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25 de septiembre de 2023

La Masacre de la calle Corro, a la espera del juicio.

 

La Masacre de la calle Corro, a la espera del juicio

Murieron es ese operativo cinco militantes montoneros. El hecho comenzó a ser investigado por la Justicia recién en 2015.

1 de diciembre de 2022

Masacre de la calle Corro: Seis represores a juicio por el operativo en el que murió Victoria Walsh.

 

Al banquillo por cinco asesinatos y cuatro secuestros

Masacre de la calle Corro: Seis represores a juicio por el operativo en el que murió Victoria Walsh

Cuarenta y seis años después de la matanza, el Tribunal Oral Federal 7 deberá juzgar a los exintegrantes del GADA 101, que fueron procesados y elevados a juicio por el juez federal Daniel Rafecas.

Por Lucxiana Bertoia
María Victoria “Vicki” Walsh, hija del periodista Rodolfo Walsh.

El operativo del 29 de septiembre de 1976 fue descomunal. Decenas de hombres armados del Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal Argentina (PFA) e incluso tanquetas se apostaron en las calles del barrio de Villa Luro. En la casa de Corro al 105 estaban reunidos los integrantes del secretariado político de Montoneros. Entre ellos, se encontraba María Victoria “Vicki” Walsh, la hija del periodista Rodolfo Walsh, que había acudido al encuentro con su hijita de poco más de un año. La balacera duró cerca de una hora y terminó con los cinco oficiales montoneros muertos. La dueña de casa, sus dos hijos y su yerno terminaron secuestrados. Cuarenta y seis años después, la masacre de la calle Corro irá a juicio.

Vicki había llegado a la casa de la calle Corro el día anterior –cuando cumplía 26 años–. Entró con Victoria, su hijita, en brazos porque no había encontrado con quien dejarla. El padre de la beba, Emiliano Costa, había caído preso a principios de 1975 –antes de que ella naciera–. Por entonces, Vicki era responsable de Prensa Sindical de Montoneros. En la vivienda estaban cuatro integrantes de la Secretaría Política de la organización: Alberto Molina Benuzzi, Ignacio José Bertrán, Ismael Salame y José Carlos Coronel.

El 29 de septiembre fueron sorprendidos por el operativo desmedido. Ofrecieron resistencia. Según reconstruyó Rodolfo Walsh gracias al testimonio de un conscripto, en un momento, Vicki se asomó y dijo con voz firme: “Ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir”. Se disparó ante lo que sabía que sería una muerte segura. Una muerte cruenta. Sus compañeros cayeron asesinados.

Después, los militares entraron a la casa y secuestraron a Lucy Matilde Gómez de Mainer, a sus hijos Juan Cristóbal y Maricel y a su yerno Ramón Alcides Baravalle. Ellos desfilaron por varios centros clandestinos hasta que finalmente recuperaron la libertad. Los represores se llevaron también a la menor de los Mainer, Milagros --que estaba en la escuela--, y a Victoria Costa, hasta que las entregaron a sus familias. Días antes del operativo de la calle Corro, había sido secuestrada María Magdalena Mainer en San Juan y llevada al centro clandestino de detención La Perla, de Córdoba. 

Por estos hechos, el juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio a seis exintegrantes del Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 101 que fueron parte de la cacería de la calle Corro: Carlos Alberto Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Guillermo César Viola, Héctor Eduardo Godoy y Danilo Antonio González Ramos. De todos, Viola es el más notorio porque presidió durante un tiempo la Unión de Promociones, que agrupa a militares que se oponen al avance de los juicios por delitos de lesa humanidad.

El juicio estará en manos del Tribunal Oral Federal 7 de Comodoro Py, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli. El Tribunal deberá fijar fecha para el inicio del proceso. Habrá que ver si sucede el año próximo.

Inicialmente Rafecas había procesado a diez militares del GADA. Sin embargo, la Cámara Federal dejó fuera del proceso a cuatro: Hugo Eduardo Pochón fue sobreseído mientras que Domingo Giordano, Gustavo Gilberto Tadeo Juárez Matorras y Abel Enrique Re recibieron faltas de mérito. En el caso de Giordano, Juárez Matorras y Ré, el juzgado debe profundizar la investigación. Re integraba la Plana Mayor del GADA 101 como oficial de inteligencia (S2). Para el juzgado, es claro que él participó de la planificación de tamaño operativo. Sin embargo, los camaristas le piden a Rafecas que lo sitúe a Ré en el lugar –lo que desvirtúa el rol que tenía la inteligencia a la hora de fijar los blancos, no de llevar adelante las operaciones–.

La querella de Patricia Walsh –hermana de “Vicki”– y de Lucía Coronel –una de las hijas de José Carlos Coronel– viene reclamando que se analice la participación que tuvieron otros sectores del Ejército, entre los que se destaca el Batallón de Inteligencia 601. “En este primer tramo del juicio, nos vamos a enfocar en demostrar que el genocidio buscó destruir un grupo familiar como el de los Walsh”, dijo a Página/12 el abogado Matías Aufieri.

