AGENCIA PACO URONDO

Masacre de Palomitas en Salta: “La dictadura intentó paralizar al pueblo”

Entrevista a Nora Leonard, perseguida política de la dictadura cívico-militar, sobre cómo fue el accionar del terrorismo de Estado en Salta. "No debemos permitir un avasallamiento de derechos como estamos viviendo en Jujuy, donde Morales hace lo que quiere", afirma. 

28-07-2023 

Por Juan Borges

En julio se cumplió un nuevo aniversario de la Masacre de Palomitas, en Salta. En este marco, Nora Leonard, perseguida política de la última dictadura militar, dialogó con AGENCIA PACO URONDO sobre el caso.

- ¿Qué fue la Masacre de Palomitas?

- La Masacre de Palomitas fue el Terrorismo de Estado aplicado en Salta. Fueron sacados prisioneros de la cárcel de Villa las Rosas, donde yo también fui presa política, para ser asesinados los perseguidos políticos: María Amaru Luque, Benjamín Ávila, José Povolo, Celia Leonard, María del Carmen Alonso, Roberto Oglietti, Rodolfo Pedro Usinger, Alberto Simón Savransky, Georgina Droz, Evangelina Botta y Pablo Outes. Yo me entero un mes después de la masacre porque mi hermana Katy y mi padre van a visitarme y me cuentan lo que había sucedido.

Esto se da en el marco de una represión feroz. Mi hermana Celia Leonard tenía una beba de cuatro meses que todavía estaba amamantando y sin embargo es la primera que sacan del pabellón. Yo justo estaba preparando una clase de historia. Estaba en el otro extremo que daba a la puerta de entrada al pabellón. Entonces divise una gran cantidad de militares con armas largas. El objetivo de la dictadura genocida fue generar el terror en todos los lugares. Eso significaba que ante tanto terror y masacres el pueblo quedara inmovilizada y dejara de luchar.

- ¿Cómo fue la lucha por justicia que llevaron a cabo los familiares?

- En mi caso yo estuve dos años detenida en Salta y más de dos años en Devoto por razones políticas. Fueron años difíciles pero las compañeras que estuvieron conmigo fueron muy luchadoras y humanas. Nos ayudábamos y fuimos muy solidarias entre nosotras. Aprendí muchas cosas y me ayudaron mucho. Cuando salí de la cárcel me faltaba una materia para recibirme de profesora de historia. Me recibí, pero los militares no me dejaban ejercer la docencia. Me mandaron de castigo al Archivo Histórico. Al volver la democracia me volví a insertar en la docencia que era lo que yo quería. Después vinieron años de mucha lucha porque no se podía hablar de lo ocurrido en la dictadura. Poco a poco las cosas fueron cambiando y hubo marchas para el 24 de marzo. Empezaron a hacerse actos recordatorios de Palomitas también. Comenzamos a dar charlas en las escuelas y los chicos se interesan mucho en estos temas. La difusión sirvió mucho para concientizar a muchos jóvenes de nuestra historia reciente.

- ¿Qué reflexión puede hacer a 47 años de aquella masacre?

- Después de haberse producida semejante masacre lo que más nos duele a los que quedamos, es que todavía no hayamos logrado una sociedad más justa, como querían los compañeros y las compañeras de aquella generación del 70 que lucharon con tanto heroísmo. Ellos luchaban por una sociedad distinta donde tuviéramos los mismos derechos. Lo que nos queda como deuda con esos compañeros y compañeras que brindaron su vida es lograr una sociedad más justa. Dejaron sus privilegios de clase, dejaron todo por lograr un cambio profundo. Por eso no debemos permitir un avasallamiento de derechos como estamos viviendo en Jujuy, donde el Gobernador Morales hace lo que quiere utilizando una justicia a su favor y ejecutando todo tipo de ilegalidades. Ese tipo de situaciones no deben pasar. Por eso es necesario seguir luchando.

Fuente:Telam

 

Lesa humanidad 

Acusan a otro expenitenciario en la causa de la masacre de Palomitas

La fiscalía consideró acreditado que el 6 de julio de 1976 el oficial Víctor Rodríguez participó de la extracción de las once personas del penal de Villa Las Rosas que luego fueron ejecutadas. Lo acusó por tormentos agravados y pidió que se haga una inspección de la cárcel. 

El fiscal general Carlos Amad, del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, presentó la acusación contra el oficial penitenciario Víctor Manuel Rodríguez por aplicación de tormentos agravados por haberse cometido en perjuicio de 11 personas que estaban detenidas en el penal de Villa Las Rosas a disposición de la Justicia Federal y porque esas personas, seis hombres y cinco mujeres, eran perseguidas políticas.

La acusación fue formalizada el 28 de junio pasado ante la jueza federal Mariela Giménez, en el marco de la etapa de plenario del proceso, que se tramita según las previsiones del viejo Código de Procedimientos en Materia Penal, por lo que es escrito. 

Según se reseña en la acusación fiscal, Rodríguez cumplió funciones de oficial de guardia la noche del 6 de julio de 1976, cuando un convoy de vehículos militares llegó al penal de Villa Las Rosas para retirar a las personas detenidas cuyo asesinato había sido decidido, a las que sacaron de la ciudad con la excusa de que les iban a trasladar a Córdoba. Pero a 64 kilómetros, por la ruta nacioinal 34 a la altura del paraje Palomitas, fueron ejecutadas. 

Para entonces Rodríguez tenía el cargo de alcaide, y oficiaba de oficial de guardia interna en la Unidad Carcelaria N° 1. En su momento, en la indagatoria, Rodríguez afirmó que al llegar el convoy militar se había quedado de guardia en el portón de ingreso del penal, por orden de sus superiores. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que tuvo una participación distinta y que en realidad colaboró en sacar a las personas detenidas y conducirlas hasta la puerta del pabellón. 

