Nuevo procesamiento y embargo a tres represores de la CNU

Así lo determinó el titular del Juzgado Federal N°3 Ernesto Kreplak contra los represores Carlos Ernesto Castillo, Juan José Pomares y Antonio Agustín Jesús por los crímenes cometidos contra 11 víctimas- 9 de ellas asesinadas- y sus familias en la ciudad de La Plata. También fueron embargados por un monto que ronda entre 1 y 2 millones de pesos.

Jueves 5 de agosto

Carlos “El Indio” Pomares, Juan José “Pipi” Pomares y Antonio Agustín “Tony” Jesús, miembros de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), organización parapolicial de la derecha peronista que asesinó a decenas de militantes obreros y estudiantes en las ciudades de La Plata y Mar del Plata entre 1974 y 1976, fueron procesados por los homicidios calificados por haberse cometido con alevosía y con el concurso de dos o más personas, en perjuicio de José Ruda, Ricardo Rave, Alcides Méndez Paz, Daniel Rayson, Graciela Martini, Néstor Dinotto, Horacio Urrera, Carlos Sathicq y Leonardo Miceli.

También les imputó el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas simulando autoridad pública u orden de autoridad pública respecto de Ruda, Rave, Méndez Paz, Rayson, Urrera, Miceli y Sathicq. Otra imputación fue por la violación del domicilio de las familias Ruda-Pizarro, Rave-Rivas, Méndez Paz, Fallioca, Rayson-Midon, Martini-Zanata, Urrera-Escuderi, Sathicq y Miceli-Bossio, y los robos agravados por el uso de armas perpetrados contra los familiares de Rave, Méndez Paz, Rayson, Martíne, Urrera, Satichq y Miceli; y por los daños ocasionados a la propiedad de la familia de Graciela Martini.

Asimismo, el magistrado embargó los bienes de Jesús, Pomares y Castillo hasta cubrir las sumas de 1 millón, 1,5 millones y 2 millones de pesos respectivamente “para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso”, y su inhibición general de bienes, al tiempo que dispuso la prisión preventiva, a través de prisión domiciliaria monitoreada respecto de Pomares y Jesús, decisión apelada por la fiscalía.

Castillo es el único que se encuentra cumpliendo condena en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Jesús y Pomares gozan del beneficio de arresto domiciliario. Sobre Pomares, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó al TOF 1 de La Plata revisar el criterio por el cual fue absuelto por el beneficio de la duda en el juicio previo que se realizó en 2017.

Los fundamentos

En el procesamiento, Kreplak señaló que “Pomares, Castillo y Jesús mantuvieron, junto con otros miembros de CNU no identificados hasta el momento, un señorío global sobre los acontecimientos investigados, a raíz de la cooperación recíproca prestada para desarrollar cabalmente el plan criminal propuesto. Los tres coincidieron en la preparación de los operativos y realizaron aportes sustanciales en su ejecución, adoptando diversos roles para dar cumplimiento al proyecto común tendiente a eliminar a las víctimas en razón de su militancias política o gremial".

El magistrado consideró que los hechos cometidos “deben ser considerados a la luz del Derecho Internacional Público como crímenes de lesa humanidad”. Kreplak indicó que fueron delitos “cometidos en el contexto del plan sistemático de represión ilegal desplegado durante la última dictadura cívico militar, una de cuyas principales aristas consistió en el ocultamiento y destrucción de pruebas, y en la comisión de hechos ilícitos amparados en la clandestinidad”.

Las víctimas de la CNU

Jorge Ruda tenía 24 años cuando fue secuestrado el 8 de diciembre de 1975, trabajaba en el Registro de las personas. Su cuerpo apareció en Arana. Ricardo Rave, “Patulo”, era militante de la Unión de Estudiantes Secundarios. Fue secuestrado el 24 de diciembre de 1975 y asesinado en el camino a Arana. Alcides Mendez Paz estudiaba Ingeniería en la UTN a la vez que trabajaba en el Astilleros Río Santiago.

Daniel Rayson Midon era delegado en Propulsora Siderúrgica y también estudiaba Ingeniería. Ambos fueron secuestrados el 19 de febrero de 1976. Sus cuerpos fueron encontrados a la vera de la ruta provincial 215 en Brandsen.
Néstor Dinotto y Graciela Martini, junto a Daniel Pastorino y Úrsula Barón fueron secuestrados el 4 de abril de 1976. Luego de ser brutalmente torturados a la pareja Pastorino- Barón los liberaron. Dinotto y Martini fueron asesinados.

Leonardo Miceli y Carlos Sathiq eran trabajadores de una empresa de limpieza en Propulsora. Horacio Urrera, de 23 años, estudiaba Abogacía y trabajaba en el Registro de la Propiedad y era delegado gremial. En el mismo lugar trabajaban integrantes de la banda parapolicial como el Pipi Pomares. Entre el 19 y 20 de abril de 1976 los tres hombres fueron acribillados a balazos y sus cuerpos fueron arrojados en el arroyo Santo Domingo en Sarandí, partido de Avellaneda.

