12-11-2014
Lesa Humanidad
Etapa de alegatos
Campo de Mayo: “Hubo participación de la estructura médica”
Lesa Humanidad
Etapa de alegatos
Campo de Mayo: “Hubo participación de la estructura médica”
El fiscal Martín Niklison dio hoy su alegato en el juicio por el funcionamiento de la maternidad clandestina del Hospital Militar de Campo de Mayo. Pidió la condena a prisión perpetua para Riveros y reclamó 40 años para Bignone. Y penas 35 y 30 años de prisión respectivamente para Martin y Bianco. Para Sala de Arroche García pidió 13 años de prisión.
Los abogados de Abuelas pidieron 40 años para Riveros y 35 para Bignone.
Niklison y el TOF 6 formaron parte del juicio por el Plan Sistemático de menores que, en 2012, condenó a Jorge Rafael Videla a cincuenta años de prisión. Este juicio es un desprendimiento de ese debate. Están imputados los militares Reynaldo Bignone y Santiago Omar Riveros; los médicos Raúl Martín y Norberto Atilio Bianco, y la obstetra Luisa Yolanda Sala de Arroche García.
Hoy Niklison pidió la condena a prisión perpetua para Riveros y reclamó 40 años para Bignone. Y penas 35 y 30 años de prisión respectivamente para Martin y Bianco. Para Sala de Arroche García pidió 13 años de prisión.
Entre los casos que se juzgan están la apropiación de los bebes de Marta Álvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Belaustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta y Liliana Isabel Acuña. De esos, sólo tres fueron recuperados: Francisco Madariaga Quintela, Valeria Gutiérrez Acuña, y Catalina de Sanctis Ovando.
Gran parte del eje de los alegatos de la fiscalía estuvieron puestos en el rol de los médicos en Campo de Mayo. “Es necesario romper con la impunidad alimentada por el mito del guardapolvo blanco y el ro del profesional inocuo que cumple con su función sin mirar alrededor”, dijo Niklison. Sánchez consideró que “los jefes de servicio y médicos internos eran militares que prestaron servicios a la lucha antisubversiva”.
De la exposición de la fiscalía quedó en evidencia cómo médicos y directores del Hospital Militar dieron apoyo para atender a personas detenidas dentro de la zona IV, y cómo este actuó como una unidad militar que brindó estructura sanitaria. La atención de las embarazadas era parte de la misión de esa zona y un objetivo prioritario. “Y para eso había médicos de confianza como Bianco, Martin, y otros tantos” dijo la fiscal Nuria Piñol. Y destacó que las acciones no fueron individuales sino como parte del entramado contra “la lucha antisubversiva”.
El rol de los médicos internos en el Hospital Militar de Campo de Mayo fue y es un eje clave en este debate. Sobre Martin, la fiscalía aseguró que “no era un médico más del hospital.
Era un personaje muy importante. Era alguien de confianza de los directivos”, dijo Piñol y agregó que aunque nadie lo nombra de manera directa, “se lo vincula con el mantenimiento de la estructura”. Martin era el médico de cabecera de Bignone, lo que da cuenta de su relación con los altos mandos.
Para la fiscalía la responsabilidad de Bianco está acreditada en los casos de Silvia, Mónica, María Eva y Valeria. Está acreditado que él mismo llevaba y traía con su auto –un Renault 12- a mujeres embarazadas o que habían parido. “Cumplió múltiples roles. Atendió u ordenó atender embarazadas o puérperas en el hospital de Campo de Mayo, El Campito, Epidemiología, y otros centros. Extorsionó a familiares de victimas secuestradas” dijo Niklison. Bianco apenas se movía en su silla. Cuando llegó el cuarto intermedio de la tarde se levantó, caminó unos pasos, habló al pasar con el policía que lo custodiaba y se sonrío de costado. De costado también se sienta todo el tiempo de las audiencias. En ese mismo cuarto intermedio Bignone se levantó de su silla y charló animadamente con Arroche de Sala García, que estaba sentada cerca.