Más datos sobre los represores

La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) aportó nueva información sobre Godoy, uno de los más activos a la hora de intentar zafar de la acusación. Tanto que consiguió que un integrante de un grupo llamado República Unida –que se referencia en los halcones del PRO– declarara en su favor diciendo que lo había conocido ese día en un retén y que lo había reencontrado 40 años después por casualidad. La maniobra intentaba ubicarlo en la zona, pero lejos de la balacera.

Sin embargo, los conscriptos que declararon en la causa lo habían descrito como un “sanguinario” y como quien ejecutó de un disparo en la cabeza a uno de los integrantes de Montoneros.

La SDH encontró un testimonio de un conscripto que contó cómo Godoy lo hostigaba –con días en el calabozo– para que dijera que pertenecía a alguna organización guerrillera. También figura en un legajo Conadep que un exdetenido-desaparecido relató que al ser trasladado desde la cárcel de Azul lo recibió en un regimiento de Ciudadela –que sería el GADA 101– un teniente de apellido Godoy. Como bienvenida, sufrió un simulacro de fusilamiento. Godoy, entre noviembre de 1982 y noviembre de 1983, siguió su carrera en el Batallón de Inteligencia 601.

Fuente:Pagina12



22 de octubre de 2022

Calle Corro: piden elevación a juicio de seis procesados por el crimen de Victoria Walsh.

 

Calle Corro: piden elevación a juicio de seis procesados por el crimen de Victoria Walsh

La abogada Myriam Bregman, junto a su colega Matías Aufieri, querellantes en la causa que investiga la Masacre de la Calle Corro, pidieron elevación a juicio de 6 genocidas procesados por la muerte de Vicki Walsh: Viola, Godoy, Grisolía, Orihuela, Montell y González Ramos.

 

Rosa D'Alesio@rosaquiara

Viernes 21 de octubre

El 29 de septiembre de 1976, meses después del golpe militar que instauró una de las dictaduras más sangrientas de la historia del país, un operativo conjunto entre fuerzas armadas y de seguridad, dispararon con artillería pesada la casa donde se encontraban cinco militantes montoneros, entre ellos una de las hijas del periodista Rodolfo Walsh, María Victoria.

Myriam Bregman y Matías Aufierison representantes legales de las querellantes Patricia Walsh y Lucía Coronel en la causa que investiga la Masacre de la Calle Corro.

La causa se inició en mayo de 2015, cuando Patricia Walsh se presentó como querellante exigiendo justicia por el asesinato de su hermana María Victoria Walsh, con la representación legal de abogadas y abogados del CeProDH: Myriam Bregman, Matías Aufieri Lialiana Mazea y Lilén Reyes. Meses después se presentó Lucía Coronel, hija de José Coronel -otro de los militantes asesinados en el operativo-, y de María Cristina Bustos desaparecida en la ESMA, donde Lucía estuvo secuestrada siendo bebe.

Esta querella, en diciembre del 2021, logró que detuvieran a diez genocidas que participaron en el operativo llevado adelante en el barrio porteño de Villa Luro. Se trata de Carlos Alberto Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Hugo Eduardo Pochón, Guillermo César Viola, Domingo Armando Giordano, Héctor Eduardo Godoy, Gustavo Gilberto Tadeo Juárez Matorras, Danilo Antonio González, Abel Enrique Re.

El 26 de septiembre de este año, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de seis genocidas, de los diez imputados. A tres les dictó falta de mérito, y uno fue sobreseído.

Este viernes 21 de octubre, los representantes legales de la querella presentaron el requerimiento de elevar a juicio a seis de los imputados detenidos en esta causa: Carlos Alberto Orihuela, es un militar (RE) del Ejército Argentino; Ricardo Grisolía, militar (RE) del Ejército Argentino; Gustavo Antonio Montell, militar (RE) del Ejército Argentino; Guillermo César Viola, militar (RE) del Ejército Argentino; Héctor Eduardo Godoy, militar (RE) del Ejército Argentino; Danilo Antonio González Ramos, militar (RE) del Ejército Argentino.

Se trata de genocidas que no habían sido procesados ni encausados en ninguno de todos los procesos de lesa humanidad abiertos hasta ese momento.

Myriam Bregman, diputada nacional del PTS-FIT, sostuvo que para llevar adelante esa masacre, a los genocidas “se les ocurre nada más y nada menos que llevar conscriptos a participar de este terrible operativo represivo en una casa donde había niños y niñas” y agregó que “es un hecho que se reconstruye y que se construye memoria a partir de todos estos exsoldados que prestan su testimonio” que, además, permitieron detener a los militares imputados por la masacre.

Matías Aufieri, en tanto, subrayó la inquebrantable lucha que familiares y víctimas llevan adelante para terminar con tantos años de impunidad. “Cuesta, porque son juicios segmentados, mientras el reclamo de los organismos de derechos humanos y familiares, es realizar juicios por circuito y que se abran los archivos de la dictadura”.

Elevación a juicio

La querella, en el escrito donde requieren la elevación a juicio, siguiendo el marco establecido en el sumario de instrucción, sostienen que “se ha podido determinar en las presentes actuaciones que en el marco del plan de represión mencionado, el 29 de septiembre de 1976, personal del Ejército Argentino específicamente perteneciente al Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 “Teniente General Ricchieri”, en conjunto con personal de la Policía Federal y Gendarmería Nacional, intervino en el operativo ilegal realizado en el domicilio de la calle Canónigo Miguel Calixto del Corro 105 del barrio de Villa Luro de la Ciudad de Buenos Aires”.

