JUJUY: Se conocieron las condenas por el sexto juicio a genocidas.

 

Megacausa Jujuy. Se conocieron 

las condenas por el sexto juicio a 

genocidas

Resumen Latinoamericano, 5 de diciembre de 2022.

Este viernes 2 de diciembre se conoció la sentencia del sexto juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy. Los jueces informaron de condenas desiguales que van de los 5 años a perpetua y una absolución. Algunos genocidas quedarán en libertad.

En un comunicado previo a la lectura con el convocaron a concentrar frente al TOF, organismos de DDHH expresaron que la «Megacausa» que se inició en 2018 acumula 16 expedientes de causas por delitos de lesa humanidad cometidos contra 120 víctimas, durante la dictadura cívico-militar-eclesiástica.

«Reúne las causas emblemáticas como “Aredez”, “Noche del Apagón”, “Burgos”, “Bazán”, entre otras, con 490 testigxs. Justamente uno de los ejes de nuestra lucha es la complicidad civil-empresarial-eclesiástica, que señala la responsabilidad de directivos de empresas como Mina El Aguilar o el Ingenio Ledesma, con Carlos Pedro Blaquier a la cabeza, que garantizó vehículos para el traslado de personas secuestradas durante lo que se conoce como “La Noche del Apagón”, la energía eléctrica se cortó expresamente para implementar allanamientos y secuestros masivos», señalaban.

Les jueces Federico Díaz (presidente) Alejandra Cataldi y Abelardo Basbus determinaron rechazar los pedidos de las defensas que buscaban desestimar pruebas por contaminación,
alegatos de incapacidad, entre otros.

Se dictó prisión perpetua para Juan Carlos Jones Tamayo, Juan Carlos Lucero, José Américo Lescano y Ceferino Narváez
En el caso de Bernardo Salinas (25 años de prisión) su condena incluyó los delitos de crímenes sexuales en el marco de las detenciones forzadas, lo mismo sucedió con Américo Lescano.

Rafael Mariano Braga y José Borges Do Canto obtuvieron 24 años de prisión por las detenciones y torturas cometidas durante el genocidio. Orlando Ricardo Ortiz, 22 años; Mario Marcelo Gutiérrez, 22 años y Herminio Zárate 21 años. Hugo Armando Ruiz, 20 años; Raúl Armando Claros, 20 años. Carlos Raúl Pérez, 15 años; Rodolfo Oscar López, 15 años. Carlos Humberto Cachambe, 11 años. Pedro Ríos, 6 años. Virgilio Choffi 8 años. Juan de la Cruz Kairuz, 5 años de prisión. Inés Roque Cari 6 años.

Osvaldo Héctor Caraballo, fue absuelto completamente por el «beneficio de la duda».

Quedaron en libertad hasta que se reafirme la sentencia Kairuz, Choffi y Cachambe. Los fundamentos del fallo se darán a conocer el 3 de marzo de 2023 a las 13 horas.

Los delitos que el Tribunal consideró acreditados y que dieron lugar a estas condenas fueron 17 homicidios, seis violaciones sexuales, 169 hechos de privación de la libertad y 126 casos de aplicación de tormentos. por las detenciones, torturas, desapariciones Entre las víctimas se encuentran los casos de Avelino Bazán, Luis Aredez y Marina Vilte.

Previa lectura de las sentencias desde las organizaciones presentes denunciaron los privilegios de los acusados, que no estuvieron presentes en la lectura de las sentencias y que además gozan del beneficio de prisión domiciliaria.

Aunque en este juicio no de desarrolló la principal causa de la «Noche del Apagón» es necesario recordar que en banquillo no estuvo Carlos Pedro Blaquier, aunque se hizo referencia en reiteradas oportunidades al conocido hecho del uso de las camionetas de la empresa para detener a los trabajadores durante esas jornadas. De las pruebas de juicio surge que el Ingenio servía de centro de operaciones dónde a pocos metros estaba una sede de gendarmería dónde permanecían los detenidos para ser trasladados luego al Centro Clandestino de Guerrero.

Parte de la lucha contra la impunidad fueron las presentaciones que familares e hijos de detenidos desaparecidos hicieran para dar vuelta la resolución del Tribunal Oral Federal de suspender el proceso al empresario por la supuesta “incapacidad mental” del dueño del Ingenio Ledesma. Buscando así evitar su condena.

Esta pelea continúa y hace unos meses el fiscal Javier De Luca, ante la Cámara de Casación, calificó como «arbitraria» la decisión del Tribunal jujeño que separó a Blaquier del juicio y cuestionó los estudios médicos y psiquiátricos a los que fue sometido el empresario sin intervención de todas las partes; esto luego de que la Cámara Federal de Casación Penal anulara la resolución del Tribunal Oral Federal de Jujuy que había dejado al empresario Carlos Pedro Blaquier fuera del juicio.

En la jornada de hoy organizaciones de Derechos Humanos, sociales, sindicales y referentes políticos concentraron fuera del TOF esperando las sentencias. Natalia Morales, diputada provincial MC del PTS-FIT estuvo presente y declaró que «las condenas dictaminadas son producto de la incansable lucha de familiares, ex detenidxs y organismos de derechos humanos en Jujuy. Si bien hubo condenas a cadena perpetua por genocidio y se incorporó la figura de delito sexuales, compartimos la bronca de familiares de Calilegua, quienes tuvieron que vivir una segunda desaparición de sus allegados, ante condenas mínimas a genocidas como Kairuz, Choffi y Cachambe, que seguirían en libertad. Ni hablar si hay que mencionar al gran ausente, quien goza de impunidad otorgada por el poder político como es Blaquier, que fue premiado recientemente por la cancillería argentina».

