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16 de mayo de 2023

La muerte en libertad del exjefe de seguridad de Ford en dictadura pone la lupa sobre la Corte.

 

La muerte en libertad del exjefe de 

seguridad de Ford en dictadura 

pone la lupa sobre la Corte

Por Gerardo Arenguren, Resumen Latinoamericano, 15 de mayo de 2023.

En 2018, Héctor Sibilla fue condenado a 12 años de prisión. Esta semana se informó su deceso sin pasar por la cárcel. El máximo tribunal demoró la confirmación de su sentencia.

La lucha por justicia de sobrevivientes y familiares de la represión a trabajadores de Ford parece no terminar. La muerte de Héctor Sibilla, exjefe de Seguridad de la empresa automotriz durante la dictadura, se los recordó de la peor manera.

Sibilla fue condenado a 12 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en 2018 en un juicio histórico que marcó la única sentencia por responsabilidad empresarial hasta ahora. También fueron declarados culpables Pedro Müller, exgerente de Manufactura de Ford, quien recibió 10 años de prisión, y Santiago Omar Riveros, quien recibió 15 años.

Pasaron casi cinco años de ese día y la sentencia aún no quedó firme. En septiembre de 2021, Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena, pero la Corte Suprema de Justicia nunca abordó el caso en los casi dos años siguientes. Todo este tiempo, tanto Sibilla como Müller estuvieron en libertad.

El fallecimiento del exfuncionario de Ford, que ocurrió el 4 de abril y fue informado esta semana, dejó en evidencia una vez más las demoras sistemáticas del máximo tribunal en estas causas. “Exigimos a la Corte Suprema que vuelva a poner las causas por crímenes de lesa humanidad como parte de sus prioridades y resuelva de manera urgente este y otros expedientes que se encuentran demorados en su poder”, señaló la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación al dar a conocer la noticia.

“Por más que estuvieran pendientes algunos recursos extraordinarios y de queja en la Corte, para nosotros está concluido. Quedó terminada cualquier discusión que ponga en dudas su culpabilidad de haber sido partícipes necesarios del terrorismo de Estado”, señaló en diálogo con Tiempo Tomas Ojea Quintana, abogado del grupo de víctimas y familiares que hace años comenzaron a pelear para llevar la causa a juicio.

En ese sentido, el abogado destacó el gran logro de haber obtenido condenas y que hayan sido confirmadas en segunda instancia: “Es muy importante para el registro histórico del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, para las propias víctimas y para la organización sindical en la Argentina. Obviamente, hay una ambivalencia porque nunca sufrieron la prisión, que habría correspondido por haber sido declarado culpables”.

“Hubiésemos querido que pague con cárcel, como todos los que cometieron estos delitos, pero mucho no se puede esperar de este sistema judicial. La Corte va tratando de tirarlo a un costado y duele, porque uno quería que pague como debía pagar”, dijo en el mismo sentido Ismael Portillo.

Ismael fue uno de los 24 obreros y delegados secuestrados dentro de la fábrica de Ford ubicada en la localidad de Pacheco. Junto a su esposa Arcelia Ortiz, Lulú, recuerda ese momento, cómo fue paseado frente a sus compañeros, para instalar el miedo, y las torturas que sufrieron muchos de ellos en el quincho de la fábrica, que fue utilizado como centro clandestino de detención. Desde allí, algunos fueron llevados a la Comisaría de Tigre y otros a la de Maschwitz, donde permanecieron varias semanas desaparecidos, hasta que fueron legalizados y llevados a diferentes cárceles.

“Fue un atropello tan grande lo que hizo la empresa. Ese día que nos tenían en el quincho secuestrados, torturándonos, mandó un telegrama diciéndome que al otro día me presentara a trabajar, si no me consideraba despedido. Hasta dónde llega la maldad”, sostuvo Portillo.

En ese momento, el jefe de Seguridad era Sibilla, quien había sido militar durante buena parte de su vida. Luego de los secuestros, en julio de 1976, Sibilla, ya retirado, fue ascendido al grado de teniente coronel del Ejército.

“Era un hombre que trabajaba en seguridad en la empresa y que debería haber protegido a su gente. Los entregó y además presenció las sesiones de tortura en la comisaría de Tigre”, destacó Elisa Charlin de Troiani, viuda de Pedro Troiani, principal impulsor de la causa, quien falleció en 2021.

El rol de la empresa en esos crímenes quedó probado en el juicio realizado en 2018 a través del relato de los sobrevivientes, como Portillo o Troiani, y de sus esposas, Lulú y Elisa, quienes los buscaron durante meses y, en esa búsqueda, un oficial del Ejército les mostró la lista con los nombres de todos los secuestrados que había sido confeccionada en un papel con el logo de Ford.

“La demora de tantos años es por la Justicia que tenemos en este país. La Justicia y el gran poder que tiene la empresa Ford, porque sino, esto no hubiese llevado tanto tiempo”, explicó Elisa y añadió: “Se agotan los tiempos. Cuando empezaron las detenciones tenía 30 años, hoy voy a cumplir 77, ¿qué esperanza puedo tener?”.

“Cuando la Justicia es tan lenta, deja de ser justicia. Para el que espera y para el que sufrió y sufre. Porque esto tuvo un efecto rebote en todo, nuestros hijos, nietos, ellos también lo sufrieron. Queda un miedo eterno y la palabra secuestro me sigue golpeando el pecho y el corazón”, sostuvo Lulú, quien se lamenta que sigan las injusticias: “Esta causa es nuestra vida. Hace 47 años que sucedió esto, hace 47 años que caminamos”. 

