COLOMBIA.

Entrevista a Fabián Ramírez, excombatiente 

y exprimer comandante del Bloque 

Sur de las FARC: “Del Acuerdo de 

Paz no se ha cumplido ni el 5%”

Por Fabián Ramírez. Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2021.

El periodista y escritor Jorge Gómez Pinilla entrevistó al excombatiente Fabián Ramírez, el primer comandante del Bloque Sur de la otrora guerrilla de las Farc. Tras cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, el exguerrillero habla sobre las diferencias con los miembros del Secretariado.

Su nombre de civil es Benito Cabrera y en las Farc se le conocía como ‘Fabián Ramírez’. Fue el primer comandante del Bloque Sur. A cinco años de la firma del acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, en entrevista exclusiva para El Espectador, plantea serias divergencias con los miembros del Secretariado que rubricaron su firma en el acuerdo. ‘Ramírez’ y ‘Andrés París’ eran reconocidos contradictores de Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’. Por eso fueron expulsados del partido Comunes, en junio del año pasado. Pero diferencias tan de fondo, hasta ahora se conocen.

El autor de esta entrevista buscó a ‘Fabián Ramírez’ para conocer su opinión sobre la autoinculpación que hizo Julián Gallo, alias ‘Carlos Antonio Lozada’, del asesinato de Álvaro Gómez, considerando que se sabía que ambos dentro de las filas de las Farc eran como agua y aceite.

¿Por qué usted fue excluido de Comunes, si hizo parte de la negociación del Acuerdo de Paz?

Es que yo estaba muy cerca de los que decían que nosotros no teníamos nada que negociar con el Gobierno. Era el Gobierno el que tenía que decirnos qué iba a brindar al proceso de paz. Estábamos interesados en acabar la guerra, no en claudicar. Yo le pregunté a ‘Pastor Alape’: ¿quién nos garantiza que nos amnistíen, si se entregan las armas? Después se olvidan de nosotros. Y ‘Pastor’ me decía: “Para que nos den la amnistía, hay que entregar las armas”.

¿O sea que usted no estuvo de acuerdo con dejar las armas?

Había gente que hablaba de darnos un tiempo de 10 años, como mínimo: a medida que el Acuerdo se fuera cumpliendo, se vería la disposición de sacar las armas de los contenedores donde estaban, en las zonas veredales. Pero había afán de entregarlas. No de dejarlas, sino de entregarlas. Y fue lo que hizo el Secretariado: entregarlas, en su afán por ocupar unos puestos en el Congreso. Y en eso estamos enredados hoy. Se entregaron las armas, pero no se está cumpliendo el Acuerdo. Y estamos expuestos a que cualquiera se invente cualquier palabra, como la Procuraduría, que ahora salió a decir que somos promotores de esclavitud.

¿Qué papel jugó usted durante las conversaciones en La Habana?

Yo fui relator en el tema de dejación de armas y el cese bilateral. Pero lo que se escribía ahí, nunca se daba a conocer. ‘Carlos Antonio Lozada’ se reunía con el general Javier Flórez a solas y llegaban a acuerdos que después los del Secretariado aprobaban, menos ‘Iván Márquez’ y ‘Santrich’. Ellos nunca estuvieron de acuerdo en que se hablara a solas, en que se hicieran acuerdos por debajo de cuerda.

¿Si usted no estuvo de acuerdo, por qué no se fue con los disidentes que sí retomaron el monte, como ‘Iván Márquez’, ‘el Paisa’ o ‘Santrich’?

Yo estaba de acuerdo con la dejación de armas, no con la entrega de las armas. La dejación de armas estipulaba que nosotros tendríamos un tiempo con las armas y que se garantizaba la estabilidad de la gente en las zonas veredales. Por eso yo planteaba que antes de entregar las armas, se buscara la amnistía total. Entregamos las armas, pero no nos van a dar la amnistía. Ahora nos van a inventar un delito, y con ese delito a la cárcel.

