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15 de julio de 2023

El juez Daniel Rafecas investigará la masacre de los palotinos.

 

El caso de los cinco sacerdotes y seminaristas asesinados el 4 de julio de 1976

El juez Daniel Rafecas investigará la masacre de los palotinos

La investigación estará centrada en la posible intervención de integrantes de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) después de décadas en las que la pesquisa estuvo enfocada en el accionar de la patota de la ESMA. Las declaraciones de exintegrantes de la PFA y los archivos desclasificados que abonan esta hipótesis.

Por Luciana Bertoia
Imagen: Adrián Pérez

El juez federal Daniel Rafecas investigará la masacre de San Patricio en la que fueron asesinados en julio de 1976 cinco sacerdotes y seminaristas palotinos en el barrio de Belgrano. La investigación que, por décadas estuvo centrada en el accionar de la patota de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), se enfocará ahora en la posibilidad de que la matanza haya sido llevada a cabo por los integrantes de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF).

El 4 de julio de 1976, un grupo de tareas asesinó a los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Dufau y a los seminaristas Salvador Barbeito Doval y José Emilio Barletti. Los asesinos dejaron una leyenda en la escena del crimen: “Por los camaradas dinamitados en Seg. Federal. Venceremos. Viva la Patria”.

Dos días antes, una bomba había estallado en la SSF, un espacio nodal del poder de la Policía Federal Argentina (PFA). Allí tenía sede la estructura de inteligencia de la fuerza y funcionaba uno de los centros clandestinos de la dictadura. La hipótesis que surge de distinta documentación es que los integrantes de la SSF hayan querido buscar venganza y que hayan escogido a los palotinos como sus víctimas. Esa fue la teoría que guió la decisión del juez federal Ariel Lijo –a cargo actualmente de la causa ESMA– para enviarle la investigación a su colega Rafecas, responsable de la pesquisa sobre los campos de concentración que funcionaron en el Primer Cuerpo de Ejército –entre ellos, el edificio de la calle Moreno.

Rafecas decidió hacerse cargo provisoriamente de la investigación y detalló los elementos que le hacen creer que la SSF pudo haber estado involucrada en la masacre del 4 de julio. Entre ellos, se destacan declaraciones brindadas por exintegrantes de la PFA y cables enviados desde la Embajada de Estados Unidos.

En marzo de 1983, el exinspector de la PFA Rodolfo Peregrino Fernández declaró ante los integrantes de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU) para hacer una radiografía de la represión. Él la conocía desde adentro: había sido parte de la Triple A y se había desempeñado en la Ayudantía del Ministerio del Interior de Albano Harguindeguy. Después ratificó su declaración ante Naciones Unidas. Allí contó que conservaba en su poder una agenda de uno de los sacerdotes y dijo que la guardó como prueba de que se encontraba en dependencias del Ministerio del Interior.

Armando Víctor Luchina se desempeñaba en la guardia de prevención del edificio de la SSF. Allí dijo que escuchó a personal policial adjudicarse la autoría de los crímenes. Luchina no identificó a los posibles responsables: solo sugirió que podría la matanza podría haber sido perpetrada por el “grupo operativo de élite de la noche”.

Documentos desclasificados por Estados Unidos a pedido de los organismos de derechos humanos abonan esta línea de investigación. Un cable enviado por la Embajada estadounidense en julio de 1976 al Departamento de Estado avisa que en esa delegación tenían información de que los religiosos habían sido asesinados por efectivos de la PFA. “Ahora resulta claro que fueron asesinados por miembros de la Policía Federal, no de la Armada. La Policía creía que los dos seminaristas estaban relacionados con el movimiento ‘tercermundista’ de sacerdotes, que tiene sedes cerca de la iglesia, por lo tanto, se los consideró un blanco fácil en la ola de ejecuciones extrajudiciales que la policía llevó a cabo en represalia por el bombardeo a la estación de policía el 2 de julio”. Otra comunicación informaba que la Iglesia sabía que los asesinatos habían sido perpetrados por la PFA y que responsabilizaban por estos hechos a Harguindeguy.

Para avanzar con la pesquisa y ponerle fin a 47 años de impunidad, Rafecas pidió informes a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), al Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y a la Morgue Judicial, entre otras medidas. 

Fuente:Pagina12


4 de julio de 2023

La matanza de los curas palotinos: presagios del atentado más sangriento de la dictadura.

 

La matanza de los curas palotinos: presagios del atentado más sangriento de la dictadura contra miembros de la iglesia

La madrugada del 4 de julio de 1976, un grupo de tareas que se trasladaba en dos autos irrumpió en la Iglesia de San Patricio, en el barrio porteño de Belgrano, y asesinó a tres sacerdotes y dos seminaristas. Para ejecutarlos, los alinearon sobre la alfombra del living de la casa parroquial y los fusilaron

Por Daniel Cecchini
4 julio, 2023
Un grupo de tareas ingresó a la casa parroquial cuando los sacerdotes estaban por irse a dormir. Los seminaristas estaban recién llegados del cine (Telam)

A las 7:30 de la mañana del domingo 4 de julio de 1976 ya había no pocos vecinos del barrio porteño de Belgrano reunidos frente a las puertas de la Iglesia de San Patricio. Entre los murmullos de las conversaciones se podía distinguir un comentario reiterado: qué raro que los curas tuvieran todavía el templo cerrado, tan puntuales que eran, sobre todo los domingos, cuando tantos feligreses se daban cita para escuchar la misa.

Entre la gente reunida frente a la parroquia se encontraba un pibe joven. Rolando Savino tenía 16 años y de alguna manera se sentía responsable de la tardanza de los curas, porque era el organista de la iglesia. No pensó en nada raro, simplemente supuso que los sacerdotes se habían quedado dormidos, y con audacia adolescente trepó hasta alcanzar una banderola y se metió en el salón que estaba detrás de la casa parroquial.

