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6 de octubre de 2023

ROSARIO: La causa Laguna Paiva II juzgará delitos de lesa humanidad contra niños.

 

La causa Laguna Paiva II juzgará delitos de lesa humanidad contra niños

Las víctimas que hasta ahora no se escucharon

La Cámara Federal de Apelaciones decidió incluir lo sufrido por once niños, niñas y adolescentes en el marco de la persecución a Catalino Páez y sus compañeros.

Lo vivido por once niñxs se conoció en la primera parte de la causa, que tuvo sentencia en 2021. 

Los casos de once niños y niñas que fueron abandonados por fuerzas represivas tras el secuestro de sus padres, durante la última dictadura militar, formarán parte del juicio de lesa humanidad conocido como a causa Laguna Paiva II. Además, se incluye el delito de tortura que tuvo como víctima a una adolescente de 15 años. Así lo resolvió la Cámara de Apelaciones de Rosario ante el planteo presentado por el equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Rosario. Se trata de un hecho que calificaron como "novedoso en la jurisdicción, incluyendo el abandono de persona, en este caso de niñas y niños, como delito de lesa humanidad", destacaron.  

Luego del recurso presentado por la APDH, la Alzada revirtió lo que había resuelto el juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe con faltas de mérito por esos delitos. En ese sentido,  "le ordenó que dicte procesamientos" de los genocidas Eduardo Riuli y Víctor Brusa por el delito de abandono de persona cometido contra niñas y niños, y por los delitos de tormentos y allanamientos ilegales; disponiendo además la prisión preventiva del ex policía Fernando Mendoza.

En 2021, tuvo lugar el primer juicio de la causa Laguna Paiva. En el debate se juzgó la persecución al último referente del PRT en Santa Fe, Catalino Páez, su esposa y su hijo Mario de 15 años, además de ocho compañeros de militancia que eran obreros del Frigorífico Nelson, ferroviarios en Laguna Paiva y uno supervisor en Acindar, en Villa Constitución, entre febrero y abril de 1980. Pero como publicó este diario en su momento, las audiencias revelaron que la cacería se extendió a los dos hermanos de Catalino y sus parejas, y a 16 niños y niñas de las tres familias que fueron violentados y abandonados, el más chiquito de cinco años. Una cuñada de Catalino y sus cuatro hijos estuvieron cautivos más de un mes en la Guardia de Infantería Reforzada, que era una prisión del Ejército.

El 7 de julio de 2021, el Tribunal condenó a los seis imputados, todos expolicías: el exjefe del D2, Germán Chartier (16 años de prisión); el comisario Eduardo Riuli, que ocupó el mismo cargo en una época posterior (6 años y seis meses), el sargento Rubén Insaurralde (6 años); el comisario Fernando Mendoza y los suboficiales Antonio González y Omar Epifanio Molina (a 5 años). 

Luego de terminado el debate y "a partir de múltiples declaraciones de testigos que configuraban hechos nuevos y que no habían sido parte del juicio, el equipo jurídico de la APDH Rosario, que representa al organismo y a víctimas sobrevivientes constituidos como querellantes, presentó formal denuncia ante el juzgado Federal Nº1 de Santa Fe exigiendo su investigación". La denuncia apuntaba principalmente al "protagonismo de Riuli como coautor del ataque contra 4 familias, y las responsabilidades del ex juez Víctor Brusa y el ex comisario Sebastián Mendoza"; en relación a los hechos que tuvieron como víctimas a las niñas y niños. "El accionar del estado terrorista, encarnado en las figuras de estos represores, implicó el uso de la violencia también contra las infancias", indicaron desde APDH. Así, "fueron víctimas de abandono, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y abusos sexuales". 

Según expresaron, "a pesar de la gran cantidad de testimonios y pruebas que daban fuerza a la denuncia, el juzgado federal de Santa Fe, a cargo del juez Reynaldo Rodriguez, dictó múltiples faltas de mérito. Desestimó todos los abandonos de niñas y niños, los delitos de tormentos de los hermanos de Catalino Páez, como así también los
allanamientos ilegales de los domicilios de las 4 familias Paez-Medina".

Ante ello, el equipo jurídico de la APDH presentó recurso de apelación, y luego de un año de tramitada la instancia, se dio a conocer la resolución que "da preeminencia a la declaración de los sobrevivientes del genocidio y al relato de las víctimas que al momento de sufrir los hechos eran niñas y niñas", señalaron.

Así, indicaron en un comunicado que se ordenó -al revertir las faltas de mérito- el procesamiento de Riuli por el abandono de once niñas y niños, por las torturas sufridas por Juana Medina y por la familia de Miguel Paez y Elba Medina de Estebam Rams, entre ellas una adolescente de 15 años. Achacándole también los allanamientos ilegales de los cuatro domicilios de las familias Paez – Medina, ubicados en las localidades de Lima, Esperanza, Estebam Rams y Ceres.

Por su parte, "en lo que hace a la participación del Poder Judicial en el Terrorismo de Estado, se ordenó el procesamiento del ex Juez Víctor Brusa como coautor del secuestro de la familia de Catalino Paez y el abandono de sus hijes, quien actuó en ese entonces en calidad de Secretario del Juzgado Federal de Santa Fe", sumaron.

"La historia del juicio de Lesa Humanidad de la causa Laguna Paiva no sólo trajo aparejada condenas a la patota del D2 de Santa Fe y la reivindicación de la militancia de los trabajadores del frigorífico Nelson nucleados en la organización “La lucha”, sino también numerosos nuevos casos de niñas y niños que fueron víctimas de la última dictadura cívico militar y que exigimos sean juzgados y tengan la gran esperada justicia", sostuvieron.

