El fallo condenatorio a los rugbiers
Crimen de Fernando Báez Sosa: Víctimas, victimarios y oportunistas
Por Mario Weinfeld
Imagen: NA
Fernando Báez Sosa fue y es la principal víctima de esta tragedia arbórea, hiper mediatizada. Con él, su mamá Graciela y su padre Silvino. En charlas familiares o de café se los identifica por sus nombres de pila, que quizá mañana sirva para designar a una ley. Tradiciones de la democracia argentina, de eso se trata. Positivas en muchos sentidos aunque jamás perfectas.
La solidaridad masiva con la familia de Fernando es tangible, rotunda, reconoce pocos antecedentes. Sería necio o unidireccional atribuirlo solo al discurso predominante en los medios de difusión. Fernando era un pibe de una familia tipo, pongalé. Papá y mamá paraguayos, gente de laburo, con hijo único. Tal vez de un escalón social menos empinado que el de quienes lo mataron en un acto plagado de barbarie con cuotas de machismo y racismo. En otros casos, quizá, la vocación aspiracional de los sectores medios que “hacen” opinión pública hubiera acercado a mucho público a los acusados, gente presentable, “influyente”, calificó algún vecino de Zárate. No oligarcas ni aristócratas pero personas bien ranqueadas. No ocurrió ante este homicidio... consecuencia de sus características, divulgadas hasta el hastío en cualquier horario de desprotección al menor. La indetificación con la familia se funda en una escala de valores querible, humana.
El fenómeno se ha repetido, Silvino y Graciela recorren un itinerario transitado. Lo estilizo. La víctima, los familiares lo son, se planta frente a un micrófono o una cámara y cuenta el origen de su desdicha. Es una persona común, no tenía antes compromisos políticos (o si los tenía, no argumenta en su nombre), algo rompió la inercia de su existencia, algo la cambió definitivamente. Es irreparable. La vida de esa víctima ya nunca será la misma y por eso se dirige a personas que se parecían a ella (las más veces) o a él antes de la privación. De privación hablamos, porque las víctimas estaban mejor, en un sentido sustantivo, antes de que ese “algo” aconteciera. “Yo era como vos” le dice la víctima al espectador de la televisión o la radio. “Lo que me pasó te puede pasar porque la gente común está en riesgo, si las cosas no cambian”.
“Yo no quiero venganza, quiero justicia”. Justicia no es sólo sanción a los culpables sino un cambio de escenario, parcial pero ineludible. Justicia es que la muerte de Fernando no haya sido en vano, que "esto no se repita". Una sentencia justa, severa, forma parte de ese camino imaginario. Desprovista de detalles o de espinas en los que entraremos más abajo, es una noble utopía republicana. Las instituciones funcionan, las leyes se aplican, los culpables tienen castigo impartido por un estado imparcial... la sociedad mejorará. Casi no hace falta agregar que este cronista enaltece esos pensamientos aunque descree de que su resultado promedio sea tan virtuoso.
Los familiares, larga prosapia, renuncian a la mal llamada “justicia por mano propia”. O, por mejor decir: a la violencia privada, a la vendetta. Acuden a la ley y a las instituciones que deberían regular proporcionalidad en los castigos y frenar la violencia entre particulares. Deberían.
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Se reclaman “condenas ejemplares”, que disuadan a potenciales, futuros delincuentes. Todo a contrapelo de las experiencias dominantes en sociedades de masas, desiguales, con sistemas carcelarios brutales. En la sociedad argentina, entre tantas.
Los familiares tendrían “derecho” a sacarse. No lo tendrían a agredir pero su emoción atenuaría potenciales críticas o sanciones. Raro que suceda, no sucedió esta vez. Quienes se indignan, vociferan “que se pudran en la cárcel” o se solazan imaginando perversos delitos intracarcelarios, son formadores de opinión o dirigentes que tendrían que dar el ejemplo. No los impulsa el dolor, sino el oportunismo, dicho con moderación.
