PERU.

 

Congreso rechaza moción de censura 

contra la presidenta del parlamento

Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 2021

Congreso votó en contra de la moción de censura a María del Carmen Alva

La moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, no obtuvo el apoyo parlamentario necesario para proceder. De esta forma, la propuesta del congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, quedó desestimada con 20 votos a favor, 83 en contra y 16 abstenciones.

En la previa a la votación, fueron 122 congresistas quienes registraron su asistencia, siendo necesario el respaldo de 64 parlamentarios para que proceda la iniciativa impulsada por el parlamentario oficialista Guillermo Bermejo.

Durante el debate se vivieron momento de tensión en el Pleno, como el de la legisladora Sigrid Bazán, quien señaló sentirse avergonzada por el Congreso de la República con respecto al tratamiento que se le dio a la moción de censura contra la presidenta del Parlamento.

Ante estas declaraciones, Rosangella Barbarán de Fuerza Popular pidió a Comisión de Ética investigar a la congresista de Juntos por el Perú por las mencionadas expresiones vertidas durante debate. Asimismo, instó a la legisladora a pedir licencia sin goce de haber durante los próximos cinco años.

Minutos antes, también los parlamentarios Heidy Juarez y Eduardo Salhuana habían señalado que su bancada votaría en contra de la moción de censura contra María del Carmen Alva, mientras que otros como Ernesto Bustamante precisó que la presidenta del Congreso merecía un “reconocimiento por su participación positiva”.

Sin embargo, al inicio del debate se generó la confrontación más fuerte, protagonizada por los congresistas Guillermo Bermejo y Carlos Anderson. Este último lo llamó ‘Bobi’, por lo que miembros de Perú Libre solicitaron que retire el agravio contra el legislador oficialista.

Esto luego de que el parlamentario del partido oficialista señaló que no se puede desconocer la voluntad popular que elegido a Pedro Castillo como presidente de República. “La figura de la presidencia en el Congreso no puede ser utilizada para ilegitimar contra el Gobierno. No se trata solo de los diputados españoles de izquierda, sino también del grupo Vox”, exclamó.

De: La Republica

FUENTE: Nodal

“Gobiernos de los últimos 20 años 

nos han dejado sin recaudación 

tributaria de S/ 252 000 millones»

Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 2021

Tras la aprobación del predictamen que impide al Poder Ejecutivo realizar cambios en el régimen fiscal minero en la Comisión de Constitución; especialistas de Cooperación, el Ministerio de Energía y Minas, Bloomberg y la PUCP discuten si es conveniente una mayor tributación minera y qué impacto tendría.

El Perú es uno de los países de América Latina con la más baja recaudación tributaria, está por debajo del promedio de América Latina y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según el informe elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2020.

César Flores, subdirector de Cooperacción, explica que la situación del país se da debido a que, mientras Chile y México realizaron reformas tributarias estructurales, Perú fue el único país de la Alianza del Pacífico que no aplicó modificaciones tributarias de carácter estructural.

Así también, según el último informe del Grupo de Justicia Fiscal, los gobiernos de los últimos 20 años nos han dejado sin una recaudación tributaria adicional de 252 000 millones de soles. El Grupo de Justicia Fiscal identificó que para cubrir las metas de Salud y Educación, se necesita aumentar la recaudación en 5.2% del PBI.

Propuesta de Reforma Tributaria

Tras una década del esquema tributario del 2011, el Grupo de Justicia Fiscal propone una ruta diferente de reforma tributaria en la que se modifique el régimen de las regalías mineras actual, en la que se bajó de 3% a 1% aprobado en la reforma tributaria del 2011. Esta reforma prometía 3,000 millones de soles adicionales, lo cual no sucedió, según explica César Flores de Cooperacción.

En este sentido, la propuesta del Grupo de Justicia Fiscal aumentaría la recarga tributaria  entre 4% y 5% en los primeros 5 años para el sector minero. “La reforma tributaria mantiene la alta rentabilidad para el sector minero. Es decir, no hay forma de desincentivar la inversión minera, según explica el especialista Flores».

Por su parte, el exministro de Energía y Minas Miguel Incháustegui señaló que: «Lo más importante no es cuánto le saco a una empresa, sino cómo sigo invirtiendo en el sector. Si comparamos cómo la minería aporta en Chile o Australia, hay diferencias, pero en Perú el 80% de la economía es informal».