Fuente: Izquierda diario

Envio:ResumenLatinoamericano

 

La persecución a trabajadores de Mina El Aguilar y el Ingenio Ledesma 

Jujuy: condenas a 21 represores por delitos de lesa humanidad 

Cuatro son a prisión perpetua; además, se dictaron ocho penas que van entre los 20 y 25 años de prisión, y nueve son inferiores a los 15 años. Los represores fueron declarados responsables de crímenes cometidos en perjuicio de 121 personas, de las cuales 44 siguen desaparecidas. 

Por Elena Corvalan

Imagen: Gentileza: Edgardo Valera

En fallo unánime, el Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó hoy a 21 hombres, ex integrantes del Ejército, la Policía Federal, Gendarmería Nacional, la Policía de Jujuy y el Servicio Penitenciario jujeño, por actos de terrorismo estatal cometidos en la década del 70 en perjuicio de trabajadores del Ingenio Ledesma y la Mina El Aguilar. 

La sentencia, dada por los jueces Federico Díaz y Abelardo Jorge Basbus y la jueza Alejandra Cataldi, se dictó esta tarde ante la presencia de buena cantidad de personas congregadas en la sala de audiencia y en la avenida Senador Pérez al 100 de San Salvador de Jujuy, donde se montó un escenario y se hizo un tendedero con las imágenes de las víctimas del plan sistemático de eliminación de personas acometido por la última dictadura cívico militar. 

Si bien algunas penas estuvieron por debajo de los pedidos de la fiscalía y las querellas, el fallo fue celebrado por ex detenidos políticos y familiares de personas detenidas desaparecidas. 

Este juicio, para el que se acumularon 15 causas, es el más grande realizado hasta ahora en Jujuy, que involucra a acusados de todas las fuerzas de seguridad que tuvieron actuación en territorio jujeño en aquellos años; además, por primera vez se investigaron delitos sexuales y se destaca también porque se expuso la persecución criminal por razones económicas que fue dirigida a trabajadores de dos de las grandes empresas existentes en la provincia, el Ingenio Ledesma, de propiedad de la familia Blaquier, y Mina El Aguilar.

El ex militar Juan Carlos Jones Tamayo, el ex comisario José Américo Lescano y los ex jefes penitenciarios Juan Carlos Lucero y Ceferino Narváez recibieron penas de prisión perpetua. 

En el caso de Jones Tamayo, que fue jefe de inteligencia del Área 323, se lo encontró responsable de una larga lista de hechos en los que se configuraron los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad, torturas y de 15 homicidios. 

Lescano, que era jefe de la Comisaría N° 24, de Libertador General San Martín, en el dominio del Ingenio Ledesma, también fue declarado responsable por allanamientos ilgales, privaciones ilegales de la libertad, torturas, un homicidio y violación sexual. 

El ex alcaide Lucero, que fue jefe la Sección Seguridad Interna del penal de Villa Gorriti, que funcionó como centro clandestino de detención, fue declarado responsable de la privación ilegal de la libertad y homicidio doblemente agravado de Juan Ángel Torres.

Por el mismo hecho fue condenado Narváez, que era jefe de Guardia de Seguridad Externa de Villa Gorriti. 

Siguiendo un orden en cuanto a la gravedad de las penas impuestas, el ex policía  Bernardo Salinas, que también se desempeñó en la Comisaría de Libertador, fue condenado a 25 años de prisión, por hechos de detenciones ilegales, torturas y "violación sexual doblemente agravada por provocar un daño en la salud de la víctima", hecho que fue cometido en perjuicio de tres detenidas políticas. 

El ex teniente Rafael Mariano Braga, que se desempeñó en el Grupo de Artillería de Montaña 5 y como oficial de inteligencia en el Área 323 fue condenado a 24 años de prisión, por 48 hechos de torturas y siete detenciones ilegales.

El ex oficial de Gendarmería Raúl José Borges Do Canto recibió igual pena, a 24 años, por allanamientos ilegales, privaciones ilegales de la libertad y torturas agravadas. En su calidad de jefe de la Sección Mina Aguilar de Gendarmería Nacional, entre enero de 1975 y octubre de 1976, Borges Do Canto participó de la represión a los trabajadores de esa empresa. 

El ex oficial del Servicio Penitenciario jujeño Orlando Ricardo Ortiz fue condenado a 22 años de prisión. Había sido señalado como agente de enlace entre el penal de Villa Gorriti y la central de inteligencia Área 323. También fue declarado responsable de haber participado en detenciones ilegales y torturas.

El ex suboficial ayudante penitenciario de Jujuy Mario Marcelo Gutiérrez, que cumplía funciones en Villa Gorriti, fue condenado a 22 años de prisión, por detenciones ilegales y torturas. 

Herminio Zárate, que también tenía grado de suboficial y también se desempeñaba en Villa Gorriti, recibió una pena de 21 años de prisión, por los mismos delitos. 

Ya entre integrantes de la Policía de Jujuy, el ex ofiical Hugo Armando Ruiz, fue condenado a 20 años de prisión. Cumplía tareas en el Comando Radioeléctrico, donde funcionaba un centro clandestino de detención, y era miembro de la central de inteligencia del Área 323. En su caso también fue declarado responsable de detenciones ilegales y torturas. Igual pena, por detenciones ilegales y torturas, recibió Armando Raúl Claros, que era suboficial de la Policía de la provincia.