Bandas como la CNU o la Triple A actuaron con el aval del Estado, con el golpe de Estado se diluyeron en las distintas fuerzas represivas. Muchos de ellos se reubicaron con la llegada de la democracia como es el caso de “Pipi” Pomares, que brindó sus “servicios” tanto al cafierismo de los 80, como al menemismo y duhaldismo de los 90 y al kirchnerismo de los 2000. Por eso es clave y continuamos pidiendo la apertura de todos los archivos de las fuerzas y los servicios de inteligencia.

Fuente:LaIzquierdaDiario

MAR DEL PLATA - CNU II: perpetua para Ullúa y cinco años para Corres.

 Sentencia del juicio CNU II: perpetua para Ullúa y cinco años para Corres

El juicio se desarrolló en Mar del Plata durante un año y tres meses. Se inicio de forma presencial y luego finalizó de manera virtual impuesta por la emergencia sanitaria.

Sofía Talbot Wright

CeProDH Mar del Plata

Lunes 21 de diciembre

Este jueves 17 de diciembre a quince meses de iniciado el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos antes del inicio de la última dictadura cívico militar por la agrupación paraestatal de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU) El Tribunal Federal de Mar del Plata dio a conocer la sentencia. La lectura del veredicto estuvo a cargo del juez Enrique Méndez Signori, acompañado por sus colegas Nicolás Toselli y Daniel Obligado.

El Tribunal de Mar del Plata encontró culpable a Ullúa, que se encuentra detenido en la Unidad Penal de Campo de Mayo y le impuso la pena de prisión perpetua por formar parte de la asociación ilícita que conformó la CNU con el objetivo de cometer crímenes previos al golpe de estado de 1976 en el marco de una “depuración ideológica del movimiento peronista” y por ocho homicidios y un caso de privación ilegítima de la libertad. Se trata de la pena que había solicitado la fiscalía, representada en el juicio por Pablo Ouviña, y también las tres querellas.

Ullúa fue condenado por los homicidios de Enrique “Pacho” Elizagaray, sus primos y tío Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla, y del médico Bernardo Alberto Goldemberg en la denominada noche del “5×1” emprendida por la CNU como “venganza” por el asesinato de su líder, Ernesto Piantoni, ocurrido horas antes, el 20 de marzo de 1975.

También se lo condenó por los homicidios de Daniel Gasparri y Jorge Stoppani, quienes el 24 de abril de 1975 salieron juntos de un bar ubicado en la esquina de la Municipalidad e iban en un auto cuando fueron interceptados por miembros de la CNU, entre ellos Ullúa. Y fueron ejecutados con múltiples disparos de al menos cuatro armas distintas: a Stoppani le hicieron cortes en ambas muñecas con un cuchillo que llegaron hasta el hueso y luego lo asesinaron con 11 disparos; y a Gasparri lo colocaron en la parte trasera del vehículo, al que balearon y prendieron fuego, y luego su cuerpo fue encontrado completamente calcinado.

Por último, a Ullúa se lo condenó por la privación ilegítima de la libertad y homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi. Entre la noche del 9 de mayo y septiembre de 1975, la llevaron a un descampado en la zona del camino viejo a Miramar donde le provocaron lesiones en la cabeza y le ocasionaron la muerte por traumatismo de cráneo. Allí enterraron su cuerpo, pero al tiempo, para asegurar su impunidad, la sacaron y la trasladaron hasta un paraje ubicado en Mar Chiquita y sus restos quedaron allí enterrados hasta el 23 de marzo de 1976, cuando fueron hallados.

Desde abril de 2017 -tras permanecer casi siete años prófugo- Ullúa permanece detenido. Previamente, había estado detenido cumpliendo condena por la causa de narcotráfico “Operación Langostino”, tras recibir una pena a 17 años de prisión, aunque salió con libertad condicional cuando cumplió los 11 años y 4 meses de encierro. Actualmente también es juzgado en la tercera parte de la megacausa “La Cueva“ en la que se lo acusa por haber participado en la inteligencia previa del secuestro de los abogados detenidos y desaparecidos en “La Noche de las Corbatas”.

El tribunal también condenó a Corres -que llegó al proceso en libertad- en este caso a cinco años de prisión, para quien los acusadores había solicitado la pena de diez años, al considerarlo integrante de la asociación ilícita.

Los jueces desestimaron los insistentes planteos de las defensas y declararon los hechos juzgados como de lesa humanidad, y fijaron para el próximo 19 de marzo la fecha para la lectura de los fundamentos del fallo.