Asimismo, Jorge Távara, profesor de Economía de la PUCP mencionó que: «Elevar la recaudación fiscal no es condición suficiente, pero es necesaria. Quienes se oponen a la reforma tributaria, dicen que no es el momento, pero lo importante es el impacto distributivo que tendría para reducir la desigualdad en sectores que lo necesitan, como salud y educación». 

Finalmente Paola Villar, periodista de la plataforma de noticias de economía Bloomberg en Línea, resaltó que desde el Congreso hace falta un espacio de debate sobre el tema, en relación al predictamen aprobado en la Comisión de Constitución que propone no dar facultades para realizar cambios al régimen fiscal minero.

FUENTE: Wayka.pe

Campañas mineras obstaculizan 

políticas públicas claves

Por José De Echave C. / Resumen latinoamericano, 16 de diciembre de 2021

Las diversas campañas impulsadas por los gremios empresariales y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) obstaculizan el avance de políticas públicas claves para el país.

Así lo explica el economista José de Echave, de la asociación CooperAcción, quien hace un recuento de las campañas empresariales para bloquear políticas en materia ambiental, tributaria y de regulación.

Los argumentos son siempre los mismos: el país va a perder competitividad, las inversiones se van a ir, se atenta contra la estabilidad jurídica, entre otros.

“No está demás subrayar que en los casos en los que se concretaron las reformas (regalía, estudios de impacto ambiental y otros), no se cumplieron los vaticinios catastróficos de las empresas”.

“En cambio, cuando no se lograron concretar las reformas y las empresas lograron su objetivo, el Perú fue quedando rezagado y totalmente al margen de las tendencias internacionales. Esto se ve con claridad en el tema tributario”, remarca De Echave.

La más reciente campaña concierne a la oposición minera a la reforma tributaria a pesar que está siendo diseñada con organismos como el FMI y el Banco Mundial que aportan no solamente capacidad técnica sino análisis comparado con otros países productores de minerales. 

A continuación el artículo de José de Echave:

Las campañas de las empresas mineras

15 de diciembre, 2021.- La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha desatado una campaña millonaria a través de los principales medios del país en contra de la reforma tributaria presentada por el Ejecutivo. Los mensajes se han multiplicado en las últimas semanas y ocupan los horarios estelares de varios medios de comunicación.

Algunos de los mensajes apuntan a deslegitimar claramente la reforma: “entre las propuestas del gobierno está subir agresivamente los impuestos a la minería” dice un spot televisivo y en otra parte se desatan todas las alertas: “sin inversión minera los peruanos podemos dejar de tener 2 millones y medio de puestos de trabajo”.

Antes de ponernos a analizar el rigor de estas afirmaciones, queremos subrayar que esta no es la primera campaña que desarrollan las empresas mineras en el país defendiendo sus intereses. Es más, la historia del empresariado minero está ligada a una cerrada oposición a reformas claves que el país necesitaba poner en marcha y que encontraron una férrea resistencia del empresariado minero.

A continuación hacemos un breve recuento de las principales campañas desarrolladas por el empresariado minero.

La campaña contra las normas ambientales

Corrían los primeros años de la década del 90 y en el país se comenzaron a discutir políticas ambientales y el correspondiente diseño de una institucionalidad en este campo. La aprobación del Código del Ambiente y Recursos Naturales del país en 1990 generó una reacción del sector empresarial: en setiembre de 1990, tras la expedición del Decreto Ley 613, voceros empresariales solicitaron su derogatoria y se iniciaron diálogos con el Ejecutivo y el Congreso, promovidos por la Confederación de Organizaciones Empresariales del Perú (CONFIEP) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

En este contexto, diversos gremios empresariales desarrollaron una campaña sostenida en medios de comunicación y a través de comunicados remitidos al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo. ¿Cuál fue el argumento esgrimido? El mismo que se repetiría posteriormente en reiteradas ocasiones: las nuevas exigencias ambientales detendrían la inversión y hasta la ahuyentarían.

Como lo señala Manuel Pulgar Vidal (2006) (1), se llegó a señalar que la exigencia de los estudios de impacto ambiental, constituirían una traba burocrática para atraer nuevas inversiones: “la norma ambiental espantaría la inversión, generaría caos y otorgaría al ciudadano una facultad de persecución a las empresas”. Esta discusión se dio especialmente entre el año 1990 y 1991. ¿Qué logró la campaña del sector empresarial? Retrasar los avances de las políticas y la institucionalidad ambiental.

