ROSARIO: Complicidad civil en la dictadura: comienza el juicio "Acindar".

 

Complicidad civil en la dictadura: comienza el juicio "Acindar"

Se trata de uno de los múltiples casos de responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983.

12 DE NOVIEMBRE DE 2023

Todo listo para el inicio de un juicio que intentará saldar una de las tantas heridas abiertas por la última dictadura cívico-militar. Se trata de otro de los casos de complicidad civil y responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983.

 

Comienza el juicio “Acindar” por la represión ilegal en Villa Constitución. Entre los 22 acusados hay dos ex directivos de la empresa siderúrgica Acindar, ex miembros del Ejército, la Policía Federal y de Santa Fe y Prefectura por su responsabilidad en delitos contra 67 personas a partir de marzo de 1975.

  

Este lunes a partir de las 10, el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario comenzará a juzgar a 22 acusados por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la localidad santafesina de Villa Constitución a partir de marzo de 1975.

Entre los imputados se encuentran Roberto Pellegrini y Oscar Torralvo, ex directivos de Acindar, junto a ex miembros del Ejército, de la Policía Federal y provincial y de Prefectura Naval por delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, asociación ilícita y homicidios que tuvieron como víctimas a 67 personas.

La audiencia se realizará de manera presencial en la sala del TOF 1, en el primer piso de Oroño 940, y se podrá seguir en vivo a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=JZBvrp1tpNQ

La causa abarca la represión ilegal en la localidad de Villa Constitución desatada sobre un amplio arco de trabajadores y trabajadoras, militantes políticos y sindicalistas como respuesta a un creciente activismo político y sindical que vivía la zona y que había desembocado en las protestas y paros conocidas como el “Villazo” de 1974 y en la llegada de activistas sindicales combativos a la conducción de la UOM local.

El gobierno nacional denunció la existencia de un complot subversivo y a partir del 20 de marzo de 1975 llevó adelante una ocupación por fuerzas represivas de la ciudad que apuntó sobre todo a los trabajadores metalúrgicos de Acindar y de las otras fábricas de Villa Constitución.

 

Sobrevivientes de la ESMA respaldan a Massa: "No podemos ser indiferentes"

Al menos 18 personas vinculadas a Acindar fueron asesinadas, 8 se encuentran desaparecidas y 69 estuvieron detenidas y luego fueron liberadas, según relevó la investigación “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad” realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y el Área de Economía y Tecnología de FLACSO.

Durante la investigación judicial, con el aporte imprescindible de las y los sobrevivientes, se logró probar el rol central que tuvo la empresa en esos crímenes: confeccionó listas de personas a detener, permitió el ingreso de los grupos de tareas a la fábrica para realizar secuestros y aportó información para identificar y ubicar a las víctimas en sus domicilios. También dispuso espacios físicos de la planta para el funcionamiento de un centro clandestino de detención, en el denominado Albergue de Solteros, cedió vehículos y viviendas para las fuerzas represivas y abonó un sobresueldo a las fuerzas de seguridad.

Hasta 1976, la siderúrgica estuvo presidida por José Alfredo Martínez de Hoz, luego designado ministro de Economía por la dictadura, y su lugar en el directorio fue ocupado por el general Alcides López Aufranc.

Los dos imputados civiles, Pellegrini, ex jefe de relaciones laborales de la siderúrgica, y Torralvo, empleado jerárquico, son los dos únicos responsables empresariales que llegaron a juicio oral.  Son muchos los testimonios que los mencionan como los nexos directos entre la empresa y las fuerzas represivas. Otros posibles imputados civiles fallecieron antes de que el proceso judicial avance respecto a su responsabilidad o fueron apartados por problemas de salud, lo que muestra la resistencia del poder judicial a investigar estos casos.

El resto de los acusados son ex militares del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, sede del Área Militar 132; ex miembros de la Policía Federal de la Delegación Rosario y de la Dirección General del Interior; ex integrantes de la Prefectura Naval de Rosario y de Villa Constitución y ex policías de la Provincia de Santa Fe y de la Guardia Rural Los Pumas.

El avance de las causas por responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad son una prioridad para la Secretaría de Derechos Humanos. Por tratarse de actores civiles y económicos, son las que mayor resistencia generan en el Poder Judicial y las que más demoras registran. Es por eso que se les dio un fuerte impulso en todo el país para evitar que haya impunidad y para que las víctimas puedan conocer la verdad y puedan acceder a la justicia y reparación en un plazo razonable.

Desde la vuelta de la democracia, ya fueron condenados por su participación en el terrorismo de Estado 1200 genocidas. Para más información, podés ingresar a juiciosdelesahumanidad.ar.

Fuente:Infonews.cooperativa

 

Hay dos exdirectivos entre los acusados por delitos de lesa humanidad

Casación pide poner fecha para el juicio sobre la represión a los obreros de Acindar

Por los secuestros y asesinatos ocurridos en marzo de 1975 deben sentarse en el banquillo dos civiles que eran jefes en la siderúrgica, integrantes del Ejército, de la policía y de una guardia rural.

