9 de noviembre de 2022

TROPEL del 09.11.2022.

 

Qué dijo sobre una eventual candidatura de Cristina Kirchner

Andrés "Cuervo" Larroque: "Alberto Fernández piensa más en él que en el pueblo"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense consideró que la candidatura del Presidente en 2019 fue un gesto hacia el poder económico y la Justicia, pero que desde estos sectores “se mantuvieron en pie de guerra”.

Imagen: Enrique García Medina

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y referente de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Laroque cargó nuevamente este miércoles contra el Presidente Alberto Fernández y aseguró que “está ensimismado”. Por AM750el funcionario aseguró que el mandatario “piensa más en él que en el pueblo”. “En lo último que debe pensar es un uno mismo. Yo creo que hay una falta de perspectiva a la hora de ver lo que está ocurriendo”, apuntó.

Grupo Octubre · Andres Larroque

Por otro lado, Larroque se refirió a la decisión de la vicepresidenta Cristina Kirchner de llamar a su exjefe de Gabinete para armar una lista presidencial en conjunto en 2019 y aseguró que en su momento la decisión tuvo que ver con “generar un punto de acuerdo, una tregua, un espacio de diálogo con ese sector del poder económico”.

Sin embargo, dijo que pese a los vínculos de Alberto Fernández con “el Grupo Clarín y la Justicia”, estos sectores “se mantuvieron en pie de guerra”.

Por eso, Larroque cuestionó que “del lado del presidente no se termina de caracterizar bien esta situación" y que "llegamos a un punto en el que si no explicamos pasamos a quedar todos atrapados en una cosa que no compartimos”.

"Necesitamos recuperar la iniciativa y Cristina es la figura que representa la esperanza. Donde uno va la gente pregunta si Cristina va a ser candidata. Cuando se ve un movimiento de esa magnitud la opinión de uno no importa. Yo creo que es la persona más capacitada", respondió Larroque sobre una eventual candidatura de la vicepresidenta en 2023. 

En este sentido, consideró que Cristina "tiene la fortaleza para enfrentar lo que significa el poder en Argentina". "Pero no es sólo una decisión individual de Cristina. Es un compromiso colectivo de todos los peronistas. Hay que generar condiciones para ver qué es lo que tenemos que hacer", sostuvo.

Las internas en el Frente de Todos

Desde hace algunas semanas las diferentes posturas respecto a los candidatos de cara a las elecciones del 2023 generaron fuertes cruces en la coalición gobernante. El debate comenzó con las declaraciones del diputado Máximo Kirchner, que aseguró, por un lado, que no cree que Cristina sea candidata y, por otro, que no es algo común que un Presidente busque su reelección yendo a una interna.

Es que mientras algunos sectores pugnan para que Alberto Fernández desista de una reelección e impulsan el operativo clamor “CFK 2023”, desde la Casa Rosada hacen caso omiso a los reclamos.

Este desacuerdo llevó a que este fin de semana Máximo Kirchner cruzara nuevamente al Presidente y tildara de “aventureras” sus aspiraciones presidenciales el año entrante.

La respuesta desde el albertismo no se hizo esperar. Primero Alberto Fernández dijo que “cuando un compañero critica a otro compañero deja de ser peronista”. Más tarde, el lunes, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández le contestó a Máximo que “hace rato que no toma una decisión sobre lo que le importa a todos”.

En este contexto, sin acuerdo rumbo al 2023, Larroque pidió “dejar de lamer las heridas y enfrentar la adversidad con alegría y esperanza”.



El reclamo de Cristina y el debate por la distribución de ingresos  

¿Bono o suma fija?: de cuánto dinero debería ser para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores

Un sector del sindicalismo apuesta a una suma fija que permita recomponer los sueldos y hacerle frente a la elevada inflación, más allá de las paritarias acordadas en los últimos meses. Por ahora, Alberto Fernández se inclina por un bono de fin de año. Un informe precisa de cuánto dinero debería ser para recuperar el salario real de los trabajadores.

Por Agustin Gullman

En su primera reaparición en público tras el atentado, Cristina Kirchner volvió a poner en agenda un debate central, en el que la vicepresidenta insiste desde hace más de dos años: la necesidad de avanzar en una más redistribución más justa de los ingresos y cómo recomponer los salarios, sacudidos por los altos índices de inflación, que las consultoras privadas proyectan que en 2022 superará el 100 por ciento. “Se necesita una suma fija que vuelva a darle capacidad al salario de los trabajadores”, planteó el viernes en el acto de la Unión Obrera Metalúrgica.

La propuesta de Cristina forma parte de un intenso debate al interior del Frente de Todos respecto a cómo se deben recomponer los salarios. Mientras el presidente Alberto Fernández se plantó en varias ocasiones a favor de un bono de fin de año, cerca de la vicepresidenta y un sector del sindicalismo apuestan a una suma fija para recuperar los sueldos, deprimidos más allá de las paritarias que cerraron en el último trimestre. En paralelo, la propia CGT rechazaba la suma fija y exigía, en cambio, que la recomposición sea por vía de acuerdos salariales.

