Porque tenemos memoria
y sabemos la verdad
luchamos por la justicia
7 de junio de 2022
TROPEL 2 del 07.06.2022.
Andalgalá: Aldo Flores “libre”, pero…
Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 2022.
En la tarde de este sábado 4 Aldo Flores fue dado de alta de un instituto médico en la capital de la provincia donde estuvo hospitalizado por manifiestas complicaciones en su salud (un fuerte dolor en pecho) cuando llevaba adelante la declaración en la fiscalía de Andalgalá. De allí se dirigió a la casa de familiares en la capital catamarqueña para recibir cuidados. Al momento de salir del sanatorio se dio a conocer que por una cuestión de procedimientos Aldo no podía quedar formalmente detenido ya que no terminó su declaración. Sin embargo, el fiscal Martín Camp le puso custodia policial en el sanatorio y expresó que Aldo estaba detenido. Lo que se desprende es que el fiscal con esta situación tenía la intención de amedrentar al movimiento ambiental con la detención de Aldo y Enzo, incluso violentando instancias legales.
Enzo en huelga de hambre y su salud en riesgo
Enzo Brizuela sigue detenido en Andalgalá pero desde hace días está hospitalizado ya que producto de la huelga de hambre que realiza su condición de salud cada día se complica más.
Entre el lunes y martes el Fiscal tiene que resolver la situación procesal de Enzo y seguramente también la de Aldo. Por lo que redoblamos el reclamo de la libertad para ambos.
El piquete de las empresas
Desde hace dos días la empresa Mara con trabajadores de empresas contratistas de Andalgalá que prestan servicio, realizan un contrapiquete a dos kilómetros del corte de los vecinos de Choya contra la empresa. El piquete empresarial no permite que los vecinos de Choya lleven alimentos a los que están en el acampe y en este caso no están las fuerzas especiales de la policía garantizando los cambios de guardia.
La embestida de las empresas está siendo apoyada desde el Frente de Todos, que le proporciona la policía y el aparato judicial. También por la oposición de JxC que defiende a ultranza el negocio megaminero pero que se presenta, cínicamente, promoviendo el diálogo entre las partes. Se trata de otra forma de intentar quebrar la resistencia de los pobladores y cooptar una parte de ellos con engaños.
Desde el Partido Obrero en la provincia estamos difundiendo una carta al pueblo de Catamarca desenmascarando una minería que además de destruir el ambiente constituye un saqueo económico y grandes negociados con los recursos de la provincia. De la mano de esta minería no habrá trabajo ni progreso, esa es la experiencia luego de 20 años de saqueo en “Bajo La Alumbrera”. Desarrollemos con todo vigor la campaña por la libertad y contra la persecución de los luchadores y por la unidad de los desocupados que demandan trabajo y vecinos que se niegan a entregar al ambiente a manos de los depredadores.
Después de 20 cartas reclamando una audiencia, en el séptimo aniversario del 3J, Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada al grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios. Las madres y padres de mujeres asesinadas por la violencia machista describieron cada caso y lo que tienen en común: la falta de justicia, la complicidad policial, la trama narco, la justicia patriarcal y la desidia estatal. Entregaron un petitorio con reclamos concretos, como el efectivo cumplimiento de la Ley Brisa, la dificultad para pagar peritos y abogados. Se fueron con la sensación de haber sido escuchados: «Lo que sigue es pasar a la acción». La carta completa, las familias que participaron y los carteles que lo decían todo: «No estamos para la foto».
Las llamadas llegaron anoche, 2 de junio, entre las 19 y 20 horas: desde la Presidencia de la Nación convocaban así a familiares de víctimas de femicidios a una reunión con el presidente Alberto Fernández, en Casa Rosada, a las 11 de la mañana de este 3J.
Para muchas familias ese apuro implicaba viajar cientos de kilómetros durante la noche para llegar a tiempo. Lo hicieron. Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, y Blanca Ozan, mamá de Agustina Fredes; por ejemplo, llegaron en tren desde Mar del Plata. Gabriela Monzón y Gabriel López, mamá y hermano de Gisela López, pidieron al municipio que les facilite un auto para viajar durante la madrugada y llegar desde Entre Ríos. César Ezequiel Moscoso y Wanda Banegas, familiares de Katherine Moscoso, subieron a un micro desde Monte Hermoso. Quienes viven en la ciudad o provincia de Buenos Aires llegaron en colectivo, tren, subtes, pidiendo el día en sus trabajos.
Valía ese esfuerzo especialmente para las Familias Sobrevivientes de Femicidios que, durante 2 años, venían pidiendo por carta (20 veces) una audiencia al presidente.
Llegó el día en el que fueron recibidos.
Foto Sebastián Smok
Qué pasó
En el Salón de las Mujeres, en Casa Rosada, cada familia le contó al Presidente lo que le pasó a su hija, no como un acto biográfico, sino como una forma de enlazar los relatos para construir la radiografía femicida.
Quien tomó primero la palabra fue Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, dijo citando al Observatorio Lucía Pérez : «138 femicidios y travesticidios. 14 de ellos son infancias”. Y siguió: “Hay 14 abogados en todo el país para defender a las familias. No hay presupuesto para peritos ni abogados y esto ya se habló con la ministra Gómez Alcorta. Le agradezco mucho señor presidente por habernos recibido después de las 20 cartas que le mandamos”
El encuentro duró más de dos horas.