Esta causa contra Rodríguez es conocida como Palomitas III. En las anteriores investigaciones, las causas Palomitas I y II, fueron condenados el ex jefe del Ejército en Salta Carlos Alberto Mulhall, el ex jefe de la Policía de Salta Miguel Raúl Gentil, el también militar Hugo César Espeche, el ex jefe del III Cuerpo del Ejército Luciano B. Menéndez; el ex jefe policial Joaquín Guil y el ex guardiacárcel Juan C. Alzugaray.

Precisamente, la fiscalía recordó que en las sentencias de esas dos causas anteriores, dictadas en 2010 y 2011, quedó acreditado que “el retiro de los detenidos del interior de sus celdas hasta la puerta del pabellón estuvo a cargo de personal del servicio penitenciario”, quienes “conocían la disposición de las celdas en el interior de los pabellones, como así también en cuáles de ellas se encontraban los internos que debían ser trasladados”. Asimismo, se determinó que “los presos salieron de la unidad sin que se firmara ninguna constancia de entrega o recepción”.

En cuanto a las condiciones del traslado, el fiscal sostuvo que “los guardiacárceles –entre quienes se encontraba el acusado- procedieron a sacar a las víctimas de manera intempestiva y en la oscuridad, sin previo aviso, sin darles explicaciones acerca de su destino final, insinuando graves consecuencias para su integridad psicofísica o un destino mortal". Y recordó en este sentido que "no les permitieron terminar de vestirse o llevar consigo las pertenencias personales mínimas necesarias para cualquier traslado, y algunos de ellos fueron vendados o encapuchados y sacados de manera violenta en caso de oposición, acrecentando con este proceder las condiciones de clandestinidad, maltrato físico y terror en las que se cumplió el traslado”.

La fiscalía sostuvo que está acreditada la presencia de Rodríguez en ese tramo del operativo de "traslado", con testimonios, entre ellos de otras personas que estaban detenidas, y los informes del mismo Servicio Penitenciario provincial que dan cuenta de la presencia de Rodríguez y de personal subalterno suyo el día de los hechos.

El fiscal explicó que “en razón de su jerarquía, necesariamente Rodríguez tuvo personal a cargo durante el procedimiento”. En consecuencia, sostuvo que el análisis de su comportamiento debe contemplar su posición intermedia en la cadena de mandos, "en virtud de lo cual podía impartir (u omitir) órdenes al personal subalterno, concretando así de manera mediata algunas de conductas reprochadas”.

"Lejos de haber adoptado un comportamiento meramente pasivo (neutral), su presencia en el lugar debe reputarse como una prestación penalmente relevante dentro de la planificación de la extracción de las víctimas del lugar”, reprochó la fiscalía, que ratificó que estos hechos "por su gravedad, naturaleza, modalidad de comisión y calidad de sus autores y víctimas, deben ser considerados parte del ataque perpetrado en contra de la sociedad civil al tiempo de los hechos, por lo que constituyen delitos de lesa humanidad”.

Además, la fiscalía solicitó se haga una inspección del lugar de los hechos y la reconstrucción judicial, con la participación de personas que dieron testimonios en audiencia oral, por entender que esas medidas permitirán establecer con mayor precisión la secuencia de la extracción de las personas víctimas de la unidad carcelaria y la conducta de Rodríguez. El pedido fue fundado en “el sistema de audiencias orales ofrece las mayores garantías para los sujetos procesales intervinientes” y en la “trascendencia social de este tipo de procesos y de los hechos materia de juzgamiento en particular, atendiendo a las mayores ventajas que ofrece la inmediación y contradicción en cuanto a la reconstrucción histórica de los sucesos investigados”.

Fuente:Pagina12

 ONCE VÍCTIMAS

En el Parque San Martín conmemorarán mañana la Masacre de Palomitas

La convocatoria para el homenaje a los masacrados en Palomitas es el 6 de julio en el Parque San Martín, en donde se encuentra el monumento que recuerda la fecha en que 11 personas fueron asesinadas en el paraje ubicado en General Güemes.

04 Julio 2023

Los actos serán mañana. Imagen Archivo NDS.

Allí, en Palomitas, fue masacrado un grupo de presos y presas políticos que previamente fueron sacados durante un apagón intencional en el Penal de Villa Las Rosas.

Así lo informó a Nuevo Diario, la referente de la Mesa de Derechos Humanos de Salta, Nenina Lezcano, quien además precisó que previamente a este acto, en el portezuelo sur, agregarán una baldosa recordando al médico tucumano Alberto Savransky que fue detenido en febrero de 1.975  en Salta. "Lo que queremos resaltar es como se enlaza la memoria con esta masacre del 6 de julio de 1.976, cuando inicia el golpe de estado, fueron detenidos como presos legales durante todo el proceso de la intervención al gobierno de Miguel Ragone en 1.974", relata Nenina remarcando la serie de persecuciones que existían en la antesala de la oscura página de la historia argentina: "todas estas personas que fueron detenidas y masacradas en Palomitas, provenían de distintos sectores, sin embargo, siempre se niega el terrorismo de estado durante el gobierno constitucional de Isabel Perón cuando se hizo el decreto de exterminar la subversión", prosigue en su detalle sobre la "construcción del enemigo interno que confluyó en el Operativo Independencia, y la Masacre de Palomitas es una evidencia de esto, cuando a todos esos detenidos legales los sacan ese 6 de julio”, sostuvo.

El pasado en el presente

Lezcano analizó los hechos de esos años, a la luz de los recientes episodios de violencia por los reclamos de sectores sociales vulnerados tanto en Salta como en Jujuy: “40 años  de democracia se construyeron con un cimiento de memoria, verdad y justicia, y sin embargo vemos cómo van resurgiendo viejas prácticas sobre las que ponemos una alerta, frente a lo que pasó en Salta con la lucha docente, donde además se hizo una ley que continúa vigente y es represiva aunque se llame de “convivencia”,  en Jujuy, pero también en el sur del país”, sostuvo. “Nos preocupa cómo avanza el negacionismo que permite el regreso de esas prácticas” dijo y advirtió: “por otro lado hicieron dormir una ley de Memoria que precisamente alerta sobre esto, a los gobiernos de turno”, agregó Lezcano recordando la cajoneada iniciativa de David Leiva.

