Cuatro años después, corrigen el fallo de la segunda megacausa Nuevos cambios en “Arsenales II-Jefatura II”. 07 Sep 2018
Cuatro años después, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió los recursos que se habían presentado contra el fallo de la megacausa “Arsenales II-Jefatura II”. De esa manera, en un voluminoso expediente se modificó la situación procesal de varios de los condenados en aquella ocasión.
Aquel juicio, celebrado entre fines de 2012 y todo 2013 en el Tribunal Oral Federal tucumano, fue el sexto por delitos de lesa humanidad concretado en la provincia. Se trataron de 13 meses de debate oral, con expedientes que alcanzaron más de 100.000 fojas en 450 cuerpos. Se celebraron 90 audiencias en las que se analizó la responsabilidad de 41 sospechosos en delitos cometidos contra 215 víctimas durante el terrorismo de Estado.
Sobre las más de 900 páginas del fallo de la sala III de esa Cámara, el fiscal federal y coordinador de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en Tucumán, Pablo Camuña, alertó sobre algunos puntos salientes. “Son duros reveses para víctimas y familiares”, planteó Camuña en respecto de la sentencia de los camaristas porteños Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Angela Ledesma.
Los antecedentes
Si bien el fallo del TOF tucumano había dejado descontentos a familiares de desaparecidos y de los entonces imputados, determinó que 37 de ellos habían cometido delitos de lesa humanidad en dos centros clandestinos de detención (la ex Jefatura de Policía) y exterminio (el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga).
Los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynagacondenaron a cuatro de los imputados a perpetua y a 32 a penas de entre dos y 20 años y absolvieron a cuatro de ellos. Reynaga votó en disidencia porque consideró que 25 de los encartados deberían haber recibido penas mucho más duras. También se pronunció en contra de las absoluciones.
Las penas
Las sanciones más severas fueron para tres ex policías (dos de ellos ya condenados a perpetua) y un ex militar. Entre los ex uniformados provinciales se encuentran Roberto “El Tuerto” Albornoz, Luis De Cándido y Ricardo Sánchez. A los primeros, que pertenecieron al Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC), se los responsabilizó por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Jefatura de Policía.
Mientras que el ex miembro de la fuerza nacional fue Luis Varela. Por otro lado, las absoluciones fueron por el “principio de la duda”: el ex gendarme Celso Barraza, el sacerdote José Mijalchyk, el escribano Juan Carlos Benedicto y el ex militar Luis De Urquiza.
En la actualidad la mayoría de los condenados cumple prisión domiciliaria; aunque algunos fallecieron. “Arsenales II-Jefatura II” fue el primer proceso oral que juzgó delitos en el Arsenal. Allí se encontraron las fosas con restos de desaparecidos quemados (siete de ellos fueron víctimas de este proceso). Los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) concluyeron tras sus estudios que fue el centro de exterminio más grande del país.
Los argumentos
El fallo del TOF consideró que la represión sistemática contra la población civil, basada en un circuito de centros clandestinos y en tareas de inteligencia, estaba aceitada y “plenamente articulada” desde principios de 1975 en Tucumán. Describió con las palabras “masacre” y “exterminio” parte del plan implementado. Diferenció que mientras para la jerga militar quienes lo llevaron adelante fueron “grupos o fuerzas”, para la población eran “patotas” paramilitares y parapoliciales. También ha remarcado los intentos por lograr la impunidad, sobre todo, mediante la clandestinidad y el ocultamiento de cadáveres. Y sobre todo, el valor de la verdad.
Finalmente, en aquella ocasión los magistrados compararon el Arsenal con los campos de concentración nazis. Hicieron hincapié en diversos pasajes a los crímenes contra la familia y en los actos de violencia sexual que sufrieron víctimas.
Libertad de genocidas genera inseguridad para los testigos y promueve la impunidad
Organismos de derechos humanos junto a organizaciones sociales se manifiestan des de temprajo frente al TOF contra la medida de Casación que otorgó excarcelación y detención domiciliaria a 32 represores que fueron sentenciados en la megacausa Arsenales II – Jefatura II. Hoy inspección ocular al penal Villa Urquiza.
Organismos de derechos humanos e integrantes de organizaciones sociales se manifestaron, ayer mientras se desarrolla la megacausa Villa Urquiza, frente al Tribunal Oral Federal, en contra de la resolución de la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que devolvió a los condenados de la megacausa “Arsenales II – Jefatura II” a la situación procesal que tenían antes del comienzo de ese juicio. La decisión, tomada a principios de mes, resultó en que 32 condenados quedaron en libertad o volvieron a su prisión domiciliaria. El único que regresó a la cárcel de Villa Urquiza es Roberto Albornoz La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la fiscalía a cargo de Leopoldo Peralta Palma y los querellantes en la causa reclamaron que se revea la decisión. Los manifestantes pegaron carteles con las rostros de los genocidas condenados. Respecto a la medida adoptada por Casación, la abogada querellante Julia Vitar expresó en la manifestación en el mismo tono que lo hizo cuando presentó al TOF el escrito en rechazo de la medida que “no se tuvieron en cuenta ni los peligros que sufren los testigos víctimas o los familiares que declararon en su contra, ni tampoco el riesgo evidente de fuga. Además, en Tucumán no existen fuerzas federales suficientes para controlar esas prisiones domiciliarias, ni tampoco para controlar la forma en que se cumplan esas excarcelaciones”. Los abogados querellantes se mostraron consternados por la decisión de los jueces ya que se trata de decisiones que favorecen la impunidad. Los represores beneficiados son Ramón Ojeda Fuentes, Ernesto Rivero, Fernando Torres, Alberto Montes de Oca, José Sowinski, Hugo Soto, Pedro Osvaldo Caballero, Luis Varela, Camilo Ángel Colotti, Adolfo Moore, Marcelo Godoy, Benito Palomo, Tomás Guemes, Ramón Cooke, Luis Armando De Cándido, Miguel Chuchuy Linares, Ricardo Oscar Sánchez, Ángel Moreno, Juan Abraham, Rlando Reyes Quintana, Hugo Figueroa, Oscar Gómez, Félix Insaurralde, Antonio Vercellone, Augusto Neme, Guillermo Ugarte, Mario Dursi, Luis Ocaranza, María Luisa Acosta de Barraza, Pedro J. Pasteris, Ramón Jodar y María Elena Guerra. Visita ocular Hoy se realizará la inspección ocular al penal de Villa Urquiza en el marco de la megacausa que lleva su nombre. Desde el Tribunal informaron que solamente participarán “estrictamente las partes (los tres fiscales y un asistente, los representantes de las querellas, los tres defensores públicos oficiales y los tres abogados defensores particulares y los imputados que así lo manifiesten), los nueve testigos designados, cuatro psicólogos del equipo de acompañamiento a víctimas testigos y tres personas por secretaría del Tribunal. En consecuencia, por las razones esgrimidas por la dirección del penal -de estricta seguridad- no podrá participar de la medida judicial el público en general y la prensa”. Fuente:SecEstadoDDHH DERECHOS HUMANOS Villa Urquiza fue un Centro Clandestino de Detención
Quedó acreditado que allí estaban alojadas mujeres. Además el martes se incorporaron nuevas pruebas documentales que acreditan que el penal funcionó como centro clandestino de detención.
19/11/2014 Los jueces del Tribunal Oral Federal, encabezado por Carlos Jiménez Montilla, los representantes legales de las familias querellantes, los defensores de los acusados y ocho testigos sobrevivientes (tres mujeres) recorrieron ayer las instalaciones del penal para hacer el reconocimiento en tres pabellones donde eran llevados los secuestrados por la dictadura. La medida judicial es parte del proceso en el que se juzga a 11 represores por crímenes de lesa humanidad, en el "Pabellón de la muerte", a donde iban los detenidos secuestrados por la dictadura. Gracias al aporte de las testigos se pudo comprobar que allí había mujeres alojadas. Además el martes, el abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) Bernardo Lobo Bugeau, incorporó nuevas pruebas fundamentales que prueban que el penal de Villa Urquiza funcionó como Centro Clandestino de Detención (CCD). "Los documentos son meros indicios de que en 1976, ya con el golpe, los lugares para presos políticos estaban destinados a la destrucción física y psíquica de ellos", comentó el letrado respecto al material encontrado por el director de la cárcel, Roberto Guyot y la SDH pidió su incorporación, que aceptó el Tribunal. Los documentos son de los años 1974, 1975 y comienzos 1976, hasta antes del golpe del 24 de marzo. Fueron hallados en oficinas de la Dirección de Institutos Penales y "resultan de un valor probatorio sustancial", indicó Lobo Bugeau y argumentó que "son hojas mecanografiadas muchas de las cuales suscritas por el comisario Marcos Hidalgo, Director en la época. Es prueba fehaciente, porque se enumera en forma estadística de la especial categoría de presos 'a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. También prueba respecto al número de personas encausadas por asociación ilícita, por el juzgado federal (ley 20.840). Además prueba la existencia de mujeres detenidas por razones políticas, en forma estadística y alojadas en la cárcel de Concepción (previa al acondicionamiento de un sector de mujeres en la cárcel de Villa Urquiza)". En este sentido destacó que se observa una "conexidad con numerosas testigos mujeres sobrevivientes y al informe de la Comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) del año 1979 que en Tucumán censó una cárcel Villa Urquiza de carácter mixto y es prueba indiciaria del endurecimiento de condiciones de detención de presos políticos, en cuanto refiere a necesidades de infraestructura".
Volvieron al lugar del terror La presencia de tres mujeres que sufrieron los más crueles vejámenes fueron fundamental para demostrar que ese CCD las alojó. "La presencia de los testigos, sobre todo de las mujeres, ha permitido incorporar una prueba de fundamental importancia para la acusación. Ello porque se describieron y señalaron tres dependencias carcelarias que están contenidras en los 43 hechos de la causa", aseveró Lobo Bugeau Según explicó el abogado se trata del "pabellón E, de encausados presos políticos, de tres niveles con escaleras, también llamado por los testigos 'ojo' o 'semiojo', que conserva hasta los números originales de las celdas de 1976. Un pabellón de 'subversivos' (presos políticos), ubicado en la actual unidad N° 5, de jóvenes adultos y un sitio donde se mantenía alojadas sin ninguna atención médica a mujeres, presas políticas junto a sus pequeños hijos. Este sector es el que más modificaciones constructivas tuvo, dado el sellado de puertas con material y la inserción de paredes divisorias. Las testigos mujeres, muy activas en el desarrollo de la inspección, señalaron la enfermería, sitio donde es asesinado Juan Carlos Suter, mientras que los testigos varones señalaron los baños del pabellón de presos políticos donde fuera ultimado José Cayetano 'Chiqui' Torrente". Están imputados Jorge Lazarte, Roberto "El Tuerto" Albornoz, Daniel Álvarez, Héctor Valenzuela, Angel Audes, Augusto Montenegro, Juan Carlos Medrano, Francisco Ledesma, Pedro García, Santos González y José Gerez. Es el décimo juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en la citada provincia y en el se juzgan los hechos delictivos cometidos en el llamado "pabellón de la muerte", del mencionado penal de Villa Urquiza. Fuente:ElSiglo Megacausa: las víctimas revivieron el calvario en Villa Urquiza
Protestaron contra el beneficio otorgado a Genocidas.
Organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales y políticas repudiaron la decisión de la Justicia.
Esta mañana, organismos de Derechos Humanos y miembros de organizaciones sociales y políticas se concentraron en la esquina del Tribunal Oral Federal (TOF) en la esquina de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco para expresar su indignación ante la resolución adoptada por la Sala III de la Cámara de Casación Penal que benefició a los genocidas condenados el año pasado en la megacausa Arsenales II Jefatura II.
Desde temprano, los manifestantes pegaron carteles con las rostros de los genocidas condenados y que fueron devueltos a la situación procesal que tenían antes del comienzo del juicio. Es decir que, tanto para el TOF como para los miembros de Casación, aquí "no pasó nada".
Julia Vitar quien fue una de las abogadas querellantes en el juicio que culminó el año pasado y que manifestó su indignación por la decisión de que 34 de los 37 genocidas condenados vayan a sus casas algunos y estén excarcelados la mayoría. "No se tuvieron en cuenta ni los peligros que sufren los testigos víctimas o los familiares que declararon en su contra, ni tampoco el riesgo evidente de fuga. Además, en Tucumán no existen fuerzas federales suficientes para controlar esas prisiones domiciliarias, ni tampoco para controlar la forma en que se cumplan esas excarcelaciones", evaluó.
Justamente, una de los problemas que acarrea esta vergonzosa decisión está ligado al proceso que aún se lleva a cabo, que es la denominada causa "Villa Urquiza", o en la otra megacausa, que será "Operativo Independencia". Al respecto, Vitar refirió que la perspectiva es nefasta. "Estamos viendo que la mayoría de este Tribunal, con la excepción del Doctor Carlos Reynaga, está teniendo una posición en favor de la impunidad y a favor de que estas condenas sean lo más leves posibles para los genocidas", opinó.
A su vez, Gerardo Van Mameren, de Hijos Tucumán, manifestó que "si la Justicia no cumple, entonces tenemos que ir por la condena social, o sea volver a los escraches. Buscamos que el enojo y la bronca se puedan trasladar al resto de la sociedad y que haya un rechazo a esta medida". Fuente:LV12.online
Miércoles 19 de noviembre de 2014 Concentración contra los privilegios a los genocidas condenados en la Megacausa
En la mañana del día de ayer, frente al Tribunal Oral Federal, se concentraron distintas organizaciones de DDHH y partidos políticos para repudiar la resolución de la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, en el marco del juicio Megacausa Arsenales II. Dicha resolución otorga a 8 genocidas la libertad y a otros 32 el privilegio de cárcel domiciliaria.
En este juicio, que fue el más grande del NOA, los propios magistrados compararon el Arsenal con los campos de concentración nazis. En el cual también hicieron hincapié en diversos pasajes a los crímenes contra la familia y a los actos de violencia sexual que sufrieron víctimas, aunque también fueron muy cuestionados al declarar absueltos a 4 imputados, entre ellos al cura Mijalkchik. La situación en que quedarían los genocidas condenados: EN LIBERTAD: Ramón Ojeda Fuente (condena de 20 años) EN LIBERTAD: Ernesto Rivero (condena de 18 años) EN LIBERTAD: Alberto Montes de Oca (condena de 18 años) EN LIBERTAD: José Sowinski (condena de 17 años) EN LIBERTAD: Fernando Torres (condena de 16 años) EN LIBERTAD: Hugo Soto (condena de 15 años) EN LIBERTAD: Pedro Caballero (condena de 15 años) EN LIBERTAD: Miguel Chuchuy Linares (condena de 14 años) DOMICILIARIA: Luis Varela (condena a perpetua) DOMICILIARIA: Luis De Cándido (condena a perpetua) DOMICILIARIA: Orcar Sánchez (condena a perpetua) DOMICILIARIA: Adolfo Moore (condena de 20 años) DOMICILIARIA: Marcelo Godoy (condena de 18 años) DOMICILIARIA: Benito Palomo (condena de 18 años) DOMICILIARIA: Tomás Güemes (condena de 18 años) DOMICILIARIA: Ramón Cooke (condena de 16 años) DOMICILIARIA: Camilo Colotti (condena de 16 años) DOMICILIARIA: Ángel Moreno (condena de 16 años) DOMICILIARIA: Juan Abraham (condena de 16 años) DOMICILIARIA: Rolando Reyes Quintana (condena de 16 años) DOMICILIARIA: Hugo Figueroa (condena de 16 años) DOMICILIARIA: Oscar Gómez (condena de 16 años) DOMICILIARIA: Félix Insaurralde (condena de 16 años) DOMICILIARIA: Antonio Vercellone (condena de 16 años) DOMICILIARIA: Augusto Neme (condena de 16 años) DOMICILIARIA: Guillermo Ugarte (condena de 15 años) DOMICILIARIA: Mario D’Ursi (condena de 12 años) DOMICILIARIA: Luis Ocaranza (condena de 10 años) DOMICILIARIA: María Luisa Acosta de Barraza (condena de 10 años) DOMICILIARIA: Pedro Joaquín Pasteris (condena de 10 años) DOMICILIARIA: Ramón Jodar (condena de 4 años) DOMICILIARIA: María Elena Guerra (condena de 2 años) Fuente:LaIzquierdaDiario Manifestarán contra excarcelación a represores y querellantes exigieron revocación de la medida
Los organismos de Derechos Humanos emitieron, días atrás, un duro comunicado en el que denunciaron la complicidad de la Justicia para con los responsables del genocidio quienes, luego de haber sido condenados y enviados a distintas cárceles comunes, por una decisión de la Sala de Casación se dispuso que muchos puedan cumplir sus condenas, pero en sus domicilios.
Precisamente, para repudiar este hecho, hoy, a las 9 se realizará una concentración en las puertas del Tribunal Oral Federal (Chacabuco y Crisóstomo Álvarez). Una de las consignas es “Si no hay Justicia, hay escrache popular”.
Los represores beneficiados son Ramón Ojeda Fuentes, Ernesto Rivero, Fernando Torres, Alberto Montes de Oca, José Sowinski, Hugo Soto, Pedro Osvaldo Caballero, Luis Varela, Camilo Ángel Colotti, Adolfo Moore, Marcelo Godoy, Benito Palomo, Tomás Guemes, Ramón Cooke, Luis Armando De Cándido, Miguel Chuchuy Linares, Ricardo Oscar Sánchez, Ángel Moreno, Juan Abraham, Rlando Reyes Quintana, Hugo Figueroa, Oscar Gómez, Félix Insaurralde, Antonio Vercellone, Augusto Neme, Guillermo Ugarte, Mario Dursi, Luis Ocaranza, María Luisa Acosta de Barraza, Pedro J. Pasteris, Ramón Jodar y María Elena Guerra Querellantes pidieron revocación de excarcelaciones
En la mañana de ayer los abogados por las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Bernadrdo Lobo Bugeau; por Diana Oesterheld y Fernando Araldi (Pablo Gargiolo y Daniel Mendivil) solicitaron ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán que se revoquen las excarcelaciones a los represores arriba mencionados, adhiriendo a la presentación realizada el viernes por el Ministerio Público Fiscal. La intención es que pueda retrotraer a situación de prisión preventiva.
Entre los fundamentos consideran que “un extremo de esencial importancia reside en la posible responsabilidad internacional que puede acarrear para el Estado argentino la resolución que cuestionamos”. También es preocupante, dijeron, “el peligro de fuga. Riesgo de presión sobre testigos”.
Los abogados solicitan revocación de las excarcelaciones concedidas y de la modalidad de cumplimiento domiciliaria de la prisión preventiva, ordenando la prisión preventiva para los imputados condenados, estableciendo su modalidad de cumplimiento ordinaria en una unidad penitenciaria.
La abogada querellante Julia Vitar también solicitó mediante escrito la adhesión a la revocación de excarcelación y prisión domiciliaria.
La protesta se realizará en el marco de la megacausa Villa Urquiza. Hoy continuarán los testimonios que intentan armar la historia de lo ocurrido en Villa Urquiza, que funcionó como Centro Clandestino de Detención (CCD). El miércoles, el juicio se trasladará al penal de Villa Urquiza ya que se realizará una visita ocular.
Están imputados Jorge Lazarte, Roberto “El Tuerto” Albornoz, Daniel Alvarez, Héctor Valenzuela, Angel Audes, Augusto Montenegro, Juan Carlos Medrano, Francisco Ledesma, Pedro García, Santos González y José Gerez.
El Tribunal estará integrado por los jueces de Cámara Carlos Jiménez Montilla (presidente), Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga (subrogante,titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca). Fuente:SecEstadoDDHH
18/11/2014
El juicio oral en curso debate delitos cometidos en el "Pabellón de la Muerte"
Tucumán: El TOF se trasladará al penal de Villa Urquiza para realizar una inspección
El penal de Villa Urquiza -actualmente en obras de ampliación- alojó un CCD durante la dictadura
El Tribunal Oral Federal que atiende el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el Penal de Villa Urquiza, Tucumán, se trasladará mañana a ese lugar, que funcionó como centro clandestino de detención durante la dictadura cívico militar, donde se realizará una inspección. En este juicio oral, que comenzó el 17 de septiembre, están imputados Jorge Lazarte, Roberto “El Tuerto” Albornoz, Daniel Álvarez, Héctor Valenzuela, Angel Audes, Augusto Montenegro, Juan Carlos Medrano, Francisco Ledesma, Pedro García, Santos González y José Gerez. Es el décimo juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en la citada provincia y en el se juzgan los hechos delictivos cometidos en el llamado "pabellón de la muerte", del mencionado penal de Villa Urquiza.
En esta ocasión se debaten los delitos cometidos contra 39 pérsonas que sufrieron violaciones de domicilio, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, delitos sexuales y homicidios. La causa se sustancia ante el TOF que integran los jueces Gabriel Eduardo Casas (Presidente), Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga (subrogante).
El núcleo de la acusación es la existencia de un sector de detención específico dentro de la unidad penitenciaria de Villa Urquiza (el llamado "Pabellón de la Muerte") destinado a recluir a hombres y mujeres etiquetados como "subversivos" y a utilizarse como centro de derivación y traslado a otros CCD.
