Macri intenta eludir la indagatoria
por el espionaje a los familiares del
ARA San Juan - Envio:RL
Por Luciana Bertoia, Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2021.
El juez federal Martín Bava aún no pudo notificar al expresidente Mauricio Macri para que se presente el jueves a prestar indagatoria por el espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. En el entorno del exmandatario sostienen que no tiene previsto regresar al país antes de fin de mes y aspiran a ganar tiempo después de que la citación sorprendiera al exmandatario mientras estaba en Miami Beach presentando su libro Primer Tiempo.
La Policía Federal le informó al juzgado de Dolores, que subroga Bava desde que Alejo Ramos Padilla se mudó a La Plata, que no habían podido dar con el domicilio de Macri. Según informaron fuentes que siguen el caso, los policías habían ido este martes a llevar la notificación al departamento de avenida del Libertador donde solía vivir el exmandatario y que le había prestado como hogar temporario a su amigo y exdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas, su consorte en la causa por espionaje de Dolores.
Después del intento fallido por localizar el domicilio del presidente, Bava le pidió informes para este miércoles a la Policía Federal y a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). La policía debería poder proveerle los datos porque es la que le presta custodia a Macri, dicen quienes están en contacto con el líder del PRO.
La estrategia de Macri pasa por ganar tiempo. No tiene previsto alterar su agenda, que incluye una pasada por Qatar para una actividad con la Fundación FIFA que preside. Estiman que estará en Buenos Aires de regreso para finales de mes y esperan que sea el juez Bava quien modifique la fecha de la convocatoria.
Macri, mientras tanto, sigue discutiendo su estrategia legal con su abogado Pablo Lanusse, que lo representa también en la causa sobre el envío de municiones a Bolivia, y con el exministro de Justicia Germán Garavano. Por el momento, no hay intención de los abogados de Macri de presentarse en Dolores, pese a que podrían hacerlo porque es claro que ya están enterados de que elexpresidente está citado.
El viernes pasado, Lanusse denunció desde Twitter que la citación era una persecución contra Macri, como había sostenido cuando estalló el escándalo por Bolivia. También sostuvo que la justicia federal de Dolores no es competente para investigar a Macri y que, pese a todo, el expresidente se presentará. Lo que no se sabe es cuándo.
En el macrismo le atribuyen a la citación de Bava fines electorales y sostienen que la indagatoria debería posponerse hasta después de las elecciones de noviembre. Es poco probable que ello vaya a suceder. Sin embargo, es claro que buscarán dilatar las definiciones todo lo posible.
Bava llamó a indagatoria a Macri después de terminar con toda la ronda de declaraciones de los imputados. La información en la causa, y que dio pie a los procesamientos de la cúpula de la AFI macrista, es que los espías seguían a los familiares de los submarinistas para adelantarle a Macri cuáles serían los movimientos que iban a hacer en un tema que suscitaba la atención nacional e internacional.
En su resolución del viernes pasado, Bava descartó de plano de que los agentes de la AFI estuvieran haciendo acciones por su cuenta, sino que obedecían a los lineamientos que emanaban de las autoridades. En las indagatorias, hubo dos posturas: quienes buscaron mostrarse ajenos a la operatoria y quienes dijeron que estaban actuando para garantizar la seguridad del presidente, que eran parte de las tareas que la AFI hace en coordinación con la Casa Militar para asegurar que el primer mandatario no corra riesgos.
El juez desestimó ese planteo y sostuvo que se trataron de acciones de inteligencia ilegal sobre personas a las que el Estado debería dar respuestas en su búsqueda y a las que terminó espiando. Por esos hechos, que se extendieron entre diciembre de 2017 y finales de 2018, Bava procesó a Arribas y a su número dos, Silvia Majdalani, al exdirector de la base Mar del Plata de la AFI Nicolás Iuspa Benítez, al exdirector de Reunión Interior Eduardo Winkler y a cinco agentes que revistaban en la delegación marplatense.
Arribas pidió autorización en la causa para viajar a Brasil el próximo jueves por 60 días. Allí viven su esposa y su hija. Él también residió en el país vecino desde 2006 hasta que Macri lo llamó para hacerse cargo de la AFI en diciembre de 2015. La querella que encabeza la abogada Valeria Carreras le pidió a Bava que rechace la pretensión de Arribas porque entiende que puede entorpecer la investigación o fugarse. Hasta ahora, el juez no se pronunció. Será una de las decisiones que deberá tomar en las próximas horas junto con la probable postergación de la indagatoria del expresidente.
