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13 de junio de 2013

BAHÍA BLANCA: Rompe el silencio un trabajador del cementerio de Punta Alta.

miércoles, 12 de junio de 2013
Rompe el silencio un trabajador del cementerio de Punta Alta

“Nos juramos nunca hablar de eso”
Radio Mega de Punta Alta difundió en su página web una entrevista a un trabajador que testimonió sobre el accionar militar durante la dictadura en el cementerio de Punta Alta donde ayer fueron hallados restos humanos que podrían pertenecer a personas detenidas desaparecidas.

“Un día de las tantas veces que entraban con jeeps y camionetas, uno de nosotros fue hasta la entrada del cementerio por calle Colón, para ver si se habían ido. Cuando estuvimos seguros fuimos unos cuantos al lugar donde se quedaban, porque como nos alejaban no veíamos qué hacían”, afirmó José Palacios.

Agregó que “al llegar al lugar nos dimos cuenta que habían removido tierra, como eran médanos no era difícil darse cuenta de que algo había pasado. Se notaban una especie de fosas, lo que nos generó más que miedo, terror. Nos juramos nunca hablar de eso, fue un pacto de silencio”.

Palacios se desempeña como albañil en la dependencia municipal rosaleña desde 1969 y declaró ante la justicia haber visto “como entraban al cementerio los militares entre los años 1976 y 1977. El lugar, por entonces, se transformó en una zona militar”.

“Cuando entraban al cementerio, a los que estábamos, nos encañonaban con fusiles. Nos retiraban del lugar a unos cien metros y entraban unos militares con las caras tapadas, ellos veían nuestras caras, pero nosotros no la de ellos”, dijo a Radio Mega.

“Nosotros mirábamos de lejos, y si nos movíamos se escuchaba cuando cargaban sus armas, eso daba miedo. En ese momento un suboficial estaba a cargo del cementerio”, continuó y agregó que
“los que nos apuntaban eran los infantes, nos retiraban a cien metros a nosotros y a los empleados municipales que estaban en el lugar. Actuaban en la zona donde encontraron los cuerpos, que por aquellos años era un baldío. En ese lugar permanecían un largo rato”, prosiguió el relato.

La nota firmada por Quique Gomez Lepez completa el testimonio:

“Un día de las tantas veces que entraban con jeeps y camionetas, uno de nosotros fue hasta la entrada del cementerio por calle Colón, para ver si se habían ido. Cuando estuvimos seguros fuimos unos cuantos al lugar donde se quedaban, porque como nos alejaban no veíamos qué hacían”, afirma Palacios.

Pero el relato del horror siguió: “Al llegar al lugar nos dimos cuenta que habían removido tierra, como eran médanos no era difícil darse cuenta de que algo había pasado. Se notaban una especie de fosas, lo que nos generó más que miedo, terror. Nos juramos nunca hablar de eso, fue un pacto de silencio”.

Indicó que hace poco tiempo, cuando tomó conocimiento que la porción de tierra en cuestión había sido comprada, le dijo a un conocido: “en ese lugar hay muertos”. Le dijeron que era imposible, pero dice: “yo sé lo que vimos, lo que hacían cuando venían, fueron unas 30 veces en dos años, entre 1976 y 1977″.

Palacios dice que no puede asegurar si los cuerpos que tiraban los militares eran de personas vivas o muertas.

“Después de más de 30 años, la historia me cierra, siempre había mucha gente, pero era todo cerrado. Inclusive fui testigo de velatorios a cajón cerrado, donde decían que los cajones no tenían cuerpos sino piedras. Los militares custodiaban los velatorios, y no dejaban que ni siquiera las familias se acercaran”, expuso.

El testigo de los entierros de la dictadura militar en el cementerio, sostiene que “eso nunca se me fue de la cabeza, los julepes (sic) que nos pegábamos eran terribles. Es imposible olvidar todo eso”.

Palacios aclaró que “todo lo que cuento no me lo dijo nadie, lo vi, lo viví. Y lo cuento porque mi vida ya pasó, pero es hora que todos sepan lo que pasaba en el cementerio. Ya no tengo miedo, sólo me gustaría que el que me apuntaba volviera a pararse frente a mí, hoy la situación sería otra”.

El relato del horror en vivo, el de un albañil que a 100 metros observaba junto a otros testigos, el accionar de los militares del proceso. “Son unos 60 metros de fosas, si buscan van a encontrar más de lo que piensan. Por mi parte ya dejé de temer, ya conté lo que vi y callé durante 37 años”.

Un equipo de antropólogos trabaja en el cementerio local

Un grupo de científicos trabaja desde hace instantes en el cementerio local, en el lugar donde la semana pasada un grupo de albañiles encontró restos humanos. Se trata de determinar si se trata de personas desaparecidas en el distrito, durante la dictadura militar de los setenta.

Se trata del equipo de antropología argentino, que en primera instancia se encuentra retirando capas de tierra donde fueron hallados los primeros cuerpos.

La tierra es colocada en recipientes que como todo lo trabajado, será motivo de análisis.

En el lugar se encuentra el fiscal Palazzani, además de la doctora María Tieste.

También observa las tareas el albañil José Palacios, quien en exclusiva para Mega relató el proceso del horror que llevaba adelante la dictadura militar, cuando los militares llegaban al cementerio en jeeps y camionetas.

"Estaban un rato largo, nos mantenían alejados y nos apuntaban, y luego se iban. Entre los años 1976 y 1977 eso lo hicieron unas treinta veces", relató Palacios y cuyo audio se encuentra en Presidencia de la Nación.
Fuente:CasaPueblos
Envío:Andrea Benítes-Dumont

12 de junio de 2013

BAHÍA BLANCA: "Ya conte lo que vivi y calle durante 37 años"‏.

Juicio V Cuerpo Ejército Bahía Blanca
Cobertura Periodística de los juicios orales por delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército y la Base Naval de Puerto Belgrano y las causas en  instrucción contra el Terrorismo de Estado y la Triple A.


