Así lo confirmó el fiscal general quien se unió así al posicionamiento del ministro de Seguridad la semana pasada.
El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, aseguró este jueves que las facultades que brinda el régimen de excepción «son necesarias para combatir a la delincuencia», aun cuando ha recibido múltiples críticas desde diversos sectores de la sociedad civil que afirman que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría no darán abasto para atender las más de 14.000 capturas que se han realizado desde el 27 de marzo.
Las declaraciones de Delgado llegan cuando quedan cinco días de concluir el régimen de excepción, quien defendió la medida adoptada por el presidente Nayib Bukele y respaldada por la Asamblea Legislativa en los siguientes términos: «Las facultades que nos ha otorgado el régimen de excepción son necesarias para enfrentar este tipo de delincuencia y los resultados están a la vista».
Hasta el miércoles la Policía Nacional Civil (PNC) había ejecutado 14.571 capturas en diferentes comunidades a nivel nacional, en el contexto de la medida aprobada. De este total, Delgado admitió que la Fiscalía General de la República (FGR) ha trabajado con menos del 50 por ciento de los casos.
«Vamos un poco abajo del 50 por ciento de los imputados que hemos presentado ante el Órgano Judicial. Estamos a una semana de que concluya el régimen de excepción, entonces esas facultades que nos otorgó tienen que continuar. Tenemos que procesar una buena parte de las personas que han sido detenidas durante estos primeros 30 días», argumentó.
El fiscal general defendió en ese sentido: “Debemos mantener el combate frontal y coordinado contra las pandillas. Las facultades que otorgó el régimen de excepción son necesarias para enfrentar este tipo de delincuencia y los resultados están a la vista”.
Ello ha coincide con denuncias de la organización de la sociedad civil Acción Ciudadana, la cual presentó un informe sobre las asignaciones presupuestarias para las instituciones de control. De acuerdo al informe, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría no darán abasto para atender las más de 14.000 capturas que se han realizado desde el 27 de marzo.
De acuerdo a la investigación que presentó Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, la cantidad de fiscales no dará abasto con la gran demanda de casos que han resultado por las capturas durante las medidas, que hasta el momento lleva 25 días.
Escobar hizo dicha aseveración por la cantidad que hay de fiscales y la gran carga laboral que están enfrentando. Según datos a los que tuvieron acceso, en 2018 la FGR inició 87.272 en todo el año y los auxiliares fiscales en ese momento eran 696. En ese sentido la carga laboral de cada auxiliar fiscal era de 131 casos. Cada tres días un fiscal recibía un caso nuevo, según la estadística.
Por ello Escobar cuestionó si en realidad la Fiscalía tendrá hoy en día la capacidad para poder investigar adecuadamente las detenciones.
«Cada fiscal tiene una carga laboral promedio de 130 casos al año. Ahora hay 14.000 detenidos en menos de un mes, según las fuentes oficiales. ¿Tendrá la Fiscalía la capacidad instalada para atender adecuadamente este exceso de demanda? ¿Podrá fundamentar bien estos casos y llevarlos ante un tribunal para que se compruebe la participación de las personas señaladas por un delito?», aseveró.
Por Evelyn Machuca, Resumen Latinoamericano, 18 de marzo de 2022.
Hace dos años, el Gobierno reconoció oficialmente el primer caso de covid-19 en El Salvador. El país estaba a las puertas de una de las mayores crisis sanitarias mundiales.
Este 18 de marzo se cumplen dos años desde que el Gobierno reconoció de forma oficial el primero caso de covid-19 en El Salvador. Médicos y organizaciones de la sociedad civil señalaron que en estos 24 meses se han visto más desaciertos que aciertos y dos de las deudas son la opacidad en la información y la falta de un real reconocimiento para el personal de salud.
«Al personal de salud se le trató totalmente mal durante toda la pandemia, tanto así que todavía está pendiente la deuda que tienen con los familiares de los compañeros que fallecieron», afirmó el secretario de Organización del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Salud (SITRASALUD), Luis Rodríguez.
El Gobierno ha evitado informar periódicamente sobre las bajas que el covid-19 ha ocasionado en el personal sanitario. Lo que se sabe es por esfuerzos ciudadanos: hasta febrero, SITRASALUD contabilizó 267 trabajadores fallecidos solo en la red pública.
Un decreto legislativo ordena al Estado compensar con $30,000 a cada familia doliente y la creación de un registro de fallecidos, pero hasta la fecha no lo han cumplido. Tomando en cuenta los 267 decesos que reporta SITRASALUD, el Ejecutivo estaría adeudando unos $8 millones.
Rodríguez señaló que el Gobierno no garantizó insumos médicos suficientes para proteger al personal y muchos sacaron dinero de su bolsillo para comprarlos. Además, criticó la exclusión de especialistas en epidemiología a la hora de manejar la pandemia: «Se les hizo a un lado a los expertos en el tema, porque más que todo se manejó desde el punto de vista político y no desde el punto de vista de la salud», dijo. La dirigente del Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende (ALAMES), Fátima Alas, coincidió en que el Gobierno no ha reconocido a las familias del personal de salud fallecido.
Las muertes por covid-19 en trabajadores sanitarios es una muestra de lo que se ha vuelto una constante en el manejo gubernamental de la pandemia, que incluso se ha aplicado en uno de los pocos aciertos que reconocen los consultados: la vacunación.