En relación a la sentencia de la causa CNU II, Marcelo Roldan, hijo de desaparecido, referente del CeProDH expresó a La izquierda Diario:

“Los juicios a la CNU nos muestran cómo los delitos de lesa humanidad comenzaron en el gobierno peronista previo al 24 de marzo de 1976, en el caso particular de Ullúa prueban la participación de miembros de los grupos paramilitares como parte de lo que luego sera el aparato represivo de los milicos y también como el resto de los miembros de la CNU se integraron a las distintas instituciones de la sociedad y estuvieron entre nosotros como respetables señores, como Demarchi que fue candidato a intendente por el PJ una vez vuelta la democracia en el 83, y abogado reconocido teniendo su estudio jurídico en una importante galería céntrica de la ciudad. La apertura de todos los archivos de la dictadura es lo único que nos puede garantizar que no tengamos más genocidas ni a sus cómplices caminando libremente por la calle o en cargos importantisimos como el fiscal general de nuestra ciudad Fernández Garello, acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.”

Fuente:laIzquierdaDiario

 

Mar del Plata: prisión perpetua para Ullúa y cinco años para Corres en el juicio CNU 2

17/12/2020

Foto: Marcelo Núñez

Los abogados Eduardo Salvador Ullúa -luego de estar nueve años prófugo- y Oscar Héctor Corres fueron condenados a prisión perpetua y a cinco años de prisión, respectivamente, por delitos de lesa humanidad cometidos como miembros de una asociación ilícita que impartió terror en Mar del Plata. Ullúa, además fue condenado por ocho homicidios. La lectura del veredicto estuvo a cargo del juez Enrique Méndez Signori, acompañado por los demás integrantes del Tribunal, Nicolás Toselli y Daniel Obligado.

El juicio oral y público se desarrolló durante un año y tres meses, aunque la mitad del debate se realizó de modo virtual por la pandemia de coronavirus.

En su alegato, el Ministerio Público Fiscal expuso que había quedado probado que la pertenencia de Corres a la asociación criminal no se interrumpió con su encarcelamiento en 1971 luego del asesinato de la estudiante Silvia Filler. “Al recuperar la libertad en 1973, Corres continuó perteneciendo a la CNU y cuando el grupo pasó a ser uno de los ejecutores de la asociación ilícita, él también lo hizo”, había dicho el fiscal general Pablo Ouviña, y ubicó al acusado no sólo en un lugar estratégico dentro de la estructura estatal universitaria, sino también en los operativos violentos contra opositores políticos.

Al analizar la responsabilidad de Ullúa, el fiscal explicó en su acusación que formaba parte del núcleo de la CNU: “estuvo involucrado en todas las acciones desde el momento mismo en que la organización hizo su presentación en sociedad”, mencionó. En función de su rol asignado, Ullúa ocupó puestos tanto en la Universidad como en la Fiscalía Federal. Esto “lo pone en un lugar con capacidad para influir tanto en la selección de los blancos, como en la planificación y en la ejecución de los operativos”. Y al analizar la noche denominada del 5×1, en la que fueron víctimas Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldenberg; los asesinatos de los contadores Daniel Gasparri y Jorge Stoppani; y el secuestro y asesinato de María del Carmen Maggi, señaló que Ullúa co-determinó quiénes serían las víctimas; co-planificó cómo se realizarían los hechos y participó de las ejecuciones.

Fuente: www.fiscales.gob.ar

Fuente:LaImposible

Mar del Plata / CNU II: Perpetua para Ullúa y cinco años de prisión para Oscar Héctor Corres

18 de Diciembre de 2020 
Integraron la banda parapolicial que cometió, entre otros asesinatos, el de la decana de Humanidades de la UCA marplatense, en 1975

El Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata condenó ayer a prisión 

perpetua al abogado Eduardo Salvador Ullúa, de 68 años, sentenciado  

por delitos de lesa humanidad cometidos antes de la última dictadura por 

la formación parapolicial Concentración Nacional Universitaria (CNU), y 

condenó a cinco años de cárcel a otro integrante de la citada organización

Los condenados son el citado Ullúa, por haber integrado una asociación 

ilícita y como coautor de ocho homicidios agravados "por alevosía y por 

el concurso premeditado de dos o más personas", y Oscar Héctor Corres 

(72), acusado de formar parte de la CNU.

El juicio por la causa denominada "CNU II" se inició el 11 de agosto de 

2019, luego de que en diciembre de 2016 otros siete acusados de formar 

parte de esa organización parapolicial resultaron condenados en un 

primer proceso, entre ellos el exfiscal federal Gustavo Demarchi, 

sentenciado a perpetua

El tribunal, integrado por Enrique Méndez Signori, Daniel Obligado y 

Nicolás Toselli, dio a conocer su fallo en una sala y Ullúa siguió la lectura 

de manera remota desde la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo, donde 

cumple prisión preventiva.

