Resolución del juez Martín Bava
Mauricio Macri fue procesado por el espionaje a familiares del ARA San Juan
Por primera vez un magistrado federal le asigna responsabilidad directa a Macri en las denuncias por el accionar ilegal de la AFI durante la era Cambiemos. La defensa del expresidente insistirá en su intento de que la causa vaya a Comodoro Py, un terreno más conocido y amigable para el macrismo.
Mauricio Macri se reunió por primera vez con los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan el 20 de noviembre de 2017. Habían pasado cinco días desde que desapareciera el submarino. Entre diciembre de ese año y fines del siguiente, las familias fueron víctimas del espionaje ilegal: seguimientos, infiltraciones, fotos. Por estos hechos, el juez federal Martín Bava procesó al expresidente. Si bien las denuncias por el accionar ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la era Cambiemos fueron múltiples, ésta es en la que, por primera vez, un juez federal le asigna responsabilidad directa al exmandatario.
"El gobierno nacional que el imputado encabezaba espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión. Ello se hizo, entre otras cosas, con el objetivo de anticiparle a Mauricio Macri, cuáles eran los movimientos y los reclamos que existían en ese colectivo de familiares", escribió el juez Bava en la resolución.
El magistrado, además, embargó al expresidente por 100 millones de pesos y le prohibió la salida del país. Macri recibió la noticia de su procesamiento desde Chile, donde pidió viajar para participar supuestamente de una cumbre sobre el cambio climático. En conversación con unos periodistas, acusó a Bava de encabezar una "persecución" en su contra.
"No es un día de alegría, sino de confirmación de algo que sabíamos y denunciamos en 2018", dijo la abogada Valeria Carreras, que encabeza la querella mayoritaria en la causa. "Significa probar lo que siempre las señoras presintieron: que les adivinaban lo que iban a preguntar. Este fallo es un alivio. Tenían razón", añadió.
Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de un submarinista, describió la resolución de Bava como un gran paso. "A pesar de las presiones se hizo justicia", resaltó.
Un camino de obstáculos
La decisión de Bava se conoce casi un mes después de que indagara a Macri. El líder del PRO fue inicialmente llamado a indagatoria el 1 de octubre. Sin embargo, no se presentó hasta el 28 de octubre, cuando no declaró porque su defensa advirtió que no le habían levantado el deber de guardar secreto que rige para cuestiones vinculadas a la inteligencia. Bava recién pudo indagarlo el 3 de noviembre.
En esa oportunidad, Macri no habló sobre la actividad de inteligencia ni sobre lo sucedido con el colectivo de familiares, únicamente le entregó un escrito al juez y le dedicó un par de chicanas: le dijo que no quería demorarlo así podía procesarlo antes de las elecciones del 14 de noviembre.
El procesamiento llega casi tres semanas más tarde de las elecciones y después de que Bava haya sorteado una segunda recusación que planteó el expresidente para intentar correrlo de la causa. Ninguno de los argumentos de Macri se verificó: ni que el juez lo llamó a indagatoria con el calendario electoral en la mano, ni que se trataba de un magistrado "anti-PRO". Por el contrario, Bava no dictó la resolución hasta recibirles declaración a los testigos que pidió Macri el 3 de noviembre.
El espionaje ilegal
Según reconstruyó el juez, la AFI --desde su delegación Mar del Plata-- se dedicó a seguir, fotografiar e infiltrar a los familiares. Lo hicieron en marchas, reuniones e incluso misas. El accionar de los espías estuvo guiado por un objetivo: anticiparle a Macri cuáles serían sus reclamos en un tema que suscitaba interés nacional e internacional.
"Estas personas no reclamaban otra cosa que justicia y no buscaban más que saber qué había ocurrido con sus seres queridos. No es posible considerar que sus reclamos representaban amenazas a la seguridad interior, a la defensa nacional o a la seguridad presidencial", escribió Bava. "La gravedad de los hechos aquí investigados constituye no solo una conculcación al sistema democrático y una violación a las garantías constitucionales, sino que vulnera los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado", añadió.