Médicos y organizaciones reconocieron que el Gobierno garantizó con rapidez el suministro de vacunas. Según la plataforma creada por organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, hasta la fecha El Salvador ha recibido las vacunas necesarias para que toda su población reciba las dos dosis.
Sin embargo, el Ministerio de Salud (MINSAL) ha reservado la información sobre la compra de los fármacos y el plan para administrarlo. Tampoco permite el acceso a información sobre las pruebas de covid-19 e incluso ha llegado a borrar de su portal de Transparencia documentos relacionados con las muertes ocurridas en hospitales, luego que medios de comunicación revelaran que entre enero y septiembre de 2021 en el Hospital El Salvador (HES) fallecieron 1,316 personas más que la cifra reportada por el mismo MINSAL en ese lapso.
Por otro lado, lo que sí está disponible para la ciudadanía es insuficiente y no se actualiza con frecuencia, lo que impide hacer un análisis certero del impacto del covid-19 en la salud pública, señalaron los epidemiólogos Wilfrido Clará y Alfonso Rosales. Los expertos indicaron que, a dos años de pandemia, los salvadoreños siguen sin conocer datos que otros países sí ponen a disposición de su población, como la ocupación de camas hospitalarias, el estatus de vacunación de los fallecidos por covid-19 e incluso la cobertura de la vacuna por edades y zona geográfica.
«Para enfrentar exitosamente una crisis como esta se necesita el acompañamiento de la comunidad y eso no se puede lograr si las autoridades no proveen de datos e información (…). Si no hay datos exactos, es como que alguien esté respondiendo a una crisis con una venda en los ojos», dijo Clará.
Rosales, por su parte, señaló que el sistema de salud ya carecía de credibilidad y el ocultamiento de información en la pandemia lo ha agravado. «Esta falta de transparencia – que incluso es más que falta de transparencia, es esconder, es mentir- ha llevado a un debilitamiento de una magnitud mucho más grande para el sistema de salud», reflexionó.
El Foro Nacional de Salud (FNS), que da seguimiento la implementación de políticas públicas en salud desde el prisma de las comunidades, recordó que, además de la opacidad en la información pública sobre la pandemia, se violaron derechos humanos durante la cuarentena de 2020.
«En los centros de contención prácticamente se ‘capturaba’ a quienes no cumplieran la cuarentena domiciliar y eso fue una represión contra la población. También hubo una negación deliberada del personal de salud, de médicos experimentados que hubiesen podido aportar. Toda esa gente fue descalificada. El abordaje fue más hospitalario que preventivo», señaló Morena Murillo, del Foro Nacional.
La vocera del FNS además destacó un mal uso de fondos públicos y las anomalías que se reportaron en algunas compras relacionadas con la pandemia, que incluso motivaron investigaciones de la Fiscalía. «Hubo contrataciones y adquisiciones que se hicieron sin transparencia; ha ocultado mucha información, ha manipulado datos y eso no sirve para la toma de decisiones», indicó.
Médicos y organizaciones también señalaron una tendencia a la centralización de los servicios de salud, como la atención de pacientes graves y críticos en el HES, cuya tercera fase terminó funcionando como un vacunatorio donde, de nuevo, se concentró el proceso.
Por Claudia Espinoza, Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2022.
Los comisionados cuestionaron la manera en que se realizaron las reformas a la ley de la carrera judicial y solicitaron visitar el país para constatar las denuncias , pero el estado no se pronunció al respecto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia a solicitud de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de El Salvador para conocer las afectaciones a la independencia judicial que está padeciendo el Órgano Judicial desde las acciones tomadas durante 2021 y que siguen hasta el momento.
Luego que las organizaciones denunciaron la «estrategia de desmantelamiento y cooptación del Órgano Judicial» mediante todas las violaciones ocurridas recientemente, el comisionado Joel Hernández hizo la solicitud al Estado de visitar El Salvador para conocer de cerca la situación de independencia judicial y complementar el informe país.
«Concluyo para trasladar al Estado esta petición que ha expresado la sociedad civil de poder realizar una visita de trabajo como relator. Me parece que es una visita importante y necesaria para poder complementar el informe país, pero más importante, para poder conocer in situ y de propia mano la situación de la independencia judicial en El Salvador», detalló Hernández.
“Expreso nuestra frustración porque todas estas afectaciones pudieron frenarse con una intervención oportuna de la Comisión, evitando así la violación a los derechos”. Jorge Guzmán, exjuez caso el mozote.
El comisionado consideró fundamental la visita para entender mejor la situación de la judicatura y puso a la Comisión a disposición del Estado salvadoreño para servir de «puente con la sociedad civil».
El Estado no respondió a la solicitud del comisionado.
Entre las denuncias que mencionaron las Organizaciones estaban la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general ocurridos el 1 de mayo de 2021, además de los cambios generados por las reformas realizadas a la Ley de la Carrera Judicial (LCJ) mediante el Decreto Legislativo 144, que cesó de sus cargos a más de 200 jueces, el aval al reelección presidencial, el traslado de jueces que no emiten resoluciones de acuerdo a los intereses del Órgano Ejecutivo.
Los denunciantes fueron enfáticos en señalar que en todos los casos hubo violaciones a la Constitución de la República y pidieron al Estado el cese, hostigamiento y acoso hacia los jueces y demás personas que han sido víctimas de funcionarios.
Entre los que hablaron sobre las afectaciones hacia los jueces estuvo el juez de Sentencia Juan Durán, quien manifestó la condición inestable en la que están los jueces que se abocaron al régimen de disponibilidad, donde «pueden ser trasladados en el momento si sus decisiones no van acorde con el régimen, donde serán menos estorbo».
