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2 de noviembre de 2023

SALTA: Confirman la sentencia contra Marcos Levín.

 

Confirman la sentencia contra Marcos Levín

 La Cámara de Casación finalmente confirmó la pena otorgada en 2016

Es el primer empresario condenado por delitos de lesa humanidad y comprueba a todas luces que el terrorismo de Estado también fue un instrumento para instaurar un modelo económico.

El máximo tribunal penal del país rechazó los recursos de las defensas de Marcos Jacobo Levín, entonces dueño de esa firma y de los policías de Salta, que cumplían funciones de seguridad en la empresa por las torturas y secuestros de los trabajadores y dirigentes gremiales de la UTA

El tribunal, integrado por Daniel Antonio Petrone, Gustavo H. Hornos y Alejandro W. Slokar, desestimaron por unanimidad los planteos de las defensas y afirmaron que los hechos cometidos en perjuicio de Víctor Cobos, trabajador y representante gremial de la UTA, resultaban crímenes de lesa humanidad. En las últimas jornadas del debate se escucharon los alegatos de la fiscalía y de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en los que solicitaron penas de entre 23 y 25 años de prisión para los tres acusados. Levín como instigador, Grueso como partícipe necesario y Almirón como autor mediato.

Responsabilidad probada

Durante las audiencias que arrancaron a comienzos de octubre, los testimonios de los trabajadores sobrevivientes y sus familiares permitieron probar la responsabilidad del empresario en los secuestros y la falsedad de denuncia de fraude realizada para justificar esas detenciones ilegales. También fue confirmada la razón detrás de estos crímenes: el ex dueño de la Veloz del Norte quería sacarse de encima al delegado Víctor Cobos y así eliminar toda resistencia sindical dentro de la firma. Cobos relató que desde que se convirtió en delegado y en integrante de la conducción de la UTA de Salta en 1.972, fue el enemigo número uno para Levín, con quien mantenía duros cruces por las malas condiciones laborales y los bajos sueldos, y que con la llegada de la dictadura comenzó a ser perseguido al igual que su familia. Los secuestros se realizaron entre el 20 y el 24 de enero de 1.977.

Condundentes fundamentos

Tanto Petrone como Hornos y Slokar coincidieron en que las condenas a Levin, Almirón y Bocos eran correctas y fundadas. Petrone, que lideró el acuerdo, descartó darle una responsabilidad secundaria a Levín, como pretendía su defensa. “Como vimos hasta el hartazgo, su actuación en los sucesos de marras distan de ser una mera colaboración; por el contrario, sus aportes resultaron esenciales sin los cuales no hubiera sido posible llevar a cabo los eventos delictivos juzgados”, escribió.

Hornos,  también validó que se les haya otorgado el máximo de la pena. “La extrema gravedad de los crímenes de lesa humanidad, que denota una absoluta falta de consideración y reconocimiento de la dignidad humana, funciona como una circunstancia agravante”, sostuvo.

“Resulta menester remarcar que aun cuando miembros de las fuerzas armadas y de seguridad guardaran un rol protagónico en el aparato represivo, en coordinación estratégica para la desarticulación de las organizaciones sindicales, en aras de maximizar los beneficios y acompañar el proceso de reestructuración económica, sectores empresariales no desarrollaron un mero rol subalterno, sino que accionaron articuladamente y en modo orgánico con el poder político de facto. Levín resulta un significativo ejemplo de aquel obrar”, concluyó contundente Slokar, dejando expuesta la vinculación y los intereses empresariales con la última dictadura cívico militar, y su participación necesaria para muchos de los delitos de lesa humanidad cometidos, y que todavía esperan justicia.

El juicio

Por todos estos hechos, en 2016, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Salta había condenado a Levín a doce años de prisión. La misma pena se les había dado a Víctor Hugo Almirón (comisario de la 4ª de Salta) y a Bocos. También había condenado a ocho años a Víctor Enrique Cardozo, quien después murió.

En octubre de 2017, la Sala III de la Casación Federal –integrada por Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Carlos Mahiques– anuló el fallo al considerar que lo que había padecido Cobos no eran crímenes de lesa humanidad ni respondía al contexto de represión sobre los trabajadores. En marzo de 2.015, Riggi y Gemignani habían sido dos de los jueces que dieron falta de mérito al dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, poniendo un nuevo manto sobre  uno de los casos emblema de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad.

El tema de Levín llegó hasta la Corte Suprema, que el año pasado y después de un letargo macrista, ordenaron se dicte una nueva sentencia.

Fuente:SaltaComparativa


25 de octubre de 2023

SALTA: "Se tiene que hacer justicia aunque el mundo perezca”.

 

Causa La Veloz del Norte, la fiscalía ratificó el pedido de condena  

"Se tiene que hacer justicia aunque el mundo perezca”

Las defensas de directivos de la empresa de transporte pidieron la absolución. La fiscalía y la querella cruzaron a los defensores por decir que testigos víctimas mentían. 

Por Elena Corvalan
Los fiscales Amad y Sivila. 

En su etapa final, el proceso por delitos de lesa humanidad que se sigue contra el ex dueño de La Veloz del Norte, Marcos Jacobo Levin; un ex empleado jerárquico de esa empresa, José Antonio Grueso, y el ex comisario Víctor Hugo Almirón, fue marco ayer de un cruce entre las defensas y la fiscalía y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 

Fue luego de que alegaran los abogados Roberto Lescano y Marcelo Arancibia. La fiscalía aprovechó el espacio de las réplicas para ratiticar el pedido de condena a los tres acusados. “No hay mejor momento que este, aquí se tiene que hacer justicia. Se tiene que hacer justicia aunque el mundo perezca”, sostuvo el fiscal general Carlos Amad. 