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Algunas mujeres detenidas en Villa Urquiza padecieron el cautiverio junto a sus hijos menores de edad, registrándose incluso nacimientos dentro de los muros del penal. Varias de las detenidas fueron sometidas a conductas aberrantes de violencia sexual por parte de los captores mientras permanecieron en el pabellón, según las denuncias presentadas y los testimonios volcados en el juicio. Las víctimas fueron enviadas al penal de Villa Urquiza luego de pasar por distintos centros clandestinos de detención ubicados a lo largo de todo el territorio de la provincia: Escuelita de Famaillá, Jefatura de Policía, Arsenal Miguel de Azcuénaga, entre otros. Fuente:Telam
Lesa Humanidad Los militares habían sido condenados en la megacausa “Arsenales II-Jefatura II” Tucumán: solicitaron que se revoquen excarcelaciones y domiciliarias de 32 represores 17.11.2014
Los militares habían sido beneficiados por la Cámara Federal de Casación Penal. Los fiscales Peralta Palma, Camuña y Rovira consideraron que “es una obligación del Tribunal no poner en peligro cierto la posibilidad de punición" de delitos de lesa humanidad.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal de Tucumán que revoque las excarcelaciones y prisiones domiciliarias de 32 represores condenados en la megacausa “Arsenales II-Jefatura II”. Lo hicieron luego de ser informados informalmente, por vía correo electrónico, que se había cumplido con la resolución de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal que había retrotraído la situación procesal de los imputados a antes de que se les dictará la prisión preventiva.
El fiscal general Leopoldo Oscar Peralta Palma, y el fiscal federal ad hoc Pablo Camuña, a cargo de la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, y su par Patricio Rovira pidieron al Tribunal la revocación de las excarcelaciones y de los arrestos domiciliarios de los imputados condenados, y su detención preventiva en una institución penitenciaria.
Los fiscales señalaron que “el pedido reposa en el deber constitucional y legal de ineludible cumplimiento por parte de las autoridades judiciales de valorar los riesgos procesales implicados en la presente causa y cautelar su cumplimiento para no volver su resultado ilusorio" y que “en el camino, por supuesto, se exigirá que no sean los propios magistrados quienes incrementen tales riesgos". Peralta Palma, Camuña y Rovira agregaron que “es una obligación del Tribunal la de no poner en peligro cierto la posibilidad de punición de delitos del derecho de gentes que constituyen a la vez masivas violaciones a derechos humanos que el Estado argentino se ha obligado a no dejar en la impunidad”.
La Fiscalía también pidió que “en caso de comprobarse alguna de las situaciones
expresamente previstas para la concesión del arresto domiciliario, el Tribunal exprese fundadamente la existencia de tal supuesto y el cumplimiento de los recaudos de ley al respecto: juntas médicas forenses que den cuenta de la presencia de enfermedad incurable en estadío terminal, informes del Servicio Penitenciario Federal, informes socio-ambientales, solicitud de familiar, persona o institución que asuma su cuidado; asimismo que señale la institución que será encargada de controlar el estricto cumplimiento del arresto domiciliario, la modalidad de dicho control y toda otra medida orientada a garantizar la realización de la pretensión punitiva estatal”. Fuente:Fiscales.gob.ar
“ARSENALES II - JEFATURA II” | POLÉMICA La Nación reclama al Tribunal que encierre a 32 represores
La decisión de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal de disponer la excarcelación de 32 represores condenados hace un año por la megacausa “Arsenales II - Jefatura de Policía II” despertó el firme rechazo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que depende del Ministerio de Justicia nacional.
El letrado Bernardo Lobo Bugeau, como apoderado de esa repartición y querellante en la causa, y los abogados de dos familiares de víctimas, Pablo Gargiulo y Daniel Mendivil (por Diana Oesterheld y Fernando Araldi) llevaron ayer su planteo al Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF), para pedir que se revoque el beneficio de la excarcelación para ocho penados y de la prisión domiciliaria para otros 24 (la cifra se desprende de los registros del Ministerio Público Fiscal del TOF, ya que no se difundieron datos sobre la situación actual de los procesados).
Así, la Nación se sumó a la queja formulada por Leopoldo Peralta Palma (fiscal subrogante ante el TOF), Pablo Camuña (fiscal ad hoc a cargo de la oficina local de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad) y Patricio Rovira (fiscal ad hoc), quienes habían requerido la semana pasada que los condenados regresen a las cárceles donde estaban alojados.
La Secretaría de DDHH de la Nación sumó argumentos a los expresados por los fiscales (posibles fugas, el riesgo de que interfieran en la investigación de esta y otras causas similares, la posibilidad de que se amedrente a testigos y a víctimas sobrevivientes, entre otros). Según consignó Lobo Bugeau en el escrito, también se deben tener en cuenta la eventual responsabilidad internacional del Estado argentino, respecto a tratados que instan al esclarecimiento de delitos de lesa humanidad.
Además, mencionó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en una causa de estas características contra los represores Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella, condenados por los crímenes de los sacerdotes Gabriel Joseph Longueville y Carlos de Dios Murias, durante la última dictadura. Según mencionó Lobo Bugeau, un fallo del alto tribunal motivó la revocación de las excarcelaciones de estos penados por la Justicia federal de La Rioja, donde habían sido juzgados en diciembre de 2012.
En Casación
A principios de mes, una resolución de la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Ana María Figueroa (votó en disidencia parcial), dispuso que los condenados el año pasado por la causa “Arsenales II - Jefatura de Policía II”, debían ser restituidos a la situación en que se encontraban antes de la sentencia.
Si bien la medida incluía en principio a Roberto “El Tuerto” Albornoz y a Jorge Lazarte (tenían domiciliaria), el TOF definió que regresaran al penal para garantizar la continuidad del debate de la megacausa “Villa Urquiza”, en la que están imputados, según fuentes de la Justicia federal.
Los fiscales Peralta Palma, Camuña y Rovira les solicitaron la semana pasada a los integrantes del TOF, Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga (subroga a Alicia Noli), que los represores beneficiados con el fallo de la Cámara Federal de Casación regresaran a la cárcel.
Al planteo ahora se sumaron los letrados de la querella y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “La conducta de los imputados no merece las mejores consideraciones. Han formado y siguen siendo parte de una estructura de poder que, hasta hoy, permanece funcionando corporativamente y continúa con la perpetración de numerosos delitos”, destacó Lobo Bugeau. Y recordó que “estos crímenes son permanentes”. “Se siguen cometiendo en la actualidad, al no brindar los imputados datos que puedan esclarecer el destino de los desaparecidos. Lejos de cooperar con la acción de la Justicia, la han entorpecido”, advierte el pedido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal.
Hoy a las 9, familiares de víctimas y organismos de DDHH realizarían un reclamo frente al TOF, en Chacabuco y Crisóstomo Álvarez.
La megacausa “Arsenales II - Jefatura de Policía II” incluyó un juicio que se desarrolló durante 13 meses, y que finalizó en diciembre del año pasado. Fue el proceso de mayor magnitud por delitos de lesa humanidad en la provincia. El TOF condenó a 37 de los 41 imputados (el resto fue absuelto por el beneficio de la duda). Los consideraron responsables de delitos en ambos centros de exterminio. Fuente:LaGaceta QUERELLANTES PIDIERON REVOCAR EXCARCELACIONES Manifestarán contra el beneficio de domiciliaria a represores
Las organismos de Derechos Humanos convocaron para hoy a las 9 a una manifestación contra decisión de Casación que otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a represores.
17/11/2014
Los organismos de Derechos Humanos emitieron, días atrás, un duro comunicado en el que denunciaron la complicidad de la Justicia para con los responsables del genocidio quienes, luego de haber sido condenados y enviados a distintas cárceles comunes, por una decisión de la Sala de Casación se dispuso que muchos puedan cumplir sus condenas, pero en sus domicilios.
Precisamente, para repudiar este hecho, hoy, a las 9 se realizará una concentración en las puertas del Tribunal Oral Federal (Chacabuco y Crisóstomo Álvarez). Una de las consignas es "Si no hay Justicia, hay escrache popular".
Los represores beneficiados son Ramón Ojeda Fuentes, Ernesto Rivero, Fernando Torres, Alberto Montes de Oca, José Sowinski, Hugo Soto, Pedro Osvaldo Caballero, Luis Varela, Camilo Ángel Colotti, Adolfo Moore, Marcelo Godoy, Benito Palomo, Tomás Guemes, Ramón Cooke, Luis Armando De Cándido, Miguel Chuchuy Linares, Ricardo Oscar Sánchez, Ángel Moreno, Juan Abraham, Rlando Reyes Quintana, Hugo Figueroa, Oscar Gómez, Félix Insaurralde, Antonio Vercellone, Augusto Neme, Guillermo Ugarte, Mario Dursi, Luis Ocaranza, María Luisa Acosta de Barraza, Pedro J. Pasteris, Ramón Jodar y María Elena Guerra
Querellantes pidieron revocación de excarcelaciones
En la mañana de ayer los abogados por las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Bernadrdo Lobo Bugeau; por Diana Oesterheld y Fernando Araldi (Pablo Gargiolo y Daniel Mendivil) solicitaron ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán que se revoquen las excarcelaciones a los represores arriba mencionados, adhiriendo a la presentación realizada el viernes por el Ministerio Público Fiscal. La intención es que pueda retrotraer a situación de prisión preventiva.
Entre los fundamentos consideran que "un extremo de esencial importancia reside en la posible responsabilidad internacional que puede acarrear para el Estado argentino la resolución que cuestionamos". También es preocupante, dijeron, "el peligro de fuga. Riesgo de presión sobre testigos".
Los abogados solicitan revocación de las excarcelaciones concedidas y de la modalidad de cumplimiento domiciliaria de la prisión preventiva, ordenando la prisión preventiva para los imputados condenados, estableciendo su modalidad de cumplimiento ordinaria en una unidad penitenciaria.
La protesta se realizará en el marco de la megacausa Villa Urquiza. Hoy continuarán los testimonios que intentan armar la historia de lo ocurrido en Villa Urquiza, que funcionó como Centro Clandestino de Detención (CCD). El miércoles, el juicio se trasladará al penal de Villa Urquiza ya que se realizará una visita ocular.
Están imputados Jorge Lazarte, Roberto "El Tuerto" Albornoz, Daniel Alvarez, Héctor Valenzuela, Angel Audes, Augusto Montenegro, Juan Carlos Medrano, Francisco Ledesma, Pedro García, Santos González y José Gerez.
El Tribunal estará integrado por los jueces de Cámara Carlos Jiménez Montilla (presidente), Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga (subrogante,titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca). Fuente:ElSiglo
Burla total: Genocidas condenados en la Megacausa Jefatura - Arsenales, a sus domicilios
Sábado 8 de noviembre de 2014
En el día de ayer la Sala III de la Cámara de Casación Penal de la Nación, con el voto mayoritario de los jueces de cámara Eduardo R. Riggi y Liliana Catucci, y el voto en minoría con una disidencia parcial de la Dra. Ana María Figueroa resolvió que 34 de los 37 ex militares y policías condenados por masivos delitos de lesa humanidad en la MEGACAUSA Arsenales II-Jefatura II, vuelvan a prisión domiciliaria, cesando así la imposición de cárcel común resuelta por el TOFC de Tucumán.