Pero no era políticamente viable una amnistía total, después de que los paramilitares aceptaron estar presos un tiempo…

Contésteme esto: yo como revolucionario, con unos principios definidos, ¿cómo voy a aceptar que me entrego para que me abran un proceso o me metan a la cárcel? ¿O me maten, como también está ocurriendo? Es como decir que tengo en venta una casa, y en el momento del traspaso acepto entregarla sin que me la paguen. ¿Quién acepta ese negocio? Si nos hubieran dicho “vamos a hacer un proceso donde a ustedes los van a penalizar”, nadie habría aceptado ese proceso de paz.

¿O sea que fue un pésimo negocio el Acuerdo de Paz?

Claro. Todo fue el afán que tenía el Secretariado de ocupar unos puestos en el Congreso. Como si 53 años de lucha revolucionaria y miles de muertos hubieran sido para ocupar diez curules. ‘Jacobo Arenas’ dijo que llegar al Congreso tenía sentido cuando fuéramos mayoría electoral. ¿Aquí qué hacen cinco, qué hacen diez cuando la mayoría es reaccionaria y todo se aprueba por pupitrazo? Ellos son simples invitados de piedra, no definen nada.

¿Cuál es el futuro, entonces?

Yo a esto no le veo ningún futuro. Nos hemos comprometido con el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en eso tenemos que ayudar. Ayudar a las víctimas, evitar que se siga extendiendo la guerra, ser gestores de paz. No hay nada más que hacer, ya no vamos a cambiar este país.

¿Qué piensa de la JEP como vehículo de justicia transicional?

La JEP era para que estuvieran políticos, industriales, presidentes y exministros contando la verdad de los compromisos que tuvieron con los paramilitares, con los robos de tierras. Parece muy sencillo que para las Farc sí existe la cadena de mando, pero para las Fuerzas Militares no. Si el Secretariado dio la orden, entonces el Secretariado es el culpable. Y de los ‘falsos positivos’, ¿quién dio la orden? El Ejecutivo. ¿Y por qué no los declaran responsables?

Usted mencionó a ‘Pastor Alape’ y a ‘Lozada’, con quienes tuvo diferencias. ¿Cuáles eran esas diferencias?

Mientras ‘Marulanda’ y el ‘Mono Jojoy’ siempre estaban al frente de las tropas, ‘Alape’ y ‘Lozada’ al final no estuvieron al frente, se aislaron de la base. Ellos salieron con el cuento de que la gente no estaba cumpliendo las órdenes, que no quería combatir, pura paja. Si uno está al frente de la tropa dándole moral, la gente responde. Ellos mismos se aislaron.

¿Hubo acaso infiltrados de Inteligencia del Ejército en algún alto mando de las Farc?

Ese era el comentario que incluso el ‘Mono Jojoy’ también esgrimía. Por eso antes de que ‘Marulanda’ muriera, nadie ascendía. Los ascensos comenzaron después de que muere, después que el ‘Mono Jojoy’ muere, después que ‘Alfonso Cano’ muere.

¿Lozada ascendió después de que ellos murieron?

Así es.

¿Y por qué ascendió?

Eso pregúnteselo a ‘Timochenko’. Yo no tenía incidencia en eso, no era superior. Nosotros no conocíamos mucho las decisiones del Secretariado.

Hablando de ‘Antonio Lozada’, este declaró ante la JEP que fue él quien dio la orden de matar a Álvaro Gómez Hurtado. ¿Usted le cree?

Si lo dice él, debe tener sus argumentos. Entonces, habrá que creerle.

Pero, ¿usted le cree?

Si él dice que lo hizo… debe tener pruebas. Nadie es tan bruto de autoincriminarse sin pruebas.

¿Por qué antes de esa sorpresiva declaración de ‘Lozada’, nunca nadie del Secretariado había reconocido su participación en lo de Álvaro Gómez?

Eso pregúnteselo a ‘Carlos Antonio’. Él solo no actuaba, tuvo que haber alguien que sepa más. Por ejemplo, los radistas. Ellos manejaban la información de lo que sucedía en todo el territorio nacional. Pregúntele a los radistas que tenía el ‘Mono Jojoy’, porque él defendía el Bloque Oriental. O a los radistas que tenía ‘Marulanda’, porque todo le llegaba a él. Hasta allá es que tiene usted que llegar, para confirmar o negar eso.

¿Usted se siente a gusto con haberse desmovilizado o cree que les hicieron conejo?