No encontró a nadie allí y entonces tomó un manojo de llaves -donde había un juego de la casa donde dormían los curas- y fue a despertarlos. Cuando abrió la puerta, se le escapó un grito de espanto.

“Entré por una ventana lateral porque nadie respondía el timbre y los llamados, pese a que se veían luces prendidas desde afuera. Al subir por la escalera, vi que había una estufa encendida en el pasillo. Los llamé por sus nombres, golpeé con las palmas y, desde el descanso de la escalera pude ver un desorden descomunal y pintadas en las paredes… estaba aturdido. Vi los cuerpos sin vida, una imagen de terror… Volví a la calle y solo pude decir que me parecía que los habían asaltado”, contó muchos años después, cuando declaró en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos por los grupos de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada.

Cuando regresó a la calle le pidió a una vecina que lo acompañara a la comisaría más cercana, la 37, sobre la calle Mendoza, para que viniera la policía. Temblaba.

En la sede policial, tanto Savino como la señora notaron algo raro: el agente que los atendió, a pesar de la escena terrorífica que describía el pibe, se tomó su tiempo para tomar la denuncia y enviar un patrullero.

El periodista y abogado de Derechos Humanos Pablo Llonto reconstruyó así los hechos de esa mañana: “En la 37, sobre la calle Mendoza, notaron las primeras señales de la inevitable complicidad. Un agente policial se hizo el tonto cuando le pidieron que se dirigiera urgente a la parroquia de San Patricio. Al rato algunos patrulleros rodearon el lugar. Simulaban estar impactados por la escena. Después desplegaron la rutinaria y falsa tarea de examinar el lugar mientras le decían al muchacho ‘nos tenés que decir los nombres de los cinco’”.

Sobre el cuerpo de Salvador Barbeito los asesinos pusieron un dibujo de Quino, tomado de una de las habitaciones, en el que Mafalda aparece señalando el bastón de un policía y dice: “Este es el palito de abollar ideologías”
Sobre el cuerpo de Salvador Barbeito los asesinos pusieron un dibujo de Quino, tomado de una de las habitaciones, en el que Mafalda aparece señalando el bastón de un policía y dice: “Este es el palito de abollar ideologías”

Cinco víctimas y dos pintadas

Los cinco muertos eran los sacerdotes palotinos Pedro Dufau, de 76 años; Alfredo “Alfie” Kelly, de 43, y Alfredo Leaden, de 57, y los seminaristas Salvador Barbeito, de 25 y Emilio Barletti, de 24.

Todos yacían alineados bocabajo sobre la alfombra roja del living, donde también se encontraron 35 vainas servidas y 15 proyectiles calibre 9 milímetros.

Sobre el cuerpo de Salvador Barbeito los asesinos pusieron un dibujo de Quino, tomado de una de las habitaciones, en el que Mafalda aparece señalando el bastón de un policía y dice: “Este es el palito de abollar ideologías”.

En las paredes se podían leer dos pintadas: “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la Patria”, decía una de ellas. “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son M.S.T.M (sigla del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo)”, decía la otra.

El mensaje estaba claro. El asesinato de los cinco religiosos era una venganza de los grupos de tareas de la dictadura por el atentado con un explosivo cometido dos días antes por Montoneros en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, donde murieron 24 personas.

El punto culminante de la vendetta tras el atentado del comedor ocurrió en la zona más elegante del barrio de Belgrano, en la casa parroquial de la Iglesia de San Patricio, en la calle Estomba 1942
El punto culminante de la vendetta tras el atentado del comedor ocurrió en la zona más elegante del barrio de Belgrano, en la casa parroquial de la Iglesia de San Patricio, en la calle Estomba 1942

Zona liberada

Los primeros policías en llegar a la parroquia se mostraron horrorizados por la escena de la casa parroquial. Pero ese horror era, en realidad, una simulación: sabían muy bien lo que iban a encontrar. A partir de varios testimonios, se pudo establecer después que la zona había sido liberada por los propios policías de la 37 para que el grupo de tareas pudieran actuar con total tranquilidad.

La madrugada anterior, a eso de la una, los jóvenes Julio Pinasco, Guillermo Silva y Julio Víctor Martínez vieron dos autos Peugeot estacionados frente a la iglesia, con cuatro o cinco hombres dentro cada uno.

Martínez vivía enfrente y era hijo de un oficial del Ejército, el general José Andrés Martínez Waldner, interventor de la provincia de Neuquén. Al ver esos autos sospechosos, temió que se tratara de un comando guerrillero que podía intentar contra su padre y llamó por teléfono a la Comisaría 37.

Al rato llegó un patrullero de la Federal y el oficial Miguel Ángel Romano interpeló a los ocupantes de los autos. Los jóvenes lo vieron hablar con uno de los hombres del Peugeot que estaba estacionado adelante y retirarse con total tranquilidad.

Antes de irse, el oficial de la Federal le dio un mensaje de los ocupantes de los autos al hijo del general: “Si escuchás unos cuetazos no salgás, porque vamos a reventar la casa de unos zurdos”, le mandaron a decir.

Los autos no se movieron del lugar y, aproximadamente una hora después, Silva y Pinasco vieron desde una ventana como varias personas con armas largas se bajaban de los vehículos y entraban a la iglesia.

No escucharon ningún disparo porque -como pudo establecerse después- usaron silenciadores en las pistolas con que ejecutaron a los cinco religiosos.

Se trataba, sin lugar a duda, de una operación militar encubierta perpetrada en una zona liberada por la policía.

En las paredes de la iglesia pintaron: “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la Patria”, y “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son M.S.T.M (sigla del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo)”
En las paredes de la iglesia pintaron: “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la Patria”, y “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son M.S.T.M (sigla del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo)”

La reacción de la Iglesia

La dictadura llevaba poco más de tres meses y acababa de cometer el que pasaría a la historia como el mayor atentado contra la Iglesia en sus más de siete años en el poder.

