La provincia quiere hacer el Puerto de la Música en el Parque de la Cabecera
Una urbanización que viene con música de fondo
Remanso Valerio ya es parte del Renabap. La regularización de esa área es necesaria si se quiere instalar ahí la obra de Niemeyer.
Después que el gobernador Omar Perotti confirmara que se reflotó el proyecto del Puerto de la Música pero cambiando su emplazamiento –en vez de la zona portuaria rosarina que se había pensado originalmente, se evalúa su construcción a la par de la cabecera del puente Rosario-Victoria, en el ingreso a Granadero Baigorria–, desde la Casa Gris aclaran que falta mucho por recorrer para la concreción del proyecto final a pesar de que ya hubo varios encuentros con los intendentes de Rosario y Granadero Baigorria y funcionarios provinciales. En caso de que finalmente se confirme el nuevo emplazamiento primero deberá resolverse la urbanización de una parte del asentamiento conocido como Remanso Valerio, que Jorge Fandermole eternizara en su celebrada canción Oración del Remanso. La barriada ya está incluida en el Registro Nacional de Barrios Populares por lo que es un paso muy importante para que Nación haga su aporte al proyecto de fondo.
La idea original del Puerto de la Música fue encargada por el entonces gobernador Hermes Binner al destacado arquitecto brasileño Oscar Niemeyer y presentado en 2008. La iniciativa consistía en un complejo cultural constituido por salas de concierto, centro de exposiciones y hasta una escuela de música, todo a la vera del río Paraná. Concretamente, se planeaba construir sobre un predio portuario de tres hectáreas ubicado sobre avenida Belgrano desde avenida Pellegrini hasta calle Cerrito. Sin embargo, en ese momento el proyecto se truncó por un problema de jurisdicción de esas tierras y las trabas de Nación para mudar un sector de actividades portuarias que gestionaba la administración de Antonio Bonfatti.
La semana pasada, el periodista Damián Schwarstein reveló en el portal Rosario3.com que 14 años después Perotti quiere reflotar la obra de Niemeyer pero en otro sector. El viernes pasado el gobernador confirmó la información. La intención es que el Puerto de la Música se construya no en Rosario sino en jurisdicción de Granadero Baigorria, pero bien pegado a la ciudad, en el Parque de la Cabecera. Su emplazamiento a la par del río como fue diseñado por Niemeyer, coincide con el asentamiento Remanso Valerio. Una parte del asentamiento fue urbanizado cuando en la gestión pasada se armó el Parque de la Cabecera y se construyó la continuidad en Baigorria de la avenida costanera de Rosario (Los Plátanos). Y ahí es donde aparece el primer problema: para construir el Puerto de la Música en esa zona es necesario urbanizar el sector que falta.
Fuentes oficiales explicaron que el barrio está incluido en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), lo que posibilita que las obras sean financiadas por el Programa Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares. El problema con el que se encontraron los funcionarios santafesinos y de Baigorria es que las normativas técnicas del programa son estrictas en el sentido de que la urbanización debe darse dentro de un mismo polígono, y en este caso para hacerlo de esa forma sería necesario correr la avenida Los Plátanos que se hizo hace menos de 5 años.
Es decir que para avanzar con el proyecto de fondo es necesario que la Nación ponga su parte. Si en el emplazamiento que originalmente se había planteado (Pellegrini y el río) debería haber habilitado un sector portuario y reconstruir muelles, en la versión Parque de la Cabecera es clave que incluya al Remanso Valerio en el programa de urbanización con el financiamiento correspondiente.
Ante ese panorama, Rosario12 habló con Silvina Frana, ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de Santa Fe, quien explicó que “la provincia está trabajando junto a municipios y comunas en todos los barrios que están dentro del Renabap”. En el caso puntual de Remanso Valerio y la posibilidad de que desembarque allí el ambicioso proyecto, la funcionaria aclaró: “Allí hay una localización de un barrio Renabap sobre el que se hará una intervención independientemente de la decisión de si se termina instalando ahí o no el Puerto de la Música. No es que porque haya una posible ubicación del proyecto en ese lugar se esté pensando en este esquema Renabap sino que el esquema es previo a eso”.
Más allá de esa aclaración, Frana fue cautelosa a la hora de referirse al Puerto de la Música: “No hay oficialmente una información precisa. Lo que sí hay es una intención del gobernador de ver el tema. Esto me lo expresó a partir de todos los anuncios periodísticos y de un pedido de muchos sectores sociales y culturales de Rosario y de la zona. Pero precisiones de lugares y de fechas no los tenemos todavía”, esgrimió la funcionaria.
