El pedido de las indagatorias lo hicieron los hijos y la mujer de Santiago Mac Guire, un sacerdote tercermundista que dejó los hábitos para casarse pero que siguió en su militancia social al lado de los más pobres. Lo secuestraron en abril de 1978, en La Paz al 800, cuando llevaba a su hijo Lucas del jardín de infantes.
La familia Mac Guire pidió esta semana al juez Bailaque que se indague a los sacerdotes Eugenio Zitelli, procesado en la causa Feced, y Rodolfo Yaquinto, que era secretario del entonces obispo Guillermo Bolatti, como así también al gendarme Adolfo Kushidonchi, que fue jefe de la cárcel de Coronda. Martín, Lucas, Federico y Bárbara, los cuatro hijos y María Magdalena Carey, la esposa del recordado sacerdote tercermundista del Bajo Saladillo que se enamoró y dejó los hábitos pero siguió militando por los más pobres se presentaron en octubre del año pasado para que se investigue las responsabilidades en el secuestro de Santiago el 18 de abril de 1978, en La Paz al 800, cuando llevaba a su hijo Lucas del jardín de infantes hacia la casa. Santiago estuvo desaparecido doce días en el centro clandestino de detención Casa Salesiana Ceferino Namuncurá de Funes, un mes y medio en el Batallón 121 de Rosario y luego pasó detenido casi seis años en distintas cárceles. Además de pedir las indagatorias, las abogadas Gabriela Durruty, Julia Giordano y Jessica Pellegrini pidieron que la querella pueda presenciar esa declaración, al considerar que es su derecho como víctimas, de acuerdo a las Convenciones de Derechos Humanos vigentes en Argentina (ver aparte). "Creemos que Zitelli debe estar detenido, nos parece que no corresponde haberle puesto una fianza que le permite estar en libertad, porque hay suficientes testimonios de su participación en la represión ilegal", dijo Lucas Mac Guire, que tenía seis años cuando presenció el secuestro de su padre.
Para Lucas, no sólo es importante que se haga justicia por su padre. "Nosotros sabemos que los delitos que cometieron con mi viejo, por más que sean de lesa humanidad, no contemplan muchos años de cárcel. Sí consideramos los elementos que podemos aportar a partir de su secuestro, hubo una persona que estuvo secuestrada junto con 'l, el abogado Eduardo Garat, que continúa desaparecido. De alguna manera, esta presentación también es para reconocer a los que no están", dijo Lucas.
El pedido realizado por Durruty y Pellegrini recuerda en primer lugar, el derrotero de Mac Guire, en base al testimonio del 27 de agosto de 1985 ante la Conadep. "Llega por fin, me sacan de la celda, estábamos extenuados por mucha tortura. Yo estuve en un campo de concentración 12 días en Funes, encapuchados siempre, sin comer. Por caminos de tierra me llevan en auto, no sé pensando que alguno lo podía seguir y aparezco en el 121 y estuve un mes y medio atado de noche y de día a la cama. En ese interín me hacen Consejo de Guerra, me dictan 15 años de reclusión. Podíamos vislumbrar algunos lúcidos de que no íbamos a estar tanto, porque no se podía mantener esa tesitura de los militares genocidas. No se olviden, que yo les estoy hablando de 1978. Mientras yo esperaba, contra la pared, que apenas me podía tener y con las esposas, a 3 metros estaba Zitelli con Kusidonchi. Saben quién es Kusidonchi? Fue el director de la cárcel de Coronda más cruel de la historia, pero con cara de bueno cual nipón en las películas de guerra de la segunda guerra mundial, que cuando salía el visitante tocaba un timbre y lo liquidaba, así era. Fumando, tomando café los dos, Zitelli y el director éste, por fin me hacen pasar, me hace pasar Zitelli, eran dos pares", relató Mac Guire ante la Comisión, y recordó un diálogo que mantuvo con ese sacerdote. "Que tal, cómo está", le preguntó Zitelli a Mac Guire, en condiciones deplorables e ilegales de detención. "Más que eso no pude hacer, mirarlo seriamente y decirle y qué te parece?. Dice 'yo estaba de paso por acá, yo estaba de paso. y cómo anda?'", siguió recordando Mac Guire"¨ Y cómo puedo andar?' insisto, 'muy mal, el Señor me asiste'. Lo desprecié con la mirada, todo lo que pude. Es lo menos que podía hacer", rememoró la víctima. Zitelli era capellán de la policía y no sólo fue visto por Mac Guire sino que hay distintos testimonios en la causa Díaz Bessone de su presencia en el Servicio de Informaciones de Rosario, y de su aval a la tortura como método para obtener información. La presentación judicial también recuerda la declaración de María Carey, el 5 de diciembre pasado, ante el propio juez Bailaque. "Allí sostuvo que a los dos o tres días del secuestro de su esposo, decidió ir al Arzobispado con sus hijos a pedirle a Bolatti que hiciera algo por él ya que Santiago había dado todo por la Iglesia. La hizo volver a los días para decirle que estaba hablando con todo el mundo pero que muchos consideraban que por ahí había sido secuestrado por algún compañero, que era lo que se decía en ese momento, pero que por ahora no me podía dar ningún dato", contó María.