Sin embargo, los diarios del día siguiente dieron una versión diametralmente opuesta de lo ocurrido. “Elementos subversivos asesinaron cobardemente a los sacerdotes y seminaristas. El vandálico hecho fue cometido en dependencias de la iglesia San Patricio, lo cual demuestra que sus autores, además de no tener Patria, tampoco tienen Dios”, se podía leer en uno de los de mayor circulación.

La jerarquía de la Iglesia no se engañó. Sabía que los padres palotinos estaban siendo amenazados por la dictadura y que la masacre era obra de un grupo paramilitar.

El lunes 5 se realizó una misa en San Patricio por los religiosos asesinados, con presencia de autoridades militares y más de tres mil fieles. En la ceremonia, el padre Roberto Favre -con autorización de sus superiores- señaló elípticamente a los culpables. “No puede haber voces discordantes en la reprobación de estos hechos. Tenemos necesidad de buscar más que nunca la justicia, la verdad y el amor para ponerlas al servicio de la paz. Hay que rogar a Dios no sólo por los muertos, sino también por las innumerables desapariciones que se conocen día a día... En este momento debemos reclamar a todos aquellos que tienen alguna responsabilidad, que realicen todos los esfuerzos posibles para que se retorne al Estado de Derecho que requiere todo pueblo civilizado”, dijo desde el púlpito.

Desde el Vaticano, el papa Paulo VI condenó sin eufemismos el atentado, mientras que su representante en la Argentina, el nuncio apostólico Pío Laghi, concelebraba la misa de San Patricio pero no decía una palabra.

“Yo tuve que darle la hostia al general Suárez Mason. Puede imaginar lo que siento como cura... Sentí ganas de pegarle con el puño en la cara”, le confesó después Robert Cox, director de The Buenos Aires Herald, casi el único diario que por entonces se atrevía a denunciar los crímenes de la dictadura.

Tres días después de los asesinatos, el cardenal Juan Carlos Aramburu y el nuncio apostólico Pío Laghi se reunieron con la Junta Militar para pedir explicaciones. Los jefes militares les dijeron que podrían haber sido “grupos de tareas fuera de control”.

Un juez y un periodista

La investigación judicial quedó a cargo del juez Guillermo Rivarola y de su secretario gustavo Guerrico, que casi no tomaron medidas procesales. Por los testimonios de los tres jóvenes que habían visto a los policías del patrullero dialogando con los asesinos, debieron por lo menos investigar el encubrimiento de la Comisaría 37.

En su libro La Masacre de San Patricio, publicado en los primeros años de la democracia recuperada, el periodista Eduardo Kimel, señaló las irregularidades del procedimiento judicial.

“El juez Rivarola cumplió con la mayoría de los requisitos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomados en cuenta. La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto”, escribió.

Esa denuncia le valió a Kimel la condena de un año de prisión en suspenso por el delito de calumnias.

Recién en 2008 la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exigió al Estado argentino que dejara sin efecto la condena contra el periodista, lo indemnizara y modificara el Código Penal.

A raíz de eso, en octubre de 2009 el Congreso sancionó una ley que despenalizaba los delitos de calumnias e injurias cuando se trata de casos de interés público, conocida como “Ley Kimel”. El periodista no llegó a saberlo, había muerto un año antes.

Los palotinas asesinados fueron Alfredo Leaden, de 57 años, Alfredo “Alfie” Kelly, de 43, Pedro Duffau, de 67 y dos seminaristas, Emilio Barletti, de 23 años y Salvador Barbeito, un gallego de Pontevedra, de 22 años (Télam)
Los palotinas asesinados fueron Alfredo Leaden, de 57 años, Alfredo “Alfie” Kelly, de 43, Pedro Duffau, de 67 y dos seminaristas, Emilio Barletti, de 23 años y Salvador Barbeito, un gallego de Pontevedra, de 22 años (Télam)

El diario del padre Kelly

La investigación deliberadamente fallida del juez Rivarola tampoco tuvo en cuenta que los curas palotinos, y en especial el padre Alfredo Kelly, venían siendo sistemáticamente amenazados debido a sus claras posiciones en defensa de los derechos humanos que, además, daban a conocer en un barrio donde vivían altos jefes militares y jueces funcionales a la dictadura.

Tres días antes de la masacre donde le arrancaron la vida, el padre Kelly escribió en su diario personal una nota inequívoca: “He tenido una de las más profundas experiencias en la oración. Durante la mañana me di cuenta de la gravedad de la calumnia que está circulando acerca de mí. A lo largo del día he estado percibiendo el peligro en que está mi vida. Por la noche he orado intensamente, al finalizar no he sabido mucho más. Creo sí que he estado más calmo y tranquilo frente a la posibilidad de la muerte… Nunca he dudado que fue Él quien me concedió la gracia y tampoco que no soy indispensable, aunque tengo mucho que decirles aún, sé que el Espíritu Santo se los dirá... Y mi muerte física será como la de Cristo un instrumento misterioso, el mismo Espíritu irá a algunos de sus hijos, pedí para que fuese a Jorge y a Emilio, para los que me odian, para los que recibieron a través de mí, para el florecimiento de las vocaciones, para crear hombres dentro de la sociedad que sean necesarios, los que Él desea… En resumen: que entrego mi vida, vivo o muerto al Señor, pero que en cuanto pueda tengo que luchar por conservarla. Que seré llamado por el Padre en la hora y modo que Él quiera y no cuando yo u otros lo quieran”.

Se la arrebataron otros, que 47 años después de su muerte y las de sus compañeros de infortunio, todavía no han podido ser identificados.

La Masacre de los Palotinos fue el atentado más sangriento de la dictadura contra miembros de la Iglesia, pero no sería el último.