Contra la ley de regalía minera

La ley de regalía minera, introducida el año 2004, mediante la Ley No. 28258, estableció que ésta era una“contraprestación económica que los sujetos de la actividad minera pagan al Estado por la explotación de los recursos minerales metálicos y no metálicos”. La aprobación de esta norma fue motivo de un acalorado debate político y de una activa oposición por parte del gremio empresarial minero, que señalaba que las regalías le restarían competitividad al país.

En este caso, las empresas no solo se limitaron a implementar una campaña en contra de la ley, sino que en paralelo desarrollaron una estrategia legal que llegó hasta el Tribunal Constitucional (TC): veinte empresas mineras interpusieron una acción de amparo ante el Poder Judicial, y el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía presentó una acción de inconstitucionalidad. Finalmente, en 2005 el Tribunal Constitucional emitió un fallo determinando que la regalía se ajustaba a la Carta Magna, sin embargo, las empresas que contaban con convenios de estabilidad tributaria lograron evadir este pago. 

Oposición al impuesto a las sobreganancias mineras

Cuando se inició el alza sostenida de los precios de los minerales, a partir del año 2003, se instaló un debate en el país sobre la posibilidad de colocar un impuesto a las sobreganancias. Por lo menos dos campañas electorales –la del 2006 y 2011– abordaron el tema y lograron que los principales candidatos adoptasen una posición favorable, mientras que buscaban los votos de respaldo.

La posición de los empresarios mineros fue abiertamente en contra, bajo el argumento de siempre: con el impuesto a las sobreganancias el país perdería competitividad y las inversiones se irían del país. En esta ocasión las empresas lograron su objetivo: el gobierno de Alan García (2006-2011) rápidamente dejó de lado la idea del impuesto a las sobreganancias y lo reemplazó por un aporte voluntario de las empresas, lo que se conoció como el “óbolo minero”.

Recién el año 2011, casi al final del súper ciclo de precios altos, se hizo una reforma que creó un impuesto especial a la minería, un gravamen minero y modificó la ley de regalía minera. Sin embargo, el período del ciclo alto de precios altos terminó a finales del 2012 y con ello se frustró la posibilidad que el país obtenga recursos adicionales de una coyuntura excepcional. 

Contra la norma antielusiva

El año 2012 se modificó la norma VIII del Código Tributario y se incluyó la norma XVI, más conocida como cláusula antielusiva. El objetivo de la norma era contrarrestar el planeamiento tributario que practican no pocas las empresas: no incumplen la ley, pero se aprovechan de sus vacíos para pagar menos impuestos. Además, la adopción de la mencionada norma es una recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (​OCDE) que va en el sentido de propiciar las mejores prácticas internacionales en materia impositiva.

Sin embargo, la norma antielusión enfrentó una feroz resistencia de parte del sector empresarial, asesorado por los principales estudios de abogados tributaristas del país. La Confiep envió una carta al Ministerio de Economía y Finanzas sosteniendo que la norma afectaba la reserva de ley y la seguridad jurídica. En junio de 2014, Alfonso García Miró, por entonces presidente de la Confiep, declaraba que sus representantes, entre ellos las empresas mineras, “esperaban la eliminación del capítulo 16 de la norma antielusión, debido a que le da demasiada discrecionalidad a los fiscalizadores”. Otros gremios, como la Cámara de Comercio de Lima, consultoras en materia tributaria como KPMG y diarios como El Comercio, formaron parte de la campaña en contra de la norma antielusiva.

Finalmente, la enorme ofensiva empresarial y la debilidad del gobierno de entonces, provocaron que la cláusula antielusión quedase suspendida el 12 de julio de 2014, sin haber sido nunca aplicada. No está de más recordar que en la actualidad las proyecciones del MEF y la Sunat, muestran que todos los años perdemos alrededor del 8% del PBI por evasión y elusión tributaria. Si hubiésemos aplicado la norma antielusiva desde el año 2012, con seguridad se hubiese avanzado en la lucha contra la evasión y la elusión tributaria y se hubiese logrado reducir lo que perdemos cada año por estos conceptos.