En otro grupo, con penas iguales o inferiores a 15 años de prisión quedaron nueve de los represores juzgados en este sexto juicio por delitos de lesa humanidad llevado a cabo en Jujuy. 

El ex alferez de Gendarmería Carlos Raúl Pérez y el ex subcomisario federal Rodolfo Oscar López fueron condenados a 15 años de prisión por hechos de detenciones ilegales y torturas. Además de la pena impuesta, comparten el pedido de la fiscalía, que pretendía para ambos una condena a 25 años. 

Pérez cumplió tareas en la Sección La Quiaca, en el centro clandestino de Guerrero y en el penal provincial de Villa Gorriti. López era subjefe de la Delegación Jujuy de la Policía Federal. 

El ex oficial ayudante de la Policía jujeña Carlos Humberto Cachambe, que cumplía funciones en la Comisaría de Calilegua, también usada para la represión ilegal, fue condenado a 11 años de prisión, por detenciones ilegales y torturas. 

Virgilio Choffi, que era cabo de la Policía de Jujuy y se desempeñó en las dependencias policiales de Calilegua y Libertador, fue condenado a 8 años de prisión.

Pedro Ríos, ex oficial auxiliar de la Policía provincial y que se desempeñó en el Departamento de Informaciones Policiales y fue jefe de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2, recibió una pena de 6 años de prisión. La misma pena recibió Inés Roque Cari, que era oficial ayudante de la Policía y participó en la represión a los mineros de El Aguilar. 

La pena más leve se dictó contra el ex policía provincial, ex futbolista y director técnico Juan de la Cruz Kairuz, que fue condenado a 5 años de prisión en calida de coautor de la privación ilegal de la libertad del médico Luis Ramón Aredez, que fue intendente de Libertador General San Martín y estuvo enfrentado al Ingenio Ledesma. Kairuz fue declarado responsable también por el allanamiento ilegal a la casa de Aredez. 

Por otro lado, el Tribunal absolvió por el beneficio de la duda al ex oficial subayudante del Servicio Penitenciario provincial Osvaldo Héctor Carballo, a quien la fiscalía no había acusado, aunque las querellas sí lo hicieron. 

El Tribunal también dispuso mantener las prisiones preventivas de Jones Tamayo, Braga, Lescano, Salinas, Ruiz, Claros, Do Canto, Narváez, Ortiz, Gutiérrez y Zárate en las condiciones en las que venían, en la modalidad domiciliaria. Y continuarán en libertad de Ríos, Cachambe, Choffi, Kairuz, Cari, Pérez y López.  

Antes de decidir las condenas, el Tribunal rechazó las nulidades que habían planteado las defensas, que objetaban las prisiones preventivas, la mutliplicidad de querellas, afirmaban que las penas pedidas eran irracionales, entre otras observaciones. 

Fuente:Salta12

 LESA HUMANIDAD

Jujuy: dan a conocer el veredicto en una megacausa con 16 expedientes unificados

Culmina el proceso oral y público que se inició en junio del 2018. En cuatro años de audiencias, unos 200 testigos declararon en torno a hechos plasmados en 16 expedientes, en perjuicio de al menos 140 víctimas.

02-12-2022

Durante las audiencias se analizaron hechos plasmados en 16 expedientes, en perjuicio de al menos 140 víctimas.

El Tribunal Oral Federal de Jujuy (TOF) dará a conocer este viernes el veredicto en el juicio de lesa humanidad de la megacausa en la que se unificaron 16 expedientes sobre crímenes cometidos en el Ingenio Ledesma y la Mina El Aguilar durante la última dictadura cívico militar y que tiene como imputados a 20 exefectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Fuentes judiciales indicaron que la audiencia se llevará a cabo a partir de las 16 en la sala de audiencias ubicada en la calle Senador Pérez 187, pleno centro de la capital jujeña, donde se espera la convocatoria de integrantes de organismos de derechos humanos.

El TOF, integrado por Federico Santiago Díaz, María Alejandra Cataldi y Abelardo Basbus, dará de esta forma por finalizado el debate de este proceso oral y público que se inició en junio del 2018.

Desde ese momento y durante las audiencias se ventilaron múltiples hechos plasmados en 16 expedientes, en perjuicio de al menos 140 víctimas y declararon a lo largo de estos cuatro años de audiencias unos 200 testigos, ofrecidos por las partes.

Este proceso es considerado un "megajuicio" porque contempla los vejámenes vinculados a trabajadores desaparecidos en el ingenio Ledesma y Mina El Aguilar y otras sobre detenciones ilegales y desapariciones durante el terrorismo de Estado iniciado 1976.

Al banquillo de los acusados llegaron 23 imputados exintegrantes de las fuerzas armadas y exefectivos de la policía y el penitenciario jujeño, aunque con el transcurso del proceso judicial fallecieron tres de ellos.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) fueron Federico Zurueta y Marina Cura (auxiliar); las querellas las conformaron Paula Álvarez Carreras y Ariel Ruarte por la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, María José Castillo por la agrupación Hijos-Jujuy; María Cecilia Calvo y Sergio Castro por María Villada; además de Andrea Lupiañez y Oscar Rodríguez por Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

En tanto los abogados defensores de los acusados fueron: Ricardo Mario Vitellini por el exoficial del Ejército Mariano Braga; Carlos Rodríguez Vega por los hermanos Ortiz; Matías Perea se desempeñó como defensor oficial, al igual que Maximiliano Ponce y Soledad Jurado.