De todas maneras, ya trascendió que el modelo en el que se piensa para concretar la obra sería público-privado, como el que usó la gestión Lifschitz en el predio del ex Batallón 121. Pero para ponerlo en marcha es necesario que la provincia haga una inversión inicial para arrancar. En el caso del Batallón, construyó el Museo del Deporte Santafesino, abrió calles y remodeló las antiguas construcciones militares sobre calle Lamadrid donde están alojadas las empresas del Polo Tecnológico. Los privados hacen sus desarrollos inmobiliarios en un sector del megaterreno y como contrapartida financian parte de la urbanización del Cordón Ayacucho.
Proponen norma de protección de la atmósfera
Ley nueva limpia mejor
La iniciativa está enfocada en prevenir, controlar y corregir las situaciones de contaminación del aire que provengan de fuentes fijas.
La diputada provincial Mónica Peralta (GEN) presentó un proyecto de ley que busca proteger a la atmósfera de emisiones gaseosas contaminantes del aire. Actualmente Santa Fe tiene una resolución de calidad de aire pero no regula los parámetros de emisiones.
“Nuestra provincia no tiene una legislación propia que regule las emisiones a la atmósfera, por eso presentamos esta ley”, explicó la diputada. “Si en Santa Fe se judicializa un conflicto ambiental relacionado a emisiones gaseosas, debemos basarnos en un decreto de la provincia de Buenos Aires, por eso es importante que tengamos un marco regulatorio santafesino”.
La ley está enfocada en prevenir, controlar y corregir las situaciones de contaminación del aire que provengan de fuentes fijas, es decir desde extensiones no móviles como por ejemplo: empresas, industrias, establecimientos de producción que se encuentren en el territorio de la provincia, cualesquiera que sean las causas que las produzcan.
Es importante mencionar que fuentes fijas de contaminación es toda edificación, instalación o extensión de área existente en un lugar determinado, en forma temporal o permanente, donde se realicen operaciones y/o actividades que originen una emisión de contaminantes a la atmósfera, según indica el texto del proyecto de ley.
“Las y los ciudadanos de nuestra provincia tienen el derecho de gozar de un ambiente sano y equilibrado, utilizando el recurso del aire en forma sustentable. Pero el impacto negativo que tienen algunos contaminantes en el aire que respiramos produce grandes afecciones a la salud de la población. Por eso necesitamos controlar las industrias como por ejemplo silos, fundiciones y metalúrgicas”, sostuvo la diputada.
En este sentido la ley establece que ningún efluente gaseoso se puede liberar a la atmósfera sin tratar ni neutralizar, y establece la prohibición de actividades tales como la incineración deliberada de residuos y la descarga de contaminantes sin tratar a la atmósfera a través de ductos o chimeneas, ya sean visibles o no visibles.
“Siendo que la provincia tiene antecedentes interesantes en materia de normas ambientales, es una deuda institucional no tener una norma santafesina que regule los impactos en el aire de nuestro ecosistema”, sostuvo Peralta.
Por otra parte, vale destacar que este proyecto de ley provincial, en su artículo 17, hace mención a las infracciones y a las sanciones que podrán imponerse, como por ejemplo: inhabilitación o la clausura, temporal o definitiva, de la fuente contaminante. Además, deja en claro que las personas físicas o jurídicas deberán contar con un plan de contingencia en caso de riesgo ambiental, con sus respectivos planes de acción y mitigación.
“Sostengo que es necesario que las grandes empresas produzcan responsablemente para aminorar las consecuencias que sufre nuestro ambiente frente a la contaminación que proviene de sus actividades”, dijo la diputada
Falta de legislación
“A falta de legislación para el cuidado de la contaminación del aire proveniente de fuentes fijas, se le suma la contaminación producto del humo de las quemas del humedal; todo lo cual está generando una importante cantidad de enfermedades crónicas vinculadas a la respiración”, aseguró la legisladora.
Y recordó que: “Una encuesta titulada "Por una vida sin Humo" realizada por la ambientalista y docente Julieta Bernabé, relevó 845 testimonios donde se evidencia la terrible afectación del humo y de la cual se desprende que se manifestaron más de 70 afecciones relacionadas a la salud y hasta el testimonio de una muerte”.