Asimismo, en el escrito añade que cuatro personas resultaron asesinadas en el domicilio y sus alrededores, “otra persona se habría quitado la vida al verse completamente rodeada por el personal interviniente, si es que no fue directamente ultimada por sus atacantes, y cuatro personas fueron privadas ilegalmente de su libertad y conducidas a diversas dependencias del circuito de represión clandestino hasta que fueron finalmente liberadas tiempo después”.

Las personas que resultaron fallecidas a raíz del operativo desplegado fueron Alberto José Molina Benuzzi, María Victoria Walsh, Ignacio José Bertrán, Ismael Salame y José Carlos Coronel, todos integrantes del Secretariado Político Nacional de Montoneros.
Las cuatro personas detenidas fueron Lucy Matilde Gómez de Mainer, Juan Cristóbal Mainer, Maricel Marta Mainer y Ramón Alcides Baravalle, quienes fueron mantenidos en cautiverio en diversos sitios, y posteriormente liberados.

Patricia Walsh sostuvo en la presentación de su querella -que dio inicio a esta causa por la que se pide elevación a juicio de seis de los imputados- que en nuestro país tuvo lugar un genocidio, un plan sistemático de exterminio que implicó la comisión de múltiples y variados delitos contra un grupo específico de personas, determinado por su identificación política y también por su pertenencia social.

Por lo cual, los crímenes ejecutados durante la última dictadura militar no son la sumatoria de hechos aislados, si no un plan genocida. En ese marco, lo sucedido con María Victoria y con su padre, el escritor Rodolfo Walsh, forma parte de ese plan genocida.

Tanto los hechos anteriores, los simultáneos y los posteriores a la muerte de María Victoria Walsh, el secuestro de su cadáver, y la retención durante días de su hijita Victoria María Costa, involucran -al menos e incuestionablemente- a integrantes del Primer Cuerpo del Ejército, del G.A.D.A 101 (Grupo de Artillería de Defensa Aérea) de Ciudadela, de la Policía Federal, y como ha surgido de la instrucción, también de miembros del Batallón 141 de Córdoba, del Batallón 601, y de Gendarmería Nacional.

Al constituirse en querellante, Patricia Walsh sobre el relato militar de los hechos que se hizo público desde el propio momento de los hechos,sostuvo: “no figuraban los nombres de los cuatro detenidos ilegalmente, y ni siquiera se hacía mención de las y los menores secuestrados que habitaban la vivienda al momento del operativo. No mencionaban a Juan Cristóbal Mainer, de 16 años, que sería secuestrado, ni a María de los Milagros Mainer, de 9 años, que sería retirada de la escuela cercana y llevada a la Comisaría, ni a Victoria María Costa, hija de Vicki Walsh, de un año y dos meses de edad, que también fue retirada de la casa de Corro 105, y llevada a la Comisaría de la Policía Federal de la zona”.

Y ello se debe a que no se trataba de una mera crónica policial publicada por los periódicos, sino de una operación de propaganda psicológica y política, con objetivos aún pendientes, en torno al "grupo" perseguido.

Myriam Bregman y Matías Aufieri, en su escrito donde solicitan la elevación a juicio de los seis imputados, vuelven a citar, como la presentación inicial, la célebre Carta Abierta a la Junta Militar difundida por Rodolfo Walsh en el día previo a su desaparición:

"Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio".

Fuente:LaIzquierdaDiario

27 de septiembre de 2022

Masacre de la calle Corro: confirman procesamientos por la muerte de Vicki Walsh.

 

Y de otros cuatro dirigentes montoneros

Masacre de la calle Corro: confirman  procesamientos por la muerte de Vicki Walsh

La Cámara Federal confirmó procesamientos de seis represores y desvinculó de la causa a otros cuatro exintegrantes del GADA 101. Los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Llorens encomendaron investigar a Gendarmería y Policía Federal. Las querellas piden que se indague el rol del Batallón de Inteligencia 601.

Por Luciana Bertoia

El clima en la mañana del 29 de septiembre de 1976 estaba irrespirable. En una casa de la calle Corro al 105 se habían dado cita cinco integrantes del Secretariado Político de Montoneros, incluida María Victoria “Vicki” Walsh. Los cinco militantes terminaron muertos después de un operativo brutal en el que participaron el Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal. Los represores se llevaron también a la mujer que vivía en su casa, a dos de sus hijos y a su yerno. El jueves se cumplirán 46 años de la masacre de la calle Corro la Cámara Federal porteña confirmó seis de los diez procesamientos que había dictado el juez federal Daniel Rafecas por estos hechos.

Los preparativos comenzaron muy temprano ese día en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 101, a cuyo cargo estaba el área V de la subzona Capital Federal. Sus hombres partieron hasta la casa de Villa Luro. Durante cerca de una hora dispararon sin piedad. Había también tanquetas –supuestamente de la Gendarmería– y personal policial.