La estructura del horror
Durante la primera parte de la audiencia, Niklison se explayó sobre el pabellón o sector de Epidemiología, donde se alojaba a las detenidas-desaparecidas. Niklison citó a la testigo Ernestina Larretape, la obstetra que explicó que a las embarazadas se las identificaba como NN, al igual que a sus bebés, y que sus partos no se registraban en ningún lugar. O cómo sacaban ropa a los bebés de otras parturientas para vestir a los chiquitos recién nacidos de las mujeres secuestradas.
También citó al médico Eduardo Poisson, que corroboró otros testimonios que explicaban la forma en que se trasladaban a las mujeres desde ese pabellón hasta el hospital con anteojos de sol y los ojos vendados. El pabellón tenía habitaciones con luz artificial, las ventanas tapiadas, con camas sin almohadas, y una fuerte estructurada de seguridad. Nadie podía entrar o salir de ahí sin permiso. “Estaba vedado, siempre había una guardia”, describió.
Niklison también se refirió a las declaraciones de la obstetra Nélida Balaris: las situaciones de detención de las mujeres, las órdenes que se recibían para atenderlas y los partos que presenció. “Sobran las palabras para referirnos a tamaña definición”, dijo sobre la afirmación del (fallecido) jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia, Julio César Caserotto, cuando tras una cesárea a una mujer detenida aseguró: “No sé para qué las cuidamos tanto si después las tiramos al río”. La frase fue recordada por la enfermera Elba Lillio.
Los testimonios sobre los vuelos que salían de Campo de Mayo para “tirar gente al río” y “detalles horrorosos del funcionamiento de El Campito”, también fueron parte de los argumentos esgrimidos por Nikilson. El fiscal también citó las “varias sentencias judiciales vinculadas a lo que pasó ahí adentro”. Y se refirió a la condena por la apropiación de Bárbara García Recchia, que fue confirmada por la Cámara de Casación y que comprueba el funcionamiento del lugar. Y la de Martín Amarilla Molfino, que nació en 1980, y cuyos padres estuvieron secuestrados en El Campito.
Niklison dio por probada la “existencia de la maternidad clandestina, el cautiverio en condiciones inhumanas, sin registro de su existencia, como parte de una apropiación sistemática” y dio cuenta de la “participación de la estructura médica”.
Después fue el turno de exponer de las fiscales Sánchez y Piñol que, una a una, fueron relatando uno a uno las situaciones en las que cada una de las ocho mujeres cuyos casos se debaten en este juicio. Los tormentos sufridos por cada una de ellas, el curso de sus embarazos y las circunstancias en las que fueron obligadas a parir y las torturas que sufrieron formaron parte de la exposición.
El lunes alegó la querella, a cargo de Abuelas de Plaza de Mayo, que pidió 40 años para Riveros, 35 para Bignone, 30 para Bianco y Martín y 12 para Sala de Arroche García. La semana que viene será el turno del alegato de las defensas de los acusados.
Médicos y torturas
En pos de hacer hincapié en el rol de los médicos dentro del funcionamiento de la maternidad, la fiscalía se refirió al rol de los médicos durante la última dictadura y el nazismo. Y resaltó como un hecho positivo la llegada de médicos como Jorge Luis Magnaco -que se desempeñó en la ESMA- al banquillo de los acusados y la condena que este tuvo.
La cita al trabajo del médico y master en Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, Claudio Capuano, “La ética médica cuando se violan los derechos humanos”, fue un pasaje clave de la exposición de la fiscalía. En ese texto Capuano se propone revisar en los juicios por violaciones a Derechos Humanos, cuántos médicos hay procesados y por qué delitos, cuántos permanecen en las Fuerzas Armadas y cuántos son civiles.