Suma fija o bono: cuál es la diferencia

Bono: se paga por única vez o por un plazo determinado, pero no se incorpora al salario. Lo reciben los trabajadores en relación de dependencia, pero también puede alcanzar a otros sectores. De hecho, ahora el Gobierno está pagando el bono de $45.000, destinado a los sectores más vulnerables.

Suma fija: se incorpora directamente al sueldo de los trabajadores en relación de dependencia como parte del salario, para siempre. La suba tiene impacto en las cargas sociales e impositivas.

Por ahora no hay nada concreto, pero desde hace semanas circulan múltiples versiones: por un lado, una suma fija de entre 20 mil y 40 mil pesos; por el otro, un bono de montos similares pero para fin de año. Alberto Fernández dijo este fin de semana que comparte el planteo de Cristina, aunque advirtió que “no es un tema fácil de resolver”. “El tema es dónde hacer el recorte”, sostuvo en alusión a cuál sería el tope de salarios a quienes les correspondería recibir el bono o la suma fija.

Cuánto dinero se necesita para recuperar el poder adquisitivo

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) precisa que si la suma fija fuera de $25.000 se podría mejorar el salario real en un 16,7 por ciento. “Se lograría superar en 7,1 por ciento el poder adquisitivo que dejó Mauricio Macri en 2019”, remarca. Y si la suma fuera de $46.500, se podría mejorar el salario un 31,1 %. “Se equipararía el poder adquisitivo que teníamos con Cristina en 2015”, detallaron.

En diálogo con Página/12, el economista y titular del CEPA, Hernán Letcher, explicó que cuando se aplicó una suma fija en el verano de 2020 – de $4 mil y $3 mil - se recuperaron 8 puntos del salario real en apenas un mes. “Se mantuvo solo tres meses y después se lo comió la pandemia, pero fue el único momento donde los salarios no corrían por atrás de la inflación. Se tomaban el ascensor, digamos”, puntualizó.

El bono es por única vez, mientras que la suma fija se incorpora al salario. La ventaja es que permite que los salarios más bajos reduzcan la brecha con los más altos”, sostuvo.

¿Las empresas pueden pagar una suma fija?

Según el informe del CEPA, las grandes empresas no tendrían mayores dificultades para afrontar el pago de una suma fija “considerando que las ganancias de 2022 han sido significativas”. De hecho, algunas de las empresas más importantes tuvieron márgenes de ganancia altísimos este año, en comparación con 2021.

En el listado de compañías con mejores balances de ganancias aparecen desde alimenticias como Arcor, hasta Tecpetrol, la subsidiaria de Techint que en la primera mitad de 2022 registró un 44,5 % de aumento en sus ganancias en dólares, en comparación con el mismo período de 2021.

- ¿Y las pymes podrían pagar la suma fija? - consultó este diario a Letcher

Las pymes también tienen condiciones para pagar la suma fija. Están en niveles de actividad muy significativos, que también benefician a las pequeñas y medianas empresas. Es cierto que el contexto no es el mismo para una pyme que para una gran empresa, que multiplicó la rentabilidad. La pyme no tuvo el mismo derrotero.

El reclamo del sindicalismo 

En diálogo con AM750, el líder de la CTA de los Trabajadores y diputado por el Frente de Todos, Hugo Yasky, le reclamó al Gobierno firmeza para negociar con los empresarios y exigió que se avance urgente con el pago de una suma fija. “Creo que lo que se está reclamando es justo y posible. Una suma fija significa levantar más los salarios que están por debajo de la línea de pobreza y la posibilidad de que la recomposición salarial se dé en un tiempo corto”, afirmó.

Grupo Octubre · Hugo Yasky

Por su parte, el triunviro de la CGT Pablo Moyano afirmó tras una reunión este lunes con la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, que “el bono o suma fija debería ser para fin de año” y exceptuarse de Ganancias. “Hemos reiterado un pedido que llevamos adelante desde hace tiempo que es un bono o suma fija de forma urgente para aquellas organizaciones gremiales que no pueden llegar a cubrir la canasta básica”, dijo.

“El problema es la distribución”

El viernes, Cristina también puso el foco en la redistribución de los ingresos. La mirada de la vice lejos está de ser una novedad. A finales de 2020, en un acto que encabezó junto a Alberto Fernández y Sergio Massa en La Plata, ya había marcado su inquietud respecto a la distribución: “Sergio decía que la economía va a crecer en 2021. Pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento se lo queden tres o cuatro vivos nada más”, afirmaba hace casi dos años.

“Nunca ha habido una participación tan baja de los trabajadores en el PBI como la que estamos teniendo hoy, absolutamente regresiva”, dijo ahora la vicepresidenta. 

Otro informe del CEPA afirma que la contribución de los asalariados al Producto Bruto Interno (PBI) cayó un 6,9 % desde 2016 hasta la primera mitad de 2022. Y si bien fue mayor la caída en el período de gobierno macrista, el retroceso a partir del 10 de diciembre de 2019 fue de 2,1 puntos porcentuales.

