CORDOBA: Comienza un nuevo juicio por los crímenes de la patota del D2 y por la apropiación de la nieta 107.

 

LESA HUMANIDAD

Comienza en Córdoba un nuevo juicio por los crímenes de la patota del D2 y por la apropiación de la nieta 107

El debate tendrá como imputados a 5 ex integrantes de la Policía de Córdoba y a dos civiles, acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 14 personas. La mayoría de las víctimas fueron mujeres que tenían familiares o pareja detenidos en el sector de “presos comunes” en la Unidad Penitenciaria Nº 1 y fueron secuestradas por entregar mensajes de los “presos políticos”.

20/02/2024

Este miércoles, el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba comenzará a juzgar a 7 imputados e imputadas por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 14 personas durante la última dictadura cívico-militar en esa provincia. La mayoría de las víctimas fueron mujeres que tenían a algún familiar o pareja detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 1 y fueron secuestradas cuando los represores descubrieron que hacían de “correo” para llevar mensajes a los “presos políticos” de ese penal. 

Están acusados los ex miembros del Departamento de Inteligencia (D2) de la Policía de Córdoba Mirta Graciela Antón, Carlos Alfredo Yanicelli, Yamil Jabour, Raúl Alejandro Contrera y Juan Eduardo Ramón Molina, todos con condenas previas por crímenes de lesa humanidad, y dos civiles que serán juzgadas por primera vez, Ana María Rigutto de Oliva Otero y Adela María González, imputadas por la apropiación de la nieta 107 identificada por Abuelas de Plaza de Mayo. 

En diferentes días de septiembre de 1978, la patota del Departamento de Inteligencia (D2) de la Policía de Córdoba secuestró a Teresa Luisa Peralta, Marta Nélida Funes, su hija María del Carmen Acosta, Delfina Lidia Peñaloza, María Lidia Piotti y María de las Mercedes Moreno. Peralta, Funes, Acosta, Peñaloza y Moreno tenían familiares detenidos por delitos comunes en la UP1 y las familias de los presos políticos, como fue el caso de Piotti, cuyo compañero estaba en esa cárcel, les pagaban para llevar y traer mensajes a la cárcel. 

Cuando la maniobra fue descubierta, todas fueron llevadas al D2 y torturadas. Incluso algunas denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual por parte de sus captores. 

María de las Mercedes Moreno relató que su esposo era un preso común. “Él me pidió que sacaramos mensajes de los presos políticos y nos pagaban para ello, no solo sacabamos cartas sino que también llevábamos cartas que nos entregaban los familiares…», contó la mujer, quien falleció el año pasado. 

Moreno estaba embarazada de 7 meses cuando fue detenida ilegalmente y producto de los golpes y la tortura se desencadenó el trabajo de parto prematuro. Fue llevada a la maternidad provincial y allí dio a luz a una niña. “En ningún momento me mostraron a mi hija. Mis hermanas iban a visitar a mi nena a la Casa Cuna…”, señaló en su testimonio. 

Tras su internación, la mujer fue llevada a la cárcel del Buen Pastor hasta su liberación el 7 de abril de 1979. Cuando fue a buscar a su hija a la Casa Cuna, las monjas a cargo le negaron el acceso e información sobre donde estaba. La niña había sido apropiada por Osvaldo Roger Agüero y Laura Dorila Caligaris. Caligaris se desempeñaba en el área de servicio social de la Casa Cuna y la anotó como hija biológica. 

Dos civiles serán juzgadas como partícipes necesarios de los hechos. La asesora de menores Ana María Rigutto De Oliva Otero, quien se desempeñaba en el juzgado de menores en ese momento, y Adela María González, quien declaró como testigo en una causa judicial y señaló que la niña era hija biológica de la pareja de apropiadores.  El resto de los acusados, incluida la pareja, fallecieron antes de poder ser juzgados. 

El juicio también abordará el secuestro, tortura y asesinato de Juan Carlos Bazán y Elías Humberto Ríos. Bazán trabajaba en el Banco Social de la Provincia de Córdoba y militaba en el PRT-ERP. Fue secuestrado por la patota del D2 en la vía pública el 8 de agosto de 1979 junto a Ríos, quien era su primo. Luego de su paso por el centro clandestino de detención del D2, ambos fueron asesinados. 

Además, en base al derecho a la verdad, también se incluirán delitos cuyos responsables ya fallecieron. Se trata de un grupo de 5 víctimas, Luis Enrique Rosales, Carlos Alberto Franco, Roberto Maldonado, Olga del Carmen Molina y José Manuel Ochuza, quienes eran empleados de la municipalidad de Córdoba y que fueron secuestradas en junio de 1979, llevados al D2 y luego desaparecidos. 

Fuente:TiempoArgentino

CORDOBA: Condenaron a los represores del último campo de concentración de Menéndez.

 

La Quinta Guiñazú

Córdoba: Condenaron a los represores del último campo de concentración de Menéndez

La sala de audiencia en las Torres de Tribunales Federales estuvo repleta. Familiares y sobrevivientes agradecieron "su primera vez ante los jueces de la democracia" a más de 40 años de los crímenes. 24 años de condena para el Nabo Barreiro y los otros tres acusados. La crónica.

