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7 de mayo de 2023

Causa Chavanne-Grassi: una audiencia clave para revisar la absolución del imputado.

 

Causa Chavanne-Grassi: una audiencia clave para revisar la absolución del imputado

La sala IV de Casación Penal debe resolver el pedido de las querellas y la fiscalía para revertir el fallo que benefició al extitular de la CNV durante la dictadura, Jorge Etchebarne.

07/05/2023

La absolución el 7 de abril de 2022 de Jorge Alfredo Etchebarne, quien fue titular de la Comisión Nacional de Valores durante la dictadura, cayó como un baldazo de agua helada para víctimas y acusadores. La fiscalía y las querellas habían pedido penas de entre 20 y 25 años de prisión para él como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad y torturas a 22 personas, directivos y allegados a los grupos económicos Chavanne y Siderúrgicas Grassi que fueron llevadas al centro clandestino de detención que funcionó en la Cárcel de Encausados de Campo de Mayo.

El Tribunal Oral Federal 5 de CABA tuvo un fallo dividido: la jueza Adriana Palliotti y el juez Daniel Obligado decidieron absolverlo, mientras que el juez Adrián Grünberg consideró probada su responsabilidad en los hechos. El otro acusado, Raúl Guglielminetti, exagente civil de inteligencia del Ejército, recibió diez años de prisión.

Este jueves, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Alejandro Slokar, realizó una audiencia preliminar en la que la fiscalía, las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la APDH y la defensa expusieron sus argumentos antes de que los camaristas tomen una decisión sobre la situación de Etchebarne.

Una denuncia penal de Etchebarne en 1978 desde la CNV motorizó la persecución a las empresas Chavanne y Grassi por «subversión económica»: ambos grupos se habían asociado para la compra del Banco de Hurlingham a la familia de David Graiver, sospechado por civiles y militares de haber recibido el dinero que la organización Montoneros había obtenido por el secuestro extorsivo de los hermanos Born.

A partir de esa denuncia, entre el 13 de septiembre y el 8 de noviembre de 1978 fueron secuestradas en Buenos Aires y Rosario 28 personas, entre directivos de ambos grupos, abogados, familiares y empleados, que en su mayoría fueron llevados al centro clandestino de detención y torturas que se montó en la Cárcel militar de Campo de Mayo.

«El que me interrogaba, la voz era de Juan Alfredo Etchebarne, que era entonces el presidente de la CNV. Conocía su voz porque había discutido con él varias veces en los procedimientos que había hecho en Industrias Grassi, donde era abogado. Todos los interrogatorios los conducía él. En una oportunidad en que me estaban golpeando y mis respuestas no fueron las que él quería, les pidió que me golpearan más», declaró en el juicio a las Juntas Raúl Ramón Aguirre Saravia. Isidoro de Carabassa, otro de los sobrevivientes, declaró en el mismo debate haber visto al extitular de la CNV durante su cautiverio y que le hizo más de 20 preguntas. 

Durante el juicio, se incorporaron esos testimonios y se sumaron otros, como los de las hijas y el hijo del ya fallecido René Grassi, y el de Rosa Laurito, quien era secretaria de Aguirre Saravia. La presencia de Etchebarne en Campo de Mayo fue confirmada también por técnicos enviados por la CNV a Campo de Mayo, quienes mencionaron visitas de su jefe a las dependencias militares y su obsesión por el tema.

Entonces, ¿cómo se explica la decisión de Obligado y Paliotti de absolverlo? En su voto mayoritario sostienen que no le creyeron a las víctimas. Por un lado, le restaron peso a los testimonios de las personas fallecidas, cuyas declaraciones fueron valoradas en el Juicio a las Juntas e incorporadas por lectura al debate, y por otro, al igual que la defensa, señalaron una supuesta «enemistad manifiesta» con el acusado. Lo mismo que había planteado el exfuncionario de la dictadura en varias de sus intervenciones en el debate.

En su voto en minoría, el juez Grünberg refutó los esfuerzos de sus pares para absolver a Etchebarne. Resaltó la importancia de los testimonios en los juicios por crímenes de lesa humanidad para probar hechos que el terrorismo de Estado intentó que quedaran impunes y descartó que se tratara de una supuesta revancha contra el acusado: «Resulta descabellado conjeturar siquiera en una especie de complot llevado a cabo por tantas personas a lo largo de más de cuatro décadas. No existe posibilidad alguna de ello y, por ende, según mi entendimiento, las manifestaciones de inocencia de Juan Alfredo Etchebarne han sido doblegadas por el contundente cuadro cargoso hasta aquí expuesto».

Esta discusión sobre el valor de los testimonios que se dio en la sentencia fue el eje central de los planteos de las querellas y la fiscalía ante la Cámara de Casación. Las partes acusadoras pusieron en valor el rol fundamental de víctimas y testigos y destacaron además la contradicción de Paliotti y Obigado, quienes sí tuvieron en cuenta sus declaraciones para condenar a Guglielminetti.

La Sala IV de Casación deberá ahora definir qué sucede con Etchebarne en esta causa que, por un lado permitió reconstruir la persecución del terrorismo de Estado contra sectores empresarios que consideraba enemigos y que al mismo tiempo mostró nuevamente la doble vara judicial al investigar a civiles y al poder económico.

Fuente:TiempoArgentino

8 de abril de 2022

Causa Chavanne – Grassi: absolvieron a Etchebarne, ex titular de la Comisión Nacional de Valores de la dictadura.