Para Letcher, el problema está en la distribución de los ingresos. “Primero porque naturalmente la gente vive peor, pero además hay un problema macroeconómico: si un laburante cobra 100 mil pesos y recibe una suma fija de 20 mil, los va a destinar al consumo, indefectiblemente. Si un supermercado gana 1.000 millones y luego gana 1.200 millones, esos 200 millones no van a pares de zapatillas, van a inversiones que generan tensiones cambiarias, que profundizan las tensiones que hay que resolver”, sostuvo el economista.



Defensas vs. querellas en la audiencia convocada por Casación

Memorándum con Irán: Los argumentos inventados en una causa insólita 

Los abogados defensores denunciaron que la causa iniciada por el fallecido Alberto Nisman "fue y es pura persecución" y reclamaron a Casación que confirme el sobreseimiento de todos los acusados. La DAIA y dos familiares de víctimas del atentado a la AMIA insistieron con hacer el juicio oral.

Por Raul Kollmann
Solo la persecución política explica que la causa Memorándum siga en trámite.

“Resulta increíble que estemos acá, casi ocho años después de la denuncia original de Alberto Nisman. Siempre, siempre, se supo que no había ningún delito. Pero esta causa fue y es pura persecución, con personas que estuvieron presas. Este es un proceso innecesario”. 

“Esta causa del Memorándum de Entendimiento con Irán está terminada. Se reabrió por maniobras de un juez (Claudio Bonadio) y dos camaristas (Gustavo Hornos y Mariano Borinsky) que visitaban la quinta de Olivos y la Casa Rosada”. 

“El informe de Interpol entregado en 2020 deja en claro que las órdenes de captura con alertas rojas contra los sospechosos iraníes nunca fueron levantadas y que el gobierno argentino no hizo ninguna gestión para que cesaran esas capturas. Los sospechosos no fueron beneficiados en nada, por lo tanto no hay delito”. 

Con argumentos como estos, los abogados defensores de exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner le pidieron a la Sala I de la Cámara de Casación que confirme el sobreseimiento de todos los acusados en el juicio por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA que habría implicado el acuerdo con Irán, según la denuncia del fallecido fiscal Nisman. 

Del otro lado, la DAIA presentó un escrito de 42 páginas en que insistió en que el juicio debe hacerse, la misma postura que expuso el letrado de dos familiares de víctimas del atentado. Parece poco probable que el aparato judicial se lance a hacer un juicio de tres años sobre un tratado que incluso aprobó el Congreso de la Nación y que sólo se usó para encarcelar opositores y acusar a dirigentes adversos a Juntos por el Cambio. Como se sabe, el año pasado el Tribunal Oral Federal 8 sobreseyó a todos los imputados por inexistencia de delito, y es aquel fallo unánime el que ahora revisa Casación.

Una causa absurda basada en la persecución política

Los abogados Mariano Fragueiro Frías -defensor de Carlos Zannini, exsecretario de Legal y Técnica- y Marcos Aldazabal -defensor de Juan Martín Mena, exsecretario de Política Criminal- mencionaron lo que sobrevuela las audiencias: es insólito que todavía se esté dando vueltas alrededor de la causa del Memorándum. Como señaló Aldazabal, lo único que explica que continúe el dispendio de tiempo y dinero en este expediente es la persecución política. Fragueiro Frías fue el que detalló que la causa estaba cerrada y sólo se reabrió con maniobras escandalosas perpetradas por Bonadio y los dos camaristas visitantes de Mauricio Macri.

El cansancio y el desgaste se sentían en la primera de las dos audiencias que convocaron los jueces Diego Barroetaveña -que presidió la audiencia de este martes-; Ana María Figueroa y Daniel Petrone. El principal querellante, la DAIA, no quiso hacer demasiadas olas y, sorpresivamente -así fue informado por los jueces- desistió de exponer. Presentó el escrito que llamó “Breves notas”, pero que se extendió a lo largo de 42 páginas, más bien técnicas. 

Juan José Avila, en representación de dos de los familiares Mario Averbuch y Luis Czyzweski, leyó cansinamente su presentación insistiendo en que hubo un sobreseimiento prematuro y arbitrario, que el TOF 8 habilitó una audiencia que no debió habilitar y que se guió por intuiciones para sobreseer a los acusados. “Se transgredieron las normas y la resolución de los jueces fue en base a puras especulaciones”, concluyó. Averbuch también habló y esencialmente reclamó el derecho que tienen los familiares a saber la verdad sobre el atentado y volvió a acusar a los exfuncionarios y dirigentes de “traición a la patria, a la vida, a la sociedad”. Uno de los defensores, con mucho cuidado, le respondió que en el expediente del Memorándum no se investiga el atentado en sí mismo. En verdad, tanto la DAIA como esos dos familiares acompañaron en su momento al juez Juan José Galeano, los jefes policiales y de la SIDE condenados por haber sembrado el caso de pistas falsas. O sea, cuando se buscó la verdad de lo ocurrido en el ataque a la AMIA, estuvieron del lado equivocado.