Este proceso, fue el más grande del NOA Argentino realizado hasta el momento. Allí se debatió la responsabilidad de 41 personas acusadas de múltiples homicidios calificados, privaciones ilegitimas de la libertad, torturas y abusos sexuales cometidos en dos de los CCD más grandes de Tucumán. En uno de estos, "Arsenales" partir del impulso dado por las organizaciones de DDHH de Tucumán y los familiares querellantes en la causa, se encontraron las fosas comunes donde fueron inhumados clandestinamente los desparecidos, luego de ser ejecutados.
Con total displicencia, estos jueces, resolvieron "restablecer el status quo del que gozaban los encausados antes del debate oral y público", es decir, permitir que los 37 acusados vuelvan a sus casas a gozar de privilegios que la mayoría de los encausados y condenados por delitos comunes, no tienen. Por la decisión de la Sala III, los genocidas están otra vez en las calles, entre nosotros. Estos jueces no se detuvieron ni un segundo a pensar en la seguridad de los cientos de testigos que declararon en contra de los imputados, ni por su seguridad, ni por su integridad psicológica, al saber que sus captores, sus torturadores están nuevamente libres. Fueron enviados a sus domicilios particulares, en prisiones domiciliarias que el Servicio Penitenciario Federal bajo ningún punto de vista está en condiciones de controlar de manera efectiva.
El primer paso para la impunidad lo dio la mayoría del Tribunal Oral de Tucumán (integrada por los Jueces Gabriel Casas y Carlos E. Jimenez Montilla), quienes absolvieron a 4 imputados en la sentencia definitiva de la megacausa y e impusieron bajos montos de penas en contra de quienes resultaron condenados por múltiples homicidios agravados y desapariciones forzadas en el marco del terrorismo de estado. Este pacto de la justicia con la impunidad, es refrendando por la Sala III de la CNCP, con lo resuelto en el día de ayer en tanto restituye el "status quo" a los condenados mientras que prolonga por tiempo indefinido la confirmación de la condena dictada en diciembre de 2013.
La decisión que aquí cuestionamos no hace más que dejar en claro que las estructuras del poder represivo mantienen su vigencia e influencia en los despachos judiciales algo que por otra parte quedó a todas luces claro con la suspensión del debate oral y público que debe realizarse en contra del ex juez federal Manlio Torcuato Martínez, acusado de múltiples delitos de lesa humanidad, y de haber brindado una colaboración decisiva para garantizar la impunidad de los perpetradores del terrorismo de estado. LOS NÚMEROS DE LA MEGACAUSA Y LA BURLA DE LA CÁMARA DE CASACIÓN
40 AÑOS ESPERANDO JUSTICIA
13 MESES DE DEBATE ORAL Y PÚBLICO
212 víctimas
41 imputados
400 TESTIGOS ORALES
400 TESTIGOS INCORPORADOS POR LECTURA
150 LEGAJOS DE CONADEP
10.000 FOJAS
37 CONDENAS, 4 A PRISIÓN PERPETUA.
Creemos en la justicia, construimos justicia, luchamos toda la vida para sacar luz la verdad y hacer justicia por las aberraciones del estado terroristas de ayer. Hoy en esta democracia por la que hemos luchado desde siempre, repudiamos enérgicamente la decisión injusta y facilista de una justicia que sigue apostando al punto final biológico de los genocidas para resolver la pesada carga de su trabajo. ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS DE TUCUMÁN:
H.I.J.O.S. Tucumán
Fundación Memorias e Identidad del Tucumán
ANDHES
Asociación ex Presos Políticos de Tucumán
APDH Tucumán
FADETUC
Madres de Plaza de Mayo Fuente:Salta21
Los beneficioa una revocatoria dispuesta por la Cámara Federal de Casación Penal Tucumán: Siete condenados en "Arsenales II-Jefatura II"- disfrutarán de la prisión domiciliaria
Coronel (RE) Pedro Osvaldo Caballero, ex jefe de la Compañía de Arsenales 5: uno de los beneficiados
Tucumán.- Siete de los condenados durante el juicio oral sustanciado en Tucumán y conocido como la megacausa "Arsenales II - Jefatura II", que fueron alojados en cárcel común, ya abandonaron sus respectivos lugares de detención para cumplir con el arresto en sus domicilios, tras ser revocada la decisión del Tribunal que llevó adelante el proceso, informaron fuentes judiciales. La medida fue dispuesta por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que anuló el punto 45 de la parte resolutiva de la sentencia dictada el día 13 de Diciembre de 2013 y dispone en consecuencia que todos los condenados vuelvan al estado procesal anterior al inicio del juicio, debido a su estado de salud.
La resolución beneficia a Luis Armando De Cándido, Luis Orlando Varela, Hugo Enzo Soto, Augusto Leonardo Neme y Antonio Esteban Vercellone, Pedro Osvaldo Caballero y
Ramón Alberto Ojeda Fuentes, todos condenados por cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Los cinco primeros estaban detenidos en el penal de Villa Urquiza, en la capital provincial, mientras que Caballero fue alojado en la Unidad 31 del penal de Ezeiza y Ojeda Fuentes cumplía arresto en el HPC 1 de Ezeiza.
En los considerando de la medida, los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal sostienen que "según los últimos informes médicos, el lugar donde los imputados se encuentran detenidos no resulta adecuado atento los cuidados y atención médica que necesitan a raíz de sus patologías". "De persistir esta situación, que agrega otros elementos a los propios que derivan de la privación de la libertad ambulatoria, no sólo se afectarían principios constitucionales y convencionales sino que tal situación conllevaría al agravamiento de sus enfermedades, extremo éste que podría poner en riesgo la vida de los imputados".
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal está integrada por los jueces Eduardo Rafael Riggi, Liliana Elena Catucci y Ana María Figueroa, quienes tuvieron a su cargo la decisión de revocar la prisión efectiva de los condenados.
La megacausa fue el sexto juicio por delitos de lesa humanidad celebrado en Tucumán, pero el primero de esa magnitud. Se trataron en el expediente los casos de 215 víctimas y 41 imputados, entre los que por primera aparecieron civiles: un escribano, un sacerdote y un PCI (Personal Civil de Inteligencia).
En las más de 70 audiencias, declararon 400 testigos sobre hechos que habrían ocurrido en dos centros clandestinos de detención: la Jefatura policial y el Batallón de Arsenales "Miguel de Azcuénaga". Fue la primera vez que se juzgaron delitos que se cometieron en este CCD, donde fueron halladas fosas de inhumación en las que se encontraron restos de desaparecidos.
CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Otorgan prisión domiciliaria a los condenados en la Megacausa Arsenales-Jefatura II
La Cámara de Casación Penal de la Nación favoreció a 34 de los 37 ex militares y policías sentenciados. El fallo completo.
La Sala III de la Cámara de Casación Penal de la Nación, con el voto mayoritario de los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci, y el voto en minoría con una disidencia parcial de Ana María Figueroa, resolvió que 34 de los 37 ex militares y policías condenados por masivos delitos de lesa humanidad en la Megacausa Arsenales II-Jefatura II, vuelvan a prisiones domiciliarias. De esta manera, cesará la imposición de cárcel común resuelta por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán.
La Megacausa fue el proceso más grande realizado hasta el momento en el NOA en busca de enjuiciar a los culpables de la represión, la muerte y las desapariciones cometidas durate la última dictadura militar.
En este juicio se debatió la responsabilidad de 41 personas acusadas de múltiples homicidios calificados, privaciones ilegitimas de la libertad, torturas y abusos sexuales cometidos en dos de los centros clandestinos de detención (CCD) más grandes de Tucumán. En uno de estos, El Arsenal Miguel de Azcuénaga, a partir del impulso dado por los familiares querellantes en la causa y las organizaciones de Derechos Humanos de la provincia, se encontraron las fosas donde fueron inhumados clandestinamente los desparecidos luego de ser torturados y ejecutados.
El proceso había dictaminado cuatro cadenas perpetuas, otras 33 condenas de diferente pena y cuatro absoluciones, entre las que destacaban el sacerdote José Eloy Mijalchiyk y el escribano Juan Carlos Benedicto, dos de los cuatro civiles que formaron parte de la causa.
Ahora, luego de la condena dictaminada por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga, Casación resolvió que los 37 acusados vuelvan a gozar de privilegios que por ejemplo, la mayoría de los encausados y condenados por delitos comunes, no tienen. "Por la decisión de la Sala III, los genocidas están otra vez en las calles, entre nosotros", denunciaron al respecto organismos de DDHH que repudiaron la decisión judicial.
Andhes cuestionó ante Casación decisión del TOF Andhes presentó el Recurso de Casación en la Megacausa Jefatura II - Arsenales
13/05/2014 Lesa humanidad
A raíz de la disidencia con las graduaciones de pena impuestas por la mayoría del Tribunal Oral Federal (TOF) en la Megacausa Jefatura II - Arsenales, andhes presentó el Recurso de Casación.
El 13 de diciembre de 2013, el TOF tucumano dictó la sentencia que puso fin a un debate oral y público de particular magnitud e importancia histórica en la provincia. El juicio con 41 imputados y 215 víctimas, duró 13 meses. A lo largo de este proceso pudieron declarar más de 300 testigos, mientras que otras tantas declaraciones fueron incorporadas a la causa; se relevaron 10 establecimientos en donde funcionaron centros clandestinos de detención y exterminio, así como también lugares clandestinos de enterramientos de víctimas; se recibieron los aportes periciales que dieron cuenta de la existencia de fosas comunes en el Pozo de Vargas, en el Arsenal Miguel de Azcuénaga y en el cementerio de la localidad de Tacanas. También durante el juicio se produjeron las identificaciones de siete de las 215 víctimas sobre cuyos casos se llevó adelante el proceso judicial. Desdeandhesremarcaron que toda esta labor fue desarrollada"con profunda seriedad y respeto al debido proceso tanto para los imputados como para las víctimas".
Desde el Área de Memoria, Verdad y Justicia de la ONG, sostuvieron que el recurso de casación presentado " tiene como objetivo central, modificar en la Cámara Nacional de Casación Penal, el arbitrario e infundado criterio del Tribunal de declarar inconstitucional la prisión perpetua en los casos de delitos de lesa humanidad, como así también que se condene a los represores gendarmes por torturas y homicidios triplemente calificados, conforme lo probado durante este megajuicio, y no solamente por privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita".
Por otro lado, desde andhes indicaron que "este recurso encuentra su fundamento en el derecho de acceso a la justicia de toda víctima de violación de derechos humanos, en especial en aquellas normas que reconocen los derechos de dichas víctimas y el control que las mismas pueden llevar adelante sobre el proceso penal (Las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia, Declaración de Naciones Unidas sobre los "Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder" de 1985, el "Protocolo de Estambul", el "Protocolo de intervención para el tratamiento de víctimas-testigos en el marco de procesos judiciales", etc.)"
