ROSARIO - CORDON INDUSTRIAL: La historia del Golpe de Estado y la dictadura en el Cordón Industrial.

 

La historia del Golpe de Estado y la dictadura en el Cordón Industrial

Mar 24,

Batallón de Arsenales de Beltrán, uno de los centros clandestinos de detención durante la dictadura.

Un repaso por los gobiernos de facto, desaparecidos de nuestra región, los centros clandestinos y el juicio a represores.

Por Flavia Campeis

Aquel 24 de marzo de 1976 los medios de comunicación lo anunciaron y por radio se escuchó de esta manera: "Buenos Aires: Una Junta de Comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la Capital Federal, según trascendidos, la ex presidenta era conducida a una residencia sobre la Cordillera de Los Andes, en la patagónica provincia de Neuquén a 1700 km. de Buenos Aires".

Mientras tanto, además de informarlo en radio, en la prensa escrita también se publicó el Comunicado Nro 1: "Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de su autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones".

De esta manera, se informó que durante la madrugada del 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas habían derrocado a la presidenta María Estela Martínez de Perón (conocida como Isabelita) y asumía el control del país una Junta de Comandantes en Jefe de las tres fuerzas armadas, integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Agosti.

Si bien desde años anteriores el Estado ya venía siendo un aparato represivo, intensificado con el accionar de la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como Triple A, liderada por José López Rega, desde el golpe militar de 1976, bajo el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, se institucionalizó el terrorismo de Estado y comenzó la peor de las dictaduras cívico militares de nuestra historia, cometiendo el mayor genocidio del país, profundizando el esquema de persecución y exterminio comenzado años antes.

El golpe, con aquella idea de "reorganización nacional" significó, entre otras cosas, un golpe a la actividad política y sindical, a la libertad de prensa y expresión, a la economía, pero por sobre todo significó muerte y desaparición. Fue un plan sistemático donde la mayoría de las instituciones trabajaron para que la dictadura se garantice, el Congreso legitimó ese golpe, la iglesia lo apoyó y hubo participación activa de los sectores civiles e institucionales. Un plan sistemático de represión, tortura y exterminio que se extendió hasta el año 1983 y tuvo el oscuro saldo de 30 mil personas desaparecidas.

El Golpe en el Cordón Industrial

El accionar del aparato represivo del Estado en la región conocida como Cordón Industrial fue muy intenso, sobre todo teniendo en cuenta el auge de la lucha obrera en este lugar que había sido denominado "cordón rojo" y que había dirigentes sindicales que eran grandes cuadros políticos y una militancia constante por aquellos años.

Desde 1975 la Nación había llamado a todas las fuerzas a "neutralizar y/o aniquilar" lo que ellos llamaban "el accionar de los elementos subversivos". En este marco, el 13 abril de 1975, en una acción programada por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) contra el Batallón de Arsenales 121 (hoy 603) de Fray Luis Beltrán perdió la vida, entre otros, el jefe del Batallón, coronel Carpani Costa.

Para sustituir al fallecido, en mayo de ese mismo año, asumió el cargo el coronel Rubén Osvaldo Cervera. Hacia finales de 1975, llegó desde el norte de nuestro país, el capitán Horacio Maderna, quien sería el subjefe del Batallón.

Batallón de Arsenales de Beltrán, uno de los centros clandestinos de detención durante la dictadura.

De esta manera, Cervera y Maderna llevaron adelante las tareas represivas en la zona 2, subzona 11, dependiente del Segundo Cuerpo de Ejército, con asiento en la ciudad de Rosario, cuyos titulares fueron Ramón Genaro Díaz Bessone y Leopoldo Galtieri.

Cuando el 24 marzo de 1976 las fuerzas armadas tomaron el poder a nivel nacional, para ese entonces el Cordón Industrial ya contaba con el homicidio de José Polenta (oriundo de San Lorenzo), asesinado de un disparo el 21 de septiembre de 1975 en la puerta de Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán. Además, María Luisa Cuatrín (de Fray Luis Beltrán) había sido secuestrada y desaparecida a inicios de diciembre de 1975, y a finales de ese mismo mes desaparecieron Roberto de Grandis y Oscar Vergara (ambos de San Lorenzo).