La solidaridad con el pueblo jujeño

Lamentablemente esto se agudiza en Jujuy en donde la avanzada es mayor”, analizó la referenta de Derechos Humanos, que además enumeró las preocupantes violaciones a los derechos en la vecina provincia, tras la sanción de una Constitución que penaliza las protestas sociales. “En Jujuy ya avanzaron sobre el Poder Judicial, sobre la Constitución y sobre los derechos, a través de la aplicación de viejas prácticas, y continúa la persecución, pero también la resistencia, por eso consideramos que hay que hacer un llamado de atención a los gobiernos constitucionales, y más aún en tiempos electorales”, reflexionó.

Lezcano invitó a un replanteo sobre “lo que está pasando con nuestra democracia que están permitiendo este tipo de atropellos y nos preocupa, que nuevamente se está buscando el enemigo interno”, alertó.

Fuente:NuevoDiario

 PRISIÓN PREVENTIVA

Procesaron a un ex guardiacárcel de Villa Las Rosas por participar en la masacre de Palomitas

El imputado cumplía tareas en la Unidad Penal de Villa Las Rosas. Según la fiscalía, el acusado colaboró activamente en el operativo que culminó con los homicidios de once presos políticos en un procedimiento fraguado, el 6 de julio de 1976.

06 ene 2023

Los 11 asesinados en la Masacre de Palomitas

El juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, procesó con prisión preventiva al ex guardiacárcel Vicente Agustín Puppi como partícipe secundario del delito de vejámenes agravados por el uso de violencia, en perjuicio de once presos políticos que estaban alojados en la Unidad Penal de Villa Las Rosas y que fueron asesinados, el 6 de julio de 1976, en la denominada “Masacre de Palomitas”. Asimismo, trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $1.500.000. En la investigación del caso interviene el Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo del fiscal general Carlos Martín Amad.

En la sentencia, dada a conocer el 29 de diciembre pasado, el magistrado ordenó que continue la investigación respecto del ex militar Luis Dubois y del ex guardiacárcel Juan Salvador Sanguino, por su presunta responsabilidad en el mismo hecho.

La investigación es un desprendimiento de otro expediente denominado “Palomitas II”, y el procesamiento de Puppi -quien se desempeñaba en el Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta- se da en el marco de la investigación complementaria desarrollada por la fiscalía en base a las declaraciones brindadas por testigos en el juicio por la “Masacre de Palomitas”, ocurrida el 6 de julio de 1976.

Aquel día, grupos militares retiraron a seis hombres y cinco mujeres que estaban detenidas ilegalmente en la Unidad Penal de Villa Las Rosas para trasladarlas hasta el Paraje Las Pichanas, en la localidad salteña de Palomitas, donde fueron asesinadas en un procedimiento fraguado para simular un enfrentamiento con un grupo de guerrilleros. Este hecho formó parte de la acusación formulada en el Juicio a las Juntas en 1985.

En base a las pruebas reunidas, el juez Bavio concluyó que Puppi cumplió tareas activas en la entrega de las once personas presas que, según la versión de los militares, debían ser trasladados a la provincia de Córdoba, pero que luego murieron en una supuesta emboscada con un grupo subversivo que había intentado liberarlas.

Para dejar en claro la participación de Puppi, el magistrado remarcó el contenido de su legajo, el que indicaba que prestó servicio en el penal de Villas Las Rosas desde enero de 1976 y por un año, tiempo en que se desempeñó con el grado de auxiliar en la Unidad Carcelaria N°1, de hombres. Asimismo, en su indagatoria, el imputado indicó que, la noche del hecho, estuvo presente en el penal, pero en el pabellón de presos comunes y no intervino en nada vinculado con los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Sin embargo, la coartada de Puppi fue desechada. Ello, por cuanto distintos testigos que estaban detenidos en la misma condición de los que resultaron asesinados, reconocieron a Puppi como uno de los celadores que colaboró con la entrega de los presos políticos asesinados luego en Palomitas. También, el superior inmediato del acusado aseveró que Puppi colaboró al momento de subir los presos al camión de la “comitiva” militar que llegó al penal esa noche.

Calificación

Al resolver la responsabilidad penal, el juez sostuvo que el accionar de Puppi “no debe ser analizado desde un punto de vista estrictamente causal, como contribución fáctica al resultado, toda vez que la cooperación debe ser dolosa. Es decir, el cómplice debe saber que presta un aporte a la ejecución de un hecho punible”.

En base a ello, señaló que Puppi “obró con el dolo de cómplice de acuerdo al conocimiento que tuvo de colaborar en un traslado de detenidos que fue absolutamente vejatorio a la dignidad de las personas, por lo que, su participación queda delimitada en función a lo que él positivamente conocía”.

En otro tramo, y basado en declaraciones testimoniales y prueba documental, el magistrado destacó que el imputado realizaba tareas en el pabellón de presos políticos, lo que afirma su participación en el hecho imputado.

“A la luz de tales evidencias, cabe concluir que Puppi participó en la faz operativa brindando un auxilio a los militares que fueron a buscar a los detenidos”, tarea que consistió en el traslado de los presos, desde su celda, a los vehículos en los que fueron trasportados, lo que fue admitido, incluso, por un oficial superior del acusado.

“Quiere decir, entonces, que se encuentra acreditado que Puppi recibió la orden, brindando un auxilio al tiempo del retiro de los presos, el que se llevó a cabo de una manera vejatoria afectando la dignidad de las personas”, agregó.

Sobre el grado de participación, en tanto, el juez citó variada jurisprudencia y concluyó en que “el aporte” del imputado “no aparece como necesario pues habría prestado el auxilio por el hecho de que estaba trabajando en esa oportunidad”. En tal sentido, consideró que “por ello, cabe inclinarse por considerar que el imputado reviste el carácter de cómplice secundario en relación a delito de vejaciones agravado por el uso de violencia”.

