Postergan hasta mayo un juicio contra represores que actuaron en Mansión Seré
El Tribunal Oral Federal 5 de San Martín decidió postergar hasta mayo el inicio del juicio de lesa humanidad contra cinco miembros retirados de la Fuerza Aérea, acusados de secuestros y torturas contra 127 personas que fueron mantenidas cautivas en Mansión Seré y otros centros clandestinos durante la última dictadura cívico militar.
El Tribunal adoptó esa decisión al hacer lugar a un pedido de la defensa de uno de los imputados que pidió la suspensión por “incapacidad sobreviniente”
Según confirmaron fuentes judiciales que, si bien estaba planeado que el próximo jueves 21 comenzaría el juicio, finalmente se resolvió postergarlo para el 28 de mayo del próximo.
La resolución fue adoptada por el Tribunal, integrado por María Claudia Morgese Martin (Presidenta) y los vocales Alfredo Justo Ruiz Paz y Marcelo Gonzalo Díaz Cabral, ante el pedido de suspensión por parte de la defensa Juan Carlos Vázquez Sarmiento, agente de Inteligencia de la Fuerza Aérea, por “incapacidad sobreviniente”.
A Vázquez Sarmiento se le imputan los hechos de privación ilegítima de la libertad agravada de José Manuel Pérez Rojo, Patricia Julia Roisinblit y Gabriel Pontnau, actualmente desaparecidos.
El imputado permaneció prófugo durante 20 años y fue detenido en octubre de 2021 en Ituzaingó.
La evaluación por parte del Cuerpo Médico Forense está pautada para el 20 de diciembre y además su defensor pidió la actualización de un informe psicológico que aún no tiene fecha para su realización y será efectuada por un especialista en neuropsicología, del servicio de Salud Mental del Hospital Municipal Bernardino Rivadavia, se informó.
Además, están pendientes de resolución de medidas de prueba, pedidas por la fiscalía recientemente, y que las defensas tardan en responder, sobre la necesidad de citar a juicio a alrededor de 80 testigos.
Por otro lado, se acumuló una nueva causa (FSM 15767/2021/TO1) por conexidad subjetiva, dado que el único imputado es Vázquez Sarmiento.
Mansión Seré: condenaron a represores por delitos de lesa humanidad
Según la Comisión por la Memoria, el centro clandestino de detención Mansión Seré fue operado por la Fuerza Aérea Argentina y funcionó en el período comprendido entre febrero de 1977 y principios de abril de 1978.
Nov 25, 2022
La Corte Suprema dejó firmes las penas contra represores de la última dictadura, condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como Mansión Seré que funcionó durante 1977 y principios de 1978. El lugar fue rebautizado por la patota como Atila y este caso fue llevado al cine a través del film argentino “Gallito ciego”. La película «Crónica de una Fuga» también relata hechos ocurridos en el lugar.
En cuanto a los condenados se trata de Miguel Ángel Ossés, Daniel Alfredo Scali (fallecido) y Héctor Oscar Seisdedos, condenados a penas de entre 25 años y prisión perpetua.
El ex brigadier Ossés fue condenado en 2015 por el Tribunal Oral Federal número cinco de San Martín sentenció a prisión perpetua por «homicidio agravado; violación agravada, abuso deshonesto; privación ilegal de la libertad agravada, y tormentos agravados».
En esta instancia, sólo estaba apelada la condena por delitos contra la integridad sexual, pese a lo cual su defensa insistió con la «prescripción de la acción penal; la vigencia de las leyes de obediencia debida y punto final; violación a los derechos de defensa y debido proceso, y a los principios de inocencia, irretroactividad de la pena más gravosa, plazo razonable y legalidad».
Por su parte, Seisdedos, ex policía bonaerense y ex agente de inteligencia de la Fuerza Aérea, fue condenado a 25 años de prisión por violación agravada, privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados.
Respecto del ex cabo de la Policía Federal Scali, la Corte declaró «inoficioso» pronunciarse sobre su condena, también a 25 años, puesto que el imputado falleció.
El 18 de marzo de este año el Tribunal Oral Federal de San Martín resolvió declarar extinguida la acción penal por muerte.
En cuanto a la casa del horror según el testimonio de sobrevivientes, familiares y vecinos pudo saberse que para febrero de 1977 ya había en este lugar personas secuestradas y que fue rebautizado por los miembros de la patota como Atila. El lugar físico donde funcionó el CCD era una casona de estancia de dos pisos, con sótano y techo a cuatro aguas, describe la organización.
«La propiedad fue dinamitada e incendiada, para borrar los restos del horror y las pruebas del plan de exterminio. A partir de ese momento permaneció abandonada hasta su destrucción definitiva en 1985″, resume el reporte.
La Corte confirmó condenas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura
Los represores Miguel Ángel Ossés, Daniel Alfredo Scali (fallecido) y Héctor Oscar Seisdedos actuaron en el centro clandestino Mansión Seré.. Imagen: Gustavo Mujica
La Corte Suprema de Justicia dejó firmes las penas contra represores de la última dictadura condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como Mansión Seré. Se trata de Miguel Ángel Ossés, Daniel Alfredo Scali (ya fallecido) y Héctor Oscar Seisdedos.
El brigadier Ossés fue condenado en 2015 por el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín a prisión perpetua por "homicidio agravado; violación agravada, abuso deshonesto; privación ilegal de la libertad agravada, y tormentos agravados". En esta instancia, sólo estaba apelada la condena por delitos contra la integridad sexual, pese a lo cual su defensa insistió con la "prescripción de la acción penal" y "la vigencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final", entre otros puntos.