En esa época, con su marido desaparecido y cuatro hijos, María recibió una visita intimidante. "El propio Luciano Jáuregui, quien fuera por entonces jefe del Comando de II Cuerpo con asiento en nuestra ciudad, se apersonó en su casa para interrogarla por Santiago y para decirle que seguramente había sido secuestrado por sus compañeros, coincidiendo con lo que le había manifestado Bolatti", dice la presentación judicial.
La complicidad eclesiástica volvió a quedar al descubierto pocos días después, cuando María recibió un llamado de Rodolfo Yaquinto del Obispado, que le dijo que Santiago había aparecido en el Batallón 121. Fueron al lugar y allí María describe haberlo encontrado a Santiago en una cama atado de pies y manos.
"Estaba muy lastimado, estaba muy mal realmente. Lo vi, mucho no hablamos. Estaba como si lo hubieran torturado, él me dijo que lo habían maltratado, que le habían pasado picana y que lo habían golpeado mucho", recordó la mujer ante el juez.
Luego fue trasladado a la Cárcel de Coronda, donde la familia pudo visitarlo. Allí, Mac Guire le contó a María que estando en el 121 como una visión ve la cara de Bolatti, "porque parece ser que lo fue a ver al 121 y no podía creer que lo había ido a visitar. Y otro que lo fue a ver fue Zitelli, que había sido un cura que lo reemplazó en el bajo Saladillo cuando él se casó conmigo e hizo todo lo contrario a lo que había hecho Santiago, porque ideológicamente no tenían nada que ver. Y también, fue a preguntarle cómo estaba y si necesitaba algo. Ambas visitas fueron rápidas, no sé si Zitelli lo había ido a ver o si se lo encuentra por casualidad en ese lugar. A los dos los ve una sola vez. Bolatti me dijo que sí lo había ido a visitar", rememoró María en diciembre pasado.
Para Lucas, la presentación judicial y el impulso a la causa tiene varios motivos. "Es por mi viejo, es por la memoria de mi papá, pero sobre todo, lo hago más conscientemente por aquellos que no están, y de los que no se tiene ningún dato. Lo fui a ver a mi viejo, incluso en el 121, apenas lo llevaron, maltrecho, torturado, y también a Coronda. Y siempre me quedó esta sensación de que yo a mi papá lo tenía, pensó en los que no estaban. Para mí es esa lucha, poder comprobar a partir del secuestro de mi papá, la responsabilidad que tuvieron en el asesinato de Eduardo Garat", consideró Lucas.
El querellante subraya el papel de la Iglesia. "Los responsabilizamos a ellos de actos de los que fueron absolutamente conscientes, nadie duda que la iglesia pudo haber tenido algo que ver con la aparición de mi papá pero lejos de agradecerles yo tengo que acusarlos. Sí, mi papá apareció, gracias. Pero no es un agradecimiento sino que, a partir de eso hay una clara evidencia de que ellos eran los responsables a quienes mi mamá fue a tocarles la puerta", interpreta el querellante.
La presentación judicial recuerda, además, que el titular de la Unidad Fiscal en materia de delitos de lesa humanidad, Gonzalo Stara, también pidió la indagatoria de Zitelli por estos hechos y ello aún no ha sido resuelto. Y recordó que el 20 de marzo de 2012, Zitelli fue procesado como partícipe necesario de 9 casos de privación ilegítima de la libertad agravada y como coautor del delito de asociación ilícita teniendo en cuenta que "estuvo en las distintas dependencias de la Jefatura de Policía, tanto en la Alcaidía de la Unidad Regional II, como, especialmente, en el Servicio de Informaciones. Entre las personas que allí lo situaron están, por ejemplo, María Inés Luchetti, Olga Cabrera Hansen, Mónica Catoni. En segundo lugar que Zitelli tenía pleno conocimiento del movimiento de personas que estaban privadas de libertad en tales condiciones". El 6 de mayo de 2013 fue procesado por el mismo delito hacia otras cinco víctimas. Ahora, el testimonio de Mac Guire y Carey, agregan que también estuvo en el Batallón 121.
Fuera del lenguaje más judicial, Lucas tiene "esperanza de que el juez Bailaque se pueda acordar del momento en que mi mamá hizo la declaración. La acompañó para que el juez verdaderamente tome conciencia de que Zitelli no tiene que estar en libertad. No puede ser que por una fianza de 50 mil pesos quede libre. Nosotros consideramos que él tiene que estar detenido, tiene que decir qué pasó con Garat, adónde fue a parar su cuerpo. Esperamos que el juez tenga la suficiente fuerza, que tome en cuenta jurisprudencia como la del caso de Von Wernich".