Ullúa fue hallado culpable por los homicidios de Enrique "Pacho" 

Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge 

Lisandro Videla, Bernardo Goldemberg, Daniel Gasparri y Jorge 

Stoppani, ocurridos entre marzo y abril de 1975.

Este abogado, que estuvo nueve años prófugo, fue condenado además 

como coautor del asesinato y la privación ilegítima de la libertad de la 

entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad 

Católica marplatense María del Carmen Maggi, secuestrada en su 

domicilio el 9 de mayo de 1975 y aun desaparecida.

En sus últimas palabras ante el tribunal, Ullúa había acusado de "falta de 

pruebas" al fiscal del juicio, Pablo Ouviña, y aseguró que se sintió 

"agraviado" y que desconocía si se trataba "de justicia o de venganza".

La sentencia coincidió con el pedido del fiscal, quien había solicitado la 

perpetua tras señalar que el acusado "fue específicamente designado 

como uno de los responsables de cumplir con la orden de llevar adelante 

una depuración ideológica del peronismo en Mar del Plata, y la CNU se 

convirtió en uno de los brazos de la asociación ilícita para ejecutar esa 

orden en esta ciudad".

El pedido había sido respaldado además por las querellas de la 

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de 

Derechos Humanos bonaerense y la Universidad Nacional de Mar del 

Plata.

La defensa de Ullúa había solicitado su absolución en una audiencia 

realizada el miércoles.

En el caso de Corres, también abogado, fue condenado a cinco años de 

prisión por integrar una asociación ilícita, y se le impuso la prohibición de 

salir del país.

Corres llegó al juicio en libertad y el Ministerio Público había solicitado 

una pena de prisión de diez años, por considerar que "sus aportes a la 

asociación ilícita que desató el terror en ciudades como La Plata, Buenos 

Aires, Bahía Blanca y Mar del Plata, fueron concretos y marcaron para 

siempre la vida de sus víctimas", pedido que fue acompañado por las tres 

querellas. Sus defensores también habían pedido que fuera absuelto.

Fuente:Telam

MAR DEL PLATA: Alegatos contra los crímenes del CNU.

 13 de octubre de 2020

Juicio por los asesinatos de la Noche del 5x1 ocurridos en 1975

Lesa humanidad: Alegatos contra los crímenes del CNU en Mar del Plata

Ailín Bullentini

La Fiscalía solicitó penas de prisión perpetua y 10 años de prisión para Eduardo Salvador Ullúa y Héctor Oscar Corres, los acusados en el segundo juicio que se sigue por los crímenes de la organización Concentración Nacional Universitaria (CNU) durante los años previos a la última dictadura cívico militar. El fiscal Pablo Ouviña señaló a Ullúa como responsable de ocho secuestros, torturas y asesinatos. A Corres, en tanto, lo responsabilizó de compartir con aquel y realizar aportes “concretos” a una asociación ilícita que tuvo por objetivo “combatir sectores de izquierda”. El debate continuará esta semana con los alegatos de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la subsecretaría bonaerense y la Universidad de Mar del Plata.

Cinco audiencias le tomó a Ouviña desmenuzar su alegato en el juicio oral y público que comenzó en septiembre de 2019 ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, integrado en este caso por los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori, y que debido a la pandemia de Coronavirus este año se desarrolló completamente a través de la vía remota.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, el debate sirvió para confirmar la responsabilidad de los dos acusados en los delitos que se les atribuyeron durante la investigación de los hechos. Ullúa y Corres, abogados y exintegrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) están siendo enjuiciados por delitos de lesa humanidad cometidos en la previa del golpe cívico militar de 1976. Mientras ambos fueron acusados de conformar una asociación ilícita junto a los otros ex integrantes de la CNU enjuiciados y condenados en 2016, a Ullúa además le endilgaron los homicidios de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldenberg en el marco del operativo que se conoció como “la noche del 5X1”; los asesinatos de los contadores Daniel Gasparri y Jorge Stoppani; y el secuestro y asesinato de María del Carmen Maggi.

“Los delitos imputados no son infracciones menores o delitos ordinarios. Los hechos por los cuales estamos formulando acusación, constituyen delitos de lesa humanidad. Como tales, no sólo conmovieron los derechos de las personas particularmente afectadas o determinados bienes jurídicos, sino que la lesión se extendió a toda la humanidad”, contextualizó Ouviña durante la audiencia final de su alegato.