En esta causa, cabe mencionar, también fueron indagados los ex coroneles del Ejército, Joaquín Cornejo Alemán y Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, ambos fallecidos.

Fuente:NuevoDiario

SALTA: Procesan a un exguardiacárcel por la Masacre de Palomitas.

 

Juicios de lesa humanidad 

Procesan a un exguardiacárcel por la Masacre de Palomitas 

Vicente Agustín Puppi era celador en la cárcel de Villa Las Rosas y estuvo en el momento del retiro de las 11 personas detenidas que fueron asesinadas en julio de 1976. Seguirán investigando al militar retirado Luis Dubois y del guardiacárcel Juan Salvador Sanguino. 

Por Elena Corvalan

El juez federal Nº 1 de Salta, Julio Bavio, procesó al exguardiacárcel Vicente Agustín Puppi como partícipe secundario de las vejaciones infligidas a 11 personas detenidas por razones políticas que fueron luego asesinadas en la conocida como Masacre de Palomitas, el 6 de julio de 1976. 

En una resolución del pasado 29 de diciembre el juez ordenó la prisión preventiva de Puppi, pero dispuso que siga en libertad "hasta la etapa del plenario". También le trabó embargo por $1.500.000. Este proceso es escrito, porque se sustancia de acuerdo al viejo Procedimiento en Materia Penal de la Nación, vigente al momento de los hechos. 

Por otro lado, en la misma resolución el magistrado cerró el sumario respecto del exguardiacárcel Víctor Manuel Rodríguez, y ahora el caso pasa a otro juez para que dicte sentencia. Bavio dispuso además que continúe la investigación sobre el militar retirado Luis Dubois y el también ex guardiacárcel Juan Salvador Sanguino. 

La matanza de Palomitas es uno de los hechos que fue parte de la acusación en el Juicio a las Juntas en 1985. Once personas que estaban en la cárcel de Villa Las Rosas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y con conocimiento del juez federal Ricardo Lona (fallecido), fueron sacadas del penal con la excusa de que iban a ser trasladadas a una cárcel de mayor seguridad pero fueron acribilladas en el camino. Luego las autoridades militares, con la anuencia de las otras, aseguraron que un grupo de guerrilleros había intentado liberarlas y se había generado un tiroteo durante el cual huyeron ocho detenidos y detenidas. 

La justicia ya probó que esta versión oficial fue una mentira y que las once personas detenidas fueron asesinadas a tiros al costado de la ruta nacional 34, en el paraje Las Pichanas de la localidad de Palomitas. El testimonio del ex policía José Michel, que para el momento del hecho cumplía funciones en la Comisaría de General Güemes y fue comisionado para custodiar la camioneta Ford usada junto a otros dos automóviles para simular el enfrentamiento, da una idea de la violencia del ataque de los golpistas. 

Michel recordó que cuando llegó al lugar del hecho la camioneta todavía estaba incendiándose. "El personal militar estaba provisto de armas largas, como FAL, PA 3 e Itaka de caño corto", contó; dijo que luego recogieron 200 cápsulas servidas y en el interior de un automóvil Torino observaron "abundante salpicaduras de sangre" y restos humanos. Y afirmó que por lo que vio el Torino y la Ford las personas que iban en esos vehículos fueron acribilladas ahí mismo.

Otro policía de General Güemes, Ricardo Arquiza, dijo que cuando llegó la camioneta todavía se incendiaba y al lado del Torino había un camión del Ejército "con personal de esa fuerza que se movilizaba a su alrededor portando armas largas, el que luego de unos minutos partió en dirección a Tucumán, que el Torino estaba acribillado por todas partes", vio restos humanos pero no vio ningún cadáver y por comentarios supo que "momentos antes se habían levantado los cuerpos". Luego las autoridades militares iban a decir que los ocho "fugados" habían caído en enfrentamientos en puestos de control de Jujuy y Tucumán. 

"Obró con el  dolo de cómplice"

Con el grado de auxiliar del Servicio Penitenciario de Salta, Puppi cumplió funciones en la guardia de seguridad interna de la Unidad Carcelaria Nº 1 de la ciudad de Salta entre enero de 1976 e igual mes de 1977, y la noche del 6 de julio de 1976 estuvo y participó del retiro de las 11 personas detenidas después asesinadas en Palomitas, a más de 60 kilómetros de la capital provincial.

En el operativo de retiro de los seis hombres y cinco mujeres asesinadas en Palomitas, Puppi fue reconocido por el detenido Julio Raimundo Arroyo, que lo vio junto al inspector subalcaide Luciano Rodríguez; al jefe de Seguridad Interna del penal, Napoleón Soberón; al inspector Víctor Rodríguez y a otro celador de apellido Cussi. 

Arroyo contó que entre las 19.30 y las 20 del día de la masacre, cuando limpiaba la planta de presos políticos, con la supervición de Puppi, que era el encargado de la vigilancia de la planta, llegó Luciano Rodríguez y le ordenó al celador que encerrara a todos. Entonces se apagaron las luces del pabellón D y cerraron las mirillas de las puertas de las celdas. Sin embargo, en su celda Arroyo tenía algo de visión porque alcanzó a trabar la mirilla antes de que la cerraran totalmente. Así vio a los agentes penitenciarios cuando tras un descanso regresaron y comenzaron a sacar a los presos políticos varones. "Primero desde su celda lo sacan a (Benjamín) Ávila", contó cuando pudo declarar sobre estos hechos. Luego sacaron a Roberto Oglietti, a José Povolo, Rodolfo Usinger, Alberto Savransky y a Pablo Outes. Arroyo recordó que vio pasar a dos de estos detenidos "encapuchados y con las manos hacia atrás".