Por su parte, el exjuez Jorge Guzmán, quien reabrió el caso de El Mozote y Lugares Aledaños, hizo un fuerte señalamiento a la CIDH al manifestar la frustración por parte de los operadores de justicia, ya que estas violaciones, según él, se hubieran evitado si la institución hubiese intervenido con tiempo.
«En nombre de los jueces y juezas expreso nuestra frustración porque creemos que todas estas afectaciones pudieron haberse frenado con una intervención oportuna de la Comisión, evitando así la violación a los derechos humanos y la intromisión y control político del Órgano Judicial», detalló.
Guzmán también solicitó la posibilidad de dictar medidas cautelares tomando en cuenta la Convención Interamericana para la protección de personas mayores y que soliciten a El Salvador que derogue el decreto 144 y se restituya en sus cargos a jueces y juezas que fueron cesados por dichas reformas.
“Nos interesa saber cuál ha sido el impacto a la administración de justicia y acceso a la justicia, si las víctimas confían y si esos traslados han tenido impacto en la confianza en el poder judicial”. Julissa Mantilla, presidenta de la CIDH
Estado evade preguntas
A pesar de todas las acusaciones que realizaron las organizaciones, los representantes del Estado salvadoreño se enfocaron en responder sobre el Decreto 144 y los cambios que ha realizado dentro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), justificando que este decreto era necesario ya que los «jueces ya no eran capaces».
Sobre las reformas a la LCJ, el comisionado Carlos Bernal dijo que según las reformas en los artículo 3 y 4 de la normativa, no quedaban claros los principios básicos de autonomía judicial y pidió al Estado que se pronunciara al respecto, ya que los artículo no brindaban ciertas seguridad jurídica a los jueces.
El Estado no respondió sobre los cuestionamientos, solo dijo que «la Corte se ha modernizado y que se han mejorado las condiciones del personal dentro de la institución».
Sobre el papel del Estado en esta audiencia, WIlson Sandoval, representante de la Fundación Nacional para el Desarrollo y quien estuvo presente en la audiencia, dijo que el Estado no respondió de manera técnica las consultas de la CIDH, sino que mas bien evadió responderlas.
«El Estado salvadoreño dejó en evidencia que no tiene argumentos por lo realizado en materia de justicia, sobre todo en las preguntas relacionadas a las consecuencias que tuvieron las reformas a la LCJ, que como mencionaron los comisionados, son incompatibles con estándares internacionales», detalló.
Violaciones a la constitución realizadas en 2021 La mayoría de las inconstitucionalidades han sido cometidas por la asamblea y la corte.
1- Destitución de magistrados y fiscal La Asamblea Legislativa, con mayoría oficialista, destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. En ese mismo momento impuso a cinco nuevos magistrados y otro fiscal.
2- Reformas decreto 144 y 145 La Asamblea aprobó reformas a la Ley de la Carrera Judicial que cesaba de sus cargos a jueces y fiscales que tuvieran más de 60 años o 30 años de servicio. Estas reformas se hicieron sin estudios ni fundamentos legales.
3- Bono y régimen de disponibilidad Para los jueces, juezas y fiscales que se retiraban, la Corte ofreció bono para los que renunciaran antes de entrar en vigencia el decreto 144 y régimen de disponibilidad para los que no lo aceptaron.
4- Nombramiento de jueces La Corte Suprema de Justicia nombró a 98 jueces para que entraran en funciones en septiembre de 2021. Este proceso se realizó sin la debida elección y sin transparencia de los perfiles de los escogidos.
5- Traslados sin justificación La jueza del Tribunal 6° Sentencia fue trasladada a Panchimalco y la jueza 2° de Instrucción fue removida a Mejicanos. Ambas dictaron resoluciones que no estaban apegadas al discurso gubernamental.
Por Amalia López*, Resumen Latinoamericano 11 de marzo de 2022.
Conmemoramos un nuevo 8M padeciendo la indiferencia del Estado ante las condiciones de género que nos deja en franca desventaja política, económica y social frente a las realidades de injusticia de El Salvador. Todo esto a pesar de que somos las mujeres las que con nuestro trabajo de cuidados no remunerado hacemos posible el desarrollo de múltiples actividades.
A pesar de ser nosotras el 53.3 % de la población del país y de que sostenemos como jefas de hogar al 48.4 % del total de los hogares en El Salvador, el Estado salvadoreño sigue obviando el mandato que mana de pactos internacionales de transversalizar el enfoque de género en su legislación y de crear política pública que contribuya a acortar la brecha entre hombres y mujeres para lograr la anhelada igualdad.
La trasnochada Ley General de Recursos Hídricos es un nuevo ejemplo de la indiferencia con la que los legisladores ven los impactos diferenciados que las diversas caras de la crisis dejan sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. De la misma manera en que prefieren ignorar a las desaparecidas, a las asesinadas, a las niñas violadas –a quienes el Estado impone una maternidad riesgosa y no deseada–; de la misma manera como criminaliza a mujeres que padecen emergencias obstétrica y a defensoras de derechos humanos y de la naturaleza; con la misma saña con que los troles atacan a las disidentes del discurso oficial, así actúan los diputados y diputadas de Nuevas Ideas, quienes prefirieron no tomar en cuenta en dicha Ley la inclusión del eje trasversal de género propuesta desde las organizaciones sociales, iglesias y academia en un documento que se les entregó antes de que aprobaran esa ley privatizadora.