Las responsabilidades

Corres y Ullúa no fueron parte del primer juicio que se desarrolló por los crímenes de la CNU y que culminó con varios de los acusados condenados a prisión perpetua por su responsabilidad en la creación y sostenimiento de una asociación ilícita que tuvo por objeto de cometer una serie de ilícitos, con una clara voluntad de persecución hacia militantes de organizaciones políticas que mantenían diferencias con la agrupación de derecha a la que pertenecían, explicaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Tras el debate, el fiscal y su auxiliar María Eugenica Montero consideraron probado que la pertenencia de Corres a la asociación criminal continuó tras su encarcelamiento --entre 1971 y 1973 estuvo preso por el asesinaro de la estudiante Silvia Filler--. El abogado y ex empleado administrativo de la Policía local ocupaba “un lugar estratégico en la estructura estatal universitaria” local lo que le otorgaba “una posición privilegiada para estar en contacto con información valiosa para “combatir a los sectores de izquierda”. “Sus aportes a la asociación ilícita que desató el terror en ciudades como La Plata, Buenos Aires, Bahía Blanca y Mar del Plata, fueron concretos y marcaron para siempre la vida de sus víctimas”, señaló el fiscal. El pedido de pena fue de 10 años de prisión.

Para Ullúa, la condena solicitada fue sensiblemente mayor: prisión perpetua consideró Ouviña que le corresponde por su rol en la decisión, planificación y ejecución de los hechos. El fiscal apuntó que el ex abogado. El Ex policía estuvo prófugo hasta 2017 y desde entonces está preso en Campo de Mayo, aunque intentó abandonar la cárcel con la excusa de la pandemia. Según el fiscal, formó parte del núcleo de la CNU: “Ullúa fue específicamente designado como uno de los responsables de cumplir con la orden de llevar adelante una depuración ideológica del peronismo en Mar del Plata, y la CNU se convirtió en uno de los brazos de la asociación ilícita para ejecutar esa orden en esta ciudad”, reconstruyó la Procuración General.

En función de su rol asignado, Ullúa ocupó puestos tanto en la Universidad como en la Fiscalía Federal. Esto “lo pone en un lugar con capacidad para influir tanto en la selección de los blancos, como en la planificación y en la ejecución de los operativos”. Así, la Fiscalía consideró que el acusado Ullúa “co-determinó quiénes serían las víctimas; co-planificó cómo se realizarían los hechos y participó de las ejecuciones” en el operativo conocido como la Masacre del 5 X 1 en la que murieron Elizagaray, Jorge Videla y sus dos hermanos Jorge y Guillermo, y Goldenberg; también en los asesinatos de los contadores Gasparri y Stoppani; y el secuestro y asesinato de Maggi.

Fuente:Pagina12                   

MAR DEL PLATA: Juicio CNU 2: “La violencia fue una forma de discurso”.

5 de Septiembre de 2020
Juicio CNU 2: “La violencia fue una forma de discurso”

Esta semana comenzaron los alegatos en el juicio que tiene como acusados  de integrar una asociación ilícita a los abogados Oscar Héctor Corres y Eduardo Salvador Ullúa

Durante la semana se retomó juicio “CNU 2”, que juzga el accionar de la asociación ilícita enmascarada en la agrupación de ultraderecha, que sumó siete condenas en su primer tramo, y que tiene como acusados en esta segunda parte a los abogados Oscar Héctor Corres y Eduardo Salvador Ullúa.

El debate, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, integrado por los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori, entró en etapa de alegatos. El primer turno fue para el Ministerio Público Fiscal de la Nación, representado por el fiscal general Pablo Ouviña, quien entre el martes y miércoles pasado, durante más de nueve horas en total, desarrolló los argumentos de la acusación, que concluirá en las próximas audiencias previstas para el 22 y 23 de septiembre.

En primer lugar, el fiscal se refirió a la violencia y el contexto en que se produjeron los hechos investigados, como paso ineludible para comprenderlos. Tanto Corres como Ullúa están acusados de integrar una asociación ilícita, que tuvo en el accionar de la banda enmascarada en la CNU su brazo ejecutor local, junto a los otros siete miembros condenados en diciembre de 2016, con una clara voluntad de persecución hacia militantes de organizaciones políticas que mantenían diferencias con la agrupación de derecha a la que pertenecían.

Por su parte, Ullúa llegó a juicio procesado también por los homicidios de Enrique "Pacho" Elizagaray, sus primos y tío Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y el médico Bernardo Alberto Goldemberg –secuestrados y acribillados en la denominada noche del 5 por 1-; por los asesinatos de Daniel Gasparri y Jorge Stoppani; y la privación ilegítima de la libertad y el homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi.

“Tanto los historiadores como los pronunciamientos judiciales que han tocado el tema coinciden en que, entre 1971 y 1976, el contexto fue el de una paulatina y creciente violencia generalizada”, apuntó el fiscal. “La violencia pasó a ser una especie de guía para la acción. Y fue también una forma de discurso: la forma de emitir mensajes”, expresó más adelante en su alegato.

"Así como la escalada de violencia fue progresiva, también fue progresiva la postura del gobierno pasó de ser árbitro de la contienda a tomar decididamente partido en favor de uno de los bandos, adoptando medios legales para intentar contener la violencia, pero también métodos ilegales para eliminar personas de manera sistemática”, señaló luego. Su exposición estuvo acompañada por decenas de diapositivas que exhibieron prueba que consta en la causa, y que acompañaron los detalles de sucesos históricos analizados por el fiscal.