En los siguientes treinta días, en Chamical, La Rioja, serían asesinados el obispo Enrique Angelelli y dos de los curas que lo ayudaban en su prédica de defensa de los derechos humanos, los padres Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville.

Fuente:InfoBae



4 de julio de 2022

A 46 años de la Masacre de San Patricio, un crimen contra religiosos que sigue impune.

  ANIVERSARIO

A 46 años de la Masacre de San Patricio, un crimen contra religiosos que sigue impune

Se trató de un hecho que evidenció el accionar criminal de la dictadura militar, dispuesta a asesinar sacerdotes y seminaristas que denunciaban las violaciones a los derechos humanos que entonces se vivía en Argentina.
POR LEONARDO CASTILLO
04-07-2022

Un 4 de julio de 1976 fueron baleados en la parroquia que habitaban en el barrio Belgrano.

Los sacerdotes Alfredo LeadenPedro Dufau y Alfredo José Kelly, y los seminaristas Salvador Barbeito Doval y Emilio José Barletti --integrantes de la congregación católica de los Palotinos-- eran asesinados hace 46 años, un 4 de julio de 1976, por un grupo de tareas en la casa parroquial que habitaban en el barrio de Belgrano, en un hecho que se conoció como la "Masacre de la iglesia de San Patricio".

Desde el año pasado, la comunidad de esa parroquia impulsa acciones como amicus curiae en la causa de lesa humanidad que se sigue por esos asesinatos, pero hasta el momento no hay novedades en el expediente.

El grupo "Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia" insisten en reactivar la investigación de una causa que es instruida por el juez federal Ariel Lijo.

"Hice el preescolar en el Colegio que la Parroquia de San Patricio tiene en el barrio y empecé la primaria ahí, justo cuando comenzaba el Juicio a las Juntas y se ventilaron los crímenes de los religiosos que integraban la orden. Durante años hubo mucho silencio sobre el tema. Pero cuando se cumplieron los 40 años del crimen desde la comunidad decidimos comprometernos para que se haga justicia y este caso no quede impune", señaló a Télam Ramiro Varela, uno de los referentes de este grupo que pretende mantener activa la investigación.

4 de julio de 1976



En la madrugada de ese 4 de julio, dos autos que estaban estacionados frente a la Iglesia de San Patricio llamaron la atención de algunos vecinos de la calle Estomba, en el barrio de Belgrano R.

Julio Víctor Martínez, hijo de un militar que se encontraba destacado en Neuquén, estaba esa noche en su domicilio con unos amigos, y al advertir la presencia de estos vehículos concurrió a la Comisaría 37 para hacer una denuncia.

Un móvil policial se trasladó a San Patricio y el oficial llamado Miguel Ángel Romano se apersonó en el lugar, y tras intercambiar unas palabras con los ocupantes de los autos, se retiró como si hubiera impartido directivas.

Luis Pinasco y Guillermo Silva, dos jóvenes que esa madrugada acompañaban a Martínez, declararon en la causa que, una hora después de que se retirara el patrullero de la seccional 37, varias personas que portaban armas largas salieron de los autos en los que se encontraban y entraron en la iglesia.

Rolando Savino, un adolescente de 16 años que oficiaba como organista de la parroquia, llegó ese domingo temprano para participar de la misa dominical.

En la madrugada de ese 4 de julio, dos autos que estaban estacionados frente a la Iglesia de San Patricio llamaron la atención de algunos vecinos de la calle Estomba, en el barrio de Belgrano R.


Cuando logró ingresar, Savino se encontró con los cuerpos de los religiosos ametrallados en el interior de la casa parroquial, tendidos y alineados sobre una alfombra roja, donde los habían ejecutado.

En las paredes de la casa parroquial, los asesinos escribieron consignas que no dejaban lugar a dudas de la procedencia que tenía el atentado: "Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la patria"; "Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son MSTM (Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo)".

Varela y los integrantes del colectivo "Palotinos, Memoria, Verdad y Justicia" plantearon el año pasado que la Justicia debería seguir la pista sobre la participación que pudo tener en el hecho Gonzalo Torres de Tolosa, exsecretario del Juzgado de Menores N° 9 durante la última dictadura.

Bajo el alias de "Teniente Vaca", este letrado era un civil que integraba el grupo de tareas 3.3.2 que operaba desde la ESMA y que comandaba el genocida Jorge "El Tigre" Acosta.

Savino se encontró con los cuerpos de los religiosos ametrallados en el interior de la casa parroquial, tendidos y alineados sobre una alfombra roja, donde los habían ejecutado.


Tolosa tenía una relación familiar con Acosta, y el excapitán de corbeta Adolfo Scilingo lo señaló ante la Justicia española como participante de los llamados "Vuelos de la Muerte", y también relacionó al funcionario judicial con "La Masacre de San Patricio".

En la ex ESMA, Scilingo estaba encargado de los autos que usaban los represores en los operativos, y en función de las estructuras inorgánicas del terrorismo de Estado tenía como superior, de hecho, a Tolosa.

Parroquia de San Patricio donde fueron perpetrados los asesinatos
Parroquia de San Patricio, donde fueron perpetrados los asesinatos.


El abogado y civil le ordenó a Scilingo que había que cambiarle el color a un Peugeot 504, y ante la pregunta del militar le reveló que ese vehículo había participado del operativo en el que resultaron asesinados los cinco religiosos.

La sobreviviente de la ESMA Marta Remedios Álvarez ratificó esa versión de Scilingo ante la Justicia sobre los dichos de Tolosa, condenado por delitos de lesa humanidad.

En octubre de 2021, "Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia" pidió que se cite a declarar al comisario retirado de la Policía Federal Víctor Hugo Randazzo, quien afirma haber estado destacado en las islas Malvinas como agente de inteligencia durante la guerra con Gran Bretaña, pero su nombre no figura en el padrón de excombatientes confeccionado por el Ministerio de Defensa.