Por qué el juicio no debe hacerse

Aunque no lo mencionaron en forma explícita, para las defensas el expediente Memorándum se asemeja a un ejemplo que tradicionalmente se plantea en las facultades de Derecho: hay una persona acusada de homicidio, pero antes de que se haga el juicio aparece la supuesta víctima vivita y coleando. Por lo tanto, lo que corresponde es no hacer el juicio porque apareció una prueba que indica que el delito no existió. Y eso fundamentaron con el informe que presentó Interpol en 2020 y que es  considerado prueba nueva. Es que el texto de la asociación mundial de policías, que no es una parte interesada, sino una institución independiente en el proceso, indica que:

  • Nunca hubo cambios en las órdenes de captura de los sospechosos iraníes del atentado.
  • Ningún funcionario argentino hizo una gestión para que se levantaran esas órdenes.
  • Las órdenes de captura con alertas rojas siguen vigentes hasta hoy.
  • El fallecido excanciller Héctor Timerman hizo lo contrario de lo que afirma la acusación: dejó en claro que la firma del Memorándum no implicaba ningún cambio en las capturas. Lo hizo por escrito e Interpol, también por escrito, lo ratificó. Ambas cosas en los dos meses siguientes a la firma del acuerdo con Irán.

El increíble legado de Nisman

La denuncia original de Alberto Nisman, cuatro días antes de morir, fue calamitosa, al punto de que fue rechazada de entrada por tres jueces: María Servini de Cubría, Ariel Lijo y, en especial, Daniel Rafecas, quien hizo un largo análisis y concluyó que no existía ningún delito en el Memorándum.

Este martes, Aldazábal volvió sobre uno de los disparatados puntos de la acusación de Nisman: dijo que el Memorándum se firmó para arreglar con Irán un intercambio de petróleo persa por granos argentinos. El abogado recordó que el petróleo iraní no se puede procesar en la Argentina por un tema de densidad del fluido y el Estado argentino nunca le envió cereal a Irán. Fue algún privado, como Bunge & Born, pero que también redujo sus ventas, incluso después del tratado. O sea que lo que afirmó Nisman fue falso. 

El fiscal también señaló que un supuesto agente de la SIDE, Ramón Bogado, participó de las negociaciones con los iraníes en Zurich y Nueva York, lo que demostraría que hubo una diplomacia paralela. Se comprobó que Bogado no era agente de la SIDE y que nunca salió del país. Por lo tanto, también fue una falsedad.

El abogado Arias Duval recordó que, en su fallo original, el juez Rafecas sostuvo la inexistencia de delito, entre otras cosas porque el Memorándum nunca entró en vigencia. Para que eso ocurriera los dos parlamentos debían aprobarlo. El iraní no lo trató nunca y en la Argentina la Justicia concluyó que el tratado era inconstitucional porque incluía una llamada Comisión de la Verdad. Por lo tanto, no hubo el intercambio de notas verbales de aprobación que prevé el mismo Memorándum para su entrada en vigencia.

Fragueiro Frías también recordó la postura de quien fue secretario general de Interpol en tiempos del tratado, el norteamericano Ronald Noble, considerado un prócer por Nisman. Aún en vida del fiscal, Noble dijo que la acusación era “falsa”. Y Fragueiro mencionó que los querellantes hicieron todo lo posible para evitar que Noble declare en la causa, acusándolo de encubrimiento, con el objetivo de que no testifique. Noble insistió una y otra vez en la falsedad de la denuncia de Nisman. Lo hizo por las redes sociales y también en una entrevista con Página/12. 

Fallo antes de fin de año

La segunda audiencia será el 24 de noviembre y está destinada a las ocho defensas que faltan y al fiscal Javier De Luca, que siempre sostuvo la inexistencia de delito. Es probable que varios defensores presenten sus posturas por escrito. Y luego vendrá la resolución de la Sala I. Todo indica que será antes de fin de año. 

Muy pocos creen que Comodoro Py se decida por la realización de un juicio que tardaría dos o tres años, con 300 testigos, y con el mismo resultado actual del sobreseimiento: la mayor parte de los juristas -Raúl Eugenio Zaffaroni, León Arslanián, el fallecido Julio Mayer, Ricardo Gil Lavedra- sostuvieron en su momento que no puede haber delito en un tratado cuya firma era facultad del Poder Ejecutivo y que, además, votaron ambas cámaras del Congreso. 



Castagneto dijo que se firmará antes de fin de mes

Avanza el acuerdo con Estados Unidos para conocer las cuentas de argentinos no declaradas

Imagen: Leandro Teysseire

El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, adelantó que en los próximos días el gobierno argentino y el de Estados Unidos cerrarán finalmente el acuerdo de intercambio de información tributaria a través del cual, hasta el momento, se detectó una evasión de 100 mil millones de dólares en el exterior no declarados en la Argentina.