Ouviña analizó que tras la vuelta de Juan Domingo Perón al país se produjo un quiebre en la alianza que el general tenía con la organización Montoneros, lo cual significó “un paso trascendental de lo que se denominó la depuración del movimiento”.

“En definitiva, la orden de depuración emitida no quedó en una expresión de deseos. Se diseñó un plan para su implementación; y se ejecutó. (…) La misión era clara: desplazar de esos espacios a los dirigentes identificados con ideas de izquierda”, sostuvo el fiscal.

Para su cumplimiento señaló que confluyeron en una misma organización miembros de las fuerzas policiales –federal y de las provincias- y de las fuerzas armadas, patotas sindicales y militantes de las agrupaciones de la derecha peronista, entre ellas, la CNU.

Además, durante los alegatos se expusó la inserción estatal y gremial de la CNU, su vinculación con Mar del Plata y la relación que esta tenía con las fuerzas de seguridad vinculación del 

En las próximas audiencias está prevista la continuidad del alegato fiscal, quien ahondará sobre los crímenes cometidos en el marco de la asociación ilícita, detallará las calificaciones legales de la acusación –que serán más amplias que las insinuadas en la etapa de investigación-; se tratarán las responsabilidades penales de cada imputado; para, por último, merituar el reproche penal y solicitar las penas.

Fuente:0223

MAR DEL PLATA: Comienzan los alegatos en el juicio por la causa CNU II.

30/08/2020 LESA HUMANIDAD 
Comienzan los alegatos en el juicio por la causa CNU II en Mar del Plata 
Se trataba de una banda integrada por otros siete miembros, quienes ya fueron condenados en diciembre de 2016 por cometer delitos de lesa humanidad contra militantes de organizaciones políticas.

Los juicios están siendo por medio de la plataforma web.

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata comenzará a escuchar el martes y el miércoles los alegatos en el segundo juicio que se lleva adelante en esta ciudad por los delitos de lesa humanidad cometidos por la organización parapolicial Concentración Nacional Universitaria (CNU) durante los años '70.

El fiscal federal Pablo Ouviña fundamentará su acusación ante los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori en una audiencia que será transmitida por el sitio del Centro de Información Judicial (CIJ).

En este debate de la causa denominada como CNU II se analiza la responsabilidades penales de Eduardo Salvador Ullúa y Oscar Héctor Corres como integrantes de una asociación ilícita.

Se trataba de una banda integrada por otros siete miembros, quienes ya fueron condenados en diciembre de 2016 por cometer delitos de lesa humanidad contra militantes de organizaciones políticas.

Ullúa está acusado también por los homicidios de Enrique "Pacho" Elizagaray, sus primos y tío Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla; el médico Bernardo Alberto Goldemberg; Daniel Gasparri y Jorge Stoppani; y la privación ilegítima de la libertad y homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi.

En tanto, el miércoles y por medios electrónicos proseguirá en el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata el juicio de lesa humanidad por delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo, que comprende a 18 imputados y 84 víctimas y se encuentra en etapa de alegatos de las defensas.

Ese mismo día, en los Tribunales de San Martín y por plataformas web, seguirá el debate de la megacausa de Campo de Mayo, en la que se investigan crímenes perpetrados entre 1976 y 1978 en perjuicio de 323 víctimas que fueron secuestradas en el área represiva denominada como Zona de Defensa IV.

En la misma jornada, continuará, por la misma vía, en Mar del Plata el juicio "La Cueva III", por delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la antigua Base Aérea de Mar del Plata.

También el miércoles continuará en la ciudad bonaerense de San Nicolás, el juicio Saint Amant III, en el que se investigan 16 causas con 50 víctimas de secuestros, privación ilegal de la libertad e interrogatorios bajo tormentos cometidos bajo las órdenes del condenado y ya fallecido teniente coronel Manuel Saint Amant.

En tanto, el jueves, el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín seguirá juzgando, a través de la vía remota, a nueve exintegrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército por los secuestros, torturas y asesinatos de casi cien personas, en el marco de la causa en la que se investigan los delitos cometidos durante la represión ilegal a la denominada "Contraofensiva montonera", ocurrida entre 1979 y 1980.

En Tucumán, proseguirán el jueves y el viernes los alegatos del juicio en el que se investigan crímenes de lesa humanidad contra 366 víctimas en un proceso que incluye cinco causas acumuladas, entre ellas los hechos del expediente conocido como Operativo Independencia II.

El viernes habrá una nueva audiencia virtual del juicio de la causa Vesubio III, proceso en el cual hay diez acusados de homicidio y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de 420 víctimas, detenidas en el centro clandestino de detención que funcionó hasta septiembre de 1978 en el partido bonaerense de La Matanza.