Finalmente para la ONG, la Megacausa "permitió comprender cómo funcionaba la maquinaria represiva. Los testimonios de las víctimas y las investigaciones determinaron a la ex Jefatura de Policía como uno de los lugares donde se llevaba a los secuestrados, se los torturaba, se los interrogaba a los fines de sacarles la mayor información posible, y después se producían los traslados al Arsenal, donde finalmente, además de ser torturados, los cautivos eran ejecutados y sus cuerpos ocultados en fosas comunes en el mismo lugar, por lo que sostenemos nuestra acusación de que todos los imputados por homicidios agravados en el marco de causas de lesa humanidad, sean condenados a perpetua". Fuente:TucumanHoy
Envío:Agnddhh
MEGACAUSAS JEFATURA II - ARSENALES II El TOF dio a conocer el fallo y familiares de represores protagonizaron incidentes
El Tribunal Oral Federal (TOF) integrado por los jueces Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla, Gabriel Eduardo Casas y Juan Carlos Reynaga, dio a conocer ayer al mediodía los fundamentos, un documento de más de 2 mil páginas, de la sentencia de la megacausa "Arsenales II-Jefatura II", dictada el 13 de diciembre de 2013.
19/03/2014
El Tribunal Oral Federal (TOF) integrado por los jueces Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla, Gabriel Eduardo Casas y Juan Carlos Reynaga, dio a conocer ayer al mediodía los fundamentos, un documento de más de 2 mil páginas, de la sentencia de la megacausa "Arsenales II-Jefatura II", dictada el 13 de diciembre de 2013, en la que condenó a cuatro de los imputados a perpetua y a 32 a condenas de entre dos y 20 años y absolvió a cuatro de ellos. Se entregaron copias de los argumentos del fallo a los imputados y las partes.
Luego de la audiencia pública, en las calles que rodean al TOF se encontraban los familiares de los imputados, quienes agredieron constantemente, verbal y físicamente, a los reporteros gráficos que se estaban trabajando en el lugar. Entre ellos se encontraba Verónica Crespín, fotógrafa de la Web de Radio Nacional Tucumán, quien fue golpeada fuertemente en la nuca. Tuvo que intervenir gendarmería para evitarlo.
Semejantes actos vandálicos no hacen otra cosa que reflejar la violencia que esgrimieron los genocidas durante el Terrorismo de Estado que dejó un saldo de 30 mil desaparecidos.
La megacausa "Arsenales II-Jefatura II" fue el proceso más grande en la historia del TOF y juzgó las responsabilidades de ex militares, ex gendarmes, ex policías y civiles en crímenes contra 215 víctimas en los centros clandestinos de detención y exterminio de la Jefatura y el Arsenal.
Las sanciones más severas fueron para tres ex policías (dos de ellos ya condenados a perpetua) y un ex militar. Entre los ex uniformados provinciales se encuentran Roberto "El Tuerto" Albornoz, Luis De Cándido y Ricardo Sánchez. A los primeros, que pertenecieron al Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC), se los responsabilizó por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Jefatura de Policía. Mientras que el ex miembro de la fuerza nacional fue Luis Varela.
Apodado "Naso", habría sido segundo jefe del destacamento de Inteligencia 142 y estuvo a cargo del centro clandestino de detención y exterminio que se instaló en el Arsenal "Miguel de Azcuénaga" y de otros dependientes del Ejército.
El TOF absolvió a cuatro de los sospechosos por el "principio de la duda": el ex gendarme Celso Barraza, el sacerdote José Mijalchyk, el escribano Juan Carlos Benedicto y el ex militar Luis De Urquiza.
Todos los imputados deberán cumplir prisión en cárcel común excepto Guillermo López Guerrero y Oscar Gómez que continuarán cumpliendo domiciliaria. Fuente:ElSiglo
Familiares de condenados en la megacausa "Arsenales II-Jefatura II" agreden a periodistas
19 de Marzo de 2014
Este miércoles se leyeron los fundamentos de la condena dictada en diciembre del año pasado. Hubo incidentes en el tribunal Oral Federal.
Un joven intenta agredir a los fotógrafos. Foto Jorge Olmos Sgrosso
Este miércoles se dieron a conocer los fundamentos en los cuales se basaron las condenas dictadas el pasado 13 de diciembre por la Megacausa "Arsenales II - JefaturaII".
A su vez, se dieron hechos de violencia provocados por familiares de los condenados que intentaron agredir a los periodistas que cubrían el suceso en el Tribunal Oral Federal (TOF).
Cuatro de los imputados fueron condenados a perpetua y 32 a condenas de entre dos y 20 años y absolvió a cuatro de ellos. Los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga entregaron copias de los argumentos del fallo a los imputados y las partes, según informó La Gaceta.
La megacausa "Arsenales II-Jefatura II" fue el proceso más grande en la historia del TOF y juzgó las responsabilidades de ex militares, ex gendarmes, ex policías y civiles en crímenes contra 215 víctimas en los centros clandestinos de detención y exterminio de la Jefatura y el Arsenal.
Las sanciones más severas fueron para tres ex policías (dos de ellos ya condenados a perpetua) y un ex militar. Entre los ex uniformados provinciales se encuentran Roberto “El Tuerto” Albornoz, Luis De Cándido y Ricardo Sánchez. A los primeros, que pertenecieron al Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC), se los responsabilizó por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Jefatura de Policía. Mientras que el ex miembro de la fuerza nacional fue Luis Varela. Apodado “Naso”, habría sido segundo jefe del destacamento de Inteligencia 142 y estuvo a cargo del centro clandestino de detención y exterminio que se instaló en el Arsenal “Miguel de Azcuénaga” y de otros dependientes del Ejército.
El TOF absolvió a cuatro de los sospechosos por el “principio de la duda”: el ex gendarme Celso Barraza, el sacerdote José Mijalchyk, el escribano Juan Carlos Benedicto y el ex militar Luis De Urquiza.
Por su parte, la Asociación de Prensa publicó un comunicado en el que sostiene que:
La Asociación de Prensa de Tucumán repudia enérgicamente la violenta y desmedida agresión que sufrieron periodistas y fotografos de distintos medios de prensa de la provincia, de parte de familiares de los condenados en el marco de la Megacausa Arsenales II y Jefatura II. Mientras se esperaba la lectura de la sentencia, prevista para las 12.30 en la sede del Tribunal Oral Federal Tucumán los violentos de siempre, que lamentablemente no terminaron de adaptarse a la democracia, hicieron uso de la agresión física y verbal sobre quienes en su rol de informar y reflejar la crónica periodística estaban en inmediaciones de calle Chacabuco y Crisóstomo Alvarez.
Los incidentes se desataron sin mediar justificativo alguno y ante la pasiva presencia de efectivos de Gendarmería Nacional. Fotógrafo y periodista del diario La Gaceta, y de otros medios independientes recibieron golpes de parte de familiares de los condenados y en confusa circunstancias, los mismos Gendarmes habrían utilizado la fuerza sobre los trabajadores de prensa.
El fotógrafo del diario La Gaceta, Jorge Olmos Grosso, que también fue agredido logró tomar algunas imágenes donde se puede apreciar el rostro de los agresores, entre ellos a un joven que le pegó un golpe de puños en la nuca a Verónica Crespín, reportera gráfica. Fuente:ElDiario24.com
CULMINO EL MEGAJUICIO POR LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCION JEFATURA Y ARSENALES
37 represores condenados en Tucumán
En el juicio hubo además cuatro absoluciones, entre ellas, la del capellán Mijalchiyk y el escribano Benedicto.
El juicio permitió reconstruir parte de la historia de 215 víctimas del terrorismo de Estado en Tucumán.Imagen: Télam
El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a 37 represores por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. El juicio oral en la megacausa “Jefatura II - Arsenales II” concluyó además con cuatro absueltos, incluidos el capellán José Eloy Mijalchiyk y el escribano Juan Carlos Benedicto, dos de los cuatro civiles que llegaron a juicio como imputados. Lejos de las 33 condenas a prisión perpetua que había solicitado el Ministerio Público Fiscal, el tribunal presidido por Carlos Jiménez Montilla e integrado por Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga dictó cuatro penas máximas, en tanto el resto de las condenas van de dos a veinte años de cárcel. El fallo fue cuestionado por familiares de víctimas y miembros de organismos de derechos humanos, que esperaban penas mayores para un juicio en el que se investigaron secuestros, tormentos, allanamientos ilegales, abusos deshonestos, violaciones y homicidios contra 215 víctimas.
“Vamos a trabajar desde la Casación en los casos de altos rangos de Gendarmería, que formaron parte de la Inteligencia del proceso y no tienen prisión perpetua”, afirmó Laura Figueroa, querellante y representante de Familiares de De-saparecidos de Tucumán (Fadetuc). La abogada, que representó a la mayoría de las víctimas del juicio, también rechazó la absolución del sacerdote Mijalchiyk. “Muchas de las personas que estuvieron detenidas en el ex Arsenal fueron interrogadas por este sacerdote, quien estuvo de acuerdo en que ellos fueran golpeados y torturados”, recordó. “Lamentablemente el tribunal sólo escuchó al cómplice militar Osvaldo Pérez, por eso está absuelto Mijalchiyk”, agregó Figueroa.
El centro clandestino que funcionó en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, en las afueras de San Miguel de Tucumán, se caracterizó por ser el destino final de un circuito represivo que abarcó a varias provincias del noroeste argentino. La megacausa comenzó con 44 imputados en el banquillo, de los cuales tres fueron separados a último momento por problemas de salud. El juicio oral se desarrolló durante trece meses, lapso en el cual prestaron testimonio más de 400 testigos, que permitieron reconstruir parte de la historia de los crímenes de lesa humanidad en Tucumán contra un total de 215 víctimas.
Ayer, en el sector de invitados especiales, junto a funcionarios nacionales y provinciales se ubicó Susana Trimarco, la madre de Marita Verón. “De un lado gritan ‘asesinos’; del otro, ‘justicia’”, contó por Twitter la periodista Gaby Baigorri. Pasadas las 18.30, los secretarios Mariano Zavalía y Florencia Pero comenzaron a leer la sentencia. “Los familiares de víctimas estrujan las fotos de sus víctimas, las ponen sobre sus pechos y las besan”, apuntó la cronista.