El primero en alegar ayer fue Roberto Lescano, que comparte con Arancibia la defensa de Grueso, para quien la fiscalía pidió una pena de 23 años por considerar que tuvo participación necesaria en el secuestro y las torturas que en enero de 1977 padecieron 17 trabajadores de La Veloz del Norte. En cambio, Lescano pidió la absolución lisa y llana de Grueso o, en subsidio, la absolución por aplicación del principio de la duda. 

El abogado defensor aseguró que no se probó que probó que Grueso confeccionara la lista de las personas que fueron detenidas y torturadas en la Comisaría Cuarta de la ciudad de Salta, donde funcionó un centro clandestino de detención y torturas. También sostuvo que Grueso no era el segundo de la empresa, luego de Levin. 

El defensor fue nombrando uno por uno a las víctimas que declararon en este proceso y fue tachando sus dichos afirmando que eran mentirosos. Ese fue el aspecto que le cuestionó luego el fiscal Amad, y también el querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Gastón Casabella

Asimismo, Lescano sostuvo que estos trabajadores fueron detenidos por "la denuncia (de un supuesto fraude a la empresa) hecha por el dueño de la empresa La Veloz del Norte, el señor Marcos Levin, de la cual estaba absolutamente ajeno el señor Grueso”.

El abogado Marcelo Arancibia, que también defiende a Levin, empezó su alegato volviendo a la vieja discusión que viene desarrollándose en esta causa desde que se presentaron las denuncias de los ex trabajadores de La Veloz: si las detenciones ilegales y los vejámenes que sufrieron fueron delitos de lesa humanidad o no. “Consideramos fundamental determinar si se trata de delitos de lesa humanidad”, afirmó el defensor.  

“El señor Marcos Levin y el señor Grueso no han cometido ni han participado en los delitos que se les pretende incriminar”, aseguró más adelante. 

En otro episodio que provocó rechazo de la fiscalía, aseguró que el ex trabajador de La Veloz y ex delegado gremial de la UTA en esta empresa Víctor Cobos no fue un perseguido político. En el mismo sentido llegó a reprochar a los ex trabajadores denunciados por Levin que hayan esperado a ser sobreseídos por prescripción de la acción penal en lugar de instar a que se investigara la denuncia y se resolviera. Recurriendo a su experiencia como defensor, el abogado dio a entender que no lo hicieron porque, como suelen hacer las personas culpables, eligieron la estrategia de dejar caer la acusación por el paso del tiempo. Incluso puso en duda los testimonios de trabajadores que contaron que tras la tortura fueron obligados a firmar falsas confesiones delante del juez de instrucción provincial Jorge Alberto Trincavelli (f).  

“Voy a solicitar la absolución lisa y llana de mi asistido", anunció al final de su alegato. Y, “en el peor de los casos”, pidió que se absuelva a Levin y Grueso por el principio de la duda. 

No al negacionismo

El fiscal Amad replicó. "No voy a permitir” la falta de respeto “hacia el testimonio de las víctimas”, afirmó respondiendo a Lescano. “Hemos tenido la vívida memoria de las víctimas, de las víctimas sobrevivientes, y de las víctimas sobrevivientes familiares” que con matices se producen en los diferentes tribunales, recordó. 

“A mí el negocionismo no me va, señora presidenta", agregó dirigiéndose a la jueza Marta Liliana Snopek, que preside para este caso el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Salta. El fiscal destacó que los procesos judiciales para investigar y juzgar los crímenes cometidos en el marco del terrorismo estatal “nos han colocado como ejemplo” en el contexto internacional. “Hablo como operador del sistema”, desde la justicia “le hemos dado una respuestas”, “hemos tratado de solucionar el conflicto social que generó el estado genocida”, añadió. Asimismo, ratificó que se probó que estos delitos existieron. 

A Arancibia le respondió sobre la presunta honorabilidad de Trincavelli (que murió sin ser investigado). Los funcionarios judiciales impuestos por el gobierno usurpador le daban esa cobertura, aseguró. Como ejemplo, contó los casos de los fiscales de Resistencia (en el Chaco) Roberto Domingo Mazzoni y Carlos Flores Leyes. "Interrogaban a las personas con una pistola sobre el escritorio", hay sentencia firme, recordó.

Y concluyó con esa frase sobre la necesidad de hacer justicia: “No hay mejor momento que este, que aquí se tiene que hacer justicia. Se tiene que hacer justicia aunque el mundo perezca”.

El representante de la querella de la Secretaría de DDHH de la Nación adhirió a los dichos de la fiscalía y le respondió a la defensa de Grueso: le recriminó que hubiera analizado los testimonios de las víctimas diciendo uno por uno que faltaban a la verdad. “Decir que los testigos víctimas faltaron a la verdad es al menos grave (...) por cuanto se revivieron hechos traumáticos, sumamente traumáticos” y decir que en conjunto faltaron a la verdad para incriminar a Grueso es casi como alegar que hubo una empresa criminal, advirtió.

A su turno, los defensores respondieron a las réplicas. “Jamás podría yo haberme manifestado faltando el respeto”, aseguró Lescano. Recordó que dijo expresamente que en el gobierno dictatorial que tomó el poder en 1976 “se cometieron hechos aberrantes”. 

La audiencia seguirá el jueves próximo, con el alegato de la defensa de Almirón, a cargo de Federico Petrina. Todavía no se sabe si ese mismo día se conocerá la sentencia. 