Fuente: Tiempo Ar

Fuente:ResumenLatinoamericano


12 de diciembre de 2022

A cuatro años de la condena a dos exgerentes de Ford por secuestro y tortura de 24 obreros.

 

A cuatro años de la condena a dos exgerentes de Ford por secuestro y tortura de 24 obreros

El 11 de diciembre de 2018, gracias a la lucha de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos, Pedro Müller y Héctor Sibilla recibieron penas de diez y doce años de prisión por 24 casos de obreros secuestrados y torturados dentro del Quincho, el centro clandestino que la multinacional tenía en su predio de General Pacheco. A pesar de los graves delitos por los que fueron condenados, los empresarios continuaron en libertad.

Andrea Lopez

Domingo 11 de diciembre |

Pedro Müller y Héctor Sibilla durante el juicio oral y público

El caso de Ford es un emblema de lucha del movimiento obrero contra la dictadura genocida. El 11 de diciembre de 2018, hacen ya cuatro años, dos ex directivos de la multinacional automotriz eran condenados por el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín, integrado por Osvaldo Facciano, Mario Gambacorta y Eugenio Martínez Ferraro.

Las penas fueron contra Pedro Müller (en aquel momento de 85 años) y Héctor Francisco Sibilla, que al momento de la sentencia tenía 90. Müller era gerente de Manufactura y Sibilla jefe de Seguridad de la planta ubicada en General Pacheco. También fue condenado en esa oportunidad el exmilitar Santiago Omar Riveros. Recién en septiembre del año pasado, Casación confirmó las condenas.

Müller fue condenado a diez años de prisión por privaciones ilegales de la libertad cometidos por abuso funcional agravado por el empleo de violencia y amenazas. Por los mismos cargos en diversos hechos Sibilia fue condenado a doce años de prisión. Riveros condenado a la pena de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta por allanamientos ilegales, privaciones ilegales de la libertad cometidos por abuso funcional agravada por el empleo de violencia y amenazas y tormentos agravados. Vale recordar que Riveros fue director de Institutos Militares y de quien dependía la guarnición Campo de Mayo, uno de los centros clandestinos de detención más grandes del país, donde también funcionó una maternidad clandestina. 

Cartel ubicado frente a la planta de Ford en General Pacheco, norte del Gran Buenos Aires
Cartel ubicado frente a la planta de Ford en General Pacheco, norte del Gran Buenos Aires

Durante el desarrollo del juicio declararon decenas de testigos, muchos de ellos sobrevivientes, trabajadores de otras fábricas de la zona, familiares, ex jefes de la automotriz, entre otros. Tanto en los testimonios como mediante otras pruebas, quedó demostrado cómo la empresa Ford y otras tantas, fueron parte activa y fundamental de la maquinaria genocida, llegando al colmo de montar centros clandestinos dentro de sus instalaciones, como en el caso del "Quincho", donde los obreros de Ford fueron torturados por más de doce horas antes de ser trasladados a distintas dependencias, donde estuvieron secuestrados en la mayoría de los casos por más de un año.

En su testimonio Carlos Propato, otro de los obreros sobrevivientes, detalló cómo el 25 de marzo de 1976, un día después del golpe, hubo una reunión con Guillermo Galarraga (exgerente de personal de Ford, procesado en esta causa pero fallecido antes del juicio gracias a los "tiempos de la justicia") quien les dijo a los delegados que se habían acabado los “tiempos gremiales”. En esa misma reunión Galarraga les hizo un “chiste” a sus interlocutores: “mándenle saludos a Camps”, en referencia a quien sería uno de los máximos responsables del genocidio en la Provincia de Buenos Aires desde la jefatura de la Policía provincial. Los delegados no sabían aún el significado de aquel “chiste”, que era en realidad una sentencia de la empresa que condenaba a los 24 obreros.

La condena fue un enorme logro producto de la lucha incansable de los que lograron sobrevivir, sus familiares, trabajadores de otras fábricas y establecimientos, organismos de derechos humanos, entre otros. Pero la "justicia" les garantizó a los responsables la impunidad durante 42 años y cuando finalmente tuvo que condenarlos, siguieron libres al no estar firmes las penas. Este amparo estatal hacia los genocidas, tiene consecuencias en todo sentido y bien concretas, como que lamentablemente algunos de los trabajadores de Ford hayan fallecido sin ver en cárcel común a sus verdugos, como es el caso de Pedro Troiani.

Durante el último tiempo la podredumbre de la casta judicial volvió a salir a la luz, con jueces, fiscales y otros funcionarios implicados en todo tipo de maniobras y hechos escandalosos. Pero lo cierto, es que todos los gobiernos desde 1983 a esta parte, han mantenido no sólo intactos sus privilegios, sino que han hecho la vista gorda respecto a todos los que permanecen en funciones desde la dictadura.