En la causa ya había once procesados por el espionaje ilegal a las familias: el exdirector general de la AFI Gustavo Arribas, la exsubdirectora Silvia Majdalani, el exdirector de Reunión Interior Eduardo Winkler, el exjefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez y cinco agentes bajo sus órdenes. El martes, Bava procesó también a los dos directores operacionales de Contrainteligencia del macrismo, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, por no haber controlado lo que pasaba en la base Mar del Plata. Para el juez, la omisión no fue un error sino que obedeció a un plan pergeñado desde lo más alto del Poder Ejecutivo para tener en la mira a los familiares de los tripulantes.
Para Bava, lo que sucedió en Mar del Plata no pudo no haber sido ordenado por Macri y dejó en claro que excedió a la conducción de la AFI. Al expresidente le enrostró también haber modificado la doctrina de inteligencia, lo que habilitó el secretismo y las tareas ilegales.
La investigación por el espionaje sobre las familias del ARA San Juan se inició en septiembre de 2020 con una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, ante la Justicia federal de Mar del Plata. La pesquisa estuvo en manos inicialmente del fiscal general Daniel Adler, pero el juez Santiago Inchausti entendió que debía investigarse dentro de una trama más grande de espionaje como la que se investigaba en el Juzgado federal de Dolores --entonces a cargo de Alejo Ramos Padilla--. La Cámara Federal de Mar del Plata convalidó la decisión y, cuando Ramos Padilla juró al frente del Juzgado Federal 1 de La Plata, Bava se hizo cargo de este expediente y de los otros que tramitaban en Dolores.
Macri quiere que la causa vaya a Comodoro Py
Para Macri no está dicha la última palabra. En el entorno del expresidente dan por sentado que apelarán el procesamiento, el embargo y la prohibición de salida del país. El defensor del exmandatario, Pablo Lanusse, tiene tres días hábiles para hacer la presentación, que podría concretarse en los primeros días de la semana próxima.
Horas antes de que Bava dictara el procesamiento, Lanusse le había pedido a la Sala II de Casación Penal que tratara de manera inmediata su pedido para correr al juez que subroga en Dolores.
En realidad, la meta última del expresidente es que la causa pase a los tribunales de Comodoro Py, un terreno más conocido y amigable para el macrismo. Días atrás, el camarista Martín Irurzun ordenó al juez federal Ariel Lijo que diga si debe investigarse allí el caso o debe seguir en Dolores.
Si pasara a los tribunales de Retiro, la revisión del procesamiento quedaría en manos de la Cámara Federal porteña, el mismo tribunal que aún dilata las definiciones sobre los 38 procesamientos por espionaje que dictó en febrero el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, antes de que le sacaran el expediente .
La central obrera respaldó la negociación con el Fondo
Guzmán ante la CGT: "El acuerdo con el FMI no implicará ajuste para los trabajadores"
La intensidad de los aplausos agrandaron la sonrisa del ministro de Economía Martín Guzmán. No era para menos. Los que lo respaldaban con las palmas eran los integrantes de la conducción de CGT que se congratulaban cundo el ministro les aseguró que el acuerdo que se negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no incluirá "ningún ajuste" sino que se privilegiará "la recuperación económica y el desarrollo sustentable". Una afirmación que le sirvió a la central obrera para garantizarle el apoyo al convenio que el gobierno de Alberto Fernández busca sellar antes de fin de año con el organismo multilateral de crédito y que deberá refrendar el Congreso. En este sentido, Guzmán dijo que espera que la oposición actúe con responsabilidad y respalde la aprobación del acuerdo de la deuda que generó el gobierno de Mauricio Macri.
"No va a haber ninguna reforma ni restricción que afecte a los trabajadores", le juró Guzmán a los integrantes del consejo directivo de la CGT en el salón Felipe Vallese y agregó además que trabaja para una "verdadera inclusión social con generación de trabajo" y una mejora "más fuerte del poder adquisitivo de los salarios". Los aplausos se instensificaron.