La causa
La investigación sobre el espionaje a los familiares del ARA San Juan se inició el 23 de septiembre del año pasado cuando la interventora en la AFI, Cristina Caamaño, radicó una denuncia en la justicia federal de Mar del Plata. Caamaño había hallado documentación sobre los seguimientos a las familias mientras relevaba información que le había pedido el juez Ramos Padilla mientras investigaba el llamado “Proyecto AMBA”.
La base de Mar del Plata era una de las tres delegaciones históricas, junto con la de La Plata y Bahía Blanca, que entre 2016 y 2017 estuvieron abocadas al “Proyecto AMBA”. Por esa iniciativa, se crearon seis bases en el conurbano bonaerense que se dedicaron al espionaje político. Las oficinas de la AFI funcionaron en Ezeiza, Quilmes, La Matanza, San Martín, Haedo-Morón y Pilar. Por estos hechos, entre Ramos Padilla y Bava procesaron a 26 exintegrantes de la AFI.
La justicia federal de Mar del Plata se declaró incompetente y le envió la causa al juzgado de Dolores. El expediente llegó cuando Ramos Padilla ya se estaba yendo al juzgado federal 1 de La Plata.
En diciembre del año pasado, el camarista Martín Irurzun le dio la razón a Arribas y sostuvo que la causa por el AMBA debe tramitar en los tribunales de Comodoro Py. El juez Ariel Lijo le pidió a su colega de Dolores que le envíe la causa. Sin embargo, Bava respondió que aún falta que se expida la Cámara Federal de Mar del Plata.
Octubre es feminista y hay un montón
de encuentros
Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2021.
Este viernes 8, sábado 9 y domingo 10 se llevará adelanta el 35 Encuentro Plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex y no binaries en diferentes plazas del país, contará con modalidad presencial y virtual.
🔥El movimiento feminista, transfeminista y popular no está paralizado. Tenemos mucho para aportar y transformar la vida. Somos resistentes, combativxs, logramos señalar y denunciar, sin maquillaje, que este modelo económico, cultural, político y social no se aguanta más.
🔥Nos mueve el deseo de las libertades colectivas y compartidas, el respeto de las diversidades, la justicia, la memoria y la marea verde; nos mueven nuestros derechos negados: una vida libre de violencias y las políticas para una vida digna para todes.
🔥Después de todo, nuestro trabajo, nuestras militancias y experiencias son esenciales. Pese a que por segundo año la pandemia global por Covid 19 impidió que pudiéramos viajar al 35 Encuentro Plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex y no binaries en San Luis, continuamos organizándonos en cada territorio, preparándonos para concretar en 2022, en territorio, Huarpe, Comechingón y Ranquel, el 35 Encuentro Plurinacional de MLTTBINB.
🔥Hace falta continuar tejiendo más feminismos para hacer frente a la crisis. Feminismos plurinacionales y diversos, trasngeneracionales, antirracistas y anticolonialistas. Un movimiento de mujeres, de lesbianas, de travestis, de trans, de mujeres bisexuales, personas intersex y no binaries.
⚡️🌈💜💚Somos miles y vamos rumbo a San Luis 2022!
🤜Consultá el mapa virtual con la data de todos los Encuentros plurinacionales regionales que se organizaron entre el 8, 9 y 10 de octubre 2021.
Nos vemos en las calles, en las redes y en las luchas‼️
Campaña #SomosPlurinacional Feministas del Abya Yala 35 Encuentro Plurinacional San Luis 2020
Este sábado se lanzará «un grito
contra la Conquista y el racismo»:
acto político-cultural frente a estatua
del genocida Roca en Buenos Aires
Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2021.
Con motivo del 12 de octubre, día de la Resistencia indígena, este sábado 9 se realizará un acto político-cultural frente a la estatua del genocida general Roca (Diagonal Sur y Perú, en CABA).
La actividad se iniciará a las 15 horas y habrá una intervención artística realizada por mujeres del barrio bonaerense de Luis Guillón y de CABA, sobre la Conquista de 1492 y la que se sigue repitiendo en el presente.
Luego la actriz Patricia Portaluppi dirá un poema sobre la lucha de los pueblos indígenas.
El actor y dramaturgo Norman Briski escribió un texto denominado «Caballería Rusticana» que interpretarán los actores Nico Abdala y Juan Astorga.
El historiador Marcelo Valko recreará aspectos de lo que significó el DescubriMIENTO y todo lo que se fue derivando desde ese Holocausto hasta el presente.