Expediente Ford
Expediente Ford

No se puede dejar de mencionar el rol que jugaron los dirigentes del SMATA, que entregaron a los trabajadores en este y tantos otros casos. Como declaró Pedro Troiani en el juicio, la conducción del Smata meses antes del golpe, los llamó a un plenario de delegados en la Federación de Box. Allí el secretario general José Rodríguez (el legendario burócrata que manejó el sindicato entre 1973 y 2009, cuando murió) les dijo que se venía el golpe, que él iba a amoldarse y que los cuadros medios iban a ir presos. “¡Si eso no fue una amenaza! Todos los trabajadores de distintas fábricas del Smata sufrimos esa amenaza”, exclamó el exobrero ante el Tribunal.

Hay que recordar que Rodríguez, colaborador directo del los genocidas, suele ser homenajeado por la conducción del Smata, desde 2011 en manos del kirchnerista Ricardo Pignanelli, quien cínicamente, cada tanto, hace discursitos contra la dictadura.

A cuatro años de la sentencia del caso Ford, la lucha contra la impunidad es una necesidad no sólo para lograr el juicio y castigo de todos los responsables, sino también para las nuevas generaciones.

Fuente:LaIzquierdaDiario

22 de diciembre de 2021

Causa Ford. Carlos Propato: "Los gerentes siguen en sus casas, a pesar de haber sido condenados por delitos de lesa humanidad".

 

Causa Ford. Carlos Propato: "Los gerentes siguen en sus casas, a pesar de haber sido condenados por delitos de lesa humanidad"

A cuatro años del inicio del juicio histórico contra dos exgerentes de la multinacional automotriz, uno de los sobrevivientes y querellante en la causa por los secuestros y torturas contra 24 trabajadores en 1976, dialogó con La Izquierda Diario.

Andrea Lopez

Martes 21 de diciembre

Pasaron ya cuatro años del comienzo del histórico juicio contra ex directivos de Ford por el secuestro y tortura de 24 trabajadores en 1976. Gracias a la lucha consecuente de sobrevivientes, familiares, extrabajadores de esta y otras automotrices como Mercedes Benz, organizaciones sociales y de derechos humanos, lograron llevar al banquillo de los acusados a dos gerentes de la multinacional, que fueron condenados en 2018 por crímenes de lesa humanidad.

Carlos Propato es uno de los trabajadores sobrevivientes y querellante en la causa. En diálogo con este diario recuerda todos estos años de lucha, que continúa por la cárcel común para estos y todos los genocidas: "La causa Ford, que es un emblema para todo el movimiento obrero hoy está parada, con los gerentes en sus casas a pesar que Casación confirmó sus condenas. Es una enorme injusticia, nosotros no tenemos mucho tiempo, muchos de nosotros se fueron, como hace unos meses un compañero como Pedro Troiani que luchó todos estos años y falleció sin poder ver a estos empresarios donde deben estar, en cárcel común".

Carlos Propato durante su declaración en el juicio
Carlos Propato durante su declaración en el juicio

El juicio comenzó a fines de 2017, y durante su desarrollo ante el Tribunal 1 de San Martín, pudo reconstruirse, gracias a los testimonios de sobrevivientes, extrabajadores y profesionales que investigaron la historia de la dictadura, cómo operaba la empresa en complicidad con el Smata y el Ejército. Tal es así que dos exjefes de la planta Pacheco, reconocieron al prestar declaración que entregaron trabajadores a los militares.

El Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín, integrado por Osvaldo Facciano, Mario Gambacorta y Eugenio Martínez Ferraro, condenó en diciembre de 2018 a los exdirectivos de la automotriz Pedro Müller (87 años) y Héctor Francisco Sibilla (92). Müller fue condenado a diez años de prisión por privaciones ilegales de la libertad cometidos por abuso funcional agravado por el empleo de violencia y amenazas. Por los mismos cargos en diversos hechos Sibilia fue condenado a doce años de prisión. En esa ocasión también fue condenado el exmilitar Santiago Omar Riveros a la pena de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta por allanamientos ilegales, privaciones ilegales de la libertad cometidos por abuso funcional agravas por el empleo de violencia y amenazas y tormentos agravados.

Los gerentes de Ford, Muller y Sibilla
Los gerentes de Ford, Muller y Sibilla

Propato señala: "Cuatro años han pasado del inicio del juicio de Ford, una lucha sin cuartel que dimos nosotros, pero no lo hicimos solos si no junto a las organizaciones que nos acompañaron. Las condenas que logramos para estos empresarios genocidas fueron gracias a la lucha de todos. Nos costó un montón llevar a juicio a los empresarios de Ford y a pesar de que los gerentes fueron condenados siguen en sus casas y a nosotros nos duele mucho. Yo todavía llevo secuelas en el cuerpo y en el alma, hay cicatrices que no se cierran nunca y por más que pasen los años, los días y las noches uno siempre sigue recordando todas esas cosas". Y agregó: "Este cuarto aniversario del comienzo del juicio coincidió con los 20 años del 2001, muchos compañeros se perdieron en una lucha, pero fue una gran enseñanza para el movimiento obrero y los que luchan. Creo que cambiamos un poco la historia en esas jornadas porque veníamos de la dictadura y el neoliberalismo, pero nos pusimos de pie y dimos pelea contra el todo eso y también contra la impunidad de los genocidas, incluidos los empresarios".