En su alegato la fiscalía solicitó prisión perpetua para cuatro acusados y penas de entre 15 y 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, en relación a los acusados quienes se desempeñaban como exjefes y subalternos de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.

Entre otros delitos, el MPF consideró acreditados 17 homicidios, seis violaciones sexuales, 169 hechos de privación de la libertad y 126 casos de aplicación de tormentos.

En tanto, diversas organizaciones que luchan por los derechos humanos se convocarán tanto en las salas de audiencias del recinto judicial como a las afueras para reclamar justicia por las víctimas de la 'Noche del apagón' y trabajadores de la minera El Aguilar.

Entre ellos se destacan militantes de la Agrupación Hijos-Jujuy, la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Jujuy, La Asociación de Expresos Políticos de la provincia, además de organizaciones sociales.

Fuente:Telam

JUJUY: El 2 de diciembre se conocerá la sentencia en la Causa Braga.

 

Sexto juicio de lesa humanidad Jujuy 

El 2 de diciembre se conocerá la sentencia en la Causa Braga 

Hay 20 imputados, por delitos cometidos en perjuicio de 120 personas, la mayoría empleadas de Mina El Aguilar y el Ingenio Ledesma. 

Por Elena Corvalan

Tras cuatro años de audiencias, está llegando a su fin el sexto juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Jujuy. Está previsto que la sentencia se conozca el viernes 2 de diciembre. 

Este proceso comenzó a finales de 2018, con audiencias semanales en las que declararon cerca de 500 testigos. Se trata de una megajuicio, con 15 causas acumuladas, sobre secuestros, torturas y desapariciones de trabajadores de Mina El Aguilar y del Ingenio Ledesma, dos de las grandes empresas de esta provincia del norte argentino. En la causa hay 120 víctimas, 44 de ellas siguen desaparecidas. 

Veinte hombres están siendo juzgados, entre militares retirados del Ejército, ex policías de la provincia, miembros de la Policía Federal, de Gendarmería y del Servicio Penitenciario provincial. Aquí también tendrían que haber sido juzgados los directivos del Ingenio Ledesma, pero su propietario, Carlos Pedro Blaquier, y quien fuera su administrador general, el salteño Alberto Lemos, fueron beneficiados por una falta de mérito dictada en 2015 por la Cámara Federal de Casación Penal. Si bien siguen encausados, todavía no se define la continuidad de ese trámite. 

A lo largo de las audiencias de este juicio se han desgranado relatos de los terribles crímenes cometidos en el marco del plan sistemático de eliminación de personas diseñado y ejecutado por los autores de la última dictadura cívico militar. Y, a pesar de esos testimonios, en su última etapa, de los alegatos, se han escuchado expresiones de odio y negacionismo, incluso afirmaciones revictimizantes para personas que han sufrido delitos sexuales. Y esas expresiones provinieron no solo de acusados, sino también de abogados, algunos de la defensa pública nacional.

En la audiencia última anterior, realizada el 25 de noviembre, dijeron sus palabras finales siete de los veinte acusados. No sorprendieron, en el sentido de que reiteraron lugares comunes de la defensa de los represores: hubo una guerra, se cumplían órdenes, se busca venganza y demás. 

Los ex policías de Jujuy José Américo Lescano, Inés Roque Cari, Juan de la Cruz Kairuz y Bernardo Salinas; los militares retirados Juan Carlos Jones Tamayo y Mariano Rafael Braga, y los integrantes del Servicio Penitenciario Provincial Osvaldo Héctor Caraballo y Ceferino Narváez, adelantaron que iban a hablar. El Tribunal les dio 10 minutos a cada uno, y por razones de tiempo Narváez pasó para la última audiencia. 

Los siete que ya hablaron coincidieron en negar responsabilidad sobre los hechos que se investigan aquí. El ex comisario Lescano, para quien el fiscal Federico Zurueta pidió una condena a prisión perpetua, negó participación en los delitos sexuales que se le atribuyen, entre otros hechos ilegales, y aseguró que la acusación fiscal carece de sustento. Lescano fue jefe de la Comisaría 24, de Libertador General San Martín, la ciudad del Ingenio Ledesma, y también cumplió tareas en la Oficina de Informaciones Reservadas. 

El ex oficial ayudante Cari trató de desvirtuar la denuncia en su contra del trabajador minero Mariano Rodríguez y, en general, subestimó los testimonios de las víctimas, son “simples relatos conmovedores”, dijo. Cari se desempeñaba en la Subcomisaría El Aguilar, la fiscalía pidió que sea condenado a 8 años de prisión.  

El ex capitán del Ejército Jones Tamayo desconoció la potestad de la justicia civil para juzgar los actos ilegales cometidos en el marco del terrorismo estatal. “Fue una guerra”, aseguró; se describió como “preso de guerra”, un “prisionero político”, y dijo que debía obediencia a sus superiores jerárquicos. El militar era jefe de la Central de Inteligencia del Área 323, dependiente del Regimiento de Infantería de Montaña 20 (RIM20) con sede en Jujuy. La fiscalía pidió que sea condeando a prisión perpetua.

A su turno, Kairuz, señalado por la familia del médico Luis Aredez, detenido desaparecido, como uno de los que participó de su detención ilegal, insistió en su inocencia, dijo que solo era un jugador de fútbol, e incluso afirmó que por la exposición pública de esta acusación no lo contrataron más de "ningún club". En aquellos años Kairuz era oficial auxiliar de la Policía de Jujuy y que cumplía funciones en la Comisaría de Libertador. La fiscalía pidió que sea condenado a siete años de prisión efectiva.