Por Luciana Bertoia

La Cámara Federal de Casación Penal reclamó que se ponga fecha para llevar a cabo el juicio sobre la represión a quienes participaron del “Villazo” en el cordón del Paraná. Allí, los secuestros, las torturas y los asesinatos comenzaron un año antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Por estos hechos deben responder dos exdirectivos de Acindar –la siderúrgica cuyo directorio era presidido por José Alfredo Martínez de Hoz, que después pasó a hacerse cargo del Ministerio de Economía de la dictadura–, integrantes del Ejército, de la policía e incluso miembros de una guardia rural conocida como Los Pumas.

La Sala IV de la Cámara de Casación tuvo que analizar la prórroga por seis meses de la prisión preventiva de tres de los imputados, Antonio Federico Bossié, Roberto José Pellegrini y Raúl Roberto Squiro. En esa oportunidad, los camaristas Gustavo Hornos y Javier Carbajo convalidaron la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de Rosario de mantener detenidos a los acusados pero le dijeron que “extreme los recaudos para fijar prontamente audiencia de debate”. La resolución no la firmó Mariano Borinsky porque estaba de licencia, explicaron fuentes de los tribunales.

Los procesamientos sobre la represión a los trabajadores que se organizaban alrededor de Acindar fueron dictados en marzo de 2020 –cuando se cumplían 45 años de ese operativo– por el juez Marcelo Bailaque. Incluían a Pellegrini, jefe de Personal de la empresa, y a Ricardo Torralvo, otro directivo de la empresa.

Sin embargo, la Cámara Federal de Rosario, al revisar la decisión de Bailaque, alivió la situación de Pellegrini y le dictó una falta de mérito a Torralvo porque no estaba claro si era jefe de Contaduría o pertenecía al área de Personal. Parte de esa indeterminación se debe a que su legajo no está en poder de la Justicia porque se quemó en el incendio de Iron Mountain.

El año pasado, la Sala IV dejó sin efecto las faltas de mérito que había dictado la Cámara de Rosario porque entendió que las pruebas fueron analizadas de manera descontextualizada, tal como habían planteado las querellas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN) en conjunto con el Ministerio Público Fiscal.

En esa oportunidad, Borinsky había dicho que en las causas de lesa humanidad no puede prescindirse del análisis del contexto ni del carácter clandestino de las acciones represivas. Hornos, por su parte, había reclamado que la Cámara de Rosario se pronunciara a la brevedad porque se trata de una causa centrada en hechos que ocurrieron en 1975.

Bailaque ya había elevado a juicio la causa el año pasado. Fue en simultáneo con la elevación a juicio de la causa sobre cómo la estructura de inteligencia del ejército de Rosario robó las denuncias recolectadas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) que estaban guardadas en un juzgado. En ese expediente, el TOF 2 de Rosario ya dictó sentencia esta semana. El de Acindar –cuya elevación se completó el mes pasado– aún aguarda que se fije fecha para comenzar con las audiencias.

El rol de la empresa

“Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar, con cercos de alambre de púa. Los oficiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa”. La descripción no pertenece a un obrero o militante gremial del cordón del Paraná sino a Roberto Peregrino Fernández, un inspector retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) que declaró ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) en las postrimerías de la dictadura.

Fernández probablemente conocía el tema en detalle porque la PFA que él integraba había conseguido instalarse en un chalet que antes era habitado por personal jerárquico de la planta. Los efectivos de esa fuerza también recibían un plus salarial, según su declaración, por las tareas de vigilancia en Acindar.

Durante la investigación, Bailaque reconstruyó que la mayoría de las víctimas de la represión de marzo de 1975 eran empleadas de las empresas Acindar o Marathon – ya sea en forma directa o tercerizada. Muchas víctimas tenían una actividad sindical intensa y alrededor de 17 trabajadores fueron secuestrados dentro de la propia planta.

Según el procesamiento de Bailaque, Acindar realizó una serie de acciones para facilitar las tareas de las fuerzas represivas:

- Confeccionó un listado de personas a detener;

- Cedió espacios de la planta para montar un centro clandestino;

- Alojó a integrantes de las fuerzas militares y de seguridad;

- Abonó sobresueldos a los uniformados que también cumplieron allí;

- Autorizó el ingreso de grupo de tareas para detener a trabajadores;

- Habilitó la requisa de casilleros;

- Proporcionó direcciones, fotos, nombres completos y apodos para identificar a las víctimas.

El de Acindar es otro de los casos emblemáticos de responsabilidad empresarial, casos que avanzan con resistencias en el Poder Judicial como lo probó la muerte impune de Carlos Pedro Tadeo Blaquier.

Fuente:Pagina12

 

El gigante de acero presidido por Martínez de Hoz

Reabren la investigación a directivos de Acindar por crímenes de lesa humanidad

La Cámara Federal de Casación ordenó volver a investigar la responsabilidad de dos exdirectivos en el operativo de marzo de 1975 que dejó un centenar de víctimas. Un caso emblemático de responsabilidad empresarial.

Fuente:Luciana Bertoia

Acindar estuvo presidida por José Martínez de Hoz, que después sería ministro de Economía en dictadura.