La reunión de la que también participó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, había sido acordada entre la central obrera y el presidente Alberto Fernández la semana pasada, sirvió para que los gremialistas recibieran de primera mano el estado actual de la negociación con el Fondo y los principales puntos del plan plurianual que presentará ante el Congreso. Para la conducción de la central sindical esto representó, además de información, una prueba de su integración real en el gobierno del Fernández o el "peronismo territorial" como les gusta decir ahora en la Casa Rosada.
La charla de Guzmán tuvo dos momentos. El primero se realizó en el cuarto piso del edificio histórico de la CGT. Allí, junto a Moroni, el ministro dialogó con la mesa chica integrada por los cosecretarios generales Héctor Daer y Pablo Moyano. Carlos Acuña no estuvo porque se encontraba fuera de la ciudad. Estuvieron también Antonio Caló (UOM), Gerardo Martínez (Uocra), Mario Manrique (Smata) y Andrés Rodríguez (UPCN), entre otros.
En esa charla, el ministro deslizó la inminencia del acuerdo con el Fondo pero no dio más pistas. Los gremialistas no quisieron indagar mucho más. Lo que sí se habló en ese momento fue la necesidad de que la oposición, más que nada Juntos por el Cambio, acompañen ese acuerdo que se deberá refrendar en las Cámaras del Congreso. "Ellos son los responsables de esta tragedia, de esta formidable deuda", reconoció a este diario uno de los participantes de ese encuentro.
Poco después todos bajaron al primer piso donde se encuentra el salón Vallese. Allí hubo una corta presentación y luego el ministro quedó solo frente a todos. "Se está negociando poder tener un esquema de políticas públicas que sea nuestro y le permita a la Argentina seguir en la senda de tranquilizar la economía y que cuando estemos mejor podamos hacerle frente a la deuda" con el Fondo, afirmó el ministro.
Guzmán insistió en la necesidad de prorrogar los vencimientos para permitirle al país poder crecer económicamente y resolver los problemas sociales generados por la deuda del macrismo: "Lo que buscamos es un acuerdo para el desarrollo sustentable en donde tenemos una programación plurianual, en donde le decimos al FMI: 'Presento esto y es lo que voy a hacer para que la Argentina se recupere, genere trabajo y la inflación vaya bajando, que es algo fundamental para el buen funcionamiento de la economía. Y para que la economía agregue más valor. Con eso permitime refinanciar; que no te tenga que pagar ahora'", señaló el ministro.
Ante el consejo directivo, Guzmán volvió con la responsabilidad del macrismo no sólo en el proceso de endeudamiento sino también la existencia de maniobras que se realizan para provocar un ajuste. "Algunos lo hacen por razones económicas y otros por razones políticas", indicó el ministro que, además, advirtió que lo que estos sectores buscan es no tener que pagar la crisis que provocaron.
"Estamos conformes con lo que Guzmán dijo acá y la CGT va a acompañar", dijo el metalúrgico Caló al finalizar la reunión. Daer, en tanto, advirtió que el acuerdo con el Fondo puede llegar antes de fin de año e indicó que la central sindical respalda el trabajo del gobierno que "busca dar pasos hacia el desarrollo, el crecimiento y la generación de empleo garantizando los derechos de los trabajadores".
Una nueva demostración de fuerza en las calles
El Gobierno estudia realizar una movilización por el Día de la democracia
El Gobierno Nacional evalúa realizar una nueva marcha el 10 de diciembre. Sería similar a la que encabezó el presidente Alberto Fernández el 17 de noviembre en Plaza de Mayo, cuando se conmemoró el Día de la Militancia, pero en esta ocasión el motivo para que el oficialismo demuestre fuerza en las calles y movilización popular, será el Día de la Democracia. Este jueves, en tanto, distintos funcionarios se reunirán en Casa Rosada para terminar de definir los detalles y confirmar si efectivamente se llevará a cabo el acto y de qué modo. El año que viene se cumplirán 40 años del retorno democrático en la Argentina y desde el Gobierno consideran que ese es un gran motivo para conmemorar.