Fuente:Infojus
ALEGATO DE LA FISCALIA EN EL JUICIO POR LA MATERNIDAD CLANDESTINA DE CAMPO DE MAYO
Médicos y partícipes de apropiaciones
Solicitaron penas de entre 13 y 45 años de prisión para los cinco imputados en el juicio por los nacimientos en Campo de Mayo. Señalaron que los delitos fueron realizados “con la participación de toda la estructura sanitaria del hospital”.
Por Ailín Bullentini
Santiago Riveros y Reynaldo Bignone fueron los responsables de la maternidad clandestina de Campo de Mayo.Imagen: Rafael Yohai
El Ministerio Público Fiscal solicitó penas de entre 13 y 45 años de prisión para los cinco imputados en el juicio por la apropiación de bebés nacidos en la maternidad clandestina del Hospital Militar de Campo de Mayo y el secuestro y tormentos a sus mamás durante la última dictadura.
Los fiscales Martín Niklison, Nuria Piñol y Viviana Sánchez dieron por probados los delitos analizados en el juicio: la apropiación de los hijos de Marta Alvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta y Liliana Isabel Acuña –algunas parieron en el Hospital Militar de Campo de Mayo, otras en centros clandestinos que funcionaron en esa guarnición militar aunque asistidas por personal de la institución sanitaria– así como el secuestro y las torturas que recibieron durante su encierro.
“Consideramos la existencia y funcionamiento de la maternidad clandestina, el cautiverio en condiciones inhumanas de mujeres embarazadas en el sector de Epidemiología para dar a luz atadas, vendadas, sin poder comunicarse, sin registro de su existencia, a las cuales les fueron arrebatados sus hijos recién nacidos, que no eran anotados debidamente, sino con datos falsos como parte de una práctica sistemática de apropiación de niños allí realizada con la participación de toda la estructura sanitaria del hospital bajo la dirección de las autoridades y médicos militares”, advirtieron durante la introducción de su amplio alegato, que incluyó referencias a una batería de sentencias por delitos de lesa humanidad relacionados con los hechos y los imputados en el debate actual, referencias a pruebas documentales y numerosos testimonios vertidos en el marco de este juicio o incorporados por lectura que describían la maternidad, las condiciones en que eran mantenidas las embarazadas allí y el trato que recibían.
Eugenio Martín fue jefe de Clínica de Campo de Mayo. Para él, la fiscalía solicitó 35 años de cárcel por la privación ilegítima de la libertad y las torturas impuestas a Beláustegui, Masri, Duarte y Quintela Dallasta, así como la sustracción, ocultamiento y retención de sus hijos. Para Norberto Bianco, ex jefe de Traumatología del hospital, la pena pedida fue de 30 años, por los mismos delitos cometidos en los mismos casos. La fiscalía imputó al ex jefe de Comando de Institutos Militares Santiago Riveros por la apropiación de los hijos de Alvarez, Acuña, Ovando y Stritzler y pidió 45 años de cárcel. A quien fue su segundo, Reynaldo Bignone, lo encontraron culpable del robo de los hijos de Beláustegui, Stritzler y Masri, lo que le valdrían 40 años de encierro, si se concede el pedido. Para Arroche, imputada por falsedad de documento público y retención y ocultamiento de Francisco Madariaga Quintela, fueron solicitados 13 años.
El alegato buscó reforzar los argumentos que infieren la responsabilidad de los médicos juzgados: Eugenio Martín, Norberto Bianco y Luisa Arroche. La particularidad del juicio tiene que ver con que parte de los acusados fue personal médico civil y militar del Hospital Militar de Campo de Mayo. Martín y Bianco eran jefes de Servicio de Clínica Médica y Traumatología respectivamente; ambos eran militares. Arroche fue obstetra. Julio César Caserotto fue su contemporáneo al mando de Ginecología y fue, tal vez, quien más habló sobre la relación entre el hospital y los crímenes de lesa humanidad que sucedían entonces. Murió en 2008. Jorge Habbib Haddad, que fue subdirector del centro de salud, y Ramón Capecce, que fue jefe de Cirugía, quedaron fuera del juicio por cuestiones de salud.