 

Causa Chavanne – Grassi: absolvieron a Etchebarne, ex titular de la Comisión Nacional de Valores de la dictadura

El abogado estaba acusado como partícipe necesario de 22 secuestros y tormentos y fue absuelto en un fallo dividido por el Tribunal Oral Federal 5 de CABA, que condenó a 10 años de prisión a Raúl Guglielminetti, exagente civil de inteligencia del Ejército.

07/04/2022

En un fallo dividido, el Tribunal Oral Federal 5 de CABA absolvió este jueves a Jorge Alfredo Etchebarne, ex titular de la Comisión Nacional de Valores de la dictadura, en el juicio oral que se siguió por el secuestro y tormentos sufridos por directivos y allegados a los grupos económicos Chavanne y Siderúrgicas Grassi.

Para él, la fiscalía y las querellas habían pedido penas de entre 20 y 25 años de prisión como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad y torturas a 22 personas, que fueron llevadas al centro clandestino de detención que funcionó en la Cárcel de Encausados de Campo de Mayo.

La jueza Adriana Palliotti y el juez Obligado votaron la absolución, mientras que el juez Adrián Grünberg votó en contra. Sus argumentos se conocerán el 7 de junio a las 17, cuando se lean los fundamentos del veredicto.

El Tribunal sí condenó al exagente civil de inteligencia Raúl Guglielminetti, integrante del grupo de tareas del Primer Cuerpo del Ejército, a 10 años de prisión como autor de 9 de esos secuestros.

El caso Chavanne-Industrias Siderúrgicas Grassi es una causa emblemática sobre la persecución que llevaron adelante por civiles y militares contra ciertos grupos empresarios bajo la figura de ‘subversión económica’.

Desde la CNV, Etchevarne impulsó una denuncia penal contra ambas empresas por “subversión económica”: ambos grupos se habían asociado para la compra del Banco de Hurlingham a la familia de David Graiver.

A partir de esa denuncia, comenzó a intervenir el Primer Cuerpo del Ejército y se conformó un grupo de tareas mixto entre las fuerzas armadas, la CNV y el Banco Central. Su objetivo era encontrar el dinero que la organización Montoneros habría obtenido a raíz del secuestro extorsivo de los hermanos Juan y Jorge Born y que creían que estaba en poder del Grupo Graiver.

Entre el 13 de septiembre y el 8 de noviembre de 1978, fueron secuestradas en Buenos Aires y Rosario 28 personas, entre directivos de ambos grupos, abogados, familiares y empleados, que en su mayoría fueron llevados al centro clandestino de detención y torturas que se montó en la Cárcel militar de Campo de Mayo.

Los testigos reconocieron la presencia de Etchebarne en el centro clandestino de detención, así como abogados y contadores de la CNV y el Banco Central, quienes asistían al grupo de tareas en los interrogatorios.

Al año siguiente, en los primeros días de 1979, los detenidos y detenidas ya habían sido liberados tras pasar a disposición del PEN a los penales de Caseros y Devoto. El único que siguió preso fue Juan Claudio Chavanne, quien recuperó la libertad en 1981.

El Banco de Hurlingham, que permanecía intervenido, fue liquidado por el Banco Central y cerrado.Tanto Chavanne como las hijas e hijo de Grassi relataron el desapoderamiento que sufrieron. “En las cuentas después no hubo un peso, desapareció la plata mientras mi papa estuvo desaparecido”, relató Marcela Grassi. “Me quebraron, me quedé sin un peso partido por la mitad”, relató Chavanne y agregó: “Firmé cualquier cosa con la promesa de que al día siguiente estaba en libertad”.

Fuente:TiempoArgentino

29 de abril de 2021

El caso Chavanne y la persecución a empresarios en dictadura: “Me quebraron, me quedé sin un peso partido por la mitad”.

 

El caso Chavanne y la persecución a empresarios en dictadura: “Me quebraron, me quedé sin un peso partido por la mitad”

El empresario Juan Chavanne relató su secuestro y cautiverio en el juicio oral Chavanne – Siderúrgicas Grassi, que tiene como acusados al ex titular de la CNV en dictadura, Juan Alfredo Etchebarne, y al exagente civil de Inteligencia del Ejército Raúl Guglielminetti.

(Foto: captura)
28 de abril de 2021

“Firmé cualquier cosa con la promesa de que al día siguiente estaba en libertad”, recordó Juan Chavanne durante su testimonio en el juicio oral Chavanne-Siderúrgicas Grassi por el secuestro de una treintena de empresarios, empleados y familiares de esos grupos económicos. “Me quebraron, me sacaron absolutamente todo. Me quedé sin un peso partido por la mitad y sigo en quiebra al día de hoy. Creo que todavía debo 60 millones de pesos, que no los puedo pagar”, agregó.

El empresario declaró ante el Tribunal Oral Federal 5 luego de que lo hicieran Marcela, Marta y Luis Grassi, hijos de René Grassi, quienes relataron el desapoderamiento que sufrieron en manos de la dictadura y el rol que ocupó Etchebarne en esa maniobra.

Chavanne fue secuestrado el 14 de septiembre de 1978 junto a su esposa Sara Duggan y su abogado Mario Satanowsky un día después de René Grassi. La Comisión Nacional de Valores, presidida por Etchebarne, los había acusado a ambos grupos por subversión económica tras la compra del Banco de Hurlingham a la familia Graiver.

Primero fue llevado al Regimiento de Granaderos y después al centro clandestino de detención Cárcel de Encausados de Campo de Mayo, donde se encontró con el resto de los y las detenidas. Allí fue interrogado y torturado innumerables veces. Reconoció entre sus captores torturadores a Guglielminetti y a los ya fallecidos coronel Roberto Roualdes, comandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei y el coronel Francisco Obdulio D’Alessandri.