Bernardo Salinas, que era agente de la Policía y también se desempeñaba en Libertador, apenas habló para repetir que es inocente. La fiscalía pidió que sea condenado a 25 años de prisión por privación ilegítima de la libertad, torturas y cinco hechos de violación sexual.

Rafael Mariano Braga, que se desempeñaba actuó como oficial de inteligencia y está acusado por 51 hechos de torturas y por secuestros, sostuvo que los jueces y fiscales “de aquellos tiempos” son los culpables de los crímenes que se cometieron, igual que sus jefes, los represores Néstor Bulacios y José Bulgheroni, en cambio él, dijo, solo era un simple teniente del Ejército que recibía órdenes. Sobre él pesa un pedido de condena de 25 años de prisión. 

El ex oficial subayudante del Servicio Penitenciario de Jujuy Osvaldo Caraballo, para quien la fiscalía pidió la absolución por falta de pruebas, se congratuló: “la verdad ha salido a la luz”. 

En este proceso se juzga también a los penitenciarios Juan Carlos Lucero, Ricardo Ortiz, Mario Marcelo Gutiérrez y Herminio Zárate; los gendarmes Raúl José Borges Do Canto y Carlos Raúl Pérez; los policías provinciales Armando Hugo Ruiz, Armando Hugo Claros, Carlos Humberto Cachambe, Pedro Ríos y Virgilio Choffi y el policía federal Rodolfo Oscar López. 

Todos tienen pedidos de condena de la fiscalía y las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de víctimas y de familiares. 

Para Lucero, que fue jefe de Seguridad Interna del Penal de Villa Gorriti, que funcionó como centro clandestino de detención, la fiscalía pidió que sea condenado a prisión perpetua. Igual pena solicitó para Ceferino Narváez, que fue jefe de guardia de la Seguridad Externa de este penal. Los otros que tienen pedidos de perpetua son Jones Tamayo y Lescano. 

Y pidió 25 años de prisión para nueve acusados. Para Borges Do Canto y Pérez, acusados por la persecución a trabajadores de Mina El Aguilar; para López, que fue subjefe de la Delegación Jujuy de la Policía Federal; Ruiz, ex oficial de la Policía jujeña que cumplió tareas en el Comando Radioeléctrico y era miembro de la central de inteligencia; Claros, que compartía estas funciones. Y para Ortiz, Gutiérrez y Zárate, del Servicio Penitenciario. El noveno es Salinas. Los otros pedidos de pena van de 12 y 7 años de prisión. 

Fuente:Salta12

Megacausa Jujuy: negacionismo a full 

Las defensas hablaron de "guerra", de que solo "unos pocos" cometieron "excesos"

Hoy se escucharán las réplicas y dúplicas y ya el debate se encamina a su final. Las defensas plantearon nulidades de todo tipo, afirmaron que las condenas altas implican "penas de muerte" y llegaron a cuestionar hasta a las víctimas. 

Por Elena Corvalan

Ricardo Vitellini. 

El juicio en la conocida como Megacausa Jujuy seguirá hoy, día para el que se ha previsto escuchar las réplicas y dúplicas, ya en la última parte de este proceso que lleva más de cuatro años de trámite. 

En la última audiencia, realizada el pasado 27 de octubre, finalizaron los alegatos de las defensas, con la última parte de la extensa exposición del abogado Ricardo Vitellini, defensor del represor Mariano Rafael Braga, acusado en este proceso por delitos cometidos en perjuicio de 51 de las 120 víctimas que son parte del juicio. 

Personas que sufrieron la represión ilegal en Jujuy vienen señalando a Braga como uno de los participantes de los interrogatorios y torturas en los centros clandestinos de detención que funcionario en Guerrero, el Comando Radioeléctrico y el penal de Villa Gorriti. El represor ya cuenta con dos condenas a prisión perpetua, dictadas en el primero y cuarto juicio realizados en la provincia. 

En este proceso, que ahora está llegando a su final, Braga viene negando su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del plan sistemático de eliminación de personas. Afirma que en la década del 70, con el grado de teniente, no tenía poder de decisión y solo cumplía órdenes, y señala a sus superiores como responsables de estos delitos. Esa fue su posición cuando declaró en diciembre del año pasado. Y es el eje que retomó su defensor en el extensísimo alegato que pronunció. Comenzó a hablar en la audiencia del 13 de octubre, siguió en la del 20 y concluyó en la del 27, que duró más de siete horas. 

En líneas generales, el defensor particular siguió la postura de la defensa pública que alegó por los otros  22 acusados en este juicio. Adhirió a los diversos planteos de nulidad realizados por la defensa oficial y también se valió de un discurso negacionista, habló de una "guerra", aseguró que la represión fue "necesaria", afirmó que "si hubo excesos, los responsables fueron unos pocos". “Hubo víctimas del otro lado y nadie lo mencionó”, recriminó, y llegó a una expresión máxima de desprecio con la frase “se hizo desaparecer a mucha gente, pero bueno”, cuando se refería a militantes desaparecidos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). 

Entre las nulidades, pidió que se declaren nulos el alegato fiscal y el de las querellas argumentando que cambiaron la calificación penal. "Su excelencia no estaría en condiciones de dictar una sentencia válida si acoge como válido el planteo de la acusación tanto pública como privada”, aseguró. Como es habitual en estos procesos, dijo que se "se vulneró la garantía de defensa en juicio", que "no se respetó el principio de congruencia y el derecho a la defensa”. También le dedicó un largo rato a responder la mención del término genocidio que había usado la fiscalía, aunque el fiscal Federico Zurueta no pidió penas por esta figura. 