También habrá música a cargo de Paula Ferré, Naya Ledesma, «Pampa» Ubertalli, Mica Bareiro y Gus Laureano y La Vasquita.
Habrá un recuerdo especial para el Che Guevara, en un nuevo aniversario de su caída en combate, a cargo del trovador Mapu y del poeta Julio Pomacusi.
El cierre está a cargo de la banda de Sikuris del Arco Iris.
Convocan: Frente Cultural Che Adelita, Movimiento de Mujeres Indígenas por el buen vivir, Basta de Falsas Soluciones (BFS), Las Domitilas, Resumen Latinoamericano, Columna Anti-racista, Ni una migrante menos, Venceremos-Partido de Trabajadores, OLP-Resistir y Luchar
UN GRITO CONTRA LA CONQUISTA Y EL RACISMO
Hoy más que nunca se hace necesario recordar que cuando vinieron ELLOS, los conquistadores europeos, Abya Yala estaba poblada por cientos de naciones originarias que vivían en armonía con la Madre Tierra. Sus territorios y sus cuerpos fueron arrasados, produciendo uno de los genocidios más crueles y numerosos que recuerde la Humanidad. Alrededor de 90 millones de hombres, mujeres y niñes resultaron asesinadxs bajo el filo de la espada, que además estaba bendecida por la Biblia. La excusa fue el Descubri- MIENTO, pero la realidad significó el saqueo indiscriminado de bienes comunes y poner en marcha la colonización violenta de los territorios. A pesar de todo y contra todo, siempre hubo RESISTENCIA. Luego, continuaron produciéndose distintas acciones depredadoras de los nuevos conquistadores, desde Roca con su campaña de exterminio, pasando por distintas variantes de militares, cardenales, empresarios y escribas paridos por nuevas generaciones de adoradores del capitalismo sin freno. El racismo fue inherente a la colonización, porque se considera al otro, otra, otre, inferior, por lo tanto la muerte y el desprecio están hermanadas. Por eso este grito de nuestros pueblos originarios que continúan levantándose contra las políticas de recolonización que practican las trasnacionales, los amos del agro negocio, los alimentos transgénicos, la megaminería, la deforestación, y todo lo que quiere borrar el Buen Vivir en equilibrio con la Pachamama. Hoy como ayer, nuestro lugar es el de la RESISTENCIA, para enfrentar los nuevos colores del coloniaje y el racismo que estamos viendo amparados por el estado nación, por los gobiernos provinciales, por sus policías, por su poder judicial, sus medios de descomunicación y por su cultura represora. Compañeres y hermanas en intervención artística, monólogos, poesìa, murales, teatro y músicas nos unirán en un solo clamor : Salvar la Madre Tierra y las vidas.
La vida de los otros: la infiltración
a los familiares del San Juan
Por Ricardo Ragendorfer, Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2021.
De modo azaroso, pudo salir a flote la verdad sobre la tragedia del submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017 cerca del golfo San Jorge, mientras navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata. Lo cierto es que nadie imaginó que ello daría pie a una historia oscilante entre el espionaje ilegal y el ocultamiento.
Por un lado, ya al filo de la primavera del año pasado, la revisión de un disco rígido de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) –pedido por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, para su pesquisa acerca del agente polimorfo Marcelo Sebastián D’Alessio– dejó a la intemperie algunos papers que acreditan el fisgoneo sistemático del régimen macrista a familiares de los 44 tripulantes malogrados en aquella ocasión.
Aquel hallazgo estuvo atado a otro. Porque la declaración de un oficial procesado por el hundimiento, el ex director de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, contraalmirante Enrique López Mazzeo, ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, puso, a su vez, al descubierto que el Poder Ejecutivo de entonces mantuvo por casi un año la ficción de la búsqueda al ocultar a los familiares y a la opinión pública que, en realidad, los restos de la nave habían sido ubicados tres semanas después de la catástrofe.
Pero recién se lo dio por encontrado el 16 de noviembre de 2018. Macri, entonces, grabó un mensaje televisivo de apenas cinco minutos desde la Quinta de Olivos para darse dique con el falso descubrimiento, al que calificó como “una noticia que nos produce un enorme dolor”. Tampoco le tembló la voz al expresar a los familiares que podían contar con él “como el primer día”. Y no se privó de rematar: “Los tripulantes eligieron una profesión de riesgo”.