El aporte por regulación en la mira

La Ley 27332 (2000) estableció el Aporte por Regulación (APR) como una contribución de los sectores para los organismos reguladores de los servicios públicos. En la medida que el Organismos de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) asumió la fiscalización ambiental del sector minero, las empresas deben pagar el denominado aporte.

¿Qué es el Aporte por Regulación (APR)? La Ley 27332 estableció el APR como una contribución de los sectores para los organismos reguladores de los servicios públicos. En la medida que el OEFA asumió la fiscalización ambiental del sector minero, las empresas deben pagar el denominado aporte. Cabe precisar que no sólo las empresas mineras financian la labor de fiscalización del OEFA: todos los administrados del OEFA están obligados a asumir los gastos que genera la fiscalización de su respectiva actividad.

Sin embargo, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía interpuso acciones populares ante el Poder Judicial para no pagar el APR, cuestionando el Decreto Supremo Nº 130-2013-PCM, que fijó la alícuota de 0,15% de la facturación anual de las empresas mineras como aporte. Sin embargo, el Poder Judicial ha emitido sentencias -precisamente en los procesos de acción popular-, que reconocen la legalidad y constitucionalidad del aporte que percibe el OEFA.

La empresa minera Cerro Verde presentó una demanda de amparo constitucional. Finalmente, el Tribunal Constitucional resolvió el 15 de agosto de 2019 que los Aportes por Regulación cobrados por el OEFA y el régimen que los soporta no contravienen principios estipulados en el artículo 74 de la Constitución, por lo que son constitucionales.

La última campaña

Este breve recuento de las principales campañas desarrolladas por los principales gremios empresariales y la propia Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, muestra un comportamiento constante en contra del avance de políticas públicas en materia ambiental, tributaria y la puesta en marcha de diversas regulaciones. En casi todos los capítulos presentados, los argumentos se han repetido: el país va a perder competitividad, las inversiones se van a ir del país, se está atentando contra la estabilidad jurídica, etc. La imagen negativa que tiene el empresariado minero en amplios sectores de la población, debe tener a la base este accionar constante en contra del avance de políticas públicas claves. 

No está demás subrayar que en los casos en los que se concretaron las reformas (regalía, estudios de impacto ambiental y otros), no se cumplieron los vaticinios catastróficos de las empresas y hoy en día son instrumentos fundamentales para la gobernanza del país. En cambio, cuando no se lograron concretar las reformas y las empresas lograron su objetivo, el Perú fue quedando rezagado y totalmente al margen de las tendencias internacionales. Esto se ve con claridad en el tema tributario.

El Perú no puede seguir dándole la espalda a las tendencias globales en materia de fiscalidad. ¿El país va a perder competitividad como consecuencia de la reforma tributaria? ¿La minería, por ejemplo, va a dejar de ser competitiva? De ninguna manera. La reforma minera está siendo diseñada con organismos como el FMI y el Banco Mundial que aportan no solamente capacidad técnica sino también el análisis comparado con otros países productores de minerales. El anterior súper ciclo de precios se nos pasó. No deberíamos  repetir el mismo error.

Nota:

(1) Historia de la Gestión Ambiental en el Perú (2006). Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

FUENTE: Servindi

La odisea de salud de Ítalo García: 

comunicador indígena shipibo

Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 2021

Su labor de comunicador en comunidades indígenas lo llevó a contagiarse de COVID-19 tres ocasiones. Hoy, pese a sobrevivir con plantas medicinales, necesita pagar otros tratamientos para recuperarse y volver a su oficio.

Italo García Murayari, comunicador del pueblo Shipibo originario de la comunidad San Juan en Pucallpa, Loreto, atraviesa las consecuencias de haber sido infectado por el COVID-19 tres veces.

La primera vez que se contagió, trabajaba tomando fotos en los centros de salud de su región, también registraba a personas de comunidades shipibo que fallecían, cifras ignoradas por datos oficiales nacionales.

Hoy, tras el tercer contagio, atraviesa complicaciones en sus riñones, gastritis y también le detectaron diabetes. Al no poder trabajar desde hace un año, ahora necesita apoyo para poder pagar tratamientos de salud.

Tres veces

Italo García tiene 41 años y ha dedicado 23 a su labor de comunicador. Dirigía el programa Actualidad Indígena en la radio local Radio FM Estéreo 100. Gracias a su rol, comunidades shipibo le avisaban cada vez que alguien fallecía.