En la casa se habían encontrado “Vicki” Walsh, Alberto Molina Benuzzi, Ignacio José Bertrán, Ismael Salame y José Carlos Coronel. Gran parte del operativo fue reconstruido días después por Rodolfo Walsh en las cartas que envió por la muerte de una de sus hijas. “Vicki” había llegado con su hijita Victoria. La dueña de casa, Lucy Matilde Gómez de Mainer se encontraba con su hijo Juan Cristóbal Mainer. También estaban de visita su hija Maricel Mainer y su marido, Ramón Baravalle. La familia Mainer terminó secuestrada. A algunos de ellos los llevaron al Vesubio, a la Superintendencia de Seguridad Federal –Coordinación Federal– y siguieron por las cárceles de la dictadura. Los represores también se llevaron a la pequeña Victoria y a la más chica de los Mainer –que estaba en la escuela– hasta que finalmente las entregaron a sus familias.

En Carta a mis amigos, Walsh contó que las últimas palabras de su hija fueron “Ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir”. Las defensas usaron esto como argumento para desresponsabilizar a los represores por su muerte. Sin embargo, la Cámara Federal replicó que su final no puede escindirse de los “verdaderos motivos” del operativo que, como mínimo, implicaba el secuestro y la tortura. “Dentro de ese marco coactivo generado por la propia injerencia de los recurrentes, no cabe duda alguna que la autodeterminación de una persona no puede ejercerse con plenitud”, sostuvieron.

En marzo pasado, Rafecas procesó a diez integrantes del GADA por los homicidios y los secuestros de la calle Corro. Después de meses de revisión, la Cámara Federal –con las firmas de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens– confirmó seis de esos procesamientos: los de Carlos Alberto Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Guillermo César Viola, Héctor Eduardo Godoy y Danilo Antonio González. Viola es el personaje más famoso de los represores acusados por la masacre de la calle Corro porque durante años lideró la Unión de Promociones, uno de los grupos pro-militares que resisten el avance de las investigaciones de lesa humanidad –por razones obvias.

La Cámara, además, sobreseyó a uno de los militares retirados, Hugo Eduardo Pochón, que era jefe de la Batería A. En simultáneo, les dictó falta de mérito a otros tres y ordenó al juez Rafecas profundizar las medidas para determinar cuál fue el rol que tuvieron durante ese 29 de septiembre. Tal es el caso de Domingo Giordano, Gustavo Gilberto Tadeo Juárez Matorras y Abel Enrique Re.

Re integraba la Plana Mayor del GADA 101 como oficial de inteligencia –lo que en la jerga militar se conoce como S2–. Rafecas entendió que, por su rol en el área de inteligencia, Re diagramó el operativo. Sin embargo, la Cámara tuvo una postura bastante restrictiva: dijo que el juez lo había inferido por la lectura de reglamentos pero que no recabó evidencia. El tribunal incluso señaló que no se acreditó su presencia en la calle Corro. En general, los jefes de inteligencia son quienes establecen los blancos y se entiende que no es necesario que estén en el lugar porque su tarea estaba hecha con anterioridad.

Para la Cámara Federal, no fue el GADA 101 el que planificó la acción sobre la calle Corro. Para Bruglia, Bertuzzi y Llorens, el GADA únicamente fue un eslabón operativo. Con los integrantes del GADA también intervinieron los gendarmes, los efectivos de la Policía Federal y el área de inteligencia del Ejército. La Cámara señala que el operativo en sí no comenzó en la Capital Federal sino con la caída de María Magdalena Mainer en San Juan y su paso por el campo de concentración La Perla en Córdoba. Uno de los que participó activamente en la gestación de la acción represiva fue Ernesto “Nabo” Barreiro.

“La resolución confirma en lo sustancial la mayoría de los procesamientos y la verdad histórica que planteamos desde la querella”, le dijo a Página/12 Matía Aufieri, que representa a Patricia Walsh junto con Myriam Bregman. “Desde ya no coincidimos con el carácter secundario o prescindible que se le asigna a la participación de algunos imputados, más allá que seguimos peleando para que se avance en investigar el accionar de la Gendarmería y la Policía Federal que también participaron del ataque. Lo mismo que el ‘Nabo’ Barreiro y el Batallón 601 que hicieron la inteligencia previa a la masacre. Estas responsabilidades aún no están establecidas y son incluso señaladas por la propia Cámara”, completó.

Fuente:Pagina12

26 de septiembre de 2022

Este jueves 29, en el ex campo de concentración Olimpo, será presentado un libro sobre la «masacre de la calle Corro», donde fueron asesinados varios militantes montoneros.

 

Este jueves 29, en el ex campo de 

concentración Olimpo, será presentado 

un libro sobre la «masacre de la calle

Corro», donde fueron asesinados 

varios militantes montoneros

Resumen Latinoamericano, 25 de septiembre de 2022.

FOTO: María Victoria Walsh, caída en combate en la calle Corro.

Escrito por el periodista y militante Ernesto Valverde, el libro «Corro 105: Rodeados», es un trabajo minucioso en el que se reconstruye (con testimonios y relatos) la vida de militantes de la Organización Montoneros que integraban el Secretariado político de la misma. Allí, en la calle Corro 105, los cinco montoneros que cayeron en combate dejaron un mensaje claro de que cuando se asume una causa justa hay que estar dispuestos a los mayores sacrificios, incluso hasta morir por ella.

