Zaffaroni: "Lo hizo la dictadura y dio marcha atrás"
Lo aseguró el juez de la Corte Suprema de Justicia. "Creo que este año sería conveniente no tratar ningún tema penal, dejen el Código Penal y la ley Juvenil en paz y lo discutimos después de las elecciones", agregó.
29.01.2011
Eugenio Zaffaroni.
El juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, afirmó hoy que impulsar la baja de la edad de imputabilidad ya "lo hizo la dictadura militar en 1976 y tuvo que dar marcha atrás" y pidió que en un año electoral no se trate este tema y se deje el Código Penal "en paz".
En diálogo con Télam, el miembro del máximo tribunal y más prestigioso penalista del país se refirió a la discusión sobre la ley Penal Juvenil y consideró que "sería conveniente que los políticos discutan algunas cosas importantes, por ejemplo cómo se va a mejorar el problema de las jubilaciones, de la salud, el eterno problema entre los hospitales de Capital y el Gran Buenos Aires, el tema de la cuenca del Riachuelo, cómo mejorar el sistema de educación. En fin, sería conveniente que discutan esas cuestiones y no ir tras cosas que les marca la agenda mediática".
Sobre los menores, Zaffaroni dijo: "No tenemos en el país un serio problema de criminalidad violenta de adolescentes entre los 14 y los 16 años y a partir de los 16 hay responsabilidad penal plena. La delincuencia es siempre joven, pero en la franja etárea de los 16 y los 18 años para arriba. Entre los 14 y 16 tenemos muy pocos casos de homicidio, de modo que llevar eso al centro de la discusión política y postergar todo lo otro es el juego de la avestruz directamente".
"Creo que este año sería conveniente no tratar ningún tema penal, dejen el Código Penal y la ley Juvenil en paz y lo discutimos después de las elecciones. No creo que sea el marco para discutir esto porque todo se confunde con una obtención de votos y una agenda que la están marcando los medios de comunicación. Lo que le interesa a la gente son los temas que marqué antes. Ya sé que a la familia que le toque es un dolor, sin lugar a dudas, pero son diez o quince homicidios por año dentro de un universo de 1.900", informó.
- ¿Cuál sería la distinción entre la ley Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad?
La pretensión de bajar la llamada imputabilidad es meter a los niños y a los adolescentes en el mismo Código Penal con las mismas penas que los adultos. Lo hizo la dictadura militar en 1976 y en 1980 tuvo que dar marcha atrás porque nadie puede alterar la naturaleza de las cosas. La ley Penal Juvenil es adecuar nuestra legislación a las garantías que exige la convención internacional, que el juez tenga que imponer una medida después de un proceso, como un adulto.
- ¿Usted dijo que los adolescentes no son inimputables pero sí tienen menor grado de culpabilidad?
Si a los 15 años en el Colegio Nacional le tiraba un tizazo a un compañero, me ponían amonestaciones. Si ahora en el Consejo de la Facultad le tiro un tizazo al decano, llaman a mi familia y me llevan al psiquiátrico porque se supone que tengo una madurez emocional distinta a esta altura de mi vida. Y conforme a eso el reproche que se me puede formular es distinto.
- ¿Por qué algunos sectores tienden a culpar a los menores?
Porque no se puede fabricar otro enemigo que resulte más peligroso o más idóneo para asumir el papel de chivo expiatorio de todo lo que está pasando en una sociedad. Se elige a alguien que se puede identificar con la delincuencia común. No tenemos terrorismo ni problemas graves de crimen organizado, entonces se identifica a los adolescentes de los barrios precarios, pero eso sucede en toda América Latina. Esta es una política que nos baja de Estados Unidos.
- ¿Qué modificaciones debe haber en la justicia para dejar de lado la ideología tutelar?
La ideología tutelar aparentemente es muy humanitaria pero en el fondo es muy peligrosa y muy autoritaria. A todos los que tutelaron les fue muy mal, los indios, las mujeres.