También la legisladora citó el documental realizado por la UNR titulado Detrás del Humo “que aborda la problemática de las quemas intencionales en los humedales del Delta del Paraná así como las consecuencias que tales incendios provocan en la riquísima biodiversídad de la región y en la salud de miles de habitantes de Rosario”, concluyó.
Pago de la deuda de Nación
Junto con Presidentes Comunales, Concejales y correligionarios del Partido Demócrata Progresista (PDP) nos acercamos a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral para escuchar el panel sobre la deuda que la Nación tiene con nuestra provincia.
En las últimas horas, el Gobernador Perotti y el Presidente Fernández habrían acordado el pago por la histórica deuda de coparticipación con la provincia. "Aún estamos esperando las líneas oficiales para confirmar y estudiar en profundidad lo que esto significaría para Santa Fe.
En primera instancia, en un tema tan estructural para nuestra provincia, que tuvo su primer reclamo en 2009 con el entonces Gobernador Binner y un posterior fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 24 de noviembre de 2015; hay que evaluar la decisión porque se se trata de un cobro por única vez
Entendemos que con este acuerdo, en función del criterio de actualización que la Corte dictó en diciembre 2021, la provincia estaría cobrando de Nación $151.800 millones de pesos pero en bonos y le estaríamos pagando a la AFIP más de $8.000 millones anuales a perpetuidad porque el Gobierno Provincial aceptaría el descuento del 1,9% de coparticipación, que el fallo de la Corte había dejado sin efecto. A su vez, ponemos énfasis en lo que esto significa para Municipios y Comunas que también sufrirán la pérdida.
Entre 2006 y 2015 Santa Fe sufrió una quita injusta y frente al proceso inflacionario que vivimos, se está licuando el dinero que pertenece a los santafesinos. No estamos de acuerdo con cerrar este tema con títulos a largo plazo, cuando hubo un fallo de la Corte y cuando vemos que para otras provincias, como Buenos Aires, el dinero en efectivo sí existe. Al federalismo se lo defiende con acciones y decisiones concretas, no podemos quedarnos en un slogan o en expresiones de deseo
Y sumamos a la nómina de preocupaciones, lo que en la actualidad implica la colocación de títulos en el mercado". En principio, serían títulos en pesos con una actualización de coeficiente que acompaña a la inflación. "El problema radica en que los títulos han perdido peso en el mercado y si el Gobierno Provincial o los municipios deciden ingresarlos también perderían".
Tenemos muchos interrogantes y una actitud responsable ante el pueblo de la provincia de Santa Fe. Hace más de 100 años, un visionario como Lisandro de la Torre, planteó nociones elementales de federalismo y no vamos a claudicar en la defensa real porque hoy está más vigente que nunca.
Gabriel Real - diputado provincial Partido Demócrata Progresista
Fuente:Rosario12
La pata judicial del genocidio
En un expediente iniciado por una denuncia de Hijos Rosario, piden ampliar la
indagatoria al ex fiscal de la última dictadura, Pedro Tiscornia, por coacción
agravada. Los casos de “renuncias” de Cuaranta y Bielsa. Ya declaró por otros
delitos de lesa humanidad.
El diálogo entre la empleada de la Fiscalía Federal Nº2 de Rosario y el presidente de la
Cámara Federal de Apelaciones se había vuelto tenso. Hacía un rato ya que la mujer
exigía explicaciones por el pedido de renuncia que le había hecho su superior, el titular
de la Fiscalía, y que ante la negativa ahora buscaba en la máxima autoridad de la
jurisdicción. Pero sólo encontraba evasivas de su interlocutor, hasta que le dijo:
—Bueno, si no tengo explicaciones ante el requerimiento de la renuncia, y a consciencia
(de que) yo no tengo razones para justificarme a mí misma la presentación de la
renuncia, no la presento—, apuró la abogada Adriana Cuaranta.
Entonces sí obtuvo respuesta, fundada en una ineludible razón vital:
—No le doy garantías de vida—, repuso convincente el presidente de la Cámara,
Celestino Araya.
El diálogo, que se produjo en abril de 1977, forma parte de la declaración de Cuaranta,
ex detenida desaparecida durante la última dictadura cívico–militar, en uno de los juicios
por delitos de lesa humanidad conocido como “Guerrieri”. El mismo testimonio había
brindado durante la instrucción de la causa.
Y fue retomado esta semana por el fiscal general Federico Reynares Solari para pedirle
al juez Marcelo Bailaque, moroso en su andar, la ampliación de la declaración
indagatoria de Pedro Ramón Tiscornia, ex fiscal durante la última dictadura, al entender
que en su proceder de aquellos años –ya cuestionados judicialmente– cometió también
el delito de coacción agravada contra dos víctimas del terrorismo de Estado: Cuaranta
y el actual embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa.
Ambos eran empleados de la Fiscalía Nº2, a cargo de Tiscornia, y fueron compelidos a
elegir entre la renuncia a sus cargos o la muerte, en el primer caso, o el armado de
una causa por “accionar subversivo”, en el segundo.
En un expediente iniciado por una denuncia de la agrupación Hijos Rosario en 2018,
Reynares Solari ya había solicitado en diciembre de 2021 la indagatoria de Tiscornia,
del ex fiscal José Luis Vázquez y del ex secretario del Juzgado Federal Nº2 de Rosario
durante la dictadura, Horacio Claverie, por presunta complicidad con la represión ilegal
ejecutada desde el Estado mediante un plan sistemático de desapariciones de personas,
homicidios y aplicaciones de tormentos, entre otros delitos.
Bailaque se tomó su tiempo y los citó a declarar a mediados de mayo pasado. Un mes
y medio después aún no resolvió su situación procesal.
Ahora, Reynares le pidió ampliar la indagatoria a Tiscornia por “coacción agravada”, al
entender que puede existir responsabilidad penal del antiguo fiscal federal en las
renuncias bajo amenazas de Cuaranta y Bielsa.
En la misma causa ya fue procesado, en septiembre de 2020, el ex juez federal
Guillermo Ernesto Tschopp como partícipe necesario de crímenes de lesa humanidad
como secuestros, desaparición forzada y homicidio calificado.
Diurno y nocturno
En su escrito ante Bailaque, el fiscal Reynares señaló que “no hace falta explayarme
acerca de la conexión íntima de estos hechos con el programa represivo ilegal de la
última dictadura cívico–militar. No son delitos conexos, son parte del mismo plan”.
Al analizar los casos de Cuaranta y Bielsa, dijo que “más aún, estos hechos que traemos
en este escrito permiten colocar a la complicidad judicial con el terrorismo de Estado
en otro nivel. No sólo en lo que podríamos llamar el «rostro diurno» del régimen,
aquellas garantías de no interferencia en sus tropelías y la consecuente fijación de una
verdad formal conforme las necesidades de aquel”.
Sino que los cómplices judiciales fueron más allá de una simple inacción por comodidad
o temor. “Aquí vemos dos aspectos insoslayables: la actuación del Poder Judicial de la
Nación como una estructura orgánica impropia de la judicatura y de su independencia.
Los hechos que aquí relatamos son una bofetada ruidosa en el rostro de la pretendida
«neutralidad» y «formalidad» del actuar judicial en materia penal federal durante la
última dictadura cívico–militar”, escribió Reynares. Y agregó: “La palabra «superioridad»
(que era la relación que tenía Tiscornia con sus subordinados Cuaranta y Bielsa), más
vinculada al mundo castrense que al respeto de los derechos y garantías constitucionales,
es concluyente”.
También consideró la intervención del presidente de la Cámara de Apelaciones, Araya,
en la cesantía disfrazada de renuncia de los dos empleados de bajo rango, como un
involucramiento “operativo” en el pantano de los ejecutores del genocidio.
“Y no sólo ello, el descenso al «nivel operativo», reflejado en un presidente de la Alzada
que ejecuta la orden de echar a empleados del nivel más bajo del escalafón los coloca ya
no en aquel pretendido «rostro diurno», sino en la nocturnidad del régimen. En realidad,
más bien pone blanco sobre negro. Nunca existió tal «rostro diurno». Eran simplemente
la formalidad, plagada de latinazgos, de la nocturnidad”, concluyó.
Razones personales
Para abril de 1977, Adriana Cuaranta ya había acumulado cuatro años de desempeño en
el Poder Judicial. Había obtenido el título de abogada dos años antes, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde militó en la Juventud
Universitaria Peronista (JUP).
Ese fue su “pecado”, aunque nadie se lo dijo al pedirle la renuncia a su cargo de auxiliar
en la Fiscalía Nº 2, que era conducida por Tiscornia. Recién lo supo en el centro
clandestino de detenciones “La Calamita”, ubicado en las afueras de Granadero Baigorria,
luego de ser secuestrada en julio de ese año. Allí, los torturadores del entonces Batallón
de Inteligencia 121 le preguntaron por su militancia universitaria.
En abril, en cambio, el asunto fue más borroso. Cuaranta declaró que el 20 de ese mes
la llamó el fiscal Tiscornia y le pidió la renuncia. Al requerimiento sobre las razones, el
fiscal alegó “que había sido una exigencia, hacia él, de la superioridad, sin ningún tipo de
explicaciones hacia él tampoco”, recordó la abogada en su declaración en el juicio por la
causa “Guerrieri”.
Entonces, Cuaranta fue en búsqueda de argumentos ante el presidente de la Cámara
Federal –que entonces también era el jefe de los fiscales locales–, Celestino Araya. Pero
nada. El camarista era una tapia construida de evasivas, según la memoria de la
afectada.
“No me da ninguna explicación. Yo insisto en el hecho de que si había motivos o razones
fundadas, de entidad suficiente, como para que lo justificaran, que se me labrara un
sumario administrativo, de manera que yo pudiera conocer las razones por las cuales a
mí me estaban exigiendo la presentación de mi renuncia”, relató Cuaranta, para agregar
que “el mismo doctor Araya me dijo que no había razones ni motivos para labrar sumario administrativo”.
Fue entonces cuando la empleada le planteó a su superior que “si no había razón o
causa justificada yo no presentaba la renuncia”, lo que obligó a Araya a brindarle un
motivo convincente: si no lo hacía, no le daba “garantía de vida”.
“Cuando me da esa respuesta –rememoró años después Cuaranta–, le planteo qué es lo
que me quería significar y él me dice: «Eso, lo que acabo de decir»”.
Impetuosa, la abogada le inquirió: “¿Qué pongo en la renuncia?, usted me está pidiendo
la renuncia porque no me da garantías de vida, pongo eso o qué es lo que pongo?”.
“No, usted pone en la renuncia «por razones personales»”, repuso Araya. De alguna
manera lo eran.
Renuncia o gayola
El otro caso que analizó el fiscal Reynares Solari para pedir la ampliación de la
indagatoria de Tiscornia –ya indagado por homicidio, secuestro y torturas– fue el de
Rafael Bielsa.
Allí, la situación se invierte: primero fue secuestrado y llevado a “La Calamita” y después
le exigieron la renuncia.
Empleado de la Fiscalía de Tiscornia, Bielsa fue secuestrado el 29 de junio de 1977 en la
intersección de bulevar Oroño y Rioja, en momentos en que se dirigía a su trabajo, en
los Tribunales Federales.
“De allí fue trasladado por cuatro hombres, tabicado y con las manos atadas, arrojándolo
al piso de un automóvil Renault 12 rojo. Al llegar al lugar de destino fue llevado a un
sótano y encadenado a una baranda, fue sometido a sesiones de tortura con picana
eléctrica e interrogatorios. El 7 de julio del mismo año fue trasladado en un auto a la
zona de Parque Field donde fue liberado, pidiéndole sus captores que esperara diez
minutos antes de sacarse la venda”, consta en la sentencia de la causa Guerrieri, en la
que se ventiló su caso y por la que fueron condenados sus ejecutores, Pascual Oscar
Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino Héctor González y Rodolfo
Daniel Isach.
En su testimonio judicial, Bielsa reconoció a otras víctimas de la represión ilegal que
pasaron por el CCD “La Calamita”.
“Había tres personas que yo les reconocí la voz y que habían sido compañeros míos, que
fueron Graciela Zita, un muchacho de apellido Maurino, y una compañera mía de acá de
Tribunales, Adriana Cuaranta”.
El actual embajador en Chile declaró también el episodio posterior a su liberación. “Fui a
la casa de mis padres y desde allí la llamé por teléfono a quien entonces era defensora
oficial, la doctora Laura Cosidoy, que vivía en un hotel de la calle San Luis. Entonces ella
me dijo: «Mirá, venite para el hotel»”.
Siguió: “Fui al hotel, me dijo «te tenés que presentar al II Cuerpo de Ejército». Me
presenté, ahí fui sometido a un consejo de guerra, no sé cuál es la fórmula jurídica pero
un poco se repitieron, sin el auxilio de «Martita Corrientes» (como los represores
llamaban a la picana), las mismas preguntas que se me habían hecho mientras estuve
secuestrado”.
De acuerdo a su testimonio, el lunes siguiente a ese interrogatorio se presentó en su
trabajo, en los Tribunales Federales de bulevar Oroño, donde lo convencieron de los
beneficios de su dimisión al empleo.
“El lunes vine a tribunales, quien entonces era fiscal de Cámara, doctor Saccone, me dijo
que o bien renunciaba a mi cargo en la Justicia Federal o bien me iban a someter a la ley
20.840 (de actividades subversivas). Renuncié a los 10 días, 7 u 8 días”, declaró Bielsa.
En un nuevo testimonio, esta vez ante el fiscal Adolfo Villate, rememoró al ser preguntado
por su “salida del Tribunal”.
“O renunciás o te metemos en cana, o metemos la ley 20.840 y te vas a comer la puesta
a disposición del Ejecutivo. Así como le estoy diciendo. Así fue mi diálogo. No había mucha
alternativa”, dijo sobre su diálogo con el fiscal de Cámara.
Diligente
En su escrito, el fiscal Reynares Solari puntualizó que el caso de Bielsa también merece
ciertas aclaraciones, en tanto el testigo no nombra directamente a Pedro Tiscornia.
“A nuestro juicio, ninguna influencia tiene en la intervención que le cupo al acusado en
los hechos, en tanto y en cuanto él mismo era el responsable (no sólo responsable, era
un miembro encumbrado del Poder Judicial de la Nación) de la dependencia en la cual
Rafael Bielsa ponía a disposición su fuerza de trabajo, circunstancia que ya de por sí lo
hace responsable, lo que se refuerza con el antecedente de Cuaranta cuando dirigió sus
acciones para «comunicarle» y así compelerla a que cesara en sus tareas”, sostuvo el
fiscal.
Explicó que “por tales razones, la «superioridad» bien tranquila podía encontrarse, en
tanto podía contar con el diligente titular de la dependencia, quién no iba a estar haciendo
preguntas molestas, como las que Adriana Cuaranta le efectuara a Celestino Araya”.
Para Reynares, “desde su posición reglamentaria, Tiscornia garantizó que otro delito de
iguales características se lleve adelante con un dependiente suyo, incluso que había sido
recientemente secuestrado y mantenido en carácter de desaparecido. Sabido es que la
renuncia debía ser presentada al titular de la dependencia, doctor Tiscornia, y que éste
era quien podía darle trámite a tal procedimiento ilegal, cosa que hizo”.
En el pedido de ampliación de indagatoria, Reynares Solari sostuvo que “las conductas
desarrolladas por quien fuera titular de la Fiscalía Federal Nº 2 al momento de los hechos
y por lo tanto responsable de los agentes a su cargo, como fueron Cuaranta y Bielsa,
deben ser calificadas como amenazas coactivas, en tanto ambos fueron compelidos a
presentar una renuncia en clara violación al trámite administrativo y disciplinario que
existía en el momento para desafectar a un agente de la estructura del Poder Judicial de
la Nación”.
“Es decir –continuó– que por medio de amenazas y otro tipo de intimidaciones se buscó
imponer a Cuaranta y Bielsa la realización de una acción no querida, la cual consistió en
obligarlos a presentar una renuncia por motivos falsos”.
Así, abundó el fiscal, “resulta evidente, y no parece necesario realizar este tipo de
aclaraciones, que aunque el pedido viniese –como le manifestara Tiscornia a Cuaranta–
«de la superioridad», en nada exime de responsabilidad al encartado haber ejecutado esa
«orden» o «sugerencia» ilícita y haber recibido y darle curso a la renuncia que le
presentaron ante su propia persona ambos agentes a su cargo”.
Y sostuvo que “si no hubiese existido la tozudez de Cuaranta en exigir respuestas de
quien era el máximo responsable de la Justicia Federal (Araya), éste último no hubiese
tenido que atender ningún reclamo, ya que la ejecución de la orden ilícita llevada a cabo
bajo amenazas se hubiese cumplido perfectamente por la perfecta acción llevada adelante
por su inmediato superior, el entonces fiscal Tiscornia, quien a menos de dos meses de
haber asumido, ya había «desmalezado» la dependencia que dirigía”.
Fuente:RedaccionRosario
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