Fuente:Rosario12

4 de junio de 2022

SANTA FE: ordenan que Riuli, represor de Laguna Paiva, vuelva a quedar detenido.

 

Santa Fe: ordenan que Riuli, represor de Laguna Paiva, vuelva a quedar detenido

La querella de la APDH logró revertir en Casación dos fallos del Tribunal Oral Federal de Santa Fe que, tras condenar al expolicía a 6 años y seis meses por crímenes de lesa humanidad, le había otorgado la libertad.

03/06/2022

Dos veces el Tribunal Oral Federal de Sante Fe excarceló al expolicía de Santa Fe Eduardo Riuli, condenado en julio del año pasado por crímenes de lesa humanidad en Laguna Paiva, y las dos veces la querella de la APDH tuvo que recurrir a la Cámara Federal de Casación Penal para revertirlo y evitar que el represor camine libre por la ciudad santafecina, donde también viven sus víctimas.

Riuli fue miembro de la policía de Santa Fe durante la dictadura e integró el Departamento de Informaciones (D2), desde donde participó de una cacería brutal para dar con un ex integrante del PRT, Catalino Páez. Para llegar a él, quien se había ido de Laguna Paiva tras el golpe de Estado, la patota secuestró a su hermana, su cuñado y su hermano, y mantuvieron cautivos o dejaron abandonados a 16 niños, niñas y adolescentes. A Catalino, a su esposa, y a su hijo los secuestraron en la localidad bonaerense de Lima, donde vivía precariamente en un campamento de un horno de ladrillos.

Sus víctimas, muchos de ellos niños y niñas, lo reconocieron porque era flaco, alto y de perfil aguileño, pero sobre todo recordaban su voz, ya que era un habitual presentador en los bailes locales. A los operativos llegaba de civil, y con un gorrito con los colores de Colón de Santa Fe. Muchos años después se convertiría en conductor de radio y televisión en los medios de Laguna Paiva.

El año pasado, el TOF de Santa Fe condenó a Riuli a seis años y seis meses de prisión como autor de secuestros y amenazas. También fueron encontrados culpables Guillermo Raúl Chartier, quien era jefe del D2, donde funcionó el centro clandestino de detención al que fueron llevadas las personas secuestradas, y los ex policías Rubén Oscar Insaurralde, Fernando Sebastián Mendoza, Antonio Rubén González y Omar Epifanio Molina.

La primera excarcelación de Riuli fue ordenada por el tribunal, integrado por José María Escobar Cello y Luciano Lauría, apenas un mes después de la sentencia, por considerar que se habían cumplido los dos tercios de su pena durante su prisión preventiva, de los que sólo estuvo un mes en una cárcel y el resto en su domicilio.

En representación de las víctimas, laos abogados de la querella de la APDH Rosario, Julia Giordano y Federico Pagliero, presentaron un recurso en Casación y la Sala IV revirtió la decisión.

Entre los argumentos presentados por la querella estuvo que Riuli es investigado en instrucción por los hechos que sufrieron más de una decena de niños y niñas durante la persecución a Catalino. Al juicio sólo llegó el secuestro de su hijo mayor, Mario Páez, quien cumplió los 15 años en el centro clandestino del D2, pero no se trataron los casos de sus hermanos y hermanas y sus primos y primas, todos menos de 14 años.

También destacaron la revictimización que sufren sus víctimas, quienes viven en la misma localidad, a pocas cuadras del condenado.

El 30 de diciembre de 2021, el Tribunal volvió a recibir el expediente y, en vez de acatar la decisión de Casación, volvió excarcelar a Riuli.  La querella volvió a recurrir a Casación y la semana pasada las partes presentaron sus argumentos en una audiencia pública.

Junto a los abogados de la APDH participó también Mario Páez, quien manifestó que toda su familia fue víctima del terrorismo de Estado y mostró su frustración con el amparo judicial a Riuli: “¿Qué más tenemos que hacer para que la justicia haga lo que tiene hacer con los genocidas?”, se preguntó.

Este jueves, la Sala IV, integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, anuló por segunda vez la decisión de los jueces de primera instancia.  Ahora, el Tribunal deberá hacer efectivo el fallo de Casación y anular la excarcelación para que Riuli cumpla su condena.

Fuente:TiempoArgentino

26 de mayo de 2022

Causa Laguna Paiva: piden que un represor de la Policía de Santa Fe y expresentador de TV vuelva a la cárcel.

 

Causa Laguna Paiva: piden que un represor de la Policía de Santa Fe y expresentador de TV vuelva a la cárcel

Los sobrevivientes y víctimas de la patota policial que funcionaba en la División Informaciones (D2) piden que uno de sus integrantes: Eduardo Enrique Riuli, vuelva a ser puesto tras las rejas, tras recibir varios beneficios de la Justicia. Lo dijo por LT9 Mario Páez, quien fue secuestrado cuando tenía 14 años, y cumplió 15 en esa condición en el Centro Clandestino de Detención que funcionaba en la sede policial de Obispo Gelabert y San Martín.
JUEVES 26 DE MAYO DE 2022

Los sobrevivientes y denunciantes de la causa por delitos de lesa humanidad en Laguna Paiva, durante la última dictadura cívico-militar, están solicitando que uno de los policías condenados:  Eduardo Enrique Riuli, vuelva a la cárcel tras ser beneficiado con prisión domiciliaria, y una baja condena, según entienden los representantes de las víctimas. 