El Golpe en San Lorenzo

El día siguiente al golpe, el 25 de marzo de 1976, bajo las directivas de la cúpula militar, con Videla ejerciendo la presidencia de facto de la Nación, Cervera y Maderna fueron designados interventores de facto de la Municipalidad de San Lorenzo, destituyendo al intendente Luis Vivas, quien había ganado las elecciones bajo una alianza que hicieron sectores justicialistas, apoyados fuertemente por Cámpora. Al momento que Cervera tomó la intendencia, Vivas fue puesto 45 días preso y a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Junto con él se retiró del municipio la mayoría del gabinete.

Cervera y Maderna cumplían simultáneamente la jefatura del Batallón y el gobierno Municipal. El primero como intendente de facto y el segundo como secretario de gobierno y cultura. La mayoría del gabinete de San Lorenzo se retiró, pero no la totalidad, porque quien en ese momento era asesor personal del intendente Vivas, el abogado Pedro Alberto "Pili" Rodríguez, no se retiró con el gabinete depuesto, sino que, muy por el contrario, fue nombrado por decreto del coronel Cervera como secretario de Asuntos Jurídicos del municipio y se le otorgó la categoría más alta en ese entonces (21), sin mediar antigüedad.

Mientras tanto, la represión en la zona comenzó rápidamente, el mismo 25 de marzo de 1976 fue secuestrado el delegado del sindicato de empleados municipales de San Lorenzo, Manuel Casado. El mismo, luego de ser llevado al patio de la Municipalidad y ser interrogado por Cervera y Maderna, junto a quienes se encontraba también "Pili" Rodríguez, fue trasladado al Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán, donde sufrió torturas y golpes. Luego fue pasado bajo dependencia del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y trasladado a la Unidad Regional XVII de San Lorenzo. Allí quedó detenido y días después recuperó la libertad.

Años después, Manuel Casado se convirtió en el primer denunciante de estos delitos de la dictadura cometidos en el Cordón Industrial y Cervera, Maderna y Rodríguez fueron condenados por los delitos cometidos contra él.

Cabe señalar que el traslado de Casado al Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán confirma además que ese recinto funcionó como un centro clandestino de detención y torturas por aquellos años, aunque luego se conoció que aquel lugar, durante los años 74 y 75, ya había sido el espacio de detención de obreros y dirigentes sindicales que eran perseguidos.

Operativo de las tres noches

Vale la pena aclarar que uno de los momentos más importantes de la dictadura en el Cordón Industrial fue el llamado “Operativo de las tres noches”. Se trató de un procedimiento llevado a cabo los días 16, 20 y 21 de julio de 1976, donde fueron atacados un grupo de militantes, algunos de ellos asesinados y otros desaparecidos.

El primer día de este operativo fue el 16 de julio de 1976, cuando fue secuestrado Carlos Kruppa, desde su vivienda de Fray Luis Beltrán.

El 20 secuestraron a Roberto "Potongo" Camuglia, de Puerto General San Martín, y a Lina Funes. Además, asesinaron en este mismo operativo a Juan José Funes, sobrino de Lina, ambos de San Lorenzo.

El 21 fueron secuestrados Rafael Carroza, Ramón Di Fiori y junto a ellos Luis Lapissonde, el hoy único sobreviviente y testigo que reconoce como lugar de cautiverio de él y sus compañeros, al Batallón de Arsenales, ex 121, de Fray Luis Beltrán.

Por otra parte, el 8 julio del 76, Hugo Parente desapareció mientras realizaba el servicio militar dentro del Batallón de Arsenales. Al joven le habían dado franco, pero nunca más se supo nada de él.

En total, los desaparecidos y asesinados del Cordón Industrial por el terrorismo de Estado son: José Polenta, Lina Funes, Juan José Funes, Potongo Camuglia, Rafael Carroza, Ramón di Fiori, Carlos Kruppa, Hugo Parente, Carlos Prat, María Luisa Cuatrin, Juan José López, Roberto De Grandis, Héctor Müller, Ramón Oscar Riquelme, Isabel Carlucci (embarazada), Carlos Vergara, María Castellini, Irma Montenegro, María Benunzzi Torrens.

Este total de víctimas son las que figuran como declaradas ante la Justicia, aunque probablemente el número pueda ser mayor.

Centros clandestinos en el Cordón Industrial

En esta región, al igual que en el resto del país, existieron esos lugares físicos donde se congregaba, torturaba y mataba a los secuestrados, los llamados centros clandestinos de detención.