“Estamos prácticamente a la firma” de ese cruce de información que abrirá una fuente de recaudación clave para ampliar la base imponible del Estado para cobrar impuestos a los Bienes Personales y Ganancias, entre otros, puntualizó el titular del organismo recaudador.

La activación de ese acuerdo, uno de los pocos vigentes en su tipo al que Washington le dio luz verde, había sido anunciado a principios del mes pasado luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, mantuviera conversaciones directas con los representantes del gobierno de John Biden.

La información que esta herramienta dejará disponible le permitirá al gobierno nacional conocer la situación en la plaza financiera con mayor cantidad de dinero de argentinos.

Castagneto aseguró que la administración del Frente de Todos “está prácticamente a la firma” de ese acuerdo y explicó que, en estas postrimerías de las negociaciones, “se le delegó al Ministerio de Economía” que dé las puntadas finales.

La documentación “ya se mandó (a Washington), y fue y vino por sistema. Nos pusimos de acuerdo con lo que sería el equivalente de la AFIP de Estados Unidos y este mes la Argentina y Estados Unidos lo estarían firmando”, subrayó el funcionario durante una entrevista por Radio 10.

Castagneto reveló, además, que según la información disponible hasta el momento “tenemos como mínimo alrededor de 100 mil millones de dólares en el exterior no declarados en Argentina”.

Este monto habla de la cantidad de divisas, no necesariamente de los bienes que, aclaró, paralelamente van a estar dentro del acuerdo y ampliarán la base imponible de quienes hasta el momento evaden al fisco nacional. Una vez que esto se haga efectivo, “va a haber un antes y un después” en materia de fiscalización, concluyó el titular de la AFIP.

Fuente:Pagina12



09.11.2022 / Encuesta

Empresas estatales: la mayoría no acompaña el ajuste y la privatización que propone JXC

Más de la mitad de los consultados en una encuesta consideró que la inversión en empresas públicas debe ser “mayor o igual” (55%), que no deben ser privatizadas y se mostró contra la privatización del sistema previsional. JXC insiste con esas propuestas.


Tras el debate del Presupuesto 2023 crecieron las opiniones respecto a los gastos del Estado y, en medio de la carrera por ocupar la Casa Rosada desde Juntos por el Cambio insisten en reducir el gasto público mediante el ajuste y la privatización de las empresas privadas, pero gran parte de los argentinos no acompaña el plan que propone oposición y, además, considera que debería haber una mayor inversión pública en Educación y Ciencia y Tecnología.


Así lo establece la consultora Analogías en un relevamiento a nivel nacional que arrojó que en materia de inversión estatal  “las respuestas son invariablemente favorables”: el 55% de los encuestados respondió que la inversión en empresas públicas debe ser “mayor o igual” y  solo un 26% indicó que se debe ajustar.



Mientras que el 42% de los consultados consideró que las empresas públicas no deben ser privatizadas y, el 38% que Si, y el 20% manifestó “No saber”. En ese mismo sentido y valores se posicionaron respecto a la privatización del sistema previsional  donde el 63% se mostró en contra y sólo el 19% a favor.

“La insistencia sobre revisar el complejo empresario estatal a la que hace referencia insistente el ex presidente Mauricio Macri, en forma de método de legalización de un programa de ajuste radical, no parece encontrar un marco de opiniones que lo acompañe”, concluyó la consultora. 

Sobre las opiniones respecto a la necesidad o no de que el Estado incremente sus niveles de inversión en Educación y Ciencia y Tecnología, Analogías relevó que un 65% y un 70% de las respuestas indicaron que en ambas áreas debe crecer la inversión y  entre un 11% y un 15% que deben mantenerse Igual.






Cabe resaltar que si bien el debate todo más relevancia con el Proyecto de Ley de Presupuesto 2023 que se trata estas semanas, el proyecto del ministro de Economía Sergio Massa, establece que las inversiones en Educación y Ciencia crecerán un  19%, mientras que en tecnología un  62%  durante el Gobierno del Frente de Todos, comparando con el final del Gobierno de Macri.




09.11.2022 / CAMARA BAJA

Diputados tratará hoy 11 proyectos de consenso: Deudores Alimentarios, Ley Lucio y beneficios para el sector Salud

El Congreso va a debatir la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, un beneficio para personal de salud en el pago de Ganancias y nuevos protocolos para erradicar la violencia contra mujeres, entre otros temas.

La Cámara de Diputados va a desarrollar una sesión especial este miércoles al mediodía para tratar 11 temas, a pedido del presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, según se dio a conocer en la citación especial firmada por el secretario parlamentario Eduardo Cegnul.

El primer tema a debatir es la Ley 20.628, del Impuesto a las Ganancias. En concreto, se plantea una "modificación del artículo 27, sobre exención para profesionales, técnicos, auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud, en remuneraciones percibidas en concepto de guardias obligatorias".

La lista sigue con la posible creación del Registro Único de Deudores Alimentarios Morosos de la Nación (REUDAM).