De los cuatro condenados a prisión perpetua, tres son policías de la provincia de Tucumán: Luis Armando de Cándido, Ricardo Oscar Sánchez y Roberto Heriberto Albornoz. El cuarto es el militar Luis Orlando Varela. Veinte años de prisión recibieron los militares retirados Alfredo Ernesto Moore y Ramón Alfredo Ojeda Fuente. Los ex gendarmes Tomás Adolfo Güemes, Marcelo Omar Godoy, Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, Ernesto Rivero y Benito Palomo recibieron penas de 18 años de prisión, igual que el militar Augusto Leonardo Neme. Un año menos recibió el gendarme José Carlos Sowinski, en tanto otros siete policías fueron condenados a 16 años de prisión: se trata de Juan Alberto Abraham, Rolando Reyes Quintana, Hugo Javier Figueroa, Oscar Humberto Gómez, Félix Insaurralde, Antonio Esteban Vercellone y Angel Custodio Moreno. La misma pena recibieron los militares Ramón Ernesto Cooke, Fernando Torres y Camilo Angel Colotti. Quince años recibieron el policía Guillermo Augusto Ugarte y los militares Hugo Enzo Soto y Pedro Osvaldo Caballero, catorce el policía Miguel Angel Chuchuy Linares y los militares Carlos Eduardo Trucco y Ariel Rolando Valdiviezo, y doce el militar Mario Miguel D’Ursi. Diez años de prisión deberán cumplir los policías Pedro Joaquín Pasteris y María Luisa Acosta de Barraza, y los militares Jorge Omar Lazarte y Luis Edgardo Ocaranza. Las penas más bajas fueron para el policía Ramón César Jodar y el agente civil de Inteligencia Guillermo Francisco López Guerrero, a cuatro años de cárcel, y la mitad para la ex policía María Elena Guerra. Los absueltos, además del cura y del escribano, son el ex gendarme Celso Barraza y el militar retirado Luis de Urquiza, que recuperaron la libertad de inmediato.
La mayor parte de las condenas no fueron por voto unánime, sino con la disidencia de Reynaga, que tal como habían pedido los fiscales ordenó condenar a la mayoría de los imputados a la pena de prisión perpetua. El magistrado también había pedido diez años de cárcel para el sacerdote Mijalchiyk y quince para Benedicto, al considerarlos autores materiales del delito de asociación ilícita y partícipes secundarios de los delitos de prisión ilegítima de la libertad con apremios, en el caso del sacerdote. Fuente:Pagina12
14.12.2013 Cuatro de ellos recibieron perpetua, el resto, penas que van de los dos a los 20 años de prisión Condenan a 37 represores en la Mecausa Arsenales II Los imputados eran 41, y en la mayoría de los casos hubo fallo dividido de los integrantes del Tribunal. Para el fiscal Camuña fue positivo que haya condenas, aunque apelará algunas. Por:
Ramiro Rearte
Ayer, durante la siesta tucumana, se leyó la sentencia contra los 41 imputados en el marco de la Megacausa Arsenales II-Jefatura de Policía II. Un total de 37 represores fueron condenados y hubo cuatro absoluciones, aunque entre las condenas sólo cuatro fueron a cadena perpetua y el resto oscilaron entre los 20 y dos años de prisión efectiva. Todos los condenados deberán cumplir su pena en una cárcel común según dictaminaron los jueces.
La votación de los magistrados estuvo dividida en casi la totalidad de los casos. Los jueces Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla, opinaron por ejemplo, que el cura acusado de ser capellán de hecho en el centro de exterminio Arsenal Miguel de Azcuénaga era inocente por el "beneficio de la duda". Es más, los magistrados ordenaron la inmediata libertad del miembro de la Iglesia Católica. En cambio, el juez Juan Reynaga votó que el párroco debía ser condenado. Ocurrió lo mismo con el escribano Juan Carlos Benedicto, quién estaba acusado de haber colaborado en su juventud con los genocidas.
La lectura fue seguida por una gran cantidad de militantes y de organismos de Derechos Humanos, que escucharon desde la calle cada una de las condenas. Aplaudieron las cadenas perpetuas, silvaron las condenas que consideraron leves, como la de la ex policía María Guerra (sólo dos años de prisión), y reaccionaron en contra cuando escucharon a los absueltos de la causa.
Los condenados fueron los siguientes: a prisión perpetua, los policías Luis Armando de Cándido, Ricardo Oscar Sánchez y Roberto Heriberto Albornoz y el militar Luis Orlando Varela.
A 20 años de prisión: Ramón Ojeda Fuentes, y Alberto Moore. A 18 años de prisión, Marcelo Omar Godoy, Ernesto Rivero, Tomás Adolfo Güemes, Benito Palomo, Augusto L. Neme, y Alberto Montes de Oca. En tanto que José Carlos Sowinski, fue condenado a 17 años y Fernando Torres, Ángel Colotti, Ramón Cooke, Juan A. Abraham, Reyes Quintana, Hugo Figueroa, Oscar H. Gómez, Félix Insaurralde, Antonio Vercellone, y Ángel C. Moreno, recibieron penas de 16 años.
Pedro Osvaldo Caballero, Hugo Soto, y Guillermo A. Ugarte fueron condenados a 15 años, Rolando Valdiviezo, Chuchuy Linares, y Carlos Trucco a 14 años. Mario D'ursi, a 12 años y Luis Ocaranza, Jorge Lazarte, y Luisa Acosta de Barraza, a diez años, al igual que Pedro Pateris. Las penas más leves correspondieron a López Guerrero, y Ramón Jodar, cuatro años, y a María E. Guerra, dos años.
Mientras que, Celso Barraza (gendarme), Luis de Urquiza (militar), José Eloy Mijalchik (sacerdote) y Juan Benedicto (escribano) quedaron absueltos.
El secretario del tribunal, Mariano García Zavalía, no pudo terminar de leer la sentencia porque el público en la sala comenzó a gritar enojado por la decisión de los magistrados. Los jueces hicieron desalojar la sala. La misma reacción la tuvieron quienes seguían las instancias en las afueras del TOF.
El fiscal federal Pablo Camuña, aseguró que a pesar de las absoluciones, "hubo 37 condenas todas en cárcel común". "Consideramos que hay un signo positivo porque se demostró todo lo que dijimos. Por supuesto que estamos disconformes con las absoluciones. Y también estamos disconformes con algunas condenas que creemos que son exiguas y que no alcanzan a atrapar la magnitud del daño provocado por los delitos que se cometieron. Hubo casos que tenián imputados 79 homicidios y se les aplicó solo 14 años de prisión.
Es muy difícil entender la sentencia en estos puntos y estamos convencidos de que la Cámara de Casación Penal dará vuelta este veredicto", agregó Camuña a este diario.
Tras concluir la audiencia, en la puerta del tribunal se leyeron los nombres de las 215 víctimas que se incluyeron en esta megacausa que comenzó hace 13 meses, no sólo para recordarlos, sino también para dejar plasmado su enojo ante las absoluciones de los civiles que supuestamente colaboraron con la dictadura, Dos de los tres jueces entendieron que no fue así. Fuente:TiempoArgentino
MEGACAUSA | EL FALLO JUDICIAL Organismos de DDHH apelarán las penas menores y absoluciones
Ni los familiares de los imputados ni los de las víctimas quedaron conformes con la decisión del Tribunal Oral Federal. Unos y otros reaccionaron con violencia y cuestionaron a los magistrados. Los incidentes no llegaron a mayores. Familiares de desaparecidos anunciaron que apelarán la decisión judicial. Planteos y posturas enfrentadas. Referentes de Hijos y de Madres de Plaza de Mayo criticaron a dos de los tres magistrados.
PRESAGIO. Como si intuyeran las absoluciones por venir, militantes de organismos de derechos humanos oyen preocupados las penas reducidas en años. la gaceta / fotos de diego aráoz
Sus rostros iban pasando de la risa al llanto y a la bronca, mientras oían cómo la cantidad de años de las penas se reducían. Militantes de organismos de derechos humanos celebraron las cuatro condenas perpetuas, leídas al inicio de la sentencia de la Megacausa Arsenales II-Jefatura II: Luis de Cándido, Ricardo Sánchez, Orlando Varela y Roberto Albornoz (la más festejada). Pero lloraron las cuatro absoluciones: Luis de Urquiza, Celso Barraza y los civiles José Mijalchik (sacerdote) y Juan Carlos Benedicto. Estas dos hicieron estallar incidentes fuera del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF).
Referentes de las agrupaciones Madres de Plaza de Mayo e Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (Hijos), cargaron contra dos de los magistrados que juzgaron la responsabilidad de los imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura: Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla. Exculparon a Juan Carlos Reynaga, juez que votó en disidencia de sus pares, al proponer penas mayores.
“Siento indignación; siento vergüenza por la Justicia que tuvimos, salvo honradas excepciones. ¿Qué debemos pensar? ¿Que hay cierta complicidad? Dieron absoluciones y condenas bajas; usaron como un rótulo crímenes aberrantes, como lo son los de lesa humanidad, es una vergüenza lo que pasó hoy acá”, gritaba Sara Mrad (Madres). A su criterio, la Justicia envió un mensaje con las absoluciones de Mijalchik y de Benedicto: “sacan a los civiles; está la prueba de la participación de (estos) y de la Iglesia, que también fue dictadura en este país: cívico, militar y eclesiástica”.
Natalia Aríñez (Hijos) opinó en similares términos. “Que un juez haya votado en disidencia nos da la pauta de que podemos seguir apostando por esta Justicia. Hubo un juez que no fue un cobarde como los otros; que dio las penas que corresponden. Y a eso vamos a apostar, para apelar”, dijo. Agregó que no sólo recurrirán las absoluciones, sino también las penas que recibieron menos que los años pedidos por fiscales y querellantes.
Agregó que la sentencia los sorprendió. “Sabíamos que no se iba a dar perpetua a todos, porque no se había pedido para todos; pero que a tantos casos en los que sí se había pedido perpetua se dé 16 años es una vergüenza. Hablamos de homicidios, es inaudito”, criticó. De todos modos, reivindicó las condenas, y advirtió que los imputados volverán a estar en el banquillo. “Consideramos que las condenas son una victoria. Y aquí estamos; a pesar de todo lo que hemos pasado en estos 37 años. Y a los que recibieron condenas menores, (sepan que) nos vamos a volver a encontrar en el juicio por el Operativo Independencia; en esa causa hay 90 imputados”, señaló.
Los organismos de DDHH -los mencionados y Familiares de Desaparecidos de Tucumán- no fueron los únicos que se concentraron frente al TOF desde las 15, hora en que se había citado para la lectura de la sentencia. También se hicieron presentes agrupaciones y partidos políticos kirchneristas (la JP-El Kadri, Kolina, La Cámpora, Nuevo Encuentro y Miles), fuerzas de izquierda (Movimiento Socialista de Trabajadores, Partido Comunista Revolucionario, Partido Obrero, entre otros; y el movimiento Libres del Sur). También pudo verse a la hasta hace días diputada nacional “K”, Stella Maris Córdoba.
El sacerdote Mijalchyk fue liberado de culpa y cargo El escribano Juan Benedicto, otro imputado, también fue absuelto.
Sonriente, vestido de sotana como en cada una de las audiencias, José Eloy Mijalchyk dibujó con la mano bendiciones, dirigidas hacia los fieles que lo acompañaban en la sala del Tribunal Oral Federal. Y cuando se dio lectura a la sentencia absolutoria en su caso, en el marco de la megacausa “Arsenales II-Jefatura II”, se saludó emocionado con su abogado, Facundo Maggio, y luego saludó a sus seguidores. Finalmente, fue retirado del edificio ubicado en Chacabuco y Crisóstomo Álvarez en un vehículo oficial; por el tumulto, la gran mayoría de los medios -entre ellos, LA GACETA- no alcanzó a consultarle sus sensaciones al cura, a quien el Ministerio Público Fiscal había considerado presunto partícipe secundario en los supuestos delitos de privación ilegítima de la libertad, con apremios y vejaciones; y torturas agravadas en perjuicio de cuatro personas.