Sin disputar votos, lo que hay que tratar es que no dejar a los chicos de 16 años en manos de lo que un juez quiera hacerle. Si se le imputa un hecho, hay que probarlo con garantía de defensa, las mismas que pueda tener cada uno de nosotros y la consecuencia de lo que haya hecho tiene que guardar cierta proporcionalidad con la magnitud de lo que hizo porque sino estamos criminalizando a un pibe que se robó una milanesa.
- ¿Tendría que haber una diferencia entre las penas aplicadas a los adultos y a los menores?
El grado de madurez es distinto. Desde los 16 a los 18 ya hay una atenuación, hay un tercio de pena menos, que no es mucho, pero existe. De los 14 para abajo tiene que haber un sistema totalmente diferente según la gravedad del hecho.
- ¿Qué medida alternativa propone a los institutos de menores?
En algún supuesto muy grave se puede llegar a la institucionalización, pero son excepcionales, no podemos generalizar eso. En definitiva, tampoco sirven las prisiones, si quiero enseñarle a alguien a vivir en libertad no lo voy a encerrar porque es contradictorio. Con los adolescentes hay que hacer el menor uso de la institucionalización y en cambio, someterlo a medidas alternativas, en la familia, en familias sustitutas, controlarlo en libertad.
- ¿Qué tiene que hacer la Argentina para salir de la situación en que está en la CIDH por las condenas a reclusión perpetua de menores?
En la Corte establecimos la jurisprudencia de que imponerle al adolescente de entre 16 y 18 la misma pena que al adulto no es válida. En casos leves, no imponer pena, y en los de gravedad la del adulto reducirla a la escala de la tentativa. Estas sentencias provienen de años anteriores a la actual integración de la Corte y supongo que la CIDH nos va a decir que modifiquemos las sentencias y las tendremos que modificar en base a la legislación vigente.
Fuente:ElArgentino
UN REGIMEN PENAL JUVENIL CONTRA LA ARBITRARIEDAD
Para ser franco
El asesinato de un hombre ante su hijito de 11 años desató una nueva oleada de histeria antijuvenil, con fuerte manipulación política y mediática. Su presunto autor tiene 15. Dos testigos lo vieron a esa hora comprar un chip. Autoridades provinciales intentaron secuestrar a su primo, de 14, para recluirlo en un instituto, y la policía amenazó a la abuela de ambos. La ley penal juvenil contiene las garantías de defensa en juicio cuya inexistencia permite estas arbitrariedades.
Por Horacio Verbitsky
El último capítulo del debate sobre la baja de la edad de imputabilidad penal se edificó sobre la conmoción causada por el asesinato del empleado de la Agencia de Seguridad Vial bonaerense Fabián Esquivel, cometido la mañana del 18 de enero en el antiguo barrio platense de Tolosa, dividido entre quienes creen que todos los pibes son chorros y los que se quejan del maltrato policial. Esa discusión apasionada es representativa de la abrumadora tendencia mediática y política a trivializar las cuestiones más graves, con griterías de urgencia que impiden ver los problemas reales y demoran cualquier planteo de solución.