Este cronista rehúye, hoy y acá, escudriñar la función social de las penas. No cree que, en tendencia, sirvan en la mayoría de los casos para resocializar a los condenados ni para disminuir la cantidad de delitos. En el borde, supone que si se agravaran mucho las penas por delitos económicos de guante blanco y se castigara con frecuencia a sus autores (dos quimeras) tal vez estos seres racionales que se mueven con fines de lucro se automoderarían. Tal vez.
Aquí y ahora una de las funciones sociales de la pena es dar respuesta estatal a las víctimas. Reparar. Acompañar el dolor, ayudarlos a pensar que la tragedia no los dejó solos, a la intemperie. De nuevo, que tanto sufrimiento no fue en vano.
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La pena de muerte es un engendro abolido por la Asamblea del Año XIII. La cadena perpetua, otro, insoportable en pleno siglo XXI. Se reinstauró hace contados años como respuesta a un delito que puso en vilo a la sociedad... pésima práctica legislar en trance de furor. Las víctimas merecen mucho, queda dicho, pero no se debe legislar (proyectar para el largo plazo) enancados en su sensibilidad. Ni el dolor les atribuye conocimiento penal. Tampoco se debe dar cabida al oportunismo derechoso o demagógico de políticos con ambiciones veloces y principios lábiles.
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En un sistema penal judicial garantista como el argentino es aberrante negar a los tribunales un margen para aplicar penas. Si para los delitos tipificados por el Tribunal de Dolores existiera una escala entre “n” años (una enormidad, siempre) y la cadena perpetua, los magistrados podrían haber determinado sanciones que dejaran un resquicio de luz a los acusados, hombres de 20 años. Y una pizca de alivio a sus familiares sobre quienes se vuelcan agresiones y reproches rústicos. Los acusados son mayores de edad, gozan de libre albedrío. Viven en un país donde es moda querer bajar la edad de imputabilidad. en dichos contextos configura otra demasía (que retoma un slogan de la dictadura) responsabilizar por su conducta a los padres que sufren lo suyo.
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Los debates públicos son valiosos. Interesante que los argentinos oigan, argumenten tanto, se crucen posturas distintas. Pero la furia que coloniza todo desvirtúa las polémicas. En un momento hay que volver al principio y a los principios. Fernando es la primera y principal víctima. Sus asesinos, conforme las leyes vigentes, deben ser sancionados con dureza, sin sadismo.
El homicidio es uno de los crímenes más repudiables. La patota un mecanismo cobarde, desacreditado desde los códigos barriales. La conducta de los condenados, durante la breve masacre, en el tiempo inmediato posterior y durante tres años no produjo un gesto de contrición, un pedido de perdón, un mensaje para comunicarse con las otras víctimas irreparables.
Pero el rigor penal tendría que marcar un límite infranqueable. Bastante tienen los victimarios con los tres años de reclusión transcurridos y la injusta eternidad que les espera. Una secuencia de recursos que insumirán años.
Los familiares anhelan trascendencia en doble acepción. Repercusión pública, resonancia, escucha, valorización de su palabra, por un lado. Por otro, un resultado social, una compensación que sobreviva ahora que Fernando no está. Esos estadios articulan el duelo, le dan sentido, una base.
Ojalá Graciela, Silvino, la novia y los amigos de Fernando, encuentren entre tantos gestos de cariño, algún cobijo, alguna variante de ternura, una versión colectiva del abrazo.
Cinco rugbiers condenados a perpetua y tres a 15 años de prisión por matar a Báez Sosa
El día en que la Justicia se acordó de Fernando
Los padres de la víctima se mostraron conformes con la sentencia, aunque anunciaron que apelarán las tres penas menores. Cómo se vivió la lectura del fallo.
