La Triple A y el secuestro de Hugo Forniés y Beatriz Fariñas.

La Triple A y el secuestro de Hugo Forniés y Beatriz Fariñas

Entrevista exclusiva para La Izquierda Diario Mendoza, Susana Forniés, relata y detalla el secuestro de su hermano y cuñada, Hugo Forniés y Beatriz Fariñas, la tarde del 14 de junio de 1975 por un comando de la Triple A en Capital Federal.

Vanesa GuajardoProfesora de Historia. Docente de la Facultad de Filosofía y Letras UNCuyo

Viernes 11 de agosto

Beatriz Fariñas y Hugo Forniés

Desde ese momento se desconoce el destino de ambos y da comienzo a la búsqueda de los mismos por parte de su madre, Clelia Daziano de Forniés, quien fuera una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo en Mendoza. Sumado a su relato, Susana, nos comparte todo el material compilado por ella que registra cada una de las acciones llevadas a cabo por su madre, ella y el padre de Beatriz en la búsqueda del destino de ambos. A continuación publicamos parte de estos valiosos documentos.

Hugo Forniés era militante gremial entre el 68-69 y secretario administrativo de la Asociación del Personal de DGI nacional hasta la intervención de Onganía. Beatriz Fariñas militante social, como dicen sus conocidos, en barrios y villas. Ambos militantes del PRT-ERP, fueron secuestrados el 14 de junio de 1975 por la tarde en plena avenida Entre Ríos al 1500 por un comando de la Triple A. Se encontraban de camino al cine con el hijo de una amiga de Beatriz cuando fueron interceptados por un Peugeot del cual descendieron personas armadas y de civil, y subidos por la fuerza. En un intento por escaparse Hugo es herido de bala y Beatriz arrastrada de los pelos. Al niño lo suben a un taxi, junto con el conductor es obligado a ir al estacionamiento de la Coordinación Federal y allí permanece unas 5 horas hasta que efectivos de la policía lo llevan a la casa de los padres de Beatriz. Ella estaba cursando el primer o tercer mes de gestación y según señalan Abuelas de Plaza de Mayo este bebé debió nacer en cautiverio entre los meses de diciembre de 1975 a febrero de 1976, también permanece desaparecido/a.

El Regreso de Perón y la formación de la Alianza Anticomunista Argentina

El regreso de Perón fue una carta jugada con el objetivo de restaurar la hegemonía de la burguesía en crisis por un fuerte proletariado que la enfrentaba de manera directa, llevando a cabo experiencias muy importantes de autoorganización como coordinadoras interfabriles, comités de huelga, puesta en pie de sindicatos clasistas.

Tras 18 años de exilio y proscripto el peronismo, la victoria electoral de Cámpora, su posterior renuncia y adelanto de elecciones para dejar el camino libre a la fórmula de Perón-Perón, va a marcar una profunda experiencia de amplios sectores de masas en las expectativas que tenían con un nuevo período peronista. Pero el tercer gobierno de Perón comienza con un hecho puntual que va a dar cuenta del carácter de clase que este revestirá sin adornos: la “Masacre de Ezeiza”, el bautismo de fuego de la derecha peronista y la antesala de la creación de la Triple A.

La Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) funcionará del 73’ al 76’ durante el gobierno de Perón e Isabel de Perón y asesinó entre 1500 y 2000 personas. Fue creada como una organización paraestatal (Rostica, 2011) para el exterminio físico de opositores políticos como parte de su plan para depurar al peronismo de su ala radicalizada (Robles 2007) y frenar el alza de los sectores de vanguardia obrera y estudiantil, clasista y de izquierda. Tenía como jefe político a Lopez Rega quien estaba a cargo del ministerio de Bienestar Social, que es de donde salía la financiación. Será el mismo Perón quien elegiría a cada uno de los integrantes de la cúpula de la Triple A (Robles, 2017).

Los Habeas Corpus

A 63 días, pedido de Clelia para saber el paradero de su hijo y nuera.

El 16 de junio de 1975 el padre de Beatriz presentó el primer habeas corpus para saber el paradero de su hija y yerno. Clelia, la mamá de Hugo, desde Mendoza viaja a Buenos Aires tras enterarse del secuestro e inicia un valiente camino en la búsqueda de su hijo y nuera. Durante su vida presentó 11 habeas corpus, ninguno de los cuales fue respondido con información certera. Con el tiempo, las noticias acerca de cuerpos hallados en las costas atlánticas les provocaría la incertidumbre de saber si aquellos cuerpos correspondían a sus familiares, esto es colocado en la mayoría de los pedidos que hacen sobre el paradero de ambos.