Crimen sin autor
Según la policía bonaerense el autor del crimen fue un chico de 15 años, al que aquí llamaremos Franco. Antes del mediodía del 18, el jefe de la Departamental La Plata, Alejandro Moreno, ya había dicho a la agencia de noticias Télam que sus efectivos vieron escapar a tres ladrones y después de tirotearse con ellos sólo pudieron detener a uno, “que utilizaba una pistola 9 milímetros. El chico llevaba además objetos que habían sido robados de la casa de la víctima: un monitor LCD, una notebook y un mouse”. Pero ninguna fuente policial o política explicó por qué Franco es considerado el responsable, ya que en el expediente judicial no hay una sola prueba que lo incrimine. Franco dice que la policía lo corrió cuando salía de comprar un chip para celular en un negocio del barrio. La dueña de ese almacén-kiosco, Doña Isabel, y su empleada Yamila, lo confirmaron ante la justicia. Entre las dos mujeres hay una imprecisión de minutos. La propietaria dice que abrió el comercio a las 7.50, Franco entró a comprar el chip, pagó y se fue. Tres minutos después pesó el pan recién recibido de un proveedor y salió a la puerta a colocar el cartel del negocio. A sus espaldas, escuchó tres tiros y un grito: “Hijo de puta, la concha de tu madre parate ahí”, pero no vio nada porque corrió asustada a esconderse debajo del mostrador. La empleada Yamila dijo que llegó tarde al trabajo, a las 8.10 y que se cruzó con Franco que salía. Ella no vio nada porque no salió del local. Los vecinos que escucharon ruidos en la casa de Esquivel comenzaron a llamar al 911 a las 8.05. Franco vive en la misma manzana que los Esquivel y fue detenido a veinte metros del kiosco, datos que reducen aún más la verosimilitud de la versión oficial. El único testigo del asesinato fue el hijo de 11 años de la víctima, cuya declaración nadie solicitó en la causa. Según algunos vecinos, Franco y su primo Tito pasaron corriendo. Pero al ser citados a declarar, aclararon que no los habían visto y que sólo repetían lo que le escucharon a otro vecino, apodado Rabanito. Pero Rabanito dijo haber visto cuando la policía corría a Franco, no a Tito, y nada aportó sobre la autoría del homicidio.
Tentativa de secuestro
Al no haber pruebas de que Tito haya cometido algún delito, no se justifica que le impongan cualquier clase de medidas, ni de seguridad ni de “protección por derechos vulnerados”. Sin embargo, fue víctima de una tentativa de secuestro por parte de autoridades del gobierno provincial. La primera acta policial afirma que uno de los chicos que huían arrojó una pistola .9mm, pero según Rabanito quien tiró el arma al suelo fue Franco. Recién el 3 de febrero se conocerán los resultados del peritaje balístico, para saber si el disparo mortal partió de esa pistola, aportada por la policía; y del peritaje hemático, que determinará si los hilitos de sangre en el bermudas y en una de las zapatillas de Franco se corresponden con el charco que empapó una cortina en la casa de Esquivel o con los leves raspones en codos y rodillas de Franco. El chico dice que fue golpeado en la comisaría, pero la revisión médica no halló grandes lesiones. El juez decidió que los peritajes pendientes sean realizados por la asesoría pericial de Tribunales y no por la policía. A Franco le extrajeron sangre en forma compulsiva, sin que nadie profiriera escandalizadas hipérboles sobre la libertad de los argentinos ni sofisticadas disquisiciones sobre los derechos personalísimos. Ni siquiera se comunicó la decisión a su abogado defensor, cuyo único contacto con el muchacho duró 15 minutos, en la comisaría de Tolosa. Franco no sabía por qué estaba allí, parado y en calzoncillos. Cuando el abogado le informó que lo acusaban de homicidio cayó de cuclillas y comenzó a sollozar. El juez tampoco permitió que el defensor asistiera a las declaraciones testimoniales, de modo que no pudo repreguntar sobre las versiones contradictorias para descubrir la verdad.
La manipulación
Ése no era el interés de las autoridades, apresuradas por arrojar un culpable a la insaciable voracidad de la opinión pública, modelada por un sistema mediático que ha convertido en noticia imperdible cada denominado hecho de inseguridad, con lo cual la percepción social se ha independizado de la realidad que, en forma objetiva, miden las estadísticas. Ha contado para ello con la inestimable ayuda de los funcionarios nacionales que desde hace años ocultan esas cifras, con la misma lógica autoderrotista del INdEC, engrandecedora del fenómeno que intenta minimizar.