Ahora, mientras el ex presidente –quien se encuentra en Miami Beach– arrastraba sus valijas por la avenida Collins para cambiarse de hotel, se enteró de que el juez federal –subrogante– de Dolores, Martín Bava, le había dictado la prohibición de salir del país en la causa por ese espionaje, además de citarlo a indagatoria para el 7 de octubre.
He aquí el mar de fondo del asunto.
En medio de la comedia negra que tuvo por eje dicha búsqueda ficticia, Macri recibió en la Casa Rosada a los familiares de los submarinistas, llegados desde Mar del Plata. La prensa anticipaba el clima tenso del encuentro debido a los cuestionamientos que los visitantes le harían al gobierno. Era la mañana del 6 de febrero de 2018. Y Macri, a pesar de la hostilidad que irradiaban los visitantes, exhibía un aplomo inaudito.
Claro que su buen ánimo estaba apuntalado por una razón de peso: tres días antes, la delegación marplatense de la AFI le había enviado un minucioso informe para detallar cuáles serían los reclamos y quiénes los verbalizarían. Tamaño truco le permitió atajar los penales con solvencia, como sabiendo de antemano a qué ángulo iría la pelota.
No está de más analizar su letra y su estilo burocrático, empezando por el título: “Pedidos y reclamos al señor Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, por familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan”. Por caso, le informa que “la señora XXX, esposa del tripulante XXX expresará que siga la búsqueda y que se contrate lo que haya que contratar”.
También consigna que “entre todos los familiares intentarán ‘reprochar’ un desamparo por parte del Sr. Presidente ante los reclamos de que se presente personalmente en la base con más continuidad para la contención de los mismos”. Aquellas son solo dos de sus variadas consideraciones.
Tal nivel de exactitud da a entender que, por un lado, las reuniones de los familiares fueron debidamente infiltradas y que sus teléfonos –como ellos ya sospechaban– se encontraban pinchados.
El 15 de febrero, el gobierno en pleno, con Macri a la cabeza, se recluyó en la residencia presidencial de Chapadmalal para encarar un típico “retiro espiritual” del PRO con el propósito de establecer sus metas políticas para los próximos meses.
La comitiva disfrutaba de las charlas motivacionales a cargo de Marcos Peña. Un bello clima flotaba entre los presentes. Aquella escapada se prolongó por cuatro días sin ningún incordio.
De hecho, Macri y los suyos pudieron eludir con facilidad el posible acoso de los familiares gracias a los informes elaborados por los muchachos de la AFI en la Ciudad Feliz.
Idéntico soporte de inteligencia lo preservó de ser perturbado durante la Semana Santa de aquel año, cuando volvió a la residencia de Chapadmalal con su esposa, Juliana Awada, y la pequeña Antonia.
Tanto es así que no tuvo otra preocupación que entregarse al deporte de los hoyos en el exclusivo Mar del Plata Golf Club. Los espías eran sus ángeles guardianes, porque el 2 de abril, cuando tenía previsto encabezar un homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas –la única actividad oficial de su estadía–, los fisgones volvieron a enviarle un paper sobre los reclamos que allí le harían los familiares, quienes aguardaban su llegada. Al final, no pasó nada.
De los papers que había al respecto en los discos rígidos revisados por las actuales autoridades de la AFI, se desprende que aquellas operaciones de inteligencia habían sido ordenadas personalmente por el mismísimo director del organismo, Gustavo Arribas, cumpliendo directivas de Macri. Y que sus hacedores eran los agentes que el abogado Pablo Pinamonti –quien en 2017 condujo el denominado “Proyecto AMBA”– dejó en Mar del Plata. En este caso, no hay ninguna duda de que la terminal del fisgoneo era, sin escalas ni intermediarios, el propio Mauricio. Y no se descarta la hipótesis de que el monitoreo delictivo sobre familiares haya perdurado hasta después del 16 de noviembre de 2018, cuando se produjo la impostura del hallazgo de la nave.
Al conocerse el llamado a indagatoria para el ex presidente, su abogado, Pablo Lanusse, únicamente atinó a ejercer su defensa por Twitter. “Esto es un atropello y una persecución más en su contra”, fue todo su alegato.
Más allá del destino procesal de Macri, esta historia dibuja una metáfora sobre la crueldad de un régimen incompetente, idiota y brutal.
La ruta del saqueo
Por Gastón Rodríguez, Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2021.
Resistencia en Córdoba a una autovía de montaña “para llevarse los recursos naturales y sacarlos hacia China”.