Fuente:Salta12

20 de octubre de 2023

SALTA: Piden 25 años de prisión para Levin por secuestros y torturas a trabajadores en la dictadura.

 

La participación empresarial en la represión ilegal

Piden 25 años de prisión para Levin por secuestros y torturas a trabajadores en la dictadura

Durante la jornada del juicio que se sigue contra Marcos Levin, su jefe de personal José Grueso y el excomisario Víctor Hugo Almirón alegaron la fiscalía y las querellas. Los alegatos de las defensas se escucharán la semana próxima.

Por Claudia Ferreyra
Alegatos


La fiscalía pidió que se condene a 25 años de prisión al empresario Marcos Jacobo Levin y a 23 años a su mano derecha y ex jefe de personal de La Veloz del Norte José Antonio Grueso, acusados de haber entregado a trabajadores de esa firma para que los torturaran en la Comisaría Cuarta de la ciudad de 1977, dependencia que funcionaba como un centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura cívico militar. También solicitaron que quien fuera jefe de esa dependencia, el comisario Víctor Hugo Almirón, sea penado con 23 años de prisión.

En la jornada de ayer alegaron primero los querellantes, el abogado Gastón Casabella, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y el abogado de la Defensoría Oficial de la Víctima, Nicolás Escándar, que representa a Víctor Manuel Cobos. Después alegaron el fiscal general Carlos Amad el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila.

Los acusadores coincidieron en la solicitud al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 para que las detenciones ilegales y las torturas a 17 trabajadores de La Veloz del Norte que se juzgan en este caso sean calificadas como delitos de lesa humanidad.

Está previsto que las defensas aleguen en la próxima audiencia, el martes 24 de octubre a las 14.30.

Este es el segundo juicio oral que afronta Levin por delitos de lesa humanidad. Las causas judiciales han dejado en evidencia la participación empresaria en la represión ejercida en la última dictadura militar. Amad resaltó que estos delitos en perjuicio de 17 trabajadores de La Veloz del Norte, que en 1977 pertenecía a Levin, fueron cometidos mediante "el aporte de una estructura empresarial a una estructura criminal, usurpadora aún mayor". 

La fiscalía pidió la condena a 25 de prisión para Levin, inhabilitación por el mismo tiempo y accesorias legales y costas, "en calidad de instigador del delito de privación ilegítima de la libertad cometida con abuso funcional, agravado por haberse cometido con violencia y amenazas, delitos que concurren con el de tormentos agravados por haberse cometido en perjuicio de 16 víctimas que eran perseguidas políticas. Levin, y también Almirón, ya fueron condenados en relación a similares delitos cometidos en perjuicio de Cobos. 

A Levin y a Almirón se los juzga en este caso por delitos cometidos en perjuicio de Juan Alberto Alonso, Carlos Aponte, Carlos Báez, Emilio Borquez, Norberto Borquez, Carlos Francisco Delaloye, Oscar Espeche Roda, Sebastián Gallará, Ciriaco Nolberto Justiniano, Manuel Eugenio Modad, Carlos Pereyra, Aurelio Rada, Sonia Rey, Miguel Ángel Rodríguez, Jorge Romero y Rubén Héctor Vrh.

Casabella coincidió con el monto de la pena pero en vez de instigador lo encontró "partícipe necesario".

Asimismo, la fiscalía requirió 23 años de prisión para Grueso, inhabilitación por igual tiempo y accesorias legales y costas. En su caso, es considerado partícipe de los delitos de privación ilegítima de la libertad cometida con abuso funcional agravado por haberse cometido por violencia y amenazas y por la duración de más de un mes en perjuicio del sindicalista de la Unión Tranviaria del Automotor (UTA), Víctor Cobos. 

Grueso está acusado además "en concurso real con privación ilegítima de la libertad, cometida con abuso funcional, agravada por haberse cometido con violencia y amenazas"  en perjuicio de las 16 víctimas por las que también se acusa a Levin. También se añadió a Grueso la acusación en concurso real por la imposición de tormentos agravados a las 17 víctimas que eran perseguidas políticas. 

Casabella coincidió con la calificación legal pero solicitó 25 años de prisión para Grueso. Mientras que Escandar pidió 18 años teniendo en cuenta atenuantes desde una "perspectiva de resocialización", como su avanzada edad o la "actitud subordinada frente a Levin".

Por otro lado, la fiscalía pidió que el jefe policial Víctor Almirón sea condenado a 23 años de prisión e inhabilitación absoluta por el término de la condena, más accesorias legales y costas. Se lo acusó como "autor mediato de los delitos de privación ilegítima de la libertad, cometida con abuso funcional y agravado por haberse cometido con violencia y amenazas" en perjuicio de 16 víctimas. Todo ello "en concurso real con imposición de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidas políticas, y en este caso se mencionaron 17 hechos.

El querellante Casabella solicitó 25 años de prisión para Almirón.

"Levin, Grueso y Almirón participaron en el desarrollo de estos hechos. Levin instigó, determinó a la oficialidad de la policía de Salta, a (Víctor Hugo) Bocos y al personal subalterno de la Comisaría Cuarta. Ahí la participación de Grueso (fue que) aportó la información para realizar los hechos (...), dependía del señor Levin, era el jefe de personal. El señor Almirón era el comisario a cargo de la comisaría 4", sintetizó el fiscal Amad respecto a los roles de cada uno de los acusados.