Se pueden enumerar: La Calamita (Granadero Baigorria), el Batallón de Arsenales 603 ex 121 de Fray Luis Beltrán confirmado por la Justicia Federal como centro clandestino durante una inspección realizada en 2009 junto a un sobreviviente que asegura haber estado detenido en ese lugar y haber escuchado allí a sus compañeros, hoy desaparecidos), La Intermedia (quinta de Amelong ubicada sobre la autopista Rosario-Santa Fe, frente al Automóvil Club Argentino en la zona de La Ribera, donde estuvieron detenidas al menos 16 personas), la cremería de Monje, la Quinta de Funes y distintas casas particulares que servían de apoyatura.

Impugnación de un concejal vinculado a la dictadura

El abogado Pedro Alberto “Pili” Rodríguez fue partícipe de la dictadura en la región y luego se inmiscuyó entre los espacios de la democracia. En 2009 fue electo concejal de San Lorenzo por el voto de más de cinco mil ciudadanos, pero finalmente, el 10 de diciembre de 2009 no se le permitió que asumiera su banca en la sesión preparatoria, lo que luego, se ratificó al iniciarse las sesiones ordinarias en marzo de 2010.

Aquel 10 de diciembre, seis votos negativos y una abstención lograron impugnar el diploma del edil electo por el Partido Vecinalista.

El motivo que llevó a proponer en ese entonces a la concejal Marcela Lozano la impugnación de Rodríguez, fue el procesamiento del mismo por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario por privación ilegítima de la libertad, seguida de tormentos, que luego se cambió la carátula a Partícipe Necesario.

Represores del Cordón condenados en 2013, Cervera, Rodríguez, Maderna.

Asimismo, por su parte, el presidente del Concejo, Eduardo Ros, fundamentó su propuesta de impugnación ya que Rodríguez se encontraba exonerado de la Municipalidad de San Lorenzo. Esto debido a que, con la vuelta de la democracia, cuando empezó a normalizarse la vida institucional en la Municipalidad sanlorencina, Rodríguez dejó de concurrir a su trabajo, y se dispuso su cesantía por reiteradas ausencias injustificadas y así fue exonerado de la función pública.

Hay que tener en cuenta que el Concejo Municipal de San Lorenzo tiene un reglamento interno como todos los cuerpos legislativos, y previa asunción de cualquier concejal electo, el mismo se constituye en Juez de la elección de sus miembros, pudiendo ser impugnado el diploma de cualquiera de ellos.

Entre las causales de impugnación que figuran en el reglamento interno, las que se tuvieron en cuenta para la impugnación de Rodríguez fueron: la violación de normas de jerarquía constitucional superior, no poseer condiciones morales y de conducta, tener pendiente proceso criminal por delito doloso. Además, se tomó como ejemplo el caso del ex subcomisario Luis Patti.

Juicio por crímenes del Cordón

En 2013 se realizó el juicio contra los represores del Cordón Industrial en los Tribunales Federales de Rosario. Fue así que en agosto de ese año “Pili” Rodríguez fue condenado a ocho años y medio de prisión por el secuestro, torturas y tormentos cometidos contra el delegado de los trabajadores municipales de San Lorenzo, Manuel Casado.

Desde 2014 permaneció detenido dos años en el penal de Marcos Paz y con los beneficios para represores que propició el gobierno de Mauricio Macri, el abogado sanlorencino obtuvo la prisión domiciliaria y desde ese entonces goza de los lujos de su mansión en el country Solares del Carcarañá en la localidad de Oliveros. En febrero de 2020 solicitó salidas transitorias a la prisión domiciliaria para trabajar como asesor (como lo había hecho históricamente) de uno de los gremios más importantes del Cordón Industrial, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (Soea), lo que generó el repudio de organismos de Derechos Humanos y finalmente no sucedió.

Cabe recordar que en 2013 junto a él fueron condenados a la misma pena los militares Rubén Cervera y Horacio Maderna, lo que hizo que la sentencia para Rodríguez sea histórica, ya que fue la primera vez que un civil cómplice de la dictadura recibió la misma condena que los militares juzgados en la misma causa.

Además, Rodríguez aún se encuentra procesado en la “Causa de los Trabajadores”, donde se espera que se juzguen las responsabilidades sobre la totalidad de los 19 desaparecidos y asesinados del Cordón Industrial durante el Terrorismo de Estado.