Aparte de hacer importantes aportes desde el punto investigativo de la masacre, Valverde se centra en los cinco montoneros (José Coronel, Ismael Salame, Ignacio Bertrán, Victoria Walsh y Alberto Molina Benuzzi), reconstruyendo desde su infancia y adolescencia, su toma de conciencia política y su paso a un mayor compromiso, que desemboca en esta militancia que les costó la vida.

Hoy, diez militares que participaron en el brutal ataque están detenidos y han sido llevados a juicio, cerrando la parábola de una de las tantas historias de lo que significó la dictadura militar que comenzó el 24 de marzo de 1976.

El libro será presentado este jueves 29 en el ex centro de detención Olimpo (Ramón Falcón 4250-CABA) a las 19 hs.

HACIENDO MEMORIA DE LO QUE SUCEDIÓ EN LA CALLE CORRO 105, HACE 46 AÑOS

El 29 de septiembre de 1976 las fuerzas represivas argentinas mataron a cinco militantes montoneros, entre ellos a una de las hijas del periodista Rodolfo Walsh, Victoria. Después de 45 años de impunidad, la Justicia detuvo a 10 genocidas que participaron en el operativo, conocido como la masacre de la calle Corro. Ninguno de ellos quiere declarar.Con tanques, camiones con bazucas, helicópteros, autos y un arsenal, unos 150 militares argentinos fueron a buscar a nueve militantes de la organización política guerrillera Montoneros, a la casa número 105 de la calle Corro, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí funcionaba, en la clandestinidad, la oficina de prensa.Los militares, gendarmes, policías y bomberos dirigidos por los genocidas Roberto Roualdes, Ernesto el Nabo Barreiro y Héctor Vergez, dispararon hasta matar a tres de los cinco montoneros que ese día fueron asesinados: José Coronel, Ismael Salame e Ignacio Bertrán. Los otros dos, Victoria Walsh y Alberto Molina Benuzzi, decidieron quitarse la vida al grito de: «Ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir».Esa mañana, además, fueron secuestrados otros cuatro militantes que se encontraban en la casa: Lucy Matilde Gómez de Mainer, Juan Cristóbal Mainer, Maricel Marta Mainer y Ramón Alcides Baravalle.

Hasta el barrio porteño de Villa Luro, el 29 de septiembre de 1976 llegaron cientos de represores del GADA 101, la Policía Federal y Gendarmería. En la casa número 105 de la calle Corro se encontraban los militantes montoneros encargados de la prensa de la organización, que se habían reunido allí desde el día anterior. La historia de la muerte de Vicky Walsh —y sus compañeros— fue relatada por su propio padre en Carta a mis amigos y Carta a Vicki.

«El 28 de septiembre, cuando entró en la casa de la calle Corro, cumplía 26 años. Llevaba en sus brazos a su hija porque en el último momento no encontró con quién dejarla. Se acostó con ella, en camisón. Usaba unos absurdos camisones largos que siempre le quedaban grandes. A las siete del 29 la despertaron los altavoces del Ejército, los primeros tiros. Siguiendo el plan de defensa acordado, subió a la terraza con el secretario político Molina, mientras Coronel, Salame y Beltrán respondían al fuego desde la planta baja», relató.

Resistieron por más de una hora, pero al ver que no iban a ganar, Walsh y Molina decidieron quitarse la vida. En su texto, Rodolfo Walsh cuenta que un conscripto le prestó su testimonio, y le dijo: «Un hombre y una muchacha tiraban desde arriba, nos llamó la atención porque cada vez que tiraban una ráfaga y nosotros nos zambullíamos, ella se reía'».

Después reflexiona: «Mi hija estaba dispuesta a no entregarse con vida. Era una decisión madurada, razonada. Conocía, por infinidad de testimonios, el trato que dispensan los militares y marinos a quienes tienen la desgracia de caer prisioneros: el despellejamiento en vida, la mutilación de miembros, la tortura sin límite en el tiempo ni en el método, que procura al mismo tiempo la degradación moral, la delación».

La hija de Victoria Walsh fue secuestrada por los militares; al tiempo la entregaron a la familia de su padre.

Envio:RL


3 de marzo de 2022

Masacre de la calle Corro: diez represores procesados por el operativo en el que mataron a "Vicki" Walsh.

 

La resolución del juez federal Daniel Rafecas

Masacre de la calle Corro: diez represores procesados por el operativo en el que mataron a "Vicki" Walsh

Entre ellos está Guillermo César Viola, un excoronel que preside una agrupación defensora de genocidas. Habían sido detenidos en diciembre pasado por orden del magistrado, que logró reconstruir cómo fue el procedimiento en el que asesinaron a cinco personas y secuestraron a otras cuatro.

Por Luciana Bertoia

El Ejército mandó más de 200 hombres. La Gendarmería envió tres tanquetas y la Policía Federal dispuso efectivos para rodear la zona. En esa mañana del 29 de septiembre de 1976, el cielo era especialmente plomizo en el barrio de Villa Luro, donde las fuerzas habían montado un operativo para atrapar a cinco integrantes de la Secretaría Política de Montoneros que mantenían una reunión. La acción terminó con los cinco militantes muertos –una de ellos era María Victoria “Vicki” Walsh, la hija del periodista Rodolfo Walsh– y con una familia secuestrada y paseada por distintos centros clandestinos de detención. A casi 46 años de los hechos, el juez federal Daniel Rafecas procesó a diez militares retirados que participaron de la masacre de la calle Corro al 105.