El abogado destacó que Braga, quien era oficial de inteligencia del Ejército, era un teniente recién recibido, que no tenía poder de mando y tampoco conocía la provincia, además de que tenía una dificultad para caminar, y solo se ocupó de llevar el registro de detenidos. "La fiscalía tuvo que acudir a la figura de autoría mediata porque no tenía nada contra Braga, es una construcción ficticia”, aseguró. 

Como la defensa pública, también cuestionó por excesiva la pena solicitada por la fiscalía. Y aseguró, coincidentemente, que por la edad de Braga la pena de 25 años es comparable a una pena de muerte.

"Los responsables fueron unos pocos"

En la primera parte de su alegato Vitellini hizo un repaso del contexto histórico con la perspectiva de sectores negacionistas, como el Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de Salta, que reivindica los golpes de Estado y cuestiona la investigación de los crímenes cometidos en la dictadura. 

“El responsable de la vida y muerte en Jujuy era Carlos Néstor Bulacios (ex jefe del Destacamento de Inteligencia 142)”, aseguró entonces Vitellini. Tras repasar la actividad sindical de la época en Jujuy, recordó medidas de represión decididas por gobiernos constitucionales, para concluir que Braga sólo cumplió con su deber. De eso venía hablando cuando soltó la frase: “si bien hubo excesos, los responsables fueron unos pocos”, negando lo que es cosa juzgada: que existió un plan sistemático de eliminación de personas decidido por la conducción del gobierno de facto. “Hay mucha gente como Braga que está imputado y condenado por el simple hecho de haber ido a trabajar”, insistió. 

“Braga no torturó a nadie sólo se encargaba de llevar registros, solo atendía a las personas que buscaban a sus familiares”, y trabajaba en una oficina “haciendo fichas”, “se limitó a cumplir con su deber sin cometer ningún tipo de delito”, sostuvo.

En el repaso del contexto histórico, citó al sucesión de golpes de Estado que sufrió el país y concluyó: "Nadie se iba después de un golpe de Estado, era parte de las costumbres argentinas".

El defensor trató de hacer aparecer las detenciones ilegales en condiciones infrahumanas, que han sido largamente probadas en estos procesos, casi como simples demoras en comisarías de pueblo: estaban en celdas individuales “que no tendrían toda la comodidad del mundo pero que cumplieron con su objetivo", “no puede significar la acusación de tortura para nadie, el hecho de haber estado sometido a un régimen riguroso de detención”, sostuvo. 

Y se ganó un llamado de atención del presidente del Tribunal, Federico Díaz, por sus referencias a la fiscalía. Había empezado diciendo que los integrantes de la fiscalía y las querellas son en su mayoría gente muy joven “que vienen influenciados por un relato que no hizo más que falsificar la historia”. “Las fuerzas armadas usurparon el poder apoyados por una inmensa mayoría de dirigencia" y "por millones de de personas que integraban el pueblo argentino”, aseguró. Desmereció la memoria de las víctimas, al afirmar que el relato de la fiscalía se basa en ella mientras que el de las defensas "es un relato histórico, no un relato de una memoria construida a medida”. Envalentonado, terminó afirmando que la fiscalía recibe instrucciones del Ministerio de Justicia de la Nación, cuando el Ministerio Público Fiscal es un órgano autónomo. 

El cuento del viejito enfermo

El jefe de la defensa pública, Matías Gutiérrez Perea fue en realidad el abogado que primero alegó desde una postura negacionista. Alegaba a favor del ex integrante del Servicio Penitenciario de Jujuy Mario Marcelo Gutiérrez cuando comenzó a cuestionar los montos de las penas pedidas por la fiscalía y las querellas. 

Una pena de 25 de prisión, implica, "por la edad y el estado de salud de nuestros imputados, una sentencia de muerte”, afirmó. Y llegó incluso a cuestionar que se realicen los juicios por los crímenes de la dictadura: “Qué sentido tiene la pena hoy, en este caso, después de 45 años. No han cometido nuevos delitos. Han demostrado en todo caso que están socializados”. “No existe para este caso, según las pautas constitucionales, necesidad de pena”, aseguró. 

Planteó que si se dictan condenas, deben ser mínimas, y de pisión domiciliaria. Para fundar este planteo habló de “Factores de vulnerabilidad” de los acusados: todos son mayores de 70 años, salvo Hugo Armando Ruiz, que tiene 69, y sus saludes están resentidas. Ceferino Narváez tiene 81 años, destacó; Juan Carlos Jones Tamayo, 71 años. Carlos Raúl Pérez, 70; Rodolfo López, 85; Armando Raúl Carlos, 71 años; Pedro Ríos, 80; Carlos Humberto Cachambe, 79; Virgilio Choffi, 79; Juan de la Cruz Kairuz, 77; Bernardo Salinas, 78; Juan Carlos Lucero, 80; Héctor Osvaldo Caraballo, 74 años, Mario Marcelo Gutiérrez, 79. Solo se le olvidó al defensor recordar que si están siendo juzgados 45 años después de los hechos es porque, precisamente, los represores se encargaron de obstaculizar la investigación de estos crímenes.