"Vamos a pedir una vez más que se revoque esto, que es parte de la injusticia que vivimos los argentinos hace mucho tiempo. No entendemos cómo hombres y mujeres que le han hecho gravísimos daños al país tengan hoy la libertad de caminar por la calle con total impunidad gracias a los hombres y mujeres que están en la Justicia", manifestó por LT9 Mario, hijo de Catalino Páez, trabajador del frigorífico Nelson y militante obrero que fue detenido y torturado por la patota de policías santafesinos de la División Informaciones (D2).

Los abogados querellantes que solicitaron la audiencia de este jueves, miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Rosario, Julia Giordano y Federico Pagliero, entienden que el represor Riuli tuvo un triple beneficio: una baja condena (6 años y seis meses de prisión por secuestros y torturas), prisión domiciliaria, y la libertad condicional concedida en agosto del 2021 y en diciembre del mismo año. 

"Mi padre era delegado del Frigorífico Nelson en el gremio de la carne. Fue perseguido por sus ideas junto con otros compañeros, que integraban también otros grupos de izquierda. comenzó la persecución y se exilió en su propio país recorriendo varias provincia. Por eso, para apretarlo, la dictadura apretó a la familia, a sus hermanos y cuñados que vivían en los campos y en una fábrica de Esperanza. Así pudieron dar con mi padre", señaló Mario en diálogo con Osvaldo Medina y Mariano Bravi.

Sobre los operativos ilegales en los que secuestraron a los familiares de Catalino Páez, recordó: "Fuimos secuestrados en provincia de Buenos Aires, en un horno de ladrillos donde trabajábamos toda la familia, fuimos secuestrados mi madre, mi padre y yo. Tenía en ese momento 14 años, y cumplí 15 años estando secuestrado en el D2, ubicado en pleno centro de la capital santafesina: Obispo Gelabert y San Martín". 

Caso y condena 

El 7 de julio del 2021 el Tribunal Oral Federal N° 2 de la ciudad de Santa Fe condenó a los expolicías integrantes de la División Informaciones (D2): Fernando Sebastián Mendoza, Eduardo Enrique Riuli, Rubén Oscar Insaurralde, Antonio Rubén González, Omar Epifanio Molina y Germán Raúl Chartier, por delitos de lesa humanidad contra trabajadores del Frigorífico Nelson durante la ultima dictadura cívico militar.

Los detenidos eran trabajadores del "Frigorífico Nelson" y conformaron la agrupación sindical "La Lucha", reconocida como una ramificación del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y fueron alojadas en varios centros clandestinos de detención ilegal de la ciudad de Santa Fe, y luego trasladados a varias cárceles del país.

"Catalino Páez (una de las víctimas) no fue asesinado, si fue secuestrado junto a toda su familia. Él falleció en 2016 luego de declarar en Instrucción. Pero tenemos que tener en claro que para su captura secuestraron a toda su familia: sus hermanos, sobrinos, hermana, su mujer y un hijo que por entonces tenía 14 años dejando a sus demás chicos solos", había contado por LT9 Pagliero, en el comienzo del juicio. 

Respecto al hijo de Catalino, Mario Páez, que era adolescente cuando fue privado ilegítimamente de su libertad junto a su padre y madre, el abogado señaló: "Estuvo expuesto a torturas, dos meses secuestrado, presenció los tormentos aplicados a su padre, lo que también fue un tormento para él porque estar en un Centro Clandestino de Detención es una tortura en sí". El entonces joven Mario presenció también las torturas sufridas por su madre.

Fuente:LT9LaLider

8 de enero de 2022

SANTA FE: Causa Laguna Paiva o Chartier: señalan que la Justicia procura libertad a genocidas condenados.

Causa Laguna Paiva o Chartier: señalan que la Justicia procura libertad a genocidas condenados

Desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) informan que es una burla a los procesos de Memoria, Verdad y Justicia. El Tribunal Oral Federal de Santa Fe insiste y vuelve a resolver la libertad condicional Eduardo Riuli

7 de enero de 2022

Desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos informaron sobre el revés judicial en este 2022. En un comunicado señalaron que el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, contradiciendo la decisión del máximo Tribunal Penal del país (Cámara de Casación), insiste y vuelve a resolver la libertad condicional del genocida oriundo de Laguna Paiva, Eduardo Riuli.

En una resolución escandalosa, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe (integrado por Jose María Escobar Cello y Luciano Lauria), desoyó la orden de Casación que había anulado el decisorio que otorgaba la libertad al condenado por delitos de lesa humanidad, Eduardo Riuli.

Casación hizo lugar al recurso de la Querella de #APDH , y anuló el decisorio del Tribunal Oral de Santa Fe, advirtiendo la falta de fundamentos y que había responsabilidad del #Estado Argentino en la sanción adecuada de los delitos de Lesa Humanidad. Indicó que no halló en el caso argumentos para conceder la excarcelación del condenado Riuli y ordenó al Tribunal Oral volver a fallar acorde a derecho.

Sin embargo, haciendo caso omiso a esta orden, el tribunal Santafecino volvió a premiar a Genocidas, otorgando la libertad a Eduardo Riuli.

Con esta decisión se configura una situación de gravedad institucional que lesiona a toda la sociedad #argentina, vulnerando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que nuestro país ha construido durante décadas de luchas contra la impunidad del #genocidio.

