Se filtran audios que exponen la dictadura del Gobierno de Bahía Blanca para ocultar los muertos por el temporal
El caos del temporal en Bahía Blanca.
"Se está bajando la espuma de lo que están haciendo con el temporal. Hay una bajada de línea desde el Gobierno municipal de Bahía Blanca que preside Federico Susbielles", señalaron fuentes anónimas a periodistas de distintos medios provinciales y de otras localidades. Catalogan su gestión de "dictadura".
Los destrozos del temporal en la ciudad aún dejan mucho de qué hablar, sin embargo vecinos de Bahía Blanca remarcan que "no quieren decir los muertos". "Están llevando presa a la gente que dice la verdad sobre lo que está pasando. Es dictadura porque no hay libertad de expresión", afirmaron.
Desde el Municipio de Bahía Blanca no le contestaron a NOVA acerca de esta duda. Sin embargo, muchos vecinos afirmaron que el estado de persecución existe. ¿Cómo sigue todo?
Bahía Blanca: inspeccionan la sede policial y el predio del Ejército donde funcionó un centro clandestino de detención
La primera inspección ocular se llevará a cabo este miércoles en la Jefatura Departamental ubicada en Alem al 800, mientras que la otra se hará el jueves desde las 9 en el lugar donde funcionó el V Cuerpo del Ejército y donde estuvo “La Escuelita”, centro clandestino de detención.
El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, sede de la megacausa Zona V que comenzó en Bahía Blanca en febrero de 2022: declararán 220 testigos y se estima que podría llegar a durar dos años. Twitter
8 de noviembre de 2023
El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca realizará este miércoles y jueves inspecciones oculares en una sede de la Policía Bonaerense y el predio del Ejército donde funcionó un centro clandestino de detención ilegal durante la última dictadura cívico militar, como parte de una medida de instrucción complementaria que se toma en el juicio de la megacausa “Zona V”, en el que se abordan crímenes cometidos contra más de 300 víctimas.
La inspección estará a cargo de los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido junto a las defensas de los imputados, el Ministerio Público Fiscal junto a las querellas de HIJOS de Bahía Blanca, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, entre otros.
La primera inspección ocular se llevará a cabo este miércoles desde las 12 en la Jefatura Departamental ubicada en Alem al 800, mientras que la otra se hará el jueves desde las 9 en el lugar donde funcionó el V Cuerpo del Ejército y donde estuvo “La Escuelita”, centro clandestino de detención.
Este jueves también se continuará con la inspección de los edificios del Batallón de Comunicaciones 181 “en donde permanecieron en cautiverio alrededor de 80 víctimas cuyos casos se analizan en el juicio”, agregaron las fuentes.
Según se indicó, en la misma jornada se revisará el predio del centro clandestino “La Escuelita”, donde fueron mantenidas bajo secuestro alrededor de 150 víctimas que son casos en el mismo debate.
El fiscal Pablo Fermento dijo a Télam que la inspección en la sede policial “fue solicitada por uno de los acusados por intentar introducir su tesis que en ese lugar no podía haber detenidos”.
Se trata de Claudio Alejandro Kussman, un exoficial principal de seguridad en la Unidad Regional V de Bahía Blanca, de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo a la acusación, Kussman estaría implicado en los hechos que tuvieron como víctimas a siete personas, incluyendo el asesinato de Daniel José Bombara, quien fue secuestrado junto a María Emilia Salto y Laura Manzo por personal policial que integraba el Comando Radioeléctrico de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
“Bombara fue asesinado en el marco de la tortura y, si bien no se pudo determinar en qué lugar, entendemos que era dentro de instalaciones policiales, aunque no sabemos con certeza en qué dependencia”, comentó el fiscal.
Fermento dijo que “una inspección anterior a la sede policial se había realizado durante la instrucción de la causa” y agregó que “ahora se hace en la etapa de juicio”.
“En esa oportunidad, se había realizado una recorrida por el lugar, donde estaba la parte administrativa, el Comando Radioeléctrico y la sede de la Dippba”, sostuvo.
En este juicio oral se investigan las responsabilidades de 38 imputados exintegrantes del V Cuerpo del Ejército, del Batallón de Comunicaciones 181, del Destacamento de Inteligencia 181 y la Brigada de Infantería de Montaña VI de Neuquén.