La causa Ford

En mayo de 2013 la jueza Alicia Vence procesó a tres exdirectivos de Ford como partícipes primarios de los secuestros y tormentos de 24 trabajadores. Müller, Galárraga y Sibilla fueron responsabilizados por haber entregado al Comando de Institutos Militares datos personales y fotos de empleados que luego fueron secuestrados y como consta en el auto de elevación a juicio, por “haber permitido que se montara un centro de detención en el interior del predio de esa fábrica, en los sectores del Campo Recreativo y/o de Deporte (el Quincho), para que sus dependientes fueran interrogados, golpeados, maniatados, tapándoseles sus rostros para que no pudieran observar lo que ocurría”.

En el mismo escrito de elevación a juicio, la jueza Vence dio por probado que “la empresa aportaba recursos y apoyaba al gobierno de facto a cambio de la ’limpieza de los elementos’ que le impedían sojuzgar al personal y avasallar sus derechos laborales obtenidos”. Además el mismo documento sostiene que los aportes de los gerentes “fueron esenciales” para materializar los secuestros.

"La empresa Ford como lugar de los hechos"

Así se tituló una de las partes del alegato de la querella durante el juicio, donde se detalla que “la planta de Pacheco de la empresa Ford Motor Argentina, ubicada en la Panamericana y la Avenida Henry Ford, en la localidad de Pacheco, en la Provincia de Buenos Aires, que cuenta con 244.000 m2, es el territorio central de la represión a los 24 trabajadores víctimas. Todos ellos eran trabajadores de la fábrica -a excepción de Roberto Cantello que había renunciado apenas unos meses antes- y en su mayoría eran delegados sindicales”.

Está demostrado que “diecisiete de ellos fueron secuestrados en su puesto de trabajo y todos ellos conducidos a los quinchos del sector recreativo de la propia fábrica para ser torturados. Luego de ello, fueron llevados a diferentes lugares de detención. Permanecieron un tiempo secuestrados, en calidad de detenidos-desaparecidos, y posteriormente blanqueados y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y trasladados a diferentes unidades penitenciarias del Servicio Penitenciario Federal”.

El Smata, impune

A mediados de 1975, en el marco de una huelga con ocupación de fábricas por parte de los obreros de automotrices, los de Ford marcharon hasta la sede del Smata, que conducía José Rodríguez, para rechazar la paritaria y exigir la convocatoria a un plenario de delegados.

Aquella lucha concluyó con el despido de más de 300 trabajadores, un estricto régimen de control policial dentro y fuera de la planta y el desplazamiento de la comisión interna, según se relata en el libro Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, coeditado en 2015 por la Secretaría de Derechos Humanos, el Programa Verdad y Justicia, Flacso, el CELS e Infojus.

Basta transcribir parte del auto de elevación a juicio de la causa Ford por delitos de lesa humanidad, firmado por la jueza federal Alicia Vence, para ver lo que el propio Estado argentino reconoció: que los empresarios y la burocracia sindical son responsables del genocidio. En un extracto de esa elevación a juicio, Vence demostró la dura disputa entre la burocracia sindical y las expresiones clasistas y antiburocráticas del movimiento obrero. En el auto de elevación señala que los dirigentes sindicales que “lideraban las bases, pues su cercanía a los empleados y trabajadores fomentaba una relación más directa y consciente de los inconvenientes diarios que reclamaban sus pares”, tenían diferencias que trajeron no pocos problemas “con la llamada ‘burocracia sindical’ que según su sentir no reclamaba sus problemas ni luchas por mejoras tangibles”.

El escrito agrega que “la eficacia y productividad tan añorada por los empresarios se topaba con su enemigo puntual, ‘la comisión interna’, y pareciera que este análisis de la situación fue compartida con las fuerzas armadas que usurparon los poderes del Estado, fueron los obreros quienes más sufrieron la violencia del régimen. En definitiva, los grandes grupos empresarios hicieron mucho más que apoyar la acción de las fuerzas militares. La aquiescencia de Ford y su cooperación para que personal militar detuviera a ciertos empleados que no cooperaban con la exagerada necesidad de mayor producción y eficacia, a esta altura, es incuestionable”.

Pedro Troiani, en su declaración en el juicio relató que, gracias a la lucha, en 1975 lograron un convenio colectivo que era uno de los mejores del país, que entre otras conquistas incluía un aumento del 100 % de los sueldos y el 1 % del valor de cada auto que sería destinado a la obra social (dinero que finalmente el gremio jamás usó para tal fin). De hecho, el histórico burócrata entregador de obreros, José Rodríguez, murió en 2009 procesado pero impune por el manejo fraudulento de la obra social junto a otros miembros de su familia.

La lucha de hoy

Carlos reflexiona sobre la situación actual, el ajuste, la pobreza y los derechos humanos: "Yo realmente no entiendo como se puede decir popular un Gobierno que tiene a la mitad de la población en la pobreza y que además tiene presas y presos políticos. ¿Cómo puede ser que Milagro Sala siga presa?. Es increíble, estas cosas no pueden pasar en democracia pero siguen sucediendo. Estamos así, pero seguiremos luchando para intentar algún día cambiar el rumbo y que se escuchen las voces de los de abajo, de los trabajadores, del pueblo pobre, de los que nunca se escuchan. Vamos a seguir luchando, acompañando a los que cortan las calles, a quienes reclaman, a los y las que luchan".

Fuente:LaIzquierdaDiario


2 de diciembre de 2021

El Estado firmará un acuerdo ante la CIDH por el secuestro y torturas a un trabajador de Ford.