Una burla y una clara revictimización para les sobrevivientes, quienes con honor han levantado durante más de 40 años las banderas de Memoria, Verdad y Justicia.

Es por lo expuesto, que los organismos de Derechos Humanos de la región; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (#APDH), El Foro contra la Impunidad y la Justicia, el Colectivo de la Memoria, La Liga Argentina por los Derechos Humanos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas Santa Fe, HIJOS Santa Fe, Norte Amplio por los Derechos Humanos, El Periscopio asociación civil-ex presos políticos de Coronda, Comisión por la Memoria la Verdad y la Justicia de Villa Constitución “El Villazo”, Espacio por la Memoria la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial y Asociación de ex presos políticos filial Laguna Paiva, repudian  la actitud proactiva del Tribunal Oral de Santa Fe en beneficios de quienes han perpetrado el #Genocidio durante la última Dictadura Cívico Militar.

Instan a que esos jueces sean debidamente sancionados. Exigen que Casación revoque la decisión del Tribunal Oral de Santa Fe, ordene que Riuli continúe cumpliendo condena privado de su libertad.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion

9 de diciembre de 2021

Causa Laguna Paiva: el represor Eduardo Riuli deberá cumplir condena en la cárcel.

 

Causa Laguna Paiva: el represor Eduardo Riuli deberá cumplir condena en la cárcel

Dic 8, 2021
Foto: Gabriela Carvalho.

Tras un recurso de la APDH, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución del Tribunal Oral Federal de Santa Fe que había beneficiado a Riuli con la libertad condicional. El represor había sido condenado a seis años en el marco de la Causa Laguna Paiva.

Tras haber sido liberado por el mismo tribunal que lo condenó, el genocida Eduardo Riuli deberá cumplir su pena. La Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, gracias a un recurso que interpuso la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en soledad, ya que no tuvo el acompañamiento de la Fiscalía. Junto a otros tres represores condenados en el marco de la Causa Laguna Paiva, Riuli gozaba de libertad condicional y circulaba orondo por la misma localidad donde viven sus víctimas sobrevivientes, Laguna Paiva.

Rubén Insaurralde, Sebastián Mendoza, Antonio González y Riuli fueron condenados el 7 de julio por delitos de lesa humanidad por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, en septiembre ya tenían la libertad condicional. El argumento del tribunal fue que los condenados ya habían cumplido parte del proceso en prisión. Se trató de prisiones domiciliarias, que incluso fueron violentadas por los entonces acusados. Por ejemplo, en el caso de Riuli, todavía vecino de Laguna Paiva, la APDH denunció oportunamente la violación de la domiciliaria mientras estuvo imputado.

Ahora Riuli va a tener que cumplir toda su condena. «Estamos muy, pero muy contentos. Vamos a insistir para que sea en cárcel común. Esto fue obviamente gracias a toda la movilización de todos los organismos de Derechos Humanos de la región, que en una jornada histórica nos hicimos presentes en el Tribunal protestando por las libertades condicionales», señala el abogado de la APDH Rosario, Federico Pagliero, que acompañó a la querella durante el juicio, haciendo referencia a la movilización realizada el viernes 10 de septiembre. «Nos hicieron lugar, atendiendo a las obligaciones internacionales que tiene Argentina en relación a la reparación, a la sanción y al juzgamiento de los delitos de lesa humanidad».

Casación Penal destacó la «ineficacia de la restricción impuesta a Riuli», en referencia a su libertad condicional con el impedimento de acercarse a los domicilios de sus víctimas, «dadas las concretas características de la ciudad santafesina de Laguna Paiva». También conminó al Tribunal Oral Federal de Santa Fe a «evitar decisiones que pongan en riesgo la responsabilidad internacional del Estado Argentino en relación a las obligaciones de juzgamiento y sanción» en delitos de lesa humanidad establecidos en el derecho internacional vinculante para nuestro país.

El horror en el pago chico

La causa Laguna Paiva mostró el entramado policial, militar y judicial que sostuvo las redes del circuito represivo en la dictadura. Los condenados fueron el ex oficial ayudante del Departamento de Informaciones D2, Eduardo Riuli; el ex responsable de la Comisaría 13 de Laguna Paiva, Fernando Mendoza; el ex sargento del Departamento de Informaciones D2, Rubén Insaurralde; el ex cabo de la División Robos y Hurtos de Unidad Regional I, Antonio González; el cabo del Departamento de Investigaciones, Omar Molina y el ex jefe del Departamento de Investigaciones e Informaciones de la URI, Germán Chartier. Los ex policías son acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, y por el delito internacional de genocidio.

El 7 de julio de este año culminó la primera etapa de la causa, que juzgó el secuestro y tortura de once militantes del brazo sindical del Partido Revolucionario de los Trabajadores, la mayoría oriundos de Laguna Paiva, y de sus familiares durante la última dictadura.

Los hechos ocurrieron a principios de 1980 y los sobrevivientes estuvieron privados de su libertad en el Departamento de Informaciones D2 y en la Guardia de Infantería Reforzada. Los secuestros también tuvieron como víctimas a niñas y niños que pertenecían a las familias de los militantes perseguidos.

Hoy los sobrevivientes piden que inicie el segundo tramo del juicio. Esto implica que se llame a indagatoria a los ex policías por nuevos hechos que se desprendieron de las testimoniales del primer caso. Además, piden que se convoque al represor Víctor Brusa, quien aparece reiteradamente en los testimonios pero nunca fue citado por el TOF.