Así, siendo nosotras las más afectadas por los impactos poscuarentena y habiendo pagado nosotras los costos económicos y sociales de aquella medida extrema, ahora seremos las más afectadas por la mercantilización del derecho humano al agua y al saneamiento que esa ley promueve.
Poscuarentena y en el marco de la crisis sanitaria por covid-19, la Organización Internacional del Trabajo estableció que “las mujeres tienen menor acceso a servicios de protección social y soportan una carga laboral desproporcionada en la economía asistencial o de cuido, en particular en el caso de cierre de escuelas o de centros de atención”, es decir trabajo no pagado, visto como un aporte obligado de parte de las mujeres al Estado. Ese mismo informe daba cuenta de que los sectores que emplean más mujeres son los que en la crisis económica actual están en mayor riesgo de cierre.
Y en ese contexto nos veremos obligadas a pagar por el agua que usaremos para seguir regalándole nuestro trabajo a esta sociedad, nos veremos obligadas a pagar por agua para todo el trabajo de reproducción que asumimos en nuestros hogares o nos moriremos de sed nosotras y nuestras familias.
¿Hasta dónde este Estado extractivista y patriarcal está dispuesto a exprimirnos? ¿Qué más tenemos que dar las mujeres para que nuestras demandas sean atendidas?
La lucha por el agua en El Salvador se ha dinamizado desde la organización social y dentro de ella principalmente desde la participación de las mujeres, porque los impactos de la injusticia hídrica permitida y promovida por un Estado misógino como este cobran altos costos en nuestros cuerpos y en nuestras vidas, pero también en los territorios y en los bienes naturales, los que defendemos porque de ellos depende la sustentabilidad de la vida de las comunidades.
Nuestros saberes nacidos desde el territorio los depositamos en aquellos legisladores de la Comisión especial que formuló esa Ley General de Recursos Hídricos, mismos que nos llamaron a exponer nuestras demandas pero que prefirieron ignorarlas.
Las mujeres debemos rechazar leyes y gobiernos que desprecian nuestra opinión y que ignoran nuestras demandas, funcionarios y sectores de poder que creen que los cuerpos de las mujeres, los bienes naturales y los territorios pueden ser saqueados para enriquecerse. Este Estado debe entender, de una vez por todas, que no puede seguir tomando decisiones sobre nosotras sin escuchar y atender las demandas de nosotras.
*Amalia López es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de El Salvador, miembro de la Asociación Movimiento de Mujeres de Santo Tomás, activista feminista y ambientalista y defensora del agua a través de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua.
Los 5 factores que han hecho subir el
riesgo país
Por Irma Cantizzano, Resumen Latinoamericano 11 de marzo de 2022.
El Salvador superó a Argentina y se convierte así en el segundo país con más riesgo de impago en América Latina, según JP Morgan.
El Salvador se convirtió ayer en el segundo país con mayor riesgo de impago en América Latina, según la medición del Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (Emerging Markets Bonds Index, EMBI) calculado por JP Morgan.
Este índice es un termómetro de cómo el mercado financiero evalúa la capacidad de pago de la deuda soberana de un país.
Esta semana El Salvador rompió dos retos consecutivos, el primero cuando llegó al 19.29 % el 8 de marzo y en el indicador del miércoles 9, cuando con 18.29 se puso a la cabeza del índice en América Latina (solo abajo de Venezuela) y arriba de Argentina. Y aunque las economías son totalmente diferentes al igual que el peso de su deuda (en el caso argentino supera el 100 % del PIB), el país del sur, acaba de acordar un refinanciamiento con el FMI, mientras que El Salvador aún no ha hecho pública su estrategia de financiamiento y la hoja de ruta fiscal; y el acuerdo con el Fondo que implicaba financiamiento por $1,300 millones se encuentra en el limbo.
Entre más alto el EMBI, más alta será la tasa de interés que el país tendrá que pagar en el mercado tradicional de bonos (si fuera hoy, sería arriba del 20 %) y eso limitará los programas sociales, porque se tendrá que hacer ajustes al gasto y no tendrán fondos para hacerle frente.
Y para los economistas, continuar «jugando» con la deuda a corto plazo pondrá más presión en la banca que son los principales compradores de esa deuda y llegará a un punto de insostenibilidad.
03 de mayo 2021
1- Golpe en la Asamblea
La nueva Asamblea Legislativa de mayoría oficialista asumió el poder el sábado 1 de mayo, ese mismo día los diputados destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General. El viernes 30 de abril el EMBI de
El Salvador era de 5.38 %, el lunes 3 de mayo ya había llegado al 6.49 %. Un punto más en un solo día. Mientras el indicador permanecía estable para el resto de economías de la región. Los economistas señalaron en ese momento que esa alza fue por la situación interna que generó zozobra en los mercados financieros y los bonos cayeron entre un 3 % a un 7 % en un solo día.
El banco de inversión Barclays señalaba que el “aumento de las tensiones políticas socava las relaciones de Bukele con las instituciones financieras y profundiza nuestras preocupaciones sobre la posibilidad de un acuerdo con el FMI”.
9 de Junio de 2021
2- Nace la ley bitcóin
El 6 de junio el presidente Nayib Bukele, anunció en una conferencia en Miami que el bitcóin sería moneda legal en El Salvador, tras el asombro general, tres días después presentó la Ley que después de unas horas, fue aprobada en la Asamblea Legislativa. Y mientras las personas y empresas no sabían como reaccionar ante un nuevo criptoactivo que implicaba ser aceptado por todos, los mercados tampoco reaccionaron de un solo golpe. El indicador de Riesgo País se encontraba en 5.87 el viernes 4 de junio, antes de conocerse el anuncio; y empezó a subir primero a 6.15, 10 días después estaba en 7.25 %. El 19 de julio llegó al 8 %, y no volvió a bajar considerablemente.
30 de julio de 2021
3- Moody’s baja la nota
El 30 de julio la agencia calificadora de riesgo Moody’s rebajó la nota soberana de El Salvador de Ba3 a Caa1 , que es considerada como “bonos basura”, es decir con alta probabilidad de impago. Ese día el EMBI llegó al 8.01 % y un día después subió a 8.49 %. En el reporte Moody’s destacaba que la salida de la CICIES, la destitución de los magistrados y la aprobación express de la Ley del Bitcóin, “reflejan el debilitamiento de la gobernabilidad, aumentando las tensiones con los socios internacionales, incluido EUA y poniendo en peligro el avance hacia un acuerdo con el FMI. En este contexto, los riesgos asociados a la necesidad de El Salvador de acceder a suficiente financiamiento externo antes de los reembolsos de bonos a partir de enero de 2023 han aumentado sustancialmente”.
21 de noviembre de 2021
4- Anuncian bono bitcóin
En septiembre que entró en vigor la utilización del bitcóin en El Salvador el Riesgo País llegó al 10 %; pero en noviembre subió aun más. Sin acuerdo con el FMI, y sin poder salir a mercados internacionales por las altas tasas de interés, Bukele anunció el 21 de noviembre la creación de una “ciudad bitcóin” que sería financiada con una emisión de bonos bitcóin por $1,000 millones. Así del viernes 19 al lunes 22, después de conocerse el anuncio del bono bitcóin, el EMBI pasó de 11.35 a 11.82, luego subió a 12.09 y para cerrar el mes lo hizo con un nuevo récord: 13.15 %. “Los bonos denominados en dólares de El Salvador se han hundido tanto que @nayibbukele quiere reemplazarlos con bonos de Bitcóin. Pero, un bono de Bitcóin ofrecería rendimientos más bajos a pesar de conllevar un mayor riesgo. Parece que Bukele está intentando inventar una nueva aritmética financiera”, comentaba en twitter el economista estadounidense Steve Hanke.
8 de marzo de 2022
5- Nuevo récord negativo
El martes 8 de marzo El Salvador rompía un nuevo récord de forma negativa y llegaba al 19.28 % en el indicador de Riesgo País, una cifra nunca vista salvo en países con fuertes crisis fiscales como Argentina. Y aunque los indicadores de todos los mercados han subido por la situación de la invasión en Ucrania, ninguno lo ha hecho con el ritmo creciente de El Salvador. Para la economista Tatiana Marroquín, un factor que podría haber incidido en esa alza es la falta de certeza del rumbo fiscal que lleva el país. Esto sobre todo, explicaba por su parte, Ricardo Castaneda, economista del ICEFI, después de estar a menos de una semana que se tenga que emitir el bono bitcóin o bono volcán y que no se tenga aún la normativa jurídica para hacerse. El Riesgo País cayó levemente en la medición del 9 de marzo, pero hoy por hoy ocupa el segundo lugar de América Latina, solo sobrepasado por Venezuela que mantiene un índice de 461 %.
Los cuerpos de las víctimas encontradas corresponden a María Francisca Reyes, a sus tres hijos y una bebé que cuidaba.
A 40 años de la masacre perpetrada por el Ejército de El Salvador en 1981 en la localidad de El Mozote, un grupo de forenses salvadoreños y argentinos concluyó las labores de excavación donde encontraron restos humanos de cinco víctimas.
La organización no gubernamental (ONG) Cristosal confirmó que se encontraron los cuerpos a raíz de las excavaciones en la zona conocida como cantón La Joya, en el oriente del país, y cercano a la localidad donde fue perpetrada la matanza.
Los restos de las personas halladas corresponden a María Francisca Reyes y a sus tres hijos, de seis meses, tres y cinco años, respectivamente. De igual forma, se halló una bebé de 11 meses, quien “era cuidada por doña Francisca, mientras los padres de la menor se resguardaban de los ataques de la Fuerza Armada en la zona”, declaró la abogada Guadalupe Hernández.
Otras investigaciones se realizaron entre el 14 y 18 de febrero en el lugar conocido como Cerro Pando, donde se buscaban restos de 11 personas, sin embargo, lo único que se identificaron fueron fragmentos óseos.
De acuerdo con los datos ofrecidos por la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron “deliberada y sistemáticamente” a alrededor de 6.000 infantes, mujeres y hombres.
En 1992 se recuperaron los restos de unas 400 personas, principalmente menores de edad. Del millar de personas masacradas por los soldados, 408 eran bebés, niños y niñas con menos de 10 años de edad, incluidos 17 que aún no habían nacidos y fueron asesinados en el vientre de sus madres. Esto fue el resultado de la masacre El Mozote, el operativo militar, bautizado como ‘Rescate de Morazán’.
Dicha matanza “se vendió como una estrategia para neutralizar los campamentos que había establecido en la zona el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una de las cinco agrupaciones que integraron la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN)”, según confirmó la plataforma Resumen Latinoamericano.
“Apoyados por artillería y aviación, se estima que entre 1.000 y 2.000 militares participaron en el operativo antiinsurgente, en un territorio agreste de apenas 25 kilómetros cuadrados. El rol protagónico lo asumió el Batallón Atlacatl, una unidad élite creada ese mismo año, equipada, financiada y asesorada por el Gobierno estadounidense, cuya presidente era el republicano Ronald Reagan”, detalló el medio informativo.
Por Carmen Rodríguez, Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2022.
Un alto funcionario de la Administración Biden dijo que existen pláticas con sector privado, comunidad internacional y organizaciones civiles en el Triángulo Norte para abordar el problema de la corrupción.
Mientras el presidente salvadoreño Nayib Bukele busca estrechar lazos con otros países, Estados Unidos está trabajando en acercarse y en reforzar lazos y cooperación con el nuevo gobierno de Honduras.
La vicepresidenta Kamala Harris encabeza la delegación que representa a la Administración del presidente Biden durante la toma de posesión de Xiomara Castro, como la próxima presidenta de los hondureños.
El miércoles, un asesor privado de la Casa Blanca dijo en Washington DC, Estados Unidos, que la vicepresidenta, además, ha mantenido comunicación constante con Xiomara Castro para marcar el rumbo de la relación que tendrá Estados Unidos con el próximo gobierno de Honduras.
«La vicepresidenta Harris va a liderar la delegación que representará al presidente Biden durante el día de la toma de posesión de Xiomara Castro, la próxima semana. Ella tiene un compromiso muy constructivo con Castro y estamos respondiendo a las necesidades que tienen el gobierno hondureño», dijo el asesor de la Casa Blanca.
Estados Unidos sin embargo sigue pendiente del resto de la región, y de El Salvador específicamente, eso, pese a que el presidente Bukele ha marcado el distanciamiento con la Administración de Joe Biden.
De hecho, en este momento, Bukele se encuentra buscando nuevos lazos de cooperación en Turquía y en Rusia. Estados Unidos, por su parte, mantiene su interés e intención de trabajar de cerca con organizaciones civiles salvadoreñas, pero marcando una disidencia notable con el gobierno salvadoreño.
«Reconocemos que el presidente Bukele es muy popular y también hemos sido claros en decir que la popularidad no te da un cheque en blanco para socavar la democracia y la institucionalidad del país o de El Salvador. Hemos visto ataques en las redes sociales hacia nuestra embajadora y claro que cosas como estas son preocupantes. No es cómo un gobierno se lleva bien con otro», dijo.
Sobre el acercamiento de China con El Salvador y con otros países de la región centroamericana, el funcionario dijo que Estados Unidos no va a entrar en la dinámica de pedir a otros países de «escoger», entre China y Estados Unidos, pues la Administración Biden está clara en que «hay líderes que no están interesados en la prosperidad y el futuro de sus ciudadanos».
El funcionario se refirió a la próxima convención de países por la democracia, que es el seguimiento a la convención que se desarrolló en diciembre de 2021, en la que fueron nombrados bajo la lista Magnitsky, de funcionarios corruptos y que atentan en contra de los derechos humanos, a Carolina Recinos, comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno; al director de Centros Penales y a su madre, Osiris Luna y Alma Yanira Meza; y al director de Tejido Social, Carlos Marroquín.
El gobierno salvadoreño no fue incluido en la lista de invitados a la convención pasada, pero según dijo el asesor de la Casa Blanca, por ahora no se ha hablado en la Administración Biden de excluir a alguno de los países, como El Salvador, que han marcado su distancia con Estados Unidos (ver nota aparte).
Comunicación con Honduras
El funcionario estadounidense señaló que entre los puntos que ha tratado la vicepresidenta Harris con la próxima presidenta hondureña está la creación de una nueva entidad anticorrupción. Esto a partir de que el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, no renovara el contrato de la Misión de Apoyo y lucha Contra la Corrupción y la Impunidad, conocida como la Macci.
Según el funcionario, Harris también ha sostenido, recientemente, varios encuentros con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, en los que el mandatario guatemalteco ha expresa su interés en construir «el muro de la prosperidad» con la Administración Biden, que contempla componentes de combate al narcotráfico.
«La vicepresidenta también ha estado personalmente en comunicación con el presidente Giammattei y él también ha tenido serios acercamientos con su secretaria de seguridad Nancy McEldowney.
Las conversaciones empezaron en un tono muy positivo y estamos de acuerdo en muchas cosas, el presidente propuso algo a lo que él le llama el muro de la prosperidad», dijo el funcionario.
Además, el asesor dijo que existen pláticas sobre acuerdos con el sector privado, con organizaciones civiles y con miembros de la comunidad internacional en los países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) para continuar abordando el problema de la corrupción institucional en los tres países.
En El Salvador, muchos de los fondos destinados a desarrollo social han sido puestos en manos de la Sociedad Civil y no del gobierno Central.
La toma de posesión de la recién electa presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se llevará a cabo el próximo 27 de enero. La llegada de la delegación estadounidense, encabezada por la vicepresidente Harris, pone fin a años de congelamiento en la relación entre ambos países.
Los últimos 12 años de gobierno conservador en Honduras estuvieron marcados por escándalos de corrupción y narcotráfico que involucraron al saliente presidente Juan Orlando Hernández y a algunos de sus allegados.
El propio Hernández fue señalado por fiscales de Estados Unidos como co-conspirador durante un juicio por narcotráfico a su hermano Tony, condenado a cadena perpetua en marzo en Nueva York.
Fuente: Prensa gráfica
Juliana Ama, la mujer indígena que
preserva la memoria de todo un pueblo
Por Paula Rosales, Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2022.
Se cumplen 90 años de la masacre durante el levantamiento indígena en contra de la dictadura militar en El Salvador. Juliana Ama, nieta de uno de los líderes de la rebelión, rememora aquella historia.
Lidia Juliana Ama es una incansable mujer indígena del pueblo nahuat de El Salvador. A sus 73 años continúa impulsando el idioma, la cultura y la memoria de una de las mayores masacres en contra de poblaciones originarias por parte del Estado.
Los hechos ocurridos en enero de 1932 en el occidente del país se catalogaron como un etnocidio. Según estiman varios historiadores, acabó con la vida de unos 25 mil indígenas en la región occidental del país. No existe hasta ahora una cifra oficial.
El principal punto de la represión tuvo lugar en el municipio de Izalco, unos 56 kilómetros al oeste de la capital San Salvador.
Entre el 22 y 26 de enero, miles de hombres indígenas fueron sometidos, sacados de sus casas y asesinados por la Guardia Nacional, quienes siguiendo las órdenes del presidente General Maximiliano Hernández Martínez (1931 – 1944), debían sofocar el “levantamiento de comunistas” en el empobrecido país centroamericano.
Fraude y despojo
El levantamiento insurreccional de indígenas fue motivado por el despojo continuo de las tierras ejidales, de uso común de los pueblos; la reducción a menos de la mitad del pago por labores agrícolas y el fraude electoral de la alcaldía del municipio.
Feliciano Ama, tío abuelo de Juliana, fue el principal señalado de instigar el movimiento en la zona. Reclamaban al gobierno la victoria del candidato a alcalde de Izalco Eusebio Gómez sobre el candidato Miguel Cal.
“Como siempre, ha habido fraude. Le dieron el gane a este señor (Miguel Cal) y eso les dio más cólera a los indígenas. El 22 de enero se reunieron todos los abuelos bajo una ceiba en el parque. A las seis de la tarde comenzaron a circular en el pueblo reclamando por el fraude y por la devolución de las tierras comunales”, dijo Juliana Ama a Presentes.
“Los abuelos fueron comunales, no comunistas, para denigrarlos el gobierno dijo que eran comunistas. En algún momento culparon al tata Feliciano por su osadía de revelarse en contra de los terratenientes del pueblo”, señaló.
El pequeño municipio de Izalco de 175 kilómetros cuadrados históricamente se dividió entre los de arriba y los de abajo. Los primeros son, en su mayoría ladinos o mestizos pudientes y los de abajo por indígenas empobrecidos por el despojo.
“Mientras la gente de dinero celebraba la victoria de Miguel Cal, los abuelos llegaron a reclamar armados de palos y machetes. Fueron recibidos con bala. Durante ese enfrentamiento asesinaron a Cal. El 24 de enero el presidente Maximiliano Hernández Martínez les ordenó a todas las tropas de El Salvador, concentrarse en Izalco para matar a medio mundo, sin preguntarles nada”, recordó Juliana.
Juliana es sobrina nieta de Feliciano Ama, el líder del levantamiento. Foto: Paula Rosales.
Un castigo expansivo
La violencia estatal también se vivió en los municipios de Nahuizalco y Juayua ubicados en el departamento de Sonsonate, así como algunos lugares de la capital San Salvador.
El 28 de enero capturaron a Feliciano Ama, y luego fue ahorcado en la plaza central de Izalco como escarmiento para los rebeldes.
La palabra comunismo se convirtió en la tortura para los indígenas. Representaba dolor y muerte para ellos.
“Hubo mucho terror, miedo, incertidumbre al tener esos actos de persecución por parte de la policía cívica Utilizaron una carreta para que anduviera por todo el pueblo recogiendo los cuerpos y los traían al Llanito. En esa época prohibieron la carne de cerdo porque los animales se comieron a muchas de las víctimas abandonadas en el predio”, expresó Juliana.
La devastación
El Llanito es un predio donde estuvo la iglesia la Asunción destruida en un terremoto de 1773. En esas ruinas se cavaron zanjas para enterrar los cuerpos de la masacre.
“Fueron miles de abuelos los que murieron, la población quedó escasa de hombres. Mi papá contaba que a los niños de diez años les ponían vestidos y les amarraban la cabeza con un pañuelo para que parecieran niñas y la tropa no los matara”, dijo Juliana.
De acuerdo al libro El Salvador, 1932 de Thomas R. Anderson, en 1932 la población indígena en el departamento de Sonsonate era del 34.6 por ciento. En contraste con el 0.44 por ciento del último censo de población, realizado por la Dirección General de Estadísticas y Censos en 2007.
“Hablar de 1932 es doloroso y bastante conmovedor. En el Llanito encontrábamos dientes, fragmentos de las mandíbulas, eran parte de los abuelos asesinados”, recordó Juliana.
La pérdida de la identidad indígena
“Por favor silencio porque está pisando suelo sagrado, los de ayer amordazaron mi voz, mi idioma nativo, mi ropaje, me quemaron mi cotón, eliminaron mi apellido y hasta el danzarle a los cuatro vientos”, reza el monumento en el Llanito, donde yacen miles de indígenas asesinados por el Estado.
Después de los sangrientos hechos, las mujeres indígenas fueron obligadas por las fuerzas de represión del Estado a dejar de utilizar sus ropas tradicionales y no hablar su idioma. Tuvieron que sobrevivir bajo el estigma de ser rebeldes comunistas.
“Yo fui testigo de toda la discriminación que sufrió mi mamá. A todas las indígenas que se vestían con refajo les decían ‘Marías’. Cuando mi mamá iba a vender al mercado los ladinos la trataban con desprecio, por eso yo decidí luchar por la memoria”, expresó Juliana.
Reconoce que a sus hermanos no les gusta hablar del pasado, ya que el desprecio hacia los indígenas permeó en mucha gente que dejó de reconocerse como originario.
Los pueblos indígenas no se reconocieron constitucionalmente hasta 2014, durante una polémica votación en el Congreso, que tuvo que realizar una ardua negociación de los votos para lograr su ratificación. Desde ese año aún no hay avances tangibles en sus derechos.
Juliana recibió amenazas en 2001 cuando comenzó a organizar la conmemoración de la masacre.
Náhuat: el idioma que no murió con la masacre
De profesión, docente, Juliana se formó en la primaria en una escuela indígena de Izalco. Tiene una maestría en interculturalidad y ha presentado en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el primer plan en el mundo para promover políticas de pueblos indígenas.
“Cuando llegamos a la escuela las paredes estaban llenas de sangre, donde los maestros habían muerto”, señaló Juliana.
Promovió la enseñanza intercultural en el sistema de enseñanza público. Se jubiló hace diez años y desde entonces dedica su tiempo a transmitir el idioma náhuat a niñas y niños entre tres y cinco años en el occidente del país.
Comenzó una escuela de “Náhuat sin paredes” en el Llanito, pegaba los carteles de enseñanza en los troncos de los en los árboles de amate del lugar, su iniciativa llamó la atención de la academia y juntos fundaron las “Cunas Náhuat” o “Xutxikisa Nawat”, que en castellano significa “florece el náhuat”.
Una escuela que hizo escuela
Desde que inició se han creado tres cunas en los municipios de Santo Domingo de Guzmán, Santa Catarina Masahuat y Nahuizalco.
Es la primera escuela de este tipo en Mesoamérica. Juliana junto a 8 mujeres pipiles nahuaparlantes o nantzin imparten las clases diariamente. Hasta la fecha más unos 300 niños y niñas de las comunidades se han beneficiado con el programa.
“El idioma es un legado que tenemos que dejar a las nuevas generaciones y un testimonio del presente. Toda la historia es una memoria que no debemos de olvidar, me voy a morir y me voy a ir satisfecha”, dijo Juliana.
El idioma náhuat se encuentra en un estado de amenaza crítica ya que el número de hablantes es muy pequeño y de edad avanzada. De acuerdo al atlas de lenguas indígenas de la UNESCO, se estima que hay unas 200 personas nahuablantes, es la última generación de hablantes en el país.
“Todavía no me siento rendida ni vencida. No creo que me dé por vencida hasta no ver una generación en que el idioma se hable fluidamente en niños y jóvenes porque son el futuro de nuestro país”, acotó Juliana.
Fuente: Agencia Presentes
Alistan beatificación de catequistas
asesinados
Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2022.
La Conferencia Episcopal de El Salvador realizará este sábado la ceremonia de Beatificación del padre Rutilio Grande, será un homenaje a los catequistas salvadoreños asesinados en 1977 por los escuadrones de la muerte.
Así lo consideró el salvadoreño Alexander Torres a medios internacionales, alguien que es seguidor del trabajo del cura y residente en el Paisnal, lugar de nacimiento de Rutilio en 1928, para quien la santificación será un reconocimiento a los cientos de predicadores que fueron desaparecidos y masacrados.
“La ceremonia de beatificación permite no solo reconocer el legado pastoral del padre Grande con los pobres, sino también de los catequistas —hombres y mujeres celebradores de la palabra— que fueron asesinados durante el conflicto armado”, subrayó.
Torres precisó que miembros de la Fundación Rutilio Grande, entre 1977 y 1980 fueron “asesinados y desaparecidos al menos 300 personas” de las regiones de El Paisnal, Aguilares, Guazan y otras comunidades en las que laboró el cura.
“Gentes de las comunidades de El Paisnal, de Aguilares, de Guazapa y de todo el país que acompañaron esa obra pastoral del padre Grande (y) que conocieron de cerca el sentir del pueblo fueron masacrados, perseguidos durante el conflicto armado y asesinados”, indicó.
Durante la guerra en El Salvador (1980-1992), cientos de religiosos, entre curas, monjes y catequistas, fueron asesinados. “Hasta hoy las familias de las víctimas siguen pidiendo Justicia”, dijo.
El escuadrón de la muerte era operado por aliados a los militares y aupados por los poderosos empresarios, terratenientes y líderes políticos de la época, según precisa el informe de la comisión de la Verdad.
Junto a Rutilio, los religiosos Nelson Lemus y Manuel Solórzano resultaron muertos junto a Grande y sus altares serán elevados en honor a su vida. Nelson y Manuel con 17 y 22 años respectivamente, acompañaban al padre Grande en el auto que fue ametrallado el 12 de marzo de 1977. Ahora los tres son mártires para la iglesia católica.
En el marco de la ceremonia, la Asamblea Legislativa aprobó con 80 votos a favor “capital de la República de El Salvador por un Día” a la ciudad de Aguilares, en el departamento de San Salvador el 23 de enero.