“Nos juramos nunca hablar de eso”

Entraban_al_cementeRadio Mega de Punta Alta difundió en su página web una entrevista a un trabajador que testimonió sobre el accionar militar durante la dictadura en el cementerio de Punta Alta donde ayer fueron hallados restos humanos que podrían pertenecer a personas detenidas desaparecidas.
“Un día de las tantas veces que entraban con jeeps y camionetas, uno de nosotros fue hasta la entrada del cementerio por calle Colón, para ver si se habían ido. Cuando estuvimos seguros fuimos unos cuantos al lugar donde se quedaban, porque como nos alejaban no veíamos qué hacían”, afirmó José Palacios.
Agregó que “al llegar al lugar nos dimos cuenta que habían removido tierra, como eran médanos no era difícil darse cuenta de que algo había pasado. Se notaban una especie de fosas, lo que nos generó más que miedo, terror. Nos juramos nunca hablar de eso, fue un pacto de silencio”.
Palacios se desempeña como albañil en la dependencia municipal rosaleña desde 1969 y declaró ante la justicia haber visto “como entraban al cementerio los militares entre los años 1976 y 1977. El lugar, por entonces, se transformó en una zona militar”.
“Cuando entraban al cementerio, a los que estábamos, nos encañonaban con fusiles. Nos retiraban del lugar a unos cien metros y entraban unos militares con las caras tapadas, ellos veían nuestras caras, pero nosotros no la de ellos”, dijo a Radio Mega.
“Nosotros mirábamos de lejos, y si nos movíamos se escuchaba cuando cargaban sus armas, eso daba miedo. En ese momento un suboficial estaba a cargo del cementerio”, continuó y agregó que
“los que nos apuntaban eran los infantes, nos retiraban a cien metros a nosotros y a los empleados municipales que estaban en el lugar. Actuaban en la zona donde encontraron los cuerpos, que por aquellos años era un baldío. En ese lugar permanecían un largo rato”, prosiguió el relato.
La nota firmada por Quique Gomez Lepez completa el testimonio:
“Un día de las tantas veces que entraban con jeeps y camionetas, uno de nosotros fue hasta la entrada del cementerio por calle Colón, para ver si se habían ido. Cuando estuvimos seguros fuimos unos cuantos al lugar donde se quedaban, porque como nos alejaban no veíamos qué hacían”, afirma Palacios.
Pero el relato del horror siguió: “Al llegar al lugar nos dimos cuenta que habían removido tierra, como eran médanos no era difícil darse cuenta de que algo había pasado. Se notaban una especie de fosas, lo que nos generó más que miedo, terror. Nos juramos nunca hablar de eso, fue un pacto de silencio”.
Indicó que hace poco tiempo, cuando tomó conocimiento que la porción de tierra en cuestión había sido comprada, le dijo a un conocido: “en ese lugar hay muertos”. Le dijeron que era imposible, pero dice: “yo sé lo que vimos, lo que hacían cuando venían, fueron unas 30 veces en dos años, entre 1976 y 1977″.
Palacios dice que no puede asegurar si los cuerpos que tiraban los militares eran de personas vivas o muertas.
“Después de más de 30 años, la historia me cierra, siempre había mucha gente, pero era todo cerrado. Inclusive fui testigo de velatorios a cajón cerrado, donde decían que los cajones no tenían cuerpos sino piedras. Los militares custodiaban los velatorios, y no dejaban que ni siquiera las familias se acercaran”, expuso.
El testigo de los entierros de la dictadura militar en el cementerio, sostiene que “eso nunca se me fue de la cabeza, los julepes (sic) que nos pegábamos eran terribles. Es imposible olvidar todo eso”.
Palacios aclaró que “todo lo que cuento no me lo dijo nadie, lo vi, lo viví. Y lo cuento porque mi vida ya pasó, pero es hora que todos sepan lo que pasaba en el cementerio. Ya no tengo miedo, sólo me gustaría que el que me apuntaba volviera a pararse frente a mí, hoy la situación sería otra”.
El relato del horror en vivo, el de un albañil que a 100 metros observaba junto a otros testigos, el accionar de los militares del proceso. “Son unos 60 metros de fosas, si buscan van a encontrar más de lo que piensan. Por mi parte ya dejé de temer, ya conté lo que vi y callé durante 37 años”.
Envío:Agnddhh

7 de noviembre de 2012

BAHÍA BLANCA: LECTURA FRUSTRADA.


LECTURA FRUSTRADA
Pedidos de la Fiscalía, las querellas, parte de las defensas públicas y particulares desactivaron esta tarde la intención del tribunal oral bahiense de dar lectura integra a los fundamentos de la sentencia cuya parte resolutiva se conoció el pasado 12 de septiembre condenando a 17 genocidas del V Cuerpo de Ejército.
Fuera y dentro de la sala se repartían testigos, familiares de víctimas, integrantes de la Comisión de Apoyo a los Juicios y otras organizaciones locales. Habrá una nueva audiencia el jueves 21 a las 12.
El dr. Jorge Ferro abrió la audiencia leyendo un planteo de los defensores privados Walter Tejada, Hernán Vidal y Eduardo San Emeterio y los oficiales Alejandro Castelli y Leonardo Brond solicitando el extenso trámite.
Los jueces aceptaron el reclamo “sin perjuicio de la gran extensión de esta sentencia, como de las varias y complejas soluciones que se tuvieron que resolver, el excesivo, desusado e irrazonable lapso que demandaría su lectura a fin de dar cabal y jurídicamente respuesta a todas las pretensiones de todas las partes en este juicio”.
Incluyeron el aval a un planteo similar firmado hoy por los dos únicos condenados que fueron trasladados hasta Colón 80, los ex policías federales de Viedma Carlos Contreras y Héctor Gonçalvez.
El fiscal Abel Córdoba calculó que la lectura ocuparía “varias semanas” y exigió que la orden de lectura sea  revocada “dado que la Fiscalía no pudo intervenir previamente e importan una pretensión razonable de las defensas dado que la modalidad que podría asegurar de mejor modo los derechos de defensa es la entrega del bloque de fundamentos”.
“Permitiría a las partes recurrir en un tiempo anterior, con lo cual lejos de asegurarse el derecho de defensa se lo perjudica. La oralidad ha quedado atrás y lo que está en juego es la publicidad del acto que se asegura entregando los argumentos como se ha hecho en cada uno de los juicios orales”, afirmó sumando la adhesión de las querellas.
El defensor oficial Leonardo Brond aceptó los argumentos y desistió del pedido original porque “si se nos entrega una copia firmada para nosotros estaría cumplido el acto de notificación y la publicidad”. Su colega Gustavo Rodríguez agregó que esa es “la postura que sostiene la Defensoría Oficial”.
“Yo me conformo con la entrega del soporte magnético o en papel de la sentencia”, dijo el teniente coronel Mauricio Gutiérrez ansioso por ir a escribir apelaciones para lo que pidió “un plazo mayor de diez días”.
Además, tuvo por leída la sentencia no leída y pidió su nulidad: “Condal tiene errores en la fundamentación porque está condenado por los padecimientos de Alicia Partnoy y no estaba acusado”. Más adelante el fiscal le reprochó “preconsiderar” sin conocer los argumentos a atacar.
Vidal y Tejada mantuvieron “los términos”, San Emeterio intentó leerle al tribunal el artículo del Código Penal en discusión  y el presidente lo cortó: “Doctor, lo conocemos al 400. Creo que está de más la lectura porque algo sabemos, no mucho, pero algo sabemos”.
“Por lo que veo han cambiado su postura porque en la Subzona 14, que yo fui el presidente en Santa Rosa en 2010, ustedes consintieron que no se leyera. Creo que el dr. Vidal era uno de los más destacados letrados que yo conocí en ese juicio. ¿Ha cambiado la postura doctor? En ese momento no tuvo ningún inconveniente en convalidar que se entregaran copia CD y papel escrito”, preguntó el dr. Triputti.
“El artículo sigue siendo el mismo pero la temática de lo que se debatió en el juicio, la arbitrariedad de la sentencia y el pedido de mis defendidos, por eso están acá…”, improvisó Vidal.
Variando el temperamento
Un cuarto intermedio de más de cuarenta minutos después, el juez Ferro leyó la resolución. “Un nuevo reexamen de la cuestión y los argumentos esgrimidos por la mayoría de las partes determinan a este tribunal variar el temperamento adoptado en su respecto dejando sin efecto y consecuencia lo decidido”.
Destacó la extensión “fuera de lo normal” que tienen los juicios de lesa humanidad y tomó como fuente de derecho a “la costumbre” que implicó la no lectura en otros tribunales orales y los avales implícitos de los tribunales superiores que no las han anulado.
Y cerró el “sentido común” dado que “no hay afectación al debido proceso ni al derecho de defensa ni el principio de legalidad” y, “por el contrario, da más tiempo a las defensas para elaborar las apelaciones”.
El próximo jueves 21 de noviembre a las 12 en Colón 80 el tribunal entregará soportes digitales y en papel a cada una de las partes y los medios de comunicación “a fin de garantizar aun más la publicidad” del juicio.
Fuente:JuicioVCuerpoEjercitoBB                            