“Estaba muy al tanto de cómo la enfermedad avanzaba; sin embargo, no fue suficiente para evitar que llegara a mi hogar”, expresa Italo sobre su primer contagio que fue en abril de 2020.

Señala que no pensó que su malestar era por coronavirus, pero que gracias a que la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ucayali se acercó a hacer pruebas en su comunidad, pudo ver su prueba positiva.

Estuvo en cama 55 días y luego pudo realizar sus actividades con normalidad. Sin embargo, en octubre de 2020 volvió a tener síntomas que lo paralizaron durante 28 días más.
 

En ninguna de las dos ocasiones pudo asistir al hospital, ya sea porque estaban muy llenos o porque su familia no lo dejaba por temor. “La gente moría y decían que si voy al hospital, voy a salir muerto”, explica.

Ante ello se trataba con medicina tradicional, como por ejemplo la vaporización con diferentes plantas o brebajes de matico, limón, kión y otras hierbas.

Tras mejorarse, acompañó a un grupo de periodistas de Mongabay Latam que iban a cubrir información acerca del grupo religioso Menonitas que estaban depredando el bosque del lago Imiria.

No pasó mucho tiempo para que, ya en su casa, el 5 de marzo volviera a presentar síntomas como dolor de cuerpo y fiebre leve, que perduraron durante días. Se realizó un descarte de COVID-19 y salió positivo nuevamente.

Secuelas

A diferencia de las dos primeras experiencias con el coronavirus, a partir del tercer contagio Ítalo ya no pudo volver a sentirse bien. Gracias al apoyo de amigos, se trasladó a Lima para asistir a un hospital.

Le detectaron tiroides, complicaciones en los riñones, gastritis y también le diagnosticaron diabetes. Son problemas de salud con tratamientos costosos, y mucho más al no tener un trabajo regular actualmente.

Debido a la falta de dinero, no pudo comprar todas las medicinas que necesitaba y tuvo que regresar a su comunidad. Allí se cuida con plantas, como por ejemplo las aceitunas hervidas que ayudan a controlar la glucosa.

Espera recuperarse para poder retomar su labor de comunicador en la radio el 2022, pero la fiebre, el dolor de cuerpo y los fastidios en la garganta permanecen de forma intermitente.

Sabe que, aunque los tratamientos con medicinas ancestrales ayudan, necesita recurrir a vitaminas y otras medicinas recetadas por especialistas de salud pública para reponerse de sus malestares. “Antes pesaba 96 kilos y ahora estoy con 60”, expresa.

A pesar de todo, Ítalo sabe que miles de indígenas en el Perú no tuvieron la oportunidad que él tuvo de poder recibir atención médica y seguir vivo tras los contagios.

Ahora, solo le queda apelar a la solidaridad de las personas para poder salir de su situación tan difícil y continuar siendo el apoyo de su familia y retomar su labor de comunicador.

Para realizar alguna colaboración económica, el número de cuenta de Ítalo es:Banco de Crédito del Perú (BCP): 480 369 123 090 23Cuenta interbancaria (CCI): 00248013691230902323.¡Cualquier apoyo es bienvenido!

FUENTE: Servindi

Condenan ley que impide referendo 

para cambio de Constitución

Resumen Latinoamericano, 17 de diciembre de 2021

Dirigentes políticos y analistas de Perú condenaron hoy por antidemocrática una legislación aprobada por el Parlamento, de mayoría neoliberal, que prohíbe realizar un referendo para cambiar la constitución.

La norma fue aprobada esta semana pese a la oposición de las bancadas de izquierda y algunos legisladores de centro, que señalaron que la ley, dictada para blindar a la constitución neoliberal vigente, es contraria a los derechos ciudadanos.

“Se puede estar a favor o en contra de cambiar la Constitución, pero no se puede negar el poder constituyente del pueblo soberano ni su derecho a promover un referéndum”, comentó la presidenta del Movimiento Nuevo Perú, Verónika Mendoza.

Agregó que “el Congreso le ha arrebatado ese derecho a la ciudadanía” frente al deseo de amplios sectores de la población de reemplazar la carta magna neoliberal de 1993, que privilegia intereses privados y en especial transnacionales.