Por Marta Platia

Imagen: Télam

Desde Córdoba

El Tribunal Oral Federal 2, presidido por Julián Falcucci e integrado por Noel Costa y Fabián Asís, escucharon las últimas palabras de los imputados por la tortura hasta la muerte de Rubén “Pocho” Palazzesi, y los secuestros, tormentos y cautiverio de los sobrevivientes Jaime García Vieyra y Teobaldo Nilveo Cavigliaso. Más tarde, y por unanimidad condenaron a 24 años de prisión y a la unificación de las perpetuas a Ernesto “Nabo” Barreiro de 75 años, Carlos Enrique “Principito” Villanueva de 73 y Carlos Alberto “HB” Díaz de 80. Barreiro y Villanueva tenían una única perpetua, la del Megajuicio La Perla-Campo de La Ribera. Díaz ha sumado perpetuas desde el 28 de julio de 2008, el primer juicio de lesa humanidad en Córdoba, en el que se condenó por primera vez a perpetua en cárcel común a Luciano Benjamín Menéndez.

La multitud acompañó con entusiasmo y expectativa la última audiencia de este breve pero revelador juicio, que dejó establecido que La Quinta de Guiñazú fue el último campo montado por El Cachorro Menéndez después del cierre de La Perla, en diciembre de 1978. También probó que allí llegaron torturadores de la ESMA para “colaborar” y hasta pasaron por la casa que había sido usurpada a las familias Viotti-Mogilner-Gabaldá y donde hubo prisioneros de la llamada “contraofensiva” capturados en Paraguay y otros países limítrofes.

Se sabía de antemano: a ninguno de los imputados le convenía hablar en el momento de “las últimas palabras” , el ritual previsto por el Juicio antes del veredicto. Los tres acusados, Barreiro, Villanueva y “HB” Díaz gozan actualmente del beneficio de la prisión domiciliaria. En sus lógicas, este era un juicio corto que bien podía pasar desapercibido en el picado mar del contexto político del país. No hacer olas, optar por el silencio, les convenía. Así lo hizo “HB” Díaz, antes de volver a su domiciliaria en la casa que posee en Alta Gracia, luego de pasar unos días en la capital cordobesa, en casa de uno de sus hijos. Y así lo hizo Villanueva, que seguirá en su departamento céntrico. Por su parte, “El Principito” se limitó a rogar “que no dejen morir mi derecho a la esperanza”. Lo dijo la misma persona que –vaya uno a saber- a cuántas víctimas se las robó, además de haberse robado la vida.

Quien sí habló, aunque no habló del juicio ni buscó negar sus crímenes, fue el “Nabo” Barreiro o “Gringo”, en esta causa. Se quejó de los conceptos que el fiscal Carlos Gonella le había dedicado en la audiencia anterior cuando afirmó --en réplica a la defensora oficial que cuestionó la subsistencia de los plazos de la acción penal-- que "20 años (sin juicios de lesa humanidad) hay que tributárselos a Barreiro", en referencia a los levantamientos carapintadas de Semana Santa de 1987 tras la cual el presidente Raúl Alfonsín promovió la ley de Obediencia Debida. Barreiro que se mantuvo casi mudo durante todo este juicio, no pudo con su pulsión megalómana y paradójicamente minimizó su protagonismo en la asonada militar para rebatir al acusador y buscó restar mérito y negar la crisis política que puso en vilo a la democracia.

Megalómano y negador

Esta vez su voz no tuvo el tono cuasi enfermizo de la primera audiencia por zoom desde su casa. Volvió a ser aquel Nabo de los cuatro años del Megajuicio La Perla-Campo de la Ribera.

-- ¿Se me escucha bien? –quiso saber antes de su discurso. Irguió el cuerpo y se lanzó con ganas: “Es muy breve", dijo. "No me voy a referir en absoluto a la causa que está en trámite en el Tribunal, simplemente a una afirmación que hizo un fiscal en un momento dado, y voy a repasar brevemente cómo se ocasionó. Uno de los argumentos de la doctora Bazán fue la demora en la llegada a juicio de esta causa. Lo cual mereció como réplica, que un fiscal dijera que este juicio se había demorado por culpa del causante, que soy yo, debido a los hechos de Semana Santa y la consiguiente promulgación de la Ley de Obediencia Debida. Y que esa ley, y este es el punto que quiero tocar, se había votado por miedo. Bien --explicó--, entonces me dediqué a ver de qué manera se puede demostrar que hubo miedo en la votación de la ley (…). Y no encontré ninguna prueba que pudiera efectivamente constatarse. Básicamente si fue por miedo, ¿por qué no se pidió más? ¿Por qué no se pidió una amnistía? ¿Por qué no se pidió otro disparate si primaba el miedo en este momento de la circunstancia del país? Por el contrario, yo puedo decir que el doctor Alfonsín no tuvo miedo en ir a Campo de Mayo”. También arguyó que “el líder del movimiento, Aldo Rico, estaba detenido en el momento de la votación de la ley” y que “no había militares adentro del Congreso con fusiles amenazando a los legisladores”. Ni falta que hacía.