Habeas Corpus presentado por Clelia de Forniés en 1979

En una carta a Susana, Clelia relata su sensación en los primeros momentos de esta búsqueda: “Mi querida Susy: Las horas amargas no han terminado aún. Dios tenga piedad de todos. Ayer ya te había contado que fuimos otra vez a lo de Evans (ex gobernador de Mendoza, y en ese momento Diputado Nacional), si fuese necesario andar de rodillas también lo haría por los chicos.” y continúa la carta hablando de las contestaciones en el ministerio del interior. Hacia el final agrega “[...] Seguimos con la tremenda angustia, nosotros acá, ustedes allá ¡pobre hija mía tan abandonada! ya no creo que tenga mucho más que hacer acá, son las horas más horrendas de mi vida, nunca pensé que me tocaría vivir algo semejante [...]”. Esta carta tiene fecha del 1 de julio de 1975, uno de los primeros viajes de Clelia para buscar a su hijo y nuera. Las palabras nos atraviesan y hacen vivenciar el estado de desesperación por saber dónde están, pero también la esperanza de encontrarlos.

Carta de Clelia de Forniés a su hija, 1975.

A medida que pasan los años, los habeas corpus son firmados con una leyenda de “será justicia”. Muchos de puño y letra de Clelia y otros a máquina de escribir. También les envía notas para que intervengan en esta situación al consulado norteamericano, a la Cruz Roja, a Naciones Unidas, a Nunciatura Apostólica y hasta al papado; muchas puertas en busca de respuestas.

Respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979

A pesar de la reapertura de la causa de las Tres A en el 2005, la documentación necesaria para saber qué pasó con Hugo y Beatriz y todas las desapariciones y asesinatos de la Triple A (como los de la última dictadura cívica, eclesiástica y militar) sigue siendo secreta y de difícil (nulo) acceso por tratarse de una actividad clandestina e ilegal, registrada en archivos de inteligencia clasificados. De aquí la importancia de desclasificarse, abrirlos y acceder a esta información. Sin embargo hasta la fecha ningún gobierno ha hecho caso de este reclamo histórico de los familiares de desaparecidos para favorecer esta búsqueda.

Pedido de apertura de archivo de la exSide por parte de Susana Forniés.

La impunidad

Desde antes de pisar el país, Perón se apoyó en las fracciones de derecha para “depurar” la doctrina justicialista del marxismo. Arremetió contra todo grupo que levante ideas de luchas de clases, de hegemonía obrera, de izquierda y la vanguardia obrera y estudiantil. Las amenazas, secuestros, asesinatos y desaparecidos de la Triple A fueron llevados a cabo en democracia, bajo un gobierno elegido por el voto popular, bajo un gobierno peronista. El golpe del 76’ viene a dar continuidad a esta ofensiva contra lo mejor de nuestra clase.

Como denuncia Andrea Robles, por numerosos pactos de impunidad de los gobiernos constitucionales, los autores intelectuales y materiales de los crímenes de la Triple A han gozado todo este tiempo no solo de la más absoluta libertad sino que, muchos de ellos, siguen en funciones dentro del aparato represivo del Estado o de compañías de seguridad patronal (Robles 2007:484). Esto fue el pacto entre Isabel y Alfonsín en 1984, exculpándola y haciéndolo extensivo a todos los integrantes de los poderes constitucionales, se garantiza la impunidad de gran parte de los responsables.

Comentario final

Traigo dos reflexiones/imágenes que vienen a la memoria sobre la historia, una de Walter Benjamin y otra de León Trotsky. La primera en relación a las tesis sobre la filosofía de la historia cuando dice “ni nuestros muertos están a salvo si el enemigo vence” y la de Trotsky contra el pesimismo y propone “combatir la historia con los puños”. Esto se presenta desde el testimonio de Susana Forniés, la lectura del material de archivo donde están los habeas corpus, las cartas de su madre para obtener respuesta sobre el destino de Hugo y Beatriz, y sobre todo por la incansable búsqueda de verdad, de memoria y de justicia a casi 50 años de sus secuestros y desapariciones.

En tiempos donde nos llaman a resignarnos, a soportar una vida que no se aguanta más, mirar hacia el pasado lo hace presente, es decir, lo trae hasta aquí para que volvamos a hacer preguntas pero también para que nuestros próximos pasos no empiecen desde cero sino bajo la experiencia de lo mejor que tuvo nuestra clase.