Los represores tenían un interés específico en dar con el dinero que habría obtenido la organización Montoneros a raíz del secuestro extorsivo de los hermanos Juan y Jorge Born. “Me preguntaban por cosas que no tenía ni idea. Me preguntaban por Galimberti, por los 60 millones de dólares, como si fuera el cerebro oculto de una organización subversiva o algo parecido”, contó y añadió: “Todo se basaba en la supuesta fortuna que yo manejaba. Por qué vivía en una casa así. Se habían robado todos los libros de las empresas. Sabían todo”.

Entre las maniobras que recordó estuvo una recorrida por bancos para que vendiera el Banco de Hurlingham y un pedido extraño: “Me preguntaron si me animaba a hacer un plan económico. Yo no tenía la más mínima idea de qué estaban hablando. Ellos creían que era un genio de las finanzas. Tenía una empresa de venta de lotes que vendíamos como locos, nada más, pero me lo puse a escribir. No sé si estará en algún lado”.

Durante los interrogatorios y torturas, Chavanne firmó documentos que nunca leyó y no sabe que pasó con sus propiedades o negocios. “Estuve en quiebre, estoy en quiebra desde febrero de 1979. Me quebraron, me sacaron absolutamente todo. Me quedé sin un peso partido por la mitad, y sigo en quiebra. Creo que todavía debo 60 millones de pesos, que no los puedo pagar. Que paso con todo eso no tengo idea. Nunca me dedique a meterme en la quiebra”, reconoció.

“Escuche que muchos de los procedimientos que se hicieron era para conseguir plata, conmigo creo que buscaron destruir a mi grupo de empresas”, sostuvo.

Durante la instrucción de la causa, Chavanne señaló que mientras estaba cautivo en Campo de Mayo le tomó declaración Etchebarne, quien le preguntó sobre sus acciones en Celulosa Argentina y en Canale.

Esta vez, no lo recordó así, a pesar de que el fiscal Alejandro Alagia le marcó en varias oportunidades la contradicción. Esta vez dijo haber escuchado el nombre Juan Alfredo dicho por el fiscal Roberto Solá, quien lo interrogó en Campo de Mayo mientras estaba encapuchado y esposado. “Juan Alfredo no seas ridículo”, escuchó que le dijo. “Pude escuchar discusiones, preguntas que él hacía a otras personas. Había papeles que se movían”, detalló.

Además de la presencia de Etchebarne en Campo de Mayo, reconocida por otros testigos, en la guarnición militar también hubo abogados y contadores de la CNV y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que asistían al grupo de Tareas para los interrogatorios.

Fuente:TiempoArgentino

2 de abril de 2021

El desapoderamiento de la familia Grassi como parte de la “guerra contra la subversión económica”.

 

El desapoderamiento de la familia Grassi como parte de la “guerra contra la subversión económica”

Marcela Grassi relató en el juicio oral por la causa Chavanne-Siderúrgicas Grassi lo que vivió junto a su familia cuando su padre, su tío, y varios miembros de la empresa fueron secuestrados. La amenaza de Martínez de Hoz y la transferencia forzada de todos los bienes.

1 de abril de 2021

Cuando su padre René Grassi comenzó a ser apuntado como blanco de la dictadura, Marcela tenía 20 años, por lo que recuerda con mucho detalle la amenaza del entonces ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz si no le vendía el Banco de Hurlingham, y el momento en que se lo llevaron secuestrado la noche del 13 de septiembre de 1976. También revela cómo vaciaron las cuentas y obligaron a su mamá a firmar la sesión de todos los bienes que poseía la familia mientras su padre todavía estaba detenido.

Marcela declaró como testigo este martes ante el Tribunal Oral Federal 5 en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad que se le sigue al ex titular de la Comisión Nacional de Valores durante la dictadura cívico militar, Juan Alfredo Etchebarne, y a Raúl Antonio Guglielminetti, alias Mayor Gustavino, exagente civil de Inteligencia del Ejército.

También podés leer: La "guerra contra la subversión económica" llegó al banquillo

En la causa se investigan los secuestros y tormentos sufridos por 28 personas entre 1978 y 1979 vinculadas a los grupos económicos Chavanne e Industrias Siderúrgicas Grassi, acusados por la CNV de “subversión económica” tras la compra del Banco de Hurlingham a la familia Graiver.

“El Banco de Hurlingham fue una excusa”, señaló Marcela y agregó: “Esa es la mentira. El armado de una causa en la que luego de unos años quedó demostrado que todos fueron absueltos. Los 28 que usted Etchebarne se cargó, fueron todos absueltos después de unos años y si mi papá no se hubiera muerto en un accidente muy extraño a los 8 meses de haber sido liberado también hubiera sido absuelto”.

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"No te voy a dejar en paz"

Industrias Siderúrgicas Grassi había pasado de una planta de ferroaleaciones fundada en los 50’s que proveía insumos a fábricas de acero a un grupo económico de varias empresas integradas y más de 2000 empleados. René, padre de Marcela, se dedicaba a las finanzas del grupo y su hermano Luis a la parte industrial.

Los hechos se desencadenaron rápido. Marcela recuerda que los Chavanne, con quienes tenían negocios desde 1973, le debían dinero a la empresa y les transfirieron el Banco de Hurlingham como pago, ya que ellos no lo podían gestionar.