Al momento de producirse los asesinatos de cinco religiosos de esa orden, Randazzo se desempeñaba como oficial principal en la Comisaría 37ª de la Federal con jurisdicción sobre la iglesia de San Patricio.

Randazzo, junto con el comisario Rafael Fensore (ya fallecido), firmó el acta que se labró luego de que fueran hallados los cuerpos baleados de los sacerdotes.

"Fensore estuvo procesado junto al ayudante Miguel Romano como partícipes necesarios del hecho por haber liberado la zona para que se cometa la masacre. El papel de Romano como encubridor fue debidamente probado por el testimonio de los distritos testigos del hecho", le recordó Varela a esta agencia.



En ese documento policial se consigna que "siendo las horas 7.55 de la fecha, se recibe por el aparato telefónico del Estado 51-3333, un llamado telefónico anónimo que dice: 'En la finca de Estomba 1942, se produjo un grave hecho de sangre'".

Para los integrantes del colectivo que impulsa esta línea de investigación, el contenido de esa acta "entra en franca contradicción con lo relatado por Rolando Savino, el testigo que encontró los cinco cuerpos en la primera planta de la casa parroquial de San Patricio".

Savino, "en reiteradas oportunidades manifestó que realizó la denuncia personalmente en la Comisaría 37ª pasadas las 8 de la mañana en compañía de la señora Celia Harper (integrante de la congregación)", sostiene la presentación.

El colectivo insiste que sobre la denuncia de Savino y Harper, integrantes de la comunidad de San Patricio, "nunca se labró un acta correspondiente" por parte de las autoridades policiales que intervinieron en el hecho.

En sus redes sociales, Randazzo afirma que estuvo en Malvinas como agente de inteligencia, pero su nombre no aparece en los registros oficiales de veranos de guerra elaborados por la cartera de Defensa que pueden consultarse pueden consultarte en la página web http://www.veteranos.mindef.gov.ar/index.php

"No figuro en esos listados como excombatiente porque en Malvinas era jefe de contraespionaje de la Policía Federal y estuve en las islas con otro nombre. En la guerra me hacía llamar José María Fernandez Reuther. Y con los de los palotinos no tengo nada que ver. Fue algo que hizo la Triple A de José López Rega", aseguró Randazzo al ser consultado por Télam cuando su nombre fue sugerido como una hipótesis a investigar en esta causa.

Nacido en Córdoba en 1941, Randazzo pasó a retiro de la Federal en 1986 con el grado de comisario, y según los antecedentes que publica en su página de Facebook, estudió idiomas en Francia, realizó cursos de inteligencia en el FBI y la DEA de los Estados Unidos, y trabajó como investigador y analista de inteligencia para empresas privadas.

Actualmente reside en la localidad cordobesa de Villa Allende, donde evoca su pasado "malvinero" en las redes sociales.
Fuente:Telam

25 de octubre de 2021

Piden citar en la causa por la Masacre de San Patricio a un excomisario.

 

Se trata de Víctor Hugo Randazzo

Piden citar en la causa por la Masacre de San Patricio a un excomisario

El hombre afirma haber estado destacado en las islas Malvinas como agente de inteligencia durante la guerra con Gran Bretaña, pero su nombre no figura en los padrón de excombatientes confeccionado por el Ministerio de Defensa.


En la última dictadura fueron asesinados cinco sacerdotes de la orden de los Palotinos.. Imagen: Télam

En el juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva adelante para esclarecer al asesinato de cinco sacerdotes de la orden de los Palotinos se solicitó que se cite a declarar al comisario retirado de la Policía Federal Víctor Hugo Randazzo. Randazzo se desempeñaba como oficial principal en la comisaría 37ª, que se encontraba a cargo de controlar la zona y está sospechada de haber facilitado el accionar represivo de los grupos de tareas militares que secuestraban y desaparecían a opositores durante la dictadura.

"Sería sumamente importante que Randazzo sea citado a declarar para dar explicaciones sobre su responsabilidad en la actuación de la Comisaría 37ª. La complicidad policial es una de las líneas de investigación que se presentan de manera más clara, porque los efectivos que intervinieron antes y después del hecho están positivamente identificados", aseguró Ramiro Varela, integrante del colectivo Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia que forman parte de la querella en la causa y quienes solicitaron la declaración como imputado del ex policía, según informa la agencia Télam.

Los integrantes de la querella argumentaron que Randazzo, junto con el comisario ya fallecido, Rafael Fensore, fueron quienes firmaron el acta oficial de la Policía Federal el 4 de julio de 1976, una vez concretada la masacre y al momento en que se hallaron los cuerpos baleados de los sacerdotes Alfredo Kelly, Alfredo Leaden, Pedro Dufau y de los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, en la iglesia de San Patricio del barrio porteño de Belgrano. En el acta policial se documentó que "siendo las horas 7.55 de la fecha, se recibe por el aparato telefónico del Estado 51-3333, un llamado telefónico anónimo que dice: En la finca de Estomba 1942, se produjo un grave hecho de sangre". Sin embargo, el detalle inscripto por los policías "entra en franca contradicción con lo relatado por Rolando Savino, el testigo que encontró los cinco cuerpos en la primera planta de la casa parroquial de San Patricio", explicó Varela en la solicitud presentada ante el juzgado federal 12 de la ciudad de Buenos Aires y agregó que Savino "en reiteradas oportunidades manifestó que realizó la denuncia personalmente en la Comisaría 37ª pasadas las 8 de la mañana en compañía de la señora Celia Harper".