La lenta velocidad de la Justicia

La sentencia no hizo lugar al pedido de la defensa de desligar a los acusados del homicidio de Rubén “Pocho” Palazzesi, secuestrado el 12 de agosto de 1979 junto con Jaime García Vieyra. La estrategia de la defensa fue culpar de la muerte a la patota de la ESMA que viajó especialmente al territorio de Menéndez para torturar al dirigente del Peronismo de Base e integrante de las Fuerzas Armadas Peronistas de quien, sospechaban, podrían obtener un millón de dólares. Los testimonios demostraban lo contrario. García Vieyra, cautivo en un sótano de la Quinta de Guiñazú o colgado de sus ataduras de un gancho en otro cuarto de esa casa usurpada, declaró en este juicio que “le pedían todo el tiempo esa plata y creo que lo mataron por el palo verde”. Lo mismo había dicho en una declaración de 2013 Teobaldo Nilveo Cavigliaso, la otra víctima secuestrada y torturada que murió en 2020.

El Tribunal hizo caso de lo argüído por los fiscales Facundo Trotta y Carlos Gonella y por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, liderada por Claudio Orosz, según los cuales los secuestradores y torturadores de La Perla, el Campo de La Ribera y la “D2”, contribuyeron con su accionar al padecimiento de los sobrevivientes y el asesinato final de Rubén “Pocho” Palazzesi, quien fue desmembrado y luego carbonizado en un auto en la ruta Córdoba-Buenos Aires. Sus restos fueron entregados a la familia que pudo constatar las laceraciones y el ensañamiento en su cuerpo.

Un Museo de la Memoria

En el juicio declaró su viuda, Cristina Guillén, y Stella Mari Palazzesi de Cavigliaso. Ambas, también secuestradas y encarceladas, agradecieron su “primera vez ante los jueces de la democracia”, 44 años después. Y denunciaron (una vez más en lo que va de los 13 juicios) “a jueces cómplices de la dictadura” como Luis Rueda y Gustavo Becerra Ferrer, entre otros.

Después de este juicio, Silvio Viotti, de 61 años, que sólo tenía 16 cuando fue secuestrado con su padre Silvio Octavio y su hermanito de 11 años, y despojados de La Quinta de Guiñazú, está esperanzado de que "el terreno vuelva a ser lo que fue: una plantación comunitaria donde levantar un pequeño Museo de la Memoria", como ya se ha hecho en otros sitios que se recuperaron en Córdoba, como La Casa de la Imprenta, tras los testimonios de cientos de sobrevivientes que pudieron declarar en los (ya) 13 juicios por crímenes de lesa humanidad que se lograron en esta provincia.   

Fuente:Pagina12

CORDOBA: Lesa Humanidad: se conocerá el veredicto de la "Causa Barreiro".

 

Lesa Humanidad: se conocerá el veredicto de la "Causa Barreiro"

11/04/2023

Están imputados Ernesto Guillermo Barreiro, Carlos Enrique Villanueva y Carlos Alberto "HB" Díaz. Foto: gentileza

El martes 11 de abril se conocerá el veredicto del Tribunal Oral Federal 2 sobre la "Causa Barreiro", el juicio de lesa humanidad que investiga crímenes cometidos entre agosto y septiembre de 1979 en la llamada "Quinta de Guiñazú", que fue utilizada como centro clandestino de detención por el Destacamento de Inteligencia 141 entre los años 1977 y 1982.

A las 12 será el turno de las últimas palabras de los tres imputados, el ex capitán Ernesto Guillermo Barreiro, el ex teniente primero Carlos Enrique Villanueva y el ex sargento primero Carlos Alberto "HB" Díaz; y a las 14 se realizará la lectura del veredicto.

La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió prisión perpetua para los tres represores acusados. El fiscal general Carlos Gonella y el auxiliar Facundo Trotta, en tanto, pidieron 24 años de prisión para los tres acusados y solicitaron que se unifique con la prisión perpetua de la megacausa La Perla. 

El juicio

Los acusados Barreiro, Villanueva y Díaz afrontan cargos por "privación ilegítima de la libertad agravada", "imposición de tormentos agravados" e "imposición de tormentos agravados seguidos de muerte".

Las víctimas fueron José Jaime Blas García Vieyra, Nilveo Teobaldo Domingo Cavigliasso (fallecido) y Rubén Amadeo 'Pocho' Palazzesi, quien murió luego de sesiones de tortura y fue carbonizado dentro de un auto, simulando un falso intento de fuga.

Durante el juicio dieron su testimonio en calidad de testigos Cristina Guillén, esposa de Palazzesi; su cuñada, Stella Maris Palazzesi, quien además es viuda de Cavigliasso; Silvio Octavio Viotti, hijo del propietario de la quinta donde se habrían perpetrado las torturas, y George Saadé, cuñado de Palazzesi; Consuelo Orellano de Ardeti, esposa del desaparecido Enrique Ardeti y compañera de militancia de Palazzesi; y Marcelo Ardeti, hijo de la mujer y de Enrique.

García Vieyra, en calidad de testigo y víctima de la dictadura, también dio su testimonio ante el tribunal de enjuiciamiento que está integrado por los camaristas Julián Falcucci, María Noel Costa y José Fabián Asís.

También se realizó una inspección judicial en la Quinta de Guiñazú, propiedad de la familia Viotti, que fue apropiada por las Fuerzas Armadas durante la dictadura. Es considerada el último campo de concentración de Córdoba durante el gobierno de facto.

Participación abierta

Quien desee asistir a la audiencia de cierre del juicio, puede hacerlo portando su DNI. 