En junio de 1978, Martínez de Hoz mandó a llamar a René Grassi durante un congreso de finanzas y le dice: “Queremos comprar el Banco de Hurlingham”. Sorprendido, Grassi le dijo que no estaba a la venta y el ministro le contestó: “No sabés lo que estás haciendo, hasta que no te vea arrastrarte por el piso no te voy a dejar en paz”. “Pasaron 43 años y aún me estremece el sonido de esa frase”, revive Marcela.

Un mes después, escuchó por primera vez el apellido Etchebarne. El funcionario había participado personalmente de un allanamiento a las oficinas de Grassi. “Vino con toda la carga, la policía bancaria, la DGI, todo un alboroto, prepotencia maltrato”, recordó.

El 13 de septiembre de 1978, Industria Siderurgica Grassi saca una solicitad en los diarios nacionales informando que se hacía cargo del Banco de Hurlingham. Esa misma noche, fue secuestrado René Grassi.

“Eran las 21, 21.30, mi papá estaba en pijamas hablando por teléfono con un amigo, contándole lo que le había pasado con Martínez de Hoz, el avance de Etchebarne sobre las oficinas. Y suena el timbre. Era un personaje alto, de campera negra, que me dice: “Soy el Mayor Gustavino y vengo a buscar a su papá de parte del general Suarez Mason”.

René fue el primero en ser secuestrado. Le siguieron directivos de ambos grupos, abogados, familiares y empleados, que fueron llevados a Campo de Mayo, donde, además de militares, había contadores y abogados de la CNV y el Banco Central.

Una semana después, Marcela recuerda otro operativo en su casa. Esta vez buscaban el portafolios de su papa, donde guardaba chequeras y documentos, y a su tío. Como no estaba, se lo llevaron a su hermano como rehén hasta el día siguiente. “En las cuentas después no hubo un peso, desapareció la plata mientras mi papa estuvo desaparecido”, cuenta.

El 21 de diciembre, tras más de dos meses en Campo de Mayo, René Grassi fue legalizado a disposición del PEN. Mientras tanto, personas ajenas a la familia se hacían cargo de la dirección de la empresa. Unos días después, Marcela fue con su mamá a la sede de Rosario. Les hicieron transferir todas las acciones de una sociedad de su padre, donde tenían todos sus bienes: casas, autos, campos. “Nos dicen que habíamos hecho muy bien en firmar, porque nos asegurábamos nuestra vida y la de mi papá”. René Grassi y la mayoría de los detenidos recuperaron la libertad durante 1979.

El juicio

“Mis hijos y sobrinos hoy no pueden creer que esté acá sentada, porque era algo que nunca llegaba. Ellos vivieron esta historia con dos madres quebradas, en estado de shock, temerosas, en pánico, con sentimientos de abuso, injusticia, inequidad, abandono. Crecieron pensando que esta historia era una especie de nube negra sobre nuestras casas y que nunca vendría un viento de justicia para poder ver con claridad lo que había pasado”, dijo emocionada al comienzo de la audiencia.

En varios tramos de su declaración, Marcela le habló a Etchebarne, a quien apuntó como uno de los responsables. “No puedo entender qué fuerza demoniaca lo condujo a armar semejante destrozo de una familia completa, un padre, una madre, cuatro hijos chicos, la más chica 9 años, y todo lo que nos constó recomponernos, y todavía no lo logramos, lo vamos a lograr en el momento en que esto se cierre”, manifestó.

Fuente:TiempoArgentino

6 de marzo de 2021

Arrancó el juicio por la causa "Chavanne-Grassi", con Etchebarne y Guglielminetti como imputados.

Arrancó el juicio por la causa "Chavanne-Grassi", con Etchebarne y Guglielminetti como imputados

03 de Marzo de 2021 
El juez federal Daniel Rafecas se ocupó de la instrucción y está a cargo del proceso oral el TOF 5 de la CABA













“Chavanne-Industrias Grassi”, “Chavanne-Grassi” o simplemente “Chavanne” es un juicio clave que echa luz sobre la persecución política con fines económicos que consumó la última dictadura.

Con la intervención de cómplices civiles y la decisiva actuación de la Comisión Nacional de Valores, la dictadura se apoderó de empresas mediante el secuestro de sus dueños y favoreció a empresarios que eran sus socios y amigos.

Juan Alfredo Etchebarne, quien fuera titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante el autodenominado “Proceso” y uno de los referentes civiles del régimen cívico militar, junto con el , exagente civil de inteligencia del Ejército Raúl Antonio Guglielminetti, serán juzgados por el secuestro de 28 personas, comprendiendo directivos de las dos empresas, abogados y familiares.

El debate oral sufrió una decena de postergaciones y demoras, durante las que fallecieron dos de los acusados.

El expediente en el que fueron investigados, imputados y finalmente procesados Etchebarne y Guglielminetti (además del excomandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei y del coronel retirado Francisco Obdulio D’Alessandri, quienes fallecieron en 2014 y 2018 respectivamente) muestra cómo la dictadura, a través de cómplices civiles y de la intervención de la CNV, se quedó con valiosos activos empresarios, previa persecución y secuestro de sus legítimos dueños: en este caso, se trata del despojo del Banco de Hurlingham a quienes lo habían legalmente adquirido: las empresas Chavanne y Grassi.

"Este es un juicio fundamental, porque muestra con claridad la trama cívico-militar de la última dictadura", destacó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla. A 45 años del último golpe de Estado que sufrió el país, completó el funcionario en una comunicación, "es imprescindible que se juzgue la responsabilidad de civiles que desde puestos claves en términos económicos y políticos tuvieron participación en delitos de lesa humanidad. Es un compromiso del Estado avanzar en esa línea".