Vicki llegó a la casa de la calle Corro el 28 de septiembre de 1976. Ese día cumplía 26 años. Como no había encontrado con quien dejarla, entró con su hijita de un año, Victoria. Juntas pasaron la noche en esa vivienda hasta que las despertó el operativo del Ejército, según relató Rodolfo Walsh en “Carta a mis amigos”.

Junto con Vicki estaban otros miembros del Secretariado Político de Montoneros: Alberto José Molina Benuzzi, Ignacio José Bertrán, Ismael Salame y José Carlos Coronel. Todos ellos fueron asesinados en la mañana del 29 de septiembre de 1976 mientras resistían el ataque que se había organizado desde el Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 101, con asiento en Ciudadela. Vicki, al verse rodeada y saber que no tenía otra alternativa que la tortura y la muerte, se disparó en la sien.

Una vez terminada la resistencia en la casa, los militares ingresaron --incluso con una tanqueta-- y se llevaron a la familia que vivía ahí. A Lucy Matilde Gómez de Mainer y a su hijo Juan Cristóbal Mainer. También a su hija Maricel Mainer, que estaba de visita junto con su marido, Ramón Alcides Baravalle. A ellos los trasladaron inicialmente al centro clandestino conocido como Vesubio –ubicado en el cruce de la Autopista Riccheri y el Camino de Cintura– y después a la Superintendencia de Seguridad Federal, más conocida como Coordinación Federal. Lucy y Juan Cristóbal Mainer continuaron después detenidos en dependencias del Servicio Penitenciario Federal.

En la casa, estaba Victoria Costa, la hijita de un año de Vicki Walsh. Los militares también pasaron a buscar a la menor de los Mainer, Milagros, que estaba en la escuela. Las dos nenas fueron entregadas después a una tía de los Mainer.

Por los secuestros de los Mainer, por los homicidios de Molina Benuzzi, Bertrán, Salame y Coronel y por la tentativa de homicidio de Vicki Walsh, Rafecas procesó a diez militares que prestaron funciones en el GADA 101: Guillermo César Viola Viola, Carlos Alberto Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Hugo Eduardo Pochón, Domingo Armando Giordano, Héctor Eduardo Godoy, Gustavo Gilberto Tadeo Juárez Matorras, Danilo Antonio González Ramos y Abel Enrique Re. Una de las curiosidades es que Viola es el titular de la Unión de Promociones (UP), que agrupa a uniformados que se resisten a los juicios por delitos de lesa humanidad.

“Junto con los familiares, como Patricia Walsh y Lucía Coronel, lo esperábamos hace mucho, ya que su lucha contra la impunidad alberga siempre la expectativa de justicia efectiva”, le dijo a Página/12 el abogado Matías Aufieri, que querella en la causa junto con Myriam Bregman. “Seguiremos peleando por la prisión común y efectiva, y para que se haga extensiva la investigación a las otras fuerzas que participaron del operativo y del genocidio en su conjunto: la Policía Federal, la Gendarmería, y desde ya, a los miembros del Batallón de Inteligencia 601 y otros miembros de inteligencia del Ejército”, agregó.

Una investigación de años

La causa se inició con una presentación que hizo el exPrograma Verdad y Justicia --de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación-- después de analizar los documentos del GADA 101, legajos militares y testimonios de las víctimas. Una prueba clave fue el libro histórico del GADA 101 en donde quedaron asentados datos muy relevantes a la hora de entender cómo fue el armado de la operación.

En el libro histórico figura que el GADA envió a tres oficiales jefes al operativo de la calle Corro junto con otros trece oficiales, 61 suboficiales y 134 soldados. La operación consistió en el armado de dos cercos concéntricos: el externo estuvo a cargo de la Policía Federal y el interno del GADA 101. Según esta documentación, el combate duró 45 minutos y, a las dos horas, los militares estaban regresando hacia Ciudadela. En el Juzgado Federal 3 les tomaron declaración a 81 exconscriptos y 40 de ellos, que estuvieron presentes, aportaron datos para entender cómo se preparó la operación de septiembre de 1976.

Los militares a quienes Rafecas detuvo en diciembre pasado buscaron desvincularse y dijeron que el GADA era unidad de reserva, que no pudo haber tenido un rol central en la masacre de la calle Corro. Sin embargo, eso no fue lo que dejó por escrito el que era el jefe de Operaciones del GADA 101 al momento del operativo. En noviembre de 1983, Julio César Romano hacía distintos reclamos administrativos porque no le daban la calificación que necesitaba para convertirse en coronel. Una de sus quejas decía que no tenían en cuenta que él había sido quien planificó y ejecutó la operación de la calle Corro de la que participó casi la totalidad del personal del GADA 101.

Fuente:Pagina12

11 de febrero de 2022

La Secretaría de Derechos Humanos pidió ser querellante en la causa por la masacre de la calle Corro.