En el escrito judicial los querellantes que representan a los palotinos indicaron que se trataba de "solo una más de todas las irregularidades", cometidas por los policías la noche de los asesinatos. Otro de los testimonios recogidos en julio de 1976 fue el de un custodio de la casa del entonces gobernador de Neuquén, el general José Andrés Martínez Waldner, que se acercó a un patrullero que pasaba por la zona  y desde el vehículo, le anticiparon lo que sucedería al advertirle que "si escuchás unos cohetazos no salgas. Vamos a reventar a unos zurdos". En el vehículo policial estaban el oficial ayudante Miguel Ángel Romano, el sargento primero Agustín Báez y los agentes Serafín Losada y Atilio Juárez.

El colectivo por la memoria que impulsa la citación a Randazzo ponen énfasis en que nunca se tomó la denuncia de Savino y Harper, apuntando a la complicidad policial con los asesinos de los sacerdotes. "En el caso de Romano, por ejemplo, su responsabilidad penal está sobradamente probada. Luego de 45 años de impunidad, es necesario avanzar no sólo sobre los autores materiales del hecho, sino también sobre sus cómplices y encubridores", destacó el abogado Varela.

Fuente:Pagina12

20 de octubre de 2021

Masacre de San Patricio: piden que la Justicia cite a un comisario retirado.

 

Presentación del colectivo Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia 

Masacre de San Patricio: piden que la Justicia cite a un comisario retirado


El comisario retirado Víctor Hugo Randazzo.

A 45 años de la Masacre de San Patricio, el colectivo Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia le solicitó al juez Ariel Lijo que cite a declarar el comisario retirado Víctor Hugo Randazzo, quien según el escrito “podría ser penalmente responsable de los delitos de encubrimiento, complicidad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de los de falsedad ideológica y violación de sellos y documentos”.

En la madrugada del 4 de julio de 1976 un grupo de tareas asesinó en la parroquia de San Patricio a los sacerdotes Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Dufau, y a los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Viva la Patria”, firmaron los asesinos, en referencia a la bomba en Superintendencia que había explotado tres días antes. El ex guardia Armando Lucchina contó en 2008 ante la Justicia que sus camaradas de la Policía Federal discutieron cómo vengarse, que “triunfó la posición más belicosa” y que luego los escuchó atribuirse la masacre.

La investigación judicial, sin embargo, se enmarca en la megacausa ESMA a partir de testimonios de sobrevivientes que escucharon al marino Antonio Pernías jactarse de haber participado. El ex juez federal Sergio Torres --a quien hoy subroga el juez Ariel Lijo-- llegó a procesar a Pernías y a otra docena de represores por crímenes que incluían los de San Patricio, pero la Cámara de Casación revirtió esa resolución y les dictó la falta de mérito. El único condenado por la masacre fue paradójicamente Eduardo Kimel, el periodista –ya fallecido– que reconstruyó esa historia.

El pedido para que se cite al ex comisario Randazzo lo formuló Ramiro Varela, a quien el juez Casanello aceptó en julio último como amicus curiae por ser integrante del colectivo Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. 

Randazzo era en 1976 oficial principal en la Comisaría 37ª, sospechada cuanto menos de liberar la zona, y firmó junto con el comisario de esa seccional, Rafael Fensore, el acta policial con el que se inicia el proceso burocrático del Estado terrorista. Se retiró de la Policía Federal en 1986 y se presenta como un “prestigioso y conocido investigador profesional” y un “analista internacional en inteligencia”.

Según el escrito, en ese acta hace constar que “siendo la hora 7.55 de la fecha se recibe por el aparato telefónico del Estado 51-3333 un llamado telefónico anónimo que dice: ‘En la finca de Estomba 1942, se produjo un grave hecho de sangre’”. “Lo expresado en dicho documento entra en franca contradicción con lo relatado por Rolando Savino, el testigo que encontró los cinco cuerpos en la primera planta de la casa parroquial de San Patricio, quien en reiteradas oportunidades manifestó que realizó la denuncia personalmente en la Comisaría 37ª pasadas las ocho de la mañana en compañía de la señora Celia Harper”, añade Varela.

La presentación expresa que “esta es solamente una de toda una serie de irregularidades que minaron el procedimiento desde el inicio” y concluye que, así como en los casos del comisario Fensore y del oficial principal Miguel Ángel Romano, conductor del patrullero que se acercó a identificar a los miembros del grupo de tareas luego de una denuncia radicada por el testigo Julio Martínez y omitida deliberadamente en el expediente por el propio Fensore, “Randazzo podría ser penalmente responsable de los delitos de encubrimiento, complicidad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de los de falsedad ideológica y violación de sellos y documentos”.

Fuente:Pagina12

9 de agosto de 2021

Los archivos de la Iglesia que tendrían información sobre "la Masacre de San Patricio"

 08/08/2021  - CINCO RELIGIOSOS FUERON ASESINADOS

Los archivos de la Iglesia que tendrían información sobre "la Masacre de San Patricio"

En 2016, el Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina anunciaron la digitalilzación de archivos de la Iglesia referidos a la última dictadura militar. En ellos podría haber información sobre los asesinatos de los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, ocurridos el 3 de julio de 1976.

El mural que recuerda a los religiosos acribillados hace 45 años.

Los archivos del Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar podrían contener información que permitiría esclarecer la causa que se sigue por "la Masacre de San Patricio", según estiman desde la comunidad palotina que querella en este expediente.

Poco después de los asesinatos de cinco religiosos de esa orden, el nuncio apostólico Pio Laghi le encargó al sacerdote palotino Efraín Sueldo Luque una investigación sobre el caso.

El cura Sueldo Luque, que también era abogado, detectó numerosas irregularidades sobre el procedimiento policial llevado a cabo el 4 de julio de 1976, e incorporó en su informe las declaraciones de Guillermo Silva y Luis Pinasco, dos testigos clave de los hechos.Silva y Pinasco, vecinos de la parroquia, invitaron a entrar en esa fría noche al cabo Pedro Álvarez, custodio de la casa del interventor de Neuquén, el general José Andrés Martínez Waldner.