El visitante se detiene, mira el cerro y el río. Intenta imaginar el trazado, reemplaza en su cabeza todo ese verde desparejo por un gris liso; siente un poco de pena. Aplaude fuerte. Después dirá “señor” o “doña”, según quién salga, y explicará que es de la empresa Caminos de las Sierras y que viene a medir y sacar fotos. Ante el gesto de extrañeza o desconfianza, el visitante mostrará un papel: la resolución de la Legislatura de Córdoba que declara de interés público el terreno que está pisando. Después pasará a argumentar. “Mire –intentará ser gentil–, su casa ya está expropiada. Lo mejor es que acepte la oferta de inmediato porque podemos pagarle hasta un diez por ciento más de la tasación de la propiedad que, seamos francos, está muy venida abajo y aislada de todo. Si le parece, podemos coordinar una visita a las oficinas. No se preocupe, quedan acá cerquita, en Malagueño, y firmamos los papeles”.
2.
“Han estado visitando a vecinos de Bialet Massé y de San Roque, las zonas más pobladas, pero sin ninguna documentación que respalde lo que están haciendo ni información precisa. Han generado más incertidumbre en la gente, que no sabe qué va a pasar con su casa ni con su vida. También es grave que estén actuando, cuando todavía hay una cuestión pendiente en la Justicia. La persona tiene que ser notificada formalmente de que va a ser expropiada, y eso no está ocurriendo. Por lo tanto, no tiene ninguna validez. La única finalidad es hacerles ‘la psicológica’, obligarlos a creer en que ya no hay vuelta atrás. Lo que buscan, en última instancia, es que los vecinos se entreguen”, dice Eugenia Caraballo, integrante de la Asamblea San Roque Despierta, una de las tantas organizaciones ambientales de la zona del Valle de Punilla que vienen resistiendo el proyecto del gobernador Juan Schiaretti de construir, a través de la empresa Caminos de las Sierras, una autovía de montaña al oeste de la vieja Ruta Nacional 38 que uniría Variante Costa Azul con Molinari. Dicho de otro modo, se trata de veinte kilómetros de asfalto que arrasarían monte nativo, comunidades originarias y locales, sitios arqueológicos, especies en peligro de extinción y todo el paisaje que le dio al lugar su valor cultural y turístico.
3.
“La estrategia es presentar esta obra vial en tramos para esconder el verdadero impacto ambiental”, dice la abogada Marcela Fernández, de la Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA). “Hicimos una presentación judicial que se acopló a un amparo de 2017 por otro tramo de la ruta. Es decir, para la Justicia estamos hablando del mismo proyecto, pero el gobierno insiste en que son cosas distintas”.
El 24 de agosto de este año se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 192 de la Secretaría de Ambiente por la que se otorgó la licencia ambiental para la realización de la obra de la autovía, ignorando al casi noventa por ciento de los ciudadanos –más de setecientos– que se habían manifestado en contra durante las audiencias públicas virtuales. El diez por ciento restante fue mérito de los funcionarios de la provincia y de los municipios del departamento Punilla. “Nosotros impugnamos la licencia otorgada –cuenta Fernández– por vicios de fondo y procedimentales. Para empezar, la convocatoria virtual obligaba a tener una calidad de ciudadano nivel 2, que viola el principio de igualdad porque deja afuera a los campesinos y a las comunidades originarias, que son los más afectados y que ni siquiera se enteraron del proyecto. Luego tenemos un estudio de impacto ambiental incompleto, lleno de falsedades y plagios. Hay deficiencias desde el punto de vista geológico, hidrológico, de los minerales, antropológico y social, por nombrar sólo algunas de las muchas omisiones. A pesar de todo esto, la Secretaría de Ambiente otorgó la licencia sin dar ningún argumento que justifique apartarse de la voluntad ciudadana ni tampoco dieron respuestas a ninguna de las críticas vertidas en las audiencias. Sólo se hizo una valoración tendenciosa que no tiene correlato con la realidad”.
Esa realidad se manifiesta, por ejemplo, en que el 76,4% del trazado se realizaría sobre bosque nativo con la máxima categoría de conservación (Zona Roja). También atravesaría el yacimiento de uranio “Rodolfo”, uno de los más grandes del país, con la consecuente contaminación del agua que ingiere gran parte de los cordobeses y la liberación de radón, un gas radiactivo que aumenta el riesgo de cáncer de pulmón.
4.