El recinto tratará la Ley 22.431, del Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, por una posible modificación del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Los diputados también debatirán la Ley de Creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes, conocida como la Ley Lucio, por el caso de un niño asesinado a golpes por su madre y la pareja de ella.

Asimismo, analizarán la cesión de jurisdicción de diversos inmuebles efectuada por la provincia de Tucumán al Estado nacional, para integrar el Parque Nacional Aconquija.

En el listado figura el Protocolo Modificatorio del Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, suscripto en la ciudad de Estrasburgo –República Francesa– el 10 de octubre de 2018.

Los legisladores también estudiarán la aprobación de la adhesión al Fondo Multilateral de Inversiones III del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Convenio Constitutivo y el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones III.

Entre los tratados internacionales, el Congreso también pondrá su atención en la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, para darle jerarquía constitucional.

Lo mismo ocurrirá con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, llamada "Convención de Belém do Pará".

Los diputados seguirán su labor debatiendo el Sistema Integral de Igualdad y Paridad de Género en el Deporte.

Para terminar, la sesión contendrá la Ley 20.655, de Deportes, y sus modificatorias, contemplando un cambio para la creación de un protocolo institucional ante situaciones de violencia de género y/o discriminación en asociaciones civiles deportivas.
Fuente:PoliticaArgentina




DENUNCIAN PERSECUCIÓN Y HOSTIGAMIENTO

Repudio de la comunidad educativa tras la sanción de Soledad Acuña al vicerrector del Mariano Acosta

La ministra de Educación de la CABA aduce que Julio Pasquarelli "bajó línea" a sus estudiantes. Larreta lo calificó como "adoctrinamiento". Un sector de la comunidad educativa advierte que es un nuevo ataque a la docencia y hablan de "marketing punitivo".

09/11/2022

Pasó un mes y medio de la toma de escuelas porteñas realizadas por el movimiento estudiantil, con la intención de que la cartera educativa brinde solución a varias de sus reivindicaciones históricas. La lista de reclamos es extensa, pero no desconocida por las autoridades gubernamentales: urgente solución a la mala infraestructura edilicia de las escuelas, mejor calidad y cantidad en las viandas y que las decisiones unilaterales, como las polémicas pasantías laborales no pagas, puedan definirse de manera conjunta entre el ejecutivo local y el movimiento estudiantil; entre los principales puntos. La respuesta del gobierno porteño fue desoír esas demandas, siguió con su postura de no convocar al diálogo y, a cambio, comenzó a sancionar penal y económicamente a padres y madres de estudiantes que participaron de las tomas de escuelas; no abonó los exámenes de inglés para estudiantes de colegios bilingües que tomaron el edificio, también suspendió excursiones solidarias que realizan cada año los estudiantes del Normal 2; y ahora emprendió una sanción a integrantes de los equipos de conducción de las escuelas.

En las últimas horas, la ministra Soledad Acuña publicó un video aparentemente rescatado por el diario Clarín, donde se ve al vicerrector del Mariano Acosta hablando al alumnado que había decidido tomar la escuela: «Hay un equipo directivo que sabe que tiene espaldas suficientemente grande para que cuando toquen a un solo padre, a un solo docente, vamos a salir a luchar y no lo vamos a permitir», decía en la grabación Julio Pasquarelli, tras la amenaza de la administración de Rodríguez Larreta sobre posibles sanciones a las familias de estudiantes que tomaron el colegio.

«En la escuela educamos para formar ciudadanos libres, con capacidad de pensar y elegir su futuro, y no para bajar línea. Vamos a rechazar y sancionar las conductas que vayan en contra de este principio», amenazó la titular de la cartera educativa en sus redes sociales. En el mismo sentido, el jefe de gobierno porteño manifestó: «Hay límites que no se pueden cruzar. No vamos a permitir el adoctrinamiento; todo lo contrario: vamos a seguir trabajando para que los chicos puedan pensar libremente. La prepotencia y la violencia no son formas de diálogo y no las queremos para nuestro país».

Foto: Télam

Rápidamente, referentes de la comunidad educativa y legisladores salieron a repudiar esta nueva persecución y a brindar su solidaridad a Pasquarelli. «Larreta quiso cerrar los profesorados y no pudo. Ahora, quiere sancionar a sus profesores por defender el derecho de los jóvenes a ser escuchados», señaló Eduardo López, secretario adjunto de la unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación UTE-CTERA. «Tampoco va a poder. La docencia enseña, con el ejemplo y la palabra, que las leyes deben cumplirse», agregó.