Ayer, los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga (subrogante) absolvieron al sacerdote. Si bien no se dieron a aún los fundamentos de la sentencia, todo indica que no habrían considerado contundentes las pruebas como para sostener una eventual condena.
El escribano Juan Carlos Benedicto, que estuvo entre los primeros civiles acusados por delitos de lesa humanidad, también fue liberado ayer de culpa y cargo.
Se le imputaban los presuntos delitos, como autor material, de tormentos agravados en perjuicio de tres víctimas; se lo sindicaba además por supuesto homicidio agravado en un caso y asociación ilícita. El Tribunal Oral Federal consideró que en ninguno de estos casos había evidencias para sentenciar al escribano (defendido por su hermano, Luis Benedicto Fernández). El escribano absuelto había permanecido prófugo seis meses en Paraguay antes del juicio.
De todos los días de los últimos 13 meses, ayer fue “el día”. Por su magnitud y por su sentido, la megacausa nació como un reto. Combinó los sentimientos de cientos de familias (la de los desaparecidos y la de los imputados), la revelación de parte de la historia y el desafío del Tribunal de llevarla adelante. El fallo tuvo sabor amargo para los familiares de los imputados. Para los de las víctimas en cambio, supo a poco. Sobre todo, para los que detrás de la foto de la pequeña Ana Corral ven a la chica de 16 años arrodillada al borde de una fosa con un uniformado apuntándole a la cabeza. O al que vislumbra en el retrato de los Rondoletto a Marta, una hija, una hermana, una cuñada y, probablemente, una tía, que se quedó sola. O tal vez el que en Julio Campopiano observa al joven poeta muriendo -literalmente- de dolor en el Arsenal. Las historias -ya no casos- fueron piezas de un rompecabezas del terror. Pero los bordes de cada una de ellas -desdibujados por el tiempo-, la clandestinidad y las acciones deliberadas para ocultarlos las volvieron difíciles de encajar. Al menos, para la Justicia. Y, lamentablemente, el dolor no es una prueba.
La megacausa, sin embargo, contó a Tucumán una historia que estaba velada: la del exterminio. Y también brindó al Tribunal un “aprobado” al hacer de ella un juicio posible.
Al oírse las absoluciones estallaron los incidentes
Cuando desde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) leyeron las absoluciones de los civiles José Mijalchik (sacerdote) y Juan Carlos Benedicto, estallaron incidentes en las afueras del edificio. Militantes de agrupaciones de izquierda e independientes tiraron las vallas y comenzaron a arrojar botellas y sillas plásticas, y piedras contra los gendarmes que se habían formado para impedir el avance de los manifestantes. Los incidentes se desarrollaron durante breves minutos, y no hubo respuesta, por parte de los gendarmes, a los pocos proyectiles que fueron arrojados. No se dispararon balas de goma ni se arrojaron gases lacrimógenos. Luego, los militantes, junto a integrantes de organismos de derechos humanos, continuaron cantando en contra del fallo. Finalmente, estos últimos marcharon a plaza Independencia. La bronca invadió a las familias de víctimas, que criticaron a dos vocales Calificaron de “benevolentes” a magistrados.
Indignación. Llanto. Encendidas quejas contra los magistrados. La inmensa mayoría de los familiares de las víctimas de la megacausa “Arsenales II-Jefatura II” repudió la sentencia que emitió ayer Tribunal Oral Federal (TOF). Tras el fallo, varios expresaron su descontento ante los medios; algunos de los parientes de desaparecidos y torturados (entre otros delitos producidos en esos centros clandestinos de detención) ni siquiera pudieron relatar sus sensaciones, debido a crisis de nervios y la tensión.
María Rosa Urbey, viuda de Armando Arquetti, quien fue torturado y asesinado en el ex arsenal, valoró la postura del vocal Juan Carlos Reynaga, quien se había plegado a la mayoría de los pedidos de pena solicitados por el Ministerio Público Fiscal. “Evidentemente es una Justicia que no se siente libre para expresarse, porque los elementos de prueba contra todos los acusados eran suficientes como para determinar culpas y condenas acordes a los hechos; en cambio, hubo absoluciones o penas mínimas que a nosotros, los familiares, nos llenan de amargura en este momento”, dijo Urbey.
Claudia Villegas. familiar de las víctimas Aída y Jorge Villegas, se descargó contra los dos vocales titulares del TOF: “Me agravia la cobardía de los jueces (Gabriel) Casas e (Carlos) Jiménez Montilla”. Marta Rondoletto, familiar de cinco desaparecidos durante la dictadura, calificó de “benevolentes” a estos magistrados. “Parece que no vivieron en esta provincia cuando pasaron los hechos que debían juzgar. Llama la atención”, planteó. Y criticó que no se consideraran los pedidos de condenas por genocidio. “Me parece que viven en otro planeta”, agregó Rondoletto.
Carlos Soldatti era víctima en la causa (fue secuestrado) y tiene un hermano y una hermana desaparecidos. “Más allá de las condenas exiguas, que han generado frustración, quiero rescatar lo positivo de este juicio. Apostaron a borrar clandestinamente todo; pero los secuestros, desapariciones, fusilamientos, quema de cuerpos, todo ese horror que pretendieron encubrir fue ratificado por el fallo. Y esto es importante, porque prevaleció la verdad por sobre los intentos de ocultarla”, consideró Soldatti.
“Hay injusticia, y es la ‘cerdocracia’ en la que vivimos hoy” Familiares de imputados cuestionaron el fallo.
Pese a la cantidad de pedidos de condena perpetua que no prosperaron y a las cuatro absoluciones, la sentencia de los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) no conformó a los familiares de las 41 personas -militares, policías y civiles- que estaban imputadas de la megacausa Arsenales II-Jefatura II.
Al igual que lo hicieron los parientes de las 212 víctimas -cuyos casos eran investigados en este juicio-, también manifestaron su bronca tras la lectura del fallo, aunque con menor intensidad. “Esta gente que está acá (por los imputados), y muchos que ya han muerto, han defendido lo que es digno: un país. Porque si no, estaríamos dominados por ‘yanquis’ (sic), por Montoneros, por todas esas cagadas. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Decir que hubo justicia? No hubo”, protestó el único familiar de quienes fueron enjuiciados, que dijo llamarse Juan Carlos Soprano.
Su voz resumía en declaraciones lo que sus compañeros entonaban en cánticos: “Ya te queda poco tiempo; nunca más van a volver”, le cantaban a la presidenta, Cristina Fernández, a quien se referían también con graves insultos. También se oyó la frase: “algo habrán hecho”, gritada por una mujer que apuntaba su voz hacia donde estaban los parientes de las víctimas. “Zurdo” también le gritaron al gobernador, José Alperovich.
Soprano explicó la bronca hacia los Gobiernos nacional y provincial. “Hoy vos salís a la calle y no sabés cómo volvés, si es que volvés. Porque esto no es democracia: llevamos 30 años de ‘cerdocracia’ (sic)”, manifestó. Y agregó: “Justicia hubo para todos los saqueos, para todos los choros (sic), para todos los políticos que roban a mansalva; hasta nuestro propio gobernador”, expresó. Mientras, el resto del grupo cantaba en apoyo a quienes habían sido imputados, que salieron trasladados en diversas combis. Incluso los absueltos.
Precisamente, en medio de la bronca, celebraron las absoluciones de los civiles José Mijalchik (sacerdote) y Juan Carlos Benedicto. Ambos fueron absueltos por el principio de la duda. “Eso fue un logro; ahí pudimos decir que salimos adelante, que estamos bien. ¿Qué tiene que ver un cura, qué tiene que ver un contador (N. de la R.: Benedicto es escribano y procurador), que simplemente ha estado involucrado en algo que no le correspondía, ha estado en un momento, horario y lugar inadecuado, nada más? Me parece perfecto”, consideró.
Cuestionó, sin embargo, los dos años de prisión que recibió como pena María Elena Guerra, que había sido acusada de ocupar ilegalmente la casa de dos víctimas del terrorismo de Estado. Se pedían cuatro años de prisión para ella. “Una mujer como ella, ¿debe ir dos años presa porque usurpó una casa? ¿Y cuántos deberían ir presos porque usurparon terrenos? A ellos no se los juzga. Hay injusticia, y es la ‘cerdocracia’ en que vivimos hoy”, afirmó, indignado.
Familiares de acusados descargaron su bronca contra periodistas que cubrían las instancias del fallo de la megacausa. En el recinto, cronistas de LA GACETA fueron increpados por el familiar de un imputado. Afuera, parientes de acusados insultaron a un equipo de Canal 8. También quisieron romper la cámara de un fotógrafo de APA! Además, familiares de un imputado absuelto no quisieron hablar con este diario.
Fuente:LaGaceta
37 represores condenados a cárcel común y 4 absoluciones
13/12/2013
Megacausa Jefatura II - Arsenales II El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a 37 de los 41 imputados en el juicio por la megacausa Jefatura II - Arsenales II. Hubo 4 absoluciones, en todos los casos uno de los jueces votó en disidencia. Malestar del público con el veredicto.
El Tribunal Oral Fedral de Tucumán condenó a 37 de los 41 imputados en el juicio por la megacausa Jefatura II - Arsenales II, que deberán cumplir la reclusión en cárcel común. 4 absoluciones, de este modo el escribano Benedicto y el cura Mijalcik quedaron en libertad. Indignación del público.
Durante la jornada de ayer el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán dictó la sentencia a los 41 imputados en el juicio por la megacausa “Arsenales II-Jefatura II”. El fallo se llevó a cabo en la sala del Tribunal Oral Federal (TOF) de Chacabuco y Cristóstomo Alvarez.
Estuvo completamente colmada, hacia la derecha se ubicaron, como a lo largo de los 13 meses que duró el juicio, los familiares de víctimas del terrorismo de Estado. Muchos de ellos fueron parte de los cientos de testigos que declararon las vejaciones más crueles a la que fueron sometidos. Torturas, violaciones, extorciones, usurpaciones y desapariciones. Meses de verdadera movilización interior.
En las primeras filas estuvieron la vicerrectora de la UNT Alicia Bardón; el presidente del Colegio de Abogados, Francisco García Posse; el titular del Indai Tucumán, Gustavo Diaz Fernandez; Susana Trimarco; el diputado nacional Marcelo Santillán, entre otros.
En el proceso se juzgó a 41 personas y se investigó los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas, abuso deshonesto agravado, violaciones agravadas y homicidio calificado, cometidos en perjuicio de 208 víctimas.