También el viernes, se reanudará a las 11.30 el juicio Orletti V por delitos cometidos contra 11 víctimas en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, y donde se analizan las responsabilidades penales de Eduardo Ruffo, Honorio Carlos Martínez Ruiz, Eduardo Cabanillas y Miguel Ángel Furci, quienes revistaban como personal civil de inteligencia en hechos por los que hasta ahora no fueron juzgados.

Finalmente, en Mendoza se reanudará por la vía remota el denominado juicio acumulado que aborda la responsabilidad penal de veinte imputados, en su mayor parte integrantes del Ejército y la Fuerza Área, por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas.
Fuente:Telam

Mar del Plata: piden reanudar el juicio CNU 2 a través del sistema de videoconferencia

08 mayo , 2020

El pedido fue hecho por el fiscal general Pablo Ouviña, representante del Ministerio Público Fiscal. Requirió que se convoque a una audiencia por videoconferencia para establecer pautas que permitan reanudar la audiencia de debate. P

Al plantear su posición, contempló que es necesario garantizar el respeto por los derechos de las partes, los principios que rigen el juicio oral y la normativa dictada para cuidar la salud de la población a raíz de la epidemia de Covid-19.

“Estamos obligados a asumir en todo momento nuestras obligaciones públicas”, señaló el fiscal general.

Particularidades

Frente a las particularidades de este debate, dado que todos los jueces que integran el Tribunal residen en la Ciudad de Buenos Aires, con las dificultades para el traslado hacia Mar del Plata y el alojamiento en la ciudad, señaló que las audiencias podrían realizarse en una sala de los tribunales porteños, y las partes que residan fuera de esa ciudad podrían participar de manera remota.

Entre los fundamentos volcados en la presentación hecha ante el Tribunal Oral Federal que integran los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori, el fiscal general comprendió que la paralización de la mayoría de las actividades frente a la emergencia sanitaria las medidas “son por demás excepcionales, esencialmente momentáneas y que, por eso, sólo pueden ser mantenidas con fundamento en la salud pública en la estricta medida de lo necesario y siempre y cuando no entren en franca colisión con otros principios constitucionales, como ser en el caso el acceso a la justicia y el cumplimiento de compromisos internacionales”.

Ouviña reparó en que el servicio de justicia es una actividad esencial en un Estado republicano y sostuvo que los funcionarios que lo integran tienen obligaciones especiales, entre las que se encuentran asumir mayores riesgos que el resto de los ciudadanos. “Por supuesto que esto no significa actuar de manera ciega y no tomar previsiones  especiales dentro de una pandemia –pues no sólo se puede afectar la salud propia sino también la del resto de la población-, sino que estamos obligados a asumir en todo momento nuestras obligaciones públicas”, expresó en su escrito.

Por otro lado, apuntó que el debate ya ingresó en su fase final: “Según entiendo, para que se produzcan los alegatos sólo restaría proceder a la ampliación de indagatoria requerida por uno de los imputados (Oscar Héctor Corres); definir lo que corresponda respecto de la única declaración testimonial pendiente y la incorporación por lectura de diversas constancias. Se advierte así que son pocos los pasos que restan para que el Tribunal pueda dictar sentencia, por lo que la exposición a riesgos sanitarios aparece como relativamente pequeña”.

Entre los argumentos también reparó en la medida cautelar que cumple el otro acusado Eduardo Salvador Ullúa, quien tiene prisión preventiva y la suspensión indefinida del juicio podría, eventualmente, implicar una afectación a su derecho a ser juzgado en un plazo razonable. A esto sumó que también podría darse un incumplimiento de las normas internacionales que obligan al Estado argentino a investigar y castigar hechos como los que son juzgados en este debate.

Publicidad del debate

En su presentación, el fiscal general sumó la importancia de que, cualquiera sea el mecanismo que se implemente, deben tomarse recaudos adicionales para garantizar la publicidad del debate. “A mi modo de ver, una alternativa podría ser habilitar la sala del Tribunal en la Ciudad de Mar del Plata tanto para que asistan las partes que residen allí, en caso de que así lo prefieran, como el público en general, en caso de que se flexibilicen las medidas de aislamiento social dispuestas en esa ciudad. Por supuesto que, llegado el caso, deberán adoptarse todas las medidas de seguridad que las autoridades sanitarias recomienden. También podría habilitarse la asistencia de público en la sala en la Ciudad de Buenos Aires, si se dan las condiciones señaladas. La otra medida que podría adoptarse es asegurar la transmisión de las audiencias a través del portal del Centro de Información Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, detalló Ouviña.

Fuente:LaImposible

MAR DEL PLATA: Juzgarán a dos ex miembros de la banda parapolicial CNU.

