colegio del Cabildo Indígena de Kite Kiwe, José Rodvel Collazos, quien fue víctima de disparos cuando regresaba a su comunidad, luego de participar de una reunión con las autoridades indígenas del norte del Cauca. Las 139 autoridades indígenas agrupadas en el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- responsabilizaron al Estado colombiano por ignorar y negar los llamados de urgencias.
La investigación de Global Witness sostiene que estas acciones contra la población son las que la Organización de Naciones Unidas clasifica como violencia endémica. También reitera la deficiencia de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno nacional y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. “Los programas de sustitución de cultivos de coca (…) uno de los aspectos clave del Acuerdo de Paz, se vincularon con 17 ataques letales en 2020”, subraya el informe. Mientras, los pueblos indígenas mantienen sus expectativas de lo suscrito en el Capítulo Étnico.
El panorama en Colombia no parece mejorar con el devenir de la pandemia de la Covid-19, más aún cuando refleja el deficiente el papel de los entes gubernamentales para garantizar protección a la población.
Otra tragedia es el incremento de la deforestación impulsada por la colonización y el acaparamiento de tierras, principalmente dedicados a la ganadería extensiva en el país. La deforestación en la región amazónica colombiana se ha disparado más del doble, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM.
Por su parte, el Global Forest Watch del World Resource Institute calcula que tan solo en 2020 hubo más de 320 mil hectáreas de superficie deforestada en Colombia, mayoritariamente en la Amazonia y en varias áreas protegidas como los Parques Nacionales Naturales de la Serranía de Chiribiquete, Tinigua y la Sierra de la Macarena. El informe de Gaia Amazonas contrasta las cifras con las presentadas por el IDEAM, que registró 171.685 hectáreas deforestadas durante 2020.
La responsabilidad recae en el Gobierno de Iván Duque por no fortalecer los mecanismos de protección colectiva de las comunidades para la salvaguarda del territorio, la vida y la paz en el país con la mayor biodiversidad del mundo y donde los delitos ambientales a gran escala no se castigan.


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