La mega-obra que impulsa el gobernador Schiaretti está presupuestada en 100 millones de dólares. Sólo un cuarto saldría del Tesoro Provincial. Los 75 millones restantes los aportará un crédito otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), más conocida como Banco de Desarrollo de América Latina, un organismo “comprometido con mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región”.
El 20 de julio pasado, sin embargo, las asambleas de Punilla y la Asamblea en Defensa del Ambiente de Córdoba denunciaron ante el Comité de Transparencia de la propia CAF que el acuerdo económico para financiar la autovía no cumple con sus salvaguardas en materia socio-ambiental, que “tienen por objeto la protección del medio ambiente, el cumplimiento de las leyes nacionales y provinciales y el cuidado del patrimonio cultural y social”.
También advirtieron que la CAF se volvería cómplice del atropello que pretende llevar adelante el gobernador Schiaretti y que agradecerían que les hagan saber los argumentos del crédito a un emprendimiento que viola sus tan promocionados principios de “frenar el deterioro ambiental, apoyar el crecimiento económico y respaldar la mitigación y adaptación al cambio climático, conscientes que esto es esencial para lograr la sostenibilidad ambiental y social”. Las vecinas y vecinos autoconvocados de las diferentes localidades del Valle de Punilla y la capital provincial no esperan una respuesta. Conocen las razones desde mucho antes.
5.
“Desde 2017 –expresa Caraballo– venimos denunciando que la obra tiene por detrás algo más grande y que es formar parte del plan IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamérica). Nos mienten diciéndonos que el objetivo es el progreso, que la autovía va a servir para el turismo y para llegar más rápido a los hospitales, pero cualquier médico te va a explicar que antes de trasladar a un paciente, hay que estabilizarlo, y en la zona han desmantelado el sistema de salud, vaciaron los dispensarios. Lo que buscan es la salida al Pacífico para llevarse todos los recursos naturales y sacarlos hacia China. Ya hubo problemas en Bolivia y Brasil por este tema. Es lo que nosotros llamamos La Ruta del Saqueo”.
IIRSA es un compromiso asumido en 2015 por los entonces Presidentes de la Argentina, Mauricio Macri; de la República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff; de Chile, Michelle Bachelet y de Paraguay, Horacio Cartes, “para el mejoramiento sustancial de la infraestructura física, de la facilitación del tránsito transfronterizo y de la agilización de los procedimientos aduaneros, destinados a hacer más expedita la circulación de personas y bienes entre sus respectivos países, de modo de lograr una alta eficiencia logística, mayor competitividad económica y una integración regional más efectiva”.
Menos ampuloso y más concreto: IIRSA busca ampliar la Ruta Nacional 38 hasta transformarla en un “corredor interoceánico” que comunique, sin aduanas ni fronteras, la brasileña Porto Alegre con el puerto chileno de Coquimbo. Volviendo a los eufemismos de las declaraciones oficiales, la obra permitiría “un fluido tránsito comercial desde el centro y norte de la Argentina hacia los mercados del Pacífico, Oriente y Asia”.
El viernes 24 de septiembre, aprovechando la excusa de las manifestaciones mundiales contra el cambio climático, los vecinos de Punilla salieron a las calles para volver a gritar el rechazo al proyecto oficial y sostener la defensa del Valle. Confían en la organización popular, la misma que en 2018 obligó al gobernador a retirar su propuesta de un trazado por el este del faldeo serrano, en lo que hubiera sido el primer tramo de la autovía de montaña.
“Es importante –reflexiona Caraballo– que en Buenos Aires se sepa lo que ocurre en Córdoba porque allá pueden pensar: ‘Che, qué bueno que pongan rutas para llegar más rápido’, pero después van a venir a ver nada, no va a quedar ni río ni montaña. Todo lo que buscaban al venir acá para descansar y disfrutar, no va a estar más”.
Fuente: La tinta
Los paisajes del despojo mapuche
Por Sabrina Aguirre, Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2021.
Ante la multiplicación de los conflictos territoriales que involucran a comunidades mapuche, se vuelve necesario reflotar el debate por el origen de la situación actual de este pueblo y seguir discutiendo las formas en que la violencia hacia los pueblos originarios se reproduce en el presente sobre la base de una configuración histórica de la desigualdad.
Cada vez que sale a la luz un conflicto que involucra a comunidades mapuche, emergen los argumentos que las presentan como portadoras de un voraz deseo de acaparar tierras mediante la acción ilegal y en perjuicio de quienes tienen legalizada su permanencia en el espacio a través de títulos de propiedad. En esta trama argumental hay una figura favorita: la de la “usurpación mapuche”, que sirve como impulso para las causas penales que tienen como parte imputada a muchas comunidades, para las órdenes de desalojo e incluso para la entrada de las fuerzas de seguridad en territorio indígena.