Un humilde aporte a la admirable lucha de Susana Forniés y Clelia Daziano de Forniés. Será justicia.

Referencia bibliográfica

Robles , Andrea (2007). La Triple A y la política represiva del gobierno peronista (1973-1976). En: Weimer, R y Aguirre, F. Insurgencia obrera en Argentina 1969-1976. Clasismo, coordinadoras, interfabriles y estrategia de la izquierda. Ediciones IPS, pp 483-531

Rostica, Julieta (2011). Apuntes sobre la “Triple A”. Argentina, 1973-1976. Desafíos 23-II, pp. 21-51.

Fuente:LaIzquierdaDiaria 

 

Acusado por su actuación en la Triple A en Bahía Blanca

El exjuez Néstor Montezanti irá a juicio oral por delitos de lesa humanidad

El expresidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca será juzgado como integrante de la asociación ilícita de la Triple A, responsable de al menos 24 homicidios entre 1974 y 1975 en el sur bonaerense.

Néstor Luis Montezanti tiene 78 años. En 2016 renunció a su cargo de camarista para preservar su jubilación de privilegio.

El ex hombre fuerte del Poder Judicial bahiense Néstor Luis Montezanti se sentará finalmente en el banquillo de los acusados. Lejos de los buenos viejos tiempos como presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, como temido profesor de la Universidad Nacional del Sur y, más atrás y en las sombras, como agente civil de la última dictadura, el juez federal Walter López da Silva lo elevó a juicio oral en una causa por su actuación en la organización paraestatal Triple A, responsable de al menos 24 homicidios entre 1974 y 1975. La Unidad de Derechos Humanos bahiense, que encabeza el fiscal general Miguel Palazzani y que impulsó el expediente, pidió por otra parte que se eleve la investigación contra el militar Roberto Carlos Brunello, ex jefe de un grupo de tareas del ex Cuerpo V de Ejército, por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 42 víctimas.

El juez López da Silva hizo lugar al pedido de clausura de la investigación y elevación a juicio de Montezanti, quien tiene 78 años y presidió la Cámara Federal hasta 2016, cuando renunció ante la inminente destitución por parte del Consejo de la Magistratura, lo que le habría impedido acceder a su jubilación de privilegio. Fue imputado por los fiscales Palazzani y José Nebbia por su vinculación con la Triple A, y el entonces juez federal Alejo Ramos Padilla lo declaró en rebeldía luego de faltar tres veces a su indagatoria con excusas inconsistentes. Eso activó al Consejo, que acumulaba denuncias por actitudes antisindicales, abusos de autoridad, trato despectivo y discriminatorio, y que lo suspendió por sus “comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos” con empleados y alumnos de la UNS.

Montezanti fue procesado recién en 2020 por integrar la asociación ilícita que comandaba el diputado Rodolfo Ponce, cara visible de la CGT bahiense en los años previos al golpe de Estado, en concurso real con intimidación pública, por su participación en la toma de la regional bahiense de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en agosto de 1974. Su presencia en medio de los matones que sembraron de muertes a la ciudad y que meses después contrataría como personal de “seguridad” de la UNS el interventor rumano Remus Tetu fue constatada por primera vez en sede judicial en 2007, tal como informó entonces Página/12.

El 12 de septiembre pasado, la Cámara Federal que lo tuvo en sus filas durante casi tres lustros confirmó el procesamiento. Con votos de Silvia Fariña, Richar Gallego y Mariano Lozano, ratificó que los crímenes de la Triple A resultan imprescriptibles y que su participación surge no sólo por el episodio en la UTN sino por las relaciones que mantenía con al menos dos de sus máximos referentes, como Tetu y Ponce. Sobre su presencia en medio de la patota en la UTN, apuntaron que no estaba justificada por el ejercicio de la docencia, como alegó en su defensa, y que interactuaba con gestos de provocación e incitación al enfrentamiento igual que el resto de los matones. El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó en 2021 a cuatro ex miembros de la Triple A: Raúl Aceituno, Osvaldo Pallero –ambos fallecidos luego de la condena–, Héctor Forcelli y Juan Carlos Curzio. Montezanti sería el quinto imputado en llegar a juicio en esa causa. Mientras, espera en libertad.

Brunello, en camino

La Unidad de Derechos Humanos que conduce Palazzani e integran también los auxiliares Paula Molini y Pablo Fermento pidió la elevación a juicio del Roberto Carlos Brunello como responsable de los delitos violación de domicilio, privación ilegal de la libertad y torturas en perjuicio de 42 víctimas, además de los abusos deshonestos en perjuicio de una de las mujeres secuestradas.