 

El operativo en el que mataron a "Vicki" Walsh 

La Secretaría de Derechos Humanos pidió ser querellante en la causa por la masacre de la calle Corro

La presentación del organismo focalizó en el rol que podría haber jugado en el operativo el represor Ernesto “Nabo” Barreiro, uno de los represores de La Perla.

Por Luciana Bertoia

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió ser querellante en la investigación sobre la masacre de la calle Corro, donde perdieron la vida cinco integrantes del secretariado político de Montoneros –entre ellos, María Victoria “Vicki” Walsh, la hija del periodista Rodolfo Walsh–. La presentación del organismo que lidera Horacio Pietragalla Corti puso en el tapete el rol que podría haber jugado en esa operativo brutal un viejo conocido del mundo de la represión: Ernesto Guillermo “Nabo” Barreiro, uno de los represores de La Perla y uno de los voceros de los carapintadas en la rebelión de Semana Santa.

En diciembre pasado, el juez federal Daniel Rafecas ordenó la detención de diez militares que integraron el Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 101 que llevó adelante la operación en la mañana del 29 de septiembre de 1976. Allí fueron asesinados Alberto José Molina Benuzzi, Ignacio José Bertrán, Ismael Salame y José Carlos Coronel. “Vicki” se quitó la vida, como relató su padre en una de sus cartas, cuando no tenía más opción que una muerte segura.

Los diez militares fueron indagados y, como relató este diario, en los últimos días ampliaron esas indagatorias. En general, buscaron decir que el GADA cumplió funciones secundarias y que ellos no estuvieron ni cerca de donde se produjo el tiroteo. Sin embargo, la Secretaría de Derechos Humanos recordó información que ya había aportado en 2015 el entonces Programa Verdad y Justicia y que desbarata esa teoría.

En el libro histórico de la unidad, quedó asentado que el GADA 101 estuvo abocado a ese operativo el 29 de septiembre de 1976. El despliegue fue descomunal: enviaron a tres jefes, trece oficiales, 61 suboficiales y 134 soldados clase 1955. El operativo consistió en dos cercos concéntricos: en el exterior estaban los efectivos de la Policía Federal; en el interior los integrantes del GADA. Esa misma unidad estuvo encargada del “ataque simultáneo frontal” a la vivienda de la calle Corro 105. Para el ataque contaron con el apoyo de tres tanquetas de la Gendarmería.

El operativo duró, dice el libro histórico, unos 45 minutos. Después de entonces, nadie opuso resistencia. Los militares entraron y se llevaron a la familia que vivía en esa casa, a la hija de “Vicki” Walsh y pasaron a buscar a la menor de los Mainer por el colegio. La familia Mainer estuvo detenida primero en Campo de Mayo y luego pasó a Coordinación Federal. En la casa solo quedaron los destrozos y una custodia conformada por un jefe, dos suboficiales y diez soldados. A las dos horas, los militares del GADA 101 ya estaban volviendo al cuartel.

La documentación aportada por la Secretaría de Derechos Humanos muestra que todo el operativo podría haber sido producto de una coordinación mayor, que incluye a los represores que actuaban en el Tercer Cuerpo de Ejército. Esto surgió después de analizar el legajo del “Nabo” Barreiro, uno de los represores más sanguinarios de La Perla.

En una nota que envió a sus superiores, Barreiro se jactaba de haber sido quien fue el cerebro de la operación que terminó siendo una masacre en la calle Corro. “En la actividad intelectual surge un hecho que por sus características fuera remarcado por el señor jefe de Operaciones del Estado Mayor referido a la destrucción de la secretaría política nacional de Montoneros, el que tiene su inicio a raíz de un trabajo de investigación personal del suscripto, iniciado en esta jurisdicción para posteriormente trasladarse a Buenos Aires, donde con personal de dicha guarnición participó en la operación realizada en la finca de Yerbal y Corro de la Capital Federal en la que se aniquila dicha secretaría”, escribió Barreiro.

Al momento de la masacre de la calle Corro, Barreiro integraba el Destacamento de Inteligencia 141 en la Primera Sección de Ejecución y era parte de la Sección de Operaciones Especiales. Por su pertenencia a las áreas de inteligencia, en octubre de 1976 –días después del operativo de Villa Luro– figura que el entonces jefe del Batallón de Inteligencia 601, Alberto Alfredo Valín, le comunicó que Barreiro había sido felicitado al jefe de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Alberto Martínez. Estos datos muestran el rol que jugó el área de inteligencia en la planificación de los crímenes de la última dictadura.

Rafecas avanza en la reconstrucción del rol de los militares del GADA 101, de quienes deberá resolver su situación en los próximos días. El rol de Barreiro es otro de los ejes de atención del juzgado, que ha consultado por su intervención a las decenas de conscriptos que prestaron declaración en la causa.

Días atrás, el abogado Matías Aufieri –que encabeza la querella de Patricia Walsh junto con la diputada Myriam Bregman– le dijo a este diario que también debería investigarse el accionar de la Gendarmería, la Policía Federal y el Batallón 601 en el ataque que terminó con la muerte de cinco militantes montoneros.

Fuente:Pagina12



10 de febrero de 2022

La Secretaría de Derechos Humanos pidió ser querellante en la causa por la masacre de la calle Corro.