La clave del segundo tramo de este juicio es que se trate el secuestro y abandono de 16 niñas y niños y el abuso sexual que sufrió una de ellas a manos de la patota del D2.

Fuente:PeriodicoDigitalPausa

26 de octubre de 2021

SANTA FE: nuevas declaraciones en la causa Laguna Paiva.

Violencia institucional

Lesa humanidad: nuevas declaraciones en la causa Laguna Paiva

Organizaciones de derechos humanos lograron que esta semana se convoque a nuevas declaraciones testimoniales. Esperan que sirva para hacer una segunda elevación de la causa que ya tuvo una sentencia en julio de este año

25 de octubre de 2021 

Candela Ramírez

Esta semana, la última de octubre, habrá audiencias testimoniales en la etapa de instrucción de la causa Chartier, conocida como Laguna Paiva, cuya primera elevación ya cuenta con una sentencia en julio de este año. Se trata de declaraciones de víctimas cuyos casos no fueron investigados hasta el momento. Lo particular de esta etapa de investigación de crímenes de lesa humanidad es que las víctimas eran menores al momento de los hechos.


En el juicio se investigaron eventos ocurridos entre febrero de 1980 y agosto de 1984: personal del Departamento de Investigaciones de la Policía provincial secuestró y torturó a personas oriundas de Laguna Paiva, quienes meses después fueron puestas a disposición del Poder Ejecutivo y trasladadas a distintas cárceles, Rawson, Caseros, Devoto y Coronda. Catalino Páez, referente regional de la mesa sindical del Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT-, recuperó su libertad nueve meses después del retorno de la democracia.


La mayoría de las víctimas cuyos casos se investigaron eran varones que habían trabajado en el frigorífico Nelson –en la localidad homónima– y habían formado parte, a comienzos de los años setenta, de la organización sindical La Lucha, que integraba el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo.


Para dar con Catalino Páez la policía de Santa Fe secuestró tres familias completas: la de Catalino y la de sus dos hermanos. Allí fueron víctimas también niñas y niños. En el juicio solo se investigó el caso de uno de los hijos del dirigente del PRT, Mario Páez, que tenía 14 años cuando fue secuestrado y llevado a un centro clandestino de detención en la ciudad de Santa Fe.


Pero según estimó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -APDH- son por lo menos 16 casos más. En este sentido, al organismo le parece que se trata de una causa emblemática en lo que fue el terrorismo de Estado en chicos. “El de Mario Paez fue el único cuyo caso estuvo dentro del proceso pero a partir de todos los testimonios se dio cuenta de muchísimos casos más en relación a niños y niñas. Para muchos de los que tienen experiencia en estos juicios, se trata de la primera vez que se da un caso de tanta magnitud en relación a la cantidad y la brutalidad con que se desplegó el terrorismo de Estado hacia esta población. Varios pasaron por centros clandestinos”, explicó Federico Pagliero, parte de la querella de Apdh.


Además, sostuvo que presentaron la figura de abandono de persona para ser tenida en cuenta por la fiscalía, “sería novedoso considerar por primera vez a este delito como de lesa humanidad”. Se refiere a que si bien algunos, como Mario Páez, fueron llevados a centros clandestinos otros quedaron solos en sus casas ya que habían secuestrado a sus padres.


Esperan que estas nuevas declaraciones testimoniales que se darán a partir del martes 26 de octubre permitan continuar la investigación y juicio en una segunda elevación de Laguna Paiva.


“La mayoría de los que fueron niños prestaron testimonio en el juicio aunque no eran parte del objeto procesal y la causa dio un giro. Porque al principio era la causa del PRT-ERP del frigorífico de Nelson y a partir de todos estos testimonios nuevos  se transformó en la causa de los niños y las niñas. Esto es lo que genera un debate, un juicio oral que abre una caja de Pandora de gente que se enteró que estaba el juicio y quiso declarar”, detalló Pagliero.


Mario Páez también habló con El Ciudadano. Se presenta como ex preso político, habla de sus compañeros de militancia y de cautiverio y plantea que en este país “la justicia está muy endeble, deja mucho que desear en todo el mundo pero en nuestro país se acentúa cada vez más, tenemos un pasado oscuro pero parece que no importa, como si la sociedad mirara a un costado”.


“Las leyes no son cumplidas”, afirma. Se refiere a que la Justicia liberó a cuatro de los genocidas condenados en esta causa, a principios de septiembre. Por entonces, organismos de derechos humanos convocaron a una manifestación para que los represores cumplan sus condenas en cárceles comunes, sin embargo como muchos ya cumplieron dos tercios de la condena pudieron ser liberados.


En el caso de Enrique Riuli se trata de un genocida que vive en Laguna Paiva, la localidad de 13 mil habitantes donde vive la mayoría de los sobrevivientes de este juicio.


Páez cumplió 15 años detenido por la dictadura. Vio a su padre, Catalino, con la cara desfigurada por los golpes mientras su madre seguía secuestrada. Su prima sufrió una violación de uno de los integrantes de la patota que persiguió a su familia.


“No nos merecemos que nos dejen a un costado porque queremos recuperar nuestras vidas, vivir en paz, pero tenemos un genocida por la calle. Cuando mis hijos salen de casa tengo el corazón en la boca hasta que los veo volver. ¿Y si vuelve a suceder? Ese es mi temor”, plantea.