Justamente, las abogadas transcriben algunos párrafos de esa sentencia en su presentación. "En la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 1 de La Plata en la causa N 2506/07 contra Christian Federico Von Wernich, se brindaron valiosos elementos a fin de ponderar la responsabilidad que le cupo al ex capellán como miembro del aparato represivo y que resultan a todas luces enriquecedores en este caso. Allí se dijo: 'No tiene en ese sentido ninguna importancia lo dicho por la defensa en cuanto a que Von Wernich llegaba 'después' de la tortura. Era precisamente esa la tarea asignada en el grupo que integraba'", detalla la presentación.
Por eso, también se pidió por primera vez la indagatoria de Yaquinto. "Debiera imputarse la privación ilegítima de la libertad y los tormentos sufridos por Santiago Mac Guire a Rodolfo Yaquinto, quien se comunicara con su esposa, durante la privación, notificándole el lugar en el que se encontraba", dice el escrito firmado por las abogadas. Yaquinto acompañó a María, la esposa de Mac Guire, al Batallón de Comunicaciones 121 e incluso le facilitó el ingreso al lugar donde su marido estaba detenido ilegalmente.
Durruty y Pellegrini recuerdan que "Yaquinto fue mencionado por otras víctimas de la represión en nuestra zona. En efecto, ya en el año 1984, en su declaración ante la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, María Inés Pérez declaró que ante la desaparición de su hermana María Sol Pérez ocurrida en el mes de diciembre de 1976, la familia realizó innumerables gestiones. Una de ellas fue ante el Arzobispado.
En ese lugar fueron atendidos por el 'Secretario de Monseñor Bolatti, el hermano Yaquinto', a quien conocían sus padres, éste les proporcionó una carta de recomendación del Arzobispo con la que se dirigieron a la jefatura de Policía, a la Sede del Comando, entre otros lugares, todo con resultado negativo".
María Inés Pérez declaró el 3 de abril de 1984, y ese testimonio está incorporado en la causa Feced.
"Estas actividades denotan un grado de compenetración con la represión ilegal manifiesta a las claras su responsabilidad. Si consideramos que fue parte fundamental en el proceso de blanqueo del secuestrado, acorde la teoría que explica la autoría funcional por reparto de funciones, entendemos que el aporte de Yaquinto fue vital para mantener a Santiago Mac Guire cautivo y atormentado, por lo cual entendemos se acredita en exceso el grado de sospecha bastante requerido por la legislación procesal para proceder al llamado a declaración indagatoria".
Para Lucas, resulta incomprensible que Yaquinto nunca haya sido llamado a declarar. "Fue el que se comunicó con mi mamá para decirle que mi papá estaba en el Batallón 121. Mi mamá le había ido a pedir por favor que la iglesia no le soltara la mano a Santiago, mi papá. El le dijo que seguramente lo habían secuestrado los compañeros, como decían en esa época, pero a los dos días cae la cúpula del ejército en mi casa, interrogan a mi mamá", relató su propia historia el querellante.
Por su parte, Kushidonchi también es investigado, a instancias de Stara, por su responsabilidad tanto como director de la Unidad 3 de Rosario en 1976, cuando recibía a detenidos de manera irregular, con evidentes signos de tortura, como posteriormente de la cárcel de Coronda, junto a Octavio Zirane, que murió impune hace pocos días. "La presencia de Kushidonchi en el Centro de Detención Clandestina que funcionaba en el Destacamento de Inteligencia 121, amerita cuanto menos su llamado a indagatoria e inmediata detención por los hechos que sufriera Santiago Mac Guire", expresaron las abogadas.
Para poder mirar a los responsables a los ojos
Las abogadas Gabriela Durruty, Julia Giordano y Jessica Pellegrini solicitan además que la querella pueda presenciar las indagatorias solicitadas. Para eso, consideran que el artículo 295 del Código Procesal Penal contradice las Convenciones de Derechos Humanos a las que Argentina está suscripta. Ese artículo dice que "a la declaración del imputado sólo podrán asistir su defensor y el ministerio fiscal. El imputado ser informado de este derecho antes de comenzar con su declaración".
Durruty lo explica: "Entendemos que se opone a las convenciones internacionales que no se permita a las querellas ingresar al acto de las indagatorias". Además de citar una amplia jurisprudencia sobre el valor y los derechos del querellante, la presentación indica que no tiene sentido la prohibición de presenciar las indagatorias, "si tiene dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que el querellante posee facultad suficiente para proseguir la acusación y por lo tanto realizar la elevación a juicio, reconociéndole además la facultad de proseguir hasta la instancia extraordinaria, aún cuando el Ministerio Público Fiscal haya desistido de la acusación o solicitado el sobreseímiento del imputado". Entonces, para las abogadas, "cómo negarle válidamente la posibilidad de fijar los términos de la acusación, máxime cuando de ello depende el éxito posterior de la calificación final del delito que se juzgue. No es la primera vez que estas abogadas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas piden que las querellas están en las indagatorias. "Entendemos además que el artículo 295 de nuestro Código Procesal Penal no resiste al control de convencionalidad", explican. Lucas expresa su derechos como familiar de una víctima: "Queremos verle la cara a los responsables del secuestro de mi viejo".
Fuente:Rosario12