Por Maria Daniela Yaccar
Imagen: EFE
Desde Dolores
El tono aséptico de la lectura del veredicto en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa fue interrumpido por una situación de fuerte carga emocional. Máximo Thomsen --señalado durante todo el mes de enero como el líder del grupo que mató a golpes y patadas al joven en Gesell en enero de 2020-- se descompensó y tuvieron que brindarle atención médica. "¡Machu!", gritó con desesperación su madre cuando esto ocurrió, antes del desalojo de la sala y de una pausa en la lectura. Se retomó minutos más tarde ya sin Thomsen en el recinto. El, Luciano y Ciro Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli fueron condenados a prisión perpetua como coautores de homicidio doblemente agravado por alevosía y concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal de lesiones leves. Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi fueron sentenciados a 15 años de prisión como partícipes secundarios del mismo crimen.
Así, el Tribunal Oral en lo Criminal 1, integrado por María Claudia Castro, Emiliano Lázzari y Christian Rabaia, mantuvo la tipificación solicitada por la querella y la fiscalía, pero en lugar de condenar a los ocho jóvenes a perpetua como coautores dejó fuera de la pena máxima a tres de ellos. El tribunal solicitó que fueran alojados nuevamente en la Alcaidía 3 del penal bonaerense de Melchor Romero, en La Plata, donde cumplían prisión preventiva desde marzo de 2020 hasta el comienzo del proceso en la ciudad de Dolores. Hacia allí los trasladaron en la tarde del lunes. Los jueces ordenaron, por otra parte, que se investigue a Juan Pedro Guarino y a Tomás Colazo por presunto falso testimonio, tal como lo había solicitado la fiscalía.
"Estamos conformes pero queremos perpetua para todos", dijo Silvino Báez cuando junto a Graciela Sosa se retiraban del edificio. Sus abogados y la fiscalía ya adelantaron que apelarán las tres sentencias que no fueron a prisión perpetua. "Vamos a Casación. No tengo nada para decir hoy", anticipó, por su parte, Hugo Tomei.
La pequeña sala, en el primer piso, estaba más llena que en las audiencias anteriores y con una presencia policial fortalecida. Afuera, en un día soleado y muy caluroso, se había desplegado desde las 6 un operativo de seguridad con 150 efectivos y un vallado que abarcaba seis manzanas, prohibiendo el tránsito vehicular y restringiendo el peatonal. Vecinos de Dolores, organizaciones de familiares de víctimas de distintos crímenes y autoconvocados que llegaron de diversos puntos de la provincia para respaldar a Graciela y Silvino seguían la resolución de los jueces a través de sus celulares o las pantallas de los bares del centro.
En la confitería La Ley, en diagonal al Palacio de Tribunales, las condenas a perpetua fueron festejadas casi como un gol. La descompensación de Thomsen suscitó ironías y las condenas menores fueron rechazadas con insultos. "Asesinos" y "perpetua" eran los gritos que más resonaban en las calles de una ciudad con espíritu de pueblo --prolija ciudad de motos y perros, y de un carnaval que se celebró el domingo-- totalmente alterada por este suceso hipermediatizado.
A la izquierda de la sala, rodeados como siempre de un anillo de 11 custodios, los ocho acusados escuchaban de pie la lectura del veredicto. Su abogado defensor, el impasible Tomei, le había pedido autorización para ello a la jueza Castro, en una señal de "consideración" de la defensa y de los --hasta ese momento-- imputados para con el tribunal.
Federico Marasco, secretario del tribunal, ya había nombrado a cada uno de ellos y comunicado las penas; había cumplido con la formalidad de detallar, también, sus nombres y apellidos, documentos de identidad, apodos --si los tenían--, ocupaciones, de quiénes eran hijos, fechas de nacimiento, domicilios. Todo con una fugacidad que contrastaba con la imagen de lo que les espera, porque no habían pasado ni diez minutos desde el comienzo de la audiencia. Cuando ya estaba casi todo dicho --Marasco terminaba de puntualizar en los partícipes secundarios-- Thomsen comenzó a balancearse lentamente, a entrecerrar los ojos, y terminó sentado.
Los oficiales de Infantería se miraban impávidos. Rosalía Zárate, mamá de Thomsen, pidió un médico "por favor". La jueza solicitó atención para el joven de 23 años y pidió a la prensa el desalojo de la sala.