A través de una joint-venture, las empresas Chavanne y Grassi compraron en 1978 el Banco de Hurlingham, propiedad de la familia Graiver y presunto custodio del dinero que la organización Montoneros había cobrado tras el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born, directivos de la multinacional de origen argentino Bunge & Born.

Según Rafecas, la dictadura “conformó un equipo de trabajo o grupo de tareas destinado a investigar ilegalmente la transferencia de acciones del Banco de Hurlingham”, desarrollando “una clara persecución a grupos económicos determinados”.

 

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante en la causa, precisó a través de su comunicado que en su papel de titular de la CNV, Etchevarne impulsó una denuncia penal contra ambas empresas por “subversión económica”, señalando sus vínculos con la familia Graiver. A los pocos días de la denuncia, comenzó a intervenir el comandante del Primer Cuerpo del Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason. Se conformó así un grupo de tareas mixto entre las fuerzas armadas y la CNV con el propósito de investigar, fuera de la ley, la transferencia de acciones del Banco de Hurlingham entre los grupos económicos Graiver, Chavanne e Industrias Siderúrgicas Grassi S.A.

Para Rafecas, había allí un “interés específico de los represores en dar con el dinero que había obtenido la organización Montoneros como recompensa por el secuestro extorsivo de los hermanos Juan y Jorge Born”. Así lo aseguró Rafecas en su auto de elevación a juicio, que comenzó a ser leído el lunes en el marco del debate.

Etchebarne dispuso la intervención del Banco de Hurlingham junto con el general Alfredo Cassino, por entonces director del BCRA. El juez federal Rafael Sarmiento aplicó la ley de Seguridad Nacional de 1974 y desapoderó así a los dueños del Banco Hurlingham, es decir los empresarios del grupo Chavanne e industrias Grassi.

Era el mes de septiembre de 1978. Grupos de tareas del Primer Cuerpo de Ejército secuestraron a los hermanos René Carlos y Luis Arnoldo Grassi, a Juan Claudio Chavanne y a su esposa Sara Duggan, así como a su socio Jorge Tejerina y más tarde a Marcelo Chavanne. Además, fueron detenidas más de 20 personas, entre ejecutivos de Industrias Grassi, directivos del Banco de Hurlingham, funcionarios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y abogados.

Casi todos fueron trasladados al CCD que funcionó en la Cárcel de Encausados de Campo de Mayo, en donde fueron interrogados bajo tortura. Testigos reconocieron la presencia de Etchebarne en el centro clandestino de detención, así como a abogados y contadores de la CNV y del BCRAS que asistían al grupo de tareas. A principios de 1979, la mayoría de los detenidos fueron liberados, a excepción de Juan Claudio Chavanne y algunos otros que fueron puestos a disposición del PEN y liberados dos años después.

La postergada primera audiencia del juicio comenzó cerca de las 9 de la mañana del lunes. Se leyó el requerimiento de elevación a juicio y tras ello la defensa de Etchebarne intentó formular una serie de planteos preliminares, los que fueron rechazados por unanimidad tras la oposición del MPF y con la adhesión de las querellas de la APDH, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la familia Grassi. La próxima audiencia se desarrollará el martes 9 de marzo desde las 11:30, ocasión en la que tendrán lugar las indagatorias.


CCD “Las Chapas”

La investigación de la fiscalía sostiene que la estructura jerárquica del personal que desarrolló funciones en el predio en el que permanecieron cautivas gran parte de las víctimas, no difiere sustancialmente de lo que pasaba en otros centros clandestinos de detención. A los agentes de la Gendarmería se les asignaba la custodia de los detenidos, mientras que a los integrantes del Ejército se les ordenaban los interrogatorios bajo tortura.

El CCD estaba conformado por celdas ubicadas en el centro que permanecían cubiertas por una especie de tinglado de chapa. Esa característica dio origen a la denominación de “Las Chapas”. A su vez, los calabozos individuales eran de cemento y poseían una puerta de hierro, sin ventanas y con un tamaño aproximado de 2 metros por 1.50 metros. Asimismo, existían dos sectores de celdas, denominadas “Barrio Sur” y “Barrio Norte”. La diferenciación hacía alusión el trato propiciado a las víctimas.


Los imputados

Guglielminetti llegó al debate oral por su intervención, bajo el alias “Ángel Rogelio Gustavino” y como PCI (personal civil de Inteligencia) del Ejército Argentino, en la privación ilegal de la libertad -agravada por el uso de violencia y amenazas- de nueve personas que luego sufrieron cautiverio en el CCD.

A Etchebarne se le endilga, en calidad de Presidente de la Comisión Nacional de Valores -cargo que desarrolló desde el 9 de junio de 1976 hasta el 4 de junio de 1983- haber sido partícipe necesario de las privaciones ilegales de la libertad agravadas de 23 víctimas en el mencionado centro clandestino.

Al fallecido D'Alessandri se le atribuyó haber actuado como jefe del grupo de tareas constituido en torno a la transferencia de acciones por medio de la cual se concretó el traspaso del Banco de Hurlingham entre los grupos Graiver-Chavanne-Grassi. En ese carácter habría intervenido como autor de los secuestros, cautiverio e interrogatorios bajo tortura de las 28 víctimas.

Fuente:Telam 

3 de marzo de 2021

Comenzó Chavanne Grassi, un juicio clave sobre la persecución con fines económicos en dictadura.