Otra alternativa es seguir la transmisión en vivo por el canal de Youtube del Tribunal Oral N°2 de Córdoba CIJ: https://www.youtube.com/@tribunaloraln2726

En el siguiente video de La Retaguardia, se puede repasar la audiencia de alegatos:

Reconstrucción de los hechos

El Ministerio Público Fiscal compartió la siguiente reconstrucción de los hechos investigados, con el detalle del entramado represivo y de los crímenes que habrían cometido los imputados:

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, el 12 de agosto de 1979, Palazzesi y García Vieyra fueron reducidos, vendados y atados de pies y manos por un grupo de civiles armados, entre los que se identificó a Villanueva y Díaz. Los dos detenidos fueron trasladados hasta una casa-quinta ubicada en Guiñazú, utilizada como “casa operativa” para la detención clandestina de personas. Diez días después, Cavigliasso, cuñado de Palazzesi y delegado gremial, fue privado ilegítimamente de la libertad por personal no identificado y trasladado a la misma casa quinta. 

La fiscalía sostuvo que, durante el tiempo que estuvieron en esta situación, los tres acusados, entre otras personas, sometieron a las víctimas a permanentes torturas físicas y psíquicas, con el fin de menoscabar su resistencia moral y obtener la mayor cantidad posible de información sobre sus actividades políticas, gremiales o de sus organizaciones. Las torturas consistieron en mantenerlas colgadas de las ataduras de sus manos a ganchos en el techo y someterlas a golpes de puño y pies con elementos contundentes y a simulacros de fusilamiento. 

Aproximadamente el 25 de agosto de ese año, arribaron al lugar dos represores procedentes de Buenos Aires, presuntamente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), quienes con el mismo propósito sometieron a Palazzesi a fuertes y repetidos golpes. Ello, sumado al deteriorado del estado de su salud que presentaba la víctima como consecuencia de las torturas de los días previos, provocaron su muerte ese mismo día. Para encubrir las causas del deceso, se emitió un comunicado oficial donde se informó que el fallecimiento de Palazzesi había ocurrido en un intento de fuga mientras era trasladado hacia Buenos Aires, oportunidad en que el vehículo se había incendiado. Su cuerpo carbonizado y sin sus extremidades fue entregado a sus familiares en el Hospital Militar Campo de Mayo.

García Vieyra y Cavigliasso fueron trasladados a la Dirección de Inteligencia de Córdoba, y posteriormente trasladados y alojados en dependencias de la Unidad Penitenciaria N° 1 de esa provincia. Allí permanecieron hasta el 16 de septiembre de 1980 el primero, cuando recuperó la libertad, y hasta el 5 de Febrero de 1981, el segundo, fecha en la que fue trasladado a otras a unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Federal. 

Durante su alegato, los representantes del Ministerio Público Fiscal destacaron la importancia del testimonio de las víctimas en la reconstrucción de los hechos y en la acreditación de la intervención de los acusados. En el caso puntual de García Vieyra, la fiscalía remarcó su presencia durante el reconocimiento ocular a la casa quinta, donde pudo individualizar los espacios donde habían sido detenidos y torturados. En su declaración testimonial, la víctima también aseguró que una de las personas que los tenía en cautiverio le dijo: “Vos te vas a salvar porque no tenemos archivos tuyos. Hace un año no hubiéramos esperado ni la orden, ahora estamos esperando para pegarte un tiro y tirarte en una zanja”.

Respecto a la situación de Palazzesi, García Vieyra manifestó que los torturadores le preguntaban constantemente por “un palo verde”, en relación a 1 millón de dólares que supuestamente había traído Palazzesi o le había llegado desde Buenos Aires. La víctima también aclaró que las personas que llegaron a la casa quinta para interrogar a Palazzesi provenían de la ESMA porque escuchó cómo uno de ellos le decía al otro: “El único archivo que tenemos tuyo es cuando vos hiciste la Marina, porque te sublevaste y te mandaron a un castigo en Ushuaia”.

Gonella y Trotta remarcaron que, a diferencia de lo que ocurre en la gran mayoría de juicios por crímenes de lesa humanidad, donde los interrogatorios y la permanencia de las víctimas en los centros clandestinos de detención se prueba a través de testimonios de sobrevivientes, en este caso también existe prueba documental que confirma esas circunstancias. De tal forma, hicieron mención a un informe elaborado por la Policía Federal Argentina del cual se desprende la presencia de Cavigliasso en la casa-quinta de barrio Guiñazú, a la que se alude como “casa operativa”. 

Por otro lado, se destacó también otra acta labrada por la Policía Federal, en la que se instrumenta la declaración indagatoria de Cavigliasso. Para la fiscalía, “este documento da cuenta tanto de la detención de la víctima, como el interrogatorio al que fue sometida, mientras se encontraba privada ilegítimamente de la libertad. Además, se puede ver la fecha del acta de indagatoria de Palazzesi, el 18 de agosto de 1979, y de García Vieyra, el 16 de agosto de 1979, que aparecen confeccionadas con igual formato, por el mismo oficial y, en ambos casos, mientras las víctimas permanecían en la casa-quinta de Villa Gran Parque Guiñazú”.

Fuente:LaNuevaMañana

El 11 de abril se conocerá el veredicto de "Causa Barreiro".

 

Lesa Humanidad: el 11 de abril se conocerá el veredicto de "Causa Barreiro"

08/04/2023

El juicio investiga crímenes cometidos en 1979 en la llamada "Quinta de Guiñazú", que fue utilizada como centro clandestino de detención.