Seisdedos, policía bonaerense y exagente de inteligencia de la Fuerza Aérea, fue condenado a 25 años de prisión por violación agravada, privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados.
Respecto del cabo de la Policía Federal Scali, la Corte declaró "inoficioso" pronunciarse sobre su condena, también a 25 años de prisión, puesto que el imputado está muerto. El 18 de marzo de este año el Tribunal Oral Federal de San Martín resolvió declarar extinguida la acción penal por muerte.
El centro clandestino de Mansión Seré fue operado por la Fuerza Aérea y funcionó al menos entre febrero de 1977 y abril de 1978.
Recurso rechazado
La Corte también rechazó un recurso de queja de la defensa de Cecilia Ramona Góngora, condenada en el 2016 a ocho años de prisión por apropiación, ocultamiento y alteración de identidad de un bebé nacido durante la última dictadura, a quien inscribió como propio, en un juicio en el que también recibió una sentencia de seis años de cárcel la obstetra Elsa Nasatsky.
En septiembre del 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe dictó las condenas por la apropiación de José Roberto Maullín Prato, nacido en Reconquista el 26 de marzo de 1977 e hijo biológico de Luisa Beatriz Pratto y Rubén Maullín, perseguidos por fuerzas policiales y militares, en el marco del terrorismo de Estado.
Maullín Prato fue inscripto con el nombre José Luis Segretín, como hijo de Góngora y su esposo, fallecido antes del inicio del proceso. Góngora pertenecía a una familia de militares, algo que para el tribunal "posibilitaba un marco de connivencia y protección" para concretar ese tipo de delitos, además de haber contado con la ayuda de la obstetra Nasatsky.
La defensa de Góngora cuestionó la pena que recibió y también que se hubiese calificado al delito como de "lesa humanidad", lo que impidió su prescripción. En diciembre de 2019 la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, rechazó el planteo. Tras la negativa de ese tribunal a habilitar un recurso extraordinario, Góngora presentó un recurso de queja ante la Corte, que el máximo tribunal, con la firma de su presidente Horaco Rosatti y los ministros Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, consideró "inadmisible".
Once represores serán juzgados por decisión de Daniel Rafecas
A juicio por los crímenes cometidos bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército
Seis integran la Fuerza Aérea y actuaron en la Mansión Seré y las brigadas áereas que también funcionaron como campos de concentración durante la última dictadura. Los cinco restantes son policías vinculados al centro clandestino conocido como Cuatrerismo o Protobanco.
El juez federal Daniel Rafecaselevó a juicio a once represores que actuaron en provincia de Buenos Aires durante los años del terrorismo de Estado. Se trata de integrantes de la Fuerza Aérea, que estuvieron vinculados a la Mansión Seré y a las brigadas áreas que también funcionaron como campos de concentración durante la última dictadura, y de policías que actuaron en el centro clandestino conocido como Cuatrerismo o Protobanco, donde el horror comenzó antes del golpe de Estado de 1976.
Desde que Rafecas se hizo cargo del juzgado federal 3 en 2004, investigó 43 centros clandestinos que funcionaron bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército. Antes del inicio de la feria, el juez federal decidió enviar a juicio a seis represores que operaron en la llamada subzona 16 -- que corresponde a los partidos de Morón, Merlo y Moreno -- y a cinco que actuaron en la entonces División Cuatrerismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Con la excepción de dos de ellos que están alojados en la Unidad 34 de Campo de Mayo, el resto esperará el juicio en prisión domiciliaria.
Subzona 16
Para mitad de 1976, la zona de Morón, Merlo y Moreno ya estaba a cargo de la Fuerza Aérea. El principal centro clandestino de la zona fue la Mansión Seré, que se mantuvo operativo entre 1976 y 1977, cuando fue desactivado después de la fuga de cuatro detenidos-desaparecidos. Rafecas sostiene en su resolución que existió un circuito represivo en la zona, aunque no existía un patrón que mostrara las distintas escalas que transitaban quienes padecían el infierno del secuestro y la tortura allí. "Mansión Seré constituyó, sin dudas, el lugar de destino más destacado e importante de dicho circuito represivo, ello debido a la cantidad de víctimas que pasaron por él, los tiempos de cautiverio registrados, la crueldad de las torturas aplicadas en forma sistemática, como así también debido a que éste era el único recinto cuya concepción y existencia fue clandestino de un modo absoluto hasta su apresurado desmantelamiento", explicó el magistrado en la elevación a juicio.
La jefatura de la subzona 16 estaba a cargo de la Brigada Aérea del Palomar, que también funcionó como centro clandestino entre agosto de 1976 y junio de 1978, al igual que las brigadas aéreas de Morón y Moreno. La novedad es que el juzgado de Rafecas pudo avanzar en la delimitación de la brigada de Moreno como lugar de cautiverio, donde las personas secuestradas eran interrogadas y alojadas por períodos cortos de tiempo y después trasladadas a otros centros de detención. El juez logró acreditar esta metodología en, al menos, ocho casos. De la VIII Brigada Aérea de Moreno también dependían las "Tres Marías", como se conocían a las tres camionetas azules de la Fuerza Aérea que surcaban las calles de la zona en busca de nuevas víctimas. "Han sido emblema y la punta de lanza del accionar represivo en el Área 162", las describió el juez.
Además de estas dependencias de la Fuerza Aérea, Rafecas dio por probado que también funcionaron como lugares de cautiverio las comisarías de Castelar, Morón, Moreno, el destacamento de Paso del Rey y la subcomisaría de Francisco Álvarez. También, como quedó acreditado en el juicio de 2016, tuvo ese rol la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA).