Hemos naturalizado una versión de la historia que sostiene que en algún momento muy lejano se repartieron las cartas con las que hoy se juega, y que hay que aceptar lo que a cada uno le tocó. A unos les tocó tener las cartas de las estancias, y a otros les tocó vivir trasladándose de una tenencia precaria a otra.
Todo este razonamiento se construye sobre el pensamiento de que como el reparto de cartas sucedió hace tanto tiempo, no vale la pena discutir en qué términos se realizó. El problema con esta idea es que en realidad el despojo configura paisajes que no solo se fundan en un evento violento de desposesión. Sino que la desposesión es un proceso prolongado y reconfigurado a lo largo del tiempo en tramas que llegan hasta el presente.
Para 1870, antes de la “Campaña al desierto”, Argentina era un puñado de provincias que no incluía ni la Patagonia ni la zona del Chaco. La Patagonia ya tenía su población y su civilización: los pueblos indígenas. La “conquista” del “desierto” no fue otra cosa que una campaña para anexar las tierras por medio de la violencia, exterminando o expulsando a sus pobladores originales, y luego incorporando sus remanentes como mano de obra barata.
Este hecho, que incluyó campos de concentración, caminatas en situaciones infrahumanas, violencia sexual, desmembramiento de familias, entre muchas otras situaciones, fue el que fundó el paisaje de despojo mapuche. Las clases dominantes se apropiaron del mazo por medio del Estado y repartieron las cartas. Los notables apellidos de Buenos Aires se volvieron los propietarios ausentes de la Patagonia.
Luego al Estado le preocupó asentar población que tradicionalmente tenía pautas de vida móviles, a la cual se fueron sumando inmigrantes. En las tierras cercanas a la cordillera las grandes estancias de propietarios privados nacionales y extranjeros marcaban la pauta de ocupación del espacio, salvo en recovecos donde se sostenía presencia indígena.
Durante unas dos décadas, en este plan de radicación fueron contempladas las familias indígenas, prometiendo en muchos casos la propiedad de la tierra si se cooperaba con el Estado. Corría la década de 1910 cuando estas promesas empezaban a ser abandonadas. La propiedad sería concedida preferentemente a las familias con capital.
El Estado, entonces, reguló el acceso de los pueblos indígenas a la tierra, y en beneficio de otros actores, los mantuvo como habitantes precarios que casi nunca llegaron a titularizar las tierras. Este fue el caso, por ejemplo, de las comunidades Campo Maripe y Fvta Xayen (ambas cerca de Añelo), que sin poder acceder a la propiedad de sus tierras entraron en conflicto con privados que las titularizaron durante la última dictadura militar (1976-1983).
En los casos en los que hubo títulos de propiedad en favor de los mapuche, los actores dominantes regionales, muchas veces comandando las instituciones locales del Estado, mezclaron estrategias legales e ilegales para ejecutar nuevos despojos. Este fue el caso de la comunidad Paicil Antriao (en Villa La Angostura) a partir de la década de 1950. Las comunidades fueron arrinconadas a lo largo del siglo XX a espacios marginales y carentes de recursos básicos como el agua.
También hubo otros casos en los que el propio estado de Neuquén reconoció tierras en reserva, aunque ante la posibilidad de desarrollar actividades lucrativas despojó parcialmente a las familias mapuche de lo previamente reconocido. Esto sucedió con la comunidad Puel (en Villa Pehuenia) en los ‘80.
Es decir, ese hecho fundante pleno de violencia que “repartió” las cartas se prolongó y se reactualizó. Los paisajes del despojo mapuche se están configurando también en la actualidad y no son meramente cosa del pasado. Sobre la base de esa mano de cartas tan pobre para los pueblos originarios, actualmente se siguen sucediendo estrategias de juego que, sin esa violencia característica de la “conquista” del “desierto”, reproducen sus consecuencias y las refuerzan. Se trata de una violencia de la vida cotidiana que agrava las desigualdades.
Un ejemplo de ello es la resistencia de algunos estados provinciales a aplicar las leyes nacionales y normas internacionales del derecho indígena, que buscan revertir situaciones históricas de desigualdad hacia estos pueblos. En Neuquén, el estado reglamentó en 2002 la Ley nacional 23.302 para imponer criterios más restrictivos para reconocer a una comunidad como tal -esta normativa local fue declarada inconstitucional aunque aun así no se ha derogado. También se ha negado sistemáticamente a relevar las tierras indígenas acorde a la Ley 26.160 del año 2006.