“Nos escucharon y se hicieron cargo, que no es poco”, dijo a lavaca Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, después de salir de la Casa Rosada. “Quedaron en trabajar, por ejemplo, en poner abogados para las familias. Se habló de la Ley Brisa. Expliqué lo que pasa con los femicidios territoriales, y el vínculo de los asesinatos con los narcos; sobre este tema se quedó en seguir trabajando”.
Marta Montero le describe al Presidente cómo fue el femicidio de su hija: complicidad narco, impunidad judicial y la espera de un nuevo juicio por justicia. Foto Casa Rosada
Gabriela Monzón, mamá de Gisela López, agregó: “Estábamos todos con el mismo dolor. Y es importante que el Presidente nos pueda escuchar; hace cuánto esperábamos eso”. Gisela fue asesinada en Entre Ríos. En su caso, al igual que otros de distintas provincias del país, el Presidente se comprometió a articular con los gobernadores locales para que los femicidios no queden en impunidad. A algunas familias incluso les dio su número de teléfono personal. César, tío de Katherine Moscoso, sumó: “Llevamos 7 años de impunidad, en un pueblo de 8.000 personas, Monte Hermoso. Es todo política, estamos en plena lucha, y es importante que nos reciba, más lejos no podemos llegar”.
De la reunión participaron: Marta Montero, mamá de Lucía Pérez; Mónica Ferreyra y Ricardo Fulles, padres de Araceli Fulles; Alfredo Barrera, papá de Carla Soggiu; Alberto Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia Basaldúa; Blanca Ozan, mamá de Agustina Fredes; César Ezequiel Moscoso y Wanda Banegas, familiares de Katherine Moscoso; Facundo Ortiz, papá de Luna Ortiz; Gabriela Monzón y Gabriel López, mamá y hermano de Gisela López; Flavia Pastori, hermana de Sandra Pastori; María Elena Aduriz, mamá de Ángeles Rawson; Beatriz Regal y Jorge Tadei, padres de Wanda Tadei; Analía Romero, mamá de Camila Flores; Luciana Orieta, familiar de Mariela Orieta; Néstor García y Andrea Lescano, familiares de Micaela García; y María Rosa Leonelli y Antonella Valdez, familiares de Cintia Cerrudo. Otras familias se sumaron luego, dado que por trabajo no podían asistir, como Yolanda, hermana de Luciana Sequeira.
Por parte del gobierno estaban: el presidente, Alberto Fernández, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
“Cuando llegué al Gobierno creé un ministerio, que antes no existía, y lo hice para visibilizar la dimensión del problema que llamamos patriarcado, y que en la realidad es una cultura en donde los hombres sentimos que estamos en una condición superior frente a la mujer. Eso es una vergüenza y no puede suceder más”, fueron algunas de las palabras del Presidente durante la reunión.
Los gritos
Las familias llevaron las caras, sonrisas, y nombres de sus hijas en carteles, remeras, banderas y pecheras. También llevaron carteles que escritos a mano funcionaban como las urgencias que el Estado debe escuchar, atender, y resolver. Decían:
“Estado presente”
“Infancias protegidas”
“Justicia justa”
“Ni una más”
“Queremos justicia, no solo una foto”
“Dónde está Tehuel?”
También llevaron un petitorio que sintetizaba tres exigencias concretas:
el cambio en la reglamentación de la Ley Brisa;
que el Estado garantice desde el primer día la investigación judicial imparcial, justa y con perspectiva de género;
el acompañamiento integral a las familias víctimas de femicidios. ”Sumando nuestros dolores y experiencias focalizamos hoy nuestra exigencia en estos tres reclamos urgentes, necesarios y justos. Al concretarse, el Estado argentino estará dando un paso importante para que la letra de la ley se convierta en hechos”, escribieron.
Foto Sebastián Smok
A continuación la carta completa:
Buenos Aires, 3 de junio de 2022
Señor Presidente la Nación
Doctor Alberto Fernández
En este doloroso y angustiante camino que emprendimos el día que asesinaron a nuestras hijas hemos tenido que luchar todos los días contra un Poder Judicial enceguecido por la corrupción de sus intereses, un Poder Legislativo que se acuerda del tema cada fecha fotografiable y un Poder Ejecutivo que habla más de lo que hace. Algunas familias llevamos años cargando esta cruz, así que la afirmación que realizamos se aplica a diferentes administraciones, incluso de signo político contrarios.
Todas han prometido mucho, todas han hecho poco.
Todas también han preferido tener como interlocutores a “expertxs” que no han soportado el cachetazo que significa que un Estado obligado por leyes y tratados a hacer algo, lo incumpla todos los días.
Así, la puerta de acceso a la justicia y a nuestros derechos que tenemos como familias es estrecha, arbitraria y prebendaria.
Así, no podemos seguir ni un día más.
Sumando nuestros dolores y experiencias focalizamos hoy nuestra exigencia en estos tres reclamos urgentes, necesarios y justos. Al concretarse el Estado argentino estará dando un paso importante para que la letra de la ley se convierta en hechos.