 

El Estado firmará un acuerdo ante la CIDH por el secuestro y torturas a un trabajador de Ford

Se trata de una "reparación por la falta de justicia" que sufrió el trabajador Pedro Norberto Troiani, de la empresa Ford, quien fue secuestrado y torturado en marzo de 1976 en las instalaciones de esa automotriz y luego despedido "sin posibilidad de indemnización".

01-12-2021


Pedro Troiani falleció el 1 de agosto de 2021, pero "participó del trabajo previo al acuerdo"


El Estado argentino firmará este miércoles un acuerdo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en concepto de "reparación por la falta de justicia" que sufrió el trabajador Pedro Norberto Troiani, de la empresa Ford, quien fue secuestrado y torturado en marzo de 1976 en las instalaciones de esa automotriz y luego despedido "sin posibilidad de indemnización".

"Este acuerdo se propone tanto la reparación por la falta de justicia sufrida por Troiani, como una serie de acciones para el impulso de la agenda de responsabilidad empresarial en el marco del proceso de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina", detallaron en un comunicado difundido por la Secretaría de Derechos Humanos.

La firma del acuerdo se realizará este miércoles a las 14 en el Archivo Nacional de la Memoria, y participará el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti; la viuda de Pedro Troiani, Elsa Charlin de Troiani y Tomás Ojea Quintana, abogado de la familia.

También estarán presentes "integrantes del grupo de sobrevivientes de la causa “Ford” y sus allegados", según informaron.

En un informe sobre el caso, la CIDH consideró que el Estado argentino debía "realizar una serie de acciones de reparación", que fueron acordadas entre la Secretaría de Derechos Humanos y el propio Pedro Troiani, quien falleció el 1 de agosto de 2021, pero que "participó del trabajo previo al acuerdo".

"Este acuerdo de cumplimiento implica un paso fundamental para marcar la importancia de la Memoria, Verdad y Justicia respecto de la represión a trabajadores/as y sindicalistas durante la última dictadura en Argentina, así como de la responsabilidad de empresas y empresarios en articulación con las fuerzas armadas y seguridad, en estos procesos represivos", apuntaron.

La firma de este acuerdo es el resultado de la denuncia que presentó Troiani en 1992 ante la CIDH y la gestión la Secretaría que encabeza Horacio Pietragalla Corti comenzó en 2020, al habilitar un diálogo "con el objetivo de alcanzar una solución amistosa en el trámite internacional".

Finalmente el 23 de marzo de 2021, la CIDH adoptó su Informe en el caso y determinó que "el Estado argentino es responsable por haber negado su acceso a la justicia sobre los delitos denunciados" y que existió por parte de autoridades y personal jerárquico de la empresa Ford, "un aporte específico de información de los trabajadores a ser secuestrados”.

A fines de marzo de 1976, a pocos días del golpe militar, Pedro Troiani, trabajador y delegado gremial de la empresa Ford Motor Argentina, fue detenido dentro de la fábrica junto a un grupo de compañeros.

En los quinchos del mismo predio fue sometido a torturas y luego fue privado ilegalmente de su libertad hasta el 23 de mayo de 1977.

"Mientras permanecía secuestrado fue despedido por la empresa, sin derecho a indemnización y al recuperar su libertad se vio impedido de reclamar sus derechos por temor a represalias, ya que aún el país estaba en dictadura. Años más tarde, su reclamo en la justicia fue desestimado por entenderlo prescripto", indicó un texto de la Secretaría de Derechos Humanos en el cual se repasan los antecedentes del caso.

Fuente:Telam

11 de noviembre de 2021

Responsabilidad civil en crímenes de lesa humanidad: la Secretaría de Derechos Humanos pidió a la Cámara de Casación que deje firmes las condenas en la causa Ford.

 


Responsabilidad civil en crímenes de lesa humanidad: la Secretaría de Derechos Humanos pidió a la Cámara de Casación que deje firmes las condenas en la causa Ford

Solicitó que se desestimen los recursos extraordinarios presentados por las defensas de los ex funcionarios empresariales Héctor Sibilla y Pedro Müller y del ex militar Santiago Omar Riveros, condenados en 2018 por los secuestros y tormentos que sufrieron 24 trabajadores y delegados de la multinacional.

Publicado el miércoles 10 de noviembre de 2021

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que desestime los recursos extraordinarios de las defensas de dos ex gerentes de Ford Motor Argentina, Héctor Sibilla y Pedro Müller, y del ex militar Santiago Omar Riveros y que deje así firmes sus condenas por crímenes de lesa humanidad.

Durante la dictadura cívico-militar, Sibilla fue jefe de Seguridad y Müller fue Gerente de Manufactura de Ford Motor Argentina e integrante del Directorio de la firma. El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín los juzgó durante 2018 y los consideró partícipes necesarios de los secuestros y tormentos que sufrieron 24 trabajadores y delegados de la planta de Ford de Pacheco.

Por esos crímenes recibieron penas de 10 y 12 años de prisión respectivamente en la primera condena en Argentina a altos funcionarios de una empresa multinacional durante el terrorismo de Estado. El ex militar Santiago Omar Riveros, comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo, recibió 15 años de prisión.

La sentencia fue confirmada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal a fines de septiembre de este año, casi tres años después de la condena, al rechazar los planteos de las defensas. En respuesta, impulsaron recursos extraordinarios para que la Corte Suprema de Justicia revise la sentencia.