La elevación a juicio actual contempla lo padecido por 127 víctimas y abarca a seis represores. Entre ellos, Alejandro Noel Lazo (86), Juan Carlos Herrera (74) y José Juan Zyska (64), que revistaban en la Brigada Aérea del Palomar y que deberán responder por secuestros y tormentos en la Mansión Seré. También están incluidos en la resolución del juez Ernesto Rafael Lynch (77), que oficiaba como capitán de la VIII Brigada Aérea de Moreno, y los dos integrantes de la RIBA Julio César Leston (74) y Arturo Rafael Giménez (91). En este tramo también debió ser elevado a juicio el capitán de la Fuerza Aérea Juan Manuel Taboada, pero falleció en noviembre pasado.
Cuatrerismo
En tanto, son cinco los represores que deberán responder por lo sucedido en el centro clandestino que funcionó en la División Cuatrerismo de la Policía bonaerense, ubicada en Puente 12. Ese centro clandestino recibió distintas denominaciones por parte de los sobrevivientes como Cuatrerismo, Brigada Güemes o Protobanco, aunque la descripción del horror es unívoca. Entre ellos están Carlos Alberto Tarantino (77), Ángel Salerno (79), Néstor Ciaramella (68) y Enrique Osvaldo Gauna (79), a quien lo recuerdan otros policías como “Péndulo” por su forma de andar oscilante.
Además, con ellos, está elevado a juicio un agente del Batallón de Inteligencia 601 Enrique José del Pino, que ya fue juzgado por otros hechos. Del Pino, conocido como Miguel, era uno de los interrogadores que enviaba el Batallón a los centros clandestinos como una de las formas estratégicas que tenían los altos mandos de la dictadura para reunir inteligencia para que la maquinaria de secuestros y muertes continuara aceitada. En esta causa, el juez ya elevó a juicio a otro agente del Batallón, Carlos Antonio Españadero, cuyo proceso comenzó a fin de año.
Rafecas está a la espera de que la Cámara Federal de Casación Penal resuelva la situación de un tercer agente de inteligencia del ejército, Walter Roque Minod, a quien la Sala I de la Cámara Federal le revocó el procesamiento. Minod era el superior de Españadero y estaba a cargo del área de Operaciones y Logística del temible Batallón que tenía sede en Viamonte y Callao.
La Bonaerense creó la División Cuatrerismo en 1968 para perseguir el abigeato, pero, desde fines de 1974, esa división estuvo enfocada en otra persecución: la de los militantes políticos. Cuatrerismo funcionó en una dependencia relativamente pequeña en Puente 12, a la que se accedía a través de una tranquera, y en la que era imposible que alguien que prestara funciones allí pudiera estar ajeno de lo que sucedía.
Al menos tres expolicías declararon en la causa en calidad de testigos y aportaron datos importantes para la investigación. Relataron, por ejemplo, que había un pozo profundo alrededor del centro clandestino, que, en todo momento estaba encendido con gasoil que traían desde el regimiento de La Tablada. Los trabajos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia fueron fundamentales para determinar, precisaron desde el juzgado, que allí se incineraron cuerpos de los detenidos en ese centro clandestino. Los exagentes también mencionaron la presencia de quienes podrían ser instructores franceses, que venían a replicar los métodos aplicados en Argelia.
Nunca Más 25 años de prisión para dos represores en la causa Mansión Seré III septiembre 03, 2019
Los dos ex suboficiales de la Fuerza Aérea, Mario Domingo Rulli y Julio Narciso Flores, fueron encontrados coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por su condición de funcionarios públicos y por violencia y amenazas.
La condena tuvo lugar en el marco del tercer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, en los centros clandestinos de detención que funcionaron en el circuito represivo de la zona oeste, entre los que se encuentra la Mansión Seré.
El fallo del Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín, los jueces Alfredo Ruíz Paz, Marcelo Díaz Cabral y María Claudia Morgese Martín encontraron a Rulli ( ex suboficial auxiliar de la Fuerza Aérea) y Flores (Cabo Segundo) responsables de los delitos de lesa humanidad y los condenaron a 25 de prisión.
El fallo del tribunal fue acorde al pedido de condena que había hecho el Ministerio Público Fiscal.
Se conocerá la sentencia del juicio a genocidas por la causa Mansión Seré III
31 agosto , 2019
Será el lunes 2 de septiembre a las 12:00 en Intendente Ballester 3853, San Martín, Provincia de Buenos Aires. Se tratan los casos de 68 víctimas de delitos de lesa humanidad.
El juicio comenzó el pasado 8 de abril, después de tres postergaciones. El Tribunal está integrado por María Claudia Morgese Martín, Alfredo Justo Ruíz Paz y Marcelo Díaz Cabral.
Los genocidas
Mario Domingo Rulli, suboficial auxiliar retirado de la Fuerza Aérea. Integró la División Inteligencia de la Jefatura de la Brigada Aérea de El Palomar. Desde la Fuerza de Tareas 100 se habría desempeñado en el centro clandestino Mansión Seré.
Julio Narciso Flores, ex cabo primero de la Fuerza Aérea. Cumplió tareas de guardia en el centro clandestino Mansión Seré y participó en operativos de secuestro de personas trasladadas a ese lugar, desempeñándose en esas funciones al menos desde el 1º de octubre de 1977 y hasta abril de 1978.
Los dos están acusados como autores inmediatos de los delitos de secuestro e imposición de tormentos y el pedido de condenas es de 25 años de prisión.