La tortura como disciplinamiento 

"Esta querella viene a formular alegatos en representación del secretario de derechos humanos de la Nación, y en nombre de los 30 mil detenidos desaparecidos y de todas las víctimas del terrorismo de Estado", comenzó alegando Gastón Casabella. 

El letrado dejó sentado que en Argentina "a partir de 1974 no hubo ninguna guerra ni en modo alguno dos supuestos bandos equivalentes enfrentados, dos demonios (...) Algunas posiciones públicas pretendieron hacer entender lo contrario negando lo que ya es jurisprudencia sentada en numerosos fallos", afirmó. Además, sostuvo que no hubo ninguna causa legal "de justificación de estos aberrantes delitos cometidos, no hubo exceso sino un aniquilamiento sistemático pergeñado contra sectores de la población civil previamente concertado y ejecutado".

Explicó que la persecución gremial y sindical fue uno de los objetivos del plan sistemático de represión estatal de la dictadura. "El concepto de subversivo no se limitaba a militantes políticos del ERP o de la JP Tendencia o Montoneros, sino que al haber sido un golpe cívico militar tenía un efecto extensivo a cualquiera que se opusiera al orden establecido o al que se pretendía instaurar desde el régimen. (...) Entre estos se encuentran los trabajadores de La Veloz, que fueron víctimas de los hechos que se están juzgando", señaló.

De esta manera, Casabella sostuvo que los represores necesitaban de la coordinación con los empresarios para la persecución a los sectores obreros que habían adquirido destrezas para lograr los reclamos que pretendían. "La UTA era uno de los sectores más importantes" indicó, "porque parar el transporte era parar el país". Destacó que en 1976 se aprobaron leyes económicas antisubversivas, la 21.459 y la 21.460, que buscaban "criminalizar la protesta social", entre otras medidas impuestas, como la eliminación del fuero gremial.

En ese sentido, fiscales y querellantes señalaron que las detenciones y torturas a los trabajadores de La Veloz tenían como fin el disciplinamiento y que dejaran de realizar reclamos laborales. Como prueba se mencionó que cuando fueron liberados varios de ellos fueron reincorporados por la empresa y además Levin dejó prescribir la causa que  por la suspuesta defraudación a la transportista y cuya denuncia activó el despliegue de las detenciones policiales sin orden judicial. A Cobos, en cambio, lo dejaron sin trabajo y se señaló que en su caso, molestaba a Levin por su actividad sindical. 

"Las condiciones laborales que Cobos pretendía que se mejoren eran la falta de viáticos, horas extras, no podían ver a sus familias generalmente, las horas extenuantes que tenían arriba de los coches, las azafatas que tenían que bajarse en un coche y subirse a otro sin descanso, condiciones salariales, diagramaciones abusivas en los viajes, eran concretos los reclamos que tenía él", sostuvo Casabella. 

Escandar recordó que Cobos era delegado de la UTA, y que estas detenciones fueron aprovechadas por Levin para "sacarse de encima" a los trabajadores que le generaban conflicto. "Cobos tenía un trasfondo político", ya que su familia había sido "diezmada" por los represores, afirmó el defensor de la Víctima y recordó en ese sentido que un hermano suyo, el estudiante Martín Cobos, había sido asesinado y su cuñado, Víctor Brizzi, desaparecido.

Según describieron los acusadores, Levin tuvo "trabajando" en su empresa al subcomisario de la Comisaría Cuarta, Víctor Hugo Bocos, quien realizaba tareas de inteligencia como "inspector oculto".

La denuncia que hizo Levin a los trabajadores por "defraudación" activó las detenciones ilegales, y para ello se señaló que Grueso aportó los datos precisos de donde se encontraba cada uno ya que tenía a su disposición la diagramación y además se lo acusa de haber armado la lista de los trabajadores que entregó a las fuerzas represivas. 

Entre el 20 y 24 de enero de 1977, la Policía de Salta detuvo ilegalmente y "torturó de manera brutal" a los trabajadores y una trabajadora en la Comisaría Cuarta, según expresó Escandar. Los acusadores destacaron que Levin puso incluso la logística aportando vehículos para las detenciones y un colectivo con chofer para el traslado de los cinco trabajadores detenidos en Tucumán a Salta. 

Además, Grueso y Levin fueron vistos por las víctimas en la entrada de la Comisaría cuando fueron llevadas detenidas y algunos han afirmado que los vieron dentro de la dependencia.

Se señaló que el policía Bocos dirigía las torturas aplicadas mediante golpes y picana eléctrica. "Todos los trabajadores dijeron prácticamente que era el que dirigía la tortura. Eso es elocuente en la declaración de Cobos pero todos los trabajadores que pudieron ver algo en la sala de tortura ubican a Bocos, empleado de Levin, en los hechos, en el momento de ser torturados", dijo Escandar. 

También se recordó que para camuflar los gritos y pedidos de auxilio, los represores ponían música fuerte o encendían un motor. En la causa incluso declaró una vecina de la Comisaría Cuarta que escuchó los gritos y los sonidos de la música y del motor durante y después de la dictadura. 

El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, presidido por Marta Liliana Snopek e integrado por Alejandra Cataldi y Abelardo Basbus.

Fuente:Salta12

16 de octubre de 2023

SALTA: Juicio contra Marcos Levin.

 

TRIBUNAL ORAL FEDERAL 1

Juicio contra Marcos Levin: se espera la declaración del empresario salteño por delitos de lesa humanidad

El fundador y ex propietario de la empresa La Veloz del Norte responderá por las acusaciones en su contra

Domingo 15 de octubre de 2023

El empresario salteño Marcos Levin, expropietario de La Veloz del Norte, se encuentra siendo juzgado desde el pasado 3 de octubre por considerarse partícipe en actos de represión, durante la última dictadura militar en el país. Cabe mencionar que los jueces del Tribunal Oral Federal 1 de Salta son quienes llevan adelante las audiencias del juicio, que podría desembocar en la segunda condena en su contra.