La represión tocó el cordón del Paraná un año antes del golpe de Estado. Las fuerzas armadas y de seguridad coparon el 20 de marzo de 1975 Villa Constitución, donde tenía sede Acindar –la empresa siderúrgica cuyo directorio presidía José Martínez de Hoz, que después sería el ministro de Economía de la dictadura– y donde el sindicalismo combativo venía creciendo desde 1973. Las víctimas superaron el centenar. Durante 45 años, la impunidad de los directivos de Acindar pareció de acero. En 2020, un juez de Rosario procesó a dos de ellos, pero, al tiempo, la Cámara Federal de esa ciudad desvinculó a uno y alivió la situación del otro. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal acaba de revocar esa decisión y volvió a poner a los dos exdirectivos –Roberto José Pellegrini y Ricardo Torralvo– en carrera para ser juzgados en un caso emblemático de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad en la Argentina.

A Juan Actis lo detuvieron el 20 de marzo de 1975. Estaba en casa de su hermana porque estaba enfermo. Los únicos que sabían dónde se estaba quedando eran los jefes de la empresa porque él les había informado. Concretamente se lo había hecho saber al área de Personal, que estaba en manos de Pellegrini. De allí debe haber salido el dato que derivó en su secuestro.

A Pellegrini lo procesó el juez Marcelo Bailaque en marzo de 2020, cuando se cumplían los 45 años de la represión en Villa Constitución. En julio del año pasado, la Cámara Federal de Rosario confirmó su responsabilidad en los secuestros, pero lo desresponsabilizó por ocho asesinatos de personas que trabajaban en Acindar o estaban vinculadas a la actividad de la empresa que se fundó en 1942. Pellegrini no fue el único favorecido por los camaristas rosarinos. A Torralvo aún le fue mejor porque le dictaron una falta de mérito.

Torralvo era otro de los directivos de Acindar. Algunos testimonios lo ubican como jefe de Contaduría y otros lo mencionan como integrante del área de Personal. Esa indeterminación le jugó a favor cuando la Cámara de Rosario evaluó su situación. Hay un dato adicional que lo terminó beneficiando: la justicia no tiene su legajo porque se quemó en el incendio de Iron Mountain.

Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal no validó el criterio del tribunal de apelaciones de Rosario y dijo que había mirado las pruebas de manera descontextualizada como sostuvieron las querellas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN) en conjunto con el Ministerio Público Fiscal. En esa línea, Casación revocó las faltas de mérito con las que habían beneficiado a Pellegrini –en el caso de los homicidios– y de Torralvo y ordenó que se vuelva a dictar un nuevo fallo.

“En las causas en que se juzgan delitos de lesa humanidad no puede prescindirse del análisis del contexto en el que se desarrollaron los hechos ni del carácter clandestino de las operaciones”, escribió el camarista Mariano Borinsky que lideró el acuerdo de la Sala IV. Su colega Gustavo Hornos exhortó a que se dicte un nuevo fallo y que se lo haga con celeridad por tratarse de hechos sucedidos hace ya casi cinco décadas. Javier Carbajo adhirió a lo que dijeron sus dos compañeros de la Sala.

“Es una resolución muy importante en cuanto permite responsabilizar a los partícipes civiles por los delitos más graves”, evaluó Adolfo Villatte, titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, en comunicación con este diario.

"Es una decisión particularmente relevante en un contexto judicial actual de grandes obstáculos para el tema de responsabilidad empresarial", le dijo a Página/12 Victoria Basualdo, coordinadora de la Unidad especial de investigación sobre delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica en la SDHN e investigadora del Conicet y del Área de Economía y Tecnología de Flacso.

“Tanto respecto de Pellegrini como de Torralvo, Casación retoma fuertemente no sólo las afirmaciones empíricas y probatorias específicas respecto de estos imputados sino que también brinda criterios para la imputación y para mirar estas cuestiones: que el contexto es decisivo y que hay que integrar las pruebas. Estas mismas cuestiones estuvieron en el centro de la discusión sobre el sobreseimiento reciente de Juan Ronaldo Tasselkraut en la causa Mercedes-Benz, y por lo tanto este pronunciamiento de Casación refuerza criterios fundamentales respecto de cómo pensar las responsabilidades empresariales en estas causas”, añadió Basualdo.

Los civiles de Acindar

Sol Hourcade, coordinadora del área de Memoria, Verdad y Justicia del CELS, considera que la Sala IV fue receptiva de lo que habían planteado sobre Torralvo. “Habíamos cuestionado cómo la Cámara de Rosario lo desvinculó pese a que era uno de los jerárquicos de Acindar que estaba más compenetrado con la represión. También dijimos que hay estándares internacionales que cumplir en estas investigaciones y que la prueba que se colectó durante la instrucción era suficiente para sostener el procesamiento”, le explicó la abogada a Página/12.