En la indagatoria Puppi reconoció que estuvo en el penal el 6 de julio de 1976 pero negó haber participado del retiro de los que iban a ser asesinados aduciendo que esa noche estuvo en el pabellón E, de presos comunes. El juez concluyó que este descargo "debe ser desechado de plano y ser considerado como una manera de soslayar su responsabilidad" en los hechos. 

En su momento Soberón, que estuvo imputado pero falleció, reconoció que fue convocado por el entonces jefe del Servicio Penitenciario Provincial, Braulio Pérez, para ejecutar un oficio enviado por el jefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Alberto Mulhall (condenado por la masacre, ya fallecido) que ordenaba sacar a una lista de personas con el declarado fin de trasladarlas a Córdoba. Soberón dijo que convocó a los celadores para esta tarea, que sacaron a los seis detenidos y los entregaron a una comitiva militar.

Para el juez, se probó que Puppi fue uno de esos celadores. "Obró con el dolo de cómplice de acuerdo al conocimiento que tuvo de colaborar en un traslado de detenidos que fue absolutamente vejatorio a la dignidad de las personas", aseguró el magistrado en el procesamiento. Añadió que "en su condición de celador que intervino en el traslado", a Puppi "no le debieron pasar desapercibidas las circunstancias en las que se efectuó el repentino traslado". Añadió que, en efecto, el operativo "tuvo características singulares que permiten calificarlo de subrepticio: fue precedido de un oscurecimiento absoluto del penal que tenía por finalidad el ocultamiento de la identidad de los militares y policías que lo cumplían, como también se suprimieron los signos relativos a la jerarquía y se utilizaron formas verbales de comunicación con ocultamiento de nombres y grados". Además de que no se les permitió llevar sus pertenencias a los presos y presas. 

El juez Bavio concluyó que Puppi fue partícipe de las vejaciones, pero entendió que tuvo un conocimiento "limitado" del traslado dado que era "un empleado subalterno del Servicio Penitenciario Provincial", y "Solo las máximas autoridades a cargo de la penteniciaría local estaban al tanto de la forma en que se realizaría el retiro de presos". Por eso no lo consideró partícipe de los homicidios. 

El magistrado dio por acreditado que Puppi recibió la orden de Soberón, que los detenidos y las detenidas fueron entregades a la comitiva militar encabezada por el entonces capitán Hugo César Espeche (condenado por la masacre, fallecido) e integrada por otros 15 o más militares, "probablemente oficiales de menor graduación", que no vestían uniformes.

Del pabellón donde estaban detenidas las mujeres, las celadoras sacaron a Georgina Droz, María Amaru Luque de Usinger, Evangelina Botta de Linares (o Nicolai), María del Carmen Alonso de Fernández y a Celia Raquel Leonard de Ávila, especialmente recordada porque había dado a luz en prisión y tuvo que dejar a su bebita en brazos de otra detenida.

Una versión oficial inverosímil 

El juez Bavio desestimó por "inverosímil" la versión oficial de que el contingente militar que trasladaba a los detenidos y detenidas hubiera sido atacada por un grupo de guerrilleros. Incluso la versión oficial afirmaba que ocho, Povolo, Alonso de Fernández, Outes, Botta de Linares, Usinger, Droz, Oglietti y Luque, habían logrado fugarse; y montaron una escena para simular que Usinger, Oglietti y Luque de Usinger habían muerto en un enfrentamiento en el puesto de control de Pampa Vieja en Jujuy, y Outes, Povolo y Alonso de Fernández, en Ticucho, Tucumán. 

El juez destacó que en los mentados "enfrentamientos" los supuestos terroristas no tenían armas y "no hubo constancias de bajas ni heridos en el personal policial que intervino en la acción", ni siquiera hubo daños en sus transportes, además de las discrepancias sobre el automóvil que se ubicó en Pampa Vieja para hacerlo pasar como el usado por los guerrilleros en el "enfrentamiento", que incluso fue secuestrado con posterioridad a que se dejaran los cuerpos en ese lugar. Y señaló otras irregularidades: ninguno de los vehículos involucrados en Palomitas, una camioneta Ford, un automóvil Torino y un Chevrolet 400, fueron peritados. Tampoco hubo una custodia real sobre el lugar del hecho ni sobre los vehículos.

Detalló asimismo que los cuerpos de Povolo, Outes y Alonso de Fernández fueron entregados a sus familiares en cajones cerrados y la custodia de las fuerzas de seguridad les impidió verlos. "Los hechos, respecto del presunto enfrentamiento en Ticucho, Provincia de Tucumán, no ocurrieron como fuera informado oficialmente", sino que "en realidad tanto Outes, Povolo como Alonso de Fernández fueron muertos en el paraje Palomitas", sostuvo  el juez. También los cuerpos de Ávila y Leonad fueron entregados a cajón cerrado. 

Los cuerpos de Evangelina Botta y Georgina Droz permanecen desaparecidos. Si bien en la Ford, que quedó quemada y baleada en Palomitas, se encontraron dos cuerpos descuartizados que aparentemente habían sido quemados, para la justicia no hay elementos para afirmar que fueron de estas jóvenes. La versión oficial afirmaba que habían huido, pero fue "desechada de plano".

En cuanto a los otros acusados en este proceso, sobre Víctor Rodríguez, que también está procesado por vejaciones agravadas, el juez dispuso el cierre del sumario y que sea elevado a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta para que decida qué magistrado intervendrá en la etapa plenaria.

Sobre otros dos investigados, Sanguino y Dubois, el magistrado entendió que aún no cuenta con elementos para tomar una decisión, por lo que seguirá la investigación, aunque ambos ya cuentan con sobreseimientos provisionales. Sanguino era adjutor mayor. Dubois era jefe de Logística (S-4) del Destacamento de Exploración y Caballería Blindada 141 del Ejército con asiento en Salta.

Esta causa se inició el 6 de junio de 1983, por una acción de amparo presentada por un grupo de presos de Rawson, Chubut, que denunciaron maltratos, apremios, torturas y homicidios en distintos lugares del país, entre ellos Salta. 