De esta forma, Marcos Levin, declarará el próximo miércoles, de acuerdo a lo que manifestó su abogado defensor, Marcelo Arancibia, en la última audiencia, realizada el pasado jueves. Es importante recordar que el acusado sigue el juicio desde el estudio profesional del letrado, con motivo de un problema de salud que le imposibilita estar presente en la sala del debate.

El empresario salteño está acusado de secuestrar y torturar a 17 trabajadores de La Veloz del Norte, una empresa que fue fundada por él y de la cual fue dueño durante la última dictadura militar en nuestro país. Según la demanda de la querella, Levín apeló a la máquina represiva del Estado para vigilar las protestas laborales de los empleados.

De esta forma, por medio de una falsa denuncia por fraude a la compañía, presentada en una comisaría, que funcionó como centro clandestino de detención, Levin provocó que entre el 20 de enero y el 24 de enero de 1977, en las provincias de Salta y Tucumán, la Policía haga secuestros y allanamientos en las casas y en los lugares de trabajo de los trabajadores, algunos de los cuales se llevaron a cabo durante los viajes de la empresa.

En este contexto, la acusación recae también sobre el ex jefe de personal de la empresa y 'mano derecha' del empresario, José Antonio Grueso y el ex comisario y ex jefe de la Comisaría Cuarta de la Policía, Víctor Hugo Almirón, que dio la orden de detención sin previa orden judicial. Los detenidos fueron llevados a ese lugar, situado en calle Lerma 656, y luego trasladados al penal de Villa Las Rosas.

El juicio es llevado a cabo por dicho tribunal, que tiene a la jueza Marta Snopek como presidenta y, como vocales, a Alejandra Cataldi y Abelardo Basbus. El fiscal que presenta la acusación contra Levin, Grueso y  Almirón, es Carlos Martín Amad.

Cómo se mencionó previamente, este es un nuevo juicio que enfrenta Levin, quien fue condenado en 2016 a 12 años de prisión, por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentas contra Víctor Manuel Cobos, hermano de una de las víctimas y también empleado de la firma.

No obstante, la sentencia fue anulada un año después por la Cámara Federal de Casación Penal, debido a que los jueces consideraron que los delitos eran comunes, por lo que ya habían prescrito. Después, la Corte Suprema de Justicia revocó esta medida y ordenó que se ratifique el fallo, algo que todavía no sucedió hasta ahora.

 En las últimas dos audiencias del juicio, se presentaron siete testigos, víctimas de esos delitos mencionados. Entre ellos, estaba Cobos, quien relató cómo fue su detención y posterior alojamiento en la comisaría Cuarta, donde fue sometido a diversas torturas, entre ellas, el 'picaneo'.

Fuente:VocesCriticas.com


12 de octubre de 2023

SALTA: Más empleados de La Veloz ratificaron las torturas.

 

Más empleados de La Veloz ratificaron las torturas 

"Me han hecho desvestir, me han tirado en una colchoneta y me han empezado a picanear"

Cinco ex trabajadores que fueron detenidos en 1977 a instancias del empresario Marcos Levin ratificaron la acusación. 

Por Elena Corvalan
Grueso, ex jefe de Personal de La Veloz del Norte. 

Seis personas testificaron ayer en la continuidad del juicio oral y público que en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Salta se sigue contra el empresario Marcos Jacobo Levin, el civil José Antonio Grueso y el ex comisario Víctor Hugo Almirón por los secuestros y torturas cometidos a principios de 1977 en perjuicio de 17 trabajadores de La Veloz del Norte, empresa que por aquella época pertenecía al empresario. 

De las seis, cinco son testigos víctimas, ex empleados de la transportista, todos afiliados a la Unión Tranviarios Automotor, que en enero de 1977 fueron detenidos ilegalmente y torturados en la Seccional Cuarta de la Policía de Salta, y obligados a firmar, ante el juez Jorge Alberto Trincavelli (f) "confesiones" falsas responsabilizándose de un supuesto fraude a la empresa. La frase del título, dicha por Aurelio Rada, sintetiza estos relatos. La sexta testiga, una vecina de la Comisaría Cuarta, dio cuenta de los ruidos de golpes y los gritos de dolor y pedidos de ayuda que provenían de la dependencia policial, que en la última dictadura cívico militar funcionó como centro clandestino de detención y torturas. 

En general, los testimonios de los ex trabajadores ratificaron la colaboración estrecha que se prestaban la transportista y la Policía de Salta. Y coincidieron en que fueron torturados en una "pieza" ubicada en el fondo de la Comisaría, con los ojos vendados, atados a camas cuchetas con colchones mojados, donde eran picaneados, y golpeados. Para tapar sus gritos encendían una motocicleta y una radio. 

El primer testigo de la jornada, Jorge Francisco Delaloye, declaró por videoconferencia desde Tucumán, donde reside. En 1977, con Carlos Pereira, Miguel Zelarrayán y los hermanos Emilio y Humberto Bórquez, integró un grupo de cinco empleados de La Veloz que fueron detenidos en aquella provincia, por dos hombres de la Brigada de Investigaciones de la Policía tucumana que le dijeron que era "un pedido del dueño de La Veloz del Norte". Fueron llevados a la sede de la Brigada y luego transportados a la ciudad de Salta en un colectivo de la transportista, con dos policías de Salta que los custodiaron hasta la Comisaría Cuarta, donde fueron recibidos por el propio Levin y Grueso, que era jefe de Personal, y era, en palabras del testigo, "el que digitaba todo, mandaba todo en la empresa", y que había elaborado la lista de personas a detener. 