14 de septiembre de 2012

OPINIÓN.Sobre juicio Bahía blanca.

14/9/2012
Opinión 
Tardó, pero al final llegó la Justicia 
La causa de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) por violaciones a los derechos humanos es, seguramente, la más emblemática del país. Pero lo que sucedió este miércoles en Bahía Blanca, con las sentencias condenatorias a un grupo de represores del V Cuerpo de Ejército, fue un paso tan relevante como aquél en razón de las características propias del lugar. 

Esa ciudad bonaerense quizá siga siendo hoy el principal enclave que tienen los sectores pro-militares en la Argentina, y especialmente la Marina. No solamente por la presencia de la enorme base naval de Puerto Belgrano, sino por una sociedad que, en buena parte, con actos y omisiones, no ha repudiado con tanta firmeza los crímenes de la última dictadura militar. 

Por esa razón, quienes lucharon desde un primer momento en favor de la realización del juicio, y estuvieron directamente o indirectamente involucrados en él, admitieron que les era muy difícil creer que la justicia hubiese llegado allí. 

Otra imagen con fuerte carga simbólica que dejó el proceso fueron los aplausos con que se recibieron cada una de las sentencias a prisión perpetua que leyó el tribunal en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur. 

En ese centro académico estudiaban en 1976 muchos de los alumnos que terminaron siendo víctimas fatales de esos coroneles, policías y penitenciarios que estuvieron sentados en el banquillo. Ha pasado mucha agua bajo el puente en materia de derechos humanos. 

Desde el histórico juicio a las juntas militares, pasando por las leyes del perdón, los indultos y sus derogaciones. Cada una de esas decisiones fue tomada en momentos políticos diferentes, aunque el menemismo fue, sin dudas, el que menos hizo para investigar la represión ilegal que se desató en la década de los setenta. 

Sin embargo, este camino de justicia que se está transitando -y que se inició con las condenas a los comandantes- no es el triunfo de un gobierno o de un sector de la sociedad. Es la victoria de un país que, al menos en esta cuestión, ha tratado de ser justo con los que no pudieron defenderse. 

En todo caso el mérito mayor recae en los organismos defensores de los derechos humanos como Madres, Abuelas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos o el CELS. 

Sus integrantes desplegaron el mayor compromiso por la necesidad de enjuiciar a los genocidas desde los años mismos de la dictadura y arriesgando sus vidas -de hecho, no pocos mártires aportaron sus filas-, cuando tantas figuras públicas actuales no se atrevieron a seguirlos. 

La causa del V Cuerpo, a diferencia de lo ocurrido en La Pampa, involucró a víctimas caídas en "enfrentamientos" fraguados, desapariciones forzadas, secuestros de bebés y detenciones ilegales ocurridas incluso fuera de esa jurisdicción.

Dejó al descubierto una coordinación de las fuerzas de seguridad, dentro de un gran plan sistemático que contó con la complicidad de sectores empresariales, judiciales y eclesiásticos que boicotearon el proceso judicial. Es difícil saber, como lo advirtieron algunos actores, si este fallo marcará un antes y después para Bahía Blanca. 

El miércoles era advertible que mientras un millar de militantes vivaban las condenas en dos actos diferentes, a una cuadra de allí, en la plaza principal, no pocos bahienses caminaban indiferentes a un acontecimiento de tanta trascendencia. Ahora se aguarda otro juicio a integrantes del Ejército y después vendrá el que tiene como imputados a un grupo de marinos.

La rueda judicial avanzará a pesar de los obstáculos. Ha pasado mucho tiempo y algunos de los represores que debieron estar sentados ante el tribunal han fallecido. Lo cierto es que puede decirse que hubo justicia. 

Es un logro nada menor de la democracia argentina que ha alcanzado lo que muchos países más avanzados y "civilizados" no pueden mostrarle a sus propios habitantes.
Fuente:LaArena

13 de septiembre de 2012

BAHÍA BLANCA: DIECISIETE REPRESORES CONDENADOS, CATORCE A PERPETUA, POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD.

DIECISIETE REPRESORES CONDENADOS, CATORCE A PERPETUA, POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD EN BAHIA BLANCA
Con un reclamo contra la complicidad mediática
El tribunal ordenó que se enviara a los condenados a una cárcel común y que se investigara a los directivos del diario La Nueva Provincia. El juicio lo llevaron adelante jueces subrogantes porque los locales no garantizaban independencia.
Por Diego Martínez
Los condenados deberán cumplir la pena en “una prisión común” del Servicio Penitenciario Federal.Imagen: Télam
Bahía Blanca empezó ayer a rendir cuentas con su pasado. Un tribunal integrado por jueces subrogantes, con la independencia que los titulares no garantizaban, condenó a prisión perpetua a catorce represores por delitos de lesa humanidad durante “la última dictadura cívico-militar”, enfatizó Jorge Ferro al leer la sentencia. El tribunal ordenó que se revoquen excarcelaciones y arrestos domiciliarios y que se envíe a los condenados a una cárcel común; pidió que se investigue al ex capellán Aldo Vara, a quien la Iglesia Católica escondió en Cuyo, y que se envíen a primera instancia las publicaciones del diario La Nueva Provincia, que además de comunicados para encubrir fusilamientos publicaba fotos que sólo los servicios de inteligencia tenían. Los jueces solicitaron que se investigue a los directivos del diario, hoy a cargo del apologista de la tortura Vicente Massot, por posibles “delitos de acción pública”.
“Además de justa fue una condena muy valiente, que indica por qué camino hay que seguir: La Nueva Provincia y los religiosos”, señaló el fiscal Abel Córdoba en medio de mil abrazos. “No me sorprendió, confirma las hipótesis de la fiscalía: los directivos del diario no sólo deben ser investigados por los asesinatos de Heinrich y Loyola”, agregó en referencia a los delegados gremiales secuestrados, torturados y asesinados en 1976. “Fue un gesto de enorme valentía”, destacó el ex fiscal general Hugo Cañón, que impulsó la causa cuando Bahía era tierra arrasada. “Fue una condena ejemplar, parecía una utopía”, celebró.