El tercer acusado, Omar Elisendo Hernández, será evaluado por médicos para constatar si puede ser juzgado o debe ser apartado.
La causa
Se investigan delitos de lesa humanidad cometidos bajo el mando del Primer Cuerpo del Ejército en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio “Mansión Seré”. Por testimonios de sobrevivientes, pudo establecerse que el centro clandestino funcionó al menos entre agosto de 1977 y abril de 1978, durante la última dictadura cívico-militar. La propiedad, que previamente fue una vivienda familiar, estaba ubicada en el predio delimitado por las calles Blas Parera, Bufano, Coronel Casacuberta y Fray Justo Santa María de Oro, en la localidad de Castelar, Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires.
La fuga
El 24 de marzo de 1978 los detenidos-desaparecidos Guillermo Fernández, Claudio Tamburrini, Carlos García y Daniel Enrique Rossomano organizaron una fuga. Esto les permitió salir del centro clandestino y marcar el desmantelamiento del lugar de cautiverio por parte de los genocidas, quienes incendiaron el edificio para borrar pruebas.
Las cuatro víctimas organizaron la fuga, después de analizar sus opciones. Evaluaron horarios, herramientas y posibilidades. Uno de los primeros pasos fue intentar abrir una ventana con un clavo. Lo hicieron de día, para probar si hacía ruido. La abrieron y la volvieron a cerrar. Una lamparita quemada fue un segundo objeto para la fuga, pero antes de realizarla llegó a ser reemplazada. La fuga se postergó unos días. Hasta que se hizo: “esta vez sí, esta vez es ahora o nunca”, dijeron y así fue. Esperaron a la madrugada, con una cuchara que retuvieron de las comidas que recibían perforaron una frazada. Tenían las manos y los pies atados con cadenas, que pudieron sacarse. Volvieron a abrir la ventana y lograron bajar. Corrieron, se escondieron, corrieron otra vez. En los cálculos de la fuga faltó tener en cuenta la debilidad sobre los cuerpos que había producido el cautiverio. Pero lo lograron: se fugaron del centro clandestino.
JUICIO Y CASTIGO Para sepultar la memoria: denuncian trabas en un juicio de Lesa Humanidad en Moreno Organismos de Derechos Humanos reclamaron celeridad a los jueces del Tribunal N°5 de San Martín que tienen la causa del Centro Clandestino Mansión Seré III.
Organizaciones de Derechos Humanos de Moreno denuncian a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín, por realizar maniobras y retrasar el juicio de lesa humanidad del Centro Clandestino Mansión Seré III y la Comisaría Primera.
“Es una maniobra de los jueces, que desde febrero vienen dando vueltas con una pericia médica al Comisario Hernández que estaba apto para ser juzgado. Ahora insistimos en que se inicie el juicio”, dijo Martha Ibarra de Moreno por la Memoria.
En este sentido, la referente acusó a los jueces María Claudia Morgese Martin, Alfredo Justo Ruiz Paz y Marcelo Gonzalo Díaz Cabral de impedir el inicio del proceso contra Hernández por el secuestro y tortura de los padres de Mario Bellene.
“Luego de retrasar todo suman la causa al juicio de La Pastoril que todavía no inicia. Son impresentables, especialmente el presidente del juzgado, que es un tipo desagradable, autoritario y maleducado”, sentenció Ibarra.
Los imputados por delitos de lesa humanidad contra setenta personas son Omar Elisendo Hernández, Mario Domingo Rulli y Julio Narciso Flores. Mientras que la investigación está a cargo de los fiscales Leonardo Filippini y Nuria Piñol.
“Durante estos meses estuvieron alargando el inicio del juicio a la Comisaría Primera, donde secuestraron y torturan a sus padres ´Pancho´ y ´Margarita´, violada durante 4 meses mientras estaba embarazada de él”, expusieron desde Moreno por la Memoria.
Por último, desde el organismo consideraron que “Mario es una víctima del terrorismo de estado”. “Hemos pedido al Municipio y la Provincia que tome en cuenta su situación”, culminaron.
Los otros genocidas
Mario Domingo Rulli, suboficial auxiliar retirado de la Fuerza Aérea. Integró la División Inteligencia de la Jefatura de la Brigada Aérea de El Palomar. Desde la Fuerza de Tareas 100 se habría desempeñado en el centro clandestino Mansión Seré.
Julio Narciso Flores, ex cabo primero de la Fuerza Aérea. Cumplió tareas de guardia en el centro clandestino Mansión Seré y participó en operativos de secuestro de personas trasladadas a ese lugar, desempeñándose en esas funciones al menos desde el 1º de octubre de 1977 y hasta abril de 1978.
Comienza mañana -por hoy- el juicio por delitos de lesa humanidad en la Mansión Seré de Castelar abril 8, 2019
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de San Martín, formado por los juecesMaría Claudia Morgese Martin, Alfredo Justo Ruiz Paz y Marcelo Gonzalo Diaz Cabral, comenzará mañana a escuchar los testimonios en el debate de la causa “Mansión Seré III – Comisaria de Moreno”.
En esta causa, serán enjuiciados el ex comisario Omar Elisendo Hernández, y los ex suboficiales de la Fuerza Aérea Mario Rulli y Julio Flores por delitos de lesa humanidad en prejuicio de 70 víctimas.
Los genocidas
Mario Domingo Rulli, suboficial auxiliar retirado de la Fuerza Aérea. Integró la División Inteligencia de la Jefatura de la Brigada Aérea de El Palomar. Desde la Fuerza de Tareas 100 se habría desempeñado en el centro clandestino Mansión Seré.
Julio Narciso Flores, ex cabo primero de la Fuerza Aérea. Cumplió tareas de guardia en el centro clandestino Mansión Seré y participó en operativos de secuestro de personas trasladadas a ese lugar, desempeñándose en esas funciones al menos desde el 1º de octubre de 1977 y hasta abril de 1978. Los dos están acusados como autores inmediatos de los delitos de secuestro e imposición de tormentos.
El tercer acusado, Omar Elisendo Hernández, será evaluado por médicos para constatar si puede ser juzgado o debe ser apartado.
La causa
Se investigan delitos de lesa humanidad cometidos bajo el mando del Primer Cuerpo del Ejército en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio “Mansión Seré”. Por testimonios de sobrevivientes, pudo establecerse que el centro clandestino funcionó al menos entre agosto de 1977 y abril de 1978, durante la última dictadura cívico-militar. La propiedad, que previamente fue una vivienda familiar, estaba ubicada en el predio delimitado por las calles Blas Parera, Bufano, Coronel Casacuberta y Fray Justo Santa María de Oro, en la localidad de Castelar, Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires.
La fuga
El 24 de marzo de 1978 los detenidos-desaparecidos Guillermo Fernández, Claudio Tamburrini, Carlos García y Daniel Enrique Rossomano organizaron una fuga. Esto les permitió salir del centro clandestino y marcar el desmantelamiento del lugar de cautiverio por parte de los genocidas, quienes incendiaron el edificio para borrar pruebas.
Las cuatro víctimas organizaron la fuga, después de analizar sus opciones. Evaluaron horarios, herramientas y posibilidades. Uno de los primeros pasos fue intentar abrir una ventana con un clavo. Lo hicieron de día, para probar si hacía ruido. La abrieron y la volvieron a cerrar. Una lamparita quemada fue un segundo objeto para la fuga, pero antes de realizarla llegó a ser reemplazada. La fuga se postergó unos días. Hasta que se hizo: “esta vez sí, esta vez es ahora o nunca”, dijeron y así fue. Esperaron a la madrugada, con una cuchara que retuvieron de las comidas que recibían perforaron una frazada. Tenían las manos y los pies atados con cadenas, que pudieron sacarse. Volvieron a abrir la ventana y lograron bajar. Corrieron, se escondieron, corrieron otra vez. En los cálculos de la fuga faltó tener en cuenta la debilidad sobre los cuerpos que había producido el cautiverio. Pero lo lograron: se fugaron del centro clandestino.
Juicio a genocidas por Mansión Seré y Moreno. Comenzará este miércoles, 27 de marzo. Es parte de la Causa Circuito Represivo Zona Oeste que incluye las actuaciones de la Fuerza Aérea desde Moreno hasta el Gran Morón.
Juicio a genocidas por Mansión Seré y Moreno. El objeto es juzgar los “crímenes de lesa humanidad contra víctimas que estuvieron cautivas en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Mansión Seré y en la Comisaría de Moreno”.
Y los imputados son Omar Elisendo Hernández, Mario Domingo Rulli, y Julio Narciso Flores por actos represivos contra 70 personas.
Lo llevará adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín que esta integrado por María Claudia Morgese Martin, Alfredo Justo Ruiz Paz y Marcelo Gonzalo Díaz Cabral.
Interviene el Fiscal Federal Leonardo Filippini y la Fiscal Auxiliar Nuria Piñol.
El principal imputado, Omar Elisendo Hernández (foto de portada) actualmente cumple prisión domiciliaria en General Rodríguez, Moreno.
Y fue jefe de la Comisaria 1° de Moreno que funcionó como Centro Clandestino de Detención entre 1976 y 1979.
Hernández fue detenido por Interpol el 19 de diciembre del 2014 en el marco de la “Megacausa del Primer Cuerpo del Ejército” que tramita en el Juzgado Federal Nº 3 a cargo de Daniel Rafecas desde el año 2004.
Cuando lo detuvieron en 2014, era el Vicepresidente del Consejo Directivo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de General Rodríguez y había sido concejal de la U.C.R., integrante de la Asociación Sanmartiniana y el Rotary Club de Moreno.
Llegó a ser titular de la Secretaría de Seguridad en el 2010 por el ex intendente de General Rodríguez, Juan Pablo Anghileri, quién asumió el cargo como interino cuando Marcelo Coronel, el jefe comunal electo, fue suspendido por irregularidades en su función. En 2011, Anghileri fue electo por el 57,67%.
La historia reciente de General Rodríguez es muy sinuosa. Así como el represor Hernández fue Secretario de Seguridad del intendente Anghileri del Frente para la Victoria. El actual intendente, Darío Kubar, en 2011 fue electo concejal por ese mismo espacio. En 2013 Kubar migró al Frente Renovador y en 2015 a Cambiemos, alianza por la cual ganó la jefatura comunal con el 33,50% de los votos desplazando a Anghileri.
Tres detenidos desparecidos, sobrevivientes de los operativos en Moreno, Raúl Morello, José Manuel Vázquez y Faustino Altamirano, están inscriptos en el Juicio como testigos y en base a sus declaraciones imputaron a Hernández.
Los otros dos imputados, Domingo Rulli era suboficial auxiliar de la Fuerza Aérea y Julio Narciso Flores, segundo cabo de esa fuerza y están vinculados a Mansión Seré. pertenecen más que nada a lo que fue Mansión Seré.
Los dos están acusados de secuestros y tormentos. A Rulli le pesan acusaciones por 69 víctimas y a Flores por 32. Rulli era interrogador en Mansión Seré y también secuestrador del Grupo de Tareas que trabajaba en la VII Brigada Aérea. Y Narciso Flores estuvo a cargo de la guardia de del Centro Clandestino de Detención de Castelar.