Estoy a gusto con haberme reincorporado. Estar desmovilizado es renunciar a cambiar la estructura económica, política y cultural de este país. Reincorporado significa que sigo luchando por otras vías, dentro de la sociedad, para seguir ayudando a que Colombia puede cambiar.

¿Qué piensa de un señor como ‘Santrich’?

Era un hombre que tenía muy claro el proceso de paz. Más o menos un 80 % del Acuerdo fue autoría de ‘Santrich’, muy estudioso, muy atinado. En varios puntos donde se quería imponer conceptos equívocos, ‘Santrich’ los aterrizaba por el lado correcto.

¿La guerra contra las Farc cree usted que terminó mal, que fueron derrotados?

La guerra no se ha acabado. Algunos estamos comprometidos en cumplir el Acuerdo, pero con otros actores no ha habido paz, no ha habido ningún acuerdo. Así, la paz es muy compleja.

¿Algún mensaje para Juan Manuel Santos, el gran componedor de la supuesta paz?

Él debe ser el primer interesado en que lo pactado en el Acuerdo se cumpla. Él más que nadie está obligado a luchar que se implemente lo que se acordó. Si fracasa el proceso de paz, será su fracaso.

Sus palabras parecen advertir un inminente fracaso…

Es que veamos: en el primer punto sobre reforma rural integral, ¿qué hemos adquirido? Nada. En participación política le dieron 10 curules a las Farc, pero nadie quiere recibir a los miembros de Comunes en el seno de sus partidos. La estigmatización y el rechazo está ahí, a flor de piel. Y en víctimas, ¿qué les han cumplido a las víctimas? Ni siquiera querían aprobar las 16 curules, y ahora que por fin las aprobaron, ya comenzaron a poner trabas.

¿Qué piensa de la acusación de la Procuraduría sobre esclavitud durante los secuestros?

En Colombia la gente está sometida a diversas formas de esclavitud. Por ejemplo, pagando impuestos mientras no alcanza para el sustento de sus familias. En el trabajo lo esclavizan y tiene que hacer lo que diga el jefe diga, o si no lo echan. Es otra forma de esclavitud. Entonces, deberíamos montar muchos procesos por esclavitud. No dejan de pensar con odio y con sed de venganza, se inventan cualquier palabra para jodernos. Si siguen hablando así, medio mundo vuelve y se arma. Es un peligro lo dijo la procuradora, porque es decirles a los de la base “mejor devuélvanse a tomar las armas”.

¿Qué tanto se ha cumplido del proceso de paz?

No va ni el 5 % de lo que se acordó. Y no se trata de que les cumplan a los guerrilleros, porque el proceso de paz es para la población colombiana. A los guerrilleros les dan un apenas un estipendio, una suspensión de las órdenes de captura. Pero puede llegar cualquier otro presidente u otro fiscal como Néstor Humberto Martínez… y orden de captura para todo el mundo.

¿Quién cree usted que está detrás de la muerte de líderes sociales?

Los que no están de acuerdo con el proceso de paz son los que están asesinando líderes. Esas personas pueden ser las responsables, y están atizando desde arriba para que las mentes que escuchan eso, tomen esa clase de decisiones.

¿Más cerca del Reich Nazi que del 

Estado de Derecho?

Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez. Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2021.

Ser, decir, invocar, simbolizar o jugar a ser nazi no es un insulto, es un delito. “Nazi” significa horror, crueldad, inhumanidad, exterminio, sistematicidad para derrotar la dignidad humana de la humanidad. Invocar, formar o acudir a la doctrina nazi es abominable, y si es aplicada por agentes estatales constituye ética y judicialmente un crimen internacional, de lesa humanidad, políticamente es un despropósito del estado, y técnicamente un síntoma de autoritarismo en grado sumo.

En Colombia podrían encontrarse evidencias de la que hay formación y aplicación de la doctrina nazi en los asesinatos ocurridos en la protesta social, en los ojos reventados de los jóvenes ocasionados por disparos certeros aprendidos, en los juicios a jóvenes sindicados de ser de la primera línea heredada de sus madres para defender derechos. Las hay también en los cuerpos violados y violentados como botín de barbarie, en los mutilados excombatientes asesinados por haber preferido la paz que los convirtió en indefensos, en los lideres, lideresas, indígenas, afro y ambientalistas ejecutados como en ningún otro lugar del mundo por defender la vida, la tierra, la decencia para habitar un territorio y promover la armonía humano-naturaleza. Y las hay allí donde se desprecia a sus víctimas, se produce burla sobre su existencia y se les vuelve a maltratar.