Delaloye recordó que miembros de la Policía de Salta andaban siempre en un Ford Falcon celeste que era de la empresa. Contó que en la tortura le preguntaron por Víctor Cobos, que era delegado de la UTA en La Veloz del Norte y que también fue detenido y torturado, y también por el titular del gremio en Tucumán, Enrique Vázquez. Sobra la motivación para someterlos a este trato, interpretó que pudo deberse a que en las reuniones del sindicato también se hablaba de política "y eso ellos (los ejecutivos de La Veloz) no querían". 

Aseguró que los cinco detenidos en Tucumán fueron torturados, particularmente Pereira, que era delegado de la UTA en Tucumán. Y, ya en general, sostuvo que algunas de las personas detenidas "quedaron muy mal" por la tortura que sufrieron. 

Delaloye contó asimismo que una vez en libertad y ya en Tucumán, Levin los citó a su oficina para hablar con cada uno de ellos por separado y los amenazó: les dijo que debían renunciar o les iba a pasar lo mismo otra vez. Y renunció. 

El testimonio de Aurelio Rada desencadenó un cruce entre la fiscalía, que intentaba no preguntar sobre la tortura que sufrió para no caer en revictimizaciones, y el defensor oficial Federico Petrina, que reclamaba el derecho de preguntar libremente enrostrándole a la fiscalía que ella había solicitado este testimonio. "Hemos entrado (a la pieza del fondo en la Comisaría), me han hecho desvestir, me han tirado en una colchoneta y me han empezado a picanear", contó Rada que lo torturaron hasta que alguien abrió la puerta (lo que percibió a pesar de la venda por la entrada de luz) y preguntó: "a quién tenés ahí". "A Rada", respondió el torturador: "No, ese no tiene nada que ver", dijo la voz, y así se detuvo la tortura. 

Rada también contó que vio a Grueso en la Comisaría, dijo que era el jefe de personal y que diagramaba los viajes y aplicaba sanciones. Después, recordó que antes de liberarlo lo revisó un médico, aunque "la picana no deja huella", "pero las huellas quedan aquí", dijo señalándose la cabeza. 

Una persona recuperable 

Carlos Lídoro Aponte tenía 24 años y hacía menos de un año que trabajaba en La Veloz cuando fue detenido en la Cuarta, donde se había presentado después de que su madre le avisara que había ido a buscarlo la Policía. También fue torturado y su recuerdo más vívido pasa por el ruido del motor que encendían para ocultar sus gritos. En esa "pieza oscura" estaba otro compañero, Juan Alberto Alonso, "lo tenían tirado ahí y se veía que también lo torturaban, por la lucecita de la picana". 

Después de la tortura fue llevado ante el juez para que firmara una "declaración" ya confeccionada, que no pudo leer y sin la presencia de un abogado. Al principio se negó, el policía que lo llevó al calabozo amenazó con matarlo, y al final tuvo que acceder. Todo ese acto frente al juez fue también una tortura, lo obligaron a desnudarse delante de todos para que lo revisara un médico que previsiblemente "ha dicho que no tenía nada", ningún rasguño. 

También él vió a Levin y a Grueso en la Comisaría, en su caso los vio la noche de su detención, ingresando a la oficina del comisario, ya a deshoras de la noche. Aponte fue uno de los que recordó con mayor claridad la presencia policial en La Veloz del Norte, "se movían en los vehículos de la empresa. (El subcomisario Víctor Hugo) Bocos era el que hacía y deshacía todo ahí". Bocos ya fue condenado por la detención ilegal y las torturas a Víctor Cobos y en este juicio, sobre hechos referidos a otros trabajadores, fue apartado debido a su estado de salud. 

Cuando por fin fue liberado Aponte tuvo un agrio intercambio con Levin, al ir a dejar la ropa de la firma: "Me dice Levin que yo era una persona recuperable porque era joven". "¿Recuperable de qué?, yo no he hecho nada malo", respondió antes de dejar las mudas e irse. 

Aponte cree que el ensañamiento con ellos no fue solo porque eran afiliados a la UTA, sino porque eran de la rama peronista del gremio. 

Sebastián Lindor Gallará fue detenido en General Güemes y trasladado a la ciudad de Salta en el Ford Falcon celeste, también fue torturado y también ratificó la presencia policial en la empresa. 

Ciriaco Nolberto Justiniano fue detenido en la misma empresa y llevado a la Cuarta, donde fue torturado. El también dijo que había policías constantemente en La Veloz, "al señor Bocos se lo veía siempre en la empresa, incluso andaba en el auto de la empresa".  

Cincuenta años de prácticas terroristas 

Herminia Puppi fue la única testiga de ayer que no trabajaba en La Veloz del Norte. Su testimonio se incorporó a este proceso recién en 2015, cuando se acercó a exponer lo que desde su casa, vecina a la Comisaría Cuarta, escuchaba a diario, los ruidos de los golpes y los pedidos de auxilio de las personas torturadas. 