A lo largo de esta lento trámite judicial, además de Mulhall y Espeche, fueron condenados el ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez; el ex jefe de la Policía de Salta, Miguel Gentil; el comisario Joaquín Guil y el ex policía federal y ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray. 

Además, en esta causa fueron indagados los militares Joaquín Cornejo Alemán y Ricardo Benjamín Isidro de la Vega. Los dos están fallecidos. 

Fuente:Salta12

SALTA: A 46 años de la Masacre de Palomitas

 

A 46 años de la Masacre de Palomitas 

"Que no quede impune la negación del terrorismo de Estado"

La exigencia fue expresada por las organizaciones de DDHH en el acto por la matanza de 11 detenides, en 1976. "No miren para otro lado", reconvinieron a quienes reivindicaron al ex juez Lona. Y denunciaron la persistencia de injusticias, como la muerte por desnutrición de niñes indígenas. 

Por Elena Corvalan

El aniversario de la Masacre de Palomitas cometida el 6 de julio de 1976 por militares, policías de Salta y miembros del Servicio Penitenciario provincial, fue el marco en el que las organizaciones nucleadas en la Mesa de Derechos Humanos de Salta reivindicaron la militancia de los años 60 y 70 por "una sociedad más justa", denunciaron las inequidades del presente y exigieron que en las escuelas se enseñe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico militar y la lucha para que se investiguen estos crímenes, valoraron la participación de jóvenes y exigieron que se castigue el negacionismo. 

El documento leído en el acto principal a los 46 de la Masacre, realizado en el Parque San Martín de la ciudad de Salta, destaca que "En los años 60 y 70 compañeros militantes políticos del campo popular en toda América Latina lucharon por transformar la realidad", con un proyecto común: "Una sociedad más justa e igualitaria para todos". Pero el poder constituido orquestó un plan de exterminio al opositor político. En Salta secuestraron y desaparecieron al ex gobernador Miguel Ragone y persiguieron a integrantes de "partidos políticos revolucionarios, sindicalistas, obreros y estudiantes", a tal punto que "Para 1975, la cárcel de Villa Las Rosas estaba repleta de nuestros mejores hombres y mujeres".

En ese contexto se concretó la Masacre de Palomitas. "Cinco compañeras y seis compañeros fueron retiradas del penal de Villa Las Rosas: Celia Raquel Leonard de Ávila dejó a su beba de cuatro meses en los brazos de una compañera y junto a Evangelina Botta de Nicolay, Georgina Droz, Amaru Luque de Usinger y María del Carmen Alonso de Fernández fueron conducidas por los pasillos del penal a oscuras, hasta un camión de transporte militar, donde se reunieron con Benjamín Leonardo Ávila, Pablo Outes, Rodolfo Oglietti, Alberto Savransky, José Povolo y Rodolfo Usinger, que también habían sido sacados de sus celdas". Todes fueron llevados al paraje Palomitas, 60 kilómetros al sur de la capital provincial, donde fueron asesinades. 

En el documento, que en el acto fue leído por familiares y otres militantes y que tuvo momentos de emoción, se recuerda que en 1983, cuando se recuperó el estado de derecho en el país, se impulsó la investigación de este crimen, y que tras vencer el escollo de las leyes de "punto final, la obediencia debida y los indultos”, derogadas finalmente en 2003, en 2010 y 2011 fueron condenados los militares Carlos Alberto Mulhall, Miguel Gentil, Hugo César Espeche, Luciano Benjamín Menéndez y los policías Joaquín Guil y Juan Carlos Alzugaray.

Los organismos de DDHH también recordaron que el ex juez Ricardo Lona, que murió el pasado 25 de junio, siempre fue señalado como corresponsable de este crimen. En 2019 fue condenado en relación a Ragone. "A quienes despidieron con honores al ex juez federal Ricardo Lona, los familiares de sus víctimas y organismos de DDHH les decimos que no miren para otro lado como hicieron durante los secuestros, asesinatos y torturas, les decimos que no podrán borrar lo que la justicia ha escrito, porque lo que se develó en los juicios de lesa humanidad quedará como legado para toda la humanidad", reconvinieron. 

En el acto hubo momentos para recordar a cada una de las personas asesinadas en Palomitas, con lecturas sobre sus pensamientos o su militancia. Se leyó también un poema de Teresa Leonardi Herrán y se destacó la militancia de familiares y ex detenides polítiques. 

En el documento los organismos destacaron que, más allá de las "prisiones domiciliarias y de la impunidad biológica producida por la muerte de los genocidas y la lentitud de la justicia, las condenas "son triunfos obtenidos por las organizaciones sociales, familiares e hijos de las víctimas". Y ahora "vamos por más queremos que se enseñe nuestra historia reciente en las escuelas, que se discuta en las aulas el porqué de los secuestros masacres y desapariciones y que se enseñe el recorrido de las luchas de los organismos de derechos humanos, de las madres, las abuelas, los familiares y los H.I.J.O.S. Que nuestros jóvenes sean los herederos del Nunca Más". 

En este punto reclamaron que "en nuestro país y en Salta no quede impune la negación del terrorismo de estado, verdades que gritan los testimonios de los sobrevivientes, las tumbas clandestinas y los ex centros clandestinos de detención. Y así como no nos callamos con lo que pasó hace 46 años tampoco nos callamos frente a las muertes y víctimas del gatillo fácil, de los apremios ilegales de las condiciones de hacinamiento de los detenidos, ni de las faltas de oportunidades para nuestros jóvenes".

El extremo de judicializar la vida 

Familiares, ex detenides y militantes eligieron recordar a los hombres y mujeres masacradas en Palomitas "evocando la coherencia que guió sus militancias". Personas que "practicaron la solidaridad aún cuando fueron privados del bien más preciado, la libertad", que "resistieron con dignidad, sin doblegar su voluntad. Jamás perdieron las esperanzas de continuar con la lucha, de lograr alcanzar la meta tan ansiada la igualdad para todos los ciudadanos argentinos y de la patria grande latinoamericana". 