 03 de marzo de 2021

Juan Alfredo Etchebarne y Raúl Antonio Guglielminetti serán juzgados por el secuestro de 28 personas

Comenzó Chavanne Grassi, un juicio clave sobre la persecución con fines económicos en dictadura 

El expediente desmenuza cómo, a través de cómplices civiles y la intervención estelar de la Comisión Nacional de Valores, la dictadura se quedó con empresas previa persecución y secuestro de sus dueños.













El Tribunal Oral Federal número 5 de Ciudad de Buenos Aires inauguró esta mañana el juicio por el caso Chavanne-Siderúrgicas Grassi, oportunidad que enfrenta la Justicia para revisar la persecución política con fines económicos desarrollada en dictadura. 

El Tribunal Oral Federal número 5 de Ciudad de Buenos Aires inauguró esta mañana el juicio por el caso Chavanne-Siderúrgicas Grassi, otra oportunidad que enfrenta la Justicia para revisar la persecución política con fines económicos desarrollada por los represores de la última dictadura cívico militar eclesiástica. Juan Alfredo Etchebarne, quien fue titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante el Golpe de Estado y uno de los referentes civiles del régimen, y el exagente civil de inteligencia del Ejército Raúl Antonio Guglielminetti, serán juzgados por el secuestro de 28 personas, entre directivos de ambas empresas, abogados y familiares. El debate oral sufrió una decena de postergaciones, demoras durante las que fallecieron otros dos acusados.

Daniel Rafecas desarrolló la instrucción de la causa. El juicio por el caso Chavanne-Industrias Siderúrgicas Grassi expondrá cómo fue la persecución que llevaron adelante civiles y militares contra ciertos grupos empresarios durante la última dictadura que tuvieron la intención de atacar a las agrupaciones militantes que resistían el terrorismo de Estado, pero también para hacer negocios y acumular poder económico.

El expediente en el que fueron investigados, imputados y procesados Etchebarne y Guglielminetti --y también el ex comandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei y el coronel retirado Francisco Obdulio D’Alessandri, que fallecieron en 2014 y 2018 respectivamente-- desmenuza cómo la dictadura, a través de cómplices civiles y la intervención estelar de la Comisión Nacional de Valores, se quedó con empresas previa persecución y secuestro de sus legítimos dueños: en este caso, el despojo del Banco de Hurlingham de quienes lo habían adquirido, las empresas Chavanne y Grassi. 

"Este es un juicio fundamental porque muestra con claridad la trama cívico-militar de la última dictadura", destacó el secretario de Derechos Humanos de la nación, Horacio Pietragalla. A 45 años del último golpe de Estado que sufrió el país "es imprescindible que se juzgue la responsabilidad de civiles que desde puestos claves en términos económicos y políticos tuvieron participación en delitos de lesa humanidad. Es un compromiso del Estado avanzar en esa línea", añadió. 

A través de una asociación, las empresas Chavanne y Grassi compraron en 1978 el Banco de Hurlingham, de la familia Graiver, presunto reservorio del dinero que Montoneros habìa cobrado tras el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born, directivos de la firma Bunge & Born.

Según Rafecas, la dictadura “conformó un equipo de trabajo o grupo de tareas destinado a investigar ilegalmente la transferencia de acciones del Banco de Hurlingham” que desarrolló “una clara persecución a grupos económicos determinados”.

¿Cómo se llevó a cabo? La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante en la causa, glosó a través de un comunicado, que en su rol de titular de la CNV, Etchevarne impulsó una denuncia penal contra ambas empresas por “subversión económica” por sus vínculos con la familia Graiver. A los pocos días comenzó a intervenir el comandante del Primer Cuerpo del Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason. Se conformó entonces un grupo de tareas mixto entre las fuerzas armadas y la CNV para investigar ilegalmente la transferencia de acciones del Banco de Hurlingham entre los grupos económicos Graiver-Chavanne-Industrias Siderúrgicas Grassi S.A.

Para Rafecas, había un “interés específico de los represores en dar con el dinero que habría obtenido la organización Montoneros a raíz del secuestro extorsivo de los hermanos Juan y Jorge Born”. Así lo aseguró en su auto de elevación a juicio, que comenzó a ser leída en el marco del debate esta mañana.

Etchebarne dispuso la intervención del banco junto con el general Alfredo Cassino, entonces director del Banco Central. El juez federal Rafael Sarmiento aplicó la ley de Seguridad Nacional de 1974 y desapoderó a los dueños del Banco Hurlingham, es decir los empresarios del grupo Chavanne e industrias Grassi. 

Corría septiembre de 1978. Grupos de tareas del Primer Cuerpo de Ejército secuestraron a los hermanos René Carlos y Luis Arnoldo Grassi, Juan Claudio Chavanne y su esposa Sara Duggan, así como su socio Jorge Tejerina y más tarde Marcelo Chavanne. Además serían detenidos más de 20 personas entre ejecutivos de Industrias Grassi, directivos del Banco de Hurlingham, funcionarios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y abogados.

En su mayoría, fueron trasladados al centro clandestino que funcionó en Cárcel de Encausados Campo de Mayo, donde fueron interrogados y torturados. Los testigos reconocieron la presencia de Etchebarne en el centro clandestino de detención, así como abogados y contadores de la CNV y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que asistían al grupo de Tareas. A principios de 1979, la mayoría fueron liberados. A excepción de Juan Claudio Chavanne, quien como el resto fue puesto a disposición del PEN, pero mantenido detenido hasta 1981.

Fuente:Pagina12

14 de julio de 2020

Se demora el inicio del juicio contra dos cómplices civiles de la dictadura.