Fuente:Sintesis

ROSARIO - CORDÓN INDUSTRIAL: SE RETOMAN LAS TESTIMONIALES.

Juicio por crimenes de la dictadura en el Cordon Industrial

Se retomaron las testimoniales

Este lunes por la mañana, en la sede de los Tribunales Federales Nro 1 de Rosario, se retomaron las declaraciones testimoniales en la “Causa de los trabajadores”, donde se juzgan las responsabilidades civiles, militares y policiales durante la última dictadura de nuestro país.

El hecho de que el movimiento obrero organizado haya sido el blanco en nuestra región le dio el nombre a la causa como “de los trabajadores” y se espera que terminen las testimoniales y otros procedimientos, para que pueda ser llevada a juicio, donde se juzgue lo cometido contra alrededor de 20 víctimas de la regiión. 

El antecedente es el juicio por la causa de Manuel Casado, donde fueron condenados Rodríguez, Maderna y Cervera a ocho años y medio de prisión por torturas y secuestro contra el dirigente sindical.

Desde el Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial contaron que “las testimoniales son este lunes y miércoles, a las 9 hs., delante del juez cuestionado por su lentitud en las causas, Martín Bailaque”.

Es este mismo espacio el que acompaña a los testigos y convoca a hacer "el aguante" en la puerta de los Tribunales rosarinos, ya que consideran que “son testimoniales de muchísima importancia, como todas que contribuyen al armado del rompecabezas histórico, y a seguir dando contenido a la causa”.

El miércoles declarará del historiador y periodista Leónidas Ceruti, sin embargo, desde este organismo se señaló que “dadas las circunstancias nacionales que se están viviendo, por la duda de la continuidad de los juicios y la represión, y ante la falta de garantías constitucionales, no se hará mención de quienes son los testigos familiares”.

Cabe señalar que esta causa fue motorizada y trabajada incansablemente por la fiscal Mabel Colalongo, recientemente fallecida.

Envío:AgnDDHH

ROSARIO: CAUSA POR LOS DESAPARECIDOS EN LA DICTADURA EN EL CORDON INDUSTRIAL.

Acordonados

Por José Maggi

Suma testimonios la causa que pretende juzgar a los responsables de la muerte y desaparición de 19 militantes y sindicalistas del Cordón Industrial en la dictadura. Familiares reclaman que el juez Bailaque avance contra los responsables del poder económico de aquella época.

CAUSA POR LOS DESAPARECIDOS EN LA DICTADURA EN EL CORDON INDUSTRIAL

Falta citar al poder económico

Es lo que le están pidiendo al juez Bailaque los familiares de los 19 militantes y sindicalistas que fueron asesinados en la zona de las fábricas del gran Rosario. "El rol del poder económico fue clave en estas muertes", dicen los querellantes.

Por José Maggi

Los familiares de los desaparecidos del Cordón en los tribunales federales de Rosario.

Imagen: Alberto Gentilcore

La Causa de los Trabajadores del Cordón Industrial, abierta el último mes en la justicia federal local, que busca juzgar a los responsables de la muerte y desaparición de 19 militantes y dirigentes sindicales ocurridas durante la última dictadura, ya sumó cuatro testimonios. Sin embargo el juez Marcelo Bailaque decidió, por el momento, no ir contra los responsables del poder económico que se beneficiaron con la represión. Es que la querella pidió individualizar a la máxima jerarquía de cada una de las industrias del cordón, algo que el juez todavía no aceptó. "Estas informaciones son sumamente necesarias para poder individualizar a posibles responsables de los crímenes investigados, y citarlos a prestar declaración indagatoria", dice la querella. "Esperemos que no sea una operación de maquillaje del juez para quedar bien frente a la corporación judicial, y nada más" opinó Soledad Chiodín del espacio Memoria, Verdad y Justicia de San Lorenzo, al momento de valorar la apertura de la causa, la que advirtió "estuvo cajoneada largo tiempo".

"Hay testigos directos que declararon por primera vez en la causa de los trabajadores del cordón: Mirta Castellini, hermana de Irma Castellini, delegada de la comisión interna de ceramistas; Carlos Parente, hermano del conscripto Hugo Parente; Eduardo Escocina, conocido como el 'Bocha Pili', quien fuera presidente del Concejo de San Lorenzo, y que dejara cesante a Pedro Rodríguez", explica Soledad Chiodín, militante del espacio Memoria del Cordón Industrial. En estos días también declaró también Clibe Polenta hermano del desaparecido José Polenta y Alicia López, quien fuera su compañera.