Morello, uno de los testigos, formó parte de una Comunidad de Base del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Y por esa circunstancia estuvo desaparecido 70 días. Luego, 7 meses detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional durante la última dictadura cívico militar.
Fue Perito Médico del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Juzgado de Morón.
Y actualmente Morello es médico psiquiatra y pediatra egresado de la Universidad de Buenos Aires. Fue Secretario de Salud de Moreno entre 1987 y 1989 y entre 199 y 1999.
José Manuel Vázquez, otro testigo, fue secuestrado y desaparecido el lunes 23 de mayo de 1977. Se lo llevaron a la fuerza de la Estación del Ferrocarril Sarmiento de Moreno en una camioneta de las que aún se denominan “Las 3 Marías”.
El tercer testigo y víctima, es Faustino “El Salteño” Altamirano quién estuvo detenido de manera clandestina en la Comisaría Primera de Moreno y también Campo de Mayo.
Juicio a genocidas por Mansión Seré y Moreno
Cinco días después del último golpe de Estado, el 29 de marzo de 1976, miembros del Comité central del PRT–ERP, la organización política guerrillera, encabezados por Mario Roberto Santucho, se reunieron en la quinta “La Pastoril” de Moreno, que es la que se ve en la imagen.
Ese día, las fuerzas militares y públicas mataron siete personas. Cuatro fueron fusilados en la quinta “La Pastoril” y otros res en la localidad de Marcos Paz.
Militares y policías participaron de la operación. La nómina completa de los jefes la integran finalmente se conoció. Participaron: Miguel Angel Armúa (Mayor del Ejército a cargo de la Compañía 10 de Pablo Podestá); su segundo Juan Carlos Jocker, (Capitán), y Carlos Alberto Guardiola (Cabo Primero). También, Eduardo Sakamoto(Segundo Jefe y Capitán de la Compañía de Ingenieros del Agua de Campo de Mayo); Héctor Alberto Raffo (Oficial Logístico). Y los policías Julio Salvetti, Juan José Ruíz, Julio Alejandro Pérez y Omar Elisendo Hernández, todos de la Comisaría de Moreno, que actuaron junto a los militares del operativo.
La causa por los crímenes de lesa humanidad en la Sub Zona 16 y la Areas 160, 161, 162 y 163, a cargo de la Fuerza Aérea, fue dividida en varios tramos.
Los principales juzgados fueron los ex brigadieres Hipólito Rafael Mariani, César Miguel Comes y Miguel Angel Ossés. También el ex comisario Néstor Rubén Oubiña, el ex cabo primero Felipe Ramón Sosa, y el ex cabo y ex auxiliar de la Fuerza AéreaHéctor Oscar Seisdedos.
A su vez, los suboficiales de la Fuerza Aérea, Daniel Alfredo Scali y Marcelo Eduardo Barberis.
Un sobreviviente de Mansión Seré plantea "negociar" con genocidas para dar con los desaparecidos VIERNES, 17 JULIO 2015
Claudio Tamburrini, sobreviviente del centro clandestino de detención, consideró que las penas que recibieron ayer los represores que actuaron en ese lugar en el juicio por los delitos de lesa humanidad son "rigurosas, pero justas" y planteó la necesidad de debatir sobre la posibilidad de "establecer una negociación penal con los genocidas" a fin de dar con los desaparecidos.
"Las penas que recibieron los acusados son rigurosas, pero justas. Pero creo que es tiempo de plantear un debate sobre el establecimiento de un proceso de negociación penal con los genocidas condenados para que brinden información sobre el destino final de los desaparecidos", señaló Tamburrini en diálogo con Télam.
En una charla telefónica que mantuvo desde Estocolmo, Suecia, donde reside desde 1980, el filósofo y ex jugador profesional de fútbol aclaró que "no se trataría de un perdón para los represores en aras de una reconciliación".
"Creo que el proceso de Memoria, Verdad y Justicia debe entrar en una nueva etapa.
Tenemos que conocer qué pasó con los chicos nacidos en cautiverio y de qué forma se plasmó la complicidad civil con el terrorismo de Estado. Por eso, se podría reducir el monto de algunas penas si a cambio obtenemos datos concretos sobre estas cuestiones", explicó.
En ese sentido, Tamburrini insistió que no se trataría de iniciar "un proceso de reconciliación" como el que se llevó a cabo en Sudáfrica después del apartheid "ni tampoco una amnistía".
"Ningún genocida debe ser librado de su culpabilidad, al contrario. Lo que digo es que si les ofrecemos algún tipo de condonación podemos llegar incluso a quebrar el pacto de silencio que nos impide llegar a la verdad en muchos casos que aún desconocemos", fundamentó.
Tras 16 meses de debate, el Tribunal Oral en lo Criminal Penal 5 de San Martín condenó al ex brigadier Miguel Ángel Ossés a prisión perpetua en el juicio por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la subzona 16, que estaba a cargo de la Fuerza Aérea.
En tanto que los ex brigadieres Hipólito Mariani (jefe de la Subzona 16 entre 1976 y 1977) y César Miguel Comes, fueron condenados a 25 años de prisión, igual que los ex policías Daniel Alfredo Scali, Marcelo Eduardo Barberis, y Héctor Oscar Seisdedos.
Mientras que el ex comisario de la bonaerense Néstor Rubén Oubiña resultó sentenciado a 12 años de prisión y el ex policía Felipe Ramón Sosa, a 9.