El tribunal estuvo integrado por los jueces Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla, Gabriel Eduardo Casas, Juan Carlos Reynaga (subrogante) y Hugo Cataldi (sustituto).
La Fiscalía había solicitado prisión perpetua para 33 de los acusados, en tanto requirió penas de entre 4 y 25 años para los otro ocho imputados. Sin embargo, sólo cuatro acusados fueron imputados a la pena máxima. Ellos fueron Luis Orlando Varela (militar), Roberto Heriberto Albornoz (policía), Ricardo Oscar Sánchez (policía) y Luis Armando Decándido (policía). En todos los casos, en disidencia de Reynaga que pidió perpetua para casi todos.
Antes de emitir el veredicto Jiménez Montilla expresó que durante el proceso oral se realizaron 90 audiencias. “fue un esfuerzo importante para la justicia Argentina, por eso pedimos que prime el orden en la sala”. Antes de leer el fallo, se aclaró que iban a hacer absoluciones.
El secretario del TOF Mariano García Zavalía fue el encargado de leer el fallo que duró una hora. Antes de hacerlo enumeró cada una de las víctimas por la cual se realizó esta megacausa.
Las condenas
Marcelo Omar Godoy (gendarme), 18 años. Ernesto Rivero (gendarme), 18 años. Tomás Adolfo Güemes, 18 años (gendarme). Benito Palomo (gendarme), 18 años. Alberto Montes de Oca (gendarme), 18 años. José Carlos Sowinski (gendarme), 17 años. Ramón Ojeda Fuentes (militar), 20 años. Benito Palomo (gendarme), 18 años. Alberto Moore (militar), 20 años. Fernando Torres (militar), 16 años. Ángel Colotti (militar), 16 años. Augusto L. Neme (militar), 18 años. Pedro Osvaldo Caballero (militar), 15 años. Ramón Cooke (militar), 16 años. Hugo Soto (militar), 15 años. Juan A. Abraham (policía), 16 años. Reyes Quintana (policía), 16 años. Hugo Figueroa (policía), 16 años. Oscar H. Gómez (policía), 16 años. Félix Insaurralde (policía), 16 años. Antonio Vercellone (policía), 16 años. Ángel C. Moreno (policía), 16 años. Guillermo A. Ugarte (policía), 15 años. Jorge Lazarte (militar), 10 años. Rolando Valdiviezo (militar), 14 años. Carlos Trucco (militar), 14 años. Mario D'ursi (militar), 12 años. Luis Ocaranza (militar), 10 años. Chuchuy Linares (policía), 14 años. Luisa Acosta de Barraza (policía), 10 años. Pedro Pateris (policía), 10 años. López Guerrero (civil), 4 años. Ramón Jodar (policía), 4 años. María E. Guerra (policía), 2 años.
En tanto, Celso Barraza (gendarme), Luis de Urquiza (militar), José Eloy Mijalchik (sacerdote) y Juan Benedicto (escribano) quedaron absueltos. Reynaga en disidencia solicitó 10 años para Barraza, 15 años para de Urquiza, 10 años para Mijalchyk y 15 años para Benedicto.
Indignación
Antes de que finalizara la lectura de las condenas la gente familiares de víctimas del terrorismo de Estado que en muchos casos estuvieron cautivos en centros clandestinos de detención manifestó su indignación por el veredicto de TOF. Acusando a los jueces de tibios. La bronca se agudizó cuando se comenzó a leer las absoluciones. Gendarmería realizó un cordón de contención y no pasó a mayores. Sin embargo a la salida los rostros describían desazón, desconcierto, mucha tristeza. “Yo estuve detenido desaparecido en varios centros clandestinos por años y estas basuras quedarán libres”, comentó una de las víctimas.
“seguiremos trabajando en la casación para que se reviertan las absoluciones ya que nosotros demostramos con pruebas la responsabilidad de Bendecito y Mijalchyk”, comentó el abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Bernardo Lobo Bugeau. Además indicó que “las disidencias de Reynaga abre la casación porque es un juez de este Tribunal con otro criterio penal. Pero la condena a 37 imputados nos deja una lectura muy favorable para la querella”.
Por su parte el abogado Emilio Guagnini opinó que “más allá de que pedíamos prisión perpetua para todos los acusados, es muy importante que todas las sentencias se cumplan en cárcel común, en muchos casos esperábamos condenas de mayores años, pero hay que seguir, son muchas causas y varios de estos imputados están acusados en la causa Operativo Independencia. Un sin sabor por las absoluciones, que creemos, no se tendrían que haber dado. Más allá de todo 37 acusados dormirán en Villa Urquiza”.
Cientos de personas se movilizaron en las afueras del TOF 13/12/2013 Megacausa Jefatura II - Arsenales II Desde las 9.00 cientos de personas de diversos partidos políticos y organizaciones de Derechos Humanos se movilizaron fuera del Tribunal Oral Federal para esperar el veredicto. Mediante cánticos repudiaron el veredicto.
El público que no pudo ingresar a la sala siguió la audiencia a través de las pantallas instaladas especialmente. El tribunal había decidido que por cada víctima y por cada imputado ingresara solamente un familiar.
Por este motivo Gendarmería, que estuvo a cargo del operativo, montó una vallado en calles Crisóstomo Álvarez y Chacabuco.
Banderas de todo tipo le dieron color a la jornada. Alrededor de las 15 comenzó a llegar el grueso de la gente que copó el espacio. 20 minutos después se comenzó con la lectura del fallo que se siguió atentamente. Cuando llegó la parte de las absoluciones la gente reaccionó con silbidos y abucheos a los jueces.
Al finalizar la audiencia, la gente que estuvo entre el público, salió a reunirse con los compañeros, mucha consternación e indignación por el fallo. Varios rostros se llenaron de lágrimas.
La bronca se expresó a través de los clásicos cánticos, como "…la iglesia apoyó la dictadura…" o "cómo a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar".
Luego la movilización se trasladó hacia Plaza Independencia. Donde la gente continuó mostrando su descontento con la decisión judicial.
La audiencia empezó pasada las 9.30 con las últimas palabras de los imputados que quisieron hablar. Oscar Godoy, desde Ezeiza, envió un escrito manifestando que por razones de salud no podría hablar. “Pido perdón por los errores cometidos”, dijo. “Ojalá que esta megacausa no sea un hecho político ideológico ni una herramienta de propaganda”, expresó Jorge Omar Lazarte. Fue el último de los imputados en hablar.
Durante el debate se escucharon más de 800 testimonios.
La Megacausa fue el sexto juicio en la provincia y se narraron las historias de más de 200 víctimas.
Fuente:TucumanHoy
13.12.2013 Hubo cuatro perpetuas y, en fallo dividido, cuatro absoluciones Arsenales II - Jefatura de Policía II: El Tribunal Oral Federal condenó a 37 de los 41 imputados
El coronel (RE) Luis Orlando "Naso" Varela y el policía Roberto Heriberto "Tuerto" Albornoz, ambos condenados a prisión perpetua
Tucumán.- El Tribunal Oral Federal (TOF) condenó a 37 de los 41 imputados en la denominada megacausa "Jefatura de Policía II-Arsenales II". Sólo cuatro de los acusados fueron condenados a cadena perpetua: los policías retirados Luis Armando de Cándido, Ricardo Oscar Sánchez y Roberto Heriberto Albornoz, y el coronel (RE) Luis Orlando Varela. En tanto que resultaron absueltos -en un fallo que no fue unánime- el sacerdote José Eloy Mijalchiyj, el escribano Juan Carlos Benedicto, el gendarme Celso Alberto Barraza y el mayor (RE) Luis Daniel de Urquiza. El resto de los acusados recibió penas que van de los 20 a los 2 años de prisión, según la lectura de la sentencia realizada esta tarde.
Los absueltos recuperarán la libertad de inmediato, según lo dispuesto por el tribunal que en todos los casos votó con la postura disidente del juez Juan Carlos Reynaga. El resto de los imputados recibió castigos que van de los 20 años de prisión hasta 2 dos años, pena que fue le aplicada a la policía María Elena Guerra.
La nómina de los 41 imputados y su condena es la siguiente:
Luis Armando de Cándido (policía): prisión perpetua.
Ricardo Oscar Sánchez (policía): prisión perpetua.
Luis Orlando Varela (coronel): prisión perpetua.
Roberto Heriberto Albornoz (policía): prisión perpetua.
Adolfo Ernesto Moore (teniente coronel): 20 años de prisión.
Ramón Alfredo Ojeda Fuente (teniente coronel): 20 años de prisión.
Tomás Adolfo Güemes (gendarme): 18 años de prisión.
Marcelo Omar Godoy (gendarme): 18 años de prisión.
Alberto Héctor Rafael Montes de Oca (gendarme): 18 años de prisión.
Ernesto Rivero (gendarme): 18 años de prisión.
Benito Palomo (gendarme): 18 años de prisión.
Augusto Leonardo Neme (coronel): 18 años de prisión.
José Carlos Sowinski (gendarme): 17 años de prisión.
Juan Alberto Abraham (policía): 16 años de prisión.
Rolando Reyes Quintana (policía): 16 años de prisión.
Hugo Javier Figueroa (policía): 16 años de prisión.
Oscar Humberto Gómez (policía): 16 años de prisión.
Félix Insaurralde (policía): 16 años de prisión.
Antonio Esteban Vercellone (policía): 16 años de prisión.
Angel Custodio Moreno (policía): 16 años de prisión.
Ramón Ernesto Cooke (coronel): 16 años de prisión.
Fernando Torres (coronel): 16 años de prisión .
Camilo Angel Colotti (mayor): 16 años de prisión
Guillermo Augusto Ugarte (policía): 15 años de prisión.
Hugo Enzo Soto (coronel):15 años de prisión
Pedro Osvaldo Caballero (coronel): 15 años de prisión.
Miguel Angel Chuchuy Linares (policía): 14 años de prisión.
Carlos Eduardo Trucco (coronel): 14 años de prisión.
Ariel Rolando Valdiviezo (teniente coronel): 14 años de prisión.
Mario Miguel D`ursi (capitán): 12 años de prisión.
Pedro Joaquín Pasteris (policía): 10 años de prisión.
María Luisa Acosta de Barraza (policía): 10 años de prisión.
Jorge Omar Lazarte (coronel): 10 años de prisión.
Luis Edgardo Ocaranza (teniente coronel): 10 años de prisión.
Ramón César Jodar (policía): 4 años de prisión.
Guillermo Francisco López Guerrero (civil - inteligencia militar): 4 años de prisión.
María Elena Guerra (civil - ex policía): 2 años de prisión.
Celso Alberto Barraza (gendarme): absuelto.
Luis Daniel de Urquiza (mayor): absuelto.
José Eloy Mijalchiyk (civil - sacerdote): absuelto.
Juan Carlos Benedicto (civil - escribano): absuelto. Fuente:Telam
EN LIBERTAD: Ramón Ojeda Fuente (condena de 20 años)
ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS DE TUCUMÁN:
