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15 de diciembre de 2021

LA PAMPA: Subzona 14: "La lista de médicos detenidos la hizo el Colegio Médico".

 

Subzona 14: "La lista de médicos detenidos la hizo el Colegio Médico"

14 DICIEMBRE 2021

Declaró este martes la médica Estela Maris Troul, que apuntó al Colegio Médico por las detenciones, torturas y persecuciones de los profesionales del Plan Provincial de Salud que desintegró la Subzona 14.

 

La médica Estela Maris Troul afirmó que las autoridades del Colegio Médico confeccionaron la lista de los médicos del Plan Provincial de Salud que fueron detenidos ilegalmente, torturados y obligados a exiliarse en algunos casos, a partir de la actuación de la Subzona 14 aún antes del golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

La médica aseguró que un funcionario del gobierno provincial, que después fue víctima de la represión ilegal, le confió ese dato cuando lo atendió en el Hospital Lucio Molas, por las consecuencias de las torturas que había padecido durante su secuestro. El testimonio de Troul se produjo justamente unos días después de que las querellas y el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos presentaran una nota en el Colegio Médico reclamando que le saquen la matrícula al médico condenado como colaborador de los represores, Máximo Pérez Oneto, y que realice un acto de desagravio y reconocimiento a los profesionales que fueron perseguidos durante la represión ilegal en la provincia.

Continuaron este martes las audiencias del juicio de la Subzona 14, que se llevan adelante en forma presencial en el Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa y por sistema de videoconferencia a través de la plataforma zoom. Declararon la médica Estela Maris Troul, María Alejandra Nauntchuk y Juan Carlos Haddad. Este miércoles los jueces harán una inspección ocular en el edificio de Jefatura de Policía.

En el tercer juicio a los represores pampeanos están imputados los represores Luis Baraldini y Carlos Roberto Reinhart, que siguen las audiencias desde prisión domiciliaria en forma virtual. Y enfrenta por primera vez el banquillo de acusados el militar Jorge de Bártolo, uno de los jefes del Regimiento de Toay en la época de la dictadura, quién en las últimas audiencias está ausente del debate por un trastorno de cervical.

 

"La lista la hizo el Colegio Médico"

Estela Maris Troul, exesposa de Miguel Dastolfo, era médica del Molas, en la época de la dictadura. Juntos habían llegado a la provincia en enero del '75 a partir del concurso que se abrió para cubrir cargos en el Plan Provincial de Salud.

subzona trhoul

"El plan de salud duró seis meses. En noviembre se produjeron las detenciones (de los médicos). Y se produjeron por la lista que hizo el Colegio Médico, algo que me dijo Zolecio, al que yo después atendí por torturas", contó este martes.

La médica precisó que en marzo del '76 atendió al exfuncionario de Regazzoli, Héctor Zolecio, en Clínica Médica del Molas, porque lo llevaron allí por las consecuencias de las torturas a las que lo había sometido el grupo de la Subzona 14. "Estaba lesionado en sus piernas, quedó con una secuela neurológica periférica. Rengueaba después de eso", describió.

"Fue espontáneo de él, es evidente que el gobierno sabía de las listas. Si las tenía el jefe de Ceremonial, lo sabía también el gobernador", dijo, sobre la infidencia de Zolecio.

La profesional recordó que luego de las detenciones en noviembre del año anterior al golpe -su marido estuvo cuatro días preso- tuvieron dificultades para trabajar porque Colegio Médico les exigía que se retractaran de una solicitada que habían firmado en defensa del plan de salud. "No nos fuimos porque a pesar de que no había garantías, fue el lugar más seguro que consideramos para permanecer", dijo.

"En Colegio Médico tenían mucha bronca porque había médicos que echaron porque tenían que ser full time para estar en el plan. Fue un error de los que planificaron el plan, hubo mucha colisión, porque muchos vinimos de afuera", explicó. Aunque aclaró que fue injustificable lo que se desencadenó porque "hubo gente que estuvo años en prisiones y torturados, exiliados".

La médica recordó que el represor Baraldini hacía ir a buscar a su marido a la casa para que atendiera a sus hijas, algo a lo que "no estaba en condiciones" de oponerse en aquellas circunstancias.

 "El sistema que vinimos a iniciar era el mismo que Comodoro Rivadavia, con dedicación exclusiva, full time, con lo cual los médicos que trabajaban hacía años y atendían en el privado, tenían que irse. Eso fue una confrontación que hizo que a nosotros nos recibieran muy fríamente, no nos incluían. Nos veían como enemigos. Pero nosotros no habíamos hecho el plan, veníamos a participar solamente", explicó.

Finalmente, mencionó que cuando vino la democracia, su marido fue funcionario de Salud y encontraron notas anónimas en un armario de la Casa de Gobierno con informes de "la Comunidad Informativa" sobre ellos "diciendo que éramos de izquierda, subversivos". "Se decía que mi marido había organizado un copamiento en un regimiento de Formosa. Un disparate mayúsculo", dijo.

 

Detenido y torturado por el crimen de su mujer

En primer lugar, declaró Juan Carlos Hadad, que ya había brindado testimonio en el segundo juicio a los represores pampeanos. Un certificado que le fuera entregado a su padre en el Regimiento de Toay con posterioridad a su detención deja constancia que estuvo detenido por disposición del Comando Militar de la Subzona 1.4 desde día 16 de febrero de 1.978 para averiguación de antecedentes hasta el día 11 de mayo de ese año.

subzona hadad 1

Su detención se produjo en la localidad pampeana de Caleufú, tras ser citado a presentarse en la Comisaría, ya que se estaban produciendo averiguaciones acerca del asesinato de su esposa, acaecido unos meses atrás en Alvear. Al hacerse presente en la dependencia, personal policial a las órdenes del Comando Subzona 1.4 le informó que quedaba detenido, trasladándolo a Santa Rosa y dejándolo alojado en la Brigada de Investigaciones, donde es esposado, vendado y mantenido durante tres días parado.

Lo sometieron a interrogatorios acerca de la muerte de su esposa y recibió  torturas físicas con golpes de puño y patadas. Recordó haber recibido pastillas “desinflamatorias” para los pies por parte de personal médico. Luego de tres días, fue llevado a un calabozo común, sin vendas, pero incomunicado, donde permaneció un mes aproximadamente.

Después fue conducido a la Seccional Primera, donde mantuvo la condición de incomunicado en una celda, en esas circunstancias era trasladado a la planta alta, donde el represor Roberto Fiorucci le realizaba interrogatorios, en esta oportunidad sin apremios, sobre el asesinato de su mujer.

Recordó  haber permanecido en la Seccional Primera tres o cuatro meses, sin comparecer en ningún momento ante autoridad judicial alguna. En una ocasión es conducido a la Comisaría de Intendente Alvear a reconocer objetos personales de su esposa, enterándose de que habían capturado a su asesino, siendo devuelto a la Primera y puesto en libertad de esa dependencia. El hombre detenido fue condenado por ese crimen.

 
"Estado de vigilancia"

En tercer término, este martes declaró María Alejandra Naunchuk. Fue cesanteada de su trabajo en Asuntos Municipales de la provincia y recordó que el Ejército  y la Policía ordenaron quemar documentación el primer día después del golpe.

Era compañera de militancia de Julio Mata en el Partido Comunista, detenido junto a Pedro Sapia, también militante comunista, durante la celebración del aniversario de bodas del secretario del partido, León Nicanof.

subzona Naunchuk

Ella y el abogado Lito Cuadrillero presentaron un habeas corpus y lograron que fueran puestos a disposición del PEN y blanquearan su situación.

La mujer recordó que vivían vigilados y que con Mata también participaban en ATE. Al gremio le pusieron una bomba en los meses previos al golpe. Dijo que fueron perseguidos por su militancia. "Trabajaba de administrativa en ATE y cuando iba tenía dos milicos en la puerta. Vivíamos en estado de vigilancia", señaló.

Con la vuelta a la democracia, Naunchuk formó parte de una comisión de prescindidos, y relevaron un total de 400 casos.

 

Muerte de imputados

Desde que comenzó el debate ya murieron tres imputados. El ex militar Néstor Greppi, de 78 años de edad, condenado en los dos primeros juicios de la Subzona 14, falleció la madrugada del pasado 1 de diciembre, alrededor de las 4 horas, en el Hospital Militar de Capital Federal, donde estaba internado en grave estado desde hace algunas semanas. Así lo confirmaron a El Diario fuentes de ese hospital.

Greppi estaba imputado en el tercer juicio, que se desarrolla actualmente, de 6 secuestros con tormentos y como coautor mediato de 2 secuestros en concurso con abuso sexual deshonesto con acceso carnal.

Desde mayo el exmiitar no participaba de las audiencias por plataformas virtuales, estuvo internado en el Hospital Militar y luego egresó a internación domiciliaria, totalmente asistido por terceros. Sin embargo, hace unas semanas su estado se agravó y volvió a ser internado. Según confirmaron fuentes hospitalarias, este miércoles a la madrugada falleció.

El 22 de octubre del año pasado había muerto Gerardo José Jáuregui, exmayor jefe de operaciones del  regimiento de Toay durante la dictadura.

Además, el 9 de agosto de este año falleció el comisario Humberto Riffaldi, que también estaba imputado en el tercer juicio como exjefe del Departamento de Inteligencia de la Policía de La Pampa, por su intervención en el secuestro en la escuelita de Paso de los Algarrobos y las torturas a la que fue sometida la maestra Zulema Arizo.

Otro imputado en la investigación preliminar al juicio, el comisario represor Roberto Fiorucci,  quedó afuera del debate porque las pericias médicas determinaron que no está en condiciones de salud de sentarse nuevamente en el banquillo de los acusados. Fue condenado en el primer juicio, de 2010, pero en el segundo juicio también quedó afuera por el mismo motivo que en el actual.

Fuente:ElDiariodeLaPampa


24 de agosto de 2021

LA PAMPA: "Se evidenció la responsabilidad de actores antes de la dictadura".

 

"Se evidenció la responsabilidad de actores antes de la dictadura"

23 AGOSTO 2021

El Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos se refirió a los testimonios de las víctimas de la UTN de General Pico, en la última audiencia del juicio de la Subzona 14 III.

"En los testimonios se evidenció la responsabilidad de actores antes de la dictadura y que llegaron a imponer el modelo neoliberal de economía, cultura y educación para nuestro país", sostuvo este lunes, mediante un documento, el Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos con relación al testimonio de las víctimas de la UTN de General Pico en el marco del juicio a los represores pampeanos por la Subzona 14 III.

El debate, que se realiza de manera virtual, continuará el próximo 27 de agosto. Durante la semana pasada declararon nueve exalumnos, un exprofesor, un arquitecto de Obras Públicas y un diputado provincial.

El MPDDHH sostuvo en el documento difundido este lunes que "desde su creación en 1969 esa Facultad fue Delegación de Bahía Blanca, con incipiente desarrollo, profesores golondrinas y poco crecimiento, hasta que con la llegada en 1973 de la Conducción a cargo de Carlos Agaya, Daniel Lamas y Gerardo Pousadela, comenzó un trabajo intensivo de transformación, crecimiento de la matrícula, incorporación de profesores locales y becas de estudio a los estudiantes".

"También se desarrolló una interacción con la Municipalidad que facilitó viviendas del Barrio Pampa para alojamiento y como contrapartida la Universidad realizó trabajos técnicos como el relevamiento plan altimétrico de la Ciudad. En ese contexto, la casa de estudió logró independizarse de Bahía Blanca para ser Facultad Regional en formación", sostuvo la organización.

También recordó que "en enero de 1975, se produjo una intervención trucha llegada desde Bahía Blanca, con una patota armada que respondía a Rodolfo Ponce, apoyados por Aragonés y la CGT local. Entonces se produjo una toma pacífica por parte de los estudiantes, directivos y no docentes, que culminó por el asalto a la casa de Estudios por parte de la Policía y la detención colectiva. Las nuevas autoridades desarticularon todo lo realizado, suspendieron las clases, atienden con armas largas sobre el escritorio y comenzó el proceso de destrucción de la Universidad".

"En Agosto de 1975, se produjo una crisis en el Gobierno de Regazoli, en la que renunciaron cuatro ministros. Por entonces, Santiago Covella, estudiante avanzado de la Facultad de Ingeniería asumió como Ministro de Obras Públicas, acompañado por Daniel Lamas en Arquitectura, quien a su vez contrató a compañeros arquitectos de Bs. As. y muchos estudiantes que armaron el equipo de trabajo, algunos en la Oficina del Parque Industrial local (en formación), en el APA, trabajando en el acuífero etc", continuó.

También sostuvo que "el 24 de marzo de 1976, con el golpe de Estado, todo ese grupo fue secuestrado, en sus casas o en sus lugares de trabajo, quedando cesantes en forma inmediata".

Además, el MPDDHH subrayó que "a lo largo de las declaraciones de todas aquellas personas que fueron secuestradas y torturadas con relación a los episodios ocurridos en la UTN en los años 75 y 76 queda cada vez más claro que el Genocidio, la tortura y la desaparición era un medio de lo que había en disputa, dos modelos de país, dos modelos productivos, dos modelos de educación, dos modelos culturales. Uno era el que encarnaba en aquel momento el proyecto educativo de la UTN y el proyecto productivo a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Frente a eso el Genocidio vino a romper con esa relación y a instaurar la imposición de las empresas trasnacionales de gran envergadura, por supuesto con la connivencia de agentes de algunos integrantes de partidos políticos, de algunos sindicatos y de varias cámaras comerciales".

"Otro dato a resaltar que surge de estas jornadas, es el uso de las picanas producidas en Industria con el objetivo de torturar, aportadas por el Ejército, que las adquiría de EEUU. En la Escuela de las Américas donde se entrenaba también se proveía a los genocidas. Algo similar podría ocurrir en estos momentos con las pistolas Taser en la actualidad", aseveró.

"Quedó claro que la marca indeleble de la dictadura atravesó a todas estas personas con muchísimo dolor, muchos no han podido superarlo y todos siguen pidiendo Justicia", concluyó.

Fuente:ElDiariodelaPampa

LA PAMPA: Subzona 14: "A veces todavía escucho los gritos de dolor".

 

Subzona 14: "A veces todavía escucho los gritos de dolor"


El testigo Hermes Accátoli declaró en el juicio de la Subzona 14 este jueves sobre la sesión de tormentos de madrugada a la que fue sometido junto a Roberto Gil en la comisaría de Catriló. Fueron dos de las víctimas más castigadas por las torturas perpetradas por los represores.

"A veces todavía escucho los gritos de dolor de mi compañero y amigo Gil", confesó este jueves Hermes Accátoli (foto de archivo), durante su declaración en el tercer juicio de la Subzona 14. Accátoli y el exdiputado provincial del PJ, Roberto Gil, fueron sometidos a una feroz sesión de tortura durante la represión ilegal, una madrugada, llevados a la comisaría de Catriló. Es la tercera vez que la víctima expuso su testimonio ante la justicia.

Este jueves se desarrolla la tercera y última audiencia de esta semana del juicio de la Subzona 14, en la que quedan cuatro  represores en el banquillo de los acusados. Está prevista la declaración de cuatro testigos y víctimas, Juan Alberto Reucci, Hermes Acáttoli, Alfredo Lamas y Juan Carlos Sánchez.

El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa prevé volver a la semipresencialidad de los debates en las próximas semanas. Por ahora, las audiencias se realizan en forma virtual.

 

"Todavía escucho los gritos"

En segundo turno, declaró este jueves Hermes Carlos Accátoli, un testigo de 79 años que ya participó en los dos juicios anteriores. Antes declaró en el sumario administrativo que hizo la provincia con la recuperación de la democracia. Fue una de las personas más castigadas con torturas durante la represión ilegal en la provincia. Era diputado provincial del PJ y fue detenido el 24 de marzo de 1.976 en General Pico, y trasladado junto a otros detenidos políticos a la U4 de Santa Rosa. 

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El 6 de abril por la noche fue llevado junto a Roberto Gil, encapuchados -"el primer símbolo de la ilegalidad y los abusos", dijo- y esposados, a la Comisaría de Catriló. Después de que los represores comieran un asado, se ensañaron con ellos: los torturaron duramente con picana, golpes de puño y con guantes de box.

Sobre la sesión de torturas, Accátoli fue sintético. Dijo que "preguntaban estupideces", contó apenas algunas anécdotas y prefirió esta vez no dar detalles de la aplicación de la picana. "Todavía en algunos momentos escucho los gritos de dolor del amigo y compañero Gil, al que pusieron en una cama elástica", se permitió confiar.

Además, Accátoli recordó que los represores "parecían gozar de lo que hacían". Señaló que uno de los torturadores tenía "una voz aflautada y un olor etílico que anestesiaba", una voz que él después identificó como la del represor Roberto Fiorucci.

A Accátoli lo hicieron firmar una declaración y a la mañana siguiente los devolvieron a la Unidad 4. Relató que Gil quedó con el estómago morado después de los tormentos y aún rengueaba cuando recuperó la libertad. Con los años tuvo problema de divertículos y murió joven, recordó el testigo, que atribuyó esa muerte a las consecuencias de aquella sesión de tortura.

Accátoli luego fue trasladado al Penal de Rawson, puesto a disposición del PEN y dejado en libertad  el 17 de junio de 1.977. Con el tiempo recuperó el puesto laboral en el Banco Nación, luego obtuvo un retiro voluntario y fue funcionario provincial con el exgobernador Rubén Marín y asesor en el Congreso también con él.

 

"Una facultad moderna"

Por otra parte, Accátoli quiso durante su testimonio referirse a la UTN de General Pico. Recordó que con Gil, como diputados, acompañaron y apoyaron a los estudiantes que tomaron en forma pacífica la facultad para defenderla de la intervención. Mostró un folleto que repartían en aquel momento los estudiantes, desmintiendo los "disparates" con que se los acusaba desde la CGT local, liderada por Carlos Aragonés, que los apuntaba de "trapos rojos" y "marxistas".

El folleto también mencionaba que la UTN de Pico había pasado de 40 inscriptos a 250 alumnos inscriptos entre diciembre del 73 y enero del 75, durante la gestión del decano Carlos Agaya (secuestrado por la Subzona 14 y detenido ilegalmente por varios años). "Hicieron una facultad moderna para la época, en relación con la municipalidad y la comunidad, planificaron obras que les permitieron ahorrar millones de pesos a la municipalidad. Era la continuidad de la universidad obrera creada por Perón", reivindicó Accátoli.

Cabe recordar que, ese proyecto, quedó truncado por la intervención propiciada por la CGT y avalada por el ministro de Educación, el derechista Oscar Ivanesevich,  y la facultad, con el paso de los años, y luego de ese "atropello", cerró sus puertas.

 

Valor de los juicios

Accátoli finalmente rescató que en este juicio se ventilen delitos sexuales cometidos por los represores. "Me imagino a lo que estuvieron expuestas con esta gavilla de delincuentes", reflexionó.

También valoró que se sigan haciendo los juicios en el contexto de la permanencia de sectores "negacionistas" que califican de "un curro" a los movimientos de derechos humanos.

 "Me siento esperanzado de que esto vaya a concluir como no puede ser de otro modo, y si con mi presentación ayudé a las nuevas víctimas y sus familias, me sentiré bien conmigo mismo y tendré un momento de paz", finalizó.

 

 "Cambió mi vida"

En primer lugar, Juan Alberto Reucci relató que era estudiante universitario de la carrera de electromecánica de la UTN de Pico y lo detuvieron policías y militares en una razzia el día del golpe, junto a otros compañeros, mientras estaban reunidos para estudiar. Lo trasladaron a Santa Rosa, a la U4, totalmente incomunicado, donde estuvo trece días.

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En su declaración, recordó que los detenidos en la Colonia Penal observó al sindicalista Carlos Aragonés en el lugar, y "algunas voces lo increpaban por garca".

Durante este lapso temporal fue llevado a una sesión de interrogatorio en la planta alta de la Seccional Primera, esposado, encapuchado y torturado mediante golpes. "Me preguntaban cosas sin sentido, dónde había armas, al final de todo me hicieron firmar algo que no leí", dijo este jueves. "

Como todos los detenidos ilegalmente, nunca le informaron el motivo de su detención, no tuvo acceso a un abogado, a un médico, ni comunicación su familia durante las dos semanas que duró su secuestro.

Reucci también reivindicó el compromiso de los estudiantes y la conducción de la UTN por una facultad "de calidad" y recordó como una acción pacífica y justificada la toma que se hizo en el '75 para defender a la institución de una intervención que trastocaba ese proyecto.

"Fueron momentos muy duros, esto cambió mi vida, pero pude finalizar luego esa carrera mientras trabajaba", completó.

 

Dos simulacros de fusilamiento

Además, declaró Alfredo Fernando Lamas, que había venido desde Buenos Aires para ser funcionario provincial y fue secuestrado sin orden judicial por una patota que encabezaba Baraldini con una 45 en la mano, quien les dijo que eran "delincuentes subversivos", en los monoblocs de la Padre Buodo, donde vivía, junto a otros empleados provinciales y el entonces ministro de Obras Públicas, Santiago Covella.

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Le tomaron declaración en la Policía Federal, pero antes policías provinciales lo sacaron del penal al campo durante la noche dos veces, y sufrió sendos simulacros de fusilamiento. "Fue muy humillante para mí, fue terrible", recordó.

Tenía 31 años con su esposa y quería venir a radicarse con su familia a la colonia 25 de Mayo.  "Ese proyecto quedó trunco y esto marcó mi vida para siempre. Estos señores me deben mucho, y está muy bien que tengan una condena. Fuimos acusados de delincuentes subversivos por delincuentes subversivos. No hay olvido, no hay perdón", concluyó.

 

Otro testigo

Este jueves, también declaró Juan Carlos Sánchez. Recién recibido de arquitecto en Buenos Aires, había venido a trabajar al ministerio de Obras Públicas junto a otros tres compañeros. El día del golpe los detuvieron militares con armas largas, encabezados por el imputado Greppi. Lo llevaron a la Primera y lo dejaron sentado, esposado, durante toda la noche, pero nunca le tomaron declaración. Recuperó la libertad el 12 de abril del ’76. Ese día un militar puso la pistola arriba del escritorio y le preguntó si era montonero.

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 Fuente:ElDiariodelaPampa

29 de abril de 2021

LA PAMPA: Subzona 14 III: pedirán que se declare el "genocidio".

 

Subzona 14 III: pedirán que se declare el "genocidio"

28 ABRIL 2021



























Este miércoles la fiscalía terminó de leer las acusaciones contra los cinco represores que afrontan el debate. La lista de las 197 víctimas de este juicio. "Estos jucios son un ejemplo", destacó el fiscal Palazzani, que adelantó la calificación propondrán para los hechos.

El fiscal Miguel Palazzani adelantó este miércoles que pedirán que los delitos que se juzgan en el tercer juicio de la Subzona 14 se declaren cometidos en el marco de un genocidio ocurrido en el país durante la última dictadura militar. El funcionario judicial exhortó a los jueces a dejar ese mensaje para la "memoria" histórica.

En los dos primeros juicios  a los represores pampeanos el tribunal no convalidó esa interpretación. Las sentencias condenaron a los represores por asociación ilícita, secuestros y torturas.

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Este miércoles continuó el debate que se desarrolla en el Aula Magna de la UNLPam. Los imputados siguieron el debate en forma virtual. Los fiscales Iara Silvestre y Miguel Palazzani, con la colaboración del auxiliar Federico Iparraguirre terminaron de leer las acusaciones que pesan sobre los represores, un acto que iniciaron el día anterior en la primera jornada.

En este juicio por primera vez se ventilan delitos de índole sexual cometidos contra víctimas secuestradas y torturadas.

Los acusados por primera vez son el militar Jorge De Bártolo y el comisario Humberto Riffaldi, y también están imputados el exjefe de la Policía, Luis Baraldini, el exsecretario de la Gobernación, Néstor Greppi, y el expolicía y represor Carlos Reinhart.

Riffaldi, como el primer día, no estuvo en la audiencia porque presentó un certificado médico.

Se ventilan 197 casos. Entre ellos, 11 víctimas nuevas. En el debate se espera que declaren 140 testigos.

Este miércoles prosiguió el juicio de manera virtual también el querellante Guillermo Quartucci, ya que aparecen los casos del copamiento del colegio de Jacinto Aráuz durante la dictadura. También siguen el debate otras víctimas querellantes, como Raquel Barabaschi, Pinky Pumilla y Graciela Bertón. Y el dirigente del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, Víctor Giavedoni.

 

Lesa humanidad y genocidio

El fiscal Miguel Palazzani este miércoles comunicó en la audiencia que los hechos descriptos se caracterizan como delitos de lesa humanidad imprescriptibles que no permiten indultos ni amnistías. "Es una obligación que el estado argentino tomó estos procesos de justicia que no han logrado ningún país en el mundo. Son un ejemplo", destacó.

El funcionario judicial dijo que fue "un ataque sistemático y generalizado" contra un sector de la población. "Fue planeado y diseñado", reafirmó.

Palazzani también interpretó que los hechos se cometieron en el marco de un "genocidio" que ocurrió en el país durante la última dictadura militar. "Esperemos persuadir a la mayoría del tribunal que por fin caracterice de esta forma a los hechos y a todo el proceso", auguró.

El funcionario rescató dos fallos de la Cámara Federal y del Tribunal Federal de Bahía Blanca que consideraron que este tipo de delitos se concretó dentro de un genocidio. "El ataque no fue al azar, obra de mentes enfermas que se levantaron un día y dijeron que iban a matar, secuestrar o torturar a alguien. Estuvo diseñado, las personas que sufrieron estos hechos fueron señalados por sus distintas militancias. Lejos estuvo esto del azar", rescató.

"La direccionalidad de eliminar un grupo nacional determinado que no respondía a la identidad que pretendía el orden imperante es constitutiva del delito de genocidio", remarcó. "Otra misión de los juicios es la construcción de la memoria y es importante que se diga", completó.

 

Responsabilidades, uno por uno

La fiscala Iara Silvestre detalló los delitos de genocidio, asociación ilícita, secuestros, torturas y abusos sexuales que se les atribuye, en diferentes casos, a los cinco imputados.

Luego se encargó de describir la posición que tenía cada uno de los imputados en la estructura represiva de la Subzona 14.

El militar De Bártolo tenía a cargo la parte operativa del Regimiento de Toay  con el despliegue de las fuerzas militares en los operativos como el copamiento de Arauz o la detención de los ocupantes de la UTN de Pico, por ejemplo.  En este juicio está acusado de 2 secuestros con tormentos, 83 secuestros de más de un mes y 2 abusos sexuales (coautor mediato).

Por su parte, Greppi era secretario general de la gobernación, aunque tenía una función paralela con participación en los secuestros y tormentos de las víctimas.   En este juicio está acusado de 6 secuestros con tormentos, y y 2 abusos sexuales (coautor mediato).

En cuanto a Baraldini, era el jefe de la Policía de la dictadura y tuvo un rol protagónico en los operativos represivos, comandaba el grupo de tareas conformado desde la Subzona 14. Antes del golpe estaba a cargo de la inteligencia represiva desde el Regimiento en Toay. En este juicio está acusado de 8 secuestros con tormentos, 2 secuestros de más de un mes y 2 abusos sexuales (coautor mediato).

Riffaldi era el jefe del D2 (Informaciones de la Policía) y fue quién ordenó el operativo de secuestro de la maestra Arizo en la escuela de Paso de los Algarrobos. Está acusado de ese solo caso en este debate. "Inteligencia era una pieza clave", recordó la fiscala Silvestre.

Finalmente, el expolicía Reinhart (ya condenado en los dos primeros juicios) era miembro del grupo de tareas y estaba presente en operativos y en sesiones de torturas en la PrimeraEra responsable de la aplicación de tormentos con picana eléctrica.  En este juicio está acusado de 1 secuestros con tormentos, 144 secuestros de más de un mes y 1 abusos sexual (autor directo).

 

Las víctimas, por grupos

Las querellas agruparon a las víctimas por temas.

Estudiantes y profesores de la UTN de Pico que fueron secuestrados y sufrieron tormentos: Rosa Audisio, Raquel Barabaschi, Luis Barotto, Estela Barrios, Rubén Beccaría, Pedro Bellardo, Ricado Calvo, Jorge Luis Canciani, Hugo Clavería, Santiago Covella, Francisco Cortada, Graciela Espósito, Jorge Gancedo, Rosalinda Gancedo, Dante Gaute, Jorge Giusani, Osvaldo Gómez, Miguel Horacio Guinda, José Luis Leguizamón, Carlos Llinás, Mario Llinás, Walter Neher, Oscar Odetti, Eduardo Oporto, Juan Alberto Reucci, Zelma Rivoira, Héctor Oscar Súarez y Francisco Tineo.

Funcionarios y diputados relacionados con la UTN: Hérmes Accátoli, Aldo Cisul, Hugo Ferrari, Roberto Gil, Alfredo Lamas, Alberto Santín, Juan Carlos Sánchez, Gerardo Salandra y Ricardo Samos.

Estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de La Pampa: Sergio Baudino, Néstor Bosio, Miguel José Capella, Hugo Chumbita, Adrián Adolfo Di Santo, Carlos Enrique Guezzi, Dardo Hernández, Jorge Martínez, Ana María Roca, José Mendizabal, Mingote, Pedro Molinero y Esteban Tanccoff. 

Copamiento del colegio de Jacinto Arauz: Julián Álvarez, Samuel Bertón, Luis Carlino, Estela Estévez,María Antonieta Lebed, Gerardo Nansen, Gustavo Browwer de Koning, Víctor Pozo Grados, Carlos Samprón y Guillermo Quartucci y los casos nuevso Mirta Elena Bertinat y Guillermo Humberto Mazzieri.

Secuestrados entre el personal de la Escuela Hogar de Santa Rosa:  Humberto Mattei, María Teresa Fernández, Cristobal Rodríguez Kessi y Dionisio Paniego.

 En la Escuela Paso de los Algarrobos secuestraron a la maestra María Zulema Arizo.       Otra maestra, Mirta Susana Cisneros. 

Casos en Alpachiri: Luis Brodsky, Arturo Echavarría, Enrique Fernández, Favio Fogost y Hubito Ravanal.

El sindicalista Carlos Aragonés y el entonces vicegobernador Rubén Hugo Marín están en un grupo de víctimas "dudosas" por las querellas, que incluso los han considerado colaboradores.

Sindicalistas: Roberto Coronel, Miguel Ángel Maldonado, Oscar Mario Montes de Oca y Augusto Máximo Menghi.

 Periodistas: Nelson Nicoletti, Raúl Hugo Santesteban y Juan Carlos Pumilla.…

 Detenidos por una broma en la ruta 35: Carlos Horacio García,    Oscar Grande, Raúl Pastorino, Omar Seia,   Roberto Torres.

 Detenidos en La Adela: Roberto Carlos Prado, Luis Alberto Tomassini.

Funcionarios de la justicia: Osvaldo Néstor Vega, Ricardo Hernán Álvarez, Juan José Brower de Konning, Federico De Marco, Juan de Dios Uncal, Rolando Nevarez y René José Villanueva.

Artistas: Oscar Perna Almeida.

 Cazadores (tenencia de armas): Héctor Oscar Aguirre y Juan Domingo Lucero.

 Grupo "Vecos" Rodríguez, detenidos en el operativo requisa: Ramón Inocencio Rodríguez, Inocencio Rodríguez, María Cristina Rodríguez de Muñoz, María Cristina Rodríguez de Coronel, Julio Centurión, Delfor Rodríguez, Abel Rodríguez, Omar Garrido Reyes y Arturo Rodríguez.         

Grupo de Intendente Alvear: Francisco Arena, Héctor Pepa, Nelson Vasallo, Omar Durán, Benigno Pepa, Graciano Mendiburu, José Erquicia, Pablo Seisdedos, Domingo Orazola, Ismael Kolinas, Francisco Machado,   Alberto Benito y Alberto Julio.             

Militantes políticos: Rafael Guardia, Orlando García, José Brinatti, Alfredo Veleda, Victorino García, Julio Matta,    Pedro Sapia, Martín Severino Cortéz, Carlos Cortéz, Francisco Madera y Ricardo Mini.  

Empresarios y comerciantes: Arturo Valle, Alberto Larrañaga, Roberto Santajuliana, Emir Bassa, Juan Salvadori, Luis Eulogio García, José García, Segundo Gómez, Jaso Elorriaga, Salvador Scarpello y Héctor Pedro Aguirre.

 Funcionarios y familiares del gobierno de la provincia: René Alberto Molina, Héctor Nery Martínez, Nery Greta Sanders de Trucci, Walter Emer, Emiliano Gutiérrez, Jesús Ayet, Jorge Finiello, Arturo Thomsen, Zelmira Regazzoli, José Alberto Regazzoli, José Aquiles Regazzoli, Everto Cuevas, Héctor Manuel Zolecio, Omar Roque Medina, Victorino Vlasich, Julián Flores, Walter Riveiro, Francisca Vivas, Marcelo Vergara, Clemente Bediz, Hugo Avelino Cisneros, Rodolfo De Diego, Nicolás Navarro y  Justo Ivalor Roma.

Grupo campo de Phillipeaux:   Emiliano Varrentes y Felix Hurtado.        

 Grupo averiguaciones ordinarias: Dora Zapata, Juan Carlos Enriquez, Luis Perazzo, Juan Carlos Haddad, Olga Edith Juárez y Miguel Angel Pereyra.

Grupo Victorica: Ángel Alonso, Alfredo Toranzo, José Echeveste e Hipólito Pescara.

Grupo acusado de subversión económica: Nicolás Páez, Leopoldo Legarda, Jorge Licovsky, Tpmás Anchuvidart , Eduardo Hernandorena, Alejandro Ciorda, Carlos Ciorda, José Mamut y Rodolfo González.

 Sin clasificar: Juan Carlos Bonggiorno, Nolberto Ponce, Juan Alfredo Gómez y Julio C. González.

Siloistas: Alejandro Rubén Andrada y Américo Pracilio.      

Empleado municipal del Matadero, Jesús Oscar Rodríguez.

Soldados de Toay: Armando Noberto Lazcano y Pedro Ceferino Álvarez.

Fuente:ElDiariodeLaPampa



Juicio por la Subzona 14: Franco Catalani aseguró que “hay un montón de puntos oscuros” relacionados a contratos de obras públicas que tenían los militares en aquel entonces

























28 Abril, 2021
En diálogo con “La Redacción” por INFOPICO RADIO 99.9 el abogado defensor, Franco Catalani, habló sobre la tercera instancia del juicio a los represores de la “Subzona 14”.

En principio, Catalani señaló que en el día de ayer se realizaron “algunas cuestiones con relación al estado de salud de los cinco imputados”.

Por lo que indicó que uno de ellos no estará presente ya que hizo entrega de un certificado médico. Se trata de el expolicía Humberto Riffaldi, jefe del departamento de informaciones de la Policía, quien está acusado por el caso del secuestro de Zulema Arizo, una docente de una escuela rural. El resto de los imputados estuvieron presentes de manera remota, se trata de Roberto Oscar Fiorucci, Jorge De Bártolo, Néstor Greppi, Luis Baraldini y los ex policías, Carlos Reinhart y Roberto Oscar Fiorucci.

En el Aula Magna de la Universidad de La Pampa, donde se está desarrollando el juicio, estuvieron presentes los jueces Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava, la fiscal Iara Silvestre, la querellante Raquel Barabaschi, la abogada querellante bajo la figura de defensora de las víctimas Ivana Barneix y la defensora oficial Laura Armagno.

En tanto, Catalani señaló que como querellante también se encontraba presente Rafael Guardia, un ex militante político y sindical del año 1976 que pertenecía al partido revolucionario y formaba parte del sindicato de hacheros de la localidad de Rancul. “Por su actividad tanto sindical como partidaria lo secuestraron, torturaron y lo enviaron a una unidad carcelaria en Buenos Aires donde estuvo más de años antes de ser liberado”.

En lo que respecta al día de hoy, el abogado querellante explicó que se continuó con la lectura de la acusación fiscal con un total de 178 casos. “Ahora estamos en un cuarto intermedio y luego seguirá la fiscalía con las figuras penales que se les imputan”, señaló.

“El cronograma de audiencias son semana por medio, dos días una semana y dos días otra, cada 15 días hay dos o tres audiencias. Eso es lo que está previsto inicialmente, todo dependerá de que las víctimas estén en condiciones de declarar al igual que los testigos que no son víctimas“.

En tanto, aseguró que saben acerca de un montón de hechos que no han sido incluidos en ninguno de los tres juicios, “no todos los hechos han sido objeto de denuncia por una serie de circunstancias”. En el caso de las agresiones sexuales, explicó que es fundamentalmente porque las víctimas no han querido hacer las denuncias.

“Siempre va llegando nueva información que a lo mejor no es suficiente como para hacer denuncias por un caso nuevo o una víctima nueva pero si para aclarar cada vez más los hechos”.

En ese sentido, dijo que está en contacto permanente con el grupo de querellante, “hay un montón de puntos oscuros, en el último tramo se leyeron las víctimas relacionadas con la obra pública, donde están los casos terriblemente dramáticos de dos personas que eran empleados. Todos esos casos tienen un hilo conductor que son los contratos de obra pública con la provincia“.

Por lo que explicó que no quiere decir que las personas hayan estado vinculadas a algún tipo de delito sino porque era el común de los militares tener acuerdos espurios con empresas constructoras por lo que de esa manera “barrian del mapa a la competencia que eran las empresas de la provincia“, concluyó.

Fuente:InfoPico