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7 de octubre de 2021

LA PAMPA: Subzona 14: declaró Marín y recordó cuando el represor Jorge Rafael Videla estuvo en Pico.

 Subzona 14: declaró Marín y recordó cuando el represor Jorge Rafael Videla estuvo en Pico

“Vino (Jorge Rafel) Videla a inaugurar dos máquinas nuevas en una fábrica de bulones, Luna Hermanos de Pico. Y alguien le tiró unos panfletos en contra de los militares, que pegaban contra el parabrisas del auto en el que viajaba”, recordó el ex gobernador.

El ex gobernador Rubén Marín declaró ayer como testigo, en el tercer juicio contra los represores de la Subzona 14. El que era vicegobernador de la provincia en el momento del golpe, aseguró que «los militares conocían el detalle de cada uno de nosotros».

Luego de la audiencia, Marín le dijo a La Arena que sentía «la satisfacción de creer que fue oportuno lo que se hizo en ese tiempo. Y quiero agradecer que las organizaciones sociales, más allá de sus pertenencias políticas, en conjunto, no dejaron caer nunca las banderas de derechos humanos».

El ex gobernador identificó al represor Ramón Camps, como quien hizo todas las tareas de inteligencia previas al golpe. «Era el tipo que hacía relaciones sociales, cuando estuvo acá. En el golpe ya no estaba, pero antes visitaba a la parte política, veía al gobernador, venía a la vicegobernación, también a la parte privada, como la Cámara de Comercio. Y Baraldini era el que lo acompañaba siempre, como el edecán, pero no lo dejaba entrar a las reuniones, se quedaba afuera. Después tomamos conciencia de lo que hacía, supongo yo que era el que estaba averiguando todo».

Por otra parte, Marín señaló que algunos «mencionaban a los que fueron detenidos y picaneados, como que eran quienes habían denunciado a otros. Eso me dolió mucho», y añadió que «muchos declararon que no saben lo que firmaron, los torturaban encapuchados, los picaneaban, y después les hacían firmar declaraciones que ya venían hechas».

«A esta altura, donde uno tiene más pasado que futuro, me gusta que se ocupen de esto, porque no me gustaría que esto se repita», enfatizó.

Sociedad de miedo

El ex gobernador recordó que «había una tanqueta del Ejército de Pico afuera del estudio todo el tiempo. No entraba nadie, mis amigos me veían caminando y se cruzaban de vereda, porque había una sociedad de miedo». Dijo que en ese momento el abogado Ballari y Fuad Luca lo ayudaron a mantener a su familia, porque «me echaron del Banco Industrial del que era apoderado, y de varios gremios en los que cumplía esa función. Me llegaron todos los telegramas juntos».

Marín dijo que en octubre del ’76 «vino (Jorge Rafel) Videla a inaugurar dos máquinas nuevas en una fábrica de bulones, Luna Hermanos de Pico. Y alguien le tiró unos panfletos en contra de los militares, que pegaban contra el parabrisas del auto en el que viajaba».

«Cuando prendieron las máquinas nuevas de la fábrica, no avisaron que iba a haber un consumo mayor, y se cortó la luz. Pensaron que era un atentado, y vinieron a mi casa a detenerme. Detuvieron también a dos integrantes de Luz y Fuerza. Me dijeron que tenía que venir a la Seccional Primera a notificarme, pero que podía venir al día siguiente», relató.

Y añadió que estuvo «detenido dos o tres días, y me subieron a declarar. No me pegaron, ni nada, pero no vi a quien me interrogaba porque tenía un reflector enorme, sólo le veía las manos que eran de una persona joven».

«Me preguntaron quién había tirado los panfletos cuando vino Videla, y de dónde había sacado los dólares Juan Carlos Suárez (era funcionario provincial hasta el momento del golpe). Suárez después me dijo que vendió un auto, y cambió 50 para comer, porque no había cobrado el sueldo», señaló, y agregó que «me llevaron a Jefatura, y me dejaron como una hora en la puerta esposado, para que todos vean que estaba preso el vicegobernador».

Dijo que siempre estuvo detenido en la Primera, donde «abajo funcionaba la comisaría y arriba funcionaba la subzona, porque por lo menos ahí era donde interrogaban y torturaban», y añadió que «el comisario de la primera, que yo lo conocía de Pico, me dijo que arriba funcionaba la subzona, y que ahí no podía intervenir».