Nuestras tres exigencias son las siguientes:
1) Exigimos el cambio en la reglamentación de la Ley Brisa:
El acceso al derecho que garantiza la Ley Brisa a las infancias huérfanas por femicidios se ve obstruido por la reglamentación que hizo el Poder Ejecutivo. Como consecuencia en el peor momento y cuando más apoyo necesitan, las familias deben hacerse cargo de sostener la vida de esas infancias sin apoyo alguno. El trámite actualmente no es administrativo sino judicial, lo cual requiere la participación de abogadxs. Los letrados oficiales están recargados y hacen más lento el proceso judicial.
En 2020 hubo 343 infancias huérfanas por femicidios y en los primeros 100 días del año 2021 ya suman 80, según datos del Observatorio Lucía Pérez. Esas infancias no pueden esperar ni una día más.
Reglamentación actual:
A través del decreto 871/2018, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley 27.452, que creó el Régimen de Reparación Económica para hijos de víctimas de femicidio. El artículo 1 de la ley establece que el Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes tiene lugar cuando:
a) Su progenitor y/o progenitor afín hayan sido procesados y/o condenados como autores, coautores, instigadores o cómplices del delito de homicidio de su progenitora. De acuerdo al decreto reglamentario, tanto el auto de procesamiento como la sentencia condenatoria deberán encontrarse firmes. Esto significa: sentencia confirmada por la Corte Suprema. Así redactado, todo el proceso requerido para acceder al subsidio demandaría una década.
b) Según la norma publicada el 1 de octubre de 2018 en el Boletín Oficial, el juez debe establecer y declarar que la causal es la violencia intrafamiliar o de género. Muchos tribunales caratulan la causa con otras formas jurídicas y parte de la lucha de las familias es lograr su cambio, lo cual demanda también varios años.
Reglamentación necesaria:
Exigimos un decreto del Poder Ejecutivo que establezca que desde el momento en que se produce el femicidio las infancias huérfanas tiene derecho a percibir un subsidio para garantizar su manutención. El Anses puede ordenar un informe que avale la validez del derecho a esta pensión. No relacionar el acceso a este derecho al trámite judicial, sino a un trámite administrativo garantiza el acceso al subisidio en el momento en que se lo necesita.
2) Exigimos que el Estado garantice el acceso a la justicia y, desde el primer día, la investigación judicial imparcial, justa y con perspectiva de género.
En momentos donde las familias estamos aturdidas por el dolor y desorientadas sobre qué es correcto hacer es exactamente el momento en el que el Poder Judicial arruina las pruebas. En esas primeras horas se juega entonces la posibilidad de obtener un proceso justo. Desde el arribo a la escena del crimen (como en el caso de Nora Dalmasso, solo para apelar a un ejemplo que la mayoría recuerda) hasta la forma de tomar los primeros testimonios son siempre, como mínimo, inadecuadas y en muchos casos, tendenciosas. Así, se garantiza la impunidad. Esta mecánica es lamentablemente tan extendida que en los barrios de todo el país cada vez que se produce un femicidio espontáneamente vecinos y vecinas rodean la comisaría para evitar estas maniobras, y también para denunciarlas públicamente.
Estas prácticas mafiosas son, además, mucho más definitorias en los casos de femicidios territoriales, en los cuales el crimen no se produce a manos de un novio, ex pareja o pareja violenta, sino por quienes ya tienen garantizada una red de impunidad territorial que les permite cometer delitos. Son las nuevas formas de “zonas liberadas” y en esa trama tanto las policías como las fiscalías están implicadas, por acción u omisión. En ese contexto es imposible para las familias acceder a un proceso judicial justo, ya que los primeros en actuar y escribir la primera versión de los hechos son partes implicadas, que hicieron posible que ese crimen ocurra.
a) Exigimos la creación de un cuerpo nacional de fiscales y peritos oficiales que intervengan desde el primer momento en casos de femicidios territoriales.
b) Exigimos que en aquellos casos en los que la trama de corrupción incluyan a policías y justicia, los juicios orales se realicen fuera del ámbito jurisdiccional controlado por las redes que produjeron el delito.
b) Exigimos que tal cual obligan los tratados y leyes vigentes, el Estado argentino se haga cargo de los honorarios de abogadxs, peritos y costos de la causa judicial, incluido pasajes y estadias a la que nos obliga la organización vigente del Poder Judicial, que nos somete a viajar miles de kilómetros para garantizar el justo proceso en todas sus instancias.
c) Exigimos que las querellas legales respeten la voluntad de las familias y las representen ante el Poder Judicial sin alterar el enfoque legal que ellas pretenden, las mantengan debidamente informadas del proceso y las acompañen en todas las instancias necesarias hasta lograr el cierre del proceso, algo que hoy no está garantizado.
d) Exigimos que los procesados por femicidios no puedan cumplir sus excepciones carcelarias en las cercanías del hogar de las familias de las víctimas. Es responsabilidad del juez de garantías todo lo que suceda con la liberación de un procesado por femicidio y deberá responder por ello.
f) Exigimos que el Poder Ejecutivo nacional y provincial no facilite que los jueces eludan su responsabilidad otorgándoles el escape de una jubilación para evitar el jury.
g) Exigimos que se elimine la obligación de depositar una caución de 250 mil pesos como condición para que las familias pueden solicitar el jury a los jueces que intervienen en el crimen de sus hijas.
h) Exigimos que el Poder Ejecutivo garantice que la aplicación de la ley Micaela no sea para la foto, sino que implique una formación contínua, sostenida y con seguimiento, medición y rendición pública de cambios y logros.
h) Exigimos que el Poder Legislativo sancione leyes de prevención de femicidios, tales como:
1) Establecer que es un delito la violación de la restricción perimetral
2) Crear centros de aislamiento y reeducación de varones violentos
3) Establecer porcentajes a los que están obligados los medios estatales y privados para destinar a la difusión de campañas de prevención de estas violencias.