A modo de preludio, la fiscalía mencionó el rol de intervención directa que cumplieron los médicos durante el nazismo y dejó abierta la puerta a la comparación de aquél con el de los médicos en juicio. “Es necesario romper con la impunidad alimentada por el mito del guardapolvo blanco y el rol del profesional inocuo que cumple con su función sin mirar a su alrededor y utilizar aquí los estándares de prueba que son aplicables a otros imputados por delitos de lesa humanidad”, advirtieron en relación con los profesionales de la salud y sentenciaron: “Los médicos internos y jefes de servicio fueron militares que prestaron servicio a la llamada lucha antisubversiva” y sus conductas “se apartan notoriamente del acto médico. Son actos delictivos”.
En ese marco, la atención de embarazadas detenidas ilegalmente fue parte de la “misión que como unidad militar el hospital cumplió a disposición del sistema de represión clandestina” que imperaba entonces.
Fuente:Pagina12
Piden hasta 35 años de prisión a civiles por el robo de bebés
El fiscal federal Martín Nikilson reclamó ayer penas de 30 y 35 años de prisión para los médicos militares Norberto Bianco y Raúl Martin y 13 años para la partera Luisa Yolanda Sala de Arroche García, los tres civiles acusados en el juicio oral por la apropiación de ocho bebés en el Hospital Militar de Campo de Mayo.
Para las autoridades del Comando de Institutos Militares, del que dependía Campo de Mayo, el funcionario pidió prisión perpetua para Santiago Omar Riveros y 40 años para el dictador Reynaldo Bignone, informó Tiempo Argentino.
"Damos por acreditada la existencia y funcionamiento de la maternidad clandestina y el cautiverio de mujeres embarazadas para dar a luz, atadas, incomunicadas, a las cuales les eran arrancados sus hijos recién nacidos, que no eran anotados debidamente, con la participación de toda la estructura sanitaria del hospital", señaló ante el Tribunal Oral Federal 6 Niklison, quien leyó el alegato junto a las fiscales ad hoc Nuria Piñol y Viviana Sánchez.
La maternidad clandestina comenzó a funcionar en 1977 en el área de Epidemiología del Hospital Militar luego de que se complicara un nacimiento en El Campito, principal centro de detención de Campo de Mayo.
A su cargo quedó el fallecido obstetra Julio Cesar Caserotto. "Funcionó al menos hasta junio de 1980", cuando está acreditado que dio a luz Marcela Esther Molfino, indicaron en su alegato.
Para los fiscales, "se montó una estructura organizativa en la clandestinidad como marco general para sustraer a los menores como parte del sistema de represión donde se secuestraba, mataba o liberaba a las víctimas", y sostuvieron que a diferencia de sus padres, "con los niños se encontró un modo de mantenerlos con vida, modificar sus identidades y el apartamiento de los familiares".
En esa estructura, cada uno de los médicos tuvo una función específica. Bianco, uno de los jefes de la maternidad, fue señalado como uno de los encargados de transportar a las embarazadas desde el centro clandestino de detención hasta la maternidad. Martín, como jefe de la División Clínica Médica del Hospital, aportó los recursos necesarios para que las apropiaciones se llevaran adelante.
Por su parte, la partera Sala de Arroche García está acusada de haber firmado la constatación de nacimiento falsa de Francisco Madariaga Quintella en la que aparece como hijo biológico de sus apropiadores, Susana Inés Colombo y Víctor Gallo.
El pedido de penas de la fiscalía se realizó dos días después del alegato de Abuelas.
El lunes próximo a las 10 se reanudará el juicio con la presentación de la defensa del médico Martin, el primero de los acusados en alegar.
Fuente:Infonews
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