El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien además forma parte de la mesa política y territorial más cercana del Presidente, y que se reúne con él con asiduidad, confirmó este miércoles en diálogo radial que existe la posibilidad de que se realice un evento para recordar esa fecha tan importante. "Se está trabajando en cuál podía ser el formato", aclaró. En esa línea, el ministro destacó que para el Gobierno y para la Argentina "son fechas que van marcando una etapa y un proceso hacia adelante". El titular de la cartera de Obras Públicas opinó en diálogo con Futurock que "tenemos que recuperar la participación, la movilización, pero, fundamentalmente, la posibilidad de ir camino a los 40 años de democracia, que se cumplen en el 2023. El 10 de diciembre puede ser una buena fecha para marcar ese proceso".
La movilización por el día de la militancia significó para el Presidente un respaldo muy importante de los movimientos sociales, políticos, sindicales, de intendentes y gobernadores. La idea en esta ocasión sería replicar algo similar. Sin embargo, también circula que se podría tratar de una especie de "festival al aire libre", que convoque a los ciudadanos de a pie y a las familias. Katopodis agregó que "el Presidente ha tomado la decisión, y lo ha planteado la semana siguiente a las elecciones en la Plaza de Mayo, de tener una fuerza política más movilizada, con más presencia en la calle, con mayor participación política y social". Sin embargo, aclaró que el evento que se realice el 10 de diciembre no sería solo para la fuerza política oficialista, sino, según explicó, "para todos los sectores".
Katopodis subrayó que, en caso de realizarse el acto, "sería abierto y amplio porque es lo que corresponde y lo que pretendemos. Pero, está claro que hay una decisión en el peronismo y en Alberto Fernández, como presidente del peronismo a nivel nacional, de, a la salida de esta pandemia, también contar con una fuerza política mucho más organizada y con más presencia en la escena pública acompañando la gestión".
"El pueblo y la historia siempre hacen justicia"
El mensaje de Cristina Kirchner a Xiomara Castro, presidenta electa de Honduras
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió un fragmento de la conversación que mantuvo este lunes con la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro. “Finalmente, mi querida compañera y amiga Xiomara, más tarde o más temprano, el pueblo y la historia siempre hacen justicia”, dijo la expresidenta argentina.
Este domingo Castro se impuso en las elecciones por un 53,6 por ciento contra el 33,8 obtenido por Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional. De esta forma, se convirtió en la primera mujer presidenta de Honduras y marca el regreso de la izquierda al poder después del golpe de Estado de 2009 que depuso a Manuel Zelaya, esposo de Castro.
El golpe en Honduras y el apoyo de CFK a Zelaya
En junio de 2009, Fernández de Kirchner y el entonces canciller Jorge Taiana repudiaron el golpe de Estado y pidieron ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la restitución de Zelaya en su cargo.
"Todos los países del continente y toda la comunidad internacional deben exigir la restitución del presidente democrático, hasta que haya nuevas elecciones, y fundamentalmente el respeto de su integridad física e institucional", dijo la expresidenta en ese momento.
A principios de julio de ese año, Fernández de Kirchner viajó a Washington para integrar la comitiva que acompañó a Zelaya en su intento de regreso a Honduras. El grupo estuvo conformado también por los entonces presidente de Ecuador Rafael Correa; secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y el expresidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel D’Escoto.
Semanas después en la Cumbre de Asunción, los países del Mercosur anunciaron que no considerarían válido ningún acto unilateral de parte del gobierno golpista de Honduras, ni siquiera el llamado a elecciones.
Encuentro con familiares en Casa Rosada
Alberto Fernández enviará un proyecto de ley reparatoria para víctimas de la represión de 2001
El presidente Alberto Fernández se comprometió a enviar al Congreso un proyecto de ley reparatoria para víctimas y familiares de los fallecidos durante el estallido social del 19 y el 20 de diciembre de 2001, a días de cumplirse 20 años de la represión que tuvo como saldo 38 muertos en todo el país, tras recibir a parientes de quienes fueron asesinados en esos hechos.