4) Que en los establecimientos educativos cuyas alumnas sean víctimas de femicidios se decrete inmediatamente una jornada de reflexión sobre la violencia femicida de asistencia obligatoria para docentes, el alumnado y las autoridades de la intendencia y abierta a toda la comunidad.
3) Exigimos el acompañamiento integral a las familias víctimas de femicidios.
La normativa internacional de derechos humanos obliga al Estado argentino a reconocer la identidad de víctimas que tienen nuestras familias. Dicha identidad de víctimas nos convierte en los portadores de los derechos que les fueron asesinados a nuestras hijas y esos derechos están claramente establecidos por leyes y tratados. Exigimos que comiencen a cumplirse, se respeten y garanticen en forma integral.
Nuestras familias deben sumar al enorme peso que produce el dolor del asesinato de nuestras hijas el tremendo castigo emocional y económico que nos inflige el actual sistema de acceso a la justicia. Hemos perdido además de nuestras hijas, salud y empleos.
En las actuales circunstancias y tal cómo ha organizado el Estado para las causas de femicidios, el acceso a la justicia para estos crímenes es imposible porque es imposible afrontar este camino solos. Y el Estado debe estar desde el minuto uno, ya que no estuvo antes y porque es en las primeras horas donde se juega el destino de toda la causa judicial. Y es justamente ahí, cuando estamos aturdidos por el dolor, cuando el Poder Judicial desvía la investigación y cuando hasta los abogados sin ética se acercan para estafarnos.Luego tenemos que pelear años para anular los fallos y lograr un nuevo juicio, con una investigación ya estropeada. Algunas familias los logramos porque todos estos años hemos sido acompañados por la sociedad y gracias a ese apoyo seguimos en pie. Es hora de que el Estado también esté al lado nuestro y presente.
Exigimos:
1) Pensión asistencial a las familias que deban afrontar un proceso de justicia por femicidio.
2) Decretos que garanticen que a aquellas familias que tengan empleo no pierdan su trabajo ni se le descuenten los días cuando deba asistir a compromisos derivado de su reclamo de justicia. Un ejemplo: actualmente las familias que trabajan en el ámbito estatal deben pedir licencia psiquiátrica para poder asistir al juicio oral donde se juzga el femicidio de sus hijas.
Secuestraron material de trabajo. Denunciaron que fue para “impedir que se refiera al caso Arcoíris”, donde se denuncia el abuso sexual a una menor de 6 años por parte de su abuelo paterno.
El domicilio de una periodista de La Rioja fue allanado el pasado domingo 5 de junio y durante el operativo se le secuestraron todos sus elementos de trabajo para “impedir que se refiera al caso Arcoíris”, donde se denuncia el abuso sexual a una menor de 6 años por parte de su abuelo paterno, informó la Red de Comunicadoras de esa provincia.
La orden contra la periodista Manuela Calvo fue emitida por la jueza María Eugenia Torres del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género N° 1 de La Rioja, bajo la carátula “desobediencia a la autoridad”.
Torres autorizó el secuestro de “todo dispositivo electrónico que se encuentre en poder de la denunciada como así también todo documento relacionado (o se mencione en forma expresa) a la niña Arcoíris”.
La Red de Comunicadoras de La Rioja repudió y alertó “sobre el grave accionar de la Justicia riojana en contra de la libertad de expresión y de prensa”.
“Cabe recordar que la comunicadora Manuela Calvo ya había sido intimada hace 2 meses por la Justicia riojana para que no se pronuncie sobre el caso Arcoíris, y en un claro hecho de censura previa prohibió el estreno de un corto ficcional que hablaba, en general, de casos de abuso sexual infantil y las revinculaciones forzosas con los denunciados”, señalaron en un comunicado.
Agregaron que “nuevamente y acudiendo a un extremo recurso judicial como el allanamiento y secuestro de los materiales de trabajo, la justicia riojana intenta prohibir la difusión de información y acallar todo lo referido un caso emblemático en nuestra provincia que, desde hace tres años los movimientos, organizaciones y medios feministas vienen denunciando por vulnerar el derecho de las infancias”.
“También advertimos la llamativa, y muy poco común, premura de la justicia de La Rioja para actuar y ordenar un allanamiento (un domingo por la mañana) en la casa de una comunicadora que viene reflejando el caso al igual que muchas otras en la provincia”.