El diario La Nación tituló en su tapa del miércoles 26 que “Menores cometen el 15 por ciento de los crímenes”. Menciona como fuente las estadísticas de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, correspondientes al primer semestre de 2010. En realidad se refiere al Sistema Informático de la Procuración General, que computa la cantidad de Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) iniciadas. El porcentaje de IPP abiertas a raíz de crímenes que habrían cometido ciudadanos de menos de 18 años, no es de 15 sino de 4,2 por ciento del total (13.708 IPP del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, sobre 328.305 IPP en total, incluyendo las del Fuero Penal). El 15 por ciento que realza La Nación se refiere sólo a los homicidios, pero ni siquiera está bien sacado el porcentaje, que es de 13,4 por ciento. (El diario no calcula qué parte de todos los homicidios habrían sido cometidos por menores, sino qué porcentaje son éstos sobre los atribuidos a mayores de 18 años, lo cual abulta el resultado.) Para que la estadística tenga sentido es preciso conocer la proporción de menores sobre la población total de la provincia. Según el censo de 2001 es del 30 por ciento. Es decir que se trata de una categoría menos y no más peligrosa.
El eufemismo
Como Franco sólo tiene 15 años, no puede ser penalizado. Pero la fiscal reclamó que se le aplique una medida de seguridad, eufemismo que encubre la privación de la libertad sin juicio, defensa ni discusión de pruebas. A pedido del defensor oficial, el juez de garantías de menores declaró inconstitucionales esas medidas, contempladas en los regímenes penales juveniles de la Nación y de la provincia de Buenos Aires. En el tiempo record de 12 horas una psicóloga evaluó a Franco y determinó que era peligroso para sí y para terceros, y un médico del hospital Reencuentro determinó que era adicto. Cerca de la medianoche el juez lo derivó a un instituto asistencial, que la ley vigente llama “Casa de Abrigo”, y a las 3 de la mañana a una comunidad terapéutica de Mar del Plata. Desde la ley de patronato o ley Agote, de 1919, con las modificaciones que le introdujo en 1980 el dictador Jorge Videla, la racionalización es la protección del niño. A raíz de las versiones de los vecinos, la Dirección Departamental de Investigaciones allanó la casa de Tito, el primo de Franco, en busca de armas u objetos robados. No los encontró, pero el personal amenazó a la abuela de los dos chicos: “A Tito se lo vamos a entregar con un traje de madera y un tiro entre las cejas”. La fiscal solicitó la detención de Tito, sin fundamentarlo ni aportar prueba alguna. El juez también la rechazó y ordenó la derivación al llamado Sistema de Promoción y Protección de Derechos, de la Subsecretaría de Niñez del Ministerio de Desarrollo, pese a que en la causa tampoco hay prueba de que se hayan vulnerado derechos de Tito, que padezca adicciones o no tenga vivienda. Pese a ello, personal del Sistema Penal (y no del sistema de Promoción de Derechos) cayó cerca de la medianoche a la casa de la abuela común de los dos chicos, para llevar a Tito a una casa de abrigo en San Martín, para chicos tutelados, es decir que no han cometido delitos.
La doctrina Argibay
El coordinador del instituto penal Nuevo Dique, de Abasto, que fue conocido antes como Aráoz Alfaro, invocó una orden verbal del juez, que, de haber existido, habría violado el marco legal, al saltearse la evaluación previa y el acuerdo con los padres del pibe. Como la madre de Tito se había negado, las autoridades intentaron conseguir el permiso de la abuela y de la tía. El argumento invocado fue que debían protegerlo, para que no lo matara la policía. Esta es una nueva aplicación de la doctrina Argibay, según la cual ese riesgo se conjura privando a los chicos de su libertad aunque el marco constitucional no lo permita. Pero aun la Corte Suprema de Justicia (que adoptó esa jurisprudencia encubridora al dejar en suspenso un fallo de la Cámara de Casación sobre la inconstitucionalidad de las detenciones de menores), reclamó al Congreso la sanción de un Régimen Penal Juvenil que garantizara el derecho a defensa y juicio. Cuando los penitenciarios subieron a Tito a la camioneta, llegó la madre, que comenzó a discutir con la tía y con la abuela. El pibe aprovechó la confusión y se escapó. Lo corrieron dos cuadras pero no pudieron alcanzarlo. A la abuela también ofrecieron pagarle el viaje y conseguirle un departamento en Bariloche, donde vive un tío de Tito, propuesta asombrosa por parte de un sistema desfinanciado, que apenas permite la supervivencia de sus internos. El ofrecimiento fue retirado, porque si el chico salía de la provincia, perdían el control sobre él. El defensor denunció las amenazas a la familia en la fiscalía de mayores y presentó un recurso de hábeas corpus a la de menores, para que la policía se abstenga de cumplirlas. Nadie volvió a hablar, en cambio, del tercer chico mencionado en la primera información policial y que, según algunos testigos que no declararon en la causa, sería quien llevaba el arma y la notebook.