Páez sostiene que su secuestro afectó enormemente sus días, por el resto de su vida y que convivir con los torturadores hace muy difícil tener algo de tranquilidad en su propio hogar. Confiesa que no cree haber tenido tiempo para la niñez en su casa. Que tuvo que “madurar y aprender de golpe cosas que me sirvivieron para siempre: como observar desde otro punto de vista el sufrimiento y el reclamo de un obrero”.


“Yo vengo de una clase trabajadora y reniego que nuestra clase se haya olvidado su origen como trabajadores. A veces nos confunden y creemos que somos de clase media, yo reniego de eso. Somos laburantes y movemos el engranaje principal de este país. Aprendí esto”, subraya.


Espera con ansias que todas las personas que sufrieron tormentos en aquellos secuestros puedan ser parte del proceso, por eso acompaña el pedido de indagatoria para dar cuenta de los crímenes cometidos contra niñas, niños y adolescentes en la provincia de Santa Fe.

Fuente:ElCiudadanoyLaRegion

10 de septiembre de 2021

Laguna Paiva: a dos meses de la sentencia, la mayoría de los condenados fueron liberados por el Tribunal.

 

Laguna Paiva: a dos meses de la sentencia, la mayoría de los condenados fueron liberados por el Tribunal

Tras otorgarles penas bajas por secuestros y torturas durante la última dictadura, los jueces consideraron cumplidos dos tercios de la condena y excarcelaron a expolicías. El caso particular de Riuli, reconocido conductor de radio y TV, que ya puede caminar por la pequeña ciudad donde viven sus víctimas. Marcha y reclamos de organismos de derechos humanos a la justicia federal.

09/09/2021

A dos meses del primer juicio por los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado en Laguna Paiva, la mayoría de los ex policías provinciales condenados fueron liberados por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe al considerar que ya habían cumplido dos tercios de la pena.

La decisión de los jueces José Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría se debe a las bajas penas que el tribunal decidió imponer en la sentencia, donde la mayoría de los acusados recibió entre 6 años y 6 meses de prisión y 5 años.

Hasta el momento, se les concedió la libertad condicional a los ex oficiales del D2 Eduardo Enrique Riuli y Rubén Oscar Insaurralde, al ex comisario de Laguna Paiva, Fernando Mendoza, y al ex cabo Antonio González. El pedido de Omar Epifanio Molina está aún pendiente y Guillermo Raúl Chartier, jefe del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía de Santa Fe, sigue detenido ya que recibió una pena mayor, de 16 años de prisión.

“Estamos muy alarmados, muy preocupados por estas 4 libertades otorgadas por el mismo tribunal de juicio. Esto tiene una íntima relación con las penas pedidas por el fiscal (Martín Suárez Faisal) y escogidas por el Tribunal, que fueron extremadamente bajas en relación con la magnitud de los delitos, la gravedad y a los daños que ocasionaron a las víctimas”, señaló a Tiempo Federico Pagliero, abogado querellante por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Rosario.  

El caso más polémico es el de Riuli, quien se recicló como conductor de radio y televisión de Laguna Paiva tras dejar la policía y vive en la misma ciudad que sus víctimas, quienes ahora volverán a cruzarlo en las calles como ocurrió durante los años de impunidad.  La única condición que le impusieron fue que no puede pasar a menos de 200 metros de sus casas.

En este contexto, organismos de derechos humanos de la provincia, familiares y sobrevivientes convocaron para este viernes a las 11 a una movilización bajo el lema “Se escribe libertad condicional, se pronuncia impunidad”. La concentración se realizará en los tribunales federales de Santa Fe, en la esquina de Primera Junta y San Jerónimo.

La movilización acompaña además un pedido de indagatoria para los 6 condenados y para el exjuez Víctor Brusa por una serie de crímenes cometidos contra 30 personas, en su mayoría niños y niñas, cuyos testimonios se escucharon durante el juicio oral pero no habían sido parte de la causa.  

“Exigimos ya la apertura del nuevo proceso, que se indague, se impute a los genocidas y se dicte de manera urgente la prisión preventiva en cárcel común, porque entendemos que cada segundo se encuentran en libertad se está dañando y revictimizando a las víctimas”, sostuvo Pagliero y añadió: “Otorgar libertad concedida a dos meses de la sentencia es muy burdo. Vamos a ejercer nuestro derecho de cuidar estos juicios entre todos y todas”.

Laguna Paiva II

Durante el juicio oral que se desarrolló entre mayo y julio de este año se investigaron los casos de Catalino Páez, quien había sido referente del PRT en la región, su esposa Juana Medina, su hijo de 14 años Mario Páez, y de 8 compañeros de militancia vinculados al Frigorífico Nelson de Laguna Paiva, donde habían conformado la agrupación La Lucha.

Sin embargo, quedaron afuera de la causa unos 30 hechos, entre ellos 16 niños y niñas que fueron secuestrados junto a sus padres o abandonados en sus casas cuando la patota de la policía de Santa Fe buscaba al dirigente del PRT.

En esa feroz cacería, primero fueron a la casa de su hermana, María Ceferina. El 8 de febrero, una patota de unas 15 personas irrumpió en la madrugada en su casa en la localidad de Esperanza y se la llevó, dejando solos a sus 5 hijos e hijas: Ramona (14 años), Susana (13 años), Mario (11 años), Ramón (8 años) y Miguel (7 años). A su esposo Luis Medina también lo secuestraron ese mismo día en su lugar de trabajo. Susana, de 13 años, tomó la iniciativa de buscar a sus padres y a sus hermanos más pequeños, que habían sido llevados a un hogar transitorio. En esa búsqueda fue también secuestrada, permaneció una semana privada ilegalmente de su libertad y fue violada.