También se juzga a dos oficiales de la Policía Federal de Viedma, a un miembro de la Policía Bonaerense y al director de la Unidad Penitenciaria Nº4 de Bahía Blanca.
Se estableció un nuevo sitio de memoria para trabajadores de víctimas de la dictadura en Bahía Blanca
Un nuevo homenaje a la memoria tuvo lugar en Bahía Blanca
23/08/2023
Por Nazareno Napal
Este martes 23 de agosto se realizó, en Bahía Blanca, un nuevo homenaje a la Memoria, Verdad y Justicia: se señalizó como sitio de memoria el lugar donde fueron hallados los cuerpos de trabajadores secuestrados y asesinados por la última dictadura cívico-militar.
Se trata de los trabajadores víctimas del diario de “La Nueva Provincia” y dirigentes gremiales, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, secuestrados el 30 de junio de 1976. De esta manera, la Cueva de los Leones, lugar de los hechos fue señalizado como sitio de memoria por La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La ceremonia fue llevada a cabo por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y contó con la presencia del Secretario Horacio Pietragalla Corti, y representantes de Sitios y Espacios de Memoria y el espacio de Asistencia a Víctimas y Testigos de la Secretaría.
Por último, el acto finalizó con el descubrimiento del cartel por Memoria, Verdad y Justicia, como parte de una de las señalizaciones de sitios históricos como centros clandestinos de detención y lugares donde sucedieron hechos emblemáticos durante el último terrorismo de Estado.
Bahía Blanca: se señalizó como sitio de memoria el lugar donde fueron
hallados los cuerpos de trabajadores del diario "La Nueva Provincia"
Se colocó un cartel por Memoria, Verdad y Justicia en Cueva de los
Leones, en homenaje a Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, trabajadores
secuestrados y asesinados en el marco del plan sistemático de terror y
exterminio ejecutado por la última dictadura cívico-militar.
Publicado el miércoles 23 de agosto
de 2023
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación señalizó como sitio de Memoria Cueva de los Leones, el lugar en donde fueron encontrados los restos de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, trabajadores del diario "La Nueva Provincia" y dirigentes gremiales secuestrados el 30 de junio de 1976.
Heinrich era secretario general y Loyola tesorero de la Federación Argentina de Trabajadores de Imprenta, Diarios y Afines (FATIDA). Ambos representaban las demandas de los obreros en una etapa de alta conflictividad laboral en el diario “La Nueva Provincia” de Bahía Blanca, donde trabajaban. El 30 de junio de 1976 fueron secuestrados de sus domicilios y sus cuerpos fueron hallados días después en la Cueva de los Leones.
El homenaje, organizado de forma conjunta con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, contó con la presencia del secretario Horacio Pietragalla Corti; el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno; la directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria, Lorena Battistiol y la coordinadora de asistencia a víctimas y testigos de la Secretaría, Claudia Lencina.
Durante la ceremonia, el secretario Pietragalla agradeció el compromiso y la participación de los organismos, víctimas y familiares y expresó: "Queremos que éste sea un espacio de reflexión, pero también un espacio que pueda ser habitado, para que la gente que esté cerca y pueda saber lo que pasó y recordar a sus compañeros y por qué lucharon" y agregó: "hoy más que nunca tenemos que mantener viva la memoria en las nuevas generaciones para la no repetición".
El acto concluyó con el descubrimiento del cartel por Memoria, Verdad y Justicia, como parte de las señalizaciones que lleva adelante la Secretaría en los ex centros clandestinos de detención y lugares donde sucedieron hechos emblemáticos durante el terrorismo de Estado. De esta manera, se expresa el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar los delitos cometidos, acompañar el juzgamiento de sus responsables y efectivizar el reconocimiento hacia las víctimas y sus familiares.
La delegación de la Secretaría participó además de un homenaje a Heinrich y Loyola que tuvo lugar en el Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca, y posteriormente compartió un encuentro con representantes de organismos de derechos humanos locales y regionales.
Los juicios por delitos de lesa humanidad en la región se desarrollan ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca en sucesivas etapas. Hasta el momento fueron condenados a prisión perpetua algunos de los responsables de los secuestros y asesinatos de Heinrich y Loyola. Sin embargo, el director del diario “La Nueva Provincia”, Vicente Massot, fue recientemente sobreseído.