La causa comienza cuando la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, toma un trabajo de familiares y víctimas del genocidio, del Espacio por la Memoria, la Verdad, y la Justicia del Cordón Industrial de San Lorenzo, a los que suma importantes aportes doctrinarios e históricos realizados por la fiscal Mabel Colalongo, y se constituyó como querellante. Los crímenes investigados se cometieron desde el norte del Gran Rosario hasta Puerto General San Martín, llevando el expediente el Nº 161/04, caratulado como "Rodríguez, Pedro y otros sobre privación ilegal de la libertad, amenazas, tormentos y otros". La encabeza el nombre de quien fuera diputado provincial del PJ y concejal del mismo partido en San Lorenzo, quien ya fuera condenado por otro caso de lesa humanidad en los últimos tiempos.

Chiodín resalta "la importancia de la apertura de la Causa y que hayan aceptado las testimoniales para darle un impulso, ya que el juez Bailaque la tenía cajoneada". De paso la militante y candidata de concejala, reclamó " que se consideren los partes de inteligencia de la época, para acusar a los responsables del exterminio. Sobre todo porque tenemos tres miembros de la patota como Pili Rodríguez, Horacio Maderna y Rubén Cervera, ya condenados por el caso de Manuel Casado" dijo en referencia al sindicalista secuestrado y torturado en la última dictadura.

En la misma línea Chiodín recordó que "desde el año 2013 se están haciendo pedidos de indagatoria, y recién ahora se abre esta luz de esperanza para juzgar a los genocidas del cordón. Esperamos que no sea una operación de maquillaje de Bailaque para quedar bien frente a la corporación judicial".

La causa judicial investiga crímenes cometidos en el marco del plan sistemático represivo de la última dictadura cívico militar, pero asimismo se investigan delitos anteriores al golpe, cometidos bajo la feroz persecución desatada en épocas de la Triple A. En términos históricos citando al historiador Leónidas Cerrutti "El movimiento obrero del cordón industrial recorrió un camino de importantes luchas, se conjugaron viejas y nuevas camadas de trabajadores. Se dio un movimiento desde la base que generó un nivel de organización singular, con reivindicaciones, métodos de lucha novedosos, con movilizaciones callejeras, que llevaron a los gremios a tener un gran protagonismo en la sociedad. A la vez, se dejo sentada la independencia de los sindicatos de los partidos políticos, la patronal y el Estado. Los gremios adoptaron posiciones antiburocráticas, antipatronales, antidictatoriales y antiimperialistas. Se destacó entre todos los sindicatos, el Sindicato de obreros y empleados petroquímicos unidos (Soepu). Se recuerda especialmente la toma de fábrica con gestión obrera de la producción durante un mes en 1974. Fue el primer gremio intervenido por los genocidas del 76. A fines de la década del 60, se organizó la "Intersindical", que surgió como una alianza sindical defensiva, clasista y solidaria. Los trabajadores respetaban la decisión de las asambleas, en las que la deliberación, decisión y ejecución quedaba en manos de los asalariados".

Por eso para Livolti "la contrarrevolución preventiva desatada en Argentina y en el resto del cono sur , por el Poder Económico representado por numerosas empresas trasnacionales y nativas, y sus instrumentos represivos (fuerzas armadas y de seguridad), desató una feroz persecución sobre el movimiento obrero combativo, y las organizaciones populares, que en el presente caso tenían sus antecedentes tal como citamos en el párrafo anterior, en la CTA de los Argentinos Regional Rosario, La Intersindical San Lorenzo, y posteriormente la Coordinadora de Gremios en Lucha del Cordón.

"Haciendo un balance -dice Livolti- luego de ocho meses de la constitución en parte querellante por parte de la Liga Argentina, en el 21 de abril de 2015, el juez Bailaque proveyó algunas de las medidas solicitadas por nuestra parte y por el Fiscal Federico Reynares Solari, entre ellas, las testimoniales de 23 testigos ofrecidos por la fiscalía y la querella".