En las tres presentaciones, la Secretaría solicitó que los recursos sean declarados inadmisibles y así queden firmes las condenas. Se resaltó que durante el debate –y la confirmación de Casación- quedó probado el rol que desempeñó cada uno de los condenados en relación a los hechos y que los recursos logísticos y materiales de la empresa fueron indispensables para cometerlos. También se destacó que no existe ninguna cuestión federal que justifique la intervención de la Corte Suprema.

17 trabajadores fueron secuestrados en el lugar de trabajo y a otros 7 los “chuparon” desde las direcciones que constaban en la empresa Ford como sus domicilios. Se probó además la utilización de listados, información y fotografías que únicamente tenía en su poder la empresa, así como de vehículos e instalaciones clave.

Müller ostentaba un puesto clave en la estructura de la automotriz, ya que era Director titular de Ford desde 1974, y reemplazaba al Presidente de la firma en su ausencia, siendo la autoridad máxima de la planta en su carácter de Gerente de Manufactura.

Sibilla tenía a cargo la seguridad de la planta automotriz, era militar retirado y los informes de la DIPBA dan cuenta de su contacto con dicho organismo de inteligencia. La prueba acredita su involucramiento personal en los hechos, su control físico de los puntos de acceso y egreso de la planta, donde fueron secuestrados la mayoría de los trabajadores y luego mantenidos privados de su libertad y sometidos a tormentos en el centro clandestino de detención que funcionó en el quincho de la empresa.

En el caso de Riveros, como jefe del Comando de Institutos Militares tenía el control operativo en la llamada Zona de Defensa IV por lo que dirigió todas las acciones de represión ilegal que se realizaron en ese territorio, incluyendo la ejercida contra los/as trabajadores/as de Ford.

El impulso enérgico de los juicios, en particular de aquellos que involucran la responsabilidad de actores civiles y económicos, es una prioridad del Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad promovido por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La causa Ford es un caso emblemático sobre la participación empresarial en la represión a trabajadores, trabajadoras y sindicalistas, y es imprescindible que se llegue a una condena firme sin más dilaciones. Una gran cantidad de víctimas, la última de ellas el extrabajador y delegado de Ford Motor Argentina, Pedro Troiani, fallecieron sin ver firme la sentencia a sus victimarios.

Los crímenes padecidos por trabajadores y trabajadoras de Ford y sus familias, así como la falta de una respuesta judicial adecuada, fueron constatados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que las demoras comprometen la responsabilidad internacional del Estado argentino.

Fuente:Argentina.gob.ar

2 de octubre de 2021

Los estrechos vínculos entre Ford y la dictadura en Argentina.

 

Los estrechos vínculos entre Ford y la dictadura en Argentina


La Cámara Federal de Casación argentina confirmó las condenas de dos exdirectivos de la multinacional estadounidense por el secuestro y tortura de 24 trabajadores de la firma y el montaje de un centro clandestino de detención en la misma planta de la empresa automotriz.
Los exdirectivos de Ford, Pedro Müller y Héctor Sibilla fueron condenados por el secuestro y torturas a 24 trabajadores y por haber montado un centro de detención clandestino en la planta de la empresa, ubicada en la localidad de General Pacheco, provincia de Buenos Aires, durante la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983).
En 2018, el Tribunal Oral Federal N°1 de la localidad de San Martín condenó a Müller y Sibilla a 10 y 12 años de prisión respectivamente. Junto con ambos exdirectivos, fue juzgado el excomandante Santiago Omar Riveros, quién resultó condenado a 15 años de presidio.

Ford y la represión

La multinacional automotriz ya era simbólicamente asociada al régimen dictatorial argentino, al ser la principal proveedora del reconocido Ford Falcon, fabricado en Argentina, el automóvil ícono de la represión en las calles argentinas.

Sin embargo, la confirmación de las condenas y la probatoria de torturas, secuestros y el facilitamiento de infraestructura de la empresa para la privación de libertad de personas, son un hito en lo que refiere a la determinación de responsabilidades de civiles en el entramado de terrorismo de Estado.

"Ford Argentina actuó mancomunadamente con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con el fin de ejercer el poder represivo contra sus empleados. Para ello fue decisivo el trabajo en conjunto con los directivos, a los fines de individualizar y acallar a sus dirigentes gremiales, proscribir las huelgas y organizaciones sindicales y evitar de ese modo cualquier entorpecimiento que pudiera repercutir negativamente en los niveles de producción", sostuvo el juez de casación Alejandro Slokar en su voto.

Müller, actualmente de 90 años, integró el directorio de Ford Argentina entre 1974 y 1978, mientras que Sibilla, de 95 años, se desempeñaba como jefe de seguridad de la planta de manera tercerizada, mientras se mantenía como miembro de las Fuerzas Armadas argentinas.
En julio de 1976, mientras la represión a los obreros de la automotriz estaba en pleno auge, Sibilla fue ascendido a teniente coronel.
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América Latina
Histórica condena en Argentina contra directivos de Ford por delitos de lesa humanidad
"La firma y sus altos directivos no solo conocían y colaboraban con las fuerzas ejecutoras del terrorismo estatal, sino que realizaron un aporte activo, directo y coordinado con el propósito de lograr una política de disciplinamiento que favoreciera los niveles de producción", añadió Slokar.
Ante la confirmación de las condenas a los exdirectivos, la fiscal de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), Ángeles Ramos sostuvo a medios argentinos que "es una sentencia clave porque evidencia el entramado represivo dentro de las fábricas y la persecución de trabajadores y agremiados sindicales a partir del aporte del sector empresarial para el plan sistemático. Se lo utilizó, además, con un beneficio económico que se tradujo en la reducción de la gestión de conflictos laborales o gremiales".
Los hechos establecidos en las condenas se remiten al secuestro de 24 trabajadores de Ford, 17 de ellos fueron privados ilegalmente de su libertad y nueve fueron sometidos a torturas dentro de la misma fábrica, considerada de hecho como un centro clandestino de detención y tortura.
Fuente:Sputnik