GENOCIDIO 
Se demora el inicio del juicio contra dos cómplices civiles de la dictadura
Raúl Guglielminetti, ex miembro de la SIDE, quien tiene condenas por crímenes cometidos en el centro clandestino de Automotores Orletti, y Juan Alfredo Etchebarne, ex integrante de la Comisión Nacional de Valores (CNV), son los dos civiles acusados. Se demora el inicio del juicio contra dos cómplices civiles de la dictadura
Liliana Vera Ibáñez Delegada Suteba La Matanza | @liluzlisam 
Lunes 13 de julio
El Ministerio Público Fiscal impulsa el inicio del juicio oral y público de la causa de lesa humanidad "Chavanne-Industrias Grassi": un caso de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado, cuyo debate debía comenzar este año, pero se encuentra suspendido en función de las limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus.
Los dos civiles acusados son Juan Alfredo Etchebarne, ex integrante de la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante la última dictadura cívico militar, y Raúl Guglielminetti, ex miembro de la SIDE y agente parapolicial, quien tiene condenas por crímenes cometidos en el centro clandestino de Automotores Orletti.
En esta causa, a cargo del Tribunal Oral Federal Número 5, se investigan los hechos delictivos cometidos por agentes económicos y políticos de la dictadura que intervinieron en la venta del Banco de Hurlingham, propiedad del empresario David Graiver, contra el grupo conformado por las empresas Chavanne y las industrias siderúrgicas Grassi, en 1978.
Un mes después de haberse conformado la sociedad para la adquisición de este banco, la CNV adujo haber recibido una denuncia anónima en relación al origen de los fondos con los cuales se costearía la operación.
Etchebarne (que en la actualidad tiene más de 80 años), como director de la CNV -un organismo encargado de supervisar a nombre del Estado las operaciones de venta y adquisiciones en el mercado de valores y finanzas- dispuso la intervención del banco junto con el general Alfredo Cassino, entonces director del Banco Central.
El juez federal Rafael Sarmiento aplicó la ley de Seguridad Nacional de 1974, y bajo el cargo de "subversión económica", desapoderó a los dueños del Banco Hurlingham, es decir los empresarios del grupo Chavanne e industrias Grassi.
Luego, grupos de tareas del Primer Cuerpo de Ejército secuestraron a los hermanos René Carlos y Luis Arnoldo Grassi, Juan Claudio Chavanne y su esposa Sara Duggan, así como su socio Jorge Tejerina y más tarde Marcelo Chavanne. Además serían detenidos más de 20 personas entre ejecutivos de Industrias Grassi, directivos del Banco de Hurlingham, funcionarios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y abogados.
Todos fueron conducidos a la cárcel de encausados de Campo de Mayo, donde fueron interrogados y torturados en interrogatorios en los que habría participado Etchebarne, mientras peritos contables de la CNV revisaban los activos de los cautivos y determinaban incautaciones de sus bienes.
Las víctimas estuvieron un mes cautivas en calabozos de Campo de Mayo hasta que fueron "blanqueadas" e incluso algunas permanecieron en prisión hasta 1980, mientras eran despojadas de sus bienes y empresas.
Juan Alfredo Etchebarne es enjuiciado con respecto de la conformación de un “grupo de tareas” ilegal integrado por militares y civiles que tenía por objeto perseguir personas a quienes, acusándolas de delitos propios de la entonces denominada “subversión económica”, se las habría privado ilegalmente de su libertad.
Por su parte, Raúl Guglielminetti, perteneció al Grupo de Tareas que tenía su base en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, relacionado con operaciones del Plan Cóndor y bajo el mando de Aníbal Gordon. A partir de 1978, condujo el Grupo de Tareas Exterior (GTE), que organizó la colaboración del régimen militar argentino en la denominada Operación Charly.
Además, integró la denominada "Banda de Aníbal Gordon", por lo que fue relacionado con el secuestro y asesinato del empresario y banquero Osvaldo Sivak en 1985. Llegó a formar parte de la custodia del presidente Raúl Alfonsín. El 9 de agosto de 2006 fue detenido para ser procesado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y en marzo de 2011 fue condenado a 20 años de prisión. En diciembre del 2019 fue sentenciado a prisión perpetua como coautor de cuatro homicidios, por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 de Buenos Aires, en el marco de dos causas por delitos de lesa humanidad.
Estos juicios programados para marzo del corriente año están parados por la pandemia. Los abogados de Guglielminetti han pedido prisión domiciliaria que se les fue negada.
Igualmente, la mayoría de los genocidas condenados están libres o en sus casas. En 2019, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) publicó su informe anual, en el que refleja el panorama del estado de las causas de lesa humanidad: disminución de personas detenidas en el marco del proceso de juzgamiento.
Son un total de 884 los represores que se encuentran en libertad, no sólo por el aumento de las excarcelaciones y la baja del dictado de prisiones preventivas, sino también porque este año aumentó un 14% la cantidad de fallecidos impunes.
Entre los procesados hay 29 que actualmente están prófugos.
Hay 562 causas abiertas por delitos de lesa humanidad, con 3315 imputados, siendo sólo 968 los condenados, después de casi 45 años del golpe. En suma, el 47% del total de 3161 personas investigadas en causas penales por delitos de lesa humanidad se encuentran libres (1563), mientras que el 28% están detenidas (913) y el 24% fallecieron (811).
Todavía sigue pendiente un reclamo elemental de sobrevivientes y querellantes: que se unifiquen las causas por circuito represivo y que se juzgue a todos los genocidas por todas las compañeras y todos los compañeros detenidos desaparecidos, terminando con el desfile de víctimas por los Tribunales teniendo que relatar lo que ya contaron durante estos 36 años en diversas instancias, revictimizándolas. El caso de Julio López es una trágica muestra de esa situación.
La apertura de los archivos, la entrega de las nóminas de todos los que fueron parte para poder avanzar con los juicios y lograr el juicio y castigo en cárcel común es un derecho elemental para las víctimas y para las nuevas generaciones. Sin la apertura de los archivos es imposible llegar a juzgar a todos los responsables.
Fuente:LaIzquierdaDiario

13 de julio de 2020

Impulsan el inicio del juicio sobre complicidad empresaria con la dictadura.