El proceso se tramita en el Tribunal Federal 2

El martes 11 de abril se conocerá el veredicto del Tribunal Oral Federal 2 sobre la "Causa Barreiro", el juicio de lesa humanidad que investiga crímenes cometidos entre agosto y septiembre de 1979 en la llamada "Quinta de Guiñazú", que fue utilizada como centro clandestino de detención por el Destacamento de Inteligencia 141 entre los años 1977 y 1982.

A las 12 será el turno de las últimas palabras de los tres imputados, el ex capitán Ernesto Guillermo Barreiro, el ex teniente primero Carlos Enrique Villanueva y el ex sargento primero Carlos Alberto Díaz; y a las 14 se realizará la lectura del veredicto.

La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió prisión perpetua para los tres represores acusados. El fiscal general Carlos Gonella y el auxiliar Facundo Trotta, en tanto, pidieron 24 años de prisión para los tres acusados y solicitaron que se unifique con la prisión perpetua de la megacausa La Perla. 

El juicio

Los acusados Barreiro, Villanueva y Díaz afrontan cargos por "privación ilegítima de la libertad agravada", "imposición de tormentos agravados" e "imposición de tormentos agravados seguidos de muerte".

Las víctimas fueron José Jaime Blas García Vieyra, Nilveo Teobaldo Domingo Cavigliasso (fallecido) y Rubén Amadeo 'Pocho' Palazzesi, quien murió luego de sesiones de tortura y fue carbonizado dentro de un auto, simulando un falso intento de fuga.

Durante el juicio dieron su testimonio en calidad de testigos Cristina Guillén, esposa de Palazzesi; su cuñada, Stella Maris Palazzesi, quien además es viuda de Cavigliasso; Silvio Octavio Viotti, hijo del propietario de la quinta donde se habrían perpetrado las torturas, y George Saadé, cuñado de Palazzesi; Consuelo Orellano de Ardeti, esposa del desaparecido Enrique Ardeti y compañera de militancia de Palazzesi; y Marcelo Ardeti, hijo de la mujer y de Enrique.

García Vieyra, en calidad de testigo y víctima de la dictadura, también dio su testimonio ante el tribunal de enjuiciamiento que está integrado por los camaristas Julián Falcucci, María Noel Costa y José Fabián Asís.

También se realizó una inspección judicial en la Quinta de Guiñazú, propiedad de la familia Viotti, que fue apropiada por las Fuerzas Armadas durante la dictadura. Es considerada el último campo de concentración de Córdoba durante el gobierno de facto.

Participación abierta

Quien desee asistir a la audiencia de cierre del juicio, puede hacerlo portando su DNI. 

Otra alternativa es seguir la transmisión en vivo por el canal de Youtube del Tribunal Oral N°2 de Córdoba CIJ: https://www.youtube.com/@tribunaloraln2726

En el siguiente video de La Retaguardia, se puede repasar la audiencia de alegatos:

Reconstrucción de los hechos

El Ministerio Público Fiscal compartió la siguiente reconstrucción de los hechos investigados, con el detalle del entramado represivo y de los crímenes que habrían cometido los imputados:

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, el 12 de agosto de 1979, Palazzesi y García Vieyra fueron reducidos, vendados y atados de pies y manos por un grupo de civiles armados, entre los que se identificó a Villanueva y Díaz. Los dos detenidos fueron trasladados hasta una casa-quinta ubicada en Guiñazú, utilizada como “casa operativa” para la detención clandestina de personas. Diez días después, Cavigliasso, cuñado de Palazzesi y delegado gremial, fue privado ilegítimamente de la libertad por personal no identificado y trasladado a la misma casa quinta. 

La fiscalía sostuvo que, durante el tiempo que estuvieron en esta situación, los tres acusados, entre otras personas, sometieron a las víctimas a permanentes torturas físicas y psíquicas, con el fin de menoscabar su resistencia moral y obtener la mayor cantidad posible de información sobre sus actividades políticas, gremiales o de sus organizaciones. Las torturas consistieron en mantenerlas colgadas de las ataduras de sus manos a ganchos en el techo y someterlas a golpes de puño y pies con elementos contundentes y a simulacros de fusilamiento. 

Aproximadamente el 25 de agosto de ese año, arribaron al lugar dos represores procedentes de Buenos Aires, presuntamente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), quienes con el mismo propósito sometieron a Palazzesi a fuertes y repetidos golpes. Ello, sumado al deteriorado del estado de su salud que presentaba la víctima como consecuencia de las torturas de los días previos, provocaron su muerte ese mismo día. Para encubrir las causas del deceso, se emitió un comunicado oficial donde se informó que el fallecimiento de Palazzesi había ocurrido en un intento de fuga mientras era trasladado hacia Buenos Aires, oportunidad en que el vehículo se había incendiado. Su cuerpo carbonizado y sin sus extremidades fue entregado a sus familiares en el Hospital Militar Campo de Mayo.

García Vieyra y Cavigliasso fueron trasladados a la Dirección de Inteligencia de Córdoba, y posteriormente trasladados y alojados en dependencias de la Unidad Penitenciaria N° 1 de esa provincia. Allí permanecieron hasta el 16 de septiembre de 1980 el primero, cuando recuperó la libertad, y hasta el 5 de Febrero de 1981, el segundo, fecha en la que fue trasladado a otras a unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Federal. 