1 de octubre de 2021

Responsabilidad civil en crímenes de lesa humanidad: la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a dos ex gerentes de Ford.

 


Responsabilidad civil en crímenes de lesa humanidad: la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a dos ex gerentes de Ford

Fueron juzgados en 2018 y recibieron penas de 10 y 12 años de prisión como partícipes necesarios de los secuestros y tormentos que sufrieron trabajadores y delegados de la multinacional.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a dos ex gerentes de Ford Motor Argentina, Héctor Sibilla y Pedro Müller, por delitos contra 24 trabajadores en la última dictadura.

La condena en 2018 a 12 y 10 años de prisión respectivamente fue la primera en Argentina a altos funcionarios de una empresa multinacional durante el terrorismo de Estado. En ese juicio histórico también fue condenado el ex militar Santiago Omar Riveros, comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo, quien recibió 15 años de prisión.

En la dictadura cívico-militar, Müller fue Gerente de Manufactura de Ford Motor Argentina y Sibilla fue el jefe de Seguridad. Ambos fueron considerados partícipes necesarios de los secuestros y tormentos que sufrieron trabajadores y delegados.

La mayoría de las víctimas fueron secuestradas en sus puestos de trabajo. El tribunal oral comprobó —y ahora Casación ratifica— que los recursos logísticos y materiales de la empresa fueron indispensables para esos crímenes. También se verificó que algunos de los trabajadores fueron retenidos cautivos y torturados en un quincho recreativo dentro de la planta que funcionó como CCD.

El fallo de Casación que confirmó esas penas llega luego de varios meses de demoras injustificadas. En febrero de 2021, el expediente ya estaba en condiciones de ser resuelto y se dilató a pesar de los reclamos realizados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y las propias víctimas.

En ese lapso, falleció una de las víctimas e impulsores de la búsqueda por memoria, verdad y justicia, el extrabajador y delegado de Ford Motor Argentina, Pedro Troiani, quien producto de estas demoras no llegó a ver firme la sentencia a sus victimarios.

Los crímenes padecidos por trabajadores y trabajadoras de Ford, así como la falta de una respuesta judicial adecuada, también fueron constatados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que la demora comprometía la responsabilidad internacional del Estado argentino.

Esta confirmación de una sentencia emblemática constituye un paso fundamental en el eje de responsabilidad empresarial y represión a trabajadores, trabajadoras y sindicalistas, planteado desde las denuncias iniciales contra la dictadura y sostenido por décadas.

El impulso enérgico de los juicios, en particular de aquellos que involucran la responsabilidad de actores civiles y económicos, es una prioridad del Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad promovido por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Fuente:Argentina.gob.ar

30 de septiembre de 2021

Secuestros y torturas a 24 trabajadores de Ford: confirmaron las condenas contra dos exdirectivos de la empresa.

 

Montaron un centro clandestino de detención en la planta de General Pacheco

Secuestros y torturas a 24 trabajadores de Ford: confirmaron las condenas contra dos exdirectivos de la empresa

La decisión del máximo tribunal penal del país representa un nuevo hito en el proceso de justicia en la Argentina y marca un avance en la sanción de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad.

Por Luciana Bertoia

Imagen: AFP

La Cámara Federal de Casación confirmó las condenas de dos exdirectivos de la automotriz multinacional Ford por los secuestros y torturas a 24 trabajadores durante la última dictadura y por haber montado dentro de la planta de General Pacheco un centro clandestino de detención. La decisión del máximo tribunal penal del país representa un nuevo hito en el proceso de justicia en la Argentina y marca un avance en la sanción de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad con impacto internacional.

En 2018, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín condenó a Pedro Müller a diez años de prisión y a Héctor Francisco Jesús Sibilla a doce años. Junto con ellos fue juzgado el poderoso comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros, que recibió una pena de quince años de reclusión. Casi tres años después, la Cámara Federal de Casación --con los votos de Alejandro Slokar y Carlos Mahiques-- confirmó la sentencia contra los dos ejecutivos de la Ford. Guillermo Yacobucci, por su parte, únicamente convalidó la sentencia contra Sibilla, el jefe de seguridad de la planta de Pacheco, que la semana pasada cumplió 60 años desde su inauguración. Los tres jueces confirmaron la sentencia del multicondenado Riveros.

Veinticuatro trabajadores de la Ford fueron secuestrados después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. A 17 de ellos los privaron ilegalmente de la libertad dentro de la propia fábrica y a nueve de ellos los tuvieron cautivos en un quincho que fue usado como centro de detención y tortura. Nada de esto pudo haber sido ignorado por quienes manejaban la planta, pese a sus esfuerzos por mostrarse ajenos.