La jornada comenzó con las últimas palabras de Jorge Granada, el militar que en 2003 ayudó a escaparse a su amigo Luis Patti. “Soy víctima de un Poder Judicial sesgado”, dijo. “No tengo motivo para decir que los jueces son arbitrarios –se desdijo en segundos–, pues no tuvieron inconvenientes en desprocesarme” (por su rol en el Batallón de Inteligencia 601). “Para derrotar la subversión soy consciente de que se ha lastimado a familias, pero hoy se sigue haciendo lo mismo amparados en leyes”, se permitió comparar.

La fiesta arrancó con un acto de agrupaciones de izquierda y familiares. “Lo importante es que estamos todos en la calle. Hay que escuchar todas las voces sin censurar ninguna expresión”, explicó Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, quien destacó la necesidad de investigar las desapariciones de Julio López y Luciano Arruga y de avanzar con los crímenes de la Triple A.

Sobre el escenario un músico dedicaba un tema “a la memoria de Pepe Zamorano”, un cura con quien se formaron varios pibes que terminaron desaparecidos. Zamorano murió el domingo a los 80 años.

La lectura de la sentencia fue a sala completa: 280 personas en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur. Veinticuatro policías y gendarmes rodearon a los imputados, a quienes acechaban las temibles Nora Cortiñas y Celia Korsunsky, Madre de Bahía Blanca. En la misma fila estuvo el intendente Gustavo Bevilacqua. A la izquierda los fiscales Córdoba, Horacio Azzolín y Félix Crous, con el equipo de la Fiscalía, y los querellantes. A la izquierda, en silla de ruedas, el ex camarista Luis Cotter, quien presidió el primer tribunal que declaró inconstitucionales la obediencia debida y los indultos.

Ferro, que comparte tribunal con José Triputti y Martín Bava, arrancó con la lectura de las desestimaciones. La primera perpetua fue para el general Juan Manuel Bayón. La sala aplaudió varios segundos, igual que con las trece perpetuas que siguieron. Los imputados escucharon las condenas sin inmutarse, con tres excepciones: Carlos Ta-ffarel se rascó la bocha, Jorge Masson negó con la cabeza y Vicente Forchetti masticó chicle y miró la hora cuando la enumeración de delitos parecía interminable.

Ferro detalló en cada caso nombres de víctimas y delitos imputados: privaciones ilegales de la libertad, tormentos agravados, homicidios calificados por alevosía, por la cantidad de asesinatos y la planificación de la impunidad, y sustracción, retención y ocultamiento de menores por los nacimientos en cautiverio de los hijos de Graciela Romero y Graciela Izurieta, que aún no recuperaron su identidad.

El tribunal afirmó por unanimidad que los delitos son “crímenes de lesa humanidad”, en tanto Ferro y Bava consideraron que “se perpetraron en el marco del genocidio sufrido durante la última dictadura cívico-militar”. La sala estalló en un aplauso cuando Ferro leyó que se ordenaba el cumplimiento de la pena en “una prisión común” del Servicio Penitenciario Federal y, de no haber cupo, del provincial más cercano a los (ex) domicilios de los condenados. El tribunal también pidió las respectivas bajas al Ejército, Policía Federal y Servicio Penitenciario, y a la presidenta de la Nación, la destitución de los militares.

El punto 34 fue el pedido de investigar a los Massot. Por los asesinatos de los ex delegados Heinrich y Loyola, sobre los que (des)informaron en veinte líneas cuando aparecieron los cadáveres y nunca volvieron a mencionar, hay ocho marinos y prefectos con procesamiento firme. El tribunal pide ahora que se investiguen posibles delitos que surgen de las publicaciones. El fiscal Córdoba pidió el año pasado que se allanara la sede del diario, pero ni el ex juez Alcindo Alvarez Canale ni el juez ad hoc Eduardo Tentoni se animaron a dar ese paso.

“¿Dónde está mi hermano?”, les gritó Adriana Metz a los condenados cuando concluyó la lectura de la sentencia. Mario Méndez, “El loco de la Guerra” en el recuerdo de los colimbas, reaccionó y se trenzó a gritos con Nora Cortiñas. Cañón y Eduardo Hidalgo, secretario general de la APDH bahiense, se abrazaban y lloraban.

“Son asombrosos, independientemente de la magnitud de las condenas, los efectos civiles y políticos de algunos puntos de la sentencia, como la orden de dar de baja a los condenados. Me sorprendió gratamente la orden de investigar a La Nueva Provincia”, destacó Martín Fresneda, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Empezamos a caminar”, se esperanzó Celia Korsunsky, con su pañuelo blanco sobre la cabeza, y cerró con una pregunta: “¿Se animarán con La Nueva Provincia?”.


Los condenados
Juan Manuel Bayón, 85 años, general, fue jefe del Departamento III Operaciones del Cuerpo V en 1976 que conducían Osvaldo Azpitarte y Adel Vilas. Condendo a prisión perpetua.

Osvaldo Bernardino Páez, 81 años, teniente coronel. Identificado como el interrogador que oficiaba de “bueno” durante las torturas en La Escuelita. Perpetua.

Hugo Jorge Delmé, 76 años, coronel. Encargado de negarles información a los familiares que iban a reclamar por los desaparecidos. Perpetua.

Jorge Enrique Mansueto Swendsen, 80 años, coronel. Fue jefe del Batallón de Comunicaciones 181, por el que pasaron varios después de sus cautiverios en La Escuelita. Perpetua.

Walter Bartolomé Tejada, 82 años, coronel. Integró el Departamento II Inteligencia. Perpetua.

Hugo Carlos Fantoni, 83 años, coronel, ex jefe del Departamento I Personal del Cuerpo V. Perpetua.