La Red exigió “la urgente intervención de autoridades y organismos provinciales, nacionales e internacionales de Derechos Humanos para proteger el derecho a la libertad de expresión y el libre ejercicio de la profesión periodística en todas sus formas”.
Que se “devuelva en las mismas condiciones que fueron retirados, todo lo secuestrado ya que se trata de las herramientas de trabajo de la comunicadora”.
Además, “el cese de la persecución judicial riojana a comunicadoras feministas que vienen reflejando en sus agendas y en los medios la vulneración a las infancias” y de las “violencias que vienen sufriendo por este caso la madre de la menor, las abogadas, las comunicadoras y todas las personas que se pronuncian sobre el tema”.
Por su parte, el secretario de la Defensoría del Público, Pascual Calicchio, escribió en su Twitter: «URGENTE: hace algunas horas allanan la casa de la comunicadora riojana @lamanuc y se llevan sus herramientas de trabajo” y recordó que “Manuela es parte del movimiento #NiUnaMenos en La Rioja y viene siguiendo el caso conocido como ‘Caso Arcoíris’”.
En tanto, la Secretaría de la Mujer y Diversidad de La Rioja expresó en Twitter «su solidaridad con la comunicadora Manuela Calvo» porque «este domingo su domicilio fue allanado por orden de la jueza de Instrucción del juzgado de Violencia de Género N° 1, María Eugenia Torres».
La madre de la menor había presentado «medidas cautelares» para proteger a la niña y relató que “vio al abuelo paterno» aunque pesa sobre él una «prohibición judicial».
Más de quinientas personalidades y organizaciones de todo el país habían lanzado una campaña para solicitar al Poder Judicial riojano que proteja a la niña, conocida con el nombre ficticio de Arcoíris, luego de que el caso se difundiera por los medios.
Envio:RL
07.06.2022 / Actividad presidencial
Alberto Fernández habla ante el Círculo Rojo antes de viajar a la Cumbre de las Américas
El Presidente abre con un mensaje grabado la cumbre de la AEA, a horas de presentar el impuesto a la renta inesperada y antes de viajar a EEUU. Cierra en persona Guzmán. Magnetto y Rocca, presentes. Afuera, protestas contra los empresarios
La última movida de Alberto Fernández antes de viajar a la Cumbre de las Américas será un mensaje hacia el corazón del Círculo Rojo. Ocurrirá luego de presentar ante la sociedad el impuesto para gravar la renta inesperada a empresas con ganancias netas superiores a los mil millones de pesos gracias a los precios internacionales derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania. Será en la mañana de este martes cuando se realice la primera reunión presencial tras tres años del grupo de los empresarios más poderosos del país: AEA (Asociación Empresaria Argentina). El mandatario enviará un mensaje grabado. Además, se hará presente el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Federico Braun (La Anónima), Paolo Rocca (Techint), Alfredo Coto (Coto), Alberto Hojman (BGH), Luis Pagani (Arcor), Carlos Miguens (Miguens) y Martín Migoya (Globant) dirán presente. La última vez que se hizo presencial fue en diciembre de 2019, con un recién asumido Fernández entre las mesas. La pandemia de coronavirus obligó a interrumpir el encuentro los últimos años. El evento comenzará a las 10 con un discurso del presidente de la entidad, Jaime Campos. Luego se emitirá el video del Jefe de Estado. Hablará completo el grupo de los ocho. Moderarán dos periodistas: uno de Clarín (Ricardo Kirschbaum) y otro de La Nación (José del Río). Finalmente, cerrará Guzmán a al mediodía.
El ministro pondrá la cara ante lo que se anticipa una ensalada de discursos duros contra el Gobierno y el rumbo económico, en medio de la polémica por la renuncia de Matías Kulfas y las chapas de Paolo Rocca para el gasoducto Néstor Kirchner de Vaca Muerta. En Casa Rosada, este lunes Fernández aseguró: "Lo que necesitamos es que en una situación tan ingrata unos pocos no ganen tanto en desmedro de las inmensas mayorías. Hemos venido a poner igualdad y a construir justicia social". Fue al presentar la alícuota del 15% para regular la renta inesperada generada por el shock de la guerra en Ucrania. "Es para evitar una redistribución regresiva de los ingresos y así sea el Estado el que los reasigne", comunicó Presidencia.
La reunión tendrá movimiento en las calles. Es que organizaciones sociales realizan una "vigilia" frente a la sede del Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires en protesta por el encuentro que realizarán allí los empresarios. Es para "exigir que bajen los precios de la comida". La protesta es organizada por los dirigentes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); una fracción del Frente Popular Darío Santillán; el Movimiento Resistencia Popular; el Frente de Organizaciones de Base (FOB); el MTR por la Democracia Directa y Barrios de Pie-Libres del Sur.
Este será el último movimiento de Fernández antes de partir a Los Ángeles tras días agitados, renuncias, demostraciones de unidad, reencuentro con Cristina Kirchner y regresos de históricos a su gobierno, como Agustín Rossi y Daniel Scioli. El Presidente partirá en la noche del martes hacia California donde lo espera una Cumbre con bajas por motivos políticos, como Andrés Manuel López Obrador de México y Luis Arce de Bolivia, y también por salud, como Luis Lacalle Pou, que se contagió de covid.