En 2015, en el juicio por los delitos cometidos contra Víctor Cobos, el tribunal inspeccionó el inmueble donde por 50 años funcionó la Comisaría Cuarta. Puppi se acercó entonces a relatar lo que había escuchado. "Era sistemática la forma de tratar del personal de la Cuarta en ese momento a las personas detenidas", relató. "Era tremendo escuchar los golpes, los pedidos de ayuda". Ella también recordó que para tratar de tapar esos sonidos la Policía encendía un motor y ponía música a alto volumen. Como vecinos, "no lo hemos pasado bien" en los 50 años que la Comisaría funcionó al lado, siguió. 

Aunque por en 1977 Puppi era docente en Las Lumbreras, recordó que volvía los fines de semana, así que también en ese año escuchó los ruidos de la tortura. 

Fuente:Salta12

4 de octubre de 2023

SALTA: La Veloz del Norte, testigos ratificaron la acusación.

 

La Veloz del Norte, testigos ratificaron la acusación 

"A todos nos torturaban, ponían música, nos vendaban los ojos y nos picaneaban"

El juicio contra el empresario Marcos Levin, el ex jefe de personal de su empresa de transporte de pasajeros y un jefe policial se inició con testimonios que dieron cuenta de la acción represiva conjunta de la Policía y la transportista. 

Por Elena Corvalan
Víctor Cobos y Sonia Rey, ex detenidos. 

Cuatro personas declararon en la primera jornada del juicio oral y público que en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Salta se sigue contra el empresario Marcos Jacobo Levin, su ex jefe de personal José Antonio Grueso y ex comisario Víctor Hugo Almirón por el secuestro y las torturas, cometidas entre el 20 y el 24 de enero de 1977, a 17 empleados de empresa de transporte de pasajeros La Veloz del Norte. 

Uno solo de los testigos, Víctor Cobos, trabajaba en la empresa, donde era delegado gremial y era también miembro de la comisión directiva de la UTA. También declaró su hermana, Cristina Cobos. Los otros dos testimonios fueron sobre detenciones que muestran la colaboración, en tiempos de la última dictadura cívico militar, entre los directivos de La Veloz y la Comisaría Cuarta, donde por entonces funcionaba un centro clandestino de detención y torturas. 

Por lo que se dijo en la audiencia de ayer, la Comisaría Cuarta tenía como una especie de extensión en las dependencias de la empresa de transporte, que por aquellos años pertenecía a Levin. Grueso era el jefe de personal, y Almirón, el jefe de la Cuarta. 

En la acusación, la fiscalía, representada por los fiscales Carlos Amad y Juan Manuel Sivila, aseguró que "En distintos procedimientos policiales realizados entre los días 20 de enero y el 24 de enero de 1977 en las provincias de Salta y Tucumán, efectivos de la Comisaría Cuarta de la policía de Salta a cargo del acusado Víctor Hugo Almirón procedieron a detener sin orden judicial a un grupo de aproximadamente 25 trabajadores de la empresa de transporte de pasajeros 'La Veloz del Norte". Añadió que estos operativos se justificaron con la denuncia que Levin presentó en la Cuarta el 21 de enero de 1977, por una supuesta defraudación a la empresa. Además, Grueso y Levin "aportaron previamente a las autoridades policiales la información necesaria para que las personas que iban a ser detenidas fueran halladas"

Estas personas, añadió la fiscalía, y también las querellas, eran trasladadas a la Cuarta, donde un grupo de policías, entre quienes se identificó a Víctor Bocos y a Enrique Cardozo, "bajo supervisión del comisario Víctor Hugo Almirón y del acusado Marcos Jacobo Levin, procedieron a torturar a las víctimas y las interrogaban sobre actividades sindicales, especialmente sobre Víctor Cobos". Luego de la tortura, fueron obligadas a firmar declaraciones incriminatorias cuyo contenido no se les permitió leer. Los testimonios de ayer fueron en el sentido de confirmar esta acusación. 

La frase del título la dijo Víctor Segovia, que compartió detención con los trabajadores de La Veloz. Segovia fue el segundo en declarar, llegó acompañado por un familiar, apoyándose en un bastón, sin embargo, la voz le salió firme cuando habló de su detención, en 1977. Era militante de la Juventud Peronista en Metán y había ido a la ciudad de Salta tratando de evadir la represión, pero fue detenido en el baño de la terminal de ómnibus y llevado a la Cuarta, donde fue torturado, igual que el resto de personas que estaban detenida ahí. 

"A todos nos torturaban, ponían la música, nos vendaban los ojos, nos picaneaban", describió. En la Comisaría estaban repartidos en dos calabozos, ahí supo que algunos de sus compañeros de padecimientos eran empleados de La Veloz. Para torturarlos los llevaban de a uno a una piecita en el fondo, recordó. Segovia fue liberado tras una semana de detención. Tiempo después reconoció la voz de uno de sus torturadores, el comisario Misael Sánchez, sin embargo, se quedó callado: "No decíamos nada por el miedo que teníamos", reconoció. 

El primer testimonio fue de Víctor Cobos. En enero de 1977 trabajaba para La Veloz como conductor de larga distancia, función en la que dependía directamente de Grueso y Levin. Contó que su relación laboral "no era de buen tenor" con los directivos porque era delegado de la UTA en La Veloz y miembro de la comisión directiva del gremio. Le tenían, dijo, "un odio total" por sus actividades gremiales.

Recordó que fue detenido al día siguiente de regresar de un viaje a Tucumán, que tuvo la curiosidad de que en Metán subió un pasajero que subió sin boleto le ofreció pagarlo pero que le hiciera el pasaje. Para Cobos, la empresa había intentado tenderle una trampa, sospecha que también se funda en que más adelante, ya en el ingreso a Salta, subieron Levin, Grueso y otras personas en una presunta inspección, y fueron directamente a este pasajero.