Norberto Eduardo Condal, 68 años, coronel, ex miembro del Destacamento de Inteligencia 181 y del Departamento II de Inteligencia. Perpetua.

Carlos Alberto Taffarel, 65 años, coronel. Jefe de la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181. Perpetua.

Jorge Horacio Granada, 66 años, teniente coronel. Fue jefe de la sección Actividades Psicológicas Secretas del Destacamento de Inteligencia 181 y ayudó a escaparse a Luis Patti en 2003. Perpetua.

Jorge Aníbal Masson, 59 años, teniente coronel. Integró el “equipo de combate contra la subversión”, que se encargaba de secuestrar y trasladar víctimas a La Escuelita. Perpetua.

Mario Carlos Méndez, 59 años, teniente coronel. Integró los grupos de tareas y fue condecorado por “heroico valor en combate” en la masacre de dos militantes encerrados en su departamento. Perpetua.

Vicente Antonio Forchetti, 83 años, comisario de la Policía Federal, a cargo de la delegación Viedma, intervino personalmente en varios secuestros. Perpetua.

Héctor Arturo Goncálvez, 70 años, sargento de la PF. Perpetua.

Héctor Jorge Abelleira, 72 años, comisario de la PF. Perpetua.


Carlos Alberto Contreras, 65 años, sargento de la PF. 18 años de prisión.

Andrés Reynaldo Miraglia, 70 años, oficial del Servicio Penitenciario Federal. Fue jefe de la cárcel de Villa Floresta. 17 años y seis meses de prisión.

Héctor Luis Selaya, 71 años, abogado y oficial retirado del SPF, jefe de Villa Floresta en 1977. 17 años y seis meses de prisión.
FuentedeOrigen:Pagina12
Fuente:Agnddhh

Condenaron a prisión perpetua a 14 acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca 
Lo dispuso este miércoles el Tribunal Oral Federal de esa ciudad. Los otros tres imputados fueron sentenciados a penas de entre 18 y 17 años y medio de prisión. 
Se investigan delitos en perjuicio de 90 víctimas en el ámbito del Quinto Cuerpo de Ejército

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, integrado por los jueces Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava, dio a conocer este miércoles la sentencia en el juicio oral en esa ciudad por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

El juicio oral se llevó adelante en el marco de la causa denominada “Bayón, Juan Manuel y otros”, donde se investigaron crímenes contra los derechos humanos cometidos en perjuicio de 90 víctimas en el área del V Cuerpo del Ejército.

Fueron condenados a prisión perpetua Juan Manuel Bayón, Hugo Jorge Delmé, Jorge Horacio Granada, Norberto Eduardo Condal, Carlos Alberto Taffarel, Mario Carlos Antonio Méndez, Hugo Carlos Fantoni, Walter Bartolomé Tejada, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Jorge Aníbal Masson, Osvaldo Bernardino Páez, Vicente Antonio Forchetti, Héctor Jorge Abelleira y Héctor Arturo Gonçalves.

En tanto, condenó a Carlos Alberto Contreras a la pena de 18 años de prisión y a Andrés Reynaldo Miraglia y a Héctor Luis Selaya a 17 años y 6 meses de prisión.

En su resolución, el tribunal dijo que la totalidad de los delitos enunciados “resultan ser crímenes de lesa humanidad” y, por mayoría, que “fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico-militar”.

Asimismo, decidió revocar las excarcelaciones concedidas oportunamente a Abelleira, Bayón, Condal, Contreras, Delmé, Forchetti, Gonçalves, Mansueto Swendsen, Miraglia, Páez, Selaya y Tejada; y el beneficio de detención domiciliaria concedido a Fantoni. Por otro lado, resolvió que el cumplimiento de la pena sea en prisiones comunes bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal.

“En caso en que no existiere tal posibilidad, se procurará el pertinente cupo en las prisiones provinciales que correspondan al domicilio del condenado”, añadió. Los jueces fijaron la audiencia de lectura de fundamentos de la sentencia para el 9 de noviembre próximo, a las 12.
FuentedeOrigen:www.cij.gov.ar
Fuente:Agndh

14 perpetuas y el ojo sobre LNP 
Publicado el 12/09/2012 






































El Tribunal Oral Federal subrogante de Bahía Blanca condenó a cadena perpetua a 14 de los 17 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el V Cuerpo de Ejército. Además ordenó 17 años y medios de prisión para dos de ellos y 18 para el restante. 

Dichos crímenes, según los jueces Ferro y Bava con la opocisión de Triputti, fueron enmarcados “en el genocidio sufrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar”. 

Las penas deberán ser cumplidas en cárceles del Servicio Penitenciario Federal o provinciales y los imputados deberán ser expulsados de sus fuerzas. Otras resoluciones importantes del fallo ordenan a los juzgados federales a investigar la posible comisión de delitos por parte del diario La Nueva Provincia a partir de las publicaciones que sustentaban las versiones de enfrentamientos fraguados propuestas por el V Cuerpo de Ejército; la complicidad del cura católico Vara; dio curso a cuatro pedidos de falsos testimonios solicitados por la Fiscalía y rechazó un planteo similar de las defensas contra un integrante del Equipo de Antropología Forense. 

Las perpetuas fueron para los integrantes del Ejército Argentino Osvaldo Bernardino Páez, Hugo Jorge Delme, Juan Manuel Bayón, Mario Carlos Antonio Méndez, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Jorge Aníbal Masson, Hugo Carlos Fantoni, Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Condal, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Héctor Arturo Gonçalves; y los policías federales Vicente Antonio Forchetti y Héctor Jorge Abelleira. 

Para los ex directores de la UP4, Reynaldo Miraglia y Héctor Selaya, serán 17 años y medio y para el federal Carlos Contreras 18 años.
Fuente:Causa V Cuerpo de Ejército

10 de septiembre de 2012

BAHÍA BLANCA: El 12 de septiembre se conocerán el veredicto y las sentencias de la causa Vº Cuerpo.

La fiscalía pidió perpetua para 14 de los 17 acusados 
Bahía Blanca: El 12 de septiembre se conocerán el veredicto y las sentencias de la causa Vº Cuerpo 
General de Brigada (RE) Juan Manuel Bayón: le da nombre a la causa, y es el acusado de mayor rango militar. 
El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca fijó para el 12 de septiembre próximo la fecha de la sentencia en el juicio oral que se realiza en esa ciudad por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar, según informaron fuentes judiciales. 

En el juicio, que se inició el 28 de junio de 2011, se encuentran imputadas 17 personas, entre integrantes del Ejército, Policía Federal y del Servicio Penitenciario Bonaerense. La causa que se investiga está caratulada "Bayón, Juan Manuel y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Bombara, Daniel José y otros en Área controlada operacional Cuerpo Ejército V". 