A su turno al alegar a favor de Salinas, acusado por delitos contra la integridad sexual, entre otras torturas, la defensora oficial Soledad Carreras Jurado, cuestionó la pena de 25 años solicitada por la fiscalía. También esta abogada afirmó que esas penas elevadas “son verdaderas penas de muerte”. 

Carreras Jurado alegó además por los ex penitenciarios Juan Carlos Lucero, Ceferino Narváez y Osvaldo Héctor Caraballo, acusados por la desaparición de Juan Ángel Robles. También en este caso planteó nulidades. 

Robles fue visto por última vez en la sección de Seguridad Externa del penal de Gorriti. El juez interviniente había ordenado su libertad, su hijo y su abogado lo esperaron en la puerta del penal de Villa Gorriti pero nunca apareció. En su alegato la defensora oficial llegó a recriminar a su familia que no haya más datos de la víctima: “por qué no hicieron la denuncia para tener constancia”, lanzó. 

Fuente:Salta12

 

JUJUY: El negacionismo en el sexto juicio de lesa humanidad.

 

Las víctimas "no están, no existen"

El negacionismo en el sexto juicio de lesa humanidad en Jujuy 

Los alegatos de las defensas de los 20 imputados por actos de terrorismo estatal, vienen exhibiendo la matriz violenta que todavía alienta a algunos sectores de la sociedad argentina. El represor Jones Tamayo dijo que los subversivos ahora están en el gobierno. 

Imagen: Gentileza HIJOS Jujuy

De los tres defensores públicos que vienen exponiendo a favor de los acusados en el sexto juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Jujuy, el abogado Matías Gutiérrez Perea viene destacándose en cuanto a afirmaciones negacionistas, entre frases propias y la lectura de un escrito que el acusado coronel Juan Carlos Jones Tamayo le pidió que acercara al Tribunal Oral Federal N° 1 de Jujuy, que juzga a 20 hombres por crímenes cometidos en perjuicio de 140 personas. 

Los alegatos de las defensas comenzaron el primero de este mes, y vienen sucediéndose cada jueves. El jefe de la defensa pública oficial, Gutiérrez Perea, alegó por Jones Tamayo, para el que pidió la absolución lisa y llana, y otros 13 acusados. 

Ya venía derramando afirmaciones que generaron malestar en las querellas, cuando el último jueves terminó la jornada leyendo un escrito en el que el coronel Jones Tamayo,  un negacionista que reinvindica acciones de la represión ilegal, desconoció "la autoridad de la justicia (civil) para juzgar hechos de guerra". 

El militar recordó que los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar "fueron orquestados a partir de 2003", cuando se derogaron las leyes de obediencia debida y punto final. Pero se juzga solo a los integrantes de las fuerzas legales, se quejó Jones Tamayo. "Los terroristas siguen gozando de esas leyes y beneficios. Hoy muchos terroristas siguen siendo funcionarios de este gobierno y todos siguen en libertad”, aseguró.

Tras enumerar lo que él considera irregularidades, Jones Tamayo afirmó que "la totalidad de estos procesos no son legales, sino una actitud política ideologizada que se encuentra infiltrada y mimetizada como seudo legal”. 

En el escrito el coronel detalló su carrera militar (aunque no completa, señaló HIJOS Jujuy), el ejercicio de la docencia (entre ellas la ironía de que fue profesor permanente de educación democrática en el Liceo Militar General Paz en 1971).

Y recordó que estuvo destinado al Grupo de Artillería de Montaña 5, Jujuy, de 1972 a 1976 y nuevamente en 1980, “como oficial de operaciones” y de 1981 a 1983, como segundo jefe. Por su permanencia en ese tiempo en Jujuy se lo juzga aquí. 

Aunque Jones Tamayo negó pertenecer a la especialidad inteligencia del Ejército y reiteró que “nunca participó ni ordenó ninguna ejecución de ningún tipo de delito”, él mismo reseñó que en 1974, "siendo jefe de la Batería de Comando de la Unidad 5 fue designado también como oficial de inteligencia de esa unidad”, función que desempeñó también en 1975. También desde Jujuy, con el grado de capitán, fue parte del Operativo Independencia en Tucumán, donde el 14 de febrero de 1975 participó en Pueblo Viejo de un enfrentamiento con "elementos de la llamada Compañía de Monte Ramón Rosa Giménez y del Ejército Revolucionario del Pueblo".

Jones Tamayo es salteño. Integra el Centro de Estudios de Historia, Política y Derechos Humanos (que usa la sigla CES) de Salta, una organización que se opone a la investigación de los actos de terrorismo estatal y trata de presentar a los represores como víctimas de una persecución revanchista. 

El coronel estuvo prófugo durante años y fue capturado por efectivos de la Policía federal el 1 de octubre de 2014 en la ciudad de Buenos Aires. 

lxs testigxs víctimas, familiares que fueron brindados en este juicio y en los que la mayoría contó que escuchó las órdenes de torturar, trasladar o lo vio en los centros clandestinos o estuvo en persona con el represor Jones Tamayo. Todxs coinciden en que el que daba las directivas era él, esto también se puede constatar con los testimonios de los de las propias fuerzas de seguridad.

"Memoria contaminada"

El defensor oficial Matías Gutiérrez Perea representa a 14 imputados en largo proceso: Jones Tamayo, el alferez de Gendarmería Nacional Carlos Raúl Pérez, el comisario de la Policía Federal Rodolfo Oscar López, los oficiales de la policía de la provincia Hugo Armando Ruiz, Raúl Armando Claros, Humberto Cachambe, Virgilio Choffi, Pedro Ríos, Juan de la Cruz Kairuz, Bernando Salinas, y a los penitenciarios Juan Carlos Lucero, Zeferino Narváez, Osvaldo Héctor Caraballo y Mario Marcelo Gutiérrez.