Una pauta siniestra
La sociedad reclama con toda razón el esclarecimiento y castigo de crímenes horrendos como el de Esquivel. La policía y el gobierno de Buenos Aires responden con la vieja táctica de capturar al boleo al primer infeliz que ya tiene en remojo, con lo que se convierten en parte del problema, y no de su solución. Franco había sido detenido al menos dos veces previas, en ocasión de robos con armas, y la kioskera que le vendió el chip dijo que lo vio “dado vuelta”, que es la expresión coloquial para el uso de sustancias estupefacientes. Tanto esto como las amenazas a la abuela coinciden con una pauta siniestra en las relaciones de la policía bonaerense con los pibes de los barrios pobres, como han denunciado el juez Luis Arias y el ex ministro Carlos Stornelli. Mañana se cumplirán dos años de la desaparición forzada de Luciano Arruga, un adolescente que fue detenido y golpeado en el destacamento policial de Lomas del Mirador, acusado por el robo de celulares. Desde entonces, varios policías y un civil vinculado con el destacamento le exigían que robara para ellos y lo amenazaban si no lo hacía. También en ese caso, a la ilegalidad de la fuerza encargada de la seguridad se sumaron la complacencia del sistema judicial y el encubrimiento político: una fiscal delegó la investigación en la propia policía, hasta que fue relevada; la Procuración General designó tres instructores que desviaron la investigación hacia la familia de la víctima, y el ministro de Justicia y Seguridad, alcaide mayor Ricardo Casal presionó para el despido de periodistas que lo entrevistaron sobre el caso en la Radio Provincia, donde se prohibió cualquier mención al caso. En el curso de la investigación, se comprobó todo tipo de irregularidades:
- El Destacamento no está habilitado para alojar detenidos, pero los encierra igual.
- La noche de la desaparición de Luciano, uno de sus móviles no emitió registros de posicionamiento al sistema de localización vehicular y otro estuvo dos horas detenido en un predio descampado fuera de su cuadrícula,
- Todos los libros del Destacamento (de detenidos, de contraventores, de guardia, registro de los policías y de los procedimientos) muestran adulteraciones.
- El jefe del Destacamento no trabajó esa noche, pero su firma aparece en un acta a la madrugada.
- El Ministerio Público no investigó ninguno de los posibles delitos cometidos por la policía (falso testimonio, encubrimientos, supresiones y adulteraciones de instrumentos públicos, amenazas, lesiones, otras privaciones de libertad, incumplimiento de deberes de funcionario público).