12/07/2020 
CAUSA CHAVANNE 
Impulsan el inicio del juicio sobre complicidad empresaria con la dictadura 
Los acusados son dos civiles: el ex integrante de la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante la última dictadura cívico militar, Juan Alfredo Etchebarne, y el ex miembro de la SIDE y agente parapolicial Raúl Guglielminetti.
Por Leonardo Castillo
Raúl Guglielminetti tiene condenas por crímenes cometidos en el centro clandestino de Automotores Orletti.

El Ministerio Público Fiscal impulsa el inicio del juicio oral y público de la causa de lesa humanidad "Chavanne-Industrias Grassi", un caso emblemático de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado, cuyo debate debía comenzar este año, pero se encuentra suspendido en función de las limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

En este juicio, que estaba programado para marzo, están acusados dos civiles: el ex integrante de la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante la última dictadura cívico militar, Juan Alfredo Etchebarne, y el ex miembro de la SIDE y agente parapolicial Raúl Guglielminetti, quien tiene condenas por crímenes cometidos en el centro clandestino de Automotores Orletti.

"Estamos probando diversos mecanismos para ver si podemos iniciar el debate a distancia. Esta es una causa que tiene más de 40 años y con una instrucción que comenzó hace más de ocho años. Estamos tratando de que el juicio comience cuanto antes", señaló a Télam el fiscal federal Alejandro Alagia.

En esta causa, a cargo del Tribunal Oral Federal Número 5, se investigan los hechos delictivos cometidos por agentes económicos y políticos de la dictadura que intervinieron en la venta del Banco de Hurlingham, propiedad del empresario David Graiver, contra el grupo conformado por las empresas Chavanne y las industrias siderúrgicas Grassi, en 1978.

Un mes después de haberse conformado la sociedad para la adquisición de este banco, la CNV adujo haber recibido una denuncia anónima en relación al origen de los fondos con los cuales se costearía la operación.

Etchebarne (que en la actualidad tiene más de 80 años), como director de la CNV -un organismo encargado de supervisar a nombre del Estado las operaciones de venta y adquisiciones en el mercado de valores y finanzas- dispuso la intervención del banco junto con el general Alfredo Cassino, entonces director del Banco Central.

El juez federal Rafael Sarmiento aplicó la ley de Seguridad Nacional de 1974, y bajo el cargo de "subversión económica" desapoderó a los dueños del Banco Hurlingham, es decir los empresarios del grupo Chavanne e industrias Grassi.

Luego, grupos de tareas del Primer Cuerpo de Ejército secuestraron a los hermanos René Carlos y Luis Arnoldo Grassi, Juan Claudio Chavanne y su esposa Sara Duggan, así como su socio Jorge Tejerina y más tarde Marcelo Chavanne.

Además serían detenidos más de 20 personas entre ejecutivos de Industrias Grassi, directivos del Banco de Hurlingham, funcionarios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y abogados.

Todos fueron conducidos a la cárcel de encausados de Campo de Mayo, donde fueron interrogados y torturados en interrogatorios en los que habría participado Etchebarne, mientras peritos contables de la CNV revisaban los activos de los cautivos y determinaban incautaciones de sus bienes.

La instrucción de la causa estuvo a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien determinó en 2013 los procesamientos de Etchebarne, Guglielminetti, además del coronel (RE) Francisco Obdulio D'Alessandri y el ex comandante de Gendarmería Nacional Víctor Enrique Rei, quienes murieron antes de que la causa se elevara a juicio oral.

Las víctimas estuvieron un mes cautivas en calabozos de Campo de Mayo hasta que fueron "blanqueadas" e incluso algunas permanecieron en prisión hasta 1980, mientras eran despojadas de sus bienes y empresas.

"Esta es una causa en la que se comprueba la existencia de un mecanismo de apropiación de empresas que buscaba concentrar la economía con el despojo del capital. Fue un ataque de la dictadura contra la burguesía nacional", sostuvo Alagia.

El origen de esta investigación se remonta a 2011, durante la gestión de Alejandro Vanoli en la CNV, cuando el abogado Pedro Biscay encontró actas en el organismo de la época de la dictadura en un CD, donde se daba cuenta de las actuaciones de la entidad en la operatoria del Banco Hurlingham.

Se conformó entonces en la CNV un equipo de investigación interdisciplinario formado por Celeste Perosino, Walter Bosisio y Bruno Nápoli, que analizó esta causa y otras de complicidad empresaria con el terrorismo de Estado que se plasmaron en el libro "La Dictadura del Capital Financiero", en cual se documentó la trama bursátil que hubo tras el golpe del Estado del 24 de marzo de 1976.

Ese grupo de trabajo fue desmantelado durante la gestión de Cambiemos en la Comisión Nacional de Valores.

"Investigar la complicidad empresaria que hubo con la dictadura es la asignatura pendiente que tienen los juicios de lesa humanidad. Esperamos poder empezar cuanto antes por la vía remota o por medios electrónicos como se hace en otros juicios", subrayó Alagia.

Fuente:Telam