Cuatro días después, la patota fue a buscar a otro hermano de Catalino, Miguel, a un campo de Esteba Rams, unos 250 kilómetros al norte de la capital provincial. Miguel, su esposa Elba Medina y su hija Graciela de 15 años fueron torturados allí mismo. También estaban los hijos más pequeños, Miguel Alfredo, de 8 años, José Santiago, de 6, y Rodolfo Lemos, de 5. Toda la familia fue secuestrada y llevada al centro clandestino de detención que funcionó en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), donde permanecieron alrededor de un mes.

Dos días después, los policías llegaron hasta el horno de ladrillos donde trabajaba y vivía toda la familia de Catalino. Se lo llevaron a él, a su esposa Juana y a su hijo Mario. En la ladrillera quedó Mónica, de apenas 13 años, al cuidado durante semanas de sus cinco hermanitos: Ramón (10 años), Carlos (8 años), Alberto (5 años), Cesar (3 años) y Ceferino, de 1 año y medio.

A partir del pedido de indagatorias, la querella busca impulsar un rápido inicio de este juicio, ya que la mayoría de esos niños y niñas, ahora adultos, declararon como testigos en el debate, en el que repasaron el horror que les tocó vivir ese verano hace más de 40 años.

Fuente:TiempoArgentino

12 de enero de 2017

SANTA FE: APDH SERÁ QUERELLANTE EN CAUSA LAGUNA PAIVA.

INTERVENCIÓN DIRECTA CONTRA LA IMPUNIDAD DE REPRESORES SANTAFESINOS 
11/01/2017

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario se presentará como querellante en la causa que investiga el secuestro y torturas de ocho trabajadores de Laguna Paiva en febrero de 1980, que derivó en la detención de una patota de ocho policías del Servicio de Inteligencia (el D2) y luego en un festival de prisiones domiciliarias porque seis de ellos están su casa. “Es la lucha por la memoria, verdad y justicia”, dijo la presidenta nacional de la APDH, Norma Ríos al informar que el patrocinio estará a cargo del equipo jurídico que integran las abogadas Gabriela Durruty y Jessica Pellegrini, entre otras, en representación de las víctimas. Una de ellas es Juana Medina, esposa del ya fallecido Catalino Páez, el último jefe del PRT en Santa Fe, secuestrado con su compañera embarazada y uno de sus hijos, Mario Páez, quien cumplió 15 años en el cuartel del D2 (San Martín y Obispo Gelabert), que operaba como centro clandestino de detención y hoy depende del Ministerio de Seguridad de la provincia.

El anuncio de la APDH se hizo en Laguna Paiva, en una convocatoria en el Centro del Bicentenario que reunió a los sobrevivientes de la persecución de la dictadura, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Ramón Verón, investigadores del área y referentes de organizaciones de derechos humanos, entre ellos Hugo Kofman del Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe.

Mario Páez dijo que la decisión de llevar a juicio a la patota del D2 era un “legado” de su padre Catalino que “vamos a seguir hasta el final”. Lo escuchaban su mamá, Juana Medina, su tío Miguel Páez ‑quien también fue secuestrado con su familia‑ y varios de sus compañeros: Roberto Manuel Soria, Hugo Silva, Ricardo Galván, Daniel Acosta, Juan Carlos Oliver y Pedro Moncagatta. “A los compañeros que están aquí ‑siguió Mario‑ le robaron parte de su vida. A mi me tocó cumplir los 15 años adentro de una cárcel, con individuos que andaban por la calle en Laguna Paiva, hombres que ví golpear, torturar y vejar” a los detenidos. “Hay cosas que no se olvidan ni se perdonan. Vamos a seguir hasta el último respiro, como decía mi padre, que fue un militante de la vida”.

El subsecretario Verón dijo que “los trabajadores de Laguna Paiva” perseguidos por el terrorismo de estado “marcaron un norte, como los de Villa Constitución”. Y ratificó la decisión de darle impulso procesal a la causa. “Las políticas públicas de memoria, verdad y justicia se sostienen en Santa Fe”, agregó.

“La investigación es muy valiosa” ‑comentó Durruty‑ y “si bien ya hay un número importante de procesados es inexplicable que a tantos años de democracia no haya sentencia que lleve algo de justicia a todo el dolor que han sufrido las familias de Laguna Paiva”.

La “decisión” de patrocinar ‑en una causa de lesa humanidad‑ a trabajadores de Laguna Paiva “desde tan lejos”, con un equipo jurídico de Rosario, la tomó la presidenta de la APDH. “Cuando llegué a esta ciudad y vi una nota del municipio” que deslindó su responsabilidad por la convocatoria en el Centro del Bicentenario, “me di cuenta de lo que sucede acá”, dijo Ríos. “Les pasa que nadie acepta que ustedes digan en la cara que en Laguna Paiva vive un genocida, que los torturó, los golpeó, que los abusó. Vive acá. Es un señor de la sociedad. Es esa historia al revés que intentaron hacernos creer, que eso de los desaparecidos no era tan grave, que los genocidas no son tan malos”.

“La resistencia son los juicios y les aseguro que esta querella va a abrir bocas, ojos, oídos y va a cambiar radicalmente. Miren, cuando los juicios de lesa humanidad no estaban institucionalizados parecía que el olvido era casi definitivo. Muy poca gente recordaba. De golpe, hasta el vecino que había guardado el paquetito del cigarrillo del compañero caído, muerto, en su vereda, apareció. Y esto es lo que nosotros venimos a rescatar. Más allá de la querella, venimos a rescatar la verdadera memoria de este lugar”, concluyó Norma. 