Esta decisión fue apelada por la fiscalía y las querellas ante la Cámara Federal, y aún se encuentra pendiente de resolución. Las hijas de Heinrich y Loyola solicitaron ser escuchadas por el tribunal amparadas en sus derechos por la ley de víctimas.
Acompañaron también estas actividades la senadora provincial Ayelen Durán; el diputado con mandato cumplido Gabriel Godoy; el fiscal adjunto Pablo Fermento; representantes de H.I.J.O.S Bahía Blanca y de los gremios que integran la Intersindical de Derechos Humanos.
Bahía Blanca: señalizarán lugar donde fueron hallados asesinados trabajadores gráficos en dictadura
21-08-2023
Agrupaciones de Derechos Humanos de Bahía Blanca realizarán mañana la señalización de un lugar donde fueron hallados asesinados dos obreros gráficos en 1976, durante la última dictadura militar.
La actividad, organizada por la Agrupación Hijos, Red por el Derecho a la Identidad y Mesa por el Juicio y Castigo, entre otros, se llevará a cabo desde las 16 en el sector conocido como "Cueva de los Leones", ubicado a la vera de la ruta nacional 33, a 17 kilómetros de Bahía Blanca.
Allí fueron encontrados, el 4 de julio de 1976, los cuerpos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, quienes trabajaban en el diario La Nueva Provincia.
En un comunicado se indicó que "a pedido de los organismos de Derechos Humanos la señalización fue realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires".
En julio último, la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diarios, Medios Electrónicos, Digitales y Afines (Fatida) colocó una baldosa en homenaje a los dos trabajadores al cumplirse 47 años del secuestro y asesinato.
La placa se encuentra ubicada en la Unión Gráficos del Sur, en la calle Blandengues 254, a pocas cuadras del centro de Bahía Blanca.
Heinrich y Loyola trabajaban en el diario La Nueva Provincia, de la familia Massot, y eran dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca.
Heinrich era maquinista en la rotativa y secretario general del sindicato, mientras que Loyola trabajó como estereotipista y era tesorero de la misma organización gremial.
Fueron secuestrados al atardecer del 30 de junio de 1976 y sus cuerpos maniatados aparecieron el 4 de julio de ese año, con signos de torturas y numerosos disparos, en la Cueva de los Leones. (Télam)
REALIZARÁN UNA NUEVA MARCACIÓN POR LA MEMORIA EN DONDE FUNCIONÓ "LA ESCUELITA" DE BAHÍA BLANCA
21 DE ABRIL DE 2023
Este miércoles 26 de abril los organismos de Derechos Humanos de Bahía Blanca llevarán adelante la inauguración de una Marcación por la Memoria en donde funcionó el Centro Clandestino de Detención “La Escuelita” .
"Con el objetivo de seguir visibilizando la lucha y la búsqueda que lleva adelante Abuelas de Plaza de Mayo, nos propusimos seguir interpelando a la comunidad local para por dar con los bebés desaparecidos en Bahía Blanca y la región" expresaron desde la Red por la Identidad.
La Marcación se realizará a pocos días del aniversario del nacimiento en cautiverio de uno de las/los bebés que nacieron en dicho Centro Clandestino de Detención.
A su vez, desde H.I.J.O.S. Bahía Blanca recordaron este lunes que el 17 de abril de 1977 nació en cautiverio un bebé que fue "arrancado de los brazos" su mamá, "Graciela Romero de Metz, en el Centro Clandestino La Escuelita de Bahía Blanca".
Quien pudo sobrevivir a su detención-desaparición fue Alicia Partnoy, pudiendo testimoniar el nacimiento del bebé y que su madre le dijo que era varón y gozaba de buena salud.
En la actualidad, el niño apropiado tendría 45 años, y su hermana, sobrinos y familiares lo siguen buscando.
La historia de Graciela y Raúl
Graciela, apodada "Peti", nació en la provincia de Buenos Aires el 21 de agosto de 1952, mientras que Raúl, conocido como "El Melli", nació en Bahía Blanca el 24 de agosto de 1953.
En 1975, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, Adriana Elisa. Raúl comenzó su activismo político en la Federación Juvenil Comunista y más tarde se unió al PRT-ERP junto a Graciela.
Trágicamente, el 16 de diciembre de 1976, la pareja fue secuestrada en Cutral-Có, provincia de Neuquén. En ese momento, Graciela estaba embarazada de cinco meses.
Según los testimonios de los sobrevivientes, se sabe que la pareja fue detenida en el Centro Clandestino de Detención "La Escuelita" de Neuquén antes de ser trasladada a "La Escuelita" de Bahía Blanca. Fue allí donde Graciela dio a luz a un niño el 17 de abril de 1977, mientras aún estaba en cautiverio.
Desafortunadamente, la pareja y el niño que nació en cautiverio siguen desaparecidos hasta el día de hoy.
También continúa desaparecido el hijo o hija de Graciela Izurieta y Ricardo Garralda, nacido en el mismo centro clandestino.
Lesa humanidad: procesaron a la tripulación de los vuelos a Bahía Blanca
El juez federal Gustavo Villanueva les imputó al copiloto y al mecánico del avión los mismos cargos que tuvo el piloto Juan José Capella. En el 2021 fue condenado a 12 años de prisión como partícipe necesario de privaciones ilegales de la libertad y tormentos.
Antonio Colombo iba en todos los vuelos clandestinos desde Neuquén al centro de torturas en Bahía. Foto: Yamil Regules.
La tripulación del avión que protagonizó los vuelos clandestinos en los que se llevaron a los desaparecidos y detenidos políticos a la tortura en Bahía Blanca, quedó procesada en diciembre. El juez federal Gustavo Villanueva les endilgó al copiloto y al mecánico del avión tripulado por Juan José Capella los mismos cargos que formaron parte de las imputaciones que tuvo el piloto de la aeronave.
Capella fue sentenciado el 9 de diciembre de 2021 a 12 años de prisión, acusado como partícipe secundario de las privaciones ilegales de la libertad, de los tormentos, las desapariciones forzadas y homicidios ocurridos en Bahía Blanca.
También se lo responsabilizó por las violaciones que padecieron las dos adolescentes de 15 y 16 años que trasladó en junio de 1976 al centro clandestino desde el aeropuerto Presidente Perón de Neuquén.
La condena de Capella está en apelación ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Los procesamientos de la tripulación que fue parte de esos vuelos, en cambio, están en vías de apelación en la jurisdicción regional, en la Cámara Federal de Apelaciones de Roca.
Fueron procesados por el juzgado federal el copiloto del avión, Daniel Eduardo Gordoa, y el mecánico de la aeronave, Antonio Colombo.
A medida que se desarrolló el séptimo juicio, en 2021, Colombo (que fue citado como testigo) y Gordoa fueron considerados por la fiscalía federal como cómplices o partícipes al igual que Capella de los operativos de traslado de cautivos al centro clandestino del V Cuerpo en Bahía Blanca.
El debate oral del séptimo juicio duró casi un año. Cuando se desarrollaban las últimas audiencias de testimonios en el salón de Avenida Argentina 1680, el juez de instrucción Gustavo Villanueva indagó al mecánico militar que iba con Capella en los vuelos clandestinos, Antonio Colombo.
Y una semana antes de que se conociera el veredicto condenatorio, el magistrado allanó la casa de Gordoa, el copiloto militar que reside en Villa Ventana desde donde se llevó documentación vinculada a la causa.
Según trascendió en ese momento, entre otros papeles secuestrados a Gordoa, se contaría con planillas de vuelo de la base Espora de la época de la dictadura.
El procesamiento de Gordoa y Colombo, con fecha del 29 de diciembre del 2022, fue por su participación en los traslados clandestinos de las 20 personas que fueron llevadas en grupos, a Bahía Blanca en junio de 1976.
De esos traslados, nunca volvieron Cecilia Vecchi, Alicia Pifarré, Susana Mujica, Mirta Tronelli, Carlos Schedan, Jorge Asenjo, Carlos Chávez y Arlene Seguel.
Fueron subidos de noche, a los golpes, vendados y maniatados en el Twin Otter AE 106 que figuraba en el legajo de Capella como “comisiones especiales” a Neuquén.
Según se consignó en la sentencia de 2021, el Ejército tenía dos Twin Otter que estaban operativos para los traslados clandestinos:, uno estaba destinado a Campo de Mayo (AE-258) y, el otro (AE-106), era piloteado por Capella.