Para el secretario general del partido gobernante, Perú Libre, Vladimir Cerrón, la cuestionada norma, al impedir el referendo sobre un cambio de constitución, le quita al pueblo peruano “su legítimo derecho de proyectar su futuro tras el consenso social.

El exconsejero presidencial Alberto Adrianzén, declaró que la derecha está avanzando a dar “un golpe de Estado contra la democracia al arrebatarle al pueblo, es decir al soberano, su derecho al referéndum y a tener otra Constitución”.

Explicó que la mayoría parlamentaria pretende reemplazar al presidente Castillo y a los jueces del Tribunal Constitucional y para ello se propone romper las reglas esenciales de la democracia, cuya definición es el gobierno del pueblo.

“Estamos presenciando un intento de refundar ilegalmente el neoliberalismo y el fujimorismo luego de la derrota electoral de la derecha y las mafias”, dijo en referencia al fracaso, la semana pasada, de una moción de vacancia (destitución) de Castillo.

El conocido jurista Carlos Rivera declaró que la decisión del congreso “no solo es un acto de prepotencia inaceptable en una democracia, sino que constituye una aberración para el derecho constitucional; es una resolución inconstitucional”.

El Partido Comunista-Patria Roja, a su vez, calificó la norma aprobada por el Congreso como un zarpazo autoritario” al establecer que un referendo para convocar a una asamblea constituyente no procede si el Parlamento no lo ha aprobado previamente.

FUENTE: Prensa Latina

Pedro Castillo afronta nueva 

embestida desestabilizadora

Resumen Latinoamericano, 18 de diciembre 2021.

La denuncia del procurador obligará a la fiscalía a tomar una decisión sobre el inicio de una investigación preliminar a Castillo.

En una nueva maniobra de desestabilización contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, la Procuraduría General presentó ante la Fiscal de la Nación, un escrito en el cual denuncia al mandatario por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

La denuncia del procurador obligará a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a tomar una decisión sobre el inicio de una investigación preliminar al presidente Castillo. “Ante la presentación de una denuncia de parte, la Fiscalía debe actuar”, señalaron fuentes del Ministerio Público.

El procurador Soria Luján le pidió a la titular del Ministerio Público que inaplique el artículo 117 de la Constitución que prohíbe investigar por delitos comunes a un presidente de la República en ejercicio de sus funciones.

La denuncia se presenta cuando en la semana pasada, el Pleno del Congreso de Perú rechazó  la admisión de la moción de vacancia contra el mandatario Pedro Castillo, presentada por la bancada de partidos de derecha el pasado 25 de noviembre.

En una dura embestida contra Castillo de parte de la oposición en el Congreso y ahora desde la procuraduría, el mandatario peruano enfrentará una nueva causa en su contra cuando arrecian los intentos de la derecha por destituirlo.

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, señaló que las personas que perdieron las elecciones generales 2021 tratan de adjudicar responsabilidades al presidente Castillo con el objetivo de vacarlo.

“Lo que pasa es que los vacadores, los que perdieron las elecciones, están en este trabajo intensísimo con la prensa muy desesperada en encontrar responsabilidades del presidente para poder vacarlo, como lo dicen organismos internacionales y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo el ministro de Justicia en entrevista para TV Perú.

Torres consideró como absurdo el hecho de que se le pida al mandatario que consigne a las personas con las que se reunió, ya que no se tratarían de encuentros oficiales.

“Otro absurdo: que el presidente no puede, en su casa, recibir a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a sus sobrinos o a otras personas particulares que llegan a buscarlo allí.».

«¿Tiene que registrar a esas personas? ¿Quién ha dicho que está obligado a hacer eso? ¿En qué norma está eso, en qué Constitución, en qué ley? No hay. Es un absurdo. Esos hechos que no son hechos oficiales no tienen por qué registrarse”, culminó.

Por su parte, Castillo dijo el pasado jueves que el 2022 debe ser el año en que se logre «contener la pandemia, acelerar la recuperación económica y afianzar la institucionalidad y gobernabilidad» en el país.

Castillo participó en la ceremonia de graduación de la Escuela Militar de Chorrillos, en Lima, donde remarcó que «la institucionalidad del Ejército y de las Fuerzas Armadas está plenamente garantizada, y debe estar fuera de cualquier duda».

«Nadie puede poner en tela de juicio el respeto que tenemos los peruanos a nuestras instituciones militares», enfatizó.

Envio:RL