Brunello era el jefe de la “Compañía Combate Mayor Keller" del Batallón de Comunicaciones 181, que tenía a su cargo los operativos de secuestro llevados a cabo por esa unidad, e integró la plana mayor del batallón como oficial de inteligencia, de personal, y ayudante del jefe. El represor había sido imputado en 2013 pero estuvo prófugo durante casi ocho años, hasta que fue capturado el año pasado en Escobar, provincia de Buenos Aires. En agosto pasado fue procesado y esa decisión fue parcialmente confirmada por la Cámara Federal, que le dictó falta de mérito por el único homicidio que se le imputaba: la desaparición forzada del conscripto Manuel Alberto Ruzo, destinado a la compañía que encabezaba Brunello, que intervino en persona en el sumario por deserción a través del cual se intentó ocultar la desaparición. La falta de mérito fue apelada por la fiscalía.

Brunello -que cumple prisión preventiva en Campo de Mayo- será juzgado, entre otros casos, por el de una víctima que sufrió abusos sexuales e intentos de violación en instalaciones del Batallón de Comunicaciones 181. El caso es uno de los únicos dos que, a la fecha, han podido ser llevados a juicio –de un conjunto de numerosas imputaciones por delitos sexuales– tras la negativa del Juzgado Federal 1, confirmada por la Cámara, de indagar a diversos acusados por esos hechos. Según los jueces, la investigación no podría avanzar por la ausencia de ejercicio de la instancia privada por parte de las víctimas, a pesar de que las prácticas de violencia sexual eran sistemáticas y de que en muchos casos existen testimonios y otros elementos de prueba independientes que permitirían acreditar su ocurrencia. El caso se encuentra pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Fuente:Pagina12

BAHIA BLANCA: Causa Triple A. La Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex juez Néstor Luis Montezanti.

 

Causa Triple A. La Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó el procesamiento del ex juez Néstor Luis Montezanti

Quien fuera integrante de la banda paraestatal, y luego miembro de inteligencia del Batallón 601 durante la última dictadura genocida, fue procesado por primera vez en 2020 en el marco del juicio a la Triple A, tras casi medio siglo de impunidad garantizada por los sucesivos gobiernos, durante el cual siguió siendo docente universitario y también ejerció como juez. Este lunes 12 la Cámara Federal, que él mismo presidió hasta 2015, rechazó su apelación contra el procesamiento.

Facundo Martínez CantariñoDocente SUTEBALunes 12 de septiembre

(Fotografía: Cepa.la)

Unánimemente los tres jueces que componen la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca firmaron el fallo que resuelve rechazar la apelación realizada por la defensa de Néstor Luis Montezanti, confirmando así su procesamiento y el embargo a su patrimonio por 3 millones de pesos que resolviera el Juzgado Federal N°1 en septiembre de 2020.

La jueza Silvia Mónica Fariña, con la conformidad de los otros dos jueces de la Cámara Richar Fernando Gallego y Mariano Roberto Lozano, resolvió "confirmar el procesamiento dictado a su respecto en orden a los delitos –constitutivos de lesa humanidad– de asociación ilícita, en concurso real con el delito de intimidación pública, en carácter de coautor" en relación a la toma de la UTN llevada adelante por la Triple A el 26 de agosto de 1974. Tenían el objetivo de lograr la desarticulación del movimiento estudiantil y la designación como rector interventor de Emilio Garofoli, afín a la "Misión Ivanissevich", operativo que tomaba el nombre del Ministro de Educación de la derecha peronista que acababa de asumir, con el programa de acabar con la "enfermedad" de la "infiltración roja".

Múltiples testimonios lo ubican a Montezanti dentro de la UTN el día de la “toma”, apostado dentro del hall junto a miembos de la Triple A y grupos de choque de la UOM y la UOCRA munidos con armas largas (ithacas y ametralladoras). Se encontraba allí haciendo gestos provocadores, "invitando" amenazadoramente a acercarse a la movilización de entre 300 y 400 estudiantes de la UNS y la UTN que se había convocado para rechazar la intimidación. Muchos de ellas y ellos tenían 18 años, y como señaló una de las testigos, nunca habían visto gente armada. En su apelación Montezanti aduce que se encontraba allí para dar clases (antes había dicho que estaba "de paso"), aunque la Fiscalía indica claramente que se comprobó que las clases estaban suspendidas.

