Violencia Institucional
Caso Jonantan Herrera: “Confirma e incrementa la impunidad”
05/10/2017
La Multisectorial contra la Violencia Institucional repudió el fallo de la Cámara de Apelaciones de Rosario conocida este jueves, en el caso Jonatan Herrera, el joven fusilado por policías en enero de 2015 mientras lavaba su auto en la puerta de su casa. “No estuvo a la altura de la gravedad de los hechos acontecidos, que configuran graves violaciones a los Derechos Humanos”, plantearon.
“En el día de hoy, jueves 5 de octubre de 2017, se dio a conocer el resultado de la sentencia de la Cámara de Apelaciones, integrada por el juez Javier Beltramone y las juezas Bibiana Alonso y Georgina Depetris”, plantea la Multisectorial en un comunicado dado a conocer este mismo jueves. “Este Tribunal, no estuvo a la altura de la gravedad de los hechos acontecidos, que configuran graves violaciones a los Derechos Humanos”, se quejaron. “Una vez más quedó al descubierto la impunidad que garantiza el Poder Judicial al no sancionar de manera eficaz y efectiva las prácticas sistemáticas de uso ilegal de la fuerza por parte de la policía”, añadió el texto.
En su comunicado, la Multisectorial –en la que participan familiares de casos de violencia institucional y diversas organizaciones– recordó que “Jonatan fue acribillado por policías del Comando Radioeléctrico (CRE) y de la recientemente creada Policía de Acción Táctica (PAT), mientras lavaba su auto en la puerta de su casa, el 4 de enero de 2015”. “Este caso, en sus diferentes instancias, dejó en evidencia la repetida y sistemática intención del Poder Judicial de garantizar impunidad a los policías responsables”, remarcó la entidad.
“En un primer momento, se intentó cerrar la causa por Juicio Abreviado, una respuesta totalmente a contra marcha de la especial obligación que tiene el Estado de investigar casos de violencia policial y graves violaciones a los derechos humanos”, repasaron en el comunicado de la Multisectorial. Y añadieron: “Posteriormente, se intentó unificar las querellas. Luego, una vez que el caso llegó a juicio oral y público, gracias a la tenaz e incasable lucha de su familia y de distintas organizaciones sociales, políticas, académicas, sindicales, culturales y de derechos humanos, el 6 abril de este año, los jueves Curto, Alarcón y Zvala dictaron una sentencia vergonzosa”.
La Multisectorial repudió también el fallo de este jueves, al que calificó de “sentencia bochornosa”. “Dispuso por mayoría de votos (voto mayoritario de las juezas Alonso y Depetris y en disidencia el juez Beltramone) confirmar la sentencia de primera instancia respecto a Ramiro Rosales, la que impusiera la pena de 6 años y 6 meses de prisión y 8 años y 6 meses de inhabilitación por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por el uso de armas”, remarcaron.
Y luego continuaron con las críticas al fallo de este jueves: “En segundo lugar, dictaminó por unanimidad confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia respecto de Francisco Javier Rodríguez, Luis Alberto Sosa Luis Alberto y Alejandro Gálvez revocando la pena impuesta a los mismos (3 años y 8 meses por abuso de armas agravado), condenando a la pena de 2 años de ejecución condicional a Sosa y Gálvez y a la pena de 2 años y 8 meses de ejecución condicional respecto a Rodríguez, por encontrarlos coautores del delito de abuso de armas”.
Para la Multisectorial, la “resolución confirma e incrementa la impunidad que la repudiable sentencia de primera instancia ya había asegurado, manteniendo la calificación legal de homicidio culposo en el caso de Rosales, figura legal utilizada cuando «se mata sin querer», contradiciendo lo que quedó ampliamente demostrado en juicio en torno al dolo con el que actuó Rosales”. “Los propios jueces entendieron en el fallo que Rosales disparó 11 veces con su arma reglamentaria, que no le cabe ningún tipo de excusa absolutoria, y que su accionar fue totalmente ilegal ya que no estaba habilitado a utilizar la fuerza de ninguna manera. Sin embargo, a la hora de condenarlo, contradictoriamente, no encuadran su conducta en la figura de homicidio doloso agravado, tal como lo solicitó la querella de María Elena Herrera”, agregaron en el texto.
“En cuanto a los agentes de la PAT, ya la sentencia de primera instancia resultaba sumamente desajustada a derecho, al condenar por abuso de armas a los tres policías que se comprobó que también dispararon a Jonatan”, señaló el comunicado de la Multisectorial. “Los jueces de segunda instancia no solo no cambiaron la calificación legal de los hechos perpetrados por los efectivos de la PAT, tal como lo entiende y solicitó la querella de la mamá de Jonatan, que exigió condenar por tentativa de homicidio, sino que además redujeron la condena de los mismos”, se quejó la entidad.
“Por otra parte –continúa el comunicado–, el fallo reconoce que la escena del hecho fue alterada por el personal policial interviniente, reconoce la inadecuada conducción y entrenamiento del personal de la Policía de Acción Táctica y la falta de investigación adecuada por parte del Ministerio Público de la Acusación. Por lo que recomiendan al Fiscal General y al Ministerio de Seguridad de la Provincia que los hechos sean investigados adecuadamente, y que la investigación sea llevada a cabo por parte de una fuerza ajena a la policía provincial”.
La Multisectorial consideró que “durante el juicio quedó evidenciada la responsabilidad policial en el asesinato y en el encubrimiento”, y criticó “la doble vara de la justicia, lenta, parcial e ineficaz cuando se trata de juzgar a agentes policiales no los condenó adecuadamente”. “Así, Jonatan es una víctima, víctima de las nefastas políticas de seguridad de la provincia de Santa Fe, de una justicia que niega la violencia institucional, no investiga y garantiza impunidad”.
Según la Multisectorial, el caso de Jonatan Herrera “es emblemático” porque “evidenció con contundencia el ejercicio sistemático de prácticas policiales violentas, especialmente sobre jóvenes de sectores populares y prácticas policiales de encubrimiento y adulteración de la escena de los hechos”. Y porque “evidenció un accionar inadecuado por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que incumple estándares internacionales para la investigación (pronta, efectiva, completa, independiente e imparcial) y la determinación de responsabilidades en estos casos”.
“En tercer lugar, es emblemático porque demostró y confirmó a partir de esta sentencia cómo el Poder Judicial, a través de la figura de los jueces, dinamita la posibilidad de que la justicia legal pueda cumplir una mínima función reparatoria del dolor inconmensurable que atraviesan las familias de los jóvenes víctimas de violencia institucional y la sociedad en su conjunto”, destacaron desde la Multisectorial.
“El caso de Jonatan –insistieron desde la entidad–, es emblemático porque es el primero de muchos otros casos ocurridos en los últimos años en nuestra ciudad, que llega a esta instancia judicial. Por eso, desde la Multisectorial Contra la Violencia Institucional responsabilizamos a los jueces Zvala, Curto Alarcón, Alonso, Beltramone y Depetris por no dictar sentencias ejemplares y, de este modo, configurar las condiciones de posibilidad para garantizar la continuidad de este tipo de prácticas por parte de la policía de la Provincia de Santa Fe que mata a los jóvenes sin recibir las sanciones que corresponden por ello”.
Finalmente, desde la Multisectorial anunciaron que seguirán “en las calles exigiendo y construyendo justicia”.
Fuente:RedaccionRosario