Este último y su tripulación hicieron al menos tres vuelos con grupos de torturados desde Neuquén al centro clandestino “La Escuelita” de Bahía Blanca.
Hubo otro vuelo desde Neuquén en el que se trasladó -en condiciones de tortura- a una sola secuestrada, una hipótesis que los jueces Simón Bracco, Alejandro Cabral y Alejandro Silva, consideraron como válida en los fundamentos de la sentencia.
“Capella no podía desconocer que estaba trasladando a víctimas secuestradas y en las condiciones visibles en que estaban siendo trasladadas, atadas, con los ojos vendados. Vio las condiciones en que eran trasladadas y cumplió con parte de su rol”, escribieron los jueces en la sentencia condenatoria.
Otro piloto militar que declaró como experto fue reportado por la fiscalía en la causa Campo de Mayo por su presunta vinculación con los llamados “vuelos de la muerte”.
Siguen el fiscal y el juez federal de la dictadura
Con el cese de la feria judicial de febrero, se espera que se ponga en marcha el inicio del juicio contra los funcionarios y magistrados como actores civiles que fueron partícipes de la última dictadura cívico militar.
El juicio tendrá dos acusados: el exfiscal federal Víctor Ortiz y el exjuez federal Pedro Duarte, acusados de ser parte del aparato de desaparición y torturas en la región.
Se los acusa de incumplimiento de deberes, omisión de justicia y prevaricato, en más de 25 hechos. El tribunal está compuesto por magistrados que no son de Neuquén: los jueces Simón Bracco, Luis Foglia y Alejandro Silva, aunque ya han intervenido en juicios de lesa humanidad en Bahía Blanca y Patagonia sur.
Aún no se realizó la audiencia preliminar, donde se fijará la cantidad de testigos que forman parte de la prueba y la modalidad de la realización de las jornadas de debate.
Un torturador de La Escuelita murió antes de ser notificado
El coronel retirado Jorge Molina Ezcurra, sindicado por la investigación judicial como uno de los interrogadores en el centro clandestino “La Escuelita” de Neuquén, falleció el año pasado en Buenos Aires, cuando iba a ser notificado de un nuevo procesamiento.
El procesamiento de agosto de 2022 por 14 detenciones ilegales y torturas, entre ellas dos homicidios cometidos en el marco de la desaparición forzada, le iban a ser comunicadas en los días de que fue internado por una descompensación y falleció a los 78 años, antes de recibir la notificación.
Molina Ezcurra era en 1976 uno de los oficiales del destacamento de Inteligencia del Ejército en Neuquén.
Por su actuación durante el terrorismo de Estado, tuvo una condena en firme en 2008, que por la contabilización del 2×1, se le agotaba el 3 de agosto de 2024.
Pero la fiscalía federal apeló la aplicación de ese criterio para las condenas de lesa humanidad en la región y, en 2019, la Corte Suprema ordenó el nuevo cómputo, por lo que su prisión (domiciliaria) por esa condena finalizaba el 30 de mayo de 2028.
Molina Ezcurra también tenía otra sentencia en el segundo juicio de 2012 por otras víctimas; en el cuarto juicio que se hizo en 2015 por casos no juzgados de torturas; por otros hechos en el quinto juicio que se hizo en 2017; otra sentencia en el sexto juicio que se hizo en 2018; y la última condena a perpetua, en el debate que se desarrolló en 2021.
Tres condenas tenían confirmación de segunda instancia (por el Tribunal de Casación) y las otras seguían en apelación.
En una de las pocas intervenciones que hizo ante los jueces de Neuquén, Molina Ezcurra reconoció ser el segundo al mando en el destacamento de Inteligencia que coordinaba los secuestros y operativos de desaparición de personas.
En las intervenciones de las defensas ante el tribunal de Casación, acusó a la justicia de desconocer el sistema de mandos y reglamentación militar y cuestionó a los tribunales civiles.
No aportó detalles sobre el destino de las personas que permanecen desaparecidas en la región luego de los interrogatorios bajo tortura, por los que fue responsabilizado como partícipe necesario.
Alejandra Santucho, integrante de H.I.J.O.S regional Bahía Blanca, conversó con Agencia Paco Urondo al cumplirse 10 años de aquel primer juicio en el que se juzgó a represores por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.