E invitaron a reflexionar: "¿Qué estamos haciendo con nuestro compromiso social y nuestra militancia?". "Ante la insensibilidad de nuestros gobernantes solo podemos redoblar nuestro compromiso y militancia. Organizar los reclamos. Ser contundentes con nuestras denuncias. Nuestros pueblos originarios no pueden seguir postergados más tiempo, allí donde mueren niños y niñas desnutridos, sin acceso al sistema de salud y a redes de agua potable" mientras "empresas multinacionales, cada día se enriquecen más y más". 

"Hemos llegado al extremo de judicializar el derecho a la vida", lamentaron recordando que un tribunal de justicia "debió obligar, tras un amparo, al gobierno provincial de Gustavo Sáenz, a crear una red de apoyo sanitario, intercultural e interdisciplinario para la niñez de los departamentos de Rivadavia, Orán y San Martín, declarados en emergencia socio sanitaria desde enero de 2020". Y las cosas todavía no cambiaron. 

"Hoy estamos frente a dos realidades, dos Saltas, una que goza de los beneficios del poder y otra para los excluidos del sistema, desocupados que, frente a la necesidad de conseguir unos pesos, inventan salidas laborales precarias, por las que luego son perseguidos con todo el rigor de la ley. Leyes que alcanzan solo a los pobres, los desposeídos, mientras no cesan de crecer los casos de corrupción ¡que no son investigados por la justicia salteña!", denunciaron. Y recordaron también que en provincia "se está violando de forma sistemática el derecho a estar informado y a informar", con acciones de intimidación para trabajadores de prensa. 

Celebrar la memoria 

Jorge Ávila, hijo de Celia Leonard y de Benjamín Ávila, regresó al país por estos días para participar del acto. "Esta fecha es para celebrar la memoria de la gente murió bajo una de las peores dictaduras que puede haber sido nuestra querida tierra, no solamente Argentina" sino también en Latinoamérica, dijo en declaraciones públicas. 

"Es una fecha para renovar el hecho de que nosotros estamos acá luchando por las mismas consignas que los caídos querían lograr, que es vivir en libertad, que haya la justicia social, que haya más oportunidades, menos desigualdad", reivindicó, en el mismo sentido que el documento consensuado por las organizaciones. "Y estamos aquí de pie tratando de seguir por el mismo camino que ellos arrancaron, que nosotros podemos seguir y que ustedes pueden terminar", añadió dirigiéndose a les más jóvenes.

Invitó a "no perder la memoria. Esto ha pasado, esto ha ocurrido, es verdad, que no se quede como una anécdota que era una lucha de dos enemigos, no, fue el estado en contra de gente que supuestamente tenía que proteger y por quienes tenía que velar, eso se rompió y terminamos con 30 mil desaparecidos, que sí fueron 30 mil, por más que digan lo que quieran decir". También instó a"mantener sobre todo viva la memoria de la gente que diariamente lucha y que quiere lograr un mundo mejor, una sociedad más justa".

Fuente:Salta12

 

"Somos una parte de ese pueblo que sufre las injusticias más irracionales"

A 45 años, recordaron la militancia de los asesinados en la Masacre de Palomitas 

En el acto recordaron su lucha para "que los hijos de todos vivan en un mundo mejor", un "mundo donde no hubiera tanto para unos pocos, ni tan poco para tantos". Y volvió a insistirse en reclamo de justicia, y se repudió la violencia institucional actual. 

Por Maira Lopez

  Imagen: Florencia Arias Bustamante

Los once detenidos de la cárcel de Villa Las Rosas que fueron asesinados el 6 de julio de 1976 por el terrorismo estatal fueron recordados ayer con un dos actos realizados en el Parque San Martín de la ciudad de Salta. El momento más emotivo se dio cuando cuando se recordó a cada uno a través de sus propias palabras. 

"Yo no lucho solamente por mis hijos, lucho para que las hijas y los hijos de todos vivan en un mundo mejor”, había dicho Pablo Outes, quien tenía tres hijos, había sido legislador provincial y tras un exilio en Venezuela, se entregó en noviembre de 1975. 

Evangelina Botta, amaba la lectura, la música y sobre todo, la lucha por un mundo mejor, "Un mundo donde no hubiera tanto para unos pocos, ni tan poco para tantos, sino donde la justicia dijera presente y donde la memoria perdurara", leyeron en el acto recordándola.

En una carta a su hermana Roberto Oglietti interrogó: “¿Acaso te pusiste a pensar que pasaría con una fábrica sin obreros y con el campo sin campesinos? ¿qué harían los poderosos, los empresarios, los terratenientes, los politiqueros títeres del imperialismo, qué harían sin el pueblo sin los trabajadores? Nosotros somos una parte de ese pueblo que sufre las injusticias más irracionales, con la diferencia que nos tienen confinados detrás de una reja". 

Celia Leonard de Ávila le recordó a su hijo mayor, Jorge, lo bueno de "luchar por las cosas importantes de la vida, como los derechos de las personas, la igualdad entre los seres humanos y lo lindo que es comprometerse con causas justas”. Mientras que su compañero, Benjamín Ávila, sostuvo en algún momento que “el verdadero cristiano es el que esta comprometido con los pobres”.

Amarú Luque de Usinger era militante en distintas organizaciones sociales, en la Juventud Peronista y luego en Montoneros. Le escribió a sus padres: “Cuesta mucho aceptar para ustedes lo que somos nosotros vuestros hijos y lo que ponemos en juego, pero es el camino que nosotros elegimos, ya que consideramos que es el único para alcanzar lo que queremos".

El compañero de Amarú era Rodolfo Usinger, también asesinado ese 6 de julio. Se sabe que cuando los militares lo sacaban de la cárcel para el traslado final tuvo claridad sobre el destino que les esperaba y confrontó a la patota: "¡Asesinos hijos de puta!", les gritó. 