Tamburrini era arquero del club Almagro y militante del Partido Comunista cuando un grupo de tareas integrado por efectivos de la Fuerza Aérea y la policía lo secuestró a fines de 1977.
Lo trasladaron a la Mansión Seré, desde donde, a pesar de los estrictos controles y vigilancia a que estaban sometidos los prisioneros alojados en la casona, logró fugarse el 24 de marzo de 1978, en coincidencia con el segundo aniversario del golpe militar.
Tamburrini, quien permaneció un tiempo en la clandestinidad y dejó Argentina para radicarse en Suecia, se fugó de Mansión Seré junto a Daniel Rusomano, Guillermo Fernández y Carlos García Muñoz, descolgándose desnudos y esposados desde una ventana del primer piso.
En el juicio que finalizó ayer, se analizaron los crímenes contra la humanidad cometidos en la subzona represiva 16, que se encontraba a cargo de la Fuerza Aérea y comprendía los partidos de Morón (en su antigua denominación) Merlo y Moreno.
Además, de los hechos ocurridos en Mansión Seré se investigaron los delitos perpetrados en los centros clandestinos ubicados en unidades de la aeronáutica y en varias comisarías de la zona.
El fiscal Martín Niklison, acusador en este juicio, destacó "la inclusión de los delitos sexuales en la imputación" que formuló ante el Tribunal.
Mansión Seré, construída en 1868, fue incendiada por los militares luego de la fuga de Tamburri y en 1985, ya en democracia, durante la gestión del intendente de Morón, Norberto García Silva, la entonces Municipalidad de Buenos Aires, cedió el predio mediante comodato por diez años a la de Morón, para que fuera destinado a levantar un centro deportivo y recreativo.
A partir de 2000, funciona allí la Casa de la Memoria y la Vida y la Dirección de Derechos Humanos, que se convirtió en el primer lugar en Latinoamérica de recuperación de la memoria histórica de un espacio que fue utilizado para la detención de presos políticos. Fuente:ElSubmarino
16-7-2015 Juicios Lesa El Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín Mansión Seré: condenas a 5 ex miembros de la Fuerza Aérea y 3 ex policías
La pena máxima fue para el ex brigadier Miguel Ángel Osses, sentenciado a prisión perpetua. Cinco acusados fueron condenados 25 años, uno a 12 y otro a 9 años de cárcel. El tribunal incluyó también los delitos sexuales. Es la primera vez que se dicta sentencia sobre el rol institucional de la Fuerza Aérea en el terrorismo de Estado.
Por: Laureano Barrera
Fotos:Guido Piotrkowski
Los dieciséis meses de juicio oral por los crímenes ocurridos en la sombría Mansión Seré, en tres comisarías y tres bases aéreas de la subzona 16, terminaron con una prisión perpetua, cinco condenas a 25 años de cárcel, otra a 12 años y la última a 9 años, que desataron el llanto y los abrazos de los sobrevivientes y sus familiares en la calle, fuera de las instalaciones del celoso tribunal. “Fue lo mejor que nos pudo pasar a nosotros después de tantos años. Estoy muy emocionada”, dijo Adriana Rapetti a Infojus Noticias con la voz casi quebrada. Su compañero, Oscar Miranda, tenía 25 años, militaba en Montoneros y está desaparecido. A su lado, con un traje cruzado y sombrero de ala corta haciendo juego, a Rubén Galucci, se le llenaban de lágrimas los ojos. “Es un día de júbilo. Valió la pena haber esperado treinta años para escuchar una condena que nos reconcilia con el pasado y la memoria”, alcanzó a decir Galucci antes de que se lo tragaran los brazos de una mujer. El abrazo duró varios segundos, en silencio. Rubén fue el compañero de celda de Miranda y es un hombre muy querido entre los familiares de las víctimas desaparecidas en los centros clandestinos regenteados por la aeronáutica: es que muchas veces, su relato de lo que pasó allí es todo lo que tienen.
Pasadas las 14.30, Marcelo Gonzalo Díaz Cabral, el presidente del Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín, comenzó la extensa lectura de las penas que recayeron sobre los ocho imputados. El ex brigadier Miguel Ángel Ossés fue el único condenado a prisión perpetua. Se le adjudicó un rosario de delitos: ser coautor de dos o más homicidios agravados, de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de fuerza e intimidación en cinco casos y de abuso deshonesto por otros cuatro. También privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas contra 44 personas y doblemente agravada porque permanecieron secuestradas más de un mes en 51 casos, y los tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos contra las 95 víctimas del juicio. Daniel Alfredo Scali.
Sus compañeros de jerarquía, los también ex brigadieres Hipólito Mariani y César Miguel Comes, recibieron 25 años porque no fueron acusados por homicidio. A Mariani –que hizo una defensa política en sus últimas palabras, que debieron ser suspendidas por un contemplativo tribunal- se le adjudicaron los mismos casos de abuso sexual con los mismos agravantes, dos casos de abuso deshonesto, las prisiones ilegítimas de la libertad –mismo agravantes- por 27 y 33 casos, y los tormentos agravados contra 60 secuestrados. A Comes, que en sus últimas palabras dijo que no había ordenado o conocido ninguna detención durante su gestión al mando de la subzona 16, le cayeron los mismos delitos pero en distinta cantidad: 41 hechos de privación ilegal de la libertad agravadas por el uso de la violencia y las amenazas y 25 doblemente agravadas por haber durado las detención es más de un mes. Los tormentos agravados los cometió contra 64 víctimas.