Asimismo, dijo que «en otra oportunidad, un conocido de apellido Jiménez, que trabajaba de ordenanza, me dijo que me iban a detener. Cuando me vinieron a buscar, el fiscal Miguel Ángel Nardillo dijo que no me detuvieran, para no ‘hacerme víctima’, mejor me podía hacer una causa, y cortarme la carrera política». Dijo que le iniciaron dos juicios, de los que fue exculpado por José Mario Triputti, quien actualmente integra el tribunal que lleva adelante el juicio.

Investigaciones y sumarios

Marín recordó que «cuando asumimos en el 83 me costó dos días pensar qué hacer. Porque había vecinos que los hijos jugaban con sus hijos en la vereda, y ellos después iban a la comisaría a picanear», dijo, y recordó: «Nosotros hicimos dos decretos, el primero fue investigar las violaciones contra los derechos humanos, y después reincorporar a los despedidos por cuestiones políticas».

«Fueron para investigar los delitos contra los derechos humanos cometidos por la policía en la provincia. Para el resto no teníamos jurisdicción. Juan Carlos Tierno y Timoteo Truohuill, que era un comisario retirado, fueron los únicos que se ocuparon de conseguir pruebas», señaló, y acotó: «Firmé el decreto porque creía que el pueblo pampeano debía saber lo que había pasado».

«Acá se convive bien, independientemente del pensamiento político. Se exoneró a los policías que se consideraron responsables de tortura. Cuando me voy del gobierno, el STJ se declaró incompetente, porque había tribunal militar. También estaba la Conadep, a la que se enviaron copias de los expedientes. Hoy sólo tenemos los de la Conadep, porque los del tribunal militar fueron quemados», dijo. Y recordó que «esta fue la única provincia de la Argentina que tomó la decisión de juzgar la violación de los derechos humanos».

Cinco testigos más

Otro de los testigos que declaró en la jornada de ayer, fue Néstor Bosio, quien era delegado normalizador de la Facultad de Agronomía antes del golpe. Aseguró que su función era defender a la Universidad, «y los que vinieron luego la destruyeron». Fue trasladado a la Seccional Primera, donde fue interrogado, encapuchado y esposado por su actividad en Agronomía. Luego, fue trasladado a la Colonia Penal, donde se le informó que estaba a disposición de la Subzona 14. Después de alrededor de dos semanas, fue liberado.

Otros dos testigos que prestaron declaración ayer fueron Dora Zapata y Carlos Enríquez, un matrimonio que viajó a La Pampa de paseo, y fue detenido por la Subzona 14.

Oscar Aguirre, otro de los testigos, señaló que fue secuestrado por la Subzona 14 porque tenía armas, ya que era cazador. Declaró además Nelly Flores, hija de Julián Flores, un empleado estatal víctima de la Subzona.

Fuente:MaracoDigital.Net

14 de enero de 2021

LA PAMPA: Subzona: el tercer juicio comenzará el lunes 12 de abril.

Subzona: el tercer juicio comenzará el lunes 

12 de abril

14/01/2021 

La fiscala federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, anticipó que la tercera etapa del juicio a los represores de la Subzona 14 comenzará el 12 de abril de este año. Por la pandemia, aún no está determinado si será remota o presencial.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) realizó un panorama federal de los juicios en pandemia, donde relevó las opiniones de los fiscales generales de distintas provincias. Allí, repasaron las dificultades del trabajo durante el 2020, los puntos altos y los desafíos para este año.
En ese marco, compartieron declaraciones de «la recientemente asumida fiscal federal de Santa Rosa, provincia de La Pampa, Iara Silvestre, quien subroga desde el 1º de enero la Fiscalía General ante el TOF de esa ciudad». Según las declaraciones difundidas por el MPF, Silvestre destacó que en esa jurisdicción «ya tenemos debates fijados para febrero y marzo, en cinco causas diferentes, todas a realizarse vía remota, por Zoom». A su vez, la fiscal explicó que «esta herramienta ha sido fundamental para dar continuidad a las causas, tanto en primera instancia como en etapa de juicio oral».
Por otro lado, puso de relieve que «la mayor expectativa está centrada en el debate de la causa 31000615/2010, por delitos de lesa humanidad». En esa línea, reveló que «ya tenemos fecha a partir del 12 de abril -todavía no se ha definido si se hará remota o presencial – y esperamos concretar, ya que se trata del tercer juicio por los hechos acaecidos en esta provincia; esta vez los acusados integran la cúpula militar y se suman dos casos de delitos contra la integridad sexual que serán juzgados como de lesa humanidad».