Ya sobre su secuestro, Cobos contó que fue a la mañana, cuando estaba en el garaje de la empresa. El comisario Víctor Bocos y el policía Figueroa (f) lo esposaron, le pusieron una capucha, lo subieron al Ford Falcon celeste, en el que andaba siempre Bocos (ya condenado en relación a este hecho), y lo llevaron a la Comisaría Cuarta, donde lo obligaron a permanecer todo el día de pie escuchando los gritos de otras personas torturadas, y escuchando también el ruido de una motocicleta, que los torturadores encendían para tapar los gritos. Cuando se acercaba la noche, fue llevado a la habitación del fondo que era usada para la tortura: "A las 6 de la tarde empieza mi suplicio, y así todos los días" mientras estuvo en esa dependencia, aseguró. 

Cobos dijo que recuerda a Figueroa porque lo llevó "a punta de pistola" para que firmara una declaración falsa ante el juez Jorge Alberto Trincavelli (f), confesando haber cometido fraude a la empresa. 

"Mucha gente fue torturada", dijo Cobos, a Miguel Ángel Rodríguez le quebraron la dentadura a patadas, Manuel Eugenio Modad "terminó loco" y también Juan Alonso (f) fue muy golpeado, detalló.

El caso de Víctor Cobos ya fue ventilado en otro juicio, que concluyó con la condena a 12 de prisión a Levin, Bocos y Almirón, y de 8 años para el también policía Enrique Víctor Cardozo (f). En este juicio solo Grueso está acusado en relación a los crímenes en perjuicio de Cobos. Sobre este ejecutivo, Cobos dijo que era quien planificaba los viajes de la transportista y los turnos, y añadió que el gerente de personal, Levin y la Policía armaron el cronograma de detenciones de trabajadores de la empresa. 

También habló del vínculo entre la transportista y la Policía: dijo que a mediados de 1976 empezaron a ver a Grueso recibiendo a Bocos en la empresa. Sobre este comisario, Cobos ratificó que se comportaba como un empleado de La Veloz del Norte, incluso andaba en un vehículo de la empresa y solía hacer inspecciones. También aseguró que por relatos de otros detenidos supo que Grueso "recibió a los detenidos de Tucumán riéndose".

Cobos estuvo detenido tres meses y recuperó la libertad abril de 1977. En su mayoría, los otros estuvieron detenidos un mes. Después de esa detención Cobos fue dejado cesante en la empresa y además lo vigilaban y no conseguía trabajo, así que tuvo que irse de la provincia. También recordó que después del golpe de estado recibió amenazas, y que cuando intentaron alguna acción sindical, la patronal les advirtió: "Ya van a ver donde van a terminar ustedes". 

Son 30 mil 

Cristina Cobos, hermana de Víctor e histórica militante de derechos humanos, también declaró ayer y confirmó los dichos de su hermano. Su testimonio tuvo la particularidad de que empezó y concluyó recordando a las víctimas del terrorismo estatal. Comenzó jurando decir la verdad “por 30 mil compañeros detenidos desparecidos, por memoria, verdad y justicia”, y al concluir ratificó: "en Argentina hay 30 mil compañeros desaparecidos por la complicidad de la cúpula empresarial y militares”.

“La cúpula empresarial se benefició grandemente con la política económica que implantó la dictadura militar y además participó activamente en la tortura, el secuestro de los obreros trabajadores y militantes políticos", afirmó, aunque aclaró que eso no comprendía a todo el empresariado. 

Sobre la persecución que sufrió su familia, peronista, en la dictadura, Cristina Cobos empezó recordando que el 25 de septiembre de 1976 una patota policial mató a su hermano menor, Martín Miguel Cobos. En realidad buscaban a otro hermano, Enrique Cobos, a quien esa misma madrugada en que Martín fue acribillado, Víctor Cobos y su padre le ayudaron a huir por Formosa. Cuando volvió de ese viaje y a su trabajo en La Veloz del Norte, Víctor comentó que tenía la impresión de que lo seguían, y en la familia “había una preocupación por lo que le podía pasar”.

Después de su detención Víctor Cobos se fue a Buenos Aires, con lo que “ya no tenían mucho contacto”. Sin embargo, cuando se desarrollaba el juicio por el homicidio de Martín, Cristina le comentó que entre los denunciados por ese hecho estaba el comisario Víctor Bocos, “entonces él dice: ese es el que me detuvo a mí”.

Carmen Juárez, la última en declarar, contó que para ir a su trabajo pasaba por el frente del garaje de La Veloz del Norte y siempre veía a policías de uniforme en ese lugar. Además, recordó que un día cercano a la fecha del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, su padre fue atacado por policías que sin motivo alguno lo golpearon desde atrás, y "lo llevaron y lo tuvieron detenido en La Veloz del Norte”, en el garaje, donde fue golpeado otra vez. Juárez destacó que a raíz de esa agresión, su padre quedó con secuelas en la columna. 

Por decisión del Tribunal, integrado para este caso por Marta Liliana Snopek, Alejandra Cataldi y Abelardo Basbus, este juicio se desarrolla de forma mixta. Como viene ocurriendo desde la pandemia, los acusados prefirieron asistir virtualmente, una forma de evitar encontrarse con militantes de organismos de derechos humanos. Sus caras, en una pantalla con varias ventanas, apenas se distinguían en la sala. Levin ya cumplió 83 años de edad, mientras que Grueso, tiene 75 años, y Almirón, 68. 

Fuente:Salta12