Fernández ya dio algunas pistas de su rechazo a la no invitación a Cuba, Venezuela y Nicaragua al evento en Estados Unidos, repudió los bloqueos y bajó línea de cómo la guerra perjudica a los países más vulnerables. Misma tónica que su gira europea. Su regreso será el viernes a la noche. Ya con nuevo ministro de Producción, Daniel Scioli
07.06.2022 / Congreso
Boleta Única: pese al Covid de Negri, JXC confía en aprobar el polémico cambio electoral en Diputados
El titular del bloque UCR, Mario Negri, dio positivo de coronavirus y no podrá participar de la sesión del miércoles que tratará la boleta única, pero de todos modos entre JXC, Federal, Juntos Somos Rio Negro y los libertarios consideran tener la mayoría para aprobarla.
Juntos por el Cambio, en alianza con otros bloques opositores minoritarios, viene impulsando un proyecto en la Cámara de Diputados para que en las elecciones del año que viene se implemente la Boleta Única de Papel, pese al rechazo cerrado de toda la comunidad de especialistas que participó de los debates en comisión, para votar los cargos nacionales en todo el país.
En en ese marco, la Cámara baja convocó a una sesión especial este miércoles 8 a las 10, como habían pedido desde los bloques opositores que impulsan la implementación. La reforma al Código Electoral es el único tema del día.
El acuerdo alcanzado entre Juntos por el Cmabio, interbloque Federal, Juntos Somos Rio Negro y bloques libertarios logró imponer el debate en comision en una votación en el recinto donde alcanzaron los 132 votos positivos.
Una piedra se atravesó en el camino en las últimas horas, cuando el titular del bloque UCR, Mario Negri (Córdoba), anunció este mismo lunes por la tarde que en los testeos de rutina que hace la Cámara baja previo a una sesión fue diagnosticado como Covid-19 positivo lo que hará que no pueda estar en su banca. Un voto menos. También podría perder el de la diputada de izquierda Romina Del Pla, que votó a favor de debatir en comisión pero realizó críticas a la propuesta acordada entre los bloques. "Lo definimos esta semana", aseguran en el entorno de la bancada del FIT.
Pese a esas dos hipotéticas bajas, la oposición, con el “poroteo” a cargo de Emilio Monzó, asegura que tiene 131 apoyos sin contar a Negri ni a Del Plá. QUÉ DICE LA INICIATIVA El proyecto de ley en cuestión, presentado en 2021, necesita primer modificar el Código Nacional Electoral. Este paso es fundamental porque allí ingresaría, en la normativa, el uso de la boleta única de papel en las elecciones de las categorías nacionales, es decir, presidente y vicepresidente, senadores y diputados nacionales, y parlamentarios del Mercosur, con todas las especificaciones. La modalidad de la boleta única electoral ya rige con distintos matices en las provincias de Córdoba, Salta y Santa Fe. También se utilizó en los comicios municipales de San Luis y en las cárceles, además de ser instrumentada para el voto de los ciudadanos argentinos en el exterior. CÓMO FUNCIONA Se trataría de un instrumento de votación que muestra toda la oferta electoral de un distrito en un solo papel. El voto se hace marcando los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría (por ejemplo, diputados y senadores de la Nación, y/o gobernador, legisladores, intendente, concejales, en el caso de elecciones provinciales). El votante recibe en mano la boleta única de parte de las autoridades de mesa, en el cuarto oscuro -box de votación o biombo- marca sus opciones con un lápiz o una lapicera e introduce esa boleta en la urna. EL NUEVO DISEÑO El formato de boleta única que propone este proyecto de ley incluye todas las categorías para las que se realiza la elección; estará dividida en espacios, franjas o columnas para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas, las cuales distribuirán homogéneamente. Dichos espacios, franjas o columnas deberán contener: -El nombre del partido político o alianza: en el caso de las elecciones primarias, la denominación de la lista interna. -La sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo y el número de identificación de la agrupación política. -La categoría de cargos a cubrir. Para el caso de Presidente y Vice: nombre, apellido y fotografía color. En la categoría senadores nacionales se deberá incluir el nombre y apellido de candidatos y fotografía color de las dos personas postuladas como candidatos titulares. Para el caso de los diputados nacionales, la boleta deberá incluir los seis primeros candidatos de la lista y la fotografía a color de los dos primeros candidatos titulares. El mismo formato se aplica para los parlamentarios del Mercosur. ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA INICIATIVA Desde el oficialismo plantearon una serie de críticas para argumentar el rechazo a las iniciativas propuestas desde la oposición. Advirtieron varios puntos en contra, como los costos de impresión, el tamaño de las listas que pueden prestar a confusión a los votantes y la visibilidad de aquellos nombres que van debajo del candidato principal, entre otras. Cuáles son las críticas y objeciones a la Boleta única de papel, los detalles. El tamaño de la lista Al concentrarse la totalidad de candidatos en una sola boleta, el tamaño de la misma sería enorme, más grande de lo habitual. En el caso que haya muchos candidatos, la “papeleta” electoral podría no entrar en el sobre, lo cual haría algo poco práctico e incómodo su aplicación desde lo operativo. Esto sería un problema en aquellas provincias con mayor cantidad de candidatos por ser distritos de mayor densidad de población. Tales son los casos de las listas de diputados nacionales en distritos como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se