AGENCIA PACO URONDO: ¿Qué significó para ustedes esa sentencia que se realizó hace 10 años atrás? ¿Qué recuerdos guarda de esos días?
Alejandra Santucho: Esa primera sentencia significó un hito en el largo camino de impunidad bahiense, que no escapaba a la impunidad general del país obviamente. La particularidad de Bahía Blanca, con su Poder Judicial amigo y beneficiario en muchos casos de la dictadura, hizo que fuera más costoso el comienzo de los juicios de Lesa. Mientras el resto del país comenzó a juzgar sus responsables a partir del 2005, Bahía Blanca tuvo su inicio recién en 2011 y su primera sentencia en 2012. La larga trayectoria de los organismos de DDHH, principalmente la Asamblea Permanente por los DDHH con figuras como Ernesto Malisia y Eduardo Hidalgo, que lucharon denodadamente y casi en soledad, se vio respaldada al fin, por la acción de Políticas de memoria, Verdad y Justicia que se instalaron luego de la derogación de las leyes de impunidad, en el gobierno de Néstor Kirchner. Algo que todos les que militábamos en DDHH creíamos que nunca íbamos a ver.
El recuerdo de ese dia, es de gran emoción y gran esperanza. Era la sensación de una puerta que al fin se abría, de manera solida y real, para poder al fin hacer justicia por tantos y tantas, que no llegaron a verla. Era abrazar y escuchar la voz emocionada del queridísimo Hugo Omar Cañón, artífice indispensable y parte del Poder Judicial que nos enorgullece, dándonos la certeza que la lucha había valido la pena y que nos esperaba un gran desafío por delante, pero esta vez, el desafío tenía posibilidades ciertas de lograr alcanzarlo.
Desde HIJOS, ese día también fue la nostalgia y la responsabilidad, por estar en el lugar donde también tendrían que haber estado nuestras abuelas y abuelos, que se fueron sin poder ver la justicia para sus hijos. Fue compartir con las y los sobrevivientes, la alegría de algo de reparación, y fue por último el pensamiento hacia nuestras madres y padres, renovando el compromiso hacia ellos de luchar por justicia, pero sobre todo de levantar sus banderas de lucha, por una Patria mejor.
APU: ¿A quienes se condenó ese día?
A.S: En esa primera sentencia fueron condenados 17 genocidas del V Cuerpo de Ejército, 14 de ellos a prisión perpetua y los otros tres a penas de 17 y 18 años. La condena fue por haber sido encontrados culpables en todos los delitos de lesa humanidad que se los acusó, sobre casi 100 víctimas de la ciudad y la región.
La mayoría de estos militares, conformaban la jerarquía del V Cuerpo, del Batallón de Comunicaciones, del Servicio Penitenciario que habían actuado en la cárcel de Villa Floresta y también un par que pertenecían a la policía federal.
El detalle de los condenados es el siguiente: Juan Manuel Bayón, Hugo Delme, Jorge Granada, Norberto Condal, Carlos Taffarel, Mario Méndez, Hugo Fantoni, Walter Tejada, Jorge Mansueto Swendsen, Jorge Masson, Osvaldo Páez, Vicente Forchetti, Héctor Abelleira, Héctor Gonçalves recibieron la pena de prisión perpetua. Además, Carlos Contreras fue condenado a 18 años, y Andrés Miraglia y Héctor Selaya a 17 años y 6 meses.
Ademas de esta ejemplar sanción, el Tribunal de ese momento compuesto por los jueces Martin Bava, Jorge Ferro y Mario Triputti, instaron a investigar el rol de la Nueva Provincia, el diario perteneciente a la familia Massot, cuyo integrante, Vicente, se halla imputado por Delitos de Lesa Humanidad en la actualidad, aunque sin muchos avances en la causa.
"Los cuatro años del macrismo fueron nefastos para los DDHH en general, y para las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en particular"
APU: ¿Qué sucedió después de este importante hito? ¿Cree que hubo un avance en la justicia para juzgar al resto de los genocidas?
A.S: A partir de este primer juicio, se abrió la posibilidad para comenzar a juzgar al resto de los imputados y también continuaron las investigaciones, para poder llegar a todos los involucrados que incluso antes no habían sido señalados como parte del aparato represivo.