 

El operativo en el que mataron a "Vicki" Walsh 

La Secretaría de Derechos Humanos pidió ser querellante en la causa por la masacre de la calle Corro

La presentación del organismo focalizó en el rol que podría haber jugado en el operativo el represor Ernesto “Nabo” Barreiro, uno de los represores de La Perla.

Por Luciana Bertoia

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió ser querellante en la investigación sobre la masacre de la calle Corro, donde perdieron la vida cinco integrantes del secretariado político de Montoneros –entre ellos, María Victoria “Vicki” Walsh, la hija del periodista Rodolfo Walsh–. La presentación del organismo que lidera Horacio Pietragalla Corti puso en el tapete el rol que podría haber jugado en esa operativo brutal un viejo conocido del mundo de la represión: Ernesto Guillermo “Nabo” Barreiro, uno de los represores de La Perla y uno de los voceros de los carapintadas en la rebelión de Semana Santa.

En diciembre pasado, el juez federal Daniel Rafecas ordenó la detención de diez militares que integraron el Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 101 que llevó adelante la operación en la mañana del 29 de septiembre de 1976. Allí fueron asesinados Alberto José Molina Benuzzi, Ignacio José Bertrán, Ismael Salame y José Carlos Coronel. “Vicki” se quitó la vida, como relató su padre en una de sus cartas, cuando no tenía más opción que una muerte segura.

Los diez militares fueron indagados y, como relató este diario, en los últimos días ampliaron esas indagatorias. En general, buscaron decir que el GADA cumplió funciones secundarias y que ellos no estuvieron ni cerca de donde se produjo el tiroteo. Sin embargo, la Secretaría de Derechos Humanos recordó información que ya había aportado en 2015 el entonces Programa Verdad y Justicia y que desbarata esa teoría.

En el libro histórico de la unidad, quedó asentado que el GADA 101 estuvo abocado a ese operativo el 29 de septiembre de 1976. El despliegue fue descomunal: enviaron a tres jefes, trece oficiales, 61 suboficiales y 134 soldados clase 1955. El operativo consistió en dos cercos concéntricos: en el exterior estaban los efectivos de la Policía Federal; en el interior los integrantes del GADA. Esa misma unidad estuvo encargada del “ataque simultáneo frontal” a la vivienda de la calle Corro 105. Para el ataque contaron con el apoyo de tres tanquetas de la Gendarmería.

El operativo duró, dice el libro histórico, unos 45 minutos. Después de entonces, nadie opuso resistencia. Los militares entraron y se llevaron a la familia que vivía en esa casa, a la hija de “Vicki” Walsh y pasaron a buscar a la menor de los Mainer por el colegio. La familia Mainer estuvo detenida primero en Campo de Mayo y luego pasó a Coordinación Federal. En la casa solo quedaron los destrozos y una custodia conformada por un jefe, dos suboficiales y diez soldados. A las dos horas, los militares del GADA 101 ya estaban volviendo al cuartel.

La documentación aportada por la Secretaría de Derechos Humanos muestra que todo el operativo podría haber sido producto de una coordinación mayor, que incluye a los represores que actuaban en el Tercer Cuerpo de Ejército. Esto surgió después de analizar el legajo del “Nabo” Barreiro, uno de los represores más sanguinarios de La Perla.

En una nota que envió a sus superiores, Barreiro se jactaba de haber sido quien fue el cerebro de la operación que terminó siendo una masacre en la calle Corro. “En la actividad intelectual surge un hecho que por sus características fuera remarcado por el señor jefe de Operaciones del Estado Mayor referido a la destrucción de la secretaría política nacional de Montoneros, el que tiene su inicio a raíz de un trabajo de investigación personal del suscripto, iniciado en esta jurisdicción para posteriormente trasladarse a Buenos Aires, donde con personal de dicha guarnición participó en la operación realizada en la finca de Yerbal y Corro de la Capital Federal en la que se aniquila dicha secretaría”, escribió Barreiro.

Al momento de la masacre de la calle Corro, Barreiro integraba el Destacamento de Inteligencia 141 en la Primera Sección de Ejecución y era parte de la Sección de Operaciones Especiales. Por su pertenencia a las áreas de inteligencia, en octubre de 1976 –días después del operativo de Villa Luro– figura que el entonces jefe del Batallón de Inteligencia 601, Alberto Alfredo Valín, le comunicó que Barreiro había sido felicitado al jefe de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Alberto Martínez. Estos datos muestran el rol que jugó el área de inteligencia en la planificación de los crímenes de la última dictadura.

Rafecas avanza en la reconstrucción del rol de los militares del GADA 101, de quienes deberá resolver su situación en los próximos días. El rol de Barreiro es otro de los ejes de atención del juzgado, que ha consultado por su intervención a las decenas de conscriptos que prestaron declaración en la causa.

Días atrás, el abogado Matías Aufieri –que encabeza la querella de Patricia Walsh junto con la diputada Myriam Bregman– le dijo a este diario que también debería investigarse el accionar de la Gendarmería, la Policía Federal y el Batallón 601 en el ataque que terminó con la muerte de cinco militantes montoneros.

Fuente:Pagina12