Durante su alegato, los representantes del Ministerio Público Fiscal destacaron la importancia del testimonio de las víctimas en la reconstrucción de los hechos y en la acreditación de la intervención de los acusados. En el caso puntual de García Vieyra, la fiscalía remarcó su presencia durante el reconocimiento ocular a la casa quinta, donde pudo individualizar los espacios donde habían sido detenidos y torturados. En su declaración testimonial, la víctima también aseguró que una de las personas que los tenía en cautiverio le dijo: “Vos te vas a salvar porque no tenemos archivos tuyos. Hace un año no hubiéramos esperado ni la orden, ahora estamos esperando para pegarte un tiro y tirarte en una zanja”.

Respecto a la situación de Palazzesi, García Vieyra manifestó que los torturadores le preguntaban constantemente por “un palo verde”, en relación a 1 millón de dólares que supuestamente había traído Palazzesi o le había llegado desde Buenos Aires. La víctima también aclaró que las personas que llegaron a la casa quinta para interrogar a Palazzesi provenían de la ESMA porque escuchó cómo uno de ellos le decía al otro: “El único archivo que tenemos tuyo es cuando vos hiciste la Marina, porque te sublevaste y te mandaron a un castigo en Ushuaia”.

Gonella y Trotta remarcaron que, a diferencia de lo que ocurre en la gran mayoría de juicios por crímenes de lesa humanidad, donde los interrogatorios y la permanencia de las víctimas en los centros clandestinos de detención se prueba a través de testimonios de sobrevivientes, en este caso también existe prueba documental que confirma esas circunstancias. De tal forma, hicieron mención a un informe elaborado por la Policía Federal Argentina del cual se desprende la presencia de Cavigliasso en la casa-quinta de barrio Guiñazú, a la que se alude como “casa operativa”. 

Por otro lado, se destacó también otra acta labrada por la Policía Federal, en la que se instrumenta la declaración indagatoria de Cavigliasso. Para la fiscalía, “este documento da cuenta tanto de la detención de la víctima, como el interrogatorio al que fue sometida, mientras se encontraba privada ilegítimamente de la libertad. Además, se puede ver la fecha del acta de indagatoria de Palazzesi, el 18 de agosto de 1979, y de García Vieyra, el 16 de agosto de 1979, que aparecen confeccionadas con igual formato, por el mismo oficial y, en ambos casos, mientras las víctimas permanecían en la casa-quinta de Villa Gran Parque Guiñazú”.

Fuente:LaNuevaMañana

CORDOBA: Comienzan los alegatos en el juicio contra tres represores.

 

Comienzan los alegatos en el juicio contra tres represores

Se trata de tres ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército acusados de crímenes de lesa humanidad

28 de marzo de 2023

Ernesto Barreiro

El Tribunal Oral Federal número 2 de Córdoba comenzará hoy a escuchar los alegatos previos al fallo en el juicio a tres ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en 1979 durante la última dictadura, entre ellos Ernesto «Nabo» Barreiro, quien desató la rebelión militar de Semana Santa en 1987.

Los represores, condenados por causas anteriores y en prisión domiciliaria, presenciarán la audiencia a través de un sistema digital desde sus hogares, al igual que las anteriores. Los acusados Barreiro, Carlos Villanueva y Carlos Díaz afrontan cargos por «privación ilegítima de la libertad agravada», «imposición de tormentos agravados» e «imposición de tormentos agravados seguidos de muerte».

Las víctimas fueron José Jaime Blas García Vieyra, Nilveo Teobaldo Domingo Cavigliasso (fallecido) y Rubén Amadeo ‘Pocho’ Palazzesi, quien murió luego de sesiones de tortura y fue carbonizado dentro de un auto, simulando un falso intento de fuga.

Durante el juicio dieron su testimonio en calidad de testigos Cristina Guillén, esposa de Palazzesi; su cuñada, Stella Maris Palazzesi, quien además es viuda de Cavigliasso; Silvio Octavio Viotti, hijo del propietario de la quinta donde se habrían perpetrado las torturas, y George Saadé, cuñado de Palazzesi. La semana pasada testificaron Consuelo Orellano de Ardeti, esposa del desaparecido Enrique Ardeti y compañera de militancia de Palazzesi, y Marcelo Ardeti, hijo de la mujer y de Enrique.

García Vieyra, en calidad de testigo y víctima de la dictadura, también dio su testimonio ante el tribunal de enjuiciamiento que está integrado por los camaristas Julián Falcucci, María Noel Costa y José Fabián Asís.

La semana pasada se realizó una inspección judicial en la Quinta de Guiñazú, propiedad de la familia Viotti, que fue apropiada por las Fuerzas Armadas durante la dictadura es considerada el último campo de concentración de Córdoba durante el gobierno de facto. Sobre esa instancia se esperan detalles en la audiencia de mañana.

Fuente:HoyDiaCdba.

CORDOBA: Derechos Humanos: el 13° juicio tendrá ocular este miércoles, alegatos el 30.

 

Derechos Humanos: el 13° juicio tendrá ocular este miércoles, alegatos el 30

22/03/2023

El proceso que se le sigue a tres represores del ex Destacamento de Inteligencia 141 tuvo su tercera audiencia, con tres testimonios.