Los Nazis le arrebataron al ser humano su dignidad, libertades y derechos, pero siempre dijeron lo contrario, acusaron a sus víctimas de su tragedia, responsabilizaron al más débil de la desgracia de la patria y convirtieron al humano en una cosa, en un objeto. Formaron niños y jóvenes nazis, que aprendieron a comportarse como superiores, leales al líder, y crueles y perversos sin límite alguno, aunque hayan tenido en sus primeras lecciones con armas de madera. Nazi es equivalente a odio, contra derecho, infamia. La humanidad, condena toda lección de “educación”, aprendizaje, o exaltación a la doctrina nazi y reclama responsabilidades políticas del más alto nivel donde ocurran.

Donde hay practicas nazis ni hay derecho basado en la justicia, ni hay estado de derecho. El derecho nazi fue ilegal, inmoral e ilegitimo, aunque los nazis y sus neoseguidores crean que su odio era derecho puro, para justificar los crímenes. El partido en el poder nacionalsocialista y su líder el Furher, crearon confusión entre el derecho y la voluntad del líder y desfiguraron conceptos jurídicos clave, que permitieron hacer creer que torturar o matar era higiene para limpiar imperfecciones. Los jueces nazis actuaron con “discrecionalidad para salvar la patria”. Las leyes estaban del lado de los SS, los funcionarios y miembros del partido Nazi, cuyo fuero de total impunidad los mantuvo seguros hasta que llegaron, aunque tarde y después del horror padecido, los juicios de Nuremberg.

Nada faltó en el ámbito legal del partido en el poder, ni siquiera un recibo en el cobro de los pasajes a quienes eran amontonados en los trenes rumbo a los campos de concentración. Hasta el último pasaje estuvo en regla, la contabilidad del sistema era precisa, los trenes eran puntuales, rigurosos con sus cargas humanas rumbo al horror, algunos “pasajeros” se “beneficiaron” con promociones y descuentos. La sevicia estaba legalizada. “Todo estaba en regla y era por el bienestar del pueblo”, para ganar la guerra. Todo estaba en perfecto orden, ni un error cometido, ni una dimisión de un cargo, cada nazi cumplía la misión jurada en lealtad al líder. Los invitados visitaban ghettos, campos, instituciones, fábricas, incluso las de jabón hecho con la grasa humana de sus víctimas y todo era perfecto, legal, correcto, ningún observador encontró algo incorrecto o fuera de control. Todo el mundo sin embargo se sentía espiado, sin libertad personal, ni prensa libre. La propaganda nazi fijaba la matriz de información que repetían de mentira en mentira los periodistas del Reich, hasta volverlas verdad. Todo el mundo sentía miedo de las SS, de Himmler, de Goebbels, “desde el mariscal del Reich hasta el último soldado”, pero todo era correcto, perfecto, le hicieron creer al mundo por casi dos décadas que eran un estado de derecho y el Furher su gran conductor.

A Hitler le importaba amasar más y más victorias personales, era un ególatra, con alguna anomalía mental que le permitía tener fanáticos dispuestos a ganar la guerra y evitar la derrota, de si mismos porque ellos eran los criminales. Algunos se justificaban después diciendo “¿qué otra cosa iba a hacer un alemán leal y ansioso de que su patria se alzara con la victoria?”. La esclavitud en los campos era presentada como una medida estratégica de política económica que encontró respaldo y felicitación de otros gobiernos y; las ejecuciones eran apenas acciones necesarias de “legítima defensa” del capataz del campo cuando un extranjero encadenado y débil le gritaba sin fuerza que le iba a cortar el cuello. Las ejecuciones en las fábricas quedaban en actas, porque respondían al cumplimiento de decretos y se llevaba a los presos a ver la ejecución y a que entendieran que para ellos todo era legal y permitido. Rudolf Mildner que fue un alto mando de la Gestapo, jefe de un campo y responsable de enviar a miles de judíos a su muerte en Auschwitz reconoció que pese a haber constituido tribunales y sentenciado a muerte, “los juicios fueron mera formalidad”, dijo que tanto las sentencias como las condenas estaban amañadas, dictadas de antemano, sin que se le consultara, por parte del administrador del distrito nombrado por el partido. Dijo como todo Nazi puesto al descubierto que se limitó a obedecer órdenes, incluso cuando asesinó por fechorías de poca monta como robos, que eran necesarios para mantener el orden e impedir sabotajes.