Aunque este año se han abierto nuevamente las negociaciones para firmar un convenio de relevamiento entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la provincia, el camino seguido para llegar aquí ha sido desalentador. Esto se agrava a partir de la extendida creencia de que los funcionarios locales no deben capacitarse en derecho indígena, como sostuvo el secretario de desarrollo y medio ambiente en un juicio del 2019. Como si no hubiera derecho que reconocer, y abonando la imputación penal por agravios a la propiedad privada, desconociendo los trasfondos históricos de las tierras en disputa.
El paisaje del despojo mapuche incluye las formas de violencia histórica en la obligación de habitar espacios marginales y desprovistos de recursos, en el avance de actividades extractivistas y contaminantes sobre los espacios indígenas, que son tenidos como “territorios sacrificables”. Pero también integra las violencias cotidianas de quienes lo caracterizan como un pueblo sin derechos y lo construyen como criminal -incluso imputando a sus miembros penalmente- por defender sus territorios. La estigmatización y la difusión de representaciones estereotipadas forman parte de esto.
La pregunta que queda por hacernos es qué formas de apropiación social de esas violencias de larga data y de la cotidianeidad estamos poniendo en práctica y cuáles podemos lograr cambiar. Un camino posible empieza por reconocer estos despojos como una violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Esto supone colocar al Estado en un rol central para la reparación. Una reparación histórica, en tanto ha sido el mismo Estado el que ha actuado haciendo mella a las condiciones de vida de los pueblos indígenas en el pasado -en defensa de intereses de actores dominantes locales y extranjeros-, y se encuentra actualmente en una posición dual: responsable del despojo y responsable del desagravio.
Otro camino se vincula con el rol de quienes, desde diferentes lugares, estudiamos la realidad social. Nos queda la tarea de habilitar ciertas condiciones para desterrar el negacionismo y que exista una apropiación social de la historia que incluyó un genocidio y que posteriormente lo vio prolongar sus consecuencias hasta el presente.
También estamos recorriendo un camino intercultural que es necesario fortalecer y ampliar. Desde el entendimiento de que a raíz de esa historia de despojo y de los actores dominantes que han oprimido y oprimen tanto a los pueblos originarios como al que se reconoce como argentino, debemos asumir que estos pueblos caminan juntos inevitablemente.
Estos caminos, que no pueden encontrarnos separados, pueden llevarnos a construir un mundo donde quepan otros mundos, no mediante una inclusión subordinada sino mediante un diálogo sobre la base de la identidad, el territorio y la autonomía. Así pueden estos caminos revertir los paisajes del despojo.
*Historiadora y docente de la Universidad Nacional del Comahue
Se realizó un «ollazo» nacional
contra el hambre
Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2021.
Las organizaciones piqueteras se manifestaron en el Obelisco porteño contra el ajuste y la miseria.
Desde las 10 hs de la mañana cientos de piqueteros se concentraron en el Obelisco porteño para realizar un “Ollazo Nacional” para poner de manifiesta la gravosa situación que viven millones de trabajadores en el país, con un crecimiento en la desocupación, el hambre y la miseria social. Reclaman por trabajo genuino, universalización del seguro al desocupado y aumento de cantidad y calidad de alimentos para comedores populares.
La acción de protesta fue protagonizada por distintas organizaciones que integran la Unidad Piquetera, quienes ponen de manifiesto que ante la existencia de 18.5 millones de desocupados y 5 millones de indigentes el gobierno continúa la ruta de ajuste dictada por el FMI y el recorte de las partidas alimentaria, insuficientes para atender las necesidades creciente.
Esta actividad, a su vez, se replicó en distintas ciudades y provincias del país, poniendo de manifiesto que la grave situación que afecta a todos los habitantes del territorio nacional.
Desde los convocantes denuncian que la canasta de pobreza ya supera los $70.000, mientras que los programas sociales, de acceso limitado, alcanzan solo a la mitad del valor del salario mínimo, reduciendo los ingresos de un millón de trabajadores precarizados a escasos $16.000.
También señalan que la provisión de los alimentos es acotada e insuficiente, que en muchos casos se descontinúan las entregas y que la calidad de los alimentos se ha ido deteriorando, al punto de retirar de las provisiones los alimentos e insumos más caros, necesarios para una correcta alimentación de las familias.
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