8 de septiembre de 2019
Juzgarán en Mar del Plata a dos ex miembros de la banda parapolicial CNU

Oscar Héctor Corres y Eduardo Salvador Ullúa, dos ex miembros de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU),  comenzarán a ser juzgados el miércoles próximo en Mar del Plata por los delitos de lesa humanidad que cometieron durante los años ’70, cuando integraban la banda parapolicial.

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Oscar Héctor Corres y Eduardo Salvador Ullúa están imputados por integrar la CNU, una asociación ilícita conformada para cometer delitos, de la que ya fueron condenados siete de sus antiguos integrantes, en un proceso que se realizó en 2016.

Ullúa, quien estuvo nueve años prófugo de la Justicia, está procesado también por los homicidios de Enrique “Pacho” Elizagaray; Guillermo Enrique Videla; Jorge Enrique Videla; Jorge Lisandro Videla; el médico Bernardo Alberto Goldemberg; Daniel Gasparri y Jorge Stoppani.

También se le sindica a este ex intregrante de la CNU la privación ilegítima de la libertad y homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi.

También el miércoles, pero en Neuquén, se conocerá el veredicto en el juicio la Escuelita VI, por la desaparición forzada, torturas y las persecuciones políticas sufridas por ciudadanos que residían en las localidades de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Bariloche (Río Negro).

Por otra parte, mañana continuarán los alegatos en el juicio ESMA IV, en el que se ventilan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas, perpetrados por los grupos operativos de la Armada.

El martes, en tanto, se iniciarán en Salta los alegatos en el juicio contra el ex juez federal Ricardo Lona, acusado de no haber investigado el secuestro y desaparición forzada de Miguel Ragone, ex gobernador de la provincia.

Lona también está imputado por el asesinato de Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal, testigos del homicidio del ex mandatario.

También el martes, continuará, en los Tribunales de San Martín, el juicio por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la represión ilegal a la denominada “Contraofensiva montonera”, ocurrida en 1979 y 1980.

El miércoles proseguirá en La Plata el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo, que alcanza a 19 imputados y 84 víctimas.

En esa jornada seguirá en los Tribunales de San Martín el juicio por crímenes cometidos contra más de 323 de víctimas, que entre los años 1976 y 1978 estuvieron alojadas en el Centro Clandestino de Detención Campo de Mayo y secuestradas en la Zona de Defensa IV.

Como todos los miércoles, seguirán en la ciudad de Rosario las audiencias en el juicio conocido como “Faced III” que tiene a 13 imputados por los delitos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abusos sexuales, homicidios, violaciones y asociación ilícita cometidos por la estructura policial santafesina, contra 152 víctimas.

El jueves, el Ministerio Público Fiscal pronunciará su alegato en el juicio denominado “Coordinación Federal”, en el cual se analizan dos causas por delitos padecidos por las personas que estuvieron recluidos en los centros clandestinos de detención que se encontraban bajo órbita de esa dependencia.

Con información de Télam

Fuente:AireDigital

GENOCIDA DETENIDO: SE TRATA DE EDUARDO SALVADOR ULLUA.

Lesa humanidad: prófugo detenido 
HABIA DESDE 2010 UN PEDIDO DE CAPTURA NACIONAL E INTERNACIONALGENOCIDA DETENIDO
29/04/2017 
La Prefectura Naval Argentina detuvo a un prófugo de una causa por crímenes de lesa humanidad ocurridos poco antes del comienzo la última dictadura militar, sobre quien pesaba desde 2010 un pedido de captura nacional e internacional.

Se trata de Eduardo Salvador Ullua, quien estaba implicado en una investigación contra miembros de la Concentración Nacional Universitaria por delitos cometidos entre 1975 y 1976, informó el Centro de Información Judicial.

El pasado jueves, luego del procedimiento encomendado al Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos y a raíz de información obtenida acerca de su paradero, personal de la Prefectura Naval Argentina procedió a la detención de Ullua. 

Es en el marco de la causa 13.793, donde se investiga a miembros de la CNU por el hecho de haber conformado una asociación ilícita en el período que abarca el 20 de febrero de 1975 y el 15 de marzo de 1976, la que actuó cometiendo distintos delitos como homicidios, privaciones ilegales de la libertad, robos y amenazas, entre otros. 

Según la investigación, Ullua habría cometido esos delitos “en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra una parte de la población civil y de conformidad con una política de Estado”. 

A su vez, Ullua se encontraba con pedido de captura nacional e internacional emanado del Juzgado Federal 1 de Mar del Plata, que subroga el juez Santiago Inchausti, en el marco de otra causa, donde se investigan los hechos cometidos en el centro clandestino de detención conocido como “La Cueva” que funcionó en esa ciudad.

El diario La Capital de Mar del Plata precisó que el represor fue atrapado en la Ciudad de Buenos Aires cuando estaba por ingresar a un departamento. 

Entre otros asesinatos, se le imputan los de la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de Mar del Plata, María del Carmen Maggi. (NA)
Fuente:LaArena

FuenteFoto:Web