Tantas coincidencias con Colombia anuncian cosas, respecto del estado de derecho y de las prácticas dictadas por el partido en el poder cercanas a la formación del Reich. A la luz del mínimo indispensable de condiciones para ser un estado de derecho, no se cumplen ni el imperio de la ley justa e igual para todos; ni la independencia y separación de poderes, con cortes imparciales y a salvo de los demás poderes y; la defensa, protección y garantías a los derechos humanos y la paz. El panorama pone en evidencia que hay más similitudes con la formación del Reich a cargo del partido en el poder, que, con un estado de derecho de la OCDE como Dinamarca, Noruega o Finlandia, donde matar es impensable y solo promover la guerra la peor derrota. De colofón el desorden institucional como estrategia para controlarlo todo, es orientada por el partido en el poder, cuyo símbolo es la imagen del líder del que el presidente y el gobierno son su principal y leal exponente.

Foto: Suhayb Abdullah Hocalar (Agencia Anadolu)

Fuente: Rebelión

Piden a la JEP investigar desapariciones 

forzadas

Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2021.

El colectivo Orlando Fals Borda, de Colombia, solicitó este viernes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investigar 80.455 desapariciones forzadas ocurridas entre 1958 y 2016, y abrir un macrocaso para investigar más de 8.000 de ellas que corresponderían a la región de Los Llanos Orientales, en las que estarían implicados unidades del Ejército Nacional y grupos paramilitares.

En su informe “Resistencia al olvido y a la impunidad”, el colectivo precisa que se han contabilizado 80.455 desapariciones forzadas a nivel nacional debido al conflicto armado, de las cuales 8.288 corresponden a Los Llanos, que comprende los departamentos de Meta, Guaviare y Casanare.

Una portavoz del grupo, Carolina Hoyos, declaró a medios locales que “el departamento del Meta es el segundo que más registra víctimas de desaparición forzada en el país, con 5.280 víctimas”.

Agregó que luego le siguen Guaviare (1.794) y Casanare (1.215). De acuerdo con el reporte, la etapa entre 2000 y 2009 acumuló los mayores índices de desapariciones forzadas en estos tres departamentos.

Según el informe, el colectivo y la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria analizan 130 de estos casos (que incluyen a 145 víctimas de lesa humanidad), por los cuales se señala como presuntos responsables a varios batallones.

Se trata de unidades pertenecientes a la 4ta División del Ejército, como la 7ma Brigada, la Brigada Móvil 12, el Batallón 21 (“Pantano de Vargas”), el Batallón de infantería No. 24 (“Luis Camacho Leiva”) y el Batallón Contraguerrilla No. 85, además de unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta.

El informe también apunta a grupos paramilitares, en particular los Bloques Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC).

Al referirse a los patrones criminales identificados, el informe señala un total de diez, entre ellos la estigmatización y selección de víctimas, amenazas, uso de informantes, torturas, ocultamiento de los cuerpos y/o traslado de víctimas.

Además de solicitar a la JEP la apertura del macrocaso, se le pidió que cite a los militares que integraron las referidas unidades para que ofrezcan versión voluntaria y aporten verdad al expediente.

Por último, se requirió que las víctimas sean incorporadas a los planes regionales de búsqueda para ofrecer respuestas a sus familiares, y que en esa labor se implique a las juntas de acción comunal, las comunidades y periodistas, entre otros.

Foto: Colectivo Orlando Fals Borda

Fuente: TeleSUR

 

Ataques del Ejército en el Catatumbo son cada vez más cerca de la población

Resumen Latinoamericano, Colombia Informa, 3 de diciembre de 2021.