En el fallo de Casación, quedó en claro que hay elementos para sostener que los ejecutivos jugaron un rol a la hora de permitir la instalación de un centro clandestino y en brindar alojamiento a las fuerzas que participaron en la represión. Les aportaron, además, vehículos e incluso les pagaron sobresueldos, les franquearon el ingreso para secuestrar gente dentro de la siderúrgica, les dieron información y hasta confeccionaron un listado de potenciales blancos.

Como parte de la represión en Villa Constitución, 21 personas fueron asesinadas, nueve desaparecidas y 66 fueron secuestradas, según informó la SDHN. La represión en Villa Constitución se denunció muy tempranamente. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) recogió información en el lugar, pero la investigación de un caso emblemático de la responsabilidad empresarial sufrió un sinfín de demoras. Como correlato de esa dilación, otros dos civiles quedaron fuera del juicio como Pedro Aznarez y Juan Thibaud.

La urgencia de las víctimas

En marzo pasado, el juez Bailaque elevó a juicio a 25 procesados por la represión en Villa Constitución –entre ellos, Pellegrini estaba por algunos casos y no era de la partida Torralvo. El 22 de abril pasado, se señalizó la planta de Acindar como sitio de memoria. A las horas se integró el tribunal que deberá juzgar la represión en Villa Constitución y, al mes, Casación volvió a poner en carrera para ser enjuiciados a los dos ejecutivos.

“Las señalizaciones permiten mostrar la urgencia de las víctimas. Es auspicioso que el Poder Judicial escuche el reclamo de las víctimas ante la necesidad de que por fin se vea la prueba acumulada y se haga justicia”, comenta Basualdo.

Sin embargo, la justicia no llegó a tiempo para Victorio Paulón, militante de la Lista Marrón en los ‘70, secretario de Derechos Humanos de la CTA e integrante de la comisión directiva del CELS, que fue uno de los principales impulsores de la investigación sobre la represión en Villa Constitución. Paulón, que decía que el caso Acindar era el más acabado ejemplo de la responsabilidad empresarial con la dictadura, falleció el 5 de mayo pasado.

Fuente:Pagina12

 

La causa Acindar no prescribe: el experimento represivo fue elevado a juicio

También se investigó la participación empresarial en esos hechos en el paso de Martínez de Hoz del directorio de Acindar al Ministerio de Economía durante la dictadura.

25 DE DICIEMBRE, 2021

La investigación de la represión estatal desatada en marzo de 1975 en la localidad santafesina de Villa Constitución tras los hechos conocidos como el "Villazo" fue elevada a juicio esta semana tras varios años de instrucción, según informaron fuentes judiciales a través de Télam. El fiscal del caso consideró el hecho como el "experimento a escala del disciplinamiento social que se impondría meses después en todo el país" con el inicio de la última dictadura militar".

El fiscal de la Unidad de Asistencia a las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el terrorismo de Estado de Rosario, Adolfo Villate, solicitó la elevación a juicio de la causa que tiene a 25 procesados, entre personal civil, ejecutivos de la empresa metalúrgica Acindar, policías y militares en situación de retiro.

Para Villate, "en 1975 Acindar se ofreció como banco de pruebas para hacer un experimento a escala del disciplinamiento social que se impondría meses después en todo el país". En el requerimiento de elevación a juicio, sostuvo que "la empresa se vio beneficiada, ex antes, con ventajas del Estado, las que fueron devueltas al Estado terrorista en un proceso de osmosis corruptora de favores mutuos".

La investigación, iniciada en 2013 por una denuncia de los sobrevivientes, se centró en la represión al movimiento sindical de la delegación Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) a partir del 20 de marzo de 1975, que estaba enfrentada a la conducción nacional liderada por Lorenzo Miguel.

También se investigó la participación empresarial en esos hechos, que para el fiscal quedó evidenciada -entre otras pruebas- en el paso de José Alfredo Martínez de Hoz del directorio de Acindar al Ministerio de Economía durante la dictadura y el del general Alcides López Aufranc a la cúpula ejecutiva de la empresa.

De acuerdo a la investigación, el 20 de marzo de 1975 unos 4 mil efectivos de fuerzas de seguridad federales, provinciales y también parapoliciales llegaron en 105 vehículos a Villa Constitución, ciudad fabril del sur santafesino, que quedó "ocupada" como consecuencia de un plan represivo orquestado por el entonces ministro del Interior, Alberto Rocamora.

El funcionario, que llamó a la ocupación "Operativo Serpiente Roja del Paraná", previamente había anunciado el "descubrimiento de un plan subversivo para paralizar la industria pesada del país", según la prensa de entonces cómplice de la dictadura cívico militar venidera.

La ocupación militar de Villa Constitución derivó, según la investigación, en desapariciones, torturas y privaciones de la libertad a más de un centenar de víctimas -la mayoría militantes sindicales- y se extendió hasta el golpe de Estado de marzo de 1976, además de contar con el apoyo de las empresas metalúrgicas de la región, fundamentalmente Acindar.

¿Qué fue el Villazo?

El "Villazo" es el nombre con el que se conoció un paro metalúrgico con ocupación de planta en las empresas Acindar, Marathon y Metcon, iniciado en marzo de 1974 por un grupo de dirigentes de base enfrentado a la conducción nacional de la UOM, y que contó con la movilización y el apoyo de la ciudadanía y los comerciantes de Villa Constitución, localidad ubicada a 50 kilómetros al sur de Rosario, sobre la costa del río Paraná.

La medida de fuerza obedecía a la decisión de Lorenzo Miguel de mantener intervenida la delegación local de la UOM, sin llamado a elecciones, lo que en los hechos significaba la proscripción de la "Lista Marrón", liderada por Alberto Piccinini.

Según la investigación judicial, que contiene un extenso recorrido por la historia de la industria siderúrgica argentina y el contexto político-sindical en el que se produjeron los hechos, la empresa Acindar -conducida entonces por la familia Acevedo- se inclinó por Miguel y despidió a los 12 delegados de la "Lista Marrón".

En esos meses, señala el trabajo del fiscal Villate, la Policía Federal Argentina (PFA) inauguró una sede en dependencias del Albergue de Solteros de Acindar, que se convertiría en el primer centro clandestino en 1975, un año antes del golpe de Estado.

Luego de unos días, y con la intervención del Ministerio de Trabajo, las partes acordaron llamar a elecciones en 120 días y la reincorporación de los delegados despedidos, mientras se levantaban las medidas de fuerza.

La tensa paz se extendió entre noviembre de 1974, cuando la combativa "Lista Marrón" se impuso en las elecciones, y la ocupación de la ciudad en marzo de 1975, con el "Operativo Serpiente Roja".

"Finalmente, las autoridades políticas, en connivencia con los empresarios, y a través de las fuerzas armadas y de seguridad, decidieron aplicar un programa represivo -que luego se profundizó- en Villa Constitución, cuyos principales objetivos fueron disciplinar al movimiento obrero y avanzar en el proceso de concentración de las empresas siderúrgicas", sostuvo el fiscal en el requerimiento de elevación a juicio.

Agregó que "así, el 20 de marzo de 1975 Villa Constitución fue literalmente militarizada e invadida por la PFA, Gendarmería Nacional, Prefectura, policía provincial de Santa Fe, policía provincial de Buenos Aires, grupos parapoliciales de la Triple A y de la Juventud Sindical, personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado -SIDE- y del Ejército".

"Además de los secuestros, hubo represión generalizada que provocó temor en toda la población, asesinatos y allanamientos a viviendas e incluso al comité local de la UOM", señala el texto.

Fuente:ElDestape

VILLA CONSTITUCION: Piden juicio oral para ex jefe de personal de Acindar y otros 24 acusados por secuestros de trabajadores en 1975.

Lesa humanidad

Piden juicio oral para ex jefe de personal de Acindar y otros 24 acusados por secuestros de trabajadores en 1975

El representante del MPF acusó al empresario, a un ex militar, a 21 ex policías federales, a un ex policía provincial y a un ex prefecto por su intervención en distintos casos de privación ilegítima de la libertad agravada contra un total de 50 trabajadores metalúrgicos y ferroviarios 

22 de diciembre de 2021

El fiscal general de la Unidad de Derechos Humanos de Rosario, Adolfo Villatte, requirió ayer la elevación a juicio oral y público de la causa que tiene acusados al exjefe de personal de la metalúrgica Acindar en la ciudad de Villa Constitución, a un ex jefe militar, a 21 ex policías federales, a un ex prefecto y a un ex policía santafesino como autores de la privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas contra 50 trabajadores metalúrgicos y ferroviarios durante la represión desatada a partir del 20 de marzo de 1975 en esa zona industrial.

Los hechos represivos que se juzgan en esta causa fueron la respuesta a la histórica protesta conocida como “El Villazo”, en relación al nombre de la ciudad epicentro del reclamo obrero. De acuerdo con la pieza acusatoria, los secuestros de las víctimas sucedieron entre el 20 y el 26 de marzo de 1975 y las privaciones de la libertad se prolongaron luego por meses o años, según los casos.

El fiscal Villatte acusó al ex jefe de personal de Acindar, Roberto Pellegrini, por 29 casos. En la presentación, remarcó que la empresa habilitó un centro clandestino de detención en el denominado “Albergue de Solteros”, donde la Policía Federal Argentina (PFA) había instalado un destacamento en 1974.

En esa línea, acusó a los siguientes exintegrantes de esa fuerza federal, por su intervención, de acuerdo a su situación de revista -la mayoría, perteneciente a la Delegación Rosario-, en diferentes casos: Roberto Raúl Squiro, Leonardo Dec, Aldo Ramón Gradilone, Carlos Brest, Daniel Vicente Valdes, Ricardo Antonio Burguburu, Juan Carlos Romero, Osvaldo Esteban Petroli, Carmen Amanda Grossoli de Hellaid, Jorge Argentino Coronel, Raúl Héctor Cerliani, Emilio Hugo Marciniszyn, Roberto Álvarez, Horacio Miguel Nardi, Juan de Jesús Martínez, Jorge Aníbal Lozano Windus, Oscar Roberto Giai, Eduardo Mugica, Juan Carlos Faccendini, Oscar Alberto Vessichio y Bernardino Sambrano.

La fiscalía también imputó al ex jefe de inteligencia y personal del Área Militar 132, con sede en San Nicolás, Antonio Federico Bossie, al ex prefecto principal Carlos Albareda y al ex oficial de la guardia rural “Los Pumas” de la policía santafesina, Amadeo Chamorro.

En el requerimiento de elevación a juicio, el MPF calificó a los hechos investigados como crímenes de lesa humanidad. Sostuvo al respecto que, a pesar de que los hechos ocurrieron con anterioridad al golpe de Estado, “formaron parte de exterminio desarrollado por las fuerzas armadas y de seguridad, con alta participación de civiles”, pues “fueron el ensayo de lo que luego fue replicado a lo largo de todo el país. Por ello, los delitos cometidos resultan también imprescriptibles, configuran crímenes internacionales, y es posible avanzar en su investigación y en la responsabilización penal de quienes los llevaron adelante”.

La fiscalía agregó: “Hemos sostenido y sostenemos que, la última dictadura fue una dictadura cívico/militar/eclesiástica, y que no puede establecerse como mojón de su comienzo, y por tanto del terrorismo de estado y de los delitos de lesa humanidad cometidos por éste, al 24 de Marzo de 1976; como tampoco el de su finalización el 10 de diciembre de 1983. Por el contrario, mucho antes de esa fecha se establecieron las circunstancias para la vuelta total al poder de los sectores concentrados de la economía y del capital en nuestro país, de los cuales la empresa ACINDAR S.A. era un bastión significativo”.

El Villazo

La pieza acusatoria, formulada ante el Juzgado Federal N°4 de Rosario, reitera el análisis histórico y social que dio lugar al pedido de indagatoria por estos hechos en marzo 2017.

En la presentación, el fiscal recordó como antecedentes de los hechos represivos que en 1974 la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) estaba intervenida y que los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución iniciaron medidas de fuerza para elegir a sus propios representantes. En Acindar se gestó una comisión interna encabezada por Alberto Piccinini, que se enfrentó a la conducción de Lorenzo Miguel. La empresa intervino en el conflicto con la expulsión de doce delegados.

El conflicto -narró la fiscalía- derivó en un huelga en marzo de 1974. En ese contexto, la Policía Federal inauguró una sede en dependencias del “Albergue de Solteros” de Acindar. De las centrales fabriles más importantes, los trabajadores tomaron en señal de protesta Marathon y Acindar y abandonaron Metcon, que había sido ocupada por la Gendarmería Nacional.

Luego de una semana, los interventores de la UOM les informaron a los trabajadores que se llamaría a elecciones, por decisión de la dirigencia oficial. A tal efecto, se realizó una reunión, al cabo de la cual se supo que aquella promesa no sería llevada a cabo. “Por esa razón se decidió tomar de nuevo Acindar. La medida fue acompañada por todo el pueblo de Villa Constitución, en especial los comerciantes, que de diversas maneras colaboraron con los trabajadores: les enviaban comida y cosas que necesitaban”, reconstruyó la fiscalía en base a testimonios.

Después de unos días, intervino el Ministerio de Trabajo de la Nación. La comisión interna de Acindar logró la reincorporación de los despedidos y la promesa de elecciones en 120 días a cambio de desocupar las empresas. Tras los comicios, triunfó la Lista Marrón, encabezada por Piccinini. El interregno hasta las elecciones -que se concretaron recién en noviembre de 1974- estuvo signado por actos violentos y atentados con bombas a las sedes donde se reunían los representantes sindicales opuestos al oficialismo en la UOM.

“Ese triunfo -describió la fiscalía- cambió radicalmente la situación y dio lugar a una serie de avances respecto a los derechos de los obreros que generaron numerosas tensiones con el sindicalismo hegemónico. Además, ello se tradujo en una alerta de los sectores empresarios, en especial pertenecientes a empresas siderúrgicas, que normalmente tenían negociaciones espurias con los representantes sindicales, las que en muchas ocasiones iban en contra de los intereses de los trabajadores”.

20 de marzo de 1975

El fiscal señaló que la tensión con el empresariado y el sindicalismo oficial aumentó de manera paralela con los logros laborales. “Las autoridades políticas, en connivencia con los empresarios, y a través de las fuerzas armadas y de seguridad, decidieron aplicar un programa represivo –que luego se profundizó- en Villa Constitución, cuyos principales objetivos fueron disciplinar al movimiento obrero y avanzar en el proceso de concentración de las empresas siderúrgicas”, describió.

Unos cuatro mil efectivos a bordo de 105 vehículos “hicieron pinzas en las salidas de las fábricas y se llevaron detenidas alrededor de 300 personas; entre ellos, todos los directivos de la UOM local, la Comisión Interna de Acindar, más distintos activistas”.

El 20 de marzo de 1975 la ciudad fue “literalmente militarizada e invadida por la Policía Federal Argentina, la Gendarmería, la Prefectura, las policías provincial de Santa Fe –incluyendo a la división de guardia rural “Los Pumas”- y bonaerense, grupos parapoliciales de la Triple A y de la Juventud Sindical, personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado y del Ejército”. En total, unos cuatro mil efectivos a bordo de 105 vehículos que “hicieron pinzas en las salidas de las fábricas y se llevaron detenidas alrededor de 300 personas; entre ellos, todos los directivos de la UOM local, la Comisión Interna de Acindar, más distintos activistas”. La represión se generalizó y hubo homicidios y allanamientos a las viviendas de los trabajadores y al comité local de la UOM, que fue intervenida.

Los trabajadores iniciaron una huelga que se extendió durante sesenta días, que contó con el apoyo mayoritario de los metalúrgicos, de los sindicatos industriales del cordón y de las fuerzas democráticas.

“A partir de ese momento -narró Villatte-, se inició una verdadera cacería que perduró hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y continuó con posterioridad, aunque adquiriendo otras características. La estrategia de aniquilamiento de la resistencia obrera fue notoria en todo el cordón industrial y, en nuestra zona, no sólo incluyó a Villa Constitución, sino también a Rosario, San Nicolás y San Lorenzo. Esa fue la dimensión de la represión a ese colectivo de trabajadores; todo estaba orientado a detener a una vanguardia sindical que cuestionaba al viejo modelo”.

Las víctimas secuestradas en esos días fueron trasladadas a la jefatura policial de Villa Constitución, a la Delegación Rosario de la Policía Federal, al “Albergue de Solteros” de Acindar, a la jefatura de Policía de Rosario, a la Prefectura, a la Brigada de San Nicolás, a Coordinación Federal y al propio local de la UOM, “lo que demuestra la coordinación y planificación entre las fuerzas represivas”, indicó el fiscal.

Villatte precisó que las razones alegadas por el gobierno para llevar adelante esta represión constan esencialmente en un comunicado conjunto de varios ministerios nacionales, emitido el 22 de marzo de 1975, que dice que los informes de inteligencia permitieron detectar un “complot inusual, consistente en una vasta operación subversiva terrorista” en la zona industrial del río Paraná, entre Rosario y San Nicolás. Los objetivos, señalaron, consistían en paralizar la producción industrial y copar y usurpar las delegaciones gremiales y que, por ello, fuerzas coordinadas de la Policía Federal, Prefectura, policía de Buenos Aires y de Santa Fe comenzaron el 20 de marzo a las 4 de la mañana un operativo para desvertebrar el complot, que obtuvo “exitosos resultados” y, a raíz del descubrimiento de nuevas “ramificaciones”, obligaban a las fuerzas de seguridad a continuar su acción operativa.

Fuente:ElCiudadanoyLaRegion

SANTA FE: La Secretaría de Derechos Humanos solicitó que se eleve a juicio la causa Acindar.

 Lesa humanidad

La Secretaría de Derechos Humanos solicitó que se eleve a juicio la causa Acindar

Se trata de un caso de responsabilidad empresarial en este tipo de crímenes. La represión ilegal en Villa Constitución contra 67 personas se dio en marzo de 1975

17 de noviembre de 2021

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó a comienzos de noviembre la elevación a juicio de la causa “Acindar”, que investiga la represión ilegal en la localidad de Villa Constitución (Santa Fe) desatada a partir del 20 de marzo de 1975 sobre un amplio arco de trabajadores y trabajadoras, militantes políticos y sindicalistas y que continuó luego durante la dictadura cívico-militar.

Entre los 29 acusados hay dos ex directivos de la empresa siderúrgica Acindar junto a ex miembros del Ejército, la Policía Federal y provincial y Prefectura. Se investiga su responsabilidad en delitos de lesa humanidad cometidos contra 67 personas a partir de marzo de 1975.

Entre los imputados se encuentran los ex funcionarios empresariales de la siderúrgica, Roberto Pellegrini y Oscar Torralvo, quienes están acusados junto a ex miembros del Ejército, de la Policía Federal y provincial y de Prefectura Naval por delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, asociación ilícita y homicidios.

Los 29 imputados fueron procesados por el Juzgado Federal 4 de Rosario en marzo de 2020; sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revocó en parte el procesamiento sobre Pellegrini y el ex militar Antonio Federico Bossié, y dictó la falta de mérito para otro ex militar Bernardo Luis Landa y para Torralvo. La fiscalía y las querellas, entre las que está la Secretaría de Derechos Humanos, recurrieron a la Cámara Federal de Casación Penal, que admitió los recursos y desde fines de octubre analiza el expediente.

Al menos 18 personas vinculadas al caso de la siderúrgica Acindar fueron asesinadas, 8 permanecen desaparecidas y 69 estuvieron detenidas y luego fueron liberadas, según relevó la investigación “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad” realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Centro de Estudios Legales y Sociales -Cels- y el Área de Economía y Tecnología de Flacso.

Durante la investigación judicial, con el aporte imprescindible de las y los sobrevivientes, se logró probar el rol central que tuvo la empresa en esos crímenes: confeccionó listas de personas a detener, permitió el ingreso de los grupos de tareas a la fábrica para realizar secuestros y aportó información para identificar y ubicar a las víctimas en sus domicilios. También dispuso espacios físicos de la planta para el funcionamiento de un centro clandestino de detención, en el denominado Albergue de Solteros, cedió vehículos, vivienda y abonó un sobresueldo a las fuerzas represivas.