De la reunión, que se realizó en el despacho presidencial de Casa Rosada, participaron Marta Adelaida Almirón y Héctor Fernando Fiori, madre y hermano de Carlos Almirón; Adriana Ochoa, prima de Gustavo Benedetto; Marta Pinedo, expareja de Alberto Márquez, y María Arena, esposa de Gastón Riva. En tanto, el jefe de Estado estuvo acompañado por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; y el director de Gestión de Casos de Violencia Institucional, Emiliano Quinteros.
Tras la reunión, Arena dijo a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno que "hay una intención muy fuerte de parte del Presidente, que se comprometió a presentar un proyecto en los próximos días para poder elevarlo lo antes posible". "Hemos tenido una reunión con el Presidente a raíz de un pedido nuestro y una intención desde el Gobierno de recibirnos para poder pensar juntos, pero más que nada va a ser un proyecto del Presidente, una ley reparatoria", señaló Arena. Y recordó: "Ya tuvimos una posibilidad en el gobierno de Néstor Kirchner, pero no se trató y perdió estado parlamentario".
La familiar de una de las víctimas explicó que actualmente este proyecto de ley "incluye a las víctimas, a los familiares de las víctimas de todo el país que han quedado muy desprotegidos". "Es también la manera que tenemos de que el Estado se haga cargo y responsable de los asesinatos de nuestros compañeros", remarcó la esposa de Gastón Riva. Además, Arena expresó que durante la conversación con el jefe de Estado dialogaron sobre "la necesidad de una reforma judicial", y agregó: "Estas cosas que nos sucedieron a nosotros lamentablemente se están repitiendo en muchas causas".
Por su parte, Pinedo pidió "justicia y que paguen los que hoy están sueltos, los que apretaron el gatillo y lo asesinaron por la espalda" a su pareja. Daniel Márquez, uno de los hijos de Alberto Márquez, reclamó "una reparación urgente para estos crímenes y que sean convocados todos los parientes de las víctimas cada vez que sea necesario y que se aborde esta cuestión".
El 20 de diciembre próximo se realizará en Buenos Aires un acto conmemorativo junto a las familias de las víctimas, que incluirá la colocación de una placa con los nombres de los fallecidos. En paralelo, se llevarán a cabo actividades similares en todas las provincias para recordar a quienes perdieron la vida durante las dos jornadas represivas.
Fuente:Pagina12
Diputados prepara la modificación de la ley de alquileres y sería una vuelta atrás en los puntos centrales
Impulsado por Alberto Fernández y Sergio Massa, el proyecto oficialista para cambiar puntos claves de la actual norma genera consenso con la bancada de Juntos por el Cambio. El rechazo de agrupaciones inquilinas.
02/12/2021
Foto: Daniel Baca
El Congreso que se viene coordinará con el Poder Ejecutivo una nueva ley de alquileres. El objetivo es encontrar una solución al aumento disparado de precios, que según lee el oficialismo se tiene que ver con la falta de oferta de inmuebles. El presidente Alberto Fernández le pidió el martes al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que trabaje en una nueva redacción del proyecto con el fin de suspender por 180 días la ley vigente.
La semana pasada, en el marco del Día de la Construcción, Massa instaló la decisión del Frente de Todos de reformar la ley de alquileres, al asegurar que “fracasó” en su implementación. En ese contexto, el tigrense señaló que “hay que darle certezas a los propietarios y seguridad a los inquilinos”.
La ley 27.551 fue aprobada en Diputados el 20 de noviembre del 2019 -en los últimos días de mandato presidencial de Mauricio Macri- y refrendada en el Senado el 11 de junio de 2020, ya durante el gobierno de Alberto Fernández.
A más de un año de su aplicación, tanto opositores como oficialistas afirman que no es una “buena ley”. Desde el principio fue rechazada por el sector inmobiliario y propietarios. Además, su derogación fue parte de la campaña electoral de Juntos por el Cambio, hasta el punto de que hay un proyecto para modificarla presentado de la radical Karina Banfi y otros dirigentes del espacio.
El texto de la ley de alquileres actual establece un plazo mínimo de contrato por tres años, un aumento anual regido por el IPC y el RIPTE y prohíbe pagos adelantados, salvo el mes de depósito en garantía. Según pudo saber Tiempo, las modificaciones propuestas impactan de lleno en esos tres puntos.