El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba continuó juzgando este martes a tres ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército por crímenes de lesa humanidad cometidos en 1979 durante la última dictadura, entre ellos Ernesto "Gringo" Barreiro, y tomó declaración a tres testigos, mientras este miércoles 22 habrá una ocular en la quinta de Guiñazú y el jueves 30 se expondrán los alegatos previos al fallo.

Los represores, condenados por causas anteriores y en prisión domiciliaria, presenciaron la audiencia en la que los testigos dieron su testimonio a través de un sistema digital desde sus hogares. Barreiro, Carlos Villanueva y Carlos Díaz afrontan cargos por "privación ilegítima de la libertad agravada", "imposición de tormentos agravados" e "imposición de tormentos agravados seguidos de muerte".

Las víctimas fueron José Jaime Blas García Vieyra, Nilveo Teobaldo Domingo Cavigliasso (fallecido) y Rubén Amadeo 'Pocho' Palazzesi, quien murió luego de sesiones de tortura y fue carbonizado dentro de un auto, simulando un falso intento de fuga.

Barreiro tiene condenas por crímenes de la dictadura y fue uno de los que desató el movimiento de militares rebeldes "carapintadas" en la Semana Santa de 1987, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, cuando se negó a declarar ante la Justicia de Córdoba por delitos de lesa humanidad.

En la audiencia de este martes todos los testigos eran conocidos de Palazzesi, y dieron detalles de sus últimos contactos con él. Su cuñado, George Sahade, de 84 años, contó que él junto al padre de la víctima fueron a buscar el cuerpo calcinado en 1979 a Campo de Mayo.

Sahade contó el momento en que el 29 de agosto de 1979 un hombre llamado Ramón Carrizo llegó hasta la casa de Palazzesi en Oliva, unos 90 kilómetros al Este de la capital, a dar la noticia de la muerte de su cuñado.

"Había un cuadro desolador, creo que era un subteniente que había llegado a casa y traía la noticia de la muerte de mi cuñado Rubén; había ese desastre, los llantos de mi suegra, de toda la familia, una situación tensa por todo lo que estaba ocurriendo", recordó.

Sahade contó que esa misma noche junto a su suegro viajó a Buenos Aires y le comentaron que tenían que retirar el cuerpo en Campo de Mayo. Al llegar al otro día los recibió un juez militar, de quien no recuerda el nombre, y les detalló que Palazzesi había muerto cuando "en el medio de un traslado los oficiales detuvieron el vehículo para bajarse a estirar las piernas, y Rubén habría querido fugarse manejando, pero al tener las manos esposadas chocó, volcó y se prendió fuego".

"Como que fue ese el final de Rubén", contó Sahade que le explicaron en Campo de Mayo, de donde pudieron recuperar el cuerpo. Detalló las características en las que se encontraba el cadáver, mutilado. "Yo no lo reconocí", admitió.

Añadió que hicieron el velatorio en Oliva: "Lo pudimos velar y para nosotros fue un alivio espiritual, de que toda esa situación que se vivió al fin y al cabo en las condiciones que estaba, al menos su familia le dio el último adiós".

Luego testificó Consuelo Orellano de Ardeti, esposa del desaparecido Enrique Ardeti, quien se identificó como compañera de militancia de Palazzesi, dando también testimonio sobre sus últimos contactos con él.

Detalló que se vieron en La Plata entre el 7 y 9 de agosto de 1979, un día después de que se llevaran detenido a su esposo, y que ante esta situación Palazzesi le ofreció que viajara a Córdoba con él. "Pocho (Palazzesi) había ido a charlar con los compañeros de la dirección de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), Raimundo Villaflor y Ardeti", contó Orellano.

Agregó que Palazzesi "toma una postura de tratar de protegernos a nosotros, que es la correcta. Charlamos y me dice que nos tenemos que mantener juntos que la mano 'está pesada y estamos un poco regalados', y me propone irme a Córdoba".

"Le dije que me quedaba en La Plata, porque tenía que presentar un hábeas corpus por mi marido, y ahí charlábamos, él insistiendo por temor a lo que nos pasara a nosotros, pero yo me quedé y él se vuelve", añadió, y lamentó luego enterarse de la muerte.

Declaró también Marcelo Ardeti, hijo de Enrique y de Consuelo Orellano, quien en ese momento tenía 13 años, y recuerda cuando militares irrumpieron en su casa y golpearon a su madre, en los días en que murió Palazzesi, a quien también recordó que vio en esas jornadas de agosto de 1979 en La Plata.

El tribunal de enjuiciamiento que está integrado por los camaristas Julián Falcucci, María Noel Costa y José Fabián Asís, indicó que este miércoles se realizará la inspección judicial a la Quinta de Guiñazú, donde funcionó el centro de detención clandestino en el que fue asesinado Palazzesi, por represores locales y una patota de la Esma. El jueves 30 de marzo, en tanto, tendrán lugar los alegatos, y la sentencia se produciría en la primera semana de abril.

La audiencia puede visualizarse a través del canal del medio especializado La Retaguardia.

Fuente: Télam

Fuente:LaNuevaMañana

CORDOBA: “A Rubén Palazzesi lo mataron por el palo verde”.

 

Juicio de lesa humanidad: “A Rubén Palazzesi lo mataron por el palo verde”

18/03/2023 

Por Adrián Camerano

El testigo y víctima Jaime García Vieyra contó sus días secuestrado en la Quinta de Guiñazú. Silvio Viotti detalló el despojo realizado por el Ejército. El juicio sigue el 21.

La segunda audiencia del 13° juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba contó con dos testigos, víctimas directas ambos del terrorismo estatal que asoló al país desde 1974 hasta 1983. El arquitecto Jaime García Vieyra y el farmacéutico Silvio Viotti testimoniaron este miércoles 15, y se comprometieron ambos a asistir a la inspección ocular que autorizó el Tribunal Oral Criminal Federal 2 en la Quinta de Guiñazú, con fecha a confirmar.

García Vieyra compareció ante los jueces en su doble condición de testigo y víctima d ellos hechos que se investigan, su secuestro junto a Rubén Palazzesi y el de Teo Cavigliaso; torturados todos, Palazzesi fue asesinado.

El ex secretario de Cultura provincial detalló cómo fue el operativo ilegal a partir del cual estuvo cautivo en Guiñazú, brindó algunos detalles de la quinta y el entorno y aportó los apodos de quienes lo privaron ilegítimamente de la libertad y lo torturaron. “No eran sólo tres, había un tal Verd, usaban apodos; creo que había 4 o 5 personajes ahí que no figuran en la causa” precisó y relató con lujos de detalles cómo en el sótano de la quinta “me tenían solo, encerrado en un sótano con ratas”.

Arquitecto jubilado de 78 años, García Vieyra señaló que de día “me sacaban, me colgaban y me golpeaban” y de noche, en el sótano, “compartía la comida con ratas, tenía que correrlas, me venían a disputar la comida”.

A la vez, “a Palazzesi lo tenían en otra habitación, con él se ensañaron” relató, y aclaró que la víctima fatal sufrió picana y él no. Sin embargo, “me dijeron dos veces ´vos sos el próximo´”, y por estar colgado de un gancho y quedar en puntas de pie “me quedó este hombro salido”, mostró a los jueces.

“A Rubén lo torturaban mucho más que a mi, le querían sacar un millón de dólares, era la obsesión”, y “en un momento, yo no creo que haya sido después de diez días, creo que antes, se para todo. Un silencio fuerte. Ahí infiero que lo mataron; a Rubén lo mataron por el palo verde”, manifestó.

“A partir de ese día, continuó, hubo una diferencia, presiento que vino un personaje de muy alto rango, ya no hubo situaciones extremas y apareció un individuo y me dijo vos te vas a salvar porque no tenemos archivos tuyos; hace un año no hubiéramos esperado la orden, ahora estamos esperando la orden para pegarte un tiro y tirarte en una zanja. Yo no vi la cara de ninguno de ellos”.

García Vieyra señaló que unos diez días después de su detención “trajeron una noche a una persona destrozada; balbuceaba, yo le preguntaba cosas pero no podía hablar, era un lamento permanente: era Cavigliaso”. Pocos días más tarde, el secuestrado es llevado a la D2 de calle Mariano Moreno, luego al Pasaje Santa Catalina y finalmente legalizado en la UP1.

Al igual que las dos primeras testigos en el juicio, García Vieyra relató su experiencia ante el Consejo de Guerra, la causa federal que lo tuvo como acusado y la participación en la represión de funcionarios judiciales de la época, como el juez Puga y su secretario de entonces, Luis Rueda, que murió hace pocos años, ostentando el cargo de camarista federal.

El testigo explicó que los represores “me trataban con toda la crueldad posible” y consideró que “eran las hienas que tenía el Tercer Cuerpo y que nunca más los conocí, hasta ahora. Había otros”, insistió.

“Cuando uno pasa a ser legal es como nacer de nuevo; en ese momento desaparecía mucha gente” señaló, abonó la hipótesis de la presencia de la patota de la Esma en la quinta y señaló que además de un hombro dislocado, de aquellos tormentos “me quedó una cicatriz en el corazón”.

El despojo económico y la quinta como centro clandestino

La segunda declaración fue la de Viotti, quien contó algunas características de la quinta, su propia detención en el Operativo Escoba de 1977 y la cesión bajo amenaza firmada por su padre, propietario legal del inmueble.

“Nos decían que si no firmaba iba a seguir preso. Me empieza a visitar en Alta Córdoba un tal coronel Álvarez de Oro, me dice que va a salir pero cediendo la quinta”, detalló. Silvio Viotti padre termina firmando la cesión con “una comisión a ellos, en realidad casi todo”. Viotti hijo relató cómo en sucesivas visitas al lugar vio soldados uniformados y represores de civil, consideró que al menos dos tríos de militantes permanecieron secuestrados allí y dijo que los intentos por recuperar el predio y la gran cantidad de cosa robadas por los militares “no prosperaron”.

En una audiencia accidentada, cuya transmisión virtual se cortó al menos cinco veces, Viotti dijo que “a mí me interesa contar que en esa quinta hubo otros crímenes” y que “ese fue el último campo de concentración que hubo en Córdoba”. También contó cómo viejos vecinos del predio le relataron la existencia de secuestrados, la presencia de militares y otro detalles propios de un lugar con funcionamiento clandestino.

A pedido de la querella, se aprobó realizar una inspección ocular en fecha a determinar, que contará con la participación de los dos testigos. La próxima audiencia será el 21 de marzo desde las 14.30, con tres testimonios vía teleconferencia.

Fuente:LaNuevaMañana