La banda paraestatal actuó en Bahía Blanca durante 1974 y 1975, comandada por Rodolfo Ponce, diputado nacional de la derecha peronista y dirigente de la CGT Bahiense en ese momento, y Remus Tetu, condenado en Rumania por crímenes del nazismo, y rector interventor de la UNS que hizo ingresar como personal de seguridad del Rectorado a los miembros de la Triple A.

Esta banda luego llevó adelante el fusilamiento de David "Watu" Cilleruelo (quien había sido electo Presidente de la Federación Estudiantil del Sur) en los pasillos del edificio de Alem de la UNS, en medio de la inscripción a cursadas para intimidar al conjunto del movimiento estudiantil, donde hoy una placa recuerda el crimen. La banda lo asesinó a la vista de todos y luego se subió a un vehículo con la placa del Rectorado. Montezanti llegó a defender legalmente por este hecho en 1975 a uno de los asesinos, Pablo Argibay.

La Triple A local, como se ve en los testimonios citados en el fallo, para el momento de la toma de la UTN ya gozaba de cierto reconocimiento: la banda había sido vista realizando pintadas en las universidades con las siglas "AAA" con escolta de armas largas, y repartiendo volantes que anunciaban “vamos a reventar a los zurdos”.

Décadas de impunidad garantizada por todos los gobiernos democráticos, el Poder Judicial y la UNS

Durante estos años, en los que desde el movimiento estudiantil, docente y de DDHH se desarrollaron muchas peleas por la verdad y la justicia, Montezanti no se privó de todas las provocaciones, ataques y persecuciones que pudo orquestar desde su lugar de poder y autoridad, con toda la impunidad que le fue garantizada desde el Estado y los sucesivos gobiernos durante este casi medio siglo.

Néstor Luis Montezanti asumió como parte de la Cámara Federal (el mismo órgano que hoy rechaza su apelación y confirma su procesamiento) en el año 2002, nombrado por el entonces presidente Duhalde. Durante la primera presidencia de Néstor Kirchner ascendió a presidente de ese órgano, convirtiéndose así en la máxima autoridad del Poder Judicial en Bahía Blanca. Permaneció allí hasta principios de 2016, cuando hizo una maniobra que le permitió zafar del inminente juicio político que estaba por iniciársele, y cobrar una jubilación de privilegio de la que aún goza.

Además del carácter derechista de sus fallos judiciales como camarista federal, su declarada posición a favor de la pena de muerte, y su desempeño del rol docente en el Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, cargado de desprecio y actitudes discriminatorias e intimidantes hacia sus alumnas y alumnos, Montezanti logró en 2014 la infiltración ilegal de un policía de la Bonaerense en la Universidad, para espiar a estudiantes y docentes que impulsaban la campaña Fuera Fachos de la UNS. Eso salió a la luz recién un año después, y nunca tuvo que pagar por esa persecución criminal.

Recordemos también que la nómina del Personal CIvil de Inteligencia se había desclasificado en 2010 y lo ubicaba a Montezanti en la órbita del Batallón 601, el cerebro de la represión genocida luego del 76. Como se puede ver en la causa Triple A y en el documento reciente que confirma el procesamiento, si bien recién integró formalmente esa institución nefasta a principios de los 80, su colaboración extraoficial y sus relaciones con los servicios de inteligencia probablemente eran previas a su nombramiento.

Además, durante los años 1981 y 1982 en los que figura formalmente como parte de los servicios de intelgencia, la fiscalía planteó que "es igualmente abundante la documentación de inteligencia reunida en la instrucción sobre estudiantes y grupos universitarios y sobre organizaciones de derechos humanos y familiares de desaparecidos, calificados todos ellos como subversivos"....

A pesar de haberse desclasificado su pertenencia a este órgano de inteligencia en 2010, en 2014 Montezanti había logrado un fallo contra Dante Patrignani, docente, testigo en la causa Triple A y referente en la pelea por los Derechos Humanos, que llevó a que le embargaran durante dos años el sueldo por la suma de $105000 por haber difundido esa colaboración con la dictadura. Finalmente en 2021 la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires revirtió aquella condena. Ya había logrado un fallo anterior contra una trabajadora del Poder Judicial que tuvo que pagarle una suma análoga por haber dicho algo que ya era sabido: “Montezanti es un facho”.

Es innegable la responsabilidad de todos los gobiernos democráticos, el Poder Judicial y todo el régimen de gobierno de la Universidad que ante las reiteradas movilizaciones, campañas, asambleas y presentaciones formales exigiendo que se lo separara de su cargo, y que se lo encarcelara por genocida, le permitieron continuar ocupando esos espacios de poder durante décadas, gozando de absoluta impunidad y de una libertad con la que aún hoy cuenta. A pesar de todas las pruebas en su contra, la justicia le permite aún estar en libertad y considera que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, algo que a la luz de todo lo que sabemos de este personaje, resulta como mínimo dudoso.

Acá podés leer completo el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones.

Fuente:LaIzquierdaDiario

La Secretaría de DDHH recordó el asesinato de Ortega Peña a manos de la Triple A.

 48° ANIVERSARIO

La Secretaría de DDHH recordó el asesinato de Ortega Peña a manos de la Triple A

El organismo recordó al diputado nacional y abogado de presos políticos, quien fue ejecutado la noche del 31 de julio de 1974, en la esquina de Carlos Pellegrini y Santa Fe de la Ciudad de Buenos Aires, en un hecho que dio origen al Día del Abogado Militante.

31-07-2022

Este domingo se cumplen 48 años del asesinato de Ortega Peña

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación recordó este domingo al diputado nacional y abogado de presos políticos Rodolfo Ortega Peña al cumplirse el 48° aniversario de su asesinato a manos de la Triple A, en un hecho que dio origen al Día del Abogado Militante.

"Se cumplen 48 años del asesinato de Ortega Peña. La noche del 31 de julio de 1974, en la esquina de Carlos Pellegrini y Santa Fe de la Ciudad de Buenos Aires, fue ejecutado por un comando de la Triple A. Tenía 38 años", expresó el mensaje de la Secretaría de DD.HH. en su cuenta de Twitter.

En ese mensaje, se destacó que Ortega Peña "fue un abogado de organizaciones sociales, defensor de presas y presos por razones políticas y diputado nacional".

Y también se recordó que a raíz del crimen, "en su homenaje, hoy se conmemora el Día del Abogado y la Abogada Militante para recodar a las letradas y los letrados víctimas de la última dictadura cívico-militar".

Eduardo Almirón Sena, un colaborador de José López Rega, admitió tiempo después haber sido el autor material del asesinato, que quedó registrado en la historia como el primero confesado por un miembro de la Triple A.

Ortega Peña fue candidato a diputado en las listas del Frejuli (Frente Justicialista de Liberación) de 1973 y accedió a la banca en 1974, luego de la renuncia de un grupo de la Tendencia Peronista.

En 1971 fue uno de los que fundó la Gremial de Abogados, compuesta por peronistas y miembros de izquierda no partidaria, conocidos posteriormente como abogados de los Derechos Humanos, quienes defendieron las más riesgosas causas de presos políticos.

Fue uno de los que denunció públicamente la Masacre de Trelew, advirtiendo ante la prensa que "no hubo intento de fuga" y que los 19 detenidos "fueron acribillados".

También fue uno de los intelectuales que acompañó a Juan Domingo Perón en el regreso de noviembre de 1972; publicó en revistas como El Popular, donde escribieron Rodolfo Walsh y Arturo Jauretche, y creó la emblemática publicación Militancia.

Fuente:Telam

 

Triple A: revirtieron la excarcelación de represores

El Tribunal Oral revocó la excarcelación y ordenó arresto domiciliario para Héctor Ángel Forcelli, Osvaldo Omar Pallero y Juan Carlos Curzio, condenados en agosto a diez años de prisión en el Juicio Triple A. Mañana se conocerán los fundamentos de la sentencia que también castigó con perpetua a Raúl Roberto Aceituno.

La prisión domiciliaria fue dispuesta por Roberto Daniel Amábile y Pablo Díaz Lacava con la disidencia de Marcos Javier Aguerrido. Los represores deberán ser controlados por la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

“La Fiscalía está trabajando en un recurso de Casación contra esta modalidad de detención ya que en el alegato solicitamos que fueran a la cárcel. Entendemos que no se realizaron nuevos estudios médicos, las valoraciones de la resolución se sustentan en informes que tienen más de 2 años”, dijo a FM De la Calle Pablo Fermento.

El fiscal auxiliar recordó que “la libertad de los imputados se debió a que en 2018, al cumplirse 3 años de prisión preventiva, el tribunal dictó la excarcelación, medida que fue recurrida por la Fiscalía. Tras ser rechazado el recurso por Casación llegó a la Corte Suprema que ordenó dictar un nuevo pronunciamiento”. Casación indicó que correspondía al TOF emitir la sentencia firmada este lunes.

Riesgo de fuga y entorpecimiento

Amábile y Lacava verificaron “peligro cierto de que los acusados se sustraigan del proceso dándose a la fuga y, en consecuencia, obstruyan la finalidad del proceso y los compromisos internacionales asumidos por el estado de juzgar, sancionar adecuadamente a los responsables de graves hechos contra la humanidad y hacer cumplir las penas impuestas”.

Tuvieron en cuenta los siguientes hechos denunciados por la Fiscalía:

• Amenaza “personal y directa” de Bruno Aceituno, hijo de Raúl Roberto, al testigo Alberto Rodríguez. “El suceso derivó en actuaciones penales sobre el autor de la intimidación y en la asignación de custodia policial permanente al agredido”.
• Durante el debate una testigo recibió “un extraño llamado” de parte de Curzio en el que le indicaba que no había participado de los delitos, “comunicación concretada por el acusado cuando ya se conocía que la testigo habría de declarar en juicio y previo a que prestara testimonio”.
• El testigo Cayetano Ursino dijo en el juicio que solo ampliaría sus dichos “si alguna vez la justicia me da seguridad” puntualizando que luego de la declaración prestada en la instrucción, a los cinco meses le prendieron fuego la casa. A su vez, relató sobre una agresión padecida años atrás a la cual vinculó con Pallero.
• Numerosos testigos expresaron al momento de declarar en el juicio de esta causa el temor que todavía persiste en la ciudad respecto de los acusados.
• El testigo Mario Sánchez denunció -el 25 de agosto- en Fiscalía amenazas por parte de quien sería el hijo de Curzio. Fueron proferidas a través de la aplicación digital Messenger tan solo cuatro días antes de la audiencia en que prestó efectivamente testimonio, es decir, “con la clara finalidad de incidir en el acto probatorio”.

Amábile manifestó que lo anterior demuestra la existencia de “estructuras remanentes de poder y la posibilidad de contar actualmente con encubridores y partícipes desconocidos”.
“Si bien cada uno de los hechos no revisten una gravedad inusitada desde el punto de vista individual, analizados de forma conjunta con la sentencia condenatoria dictada, configuran un cuadro fáctico con la entidad suficiente para considerar configurado el peligro de entorpecimiento de la investigación para el descubrimiento de la verdad”.

Para ambos magistrados, ni el arraigo ni la edad son suficientes para mantener la excarcelación. Como ejemplo, mencionaron los casos de los militares Carlos Alberto Arroyo (68) y Miguel Ángel García Moreno (78) quienes permanecen en la clandestinidad desde hace 8 y 10 años respectivamente.

Contemplaron las patologías de los reos para sostener que sería “inapropiado su alojamiento en una unidad carcelaria”. En consecuencia, el fallo establece que los genocidas no podrán abandonar el domicilio, salvo autorización expresa del tribunal en caso de urgencias médicas; que la prisión morigerada tiene que ser supervisada mensualmente por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal del Poder Judicial de la Nación; que tienen prohibido tomar contacto por cualquier medio con los testigos y las víctimas del juicio; y que el régimen de visitas para quienes no sean familiares directos, está limitada a tres personas, los días martes y jueves, de 16 a 20.

Fuente:FMdelaCalle

BAHIA BLANCA: Prisión domiciliaria para tres represores condenados que estaban excarcelados.

 

Integraban la patota de la Triple A

Bahía Blanca: Prisión domiciliaria para tres represores condenados que estaban excarcelados

Héctor Forcelli, Osvaldo Pallero y Juan Carlos Curzio permanecieron en libertad hasta esta semana, que fueron determinados a cumplir arresto domiciliario por orden del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca. La Fiscalía apelará la decisión e insistirá en que sean trasladados a una cárcel común.

Por Ailin Bulentini

Héctor Forcelli, Osvaldo Pallero y Juan Carlos Curzio fueron condenados a 10 años de prisión por haber integrado la patota de la Triple A que, desde la Universidad Nacional del Sur persiguió y asesinó a militantes.

A comienzos de agosto pasado Héctor Forcelli, Osvaldo Pallero y Juan Carlos Curzio fueron condenados a 10 años de prisión por haber integrado la patota de la Triple A que, desde la Universidad Nacional del Sur y bajo las órdenes de su interventor Remus Tetu, amedrentó persiguió y asesinó a militantes entre 1974 y 1975. Sin embargo, permanecieron en libertad hasta esta semana, que fueron determinados a cumplir arresto domiciliario por orden del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca. La Fiscalía apelará la decisión e insistirá en que sean trasladados a una cárcel común.

Los represores condenados transitaron el juicio en su contra en plena libertad, luego de que en 2018, la justicia diera de baja la prisión preventiva que habían cumplido durante tres años a la espera del avance de la investigación y del inicio del debate. En aquel momento la decisión fue apelada por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos bahiense, a cargo del fiscal general Miguel Palazzani, con la asistencia de los auxiliares fiscales Pablo Fermento y José Nebbia, y el expediente inició un tránsito por diversas instancias judiciales que culminaron el lunes pasado, con la determinación del TOF.

Así, con el fallo condenatorio de filtro, cuyos fundamentos se conocerá este viernes, y a sabiendas que tal decisión aún no está firme, los jueces Roberto Daniel Amábile, Marcos Javier Aguerrido y Pablo Díaz Lacava dispusieron ponerle fin a la excarcelación de la que gozaban Forcelli, Pallero y Curzio, y beneficiarlos con el cumplimiento domiciliario de sus penas a 10 años de prisión. El encierro será controlado con una pulsera de vigilancia electrónica, informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Desde la acusación pública adelantaron que trabajan en el recurso de Casación para discutir la decisión del tribunal e insistir, acorde lo formularon al momento de la excarcelación y en su alegato de juicio, en que los represores deben cumplir sus condenas en una cárcel común.

Entre los argumentos figura no solo la responsabilidad que tiene el Estado de “velar por la realización de los juicios de lesa humanidad en tiempo y forma y hacer cumplir las condenas” otorgadas a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, sino también el comportamiento que tuvieron los represores mientras estuvieron en libertad “cuando se produjeron amenazas a testigos del juicio y que fueron la demostración concreta del riesgo en el que se encuentra el proceso si ellos (los condenados) no están presos en un penal”, aseguraron en el entorno fiscal.

Curzio fue denunciado a principios de 2020 por una de las testigos en el juicio en su contra, quien contó que el represor la llamó antes de que prestara testimonio. “¿Soy yo, Juan Carlos, no te acordás de mí?”, dijo la mujer que escuchó al otro lado del teléfono. 

Fuente:Pagina12

 

Juicio a la Triple A de Bahía Blanca: 

“Las cabezas políticas del peronismo

declararon a favor de los acusados, 

el poder político de estas personas 

sigue existiendo”

Resumen Latinoamericano, 9 de agosto de 2021. 

Los medios FM De la Calle y La Retaguardia realizaron la cobertura del juicio histórico a integrantes de la Triple A de Bahía Blanca. El Tribunal Oral de Bahía Blanca condenó por unanimidad a cuatro ex integrantes de la Alianza Anticomunista Argentina y calificó a los hechos como «crímenes de lesa humanidad».

Giuliana Crucianelli, periodista integrante del colectivo de FM De la Calle, habla sobre la importancia de estas sentencias y las historias detrás de estos crímenes: “Se desarrolló este juicio 46 años más tarde de los hechos, que sucedieron en 1974 y 1975. 

Sobre esta demora de 46 años hasta llegar a los juicios, Crucianelli explica que este caso es uno de los primeros juicios a nivel país en el cual se están juzgando civiles que funcionaban como un grupo de tareas: “Los crímenes de lesa humanidad comenzaron el 24 d marzo de 1976 y la lucha de los organismos de derechos humanos es también poner en el ojo público que el proceso de persecusión bastante tiempo antes y en un gobierno democrático”.

Es uno de los primeros juicios a nivel país en el que se están juzgando civiles que funcionaban como grupo de tareas. Se comprobó que este grupo paraestatal funcionaba bajo las ordenes de Rodolfo Ponce, diputado del FREJULI, alianza dentro de la cual estaba el partido justicialista.

Las sentencias fueron para los integrantes de la Trilple A Raúl Roberto Aceituno, Héctor Ángel Forcelli, Juan Carlos Curzio y Osvaldo Omar Pallero, pero para Crucianelli “es importante saber que hoy por hoy persiste el poder político de estas personas, estas cuatro personas amenazaron a testigos 46 años después mientras existía un proceso judicial”.

“Quedan algunos civiles por sentarse a ser juzgados (…) Suponemos que este camino de apelaciones que pueden presentar los condenados también tienen sus demoras. Son procesos legales que demoran mucho tiempo, pero es un primer avance en una de las primeras causas donde se juzgan a civiles previo al Golpe de Estado del 24 de marzo del ’76”, afirmó por último la periodista.

Fuente: La Tribu

Envio:RL