En cuanto a la duración de los contratos, la intención oficial es que vuelvan a un plazo mínimo de dos años. También se plantea un regreso a los aumentos semestrales, con porcentajes definidos por los propietarios. Otra clave en la discusión es la inscripción de los contratos de alquiler en un registro de AFIP, que según datos del ministerio de Hábitat de la Nación que comanda Jorge Ferraresi han realizado 230.000 inquilinos sobre 2.500.000 que están en el radar.
En este punto, la diputada electa por el Frente de Todos Marcela Passo opinó que este trámite “genera al propietario mayores pasos administrativos a la hora de informar. Debemos cruzar información que el estado ya tiene y no pedirle al propietario que se registre”.
Desde agrupaciones de inquilinos repudiaron las propuestas de modificación. El presidente de la Federación Nacional de Inquilinos, Gervasio Muñoz, explicó a Tiempo que “esto sólo busca atender la demanda del mercado inmobiliario. Es una lógica contra los intereses de los inquilinos y contra bajar los precios”.
Desde su reglamentación en julio de 2020, los inquilinos señalan que hay un cumplimento sistemático, ya que se puso en discusión el enorme abuso preexistente en el mercado del alquiler, pero también quedó en evidencia la ausencia del Estado en políticas al respecto. “El gobierno prefiere derogarla antes que controlar el cumplimiento de la norma”, agregó Muñoz.
Por ahora, en la Cámara Baja los legisladores coinciden en que hay que revisar la ley y reconocen la dificultad de encontrar un equilibrio entre el mercado, propietarios e inquilinos. “Siempre alguno se ve perjudicado”, señaló un diputado oficialista a este medio. Será una tarea en la que se trabajará después del 10 de diciembre, en el marco de la extensión del periodo ordinario de sesiones hasta fin de año y con el recambio de diputados.
El gobierno negó la posibilidad de una devaluación y un ajuste
La portavoz de la Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, sostuvo que el plan es “una política de crecimiento con inclusión” y destacó que “en septiembre se superó el número de trabajo registrado previo a la pandemia”.
02/12/2021
Foto: Télam
La portavoz de la Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, anunció hoy que “en septiembre se superó el número de trabajo registrado previo a la pandemia, y se contabilizan 120.000 trabajadores más y un crecimiento del 1%”.
En conferencia de prensa realizada esta mañana en la Casa Rosada, Cerruti destacó que en materia de empleo “no sólo se recuperó lo perdido en la pandemia, sino que empezamos la senda de recuperación de los perdidos de 2017 a 2019 con el gobierno anterior”.
“Hay 120.000 trabajadores más que en diciembre de 2019”, precisó la funcionaria, quien indicó que “el empleo asalariado y registrado recuperó el 75% de los 770.000 suspendidos en la pandemia”.
Por otra parte, la portavoz aseguró que “no hay motivo para una devaluación” del tipo de cambio, y afirmó que actualmente “la brecha entre los dólares es menor que en otros momentos del año”.
Además, insistió en que “cualquier acuerdo (con el Fondo Monetario Internacional) tiene que ser el marco de crecimiento para la Argentina”.
En otro orden, Cerruti anunció que el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se reunirá el 9 de diciembre próximo “con todos los representantes del sector de la carne”, en el marco de las negociaciones que se llevan a adelante para contener los precios en el mercado interno.
Asimismo, precisó que en la reunión Domínguez presentará “el Plan 2022/2023 que contempla la producción de carne, maíz y de trigo”.
Por otra parte, la funcionaria sostuvo que “éste es un Gobierno que no va a hacer un ajuste, sino que lleva adelante una política de crecimiento con inclusión”, y subrayó que “eso se verá en el presupuesto” que se discute en el Parlamento.
“Es un presupuesto de crecimiento, que refleja los índices que creemos que la Argentina sostendrá”, remarcó Cerruti.
Fuente:TiempoArgentino
No hay comentarios:
Publicar un comentario