Koffman coincidió que “el más importante resarcimiento” a los sobrevivientes del terrorismo de estado “es la justicia. Venimos a acompañarlos. Es importante la asistencia profesional, pero también la visibilidad pública” del juicio.
Fuente:TodosParaUno

8 de enero de 2017

INTERVENCIÓN DIRECTA CONTRA LA IMPUNIDAD DE REPRESORES SANTAFESINOS.

08 de enero de 2017 
INTERVENCIÓN DIRECTA CONTRA LA IMPUNIDAD DE REPRESORES SANTAFESINOS 
Los perseguirán hasta el final 
La APDH de Rosario se presentará como querellante en un juicio de lesa humanidad emblemático: el secuestro y las torturas a trabajadores de Laguna Paiva, en 1980. Una causa que enfrenta el silencio cómplice de las autoridades locales.
"Es la lucha por la memoria, verdad y justicia", dijo Norma Ríos, titular de la APDH. 
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe. 
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario se presentará como querellante en la causa que investiga el secuestro y torturas de ocho trabajadores de Laguna Paiva en febrero de 1980, que derivó en la detención de una patota de ocho policías del Servicio de Inteligencia (el D2) y luego en un festival de prisiones domiciliarias porque seis de ellos están su casa. "Es la lucha por la memoria, verdad y justicia", dijo la presidenta nacional de la APDH, Norma Ríos al informar que el patrocinio estará a cargo del equipo jurídico que integran las abogadas Gabriela Durruty y Jessica Pellegrini, entre otras, en representación de las víctimas. Una de ellas es Juana Medina, esposa del ya fallecido Catalino Páez, el último jefe del PRT en Santa Fe, secuestrado con su compañera embarazada y uno de sus hijos, Mario Páez, quien cumplió 15 años en el cuartel del D2 (San Martín y Obispo Gelabert), que operaba como centro clandestino de detención y hoy depende del Ministerio de Seguridad de la provincia.

El anuncio de la APDH se hizo en Laguna Paiva, en una convocatoria en el Centro del Bicentenario que reunió a los sobrevivientes de la persecución de la dictadura, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Ramón Verón, investigadores del área y referentes de organizaciones de derechos humanos, entre ellos Hugo Kofman del Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe.

Mario Páez dijo que la decisión de llevar a juicio a la patota del D2 era un "legado" de su padre Catalino que "vamos a seguir hasta el final". Lo escuchaban su mamá, Juana Medina, su tío Miguel Páez ‑quien también fue secuestrado con su familia‑ y varios de sus compañeros: Roberto Manuel Soria, Hugo Silva, Ricardo Galván, Daniel Acosta, Juan Carlos Oliver y Pedro Moncagatta. "A los compañeros que están aquí ‑siguió Mario‑ le robaron parte de su vida. A mi me tocó cumplir los 15 años adentro de una cárcel, con individuos que andaban por la calle en Laguna Paiva, hombres que ví golpear, torturar y vejar" a los detenidos. "Hay cosas que no se olvidan ni se perdonan. Vamos a seguir hasta el último respiro, como decía mi padre, que fue un militante de la vida".

El subsecretario Verón dijo que "los trabajadores de Laguna Paiva" perseguidos por el terrorismo de estado "marcaron un norte, como los de Villa Constitución". Y ratificó la decisión de darle impulso procesal a la causa. "Las políticas públicas de memoria, verdad y justicia se sostienen en Santa Fe", agregó.

"La investigación es muy valiosa" ‑comentó Durruty‑ y "si bien ya hay un número importante de procesados es inexplicable que a tantos años de democracia no haya sentencia que lleve algo de justicia a todo el dolor que han sufrido las familias de Laguna Paiva".

La "decisión" de patrocinar ‑en una causa de lesa humanidad‑ a trabajadores de Laguna Paiva "desde tan lejos", con un equipo jurídico de Rosario, la tomó la presidenta de la APDH. "Cuando llegué a esta ciudad y vi una nota del municipio" que deslindó su responsabilidad por la convocatoria en el Centro del Bicentenario, "me di cuenta de lo que sucede acá", dijo Ríos. "Les pasa que nadie acepta que ustedes digan en la cara que en Laguna Paiva vive un genocida, que los torturó, los golpeó, que los abusó. Vive acá. Es un señor de la sociedad. Es esa historia al revés que intentaron hacernos creer, que eso de los desaparecidos no era tan grave, que los genocidas no son tan malos".

"A mí me tocó cumplir los 15 años adentro de una cárcel, vi golpear, torturar y vejar" (Mario Páez).

"La resistencia son los juicios y les aseguro que esta querella va a abrir bocas, ojos, oídos y va a cambiar radicalmente. Miren, cuando los juicios de lesa humanidad no estaban institucionalizados parecía que el olvido era casi definitivo. Muy poca gente recordaba. De golpe, hasta el vecino que había guardado el paquetito del cigarrillo del compañero caído, muerto, en su vereda, apareció. Y esto es lo que nosotros venimos a rescatar. Más allá de la querella, venimos a rescatar la verdadera memoria de este lugar", concluyó Norma. 

Koffman coincidió que "el más importante resarcimiento" a los sobrevivientes del terrorismo de estado "es la justicia. Venimos a acompañarlos. Es importante la asistencia profesional, pero también la visibilidad pública" del juicio.
Fuente:Rosario12