Sin embargo hay reclamos por parte de la querella a Bailaque porque "omitió decretar el pedido de informe dirigido al Registro Público de Comercio, a los fines de que éste informe la integración de los directorios entre 1971 y 1978 de todas las fábricas, industrias detalladas en el escrito de la querella, tales como: Pasa, Celulosa Argentina, Indo, Cerámica San Lorenzo, Sulfacid, Duperial, Electroclor, Cerámica Paraná, Verbano, Massey Fergusson, John Deere y Honomag".

También se omitió proveer la solicitud de informes dirigida al ANSES, en relación a las empresas arriba detalladas, para que ésta indique los nombres y apellidos del personal registrado de mayor jerarquía, entre los años 1971 y 1978".

A su vez el juez Bailaque tampoco dio luz verde para citar a declaración indagatoria a Hugo C. Elicegui, jefe de Relaciones Industriales de Pasa, quien asumió el cargo el 3 de febrero de 1976, el que debe ser interrogado sobre la relación que mantenía con personal civil de inteligencia del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario. Y sobre el conocimiento que pueda tener de la presencia de tropas militares que controlaban el ingreso del personal al predio privado de la empresa, sobre quiénes integraban la Comisión de SOEPU, si tuvo conocimiento de lo ocurrió con sus miembros el 24 de marzo de 1976. Bailaque también omitió ordenar la declaración indagatoria de Roberto J.Taylor, Gerente General de Comunicaciones Sociales de Pasa.

Los casos a esclarecer son los de Héctor Müller, Hugo Alberto Parente.
Carlos Kruppa, Lina Teresa Funes, Juan José Funes, Roberto "Potongo" Camuglia, Ramón Riquelme, Rafael Carroza, Ramón Di Fiore, José Alberto Polenta, María Luisa Quatrin, Roberto De Grandis, Carlos Alberto Vergara y María Juana Castellini. También se investiga el secuetro de Luis Oscar Lapissonde, el único sobreviviente de aquella represión.
Fuente:Rosario12

ROSARIO: CAUSA DE TRABAJADORES DEL CORDON INDUSTRIAL.

CAUSA DE TRABAJADORES DEL CORDON INDUSTRIAL

Lo que se juzga en los tribunales

La denominada causa de los trabajadores del cordón industrial que investiga crímenes de lesa humanidad en esa región, comenzó ayer en los tribunales federales de Rosario. Se juzga los crímenes cometidos contra diecinueve víctimas, antes y durante la dictadura militar. Con la presencia del abogado Martín Livolti, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, ayer declaró Mirta Castellini sobre el secuestro y desaparición de su hermana, delegada de la comisión interna del gremio de ceramistas. Para hoy se espera la declaración de familiares de José Polenta y Hugo Parente y así sucesivamente hasta la totalidad de los alrededor de 30 testigos.

La causa comenzó luego de que el juez federal Marcelo Bailaque aceptara la querella presentada el año pasado por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que se presentó como querellante, haciendo una recopilación de testigos, familiares, sobrevivientes y datos que aportó el Espacio por la Memoria la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial a la fiscalía de Mabel Colalongo, quien por entonces tenía la causa Casado.

Cabe recordar que en 2013 hubo una sentencia contra Pedro Alberto Pili Rodríguez, Horacio Maderna y Osvaldo Cervera en la que los represores fueron condenados por torturas y secuestros cometidos contra el dirigente sindical de San Lorenzo, Manuel Casado. El paso siguiente de las organizaciones de derechos humanos y familiares fue intensificar el pedido de justicia por todos los asesinados y desaparecidos de la región, para que también esos crímenes puedan ser juzgados.

Según Soledad Chiodin, del Espacio por la Memoria, "el año pasado se presentó la querella, es un cuento cerrado, porque tiene toda la recopilación histórica de la situación del cordón industrial y del movimiento obrero, desde muchísimo antes del golpe, con todos los datos sobre por qué el Terrorismo de Estado actuó como actuó en esta región".

En esta recopilación histórica figuran las diecinueve víctimas de la región, consideradas desde 1975 en adelante.

El juez Bailaque ahora convocó a declarar a todos los testigos, que serán cerca de 30, entre familiares de las víctimas, sobrevivientes y testigos como vecinos o compañeros de militancia de aquellos años, que aportarán datos sobre la vida de sus compañeros. Entre los testigos hay delegados sindicales, el antropólogo Juan Nóbile y periodistas como Carlos del Frade y José Maggi.
Fuente:Rosario12