Daniel Alfredo Scali y Marcelo Eduardo Barberis –ambos ex cabos de la Fuerza Aérea- y el ex policía Héctor Oscar Seisdedos los sentenciaron a 25 años de prisión. Para los tres fue la primera condena. Scali dijo ser un simple mecánico de mantenimiento de aeronaves G2 Guaraní, pero varios sobrevivientes lo identificaron como un cruel torturador. Lo condenaron por 25 hechos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenazas y 18 doblemente agravada por haber durado el cautiverio más de un mes. También por haber cometido 44 hechos de tormento agravado. Barberis, al llegar a los tribunales de San Martín.
Barberis fue coautor de 9 hechos de privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas y otros 9 de tormentos agravados. Lo de Seisdedos –que hasta hace pocos años daba charlas como especialista en Seguridad- fue diferente: fue partícipe necesario de los abusos sexuales contra cinco víctimas y coautor en 14 ocasiones de privación ilegal de la libertad agravada por la violencia y las amenazas, y en 12 por privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber durado el cautiverio de sus víctimas más de un mes. Y culpable de 24 casos de tormentos.
Los montos de penas más exiguos fueron para los otros dos ex policías bonaerenses: el ex comisario Néstor Rubén Oubiña fue sentenciado a 12 años por haber cometido privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenazas en 8 ocasiones, 2 más doblemente agravada y un caso de tormento agravado. Al ex cabo Ramón Sosa –que oyó la sentencia al lado de su esposa y su hija y se retiró presuroso por la puerta trasera- lo condenaron a 9 años. Fue responsabilizado como partícipe secundario de ocho hechos de privación ilegal de la libertad agravada y 13 de privación ilegal de la libertad doblemente agravada. Además, le atribuyeron 21 hechos de tormentos agravados.
En sus últimas palabras, Sosa pidió perdón a sus víctimas y dijo que les llevaba la pizza que cocinaba su esposa a los secuestrados de la comisaría. Agregó que “actuó bajo presión”, y destacó que le fue a avisar a la madre de Adriana y Soraida Martín –dos sobrevivientes que hoy estuvieron en la sala- que sus hijas estaban vivas. No les dijo dónde. Cuando el jurado terminó de leer el veredicto, Soraida pidió “un aplauso por los compañeros ausentes”, y llorando, destacó la importancia de “haberlos condenado por los delitos sexuales”. La causa que se abre
“Estamos conformes con la sentencia”, dijo a Infojus Noticias el fiscal Martín Niklison, fiscal del juicio y además a cargo de la Unidad de Asistencia de causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado. “Aceptaron todo lo que pedimos, incluso la acusación por los delitos sexuales. En lo único que no coincidimos fue en la pena para los policías”, agregó. La fiscalía había pedido 19 años para Sosa –como partícipe necesario de los crímenes- y 25 para Oubiña. “Tal vez vayamos a recurrirlas. Pero lo importante es que condenamos a los jerarcas”, concluyó.
El fallo del Tribunal Oral Federal N°5 –integrado además por Alfredo Justo Ruiz Paz, María Claudia Morgese Martín y Elbio Osores Soler-, también decretó que todos los condenados sigan detenidos y remitir copia de las audiencias al juzgado federal N° 3 de Daniel Rafecas, para que se investiguen los “posibles delitos de acción pública” cometidos por alrededor de treinta personas que no estaban en el banquillo, y en otros lugares mencionados durante las audiencias, como Coordinación Federal, Vesubio, la comisaría de Concordia y hasta “una fábrica de guantes en William Morris”.
Algunos de las personas que el jurado ordenó investigar nunca han pasado por el banquillo de los acusados, y otros ni siquiera son civiles. Por ejemplo, el jefe de personal, el gerente de relaciones industriales y al dueño de la curtiembre Sidec, de donde fue secuestrado Rubén Milstein. “Ellos fueron los que le pidieron a la Fuerza Aérea que me secuestraran. Yo he tenido reuniones donde el mismo brigadier Santuchione que se reunían semanalmente con los jefes de personal de las empresas y le pasaban la lista de la gente que había que secuestrar”, le contó esta tarde a Infojus Noticias. La curtiembre, que en aquella época tenía alrededor de mil empleados, la fundieron y hoy apenas sobrevive como cooperativa con treinta o cuarenta.
A Milstein se lo notaba más liviano, desembarazado por fin de una mochila muy antigua y muy pesada. “Me siento muy bien, hasta me tomaría una cerveza”, le dijo a esta agencia. “Hay una pata importantísima en estos juicios, que son los pequeños sectores concentrados financieros, empresariales que han producido el golpe de estado que hoy se condena acá. Ellos ideologizaron a las fuerzas armadas, le dieron argumentos políticos y religiosos para que se creyeran la salvación de la patria de una amenaza roja”, dijo. “A ellos hay que juzgarlos, porque si no aquello que atravesamos nosotros como generación se puede volver a repetir”, concluyó.
En la calle, la luz de la tarde de San Martín se iba poniendo tenue. En la esquina, sentados en la mesa de un café esperaban los familiares de Nora Etchenique. “Es lo menos que merecían”, dijeron sobre el fallo. El resto de las víctimas de la Fuerza Aérea, que monopolizó la represión ilegal en los partidos de Morón, Merlo y Moreno -y fue condenada como institución por primera vez-, se agolpaban en semicírculo alrededor de los oradores que hablaban en el micrófono de la radio abierta del Colectivo de Comunicación, que le puso la banda de sonido a la histórica jornada. Los aplausos, los abrazos, las lágrimas y las sonrisas se impusieron. Con una demora de casi cuarenta años. Fuente:Infojus