Álvarez salió al ver un patrullero que pasaba, y desde el vehículo, unos uniformados le advirtieron: "Si escuchás unos cohetazos no salgas. Vamos a reventar a unos zurdos".

La conversación pudo ser escuchada por Silva, quien presenció en horas de la madrugada que unos hombres con armas largas rondaban la casa parroquial, donde fueron asesinados los religiosos palotinos, lo que también vio Pinasco.

El sacerdote y abogado Sueldo Luque remitió las declaraciones de los dos vecinos a la Curia, otra copia se envió a Roma, y es probable que otra copia haya terminado en la sede de la orden palotina en Irlanda, según creen los querellantes.

El juez Guillermo Rivarola y el fiscal Julio César Strassera tuvieron a cargo la causa judicial y cerraron las actuaciones en 1977, sin dictar procesamientos.Por iniciativa del sacerdote Cornelio Ryan, la causa se reabrió en 1984, y el fiscal Aníbal Ibarra solicitó que se incorporaran las declaraciones de Silva y Pinasco.

Pero tres años más tarde el juez federal Néstor Blondi cerró el caso a partir de la sanción de las leyes de impunidad del Punto Final y la Obediencia Debida.

Mucho después, un cable del Departamento de Estado de Estados Unidos, desclasificado por el sitio WikiLeaks, dio cuenta de una reunión entre el embajador de ese país en Argentina en 1976, Robert Hill, con Pío Laghi.

En ese cable diplomático se informaba que Hill le contó que le confió al nuncio que un oficial de alto rango de la dictadura le había dicho que el régimen estaba dispuesto a "limpiar a la Iglesia", y Laghi creyó que el crimen de los palotinos era "el primer paso" de esa supuesta purga.

"Creemos que puede haber documentación en la Iglesia sobre la 'Masacre de San Patricio' y que nos permitiría avanzar en la investigación. Por eso nos gustaría tener acceso a ella", señaló en declaraciones a Télam Carlos Lozza, sobreviviente de la ESMA e integrante de "Justicia Ya", colectivo de derechos humanos que colabora con la querella de la comunidad palotina de San Patricio.

Loza se refirió también al denominado "Sermón de las Cucarachas", homilía que el padre Alfredo Kelly, una de las víctimas de la "Masacre de San Patricio", pronunció semanas antes de ser asesinado.

La Iglesia de San Patricio, en el barrio de Belgrano.
La Iglesia de San Patricio, en el barrio de Belgrano.

"Hermanos: he sabido que hay gente de esta parroquia que compra muebles provenientes de casas de gente que ha sido arrestada y de la que no se conoce su destino. En todo el país surgen más y más de estos casos. Madres que no saben dónde están sus hijos, hijos que no saben dónde están sus padres, familias forzadas al exilio, señales de muerte por todos lados", denunció el sacerdote de frente a los feligreses.

En un barrio acomodado de Buenos Aires, y en una iglesia concurrida por militares y personas socialmente influyentes, Kelly brindó de ese modo un valiente testimonio pero además remarcó: "Quienes medran con la situación por la que están pasando tantas familias argentinas dejan de ser, para mí, ovejas para transformarse en cucarachas".

Hubo una carta que circuló entre feligreses en la cual se solicitaba una juntada de firmas para remover a "ese cura comunista" y balas depositadas en la bolsa de las ofrendas a modo de amenaza, según aseguraron a esta agencia integrantes de la comunidad.

"Creemos que pudo haber gente de la comunidad, fieles que iban a misa e instigaron los asesinatos, escandalizados por las cosas que decía Alfredo y que luego se arrepintieron", afirmó a Télam Ramiro Varela, fundador del colectivo "Palotinos por la Verdad, la Memoria y la Justicia".

Al respecto, Varela recordó que en 1985, Héctor Ruiz Núñez escribió en la revista El Periodista de Buenos Aires que "una importante fuente" de la Iglesia le había dicho que "dos personas encumbradas de Belgrano, que pertenecían a la feligresía de San Patricio", habían "tramitado ante la Santa Sede el levantamiento de sus excomuniones, motivadas por haber propulsado el asesinato de los religiosos".

"Tener acceso a esos nombres nos permitiría tener información para que se avance en las complicidades que hubo con estos asesinatos", indicó Loza.

En 2016, el Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina anunciaron que habían digitalizado los archivos de la Iglesia referidos a la última dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.

Meses más tarde, el Episcopado anunció que los materiales sólo podrían ser consultados por víctimas y familiares de los desaparecidos durante la represión ilegal, en cumplimiento de un protocolo definido por las autoridades eclesiásticas que puede consultarse en el portal web www.episcopado.org.

"Nos gustaría tener acceso a esos documentos y ver si podemos encontrar información para poder avanzar en la causa. Es una esperanza que tenemos", puntualizó Varela.
Fuente:Telam



A 45 años de los cinco asesinatos, la comunidad palotina pidió seguir la pista de la ESMA


Los cinco religiosos palotinos asesinados en la casa parroquial de la iglesia del barrio de Belgrano.

La comunidad palotina de la Parroquia de San Patricio, ubicada en el barrio de Belgrano, impulsa acciones como querellante para que la causa de lesa humanidad que sigue por el asesinato de los cinco religiosos de esa orden católica, ocurrido hace 45 años, se reactive con la investigación de las hipótesis que sindican a efectivos de La Armada como autores de esa masacre.

La semana pasada trascendió que Ramiro Varela, integrante de la comunidad y fundador del colectivo «Palotinos, por la Memoria, la Verdad y la Justicia» se incorporó como «amigo del tribunal», por resolución del magistrado Sebastián Casanello, titular del Juzgado Federal 12, que instruye el expediente por la denominada «Masacre de San Patricio», perpetrada en la madrugada del 4 de julio de 1976 por grupos de tareas del terrorismo de Estado.

En ese crimen, el más grave cometido contra integrantes de la Iglesia Católica en la Argentina, fueron acribillados a tiros en la casa parroquial de San Patricio los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti.

