La acción convocada desde ATEN Capital y Plottier, de la que participaron organizaciones sindicales, estudiantes, sociales, de DDHH y de izquierda, entre otras, marchó este lunes a la tarde desde el playón de la UNCo hasta el salón donde se realiza el octavo tramo del juicio "La Escuelita" en el que se juzgan a los funcionarios de la dictadura genocida en la región.
La Cámara Federal de Casación Penal, con votos de Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques, declaró inadmisibles los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y confirmó la decisión de la Cámara Federal de Bahía Blanca de no indagar a un numeroso grupo de militares por delitos sexuales cometidos en el centro clandestino La Escuelita y en dependencias del ex Cuerpo V de Ejército durante la última dictadura. La decisión que impide profundizar la investigación de violaciones y abusos en cautiverio se fundamenta en la ausencia de denuncias concretas por parte de algunas víctimas directas y en la interpretación según la cual, si bien admiten “la sistematicidad de la violencia sexual en los centros clandestinos”, consideran que indagar a toda una cadena de mandos que incluye a jerarcas militares, mandos medios y guardias de bajo rango “afecta el derecho de defensa” de todos ellos. El juez Alejandro Slokar, en disidencia, opinó que correspondía continuar con la tramitación de la investigación y destacó la obligación del Estado de “investigar, juzgar y sancionar” los delitos de lesa humanidad.
Yacobucci y Mahiques rechazan el recurso de los fiscales bahiense por considerarlo inadmisible pero paradójicamente se detienen a analizar los argumentos de fondo, que es lo que Casación debería hacer en caso de declararlo admisible, conducta por la cual la Corte Suprema de Justicia ya ha revocado más de un fallo de esa misma Sala II.
La Cámara bahiense –citada por Yacobucci– fundamentó su rechazo a las indagatorias “en la limitación del poder punitivo del Estado a la expresión de voluntad expresa de la víctima” (prevista por el Código Penal para los delitos sexuales) y concluyó que “el silencio” de seis mujeres a quienes identifica por sus iniciales “acerca de los episodios sufridos impide habilitar la persecución penal”. Por tratarse de casos en que las pruebas surgen de dichos de terceros, la Cámara bahiense advirtió sobre “las consecuencias dañosas que podría tener la persecución de estos delitos cuatro décadas más tarde con total prescindencia de la voluntad de la víctima” y “la posibilidad de una doble victimización”, que “se ve potenciada con la calificación de los hechos como delitos de lesa humanidad, adquiriendo una dimensión diferente y un contenido infinitamente más complejo”. En los casos de víctimas fallecidas, ante la imposibilidad de revictimización invocada por los fiscales, los jueces también relativizan ese argumento, que a su entender sólo puede afirmarse “si quien debe decidirlo se desentiende completamente de la voluntad de la víctima”, en referencia a “su familia y allegados”.
En otros treinta casos, el argumento para negar las indagatorias es la falta de pruebas. Los jueces cuestionan al Ministerio Público Fiscal por lo que consideran “un argumento dogmático y genérico centrado en la sistematicidad de la violencia sexual que existía en los centros clandestinos de detención pero sin realizar el más mínimo análisis probatorio que permitiera ligar a los imputados con aquellos hechos”. No niegan las sistematicidad de los abusos sexuales, que implican que toda la estructura del aparato terrorista participaba o en el mejor de los casos encubría esas prácticas, pero –a diferencia de lo que ocurre con los delitos de torturas– entienden que imputar a toda una cadena de mandos “afecta el derecho de defensa”. En otras palabras, acusar a todos sin saber con precisión quién violó “implica una abrumadora generalización”.
En disidencia con el voto mayoritario, el juez Slokar votó por declarar la admisibilidad del recurso y continuar con la tramitación de la causa de modo que los fiscales puedan argumentar sobre la arbitrariedad que le cuestionan a la Cámara Federal bahiense. Señaló además “las obligaciones del Estado argentino de investigar, juzgar y sancionar a los responsables por crímenes de lesa humanidad, el compromiso internacional asumido a través de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer –Convención Belém do Pará–”, y destacó, citando un estudio de Lorena Balardini, Ana Oberlin y Laura Sobredo, que “es difícil encontrar exposiciones más dramáticas de la desprotección y la vulnerabilidad que aquellas que genera la violencia ejercida brutalmente en sus cuerpos, en tanto representan su condición sexual, su identidad de género y su posibilidad de descendencia”.
Vale destacar que otras 26 mujeres sobrevivientes de las mazmorras del Cuerpo V bahiense expusieron al declarar los abusos de los que fueron víctimas y que sus casos fueron elevados al Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca.
Fuente:Pagina12
Pidió ampliación de la acusación por la violación de 3 cautivas durante el secuestro y la desaparición forzada en Bahía Blanca. Sólo exceptuó a los comisarios rionegrinos y a un federal.
Por Shirley Herreros
La fiscalía sorprendió ayer cuando solicitó que se vuelva a indagar a la mayoría de los acusados en el juicio por delitos de lesa humanidad que se sustancia en Neuquén por el delito de las violaciones padecidas por 3 de la detenidas desaparecidas en junio de 1976.
Sólo 5 de los 15 acusados por homicidio, desaparición forzada y tormentos, llegaron al juicio acusados por la violencia sexual cometida contra una de las detenidas: Dora Seguel.
El fiscal José Nebbia planteó que todos los involucrados deben ser acusados por los ataques sexuales a Seguel y también responsabilizados por los padecidos por la actriz Alicia Villaverde y Argentina Seguel, descriptos en etapas anteriores y ampliados con las declaraciones que se produjeron en las audiencias pasadas.
“Estamos en el último momento para subsanar” no haber acusado a todos los que consideró responsables de los manoseos, tocamientos y violaciones descriptos por las sobrevivientes y las mismas víctimas, que no llegaron a juicio por fallecimiento.
El pedido de ampliación de acusación se produjo al término de tres testimonios sobre cómo fue el secuestro de Argentina Seguel en Neuquén, la joven de 19 años que fue llevada de la calle Talero cuando acompañaba a su mamá en busca de su hermana Arlene, secuestrada dos días antes en Cutral Co.
El tribunal decidió suspender la convocatoria a testigos para la próxima semana y escuchar la réplica de las defensas, que se opondrán a la medida.
En opinión de la fiscalía, se podrá continuar con el juicio mientras las defensas recolectan las pruebas para las indagatorias.
Sin embargo, la defensa de Pablo Repetto ya adelantó la solicitud de suspensión del juicio mientras el tribunal resuelve cómo continuar, con las acusaciones iniciales en el debate, o con los mismos acusados con más denuncias.
Si los jueces coinciden con Nebbia, los acusados deberán ser indagados específicamente por la violencia sexual cometida contra 3 jóvenes secuestradas y llevadas a la tortura en Bahía Blanca.
El fiscal dio antecedentes técnicos de la misma petición en otros juicios de lesa humanidad que lograron la inclusión de más delitos contra los mismos acusados y que ese procedimiento fue avalado por Casación y luego confirmado por la Corte.
“Las violaciones de las que supimos en este juicio no se están juzgando, y la solución no puede ser extraer testimonios y que todo vuelva a empezar en el derrotero de instrucción hasta que llegue a un nuevo juicio, es agregar más tiempo de espera a cuenta de las víctimas, que ya vienen esperando 45 años” por justicia, dijo.
Agregó que técnicamente corresponde la excepción prevista en el código para estos casos. “La ampliación se basa en hechos conocidos, no se puede alegar sorpresa”, sostuvo.
La imputación de la fiscalía fue de violación agravada cometida por más de 2 personas y en condiciones de cautiverio e indefensión de las víctimas.
Oscar Reinhold, Osvaldo Paez, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale llegaron a juicio acusados por la violencia sexual que padeció Dora Seguel y el fiscal pidió que le agreguen las violaciones denunciadas por la actriz Alicia Villaverde y Argentina Seguel,.
El civil de inteligencia Raúl Guglielminetti, el subcomisario federal Jorge Soza, el piloto de los traslados en avión Juan José Capella y los 5 jefes de inteligencia de Bahía, fueron acusados como participes necesarios de las violaciones contra las 3 mujeres.
“No se trata de hechos nuevos, sino conocidos que en el debate se profundizaron”, dijo.
Fuente:RioNegro