El representante del Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de Derechos HUmanos de la Nación y tres querellas solicitaron la pena de prisión perpetua para catorce de los diecisiete imputados. 

Ellos son el general de brigada (RE) Juan Manuel Bayón, los coroneles retirados Mario Carlos Antonio Méndez, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Jorge Aníbal Masson, Hugo Carlos Fantoni, Norberto Eduardo Condal y Carlos Alberto Taffarel, los tenientes coroneles retirados Osvaldo Bernardino Páez, Walter Bartolomé Tejada y Jorge Horacio Granada y el mayor retirado Hugo Jorge Delme, quienes integraron el V Cuerpo de Ejército en el tiempo en que ocurrieron los hechos. 

Y también Héctor Arturo Goncalves, Vicente Antonio Forchetti y Héctor Jorge Abelleira, que actuaron en la represión como integrantes de la Policía Federal. Para Carlos Alberto Contreras, de la misma fuerza policial, el fiscal pidió una pena de 21 años de prisión, mientras que para Héctor Luis Selaya y Reynaldo Miraglia, del Servicio Penitenciario Bonaerense, solicitó 25 años de cárcel. El TOF bahiense está integrado por los jueces Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava.
Fuente:Telam

17 de agosto de 2012

BAHÍA BLANCA: Alegatos de los represores : Endeble y previsible.


jueves, 16 de agosto de 2012

Alegatos de los represores : Endeble y previsible

Publicado el 15/08/2012 por efemedelacalle   

Así definió el fiscal Abel Córdoba lo escuchado hasta la noche del martes en los alegatos de las defensas particulares en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el V Cuerpo de Ejército. La semana pasada comenzaron los dres. Hernán Vidal y Eduardo San Emeterio, ayer fue el turno del teniente coronel Mauricio Gutiérrez y esta mañana expusieron Luis De Mira y Walter Tejada (h).

En el medio, se realizó una audiencia ante el juez federal Santiago Martínez donde San Emeterio intentó fundamentar una recusación contra el fiscal por “faltas de cortesía”, parcialidad y por la difundir sus actos judiciales.

“Vienen siendo previsibles, pidiendo las absoluciones y sin poder referirse más que a aspectos laterales de los testimonios. Los hechos no los están discutiendo. Partimos de la base que estos hechos ocurrieron tal como dicen las víctimas y la responsabilidad la intentan deslindar en los acusados muertos”, explicó Córdoba.

La estrategia de culpar a los muertos se vio claramente en el caso del torturador Julián “Laucha” Corres que era uno de los imputados del juicio y “a partir de su muerte empieza a integrar la lista de los culpables en el discurso de los defensores”.

“Lo mismo ocurrió con (Santiago) Cruciani. Hoy alegó Gutiérrez que fue su defensor y bregaba por su inocencia. A partir de que murió, agarró otras defensas y empezó a manifestar que el culpable de todo fue Cruciani. Sigue esa línea que no está probada y hasta ahora nos tiene tranquilos en el sentido de que no hay ninguna objeción notoria ni siquiera que amerite respuesta. Previsible, muy endeble la defensa, pero es parte del ejercicio que están haciendo”, agregó Córdoba.

La única excepción entre los muertos señalados como responsables de los crímenes imputados a los hombres del Destacamento de Inteligencia 181 representados por Gutiérrez -Granada, Condal y Taffarel- es el coronel Aldo Mario Álvarez: “Es el único que estaría vivo y ellos culpan, pero se trata de un alto oficial que no tiene atenuantes su responsabilidad”.

Para el fiscal la actitud de los defensores confirma “el pacto de silencio” acerca del destino de los desaparecidos y los bebés nacidos en cautiverio y “lo hacen no solo a 35 años de los hechos sino después de escuchar a centenares de testigos”.

Según la estimación del titular del Ministerio Público este jueves o el martes próximo terminarían los alegatos y comenzarían a descontarse los diez días que tendrá el tribunal para resolver sobre el futuro de los 17 genocidas acusados. Si bien se contempla la posibilidad de réplicas de las partes luego de la ronda de alegatos, al menos desde la Fiscalía no se haría uso de dicha opción.

Todos contra el fiscal

Los abogados defensores Hernán Vidal y Eduardo San Emeterio hicieron su aporte a la batería de recusaciones contra el dr. Abel Córdoba y pidieron su apartamiento de la causa que investiga los crímenes del Ejército Argentino, la nulidad de la misma y la liberación de los reos.

Ayer a mediodía se realizó una audiencia en el juzgado que subroga el dr. Santiago Martínez donde San Emeterio no sostuvo la mayoría de sus consideraciones sino que se basó “en faltas de cortesía de parte de la Fiscalía como, por ejemplo, falta de saludo o la imposibilidad -dada la confrontación judicial que hay- de tomar café juntos. Todas cuestiones que admití como ciertas -dijo Córdoba- pero que no hacen a la causal por la cual se recusa o se buscan semejantes efectos en la causa”.

También se discutió sobre la necesidad del fiscal de mantenerse imparcial o no: “El planteo de ellos es que el fiscal tiene que ser imparcial y objetivo y el planteo nuestro es que el fiscal es parte del proceso y que asegura las garantías del acusado, que están a cargo del defensor, persiguiendo la sanción de estos crímenes e imputando”.

Los defensores plantearon que la conducta de Córdoba es “vengativa” porque apeló detenciones domiciliarias, punto que ratificó como “una postura profesional e institucional” que, por otra parte, “depende de los jueces que no han sido recusados”.

Finalmente se quejaron por la publicidad dada desde Fiscalía a las audiencias y actos institucionales. Córdoba alegó en ese sentido que la propia Corte Suprema “no solo tiene una página web donde saca a publicidad cada uno de los actos sino que incluso tiene un canal de televisión digital, con lo cual, es parte de la impronta judicial actual con los medios de comunicación”.

Por si no bastase la liviandad de los argumentos de la recusación, sus impulsores la presentaron de manera extemporánea: “Tenían 48 horas y lo hicieron a los cinco días, con lo cual no va a tener procedencia. Igual el juez prefirió hacer la audiencia, escuchar los alegatos y decidirá en los próximos días”.

Lentoni sin causa pero con tiempo

En la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad en la jurisdicción de la Armada Argentina hay recusaciones similares de las defensas contra el fiscal donde se concretaron los correspondientes alegatos de las partes, pero lo que más preocupa al avance del juicio son las irregularidades del juez ad hoc Eduardo Tentoni que “ha incurrido en gravísimas conductas personalmente”.

Tal como informamos la semana pasada, un fallo de la Cámara de Apelaciones local resolvió favorablemente una denuncia de Córdoba contra el juez por indagar a 28 represores y no definir su situación dentro de los diez días de plazo máximo legal. Los camaristas Candisano Mera y Argañaráz advirtieron que no hubo justificación alguna para no tomar decisiones, en el peor de los casos, después de once meses. A pesar de lo dicho, le dieron treinta días más.