La siderúrgica estuvo presidida por José Alfredo Martínez de Hoz hasta 1976, cuando fue designado ministro de Economía por la dictadura y su lugar en el directorio fue ocupado por el general Alcides López Aufranc.

Pellegrini, ex jefe de relaciones laborales de la siderúrgica, y Torralvo fueron empleados jerárquicos al momento de los hechos y son los dos únicos responsables empresariales que fueron procesados en la causa. Son muchos los testimonios que los mencionan como los nexos directos entre la empresa y las fuerzas represivas. Otros posibles imputados civiles fallecieron antes de que el proceso judicial avance respecto a su responsabilidad o fueron apartados por problemas de salud, una evidencia de la resistencia del Poder Judicial a investigar estos casos.

El resto de los acusados son ex militares del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, sede del Área Militar 132; ex miembros de la Policía Federal de la Delegación Rosario y de la Dirección General del Interior; ex integrantes de la Prefectura Naval de Rosario y de Villa Constitución y ex policías de la Provincia de Santa Fe y de la Guardia Rural Los Pumas.

La Secretaría de Derechos Humanos promueve el impulso enérgico y sin demoras de estas causas, en particular en las que se investiga la responsabilidad de actores civiles y empresariales, una de las prioridades de su Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad.

Fuente:ElCiudadanoyLaRegion

La UOM Villa Constitución querellará en la causa contra ex directivos de Acindar.

La UOM Villa Constitución querellará en la causa contra ex directivos de Acindar 
La seccional del sindicato metalúrgico decidió incorporarse al proceso judicial que juzgará la responsabilidad empresarial en la desaparición de trabajadores y trabajadoras de la compañía durante los años del terrorismo de Estado.

Este lunes la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución se presenta como querellante en la causa por delitos de lesa humanidad contra ex directivos de la empresa Acindar. El juicio busca determinar si la compañía fue cómplice de la “desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios y cualquier otro que resultare de la investigación” de numerosos trabajadores que, durante los gobiernos de Isabel Martínez de Perón y la dictadura, formaron parte o adhirieron a las medidas de fuerza del gremio.

Los ex miembros de la firma acusados son Roberto José Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo. El juez Marcelo Bailaque los consideró partícipes necesarios de 40 privaciones ilegales de la libertad y ocho homicidios agravados. Además están procesados alrededor de treinta ex militares, policías y prefectos.

Pellegrini era jefe de personal y nexo entre las fuerzas represivas y los directivos de Acindar. Torralvo era personal administrativo y varios testimonios lo ubican colaborando activamente con los represores.

Pedro Ricardo Aznares, otro enlace de la empresa con los grupos de tareas, y Juan Pedro Augusto Thibau, ex miembro del directorio, fueron apartados por problemas de salud.

“Se trata de un hecho histórico, que pretende sacar a la luz la represión policial y parapolicial que sufrió una de las organizaciones de los trabajadores más importantes de la época”, apuntaron desde el sindicato mediante un comunicado.

Entre las pruebas presentadas contra los gerentes de Acindar está el hecho de haber permitido la instalación de un destacamento policial en las instalaciones de la compañía. Además varios trabajadores denunciaron que allí funcionaba también un centro clandestino de detención.

Por otra parte, en 1975 la empresa ordenó a todo su personal tramitar la cédula de identidad en la Policía Federal y un nuevo carnet de fábrica. Allí les tomaron fotos actualizadas que luego fueron utilizadas para identificar y perseguir a los activistas gremiales.

Asimismo para el Ministerio Público y el propio juez está probado que se confeccionaron listas de quienes debían ser objetivos de la represión, que se aportaron medios de transporte para trasladar a los detenidos y que se había dado vía libre para que miembros de las fuerzas de seguridad circulen libremente por la planta.

En la causa se investigan posibles delitos cometidos entre 1975 y 1979. “Cabe destacar que José Martínez de Hoz fue presidente de la empresa antes de ser designado ministro de Economía de la última dictadura cívico, militar, empresarial y eclesiástica; y que, a su vez, su cargo fue reemplazado por el general Alcides López Aufranc”, recordaron desde la UOM de Villa Constitución.

Cabe destacar que la represión contra los obreros de Acindar fue una respuesta a la enorme organización antiburocrática que se había dado en las plantas metalúrgicas de la zona y que tiempo atrás había protagonizado “El Villazo”. En 1974, luego de una ardua lucha, la Lista Marrón logró que se realicen elecciones para normalizar la seccional de la UOM local, intervenida por la conducción burocrática nacional. Por una amplia mayoría, la lista del sindicalismo combativo se impuso.

Sin embargo, esto no fue tolerado por la derecha peronista que, en connivencia con el gobierno, actuó en los hechos represivos de 1975 para desmantelar la organización de base de Villa Constitución. Esa prueba piloto fue luego aplicada a escala nacional por la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976.

Fuente:Notas