eligen 35 diputados nacionales cada dos años y en el proyecto de Juntos por el Cambio que está en debate se habla de incluir a solamente los primeros cinco nombres de la lista. El diseño gráfico podría prestar a confusiones (y demoras) También el diseño gráfico elegido para componer la papeleta es un aspecto sensible, que si no se calibra bien puede generar desequilibrios y asimetrías. Por ejemplo el tamaño de la tipografía: si fuera más chico para que entren todos los nombres de la oferta electoral, generaría inconvenientes para personas mayores o aquellas con disminución visual. El orden de aparición de las coaliciones electorales en la Boleta Única es otro punto en el diseño. De acuerdo a los proyectos en pugna, la ubicación estaría determinada por sorteo y eso puede sesgar la votación. En este sentido, señalan que los partidos aparezcan en los primeros lugares podrían acaparar más votos que quienes figuren en el medio o en el final. ¿Quiénes son todos los candidatos que componen la lista? Un cuestionamiento en línea con el diseño, es que solo aparecen los primeros nombres de cada lista y cada partido. El elector, al ingresar al cuarto oscuro, no podrá saber quién va como tercer, cuarto o quinto lugar en la lista. Menos se podría saber sobre los suplentes. Es que al condensar una enorme cantidad de nombres en una sola papeleta de votación, los espacios se ven reducidos cuanto más opciones tenga una categoría. Algunos hablan de una “lista sábana” en el sentido literal de la expresión, puesto que demandaría una boleta de tamaño mucho más amplio que las actuales e incluso de aquellas que ya están en vigencia. Mayor costo para el Estado El gasto que demandaría la aplicación de la Boleta Única Papel para las próximas elecciones, en comparación con el actual sistema de boleta partidaria, es uno de los puntos cuestionados. En la reunión de comisión de este martes, especialistas explicaron por qué es más caro el nuevo sistema que el actual. El informe trazó una comparativa entre los gastos requeridos para la Boleta única de papel en la provincia de Santa Fe, donde ese sistema rige desde 2011, y para las boletas partidarias que imprimió el Estado nacional, en ambos casos para las elecciones de 2019. Así, mientras la provincia de Santa Fe gastó $149,25 por elector para la Boleta única, al Poder Ejecutivo nacional le costó $27,52 la boleta partidaria por elector. La comparación entre ambos distritos se hizo con la muestra de las elecciones de 2019, año en el que esa provincia eligió legisladores. En ese momento, explican, Santa Fe afrontó un gasto en boletas electorales a través de la Boleta única de papel por un total de "$398.461.710 para las elecciones PASO y las generales, en las categorías de gobernador, senadores locales, diputados, intendentes y concejales, con un padrón electoral provincial de 2.669.708 personas habilitadas", indicó el informe. Para las elecciones de ese mismo año, el Estado nacional "realizó un aporte de boletas electorales partidarias a todas las agrupaciones que se presentaron en las PASO y las generales por $931.404.380 para las categorías de presidente, senador y diputado, con un padrón electoral nacional de 33.841.837 de personas habilitadas". Así, con el sistema de boleta partidaria, el Estado nacional "gastó $ 27,52 por elector", detalla el relevamiento. Es decir que la boleta partidaria "hubiera representado 1/3 de los costos que significó la boleta única en la categoría gobernador", manifestaron.
07.06.2022 / PORTAVOZ
A través de Cerruti, el Gobierno rechazó las acusaciones de Kulfas en su carta
La portavoz de Alberto Fernández aclaró que el presidente "no comparte los conceptos sostenidos" en la misiva de renuncia del exministro. Kulfas había apuntado contra la Secretaría de Energía por demorar el avance en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner.
"El Gobierno Nacional rechaza las acusaciones vertidas por Matías Kulfas en su carta de renuncia y no comparte los conceptos sostenidos en ese sentido". Con esas palabras, la portavoz de Casa Rosada, Gabriela Cerutti salió a desmentir las acusaciones que hizo el ahora exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas en su carta de renuncia.
Cerutti añadió que Alberto Fernández "está convencido de la necesidad de seguir trabajando por la unidad de la coalición de gobierno" e indicó que el jefe de Estado construye gobierna con plena transparencia en todas las áreas".
Durante su paso por la Casa Rosada, Matías Kulfas le presentó al presidente Alberto Fernandez una carta de renuncia de 14 páginas, en la que detalla su gestión al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo. En la misiva, además, ratificó sus dichos en la AM750 en donde se refirió a la licitación del gasoducto Néstor Kirchner y apuntó contra los directivos de IEASA y de la Secretaría de Energía que responden, según él, a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
“Ratifico lo dicho el viernes al finalizar el acto aniversario por los 100 años de YPF en Tecnópolis: si algo cabe reprocharse respecto al contenido nacional de los insumos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación realizada por la empresa IEASA, cuyos miembros, al igual que el equipo de la Secretaría de Energía, responden políticamente a la Sra. Vicepresidenta. Fueron declaraciones en ON y que quedaran registradas por la radio AM 750 y formuladas ante varios periodistas allí presentes. Huelga adicionar la injusta acusación que la Sra. Vicepresidenta le formulara (al Presidente) al señalarle que usted tiene que ‘utilizar la lapicera’ para forzar un mayor contenido nacional cuando dichas decisiones fueran adoptadas por IEASA”, expresó en la carta de renuncia.