“Fiscalía pidió pronto despacho, un plazo final para que resuelva otras cuestiones pendientes, como indagatorias que hará la semana que viene. Estamos pensando en algún otro remedio procesal dado que en este incidente de recusación Tentoni vulneró derechos de las víctimas de lesa humanidad, pasó por encima consideraciones de la vida privada de víctimas y familiares y habilitó actividades extraprocesales que son prácticamente de inteligencia sobre víctimas y sobre la Fiscalía”, agregó Córdoba anticipando recursos ante la Cámara de Casación y la Procuración de la Nación.
Fuente:CasaPueblos
Envío:Andrea Benítes-Dumont

3 de agosto de 2012

JUICIO V CUERPO EJÉRCITO BAHÍA BLANCA: Alegato de Fiscalía -Las penas del fiscal-Con la obligación de reclamar uno por uno.

Alegato de Fiscalía 
Publicado el 31/07/2012 
Este martes a las 16 continuarán las audiencias en el debate oral del juicio contra 17 represores que actuaron desde el V Cuerpo de Ejército durante la dictadura cívico militar. Tras la feria judicial se espera el cierre del alegato del Ministerio Público Fiscal a cargo del dr. Abel Córdoba.


Tras completar la fundamentación que prueba la acusación planteada en las requisitorias de elevación a juicio se espera que el fiscal haga el pedido de penas correspondiente para cada imputado.


A su turno las querellas de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la de familiares y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos habían coincidido en solicitar prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en su especificidad de genocidio para: los miembros del Estado Mayor del V Cuerpo de Ejército Bayón, Páez, Tejada, Fantoni y Delme; el jefe del Batallón de Comunicaciones 181 y del Área de Defensa 511 Mansueto Swendsen; los integrantes del Destacamento de Inteligencia 181 Condal, Taffarel y Granada; los miembros del grupos de tareas Masson y Méndez; y los policías federales de Viedma Forchetti, Goncálvez y Abelleira.


En tanto, para el policía federal Contreras y para los directores de la Unidad Penal 4, Miraglia y Selaya, la dra. Mónica Fernández Avello exigió condenas de 20 años de prisión y sus pares Mántaras, Larrea y Czerniecki penas de entre 17 y 17 años y medio.


Las penas del fiscal 
Publicado el 01/08/2012 
El fiscal Abel Córdoba pidió penas de prisión perpetua para los miembros del Estado Mayor del V Cuerpo de Ejército Juan Manuel Bayón, Osvaldo Bernardino Páez, Walter Tejada, Hugo Fantoni y Jorge Delme; el jefe del Batallón de Comunicaciones 181 y del Área de Defensa 511 Jorge Enrique Mansueto Swendsen; los integrantes del Destacamento de Inteligencia 181 Norberto Condal, Carlos Taffarel y Jorge Horacio Granada; los miembros del grupos de tareas Jorge Aníbal Masson y Carlos Mario Méndez; y los policías federales de Viedma Vicente Forchetti, Héctor Goncálvez y Héctor Jorge Abelleira. 


En tanto, para el policía federal Carlos Contreras solicitó 21 años de prisión y para los directores de la Unidad Penal 4, Miraglia y Selaya penas de 25 años.
Ampliaremos. 


Publicado el 01/08/2012

Con la obligación de reclamar uno por uno

“Hay que asumir de frente y sin tapujos esta realidad que muchos pretenden dar por terminada. Hay que mantener en un obstinado presente con toda su sangre e ignominia algo que ya se ha querido hacer entrar en el cómodo país del olvido”. Julio Cortázar. 
Citando ‘La utopía de un hombre que está cansado’ de Jorge Luis Borges el fiscal Abel Córdoba encaró el tramo final de su alegato y antes de pedir las penas contra los 17 represores cuyos crímenes de lesa humanidad son expuestos ante el tribunal oral bahiense, rememoró a aquel arqueólogo que desde el futuro decía que “a juzgar por las ruinas de Bahía Blanca que tuve la curiosidad de explorar, no se ha perdido demasiado”. 


“La imagen de Bahía Blanca en ruinas es el efecto del paso y el ejercicio de la actividad militar, policial y penitenciaria de estos acusados. Bahía Blanca ha sido un lugar particularmente adverso para el desarrollo de estos juicios y no solo en la actualidad. Esa adversidad actualizó la expresión que los pueblos originarios, el pueblo mapuche consideraba a este lugar como la tierra del demonio”, dijo el fiscal. 


Tras reconocer el retraso en muchas áreas de la institucionalidad democrática local -“a partir de la presencia contundente de los distintos cuerpos de las fuerzas armadas y del entramado social corporativo aún tributario en algunos casos del que produjo estos crímenes del terrorismo de Estado”-, destacó que nuestra ciudad “también es el sitio de las víctimas que han venido ante el tribunal a dar cuentas” y la de quienes exigieron el juicio y castigo “con jueces del estado de derecho”. 


Siguiendo a Witold Gombrowicz, quien entiende a la cultura como el esfuerzo humano para eludir la muerte, manifestó que los imputados “con las desapariciones, con las masacres, arrancaron esa dimensión cultural que tenía la vida. En las condiciones del terrorismo de Estado que estos acusados impusieron en la ciudad cortaron la proyección natural de la vida y la muerte joven pasó a ser la regla”. 


“Naturalizaron la muerte y así conmovieron la dimensión cultural que tiene la existencia humana en sociedad. Por haberlo hecho desde el oficio militar el tribunal debe merituar esa condición y condenar sus conductas a partir de las concepciones retrógradas de que al enemigo se lo mata, se lo elimina, se lo desaparece. Es esta una concepción primitiva aún en la doctrina militar”. 


Córdoba dijo que el juicio oral funcionó como un espacio legitimado por las víctimas tras 35 años de espera y obstinación, aunque no todos llegarán a conocer el veredicto: “Hace dos días murió el padre de Nancy Cereijo. Murió esperándola y buscándola. Elvira, otra de sus hijas, manifestó que en los raptos de lucidez que tenía cuando volvía a la razón de su ya senilidad, buscaba a Nancy”. 


“La madre de Patricia Acevedo por primera vez pudo hablar en público de su hija asesinada, de su propio secuestro, era algo que tuvo que mantener oculto en su entorno. Y ayer la veíamos sentada entre el público orgullosa y expectante por haber contribuido con su testimonio a que se condene a los asesinos de su hija. Esa evocación absolutamente humana tuvo su punto quizás más brillante cuando se le preguntó cómo era su hija y dijo -pese a estar rememorando los momentos más dolorosos de su vida-, se le iluminó el rostro y dijo que era hermosa”, agregó. 