En estos 10 años, al día de la fecha, estamos transitando un Octavo juicio, es decir se sucedieron siete juicios más. Los condenados al a la fecha son 73, con 60 de ellos a prisión perpetua. Todas las fuerzas, fueron juzgadas, dando cuenta con ello la sistematicidad y la acción conjunta en la actuación represiva. Ejército contó con la mayor cantidad de condenados, pero también Armada, Prefectura, Servicio penitenciario y las policías tanto Federal como Provincial.
A pesar de las dificultades que se padecen en cuanto a los juzgamientos, que durante los cuatro años del gobierno anterior fueron muchas y los dos años de pandemia también perjudicó, los juicios siempre se sostuvieron en Bahía Blanca, de manera continua. Lo que no se ha podido sostener, es la efectividad de las condenas en lugares del Servicio Penitenciario, ya que hoy en día la mayoría de los condenados se encuentra cumpliendo la pena en prisión domiciliaria. Un número muy reducido esta en cárceles, al contrario de lo que sucedía hace 10 años atrás, donde todos cumplían prisión efectiva.
La gran deuda en estos 10 años, que es la misma en todo el resto de los lugares donde se transitan juicios de Lesa Humanidad, es el avance en el juzgamiento de los cómplices y participes civiles. Ni la imputación a los responsables de la Nueva Provincia, en la figura de Vicente Massot, ni los cómplices del Poder Judicial, como los imputados Hugo Sierra y Gloria Girotti, ni la complicidad de la Iglesia, con sus curas capellanes habiendo sido parte de la represión y hasta de sus participaciones en Centros Clandestinos, han podido ser llevados aun al banquillo para ser juzgados.
Los responsables civiles, a nuestro entender, son los que son sin dudas quienes mantienen los lazos, con el poder Real que aun se sostiene y los sostiene.
APU: ¿Cómo ven ustedes, como integrantes de H.I.J.O.S, la situación política y social que se vive en el presente?
A.S: Bueno, como agrupación, como militantes de los DDHH desde hace 27 años en HIJOS, pero toda una vida, debido a nuestra historia personal, vemos esta situación con mucha preocupación. Pero no desde ahora, sino desde ya hace bastante tiempo. Los cuatro años del macrismo fueron nefastos para los DDHH en general, y para las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en particular, por lo que los militantes de DDHH, venimos viendo el deterioro progresivo que se fue dando en este campo. Desde el bastardeo a los organismos, pasando por la puesta en duda de símbolos que creíamos inamovibles como la cifra de nuestros 30.000, hasta los retrocesos en los juicios y el intento de retroceder a teorías vetustas y desterradas, como la teoría de los dos demonios. Esto lo venimos viendo, advirtiendo y poniendo el doble de esfuerzo militante para evitar su avance, pero los acontecimientos que se precipitaron últimamente, con ese avance de grupos fascistas, que llega a la gravedad del intento de asesinato de nuestra vicepresidenta Cristina Kirchner, creemos que ha tocado todo limite y se torna insostenible.
Creemos que estas acciones no salieron de un repollo, esto fue creciendo y lo peor es que también creemos que se las ha dejado avanzar de manera pasiva, aun en esta gestión de gobierno que no ha puesto freno. Los discursos de odio que habilitan estas acciones concretas, están avalados en medios de comunicación hegemónicos sin ningún tipo de control y sumado al Poder Judicial, o el Partido Judicial, como la propia vicepresidenta lo ha dicho, es un caldo de cultivo ideal, para la situación en la que nos encontramos. Creemos que hay herramientas dentro de la misma constitución para ponerle freno a algunas de estas cuestiones, y no se ha tomado ninguna medida. Se necesitan ni más ni menos que decisiones políticas. Creemos que todavía estamos a tiempo de empezar a poner límites, pero que si no se hace, las consecuencias serán muy graves.
APU: ¿A quién, o a quiénes, dedicaría este importante aniversario de memoria, verdad y justicia?
A.S: A 10 años de la primera sentencia, quiero recordar a todos lo que abrieron camino y lucharon tanto para llegar hasta acá y no pudieron verlo, como a quienes nos dejaron en estos años. Desde HIJOS y desde las generaciones que vienen atrás, seguiremos luchando levantando sus banderas, que son las de los y las 30.000 compañexs detenidoxs desaparecidxs.