También vienen alegando Maximiliano Ponce y Soledad Carreras Jurado, integrantes de la Defensoría Pública. 

Las defensas plantearon nulidades, algo habitual en estos juicios. En este caso, Gutiérrez Pera cuestionó los tiempos judiciales, la duración excesiva de los procesos y los juicios tardíos. "Estamos a 45 años de los hechos", destacó, a pesar de que es sabido que estos procesos se demoraron precisamente por la impunidad que la misma dictadura planificó. "La duración de estos juicios, que lamentablemente llegaron tarde, han producido una contaminación de la prueba. Y esto acarrea una nulidad", sostuvo el defensor. 

A continuación puso en duda la memoria de las personas que dieron su testimonio, con lo cual también relativizó las terribles experiencias que vivieron, nada olvidables. “La memoria está contaminada, desvirtuada", insistió. Añadió que es un problema tanto para la persona testiga que no recuerda como para la defensa, debido a que "es imposible tratar de realizar alguna teoría del caso que nos oriente o alguna prueba de descargo luego de 45 años porque la persona no está, no existe", aseguró. 

Otra nulidad planteada se funda en la "irrazonabilidad de la pena". Las defensas cuestionan que la fiscalía y las querellas hayan pedido penas de 25 años, "el máximo de pena previsto en nuestro ordenamiento, inclusive se pidieron penas de prisión perpetua, pese a no estar vigente", cuando se trata de personas mayores de 70 años de edad, "lo que implica concretamente un pedido de pena de muerte", exageró Gutiérrez Perea. 

Inocentes centros clandestinos

El 15 de septiembre el defensor oficial Maximiliano Ponce, alegó por Hugo Armando Ruiz y Raúl Armando Claros, que en los años de terror estatal actuaron en el centro clandestino de detención, torturas y exterminio (CCDTyE) que funcionó en el Comando Radioeléctrico de Jujuy. “Solo cumplían tareas administrativas”, sostuvo el abogado.

Sobre Claros, que cumplió funciones de inteligencia, el defensor negó esta actividad, insistió en que sólo cumplía órdenes, que era "un oficial de servicio" y no indagaba en los motivos de las detenciones, y hasta llegó a decir que no existía ilegalidad en esas detenciones, dado que no eran centros clandestinos, sino “transitorios”.

Ponce solicitó la absolución de ambos por “beneficio de la duda” y, si no, consideró que su conducta debe ser comprendida en la figura de "error de prohibición", porque “pensaban en forma equivocada que su actuar era legal”. Ruiz y Claros ya fueron condenados en el cuarto juicio de lesa humanidad en Jujuy.

Ponce también alegó en defensa de Carlos Humberto Cachambe, Virgilio Choffi y Pedro Ríos, responsables del secuestro de Guillermo Genaro Díaz, quien aún permanece desaparecido. También en este caso planteó una nulidad y pidió la absolución por la duda. 

Y también los excusó en que eran jóvenes, recién recibidos, que estaban "subordinados" y cumplían órdenes, con lo que reeditó la excusa de la “obediencia debida”, ya desestimada en Argentina. 

Kairuz, "un simple agente oficinista" 

Ponce alegó además en defensa del ex policía Juan de la Cruz Kairuz, quien cumplió funciones como agente del Departamento de informaciones Policiales (DIP-D2) de la Policía de Jujuy, que estaba a cargo del espionaje político de la Unidad Regional 2, cuya jurisdicción era la zona del Ramal jujeño, que comprende a las localidades de Libertador General San Martín, Calilegua, Fraile Pintado, entre otras.

Kairuz es juzgado en este proceso por la primera detención ilegal del médico Luis Ramón Aredez (que en una segunda detención fue desaparecido), y el posterior allanamiento en la casa de su familia. El defensor oficial, que también planteó una nulidad, aseguró que esta acusación se hace "por la sola circunstancia de haber cumplido su función en el momento de los hechos" y solicitó la absolución lisa y llana. 

Y luego, al repasar el legajo de Kairuz, lo describió como un "simple empleado administrativo, un agente oficinista" y aseguró que no cumplió tareas de seguridad ya que era solo un "jugador de fútbol". Efectivamente, Kairuz era futbolista y luego fue director técnico de fútbol, pero también fue policía y actuó en los años de la represión terrorista que desplegó el Estado argentino en la última dictadura. En este juicio hubo testimonios que dan cuenta de su participación en los hechos denunciados, en amenazas y la persecución y el hostigamiento a familias que eran vistas como objetivos del plan sistemático de eliminación de personas, y también se detalló que se movilizaba en vehículos de la empresa Ledesma, que fue partícipe del terrorismo estatal. 

La táctica de cuestionar a las víctimas

En la última audiencia la defensora oficial Soledad Carreras Jurado alegó en representación de Bernardo Salinas, acusado por delitos sexuales, torturas y vejaciones perpetradas en perjuicio de detenidas en el centro clandestino de Guerrero. Empezó pidiendo la nulidad de los alegatos de la fiscalía y las querellas. En subsidio, para el caso de que el Tribunal no declare la nulidad, solicitó la disminución de la pena requerida.

En cuanto a la violación, aseguró que la detenida no pudo identificar a Salinas, y tampoco otro testigo de la violación. También recurrió al argumento de la obediencia y la juventud.

Fuente:Salta12