Resulta importante señalar que el ahora ex ministro ratificó sus dichos en ON, pero no hizo referencia alguna a las expresiones en OFF que terminaron detonando su salida del gabinete. La diferencia no es menor. En sus declaraciones radiales simplemente expresaba que los funcionarios que llevaron adelante la licitación del gasoducto Néstor Kirchner respondían políticamente a la ex presidenta, pero no hacía ninguna mención de que esos funcionarios habrían armado "una licitación a la medida de Techint", como se leía en el off the record difundido desde su cartera.
Después de desatada la crisis por esa difusión, Kulfas le aseguró al Presidente que él nunca denunció una irregularidad sino que solo había señalado que las críticas de la vicepresidenta resultaban injustas.
LA CARTA DE KULFAS
En la extensa carta, Kulfas enumera los objetivos que tuvo al asumir la cartera y entre los más destacados incluyó la elaboración del plan de estímulo a la producción de gas, la salida del sistema de subsidios energéticos y un marco normativo para Vaca Muerta. El ahora exministro argumenta que esos objetivos fueron frenados, en gran medida, por la interna del Frente de Todos. Así lo expresa en la misiva:
"El sector energético es una de las llaves para resolver nuestro problema de restricción externa. Estamos hablando de un potencial exportador de más de USD 30.000 millones. Una vez más, los avances fueron lentos, signados por un internismo exasperante dentro del propio equipo de la Secretaría de Energía, es decir, internismo dentro del internismo. Ello demoró la posibilidad de un nuevo marco normativo, donde el proyecto de ley quedó en el olvido y fue reemplazado por un decreto que puso algo de racionalidad. Asimismo, se produjeron demoras del caso en el inicio del gasoducto Néstor Kirchner, que ojalá pueda iniciarse rápidamente porque representa una posibilidad concreta de lograr el autoabastecimiento gasífero y luego avanzar en la estrategia exportadora, pero se ha perdido tiempo muy valioso que nos cuesta millones de dólares en importaciones”.
Fuente:PoliticaArgentina
REUNIÓN ANUAL DE AEA
Ante los grandes empresarios, el Presidente llamó a mejorar distribución del ingreso
Fue en el marco de la reunión anual de AEA, a través de un mensaje grabado.
07/06/2022
Foto: Gustavo Amarelle / Télam
El presidente Alberto Fernández abogó este martes, en un mensaje grabado que fue compartido en la apertura del encuentro anual de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), porque el país pueda «aprovechar la ventana de oportunidad» para ser «un gran productor de energía y de alimentos», pidió «responsabilidad en un contexto de guerra» y destacó la necesidad de «reglamentar adecuadamente la distribución del ingreso», ya que «un número muy importante de argentinos no han logrado captar» las «ganancias que se están dando».
El Presidente sostuvo que la guerra entre Rusia y Ucrania está «condenando» al mundo «a un mal presente», pero señaló que «presagia un gran futuro para la Argentina».
«La Argentina, si sabe aprovechar esta ventana de oportunidad, puede ser un gran productor de energía» afirmó el mandatario, quien pidió «sacar la ley de agroindustria» ya que el país puede «ser también un gran productor de alimentos».
En un mensaje grabado que fue emitido frente a los principales empresarios del país que hoy participan de un encuentro por el 20 aniversario de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el Presidente señaló que, durante la pandemia de coronavirus, el Gobierno logró sortear «dos obstáculos muy grandes: el obstáculo de la deuda con acreedores privados y el de la deuda con el Fondo Monetario Internacional».
«En el primero de los casos, garantizamos que los argentinos al cabo de diez años, ahorren US$ 38.000 millones», remarcó el mandatario respecto al acuerdo con los bonistas privados.
En tanto, en relación al acuerdo con el FMI, indicó que «durante los próximos cuatro años no tendremos que afrontar ninguna de las obligaciones que el gobierno anterior había contraído», en referencia a la deuda por más de u$S 44.000 millones contraída por la gestión de Mauricio Macri.
En ese sentido, Alberto Fernández reiteró que «hubiera sido imposible» el pago de US$ 19.000 millones este año «con una guerra desatada en el mundo, que ha complicado los precios de la energía y que ha puesto en crisis el sistema alimentario mundial».
Por otro lado, en el marco de la inauguración del encuentro de la AEA, el Presidente pidió «reglamentar adecuadamente la distribución del ingreso», ya que «un número muy importante de argentinos no han logrado captar» las «ganancias que se están dando», y reclamó a los empresarios «responsabilidad en un contexto de guerra».
Periodismo en emergencia
07/06/2022
En este 7 de junio, Día del Periodista, los trabajadores de prensa junto a SiPreBA reforzamos la idea que no hay #PeriodismoEsencial posible con #PrensaPrecarizada. La extensión del pluriempleo amenaza la libertad de expresión y el derecho a la información. Más del 80% de los redactores de prensa escrita tiene salarios por debajo de la línea de pobreza.
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