Subrayó la responsabilidad propia y la de cada uno de los integrantes del tribunal al estar no solo frente a la sentencia más importante de sus profesiones, sino también “la más relevante de la historia del poder judicial local”. 


Ejemplificó la relevancia de la “dimensión espacial” suprimida por el terrorismo de Estado por medio de la desaparición de personas tomando testimonios de hijas como Adriana Metz –quien busca aún a su hermano nacido en La Escuelita-, Paula Bombara –que cuando era chica no podía entender que su papá no estuviese en ningún lugar y lo tenía que imaginar mirando una estrella- o María Bossi que hoy tiene donde pensar a su madre a partir de la restitución de sus restos pero continúa sufriendo la desaparición de su papá. 


Córdoba dejó para el cierre la lectura de un fragmento de una ponencia de Julio Cortázar pronunciada en 1981 en un coloquio en el senado francés: “Si las cosas parecen relativamente explicables en cuanto a la superficie, digamos, los propósitos, los métodos y las consecuencias de las desapariciones, queda sin embargo un trasfondo irreductible a toda razón, a toda justificación humana, y es entonces que el sentimiento de lo diabólico se abre paso como si por un momento hubiéramos vuelto a las vivencias medievales del bien y del mal, como si a pesar de todas nuestras defensas intelectuales lo demoníaco estuviera aquí una vez más, aquí diciéndonos ‘¿Ves? Existo, acá tenés la prueba’”. 


“Si toda muerte humana entraña una pérdida irrevocable, qué decir entonces de esta ausencia que se sigue dando como presencia abstracta, como obstinada negación de la ausencia final. Por encima y por debajo de las consideraciones jurídicas, los análisis y las búsquedas normativas en el terreno del derecho interno e internacional, es de este pueblo las sombras de los desaparecidos que estamos hablando. 


“Si de algo siento vergüenza frente a este fratricidio que se cumple en el más profundo secreto para poder negarlo después cínicamente, es que sus responsables y ejecutores son argentinos o uruguayos o chilenos. Son los mismos que antes o después de cumplir su sucio trabajo salen a superficie, se sientan en los mismos cafés, en los mismos cines donde se reúnen aquellos que hoy o mañana pueden ser sus víctimas.


“Y lo digo sin ánimo de paradoja, más felices son aquellos pueblos que pudieron o pueden luchar contra el terror de una ocupación extranjera, más felices sí porque al menos sus verdugos vienen de otro lado, hablan otro idioma, responden a otra maneras de ser. Cuando la desaparición y la tortura son manipuladas por quienes hablan como nosotros, tienen nuestros mismos nombres y nuestras mismas escuelas, comparten costumbres, gestos, provienen del mismo suelo y de la misma historia, el abismo que se abre en nuestra conciencia y nuestro corazón es infinitamente más hondo que cualquier palabra que pretenda describirlo.


“Precisamente por esto, porque en este momento tocamos fondo como jamás lo tocó la historia, llega sin embargo, de etapas sombrías nuestra historia precisamente por esto, hay que asumir de frente y sin tapujos esta realidad que muchos pretenden dar por terminada. Hay que mantener en un obstinado presente con toda su sangre e ignominia algo que ya se ha querido hacer entrar en el cómodo país del olvido. Hay que seguir considerando como vivos a los que acaso ya no lo están pero tenemos la obligación de reclamar uno por uno hasta que la verdadera repuesta muestre finalmente la verdad que hoy se pretende escamotear”. 


Las penas 
El fiscal Abel Córdoba pidió penas de prisión perpetua para los miembros del Estado Mayor del V Cuerpo de Ejército Juan Manuel Bayón, Osvaldo Bernardino Páez, Walter Tejada, Hugo Fantoni y Jorge Delme; el jefe del Batallón de Comunicaciones 181 y del Área de Defensa 511 Jorge Enrique Mansueto Swendsen; los integrantes del Destacamento de Inteligencia 181 Norberto Condal, Carlos Taffarel y Jorge Horacio Granada; los miembros del grupos de tareas Jorge Aníbal Masson y Carlos Mario Méndez; y los policías federales de Viedma Vicente Forchetti, Héctor Goncálvez y Héctor Jorge Abelleira. En tanto, para el policía federal Carlos Contreras solicitó 21 años de prisión y para los directores de la Unidad Penal 4, Andrés Miraglia y Héctor Luis Selaya penas de 25 años. 


En cuanto a la responsabilidad civil de los imputados solicitó embargos de entre tres y 43 millones de pesos e instó a la comandante en jefe de las fuerzas armadas y los ministerios Defensa y Seguridad a comenzar los procesos de destitución y sanción según las normas militares.
Fuente:JuicioVCuerpoEjercitoBB






El Ministerio Público Fiscal solicitó esta tarde penas de prisión perpetua contra 14 de los 17 imputados en el marco del primer juicio por violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bahía Blanca durante la última dictadura.  


El pedido lo llevó a cabo el fiscal Abel Darío Córdoba junto con sus pares Félix Croux y Horacio Azzolín en el marco de la etapa de los alegatos ante el Tribunal Oral Federal 1 en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca. 


Córdoba solicitó la prisión perpetua contra 14 personas entre las que se encuentran integrantes del Ejército Argentino y dos de la Policía Federal, en tanto que pidió 21 años para otro de la misma fuerza en tanto que 25 años para integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense.


El pedido de prisión perpetua fue solicitado para los ex militares Osvaldo Bernardino Páez, Hugo Jorge Delme, Juan Manuel Bayón y Mario Carlos Antonio Méndez. La misma medida fue pedida para Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Jorge Aníbal Masson, Hugo Carlos Fantoni, Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Candal, Jorge Horacio Granada y Carlos Alberto Taffarel. 


En ese contexto el funcionario judicial pidió la misma pena para los ex policías Federales Héctor Arturo Goncalves, Vicente Antonio Forchetti y Héctor Jorge Abelleira. 


Para el otro ex policía de la fuerza, Carlos Alberto Contreras, se pidió una pena de 21 años mientras que para los ex ágentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, Héctor Luis Selaya y Reynaldo Miraglia se solicitaron penas de 25 años. 


El fiscal basó el pedido de las condenas en los delitos caratulados como "abandono de persona, privación ilegal de la liberta agravada por empleo de violencia en concurso real con tormentos agravados por ser la víctima perseguida política, sustracción, retención y ocultamiento de menores nacidos en cautiverio bajo la modalidad de desaparición forzada de personas". 


El juicio comenzó el 28 de junio del 2011 y se analizó la causa 982 caratulada “Bayón, Juan Manuel y otros por Privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Bombara, Daniel José y otros en Área controlada operacional Cuerpo Ejército V”.
FuentedeOrigen:LaBrujula24
Fuente:Agndh