Dentro de la ley
El proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil que cuenta con media sanción del Senado evitaría la discrecionalidad absoluta de la policía y la justicia y proveería a los pibes de las mismas garantías de defensa en juicio que tienen los grandes. Ningún adulto podría ser condenado en juicio con la orfandad probatoria que hoy alcanza para que un pibe pase años encerrado en un instituto que no se llama cárcel o, si como Franco tiene la suerte de que le toque un juez algo menos retrógrado, lo confinen dopado en una comunidad terapéutica. Esas condenas de hecho que hoy se les imponen, superan los 3 o 5 años de máxima que, según los casos, fijaría la nueva ley. La baja de la edad de imputabilidad no criminalizaría la pobreza: sólo pondría límites legales a la arbitrariedad absoluta que hoy convierte a los pibes pobres en rehenes de las redes de ilegalidad y mano de obra baratísima para el delito. Hay otras cuestiones de fondo, que la demagogia punitivista siempre elude: las causas sociales de los delitos, la existencia de bandas de mayores (incluidos policías) que usan a los pibes para robar autos que luego se desguazan en los desarmaderos o se venden enteros en el exterior. De otro modo, seguirá habiendo robos cometidos por chicos que terminan en asesinatos, con armas que a veces les provee la propia policía. La reforma realizada en la provincia de Buenos Aires sólo aguzó la mirada penal, mientras el sistema de protección cuenta cada vez con menos recursos. Tampoco se justifica idealizar la situación que sobrevendría si los chicos contaran con las mismas garantías que los grandes. Al fin y al cabo, entre siete y ocho de cada diez adultos privados de su libertad en la provincia de Buenos Aires no han sido condenados y la estadística oficial indica que un tercio de ellos serán declarados inocentes cuando llegue el día del juicio. En suma, de 6.000 a 7.000 inocentes, y sus respectivos núcleos familiares, juntando odio dentro de las cárceles más violentas del país.
La realidad
La Argentina tiene una de las menores tasas de homicidios de América.
Y su sombra
Pero la percepción de inseguridad es la segunda entre 26 países.
Fuente:Pagina12
Gente peligrosa
Por Horacio Verbitsky
La obsesión del alcaide mayor Casal por el encarcelamiento, como respuesta indiscriminada ante todo tipo de conductas en conflicto con la ley, produce el efecto paradojal de incrementar la inseguridad y la violencia. La fuga de once detenidos de la comisaría de Glew en la última semana de diciembre es una de las consecuencias del insistente alojamiento de personas privadas de su libertad en instalaciones concebidas para otros fines. A pesar del fallo de 2005 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que intimó al gobierno provincial a trasladar a esas personas a unidades penitenciarias, casi 4.000 de ellas siguen en esas condiciones precarias. Esto no sólo viola sus derechos esenciales. También da lugar a un infame comercio. La defensora oficial de San Isidro María Dolores Gómez denunció que las personas privadas de su libertad en la comisaría de Villa Adelina se quejaron por el servicio de catering contratado por el ministerio con el proveedor Fernando Enrique Aguirre, cuyos precios eran el doble y a veces el triple al de plaza. Por ejemplo, cuando un rollo de papel higiénico de primera calidad costaba 75 centavos en un supermercado, los detenidos en la comisaría octava de San Isidro debían pagar por el que compraban un peso cincuenta. Un shampoo marcado a 3,50, les costaba 12,50 pesos, lo mismo que debían pagar por un pollo trozado de 5,99. También deben comer con las manos ya que por alegadas razones de seguridad no se les entregan cubiertos y los alimentos se echan a perder por falta de refrigeración para conservarlos. La denuncia fue desestimada por el fiscal general, luego de escuchar al proveedor Aguirre y al capitán policial Jorge Eugenio Palacios: ambos dijeron que los detenidos no se quejaban, que los alimentos eran muy buenos y sus precios los normales más un pequeño plus por el delivery a la comisaría. La cantidad de personal policial encargado de vigilar a esas personas, que se sustrae a las tareas de seguridad, supera al aporte de 6.000 gendarmes que acaba de hacer la Nación.