«Hice el preescolar en el Colegio que la Parroquia de San Patricio tiene en el barrio y empecé la primaria ahí, justo cuando comenzaba el Juicio a las Juntas y se ventilaron los crímenes de los religiosos que integraban la orden. Durante años hubo mucho silencio sobre el tema. Pero cuando se cumplieron los 40 años del crimen desde la comunidad decidimos comprometernos para que se haga justicia y este caso no quede impune», señaló Varela en diálogo con Télam.

Así fue como Varela, junto a un grupo de compañeros de la comunidad, decidió fundar el colectivo «Palotinos, Memoria, Verdad y Justicia», para apoyar a la querella y «mantener vivo el recuerdo» de los cinco mártires de la comunidad, víctimas de la represión ilegal que se ejerció en Argentina durante la última dictadura cívico-militar.

El horror, hace 45 años

El crimen de San Patricio es el más grave cometido contra integrantes de la Iglesia Católica en la Argentina.

El crimen de San Patricio es el más grave cometido contra integrantes de la Iglesia Católica en la Argentina.

En la madrugada de ese 4 de julio, dos autos que estaban estacionados frente a la Iglesia de San Patricio llamaron la atención de algunos vecinos de la calle Estomba, en el barrio de Belgrano R. Julio Víctor Martínez, hijo de un militar que se encontraba destacado en Neuquén, estaba esa noche en su domicilio con unos amigos, y al advertir la presencia de estos vehículos concurrió a la Comisaría 37 para hacer una denuncia.

Un móvil policial se trasladó a San Patricio y el oficial llamado Miguel Ángel Romano se apersonó en el lugar, y tras intercambiar unas palabras con los ocupantes de los autos se retiró como si hubiera impartido directivas.

Luis Pinasco y Guillermo Silva, dos jóvenes que esa madrugada acompañaban a Martínez, declararon en la causa que, una hora después de que se retirara el patrullero de la seccional 37, varias personas que portaban armas largas salieron de los autos en los que se encontraban y entraron en la iglesia.

Rolando Savino, un adolescente de 16 años que oficiaba como organista de la parroquia, llegó ese domingo temprano para participar de la misa dominical. Cuando logró ingresar, se encontró con los cuerpos de los religiosos ametrallados en el interior de la casa parroquial, tendidos y alineados sobre una alfombra roja, donde los habían ejecutado.

En las paredes de la casa parroquial, los asesinos escribieron consignas que no dejaban lugar a dudas de la procedencia que tenía el atentado: «Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la patria»; «Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son MSTM (Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo)».

Varela y los integrantes del colectivo «Palotinos, Memoria, Verdad y Justicia» creen que en la Justicia debería seguir la pista sobre la participación que pudo tener en el hecho Gonzalo Torres de Tolosa, exsecretario del Juzgado de Menores N° 9 durante la última dictadura. Bajo el alias de «teniente Vaca», este letrado era un civil que integraba el grupo de tareas 3.3.2 que operaba desde la ESMA y que comandaba el genocida Jorge «El Tigre» Acosta.

Tolosa tenía una relación familiar con Acosta, y el excapitán de corbeta Adolfo Scilingo lo señaló ante la Justicia española como participante de los llamados «Vuelos de la Muerte», y también relacionó al funcionario judicial con «La Masacre de San Patricio».

En la ESMA, Scilingo estaba encargado de los autos que usaban los represores en los operativos, y en función de las estructuras inorgánicas del terrorismo de Estado tenía como superior, de hecho, a Tolosa.

El abogado y civil le ordenó a Scilingo que había que cambiarle el color a un Peugeot 504, y ante la pregunta del militar le reveló que ese vehículo había participado del operativo en el que resultaron asesinados los cinco religiosos.

La sobreviviente de la ESMA Marta Remedios Álvarez ratificó esa versión de Scilingo ante la Justicia sobre los dichos de Tolosa, quien en la actualidad cumple una condena por delitos de lesa humanidad y se encuentra bajo arresto domiciliario por razones de salud.

En julio de 2006 el juez Sergio Torres procesó por el asesinato de los palotinos y otros crímenes a 18 integrantes del GT 3.3.2: Antonio Pernías, Jorge «El Tigre» Acosta, Alfredo Astiz, Juan Carlos Rolón, Jorge Carlos Radice, Ernesto Frimón Weber, Oscar Antonio Montes, Manuel Jacinto García, Alberto Eduardo González, Jorge Raúl González, Jorge Enrique Perren, Francisco Lucio Rioja, Nestor Omar Savio, Pedro Antonio Santamaría, Víctor Francisco Cardo, Roque Angel Martello, Luis María Mendía y Ricardo Guillermo Corbetta.

Pero un año más tarde, la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires revocó los procesamientos por falta de pruebas y la investigación se paralizó.

En 2013, Torres ordenó una pericia balística sobre los 28 proyectiles y 35 vainas servidas que se recolectaron en la casa parroquial y que habrían sido disparadas de cinco armas distintas. Se concluyó que eran armas de 9mm, que en esos años eran utilizadas tanto por los efectivos de la Armada como por los de la Policía Federal.

Ese dato le daba algún asidero a la versión que indicaba que la masacre de la Parroquia de San Patricio era «una venganza» de la Policía por la bomba que la organización Montoneros había puesto días antes en la sede de Coordinación Federal.

Torres, que durante años tuvo a su cargo de la megacausa ESMA, es ahora juez de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, y este año la instrucción de la «Masacre de San Patricio» está en manos de Casanello.

«Creemos que la autoría material estuvo a cargo de la Armada y que la (Policía) Federal liberó la zona. Sabemos que estamos en una carrera contra el tiempo porque los genocidas se van muriendo. Pero no vamos a dejar de militar esta causa y dar la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia», puntualizó Varela.

Fuente:InfoArenales