En un intercambio con un familiar José Povolo había anticipado su muerte: "Voy a morir luchando”.

Georgina Droz fue recordada como alguien que entendía que la alfabetización era la oportunidad histórica de darle la palabra a los oprimidos, y llevaba a cabo esa tarea en las barriadas de Salta. María del Carmen Alonso de Fernández propuso que todas las plazas de las villas estuvieran llenas de árboles frutales para que todos las tuvieran a su alcance.

Alberto Savrasky era una persona muy solidaria, al punto que tomaba los remedios de la farmacia familiar para repartirlos entre las personas que los necesitaban y no contaban con el dinero para comprarlos.

Expresión del terrorismo estatal 

El 6 de julio de 1976 fueron asesinados once detenidos por razones políticas, al costado de la ruta nacional 34, en el paraje Las Pichanas de la localidad de Palomitas, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Salta. Ese hecho se conoce como la Masacre de Palomitas y para la Mesa de Derechos Humanos de Salta, se trata de la expresión más clara del terrorismo de Estado aplicado en la provincia. 

A 45 años de aquellos sucesos, en la Capital se realizó un nuevo acto en homenaje a los asesinados en la última dictadura cívico militar de Argentina. Se leyó documento único que clamó por justicia y se hizo una remembranza de cada uno de los y las militantes asesinados.

La Mesa de Derechos Humanos de Salta insistió en que se avance en la causa contra el ex juez federal Ricardo Lona, por su participación en la masacre. La causa está demorada porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación no resuelve un recurso planteado por la defensa del ex magistrado hace tres años. 

En la noche del 6 de julio fueron asesinados Celia Raquel Leonard de Ávila, Leonardo Benjamín Ávila, Georgina Droz, Evangelina Botta, María del Carmen “Chicha” Alonso, María Amarú Luque de Usinger, Rodolfo Usinger, Roberto Oglietti, José Víctor Povolo, Roberto Savransky y Pablo Eliseo Outes.

La Mesa lamentó que muchos de los partícipes en la Masacre "murieron sin condena". Ese fue el caso del ex guardiacárceles Napoleón Soberón (2013) y los militares Joaquín Cornejo Alemán (2014) y Ricardo Benjamín Isidro De la Vega, (2015), subjefe del Ejército en Salta el primero y jefe de Personal el segundo, integrantes de la plana mayor. Los tres estaban siendo juzgados en la causa Palomitas III, aún abierta. 

No obstante, resaltaron que tras años de lucha, se logró la condena a varios de los responsables. En 2010 fueron sentenciados a reclusión perpetua los militares Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo César Espeche. Este último falleció el 17 de abril de este año y fue el encargado de sacar a los once detenidos de la cárcel de Villa Las Rosas en la ciudad de Salta para llevarlos a la ruta nacional 34.

La segunda sentencia fue al año siguiente, en Palomitas II, en la que fueron condenados a prisión perpetua el ex jefe del III Cuerpo del Ejército con asiento en Córdoba, Luciano Benjamín Menéndez, y el ex director de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil, mientras que el ex federal y ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray recibió una pena de 20 años de prisión.

La Cámara de Diputados de la Nación resolvió ayer rendir homenaje a los fusilados en la Masacre de Palomitas a instancias de la diputada Alcira Figueroa (Frente de Todos). Fue la primera vez que lo sucedido en la provincia llega a la Cámara Baja nacional. Por la tarde, se realizó el homenaje por parte de un grupo de Hijos y Familiares en la Red de Derechos Humanos de Salta. Entre los principales pedidos está la apertura de todos los archivos del período de terrorismo de Estado, que va desde el 1974 al 1983.

Contra la violencia institucional 

Los presentes en el Monolito que recuerda la Masacre de Palomitas, ubicado en el Parque San Martín de la Capital, escucharon el repudio de la Mesa por las más de mil denuncias por violencia policial que la provincia registró entre enero y mayo de este año. Recordaron que con el decreto provincial 255, convertido en ley 8191, pero luego derogado, se otorgaron "amplias facultades a la Policía de Salta". 

Afirmaron que quienes dan cuenta de ello, son las personas que padecieron el gatillo fácil y las lesiones causadas en medio de supuestos enfrentamientos. También quienes  participaron en movilizaciones de trabajadores ocupados y desocupados e integrantes de los colectivos feministas y disidentes, más los miembros de pueblos originarios.

Por eso, volvieron a insistir en la necesidad de "contar con un organismo que defienda los derechos humanos contra la violencia institucional y de las fuerzas de seguridad". Exigieron que el gobernador Gustavo Sáenz firme el decreto para que el Comité de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de la provincia, comience a funcionar dado que está demorado desde inicios de 2020.

Tira de globos en el Monolito.

A ello se sumó el repudio al recibimiento que se hizo al policía condenado Luis Chocobar, por parte del secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, y el nuevo jefe de la fuerza en Salta, José Ibarra, en la Jefatura de la Policía de la provincia. Exigieron explicaciones a Sáenz y al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro.

"No sorprende que Chocobar presente en Salta su fundación", afirmaron, dado que después de recibir su condena, los adeptos de Chocobar reunieron más de 2 millones de pesos en su beneficio, pero el policía lo destinó para el armado de una organización sin fines de lucro. Para los organismos de derechos humanos, el recibimiento fue una "habilitación política a la violencia institucional y legitima las prácticas ilegales que suceden de forma estructural en las fuerzas de seguridad". 

También se solidarizaron con la lucha que están llevando adelante los trabajadores despedidos del ingenio azucarero San Isidro, por el reclamo del cobro de las indemnizaciones adeudadas tras el cese de sus contratos. En ello repudiaron el "accionar del gobierno de la provincia que ha desplegado fuerzas de seguridad para custodiar a una empresa privada". "Su lucha es nuestra lucha", cerró el documento.  

Fuente:Pagina12