En inmediaciones del corregimiento Filogringo, en pleno corazón del Catatumbo, este sábado 27 de noviembre se presentó un enfrentamiento el ejército y un grupo armado presente en el territorio. Allí conviven el Ejército de Liberación Nacional y el Frentre 33 de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Posteriormente ocurrió una arremetida del ejército colombiano, con disparos, sobrevuelo de helicópteros y aviones de guerra, y bombradeos muy cerca de las zonas pobladas en Angalia, Filogringo y Versalles. Aún no se conocen saldos de los daños humanos ocasionados por esos hechos.

Ese sábado,desde las dos de la tarde los helicópteros sobrevolaron la zona, realizando disparos de ametralladora. Pero el ataque más fuerte se dio alrededor de las cuatro de la tarde.

Las y los habitantes de las diversas poblaciones fueron testigos del operativo realizado por el Ejército Nacional, el cual quedó captado en varios videos. Esta situación preocupa a las y los habitantes, pues quedan en medio de los ataques y operativos militares. La comunidad reitera el llamado a la Defensoría del Pueblo y a las organizaciones de Derechos Humanos a estar atentas ante los ataques que el Ejército está desarrollando en el Catatumbo.

Comisión de la Verdad repudia 

desaparición de dos líderes comunitarios 

en Yurumanguí

Resumen Latinoamericano, 3 de diciembre de 2021.

Los líderes comunitarios fueron vistos por última vez el pasado 28 de noviembre.

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición expresó este viernes su rechazo a la desaparición de dos líderes comunitarios, identificados como Abencio Caicedo y Edinson Valencia, en Yurumanguí, localidad colombiana de Buenaventura.

De acuerdo con la Comisión, Caicedo es integrante de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario, mientras que Valencia es coordinador de control y vigilancia de Aponury, organización étnico territorial del río Yurumanguí.

Los dos líderes fueron vistos por última vez el pasado 28 de noviembre cuando salieron de sus hogares. «Ambos integrantes del Comité de Impulso de la reparación colectiva de esa cuenca y por tanto sujetos de especial protección», refiere la Comisión en su página web.

El ente subrayó que, según declaraciones de integrantes de la comunidad, la desaparición de ambos es una consecuencia directa de sus labores en defensa de los derechos de los pobladores y el territorio.

Además, explicó que los habitantes de la zona han advertido que estos hechos se repiten en otras regiones como parte de una campaña para propiciar el confinamiento y silencio de líderes sociales y organizaciones defensoras de los derechos.

«Para las comunidades, las afectaciones a su seguridad y vulnerabilidad están causadas en su resistencia a los megaproyectos de desarrollo portuario, a la minería criminal y a los cultivos», detalló la Comisión.

De igual forma, manifestó que las comunidades consideran que la respuesta del Estado, de la Unidad de Víctimas y de jueces y fiscales en el territorio es urgente «para minimizar los riesgos y no es suficiente con la presencia de la fuerza pública».

“La Comisión coincide con el llamado que hacen los líderes a la comunidad internacional, tan seriamente comprometida con la paz grande de Colombia, a mirar a Buenaventura y al andén Pacífico y reafirma su compromiso por hacer de este puerto un territorio de paz”, concluyó la declaración.

Mediante su sede para la protección de los Derechos Humanos en Colombia, la Organización de Naciones Unidas (ONU) también rechazó la desaparición de los líderes comunitarios y exigieron que se respete la integridad y la vida de ambos.

«Urgimos a que Abencio y Edison puedan regresar de inmediato a sus comunidades y cuenten con garantías para el desarrollo de su rol. Solicitamos reforzar medidas de prevención y protección en las comunidades negras del Pacífico Colombiano», aseveró el ente.

En el marco del Encuentro por la Verdad Reconocimiento de la Verdad del pueblo negro, el comisionado Leyner Palacios denunció la desaparición de Caicedo y Valencia, y resaltó las condiciones de inseguridad en la que viven los líderes de comunidades rurales.

EEUU envía 20 blindados para 

«reforzar» la frontera con Venezuela

Resumen Latinoamericano, 3 de diciembre de 2021.

Estados Unidos ha donado veinte vehículos blindados al Ejército Nacional de Colombia para que los use ante “las amenazas” en la frontera con Venezuela.