Audiencia preliminar.
El pasado 30 de noviembre se llevó a cabo la audiencia preliminar correspondiente a esta tercera etapa. Convocada por el TOF, integrado por Marcos Javier Aguerrido, José Mario Triputti y Pablo Díaz Lacava, el encuentro comenzó a las 8.30 y se realizó por videoconferencia. Tras la jornada, el abogado querellante Franco Catalani comentó a LA ARENA que se trató de una audiencia preliminar que «no está prevista en el Código Procesal, sino que está en una acordada de la Cámara de Casación que es especial para las causas por delitos de lesa humanidad». Se trata de una herramienta para que se acuerden los criterios para agilizar la toma de testimonios, evitar dilaciones innecesarias, analizar las pruebas y evitar una revictimización de los testigos. Además, es para «acordar en la medida en que fuera posible la forma de las audiencias, los días y los horarios».
En este caso puntual, comentó Catalani, «no se avanzó demasiado. La defensa no ha propuesto ningún tipo de prueba». A su vez, explicó que «los testigos en general propuestos por la Fiscalía, y a los que adhirió la querella, son muchos y en su gran mayoría son gente de edad avanzada», por lo que se propuso -y así lo aceptó el Tribunal- ir «viéndolo a medida que se vaya desarrollando el debate». De todas maneras, afirmó que «la Fiscalía no desistió de ninguno de los testigos propuestos y dijo que los iba a ir viendo en la medida en que transcurriera el debate. Eso fue casi todo».

Baraldini, imputado.
Uno de los temas que todavía está en discusión es si Baraldini, está o no en condiciones de afrontar el juicio. Para los fiscales y las querellas sí lo está y para sus abogados defensores padece un deterioro cognitivo que se lo impediría.
En relación a esta cuestión, Catalani confirmó en aquel entonces que «hasta ahora no está excluido del debate. Hay un informe médico negativo, como que no estaría apto para enfrentar la audiencia, de todas formas los médicos que lo trataron hicieron la salvedad de que hacía falta un examen presencial, personal, para poder tener un criterio definitivo». A su vez, desde la querella también se propuso una pericia de parte.

Imputados.
Además de Baraldini, están imputados el ex militar Néstor Greppi, el expolicía Carlos Reinhart, ambos condenados en juicios previos, los militares Jorge Omar De Bartolo, excapitán del Ejército y responsable de la logística del Regimiento de Toay, y Gerardo José Jáuregui, ex mayor jefe de operaciones del mismo regimiento, que falleció el mes pasado.
También están acusados el expolicía Humberto Riffaldi, jefe del departamento de informaciones de la Policía, y el ex comisario Roberto Fiorucci, también condenado en el primer juicio, mientras que en el segundo quedó afuera por su estado de salud.
La acusación también incluye el juzgamiento de crímenes contra la libertad sexual. Son los casos de Greppi, Baraldini, Fiorucci y Reinhart, a quienes se endilga el delito de abuso sexual con acceso carnal.
En esta tercera etapa se juzgan a los responsables de delitos de lesa humanidad contra 196 víctimas, y hasta el momento se tienen identificados a 178 testigos, para brindar declaración.

Delitos sexuales.
En la audiencia también participó el subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Fasce. El funcionario señaló en su momento que esta instancia de enjuiciamiento «tiene la particularidad de que incorpora como figura los delitos contra la integridad sexual de las mujeres secuestradas y torturadas por la maquinaria represiva que se montó en La Pampa durante los años del terrorismo de Estado».
«Esta es la primera vez que se realizará un juicio de este tipo en La Pampa. Los delitos sexuales fueron parte del plan represivo de la dictadura cívico-militar y una muestra de la violencia de género ejercida por los integrantes de los grupos de tareas», concluyó.

Fuente:LaArena