Müller, de 90 años, integró entre abril de 1974 y abril de 1978 el directorio de la Ford, que era el órgano máximo de administración y decisión de la automotriz. En la práctica, era el número dos de la compañía y se convertía en el número uno cuando el presidente, Juan Courard, estaba de licencia. Eso sucedió en, al menos, tres oportunidades durante 1976, cuando se produjeron los 24 secuestros que investigó la justicia federal de San Martín.

Sibilla, que actualmente tiene 95 años, se presentó en las apelaciones casi como un testigo de la “ocupación militar” de la fábrica. Sin embargo, para entonces él era el jefe de seguridad de la planta y era alguien que conocía por dentro la estructura castrense. Había ingresado en 1946 en el ejército y pasado a retiro en 1962 con el grado de mayor. Al año siguiente, se incorporó a la empresa Organización de Protección Industrial (ORPI SRL), que ofrecía seguridad a la Ford de manera tercerizada. En julio de 1976, mientras estaba en pleno auge la represión a los obreros de la automotriz, Sibilla fue ascendido a teniente coronel. Para 2004, prestaba servicios en la embajada de los Estados Unidos.

“Se pudo comprobar la crisis económica que había padecido el sector automotriz desde principios de la década del ’70, de la cual esta empresa no fue ajena, aunada a la activa organización gremial de los trabajadores de planta durante los años 1975 y 1976; así a partir del 24 de marzo de 1976 Ford Argentina actuó mancomunadamente con las fuerzas armadas y de seguridad, con el fin de ejercer el poder represivo contra sus empleados. Para ello fue decisivo el trabajo en conjunto con los directivos, a los fines de individualizar y acallar a sus dirigentes gremiales, proscribir las huelgas y organizaciones sindicales y evitar de ese modo cualquier entorpecimiento que pudiera repercutir negativamente en los niveles de producción”, escribió Slokar en su voto.

"La firma y sus altos directivos no sólo conocían y colaboraban con las fuerzas ejecutoras del terrorismo estatal, sino que realizaron un aporte activo, directo y coordinado con el propósito de lograr una política de disciplinamiento que favoreciera los niveles de producción", añadió Slokar. "En ese orden, indicaron las víctimas que pusieron a disposición un sector donde funcionó el centro clandestino de detención dentro de la propia planta y facilitaron insumos, espacios y camionetas de la misma empresa para el traslado de las víctimas --atadas y encapuchadas-- desde sus domicilios hacia sus instalaciones u otros centros de detención, además de suministrar unidades sin patentamiento y documentación pertinente de los vehículos automotores modelo Falcon de la marca, ícono en el accionar represivo clandestino de la última dictadura cívico-militar”.

Un hito

La confirmación de las condenas contra Müller y Sibilla marca un nuevo hito en el proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad, ya que el capítulo sobre los responsables empresariales de estos delitos es el que más resistencias y demoras judiciales acarrea. Los testimonios sobre lo ocurrido en la Ford comenzaron a brindarse desde el regreso de la democracia ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CoNaDeP). Las denuncias se reiteraron durante los juicios por la verdad y recién fueron ventilados ante un tribunal oral a partir de diciembre de 2017.

"Es una sentencia clave porque evidencia el entramado represivo dentro de las fábricas y la persecución de trabajadres y agremiados sindicales a partir del aporte del sector empresarial para el plan sistemático. Se lo utilizó, además, con un beneficio económico que se tradujo en la reducción de la gestión de conflictos laborales o gremiales", evaluó la fiscal Ángeles Ramos, que conduce la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH).

Marcos Levín fue el primer empresario en ser condenado por delitos de lesa humanidad en calidad de dueño de La Veloz del Norte, una empresa de transporte de pasajeros ubicada en Salta y con sede en Tucumán. La condena fue en marzo de 2016, pero, al año siguiente, la Cámara Federal de Casación la revirtió. La Corte Suprema todavía no revisó la situación de Levín, aunque en una causa derivada ordenó que se lo siguiera investigando. En el caso de Ford, no sólo los dos ejecutivos están condenados, sino que esa sentencia fue confirmada por el máximo tribunal penal del país.

En los últimos tiempos se registró un avance también después de mucha espera: la Corte Suprema dejó sin efecto la falta de mérito con la que la Cámara Federal de Casación había beneficiado a Carlos Pedro Tadeo Blaquier por los secuestros producidos en 1976 en la zona de influencia del ingenio Ledesma. El mes pasado, fue finalmente elevado a juicio. En Tucumán, hubo procesamientos por los crímenes en el ingenio La Fronterita y en Norwinco. En marzo del año pasado, procesaron a dos ejecutivos de la siderúrgica Acindar, desde cuyo directorio saltó José Martínez de Hoz al ministerio de Economía de la dictadura. A contramano, la Cámara Federal de Casación absolvió a los hermanos Julio y Emilio Méndez que cedieron la chacra donde estuvo secuestrado el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, que defendía a los trabajadores de Loma Negra.

Según estimaciones de la PCCH, son alrededor de 30 las causas de responsabilidad empresarial con crímenes de lesa humanidad. El avance en ellas es desigual: hay algunas en las que los jueces jamás respondieron los pedidos de indagatorias, otras en las que los acusados civiles murieron o fueron separados del proceso y otras que están en pleno trámite. 

Fuente:Pagina12