Fuente:Pagina12
El cristal con que se mira
Por Horacio Verbitsky
Las percepciones sociales sobre la inseguridad guardan escasa relación con los hechos delictivos. Esto queda claro mediante el cotejo de los dos gráficos que acompañan esta página, ambos confeccionados con datos de organizaciones internacionales que monitorean la situación en todos los países americanos. El primero mide las percepciones de inseguridad en todos los países del hemisferio en 2010. Proviene del Barómetro de las Américas, un proyecto de investigación sobre la democracia que realiza la universidad canadiense de Vanderbilt, con el financiamiento de la USAID, la agencia del gobierno de los Estados Unidos para la ayuda internacional. Los investigadores Elizabeth J. Zechmeister y Mitchell A. Seligson encuestaron a adultos en edad de voto de 26 países, para identificar los problemas más importantes para cada sociedad, con el propósito de apoyar el proceso de organización de la Cumbre de las Américas. Esas cumbres son utilizadas por el gobierno estadounidense para impulsar sus políticas en toda la región. Una de ellas es la militarización de la seguridad, que ha dado pasos importantes en México y Centroamérica y, en forma más reciente, también en Brasil. El informe de este año, titulado “¿Qué preocupa a los ciudadanos de las Américas?” sostiene que los problemas más importantes son los económicos y los de seguridad. En el rubro seguridad, pidieron a los entrevistados que pensaran en la posibilidad de ser víctimas de un asalto o robo, y luego les preguntaron si se sentían seguros. Volcaron las respuestas en un gráfico sobre la “Percepción de inseguridad” en cada uno de los países. Como se aprecia, la Argentina es el segundo país con mayor percepción de inseguridad, sólo superado a muy poca distancia por el Perú. El segundo gráfico refleja las estadísticas sobre homicidios dolosos compiladas por la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Crimen en 2008, que es el último año disponible. Se limita a los homicidios dolosos cometidos, dado que su registro es el más completo. La unidad de medida es la tasa de esos asesinatos intencionales por cada 100.000 habitantes. En esta escala la Argentina está cuarta, pero en el piso de la encuesta, con la menor tasa del hemisferio, sólo superada por Estados Unidos, Perú y Canadá.
Fuente:Pagina12
No a la mano dura: Entrevista a Hugo Cañón
Año 3. Edición número 141. Domingo 30 de enero de 2011
Por Gisela Carpineta
–La procuradora general bonaerense, María del Carmen Falbo, sostuvo que el 15 por ciento de los crímenes son cometidos por menores. ¿Cómo cree que se relaciona esto con la idea de bajar la edad de imputabilidad?
–Primero, aclararemos que ese porcentaje se refiere a un universo que abarca a los menores de hasta 18 años. La incidencia de los casos protagonizados por chicos entre 14 y 15 años es mínima e insignificante como para justificar una baja en la edad de imputabilidad. En nuestro país, los homicidios cometidos por menores alcanzan un índice de 16,8 por cada mil habitantes. Muy por debajo de Brasil, donde la edad de imputabilidad es de 12 años.
–¿Cómo evalúa que el gobernador Daniel Scioli haga de este tema un eje de su política?
–Creo que se quiere colocar en el patrón de la mano dura. Lo más grave es que su discurso manifiesta una construcción bélica del conflicto social. Lo que propone Scioli es como una guerra que contradice el modelo democrático de seguridad que postula el Gobierno Nacional. Según los datos que tenemos en la Comisión por la Memoria, la provincia diminuyó en un 0,14 por ciento el presupuesto asignado a la protección de la niñez, un rubro que se ubica ahora en el 0,52 por ciento del total presupuestario. Por otro lado, el ministro de Educación, Mario Oporto, dice que gracias a la Asignación Universal por Hijo hubo una gran incorporación de chicos al ámbito escolar, pero también una fuerte discriminación hacia los que vienen de sectores marginados. La respuesta que da el gobierno provincial es mandar policías a las escuelas.
–De cara a las elecciones 2011, ¿cree que Scioli aceptará las listas colectoras para que Martín Sabbatella pueda ser candidato a gobernador?
–Aspiramos a que así sea, pero Sabbatella aún no se definió. Creo que la cuestión irá más allá de la aceptación o no de las colectoras. Él representa una expresión de acompañamiento auténtico que apuesta a profundizar el modelo. Scioli, en cambio, acompaña la candidatura de Cristina, pero siempre con un cierto margen de duda.
–Por último, ¿considera que Scioli expresa un movimiento político?
–Creo que es una versión de derecha o de centroderecha que tiene que ver con una mirada conservadora o menemista.
Fuente:MiradasalSur
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