El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano Aponte, recibió del embajador estadounidense en Bogotá, Phillip Seth Goldberg, las llaves de los 20 vehículos tipo ASV M1117, el primer convoy de un total de 145 que serán entregados al Ejército colombiano para su distribución entre las unidades tácticas en territorios fronterizos.

El titular colombiano adujo que los vehículos militares serán usados para fortalecer la seguridad y la defensa del país mediante tareas de movilidad y maniobra para aumentar la presencia institucional en regiones como La Guajira, Norte de Santander (nordeste) y Arauca (nordeste), fronterizas con Venezuela.

“Que sepan los grupos armados ilegales, las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) que sus pretensiones de atacar a nuestros soldados, o de amedrentar a la población y generar desplazamiento, serán combatidas con más contundencia”, señaló.

Compartiendo 2200 kilómetros de frontera, Caracas y Bogotá mantienen una tensa confrontación en los últimos años. Los dos países rompieron todas las relaciones diplomáticas en 2019, después de que Colombia reconociera al líder opositor Juan Guaidó como el “presidente interino” de Venezuela.

Las tensiones Bogotá-Caracas se han intensificado desde principios de mayo de 2020, cuando el Gobierno venezolano denunció haber desarticulado una incursión mercenaria, llamada Operación Gedeón, tramada por Washington y Bogotá, con el objetivo de “asesinar” a Nicolás Maduro.

Fuente: HispanTV

Andrés Escobar sería imputado por 

8 delitos y no por paramilitarismo 

urbano

Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2021.

El abogado Elmer José Montaña, que representa los intereses de varios de los jóvenes asesinados en la ciudad de Cali durante el Paro Nacional, informó este 1 de Diciembre que en los próximos días se daría la imputación en contra de Andrés Escobar y 16 personas más, entre civiles y policías, por las agresiones en contra de manifestantes, que han sido catalogadas como paramilitarismo urbano.

Escobar, es una de las personas que fue identificada como parte del grupo de civiles que, en conjunto con la policía, desarrolló acciones violatorias de los Derechos Humanos, luego de sostener por lo menos dos reuniones para coordinar las acciones que tomarían frente al avance del Paro Nacional.

Según se conoció, la imputación de cargos se daría el próximo 24 de Enero y los delitos relacionados con dichas acciones son amenazas, tortura, usurpación de funciones públicas, violación de los derechos de reunión, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, detención arbitraria, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión.

Si bien el llamado Paramilitarismo Urbano no está tipificado en el código penal colombiano, los delitos que estarían relacionados con las prácticas de los civiles armados en el Paro Nacional tendrían que ver con Secuestro, Intento de Homicidio, Concierto para delinquir y tortura entre otros, considerados delitos mayores, lo que contrasta con la imputación anunciada por la fiscalía.

Impunidad y judicialización son selectivas

Sin embargo, el abogado Montaña aseguró que la Fiscalía no estaría actuando de manera proporcionada con los delitos y en comparación con el tratamiento que se ha dado a los jóvenes manifestantes, algunos de ellos integrantes de la Primera Línea que estarían siendo encausados por delitos mayores como terrorismo o concierto para delinquir.

En ese sentido se manifestó el senador Gustavo Bolívar, quien resaltó que mientras en su contra y en contra de los jóvenes de la Primea Línea hay 6 denuncias ante la Corte Suprema y 259 personas en proceso de judicialización por el uso de cascos, gafas y escudos de plástico, en contra de los civiles y policías que dispararon y posiblemente asesinado a jóvenes los procesos y las acusaciones no son proporcionales.

Vale la pena recordar que los delitos que les serían imputados a las personas capturadas y señaladas de pertenecer a la Primera Línea, -término que ha sido usado por el gobierno como si el grupo Primera Línea, fuera un delito en si mismo- son concierto para delinquir, violencia contra servidor público y en algunos casos terrorismo. Acusaciones que no son proporcionales.

Adicionalmente la impunidad que cobija los crímenes contra el Paro Nacional es alarmante y podría implicar que no habrá justicia, dado que solamente habría imputación de cargos en contra de 3 uniformados, en contraste con los más de 1000 crímenes cometidos durante el periodo de Mayo a Julio del 2021.

fuente: Contagio Radio

Envio:RL