Desde el bloque de legisladoras y legisladores del Frente de Todos (FdT) CABA, también se manifestaron sobre este nuevo ataque a la comunidad educativa: «Nuestra solidaridad con Julio Pasquarelli, vicerrector del Mariano Acosta, ante los ataques de Larreta y Acuña», dijo la diputada porteña Lucía Cámpora. «Lo que hizo Julio Pasquarelli, en todo momento, fue garantizar que se cumplan las leyes que a usted no le gusta cumplir, ministra», le respondió a Acuña la vicepresidenta de la comisión de educación de la Legislatura, Maru Bielli. Además, la legisladora del FdT sostuvo que «respetar la organización estudiantil y defenderla no puede ser motivo de persecución y sanción. ¿Cómo puede hablar de espacios de convivencia y diálogo democrático? Son la gestión que hace de la imposición de medidas inconsultas y del desprecio a la comunidad educativa una práctica sistemática», y terminó: «Una vez más, fuerte con los débiles».

Por su lado, docentes y profesores de diferentes establecimientos educativos dejaron plasmado su rechazo a este nuevo acto de persecución y hostigamiento sobre la comunidad educativa. «El sumario al director del Normal 2 de CABA tiene la chotada (sic) de ser al mismo tiempo marketing punitivo y joderle la vida a un docente que está haciendo un reclamo justo. A veces, se combinan las dos cosas y no se sabe realmente cómo salir», expuso en sus redes el profesor de Historia del Joaquín V. González, Manuel Becerra. «Persecución política y suma de votos, esta gestión es un infierno realmente».

El sumario lo definió la Junta de Disciplina del Ministerio de Educación porteño. Según el protocolo, antes de cualquier sanción, debe investigarse cómo fueron los hechos que ocurrieron durante la toma de la escuela. El ministerio de Educación interpreta que el comportamiento del vicerrector incumple el Estatuto Docente que el oficialismo porteño aprobó en soledad este año en la Legislatura, además del Reglamento Escolar (Resolución Nº 4776-MEGC/06 y modificatorias): «Propender a la armonía de las relaciones entre miembros de la comunidad educativa (…) con las normas de la ética” y «con la función educativa», así como «desempeñar digna, eficaz y lealmente las funciones inherentes a su cargo», a la vez que prohíbe «desarrollar toda forma de proselitismo político partidario». Cabe destacar que, a priori, el vicerrector del Mariano Acosta no incumplió ninguno de estos puntos en los que se basa el ejecutivo porteño para sancionarlo. Desde la comunidad educativa aseguran que la ministra Acuña interpreta el Estatuto a su manera, dado que Pasquarelli lo único que hizo fue estar siempre cerca de sus alumnos y defender sus derechos. De hecho, Pasquarelli no está a favor de la toma, tal como lo señaló en septiembre a este medio.

La posición de Pasquarelli, desde el corte de luz en el Mariano Acosta

El pasado 23 de septiembre, cuando el centro de estudiantes del Mariano Acosta decidió tomar la escuela, las y los chicos fueron víctimas de un corte de luz del edificio, realizado por un empleado de una empresa tercerizada que trabaja para el gobierno de la Ciudad. En ese momento, el vicerrector Julio Pasquarelli, manifestó en diálogo con Tiempo cómo habían sido los hechos.

La persona desconocida que había ingresado al colegio estaba identificada como trabajador de la empresa MIG, que es la empresa tercerizada por el Ministerio que realiza tareas de mantenimiento en varias escuelas y que, tras el corte de luz, «nos dijo que él había venido a destapar los baños y, en ese momento, me percato que este hombre no traía los materiales para destapar baños, sino que tenía una caja de herramientas con cables y elementos de medidores de electricidad», contó Pasquarelli. «Le pregunté por qué, si venía a destapar baños tenía esa caja. Se puso nervioso. Un grupo de padres le preguntó lo mismo. Llamé a su jefe de la empresa y el señor me responde que no podían enviar ninguna guardia a esa hora y que la escuela se iba a quedar sin luz», había dicho en ese momento el vicerrector, al mismo tiempo que aseguraba que, si bien no estaba a favor de la toma, se iba a quedar al lado de sus estudiantes hasta que se reestableciera el suministro de luz.



INFORME DE LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO

Cómo los medios construyen una mirada negativa de los sindicatos y de los conflictos gremiales

Un Observatorio analizó 172 notas publicadas en 20 medios entre mayo y agosto. Si bien se respetan las formas, las valoraciones que conforman el sentido social son condenatorias.

09/11/2022

Que los medios de comunicación tradicionales o hegemónicos estigmatizan la lucha popular, y en especial la sindical, es algo socialmente sabido en base a la experiencia cotidiana de millones de personas. Pero ahora este conocimiento es ratificado por un estudio del Observatorio de Prácticas Comunicacionales e Informativas sobre Trabajadores, Trabajadoras y Organizaciones Sindicales, dependiente de la Defensoría del Público y que analizó la cobertura periodística de estos asuntos entre mayo a agosto pasados.

Se trata, justamente, de un período en el que varias huelgas sacudieron el entramado social y político nacional. Fue el lapso en el que se desarrolló casi todo el conflicto del gremio del neumático, que enfrentó al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) con las empresas con fábrica local, Fate, Pirelli y Bridgestone.

También fue el tiempo en el que casi 200.000 docentes universitarios desplegaron un plan de lucha que solo en junio incluyó tres días de paro. O las medidas de fuerza llevadas adelante por los trabajadores de prensa de todo el país. En todos los casos, el motor del conflicto fue salarial.

Según Tendencias, que dirige José Luis Blanco, mientras que los despidos de mayo se redujeron en un 77,2% respecto del mismo mes de 2021, y las suspensiones fueron nulas, los paros se incrementaron un 210,6% interanual e involucraron a 1,19 millones de trabajadores. En junio se repitió esta relación. Los conflictos estallaron “principalmente” por “el reclamo de mayores salarios, en un contexto de creciente inflación”, señaló Tendencias.

Contexto, voces y explicaciones

El informe, titulado “Análisis de la cobertura periodística para un tratamiento responsable sobre Trabajadores, Trabajadoras y Organizaciones Sindicales”, analizó el tratamiento periodístico de un abanico de asuntos vinculados con la vida de los trabajadores en tanto tales: la negociación colectiva, las reivindicaciones salariales, las condiciones de trabajo, los conflictos laborales, los despidos, el derecho a la sindicalización y a organizarse, entre otros.

La lupa de la investigación estuvo puesta en 20 medios. Los primeros 5 portales de noticias nacionales con mayor cantidad de visitas: Infobae, Clarín, La Nación, Cronista y Destape; los cinco sitios web de las señales de noticias con mayor rating: Todo Noticias, A24, Canal 26 (Diario), Crónica TV y C5N; los cinco sitios web de las radios AM del Área Metropolitana con mayor rating: Mitre, AM 750, Rivadavia, La Red y Continental; y los sitios web de canales de TV abierta regionales: Canal 7 Neuquén, Canal 12 Misiones, Canal 12 Córdoba, Canal 8 Tucumán, Canal 7 Mendoza.

De todos los temas vinculados a la vida sindical, los más reflejados por los medios fueron las medidas de fuerza, las paritarias y las notas sobre sindicalistas. El informe consignó que la mayoría de las 172 noticias relevadas “presentaron una adecuada contextualización” e hicieron referencia «a la totalidad de las partes involucradas”, como organizaciones sindicales y sus trabajadores o representantes, empresarios o cámaras y el gobierno nacional, en tanto patronal o árbitro.

Respecto del tratamiento de los reclamos gremiales, casi 100 unidades informativas (la mayoría) hicieron referencia a los motivos que los provocaron. De ellas, 75 hicieron referencia al salario como causa del conflicto. Otras causas mencionadas fueron las condiciones de trabajo y las fuentes de trabajo. Según el estudio, en este punto los medios analizados también respetaron, en la mayoría de las notas que realizaron, los preceptos recomendados, como “explicar, especialmente en las noticias que abordan conflictos, los motivos de los reclamos o las medidas de fuerza”.

Estigmatización, mirada negativa e invisibilización en los medios

En cambio, donde los medios fallaron respecto de esas indicaciones fue en la valoración de los hechos. El estudio indica que “sólo se registraron 8 menciones al sector empresario, en las que la valoración principal fue positiva”. En tanto, sobre las organizaciones sindicales, se registraron 43 valoraciones, de las cuales 23 fueron negativas y 20, positivas.

Sobre las personas sindicalistas, se registraron 39 menciones en las que la valoración principal fue negativa. El informe indicó que “Las construcciones negativas de la práctica sindical y de sus representantes se realizan a través de dos operaciones centrales que, a su vez, están relacionadas entre sí: la criminalización y la estigmatización”.

Respecto de la estigmatización, el informe mostró ejemplos concretos que apuntan contra acciones sindicales de lucha de los obreros del Sutna, los Camioneros y los Docentes.

El estudio agregó que “Las coberturas informativas de la práctica sindical y de sus representantes se realizan subrayando el carácter disruptivo de sus acciones, atribuyéndole la responsabilidad sobre la conflictividad social y la afectación de intereses de terceros”. Además, se vincula el ejercicio de un derecho legítimo, como lo es la protesta o la realización de medidas de fuerza, con delitos o figuras tipificadas en el código penal. “Se destacan las acusaciones de extorsión y de otras acciones ilegales”, agregó.

En este orden, señaló que “se identifica un tratamiento que ha adquirido cierta centralidad en las coberturas periodísticas: se observa un desplazamiento de los tratamientos periodísticos hacia la victimización empresarial”. Además, consignó que “en muchas de las coberturas sobre medidas de fuerza se indica la afectación a terceros, que hace referencia a personas o actividades que se ven limitadas u obstruidas por responsabilidad de la acción gremial. En general se hace referencia a transeúntes, automovilistas, usuarios/as de medios de transporte o actividades empresarias, entre otras”.

Respecto del tratamiento del género, el trabajo indicó que hay una “invisibilización. En la mayoría de las noticias de la muestra no hay tratamientos periodísticos que permitan identificar los roles de mujeres, lesbianas, travestis y trans dentro de las organizaciones sindicales, ni en demandas vinculadas con licencias igualitarias o distribución equitativa de las tareas”.

Fuente:TiempoArgentino

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