"¡Déjenme verlo!", "¡déjenme estar con él!", "esto es una mentira, saquen a todos los periodistas, la puta que los parió", "tres años torturándolo, no me importa más nada", gritaba Zárate. Ella ocupaba uno de los tres pupitres en los que se distribuían los padres de los condenados, también a la izquierda de la sala. En un principio la contenía, la abrazaba, su hijo mayor, Francisco. Después se levantó, como queriendo hacer físicamente todo lo posible para estar cerca de Máximo, quien no regresó al recinto cuando se retomó la lectura.
Estuvieron presentes, además, los padres de Comelli, Marcelo Comelli y María Alejandra Guillén; Marcos Pertossi, padre de Lucas; María Paula Cinalli, madre de Blas Cinalli; María Elena Cinalli y Mauro Pertossi, padres de Luciano y Ciro Pertossi; los padres de Benicelli, Mónica Ester Zárate y Héctor Benicelli; los padres de Viollaz, Sergio Viollaz y Erica Edith Pizzatti. Todos de una manera u otra reflejaban dolor: las parejas se acariciaban; algunos lloraban; sus cuerpos se deslizaban sobre los bancos con las manos en posición de ruego y la cabeza agachada. Marcos Pertossi se enojó dos veces: primero protestó porque la prensa había ocupado uno de los pupitres, según él, reservado para familiares. Luego porque una mujer intentó sacarles una foto a los acusados en su ingreso, algo que está prohibido, salvo en casos de medios autorizados.
Una hilera de uniformados se plantó en el medio del espacio. En total eran una veintena. El lado derecho estaba ocupado por abogados del equipo de Burlando y familiares y amigos de la familia Báez Sosa. En este sector estaban Tomás D’ Alessandro y Juan Manuel Pereyra Rozas, dos amigos de la víctima que declararon como testigos. Graciela y Silvino, por su parte, ocuparon el mismo lugar que en los alegatos, detrás de sus abogados.
Por las calles de Dolores --una ciudad que hizo propio su dolor, así como también el pedido de perpetua para todos los agresores-- fueron aplaudidos al igual que Fernando Burlando. Desde temprano, integrantes de organizaciones de familiares de víctimas de distintos crímenes --como Matanza Duele y Familiares de Víctimas Activos en la Lucha-- comenzaron a acercarse a la zona de Tribunales. Habían llegado en micros y vehículos particulares. También se juntaron autoconvocados de distintos puntos de la provincia, como un grupo que se había organizado por Facebook y llegó en una combi. Carteles, banderas y remeras con la cara de Fernando y otras víctimas se integraron al paisaje. A la consigna de "Si no es perpetua no es justicia" --visible en locales, árboles y postes-- se sumó la de "Ni olvido ni perdón". Se veían también banderas de Paraguay. Desde ese país habían llegado familiares de Fernando. Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, Juan Carlos Blumberg y Alejandra y Oscar Rossi --padres de Julieta Rossi, la novia de Fernando al momento del homicidio-- también estaban en el lugar.
"¡Pena de muerte!", pidió una mujer frente a la Plaza Castelli, la principal de Dolores, mientras los manifestantes saludaban, celebraban y filmaban a Burlando, rodeado de efectivos. "La gente esperaba perpetua para todos. Para los tres que recibieron menos condena espero que se apele en Casación. Son todos asesinos", opinaba Laura Montes de Oca (57). "Se hizo justicia. Cada uno tiene que tener lo que merece", matizaba Mónica, que había llegado desde Florencio Varela. Las últimas horas de la tarde del lunes mostraban a algunas de las vallas azules utilizadas en la jornada amontonadas en las esquinas. Pero las que rodeaban al Palacio de Tribunales permanecían firmes en su lugar, incluso con sus carteles y banderas, cumpliendo la función de una suerte de altar dedicado a Fernando.
Qué dijeron ante el tribunal y la acusación de la Fiscalía
Por qué investigarán por falso testimonio a Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo, amigos de los rugbiers que declararon en el juicio
"No se acordaron de nada de lo que pasó, por lo que no tengo dudas que estas personas por omisión mintieron", explicaba el fiscal Dávila durante su alegato. A cuánto asciende la posible pena por el delito de falso testimonio.
Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo, sobreseídos.
Los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia hicieron lugar al planteo de la fiscalía para que se extraigan copias de la causa y se inicie una investigación para establecer si los dos jóvenes, que no fueron sometidos a juicio, cometieron falso testimonio.
Guarino formaba parte del grupo de amigos de Zárate que vacacionaba en Villa Gesell cuando ocurrió el ataque a Fernando Báez Sosa. Inicialmente fue imputado junto a Alejo Milanesi, pero con el avance de la investigación quedaron sobreseidos en abril de 2021.
Colazo, por su parte, fue nombrado como el "sospechoso número 11", pero no recibió imputación. Era menor de edad cuando ocurrió el crimen el 18 de enero de 2020 y no compartía el alojamiento con los otros jóvenes de Zárate, ya que él estaba en Villa Gesell con su familia, pero si acompañaba a los acusados en sus salidas nocturnas.
Ambos declararon en enero como testigos en el juicio oral. Guarino dijo haber visto a Thomsen junto a "un chico tirado" y que supuso que "se estaban peleando de vuelta". "Vi a Máximo al lado de un chico tirado. Me imaginé que se estaban peleando de vuelta, y ya cansado, me fui. Porque habíamos ido de vacaciones a pasarla bien. Ellos ya se habían peleado en otras ocasiones", señaló.
La fiscalía estima que mintieron. “Voy a hacer referencia a testigos de la defensa, me voy a referir a Pedro Guarino y Tomás Colazo. Ellos mismo se ubicaron, cuando se les exhibieron los videos, parados detrás de un auto, pegados a la pared, mientras que a dos o tres metros de ellos se estaba produciendo el ataque”, expuso el fiscal Dávila.
Y agregó: “Inmutados quedaron, no se acordaron de nada de lo que pasó, por lo que no tengo dudas que estás personas por omisión mintieron, por lo que se va a solicitar que se inicie una causa por separado por falso testimonio”.
Ahora el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores aceptó la apertura de una causa por falso testimonio contra Guarino y Colazo para investigar si efectivamente dijeron la verdad frente al tribunal, como están obligados a hacer. La pena prevista para ese delito va desde un mes a cuatro años de prisión.
Condenaron a cinco rugbiers a prisión perpetua
Este 6 de febrero se conoció la sentencia del juicio que comenzó el 2 de ennero en los Tribunales de Dolores contra los ocho rugbiers imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, que tenía 18 años cuando fue atacado a golpes a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.
Cinco de los rugbiers, Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, como "coautores penalmente responsables por los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves", fueron condenados a prisión perpetua.
Mientras, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, como partícipes secundarios, fueron condenados a 15 años de prisión.
Este lunes se conoció la sentencia en el caso Báez Sosa
Condena social y mediatización extrema: qué implica la "demonización" de los imputados en un crimen
En AM750, la psicoanalista Andrea Edith Homene reflexionó sobre el punitivismo y el "discurso vengativo contra quienes cometen actos horrorosos".
Imagen: Télam
Luego de conocerse la sentencia en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, la psicoanalista Andrea Edith Homene reflexionó este lunes sobre las implicancias de la condena social y la demonización en los medios de comunicación sobre los imputados en hechos de gran repercusión en la opinión pública, como en el caso del joven asesinado a golpes en Villa Gesell o en el de Lucio Dupuy, el niño de 5 años que murió en La Pampa.
La semana pasada, la profesional publicó una nota en Página/12 en la que ahonda en esta problemática. "La condena social se impone de inmediato y los voceros de 'la gente', así le dicen, piden, exigen, claman por una venganza contra todos estos 'monstruos'; invitan a que otros reclusos tomen en sus manos la ejecución de los acusados de tan terribles delitos. Si alguno de ellos se quita la vida, festejan la muerte: 'este/a no jode más a nadie'... 'uno menos'", dice el artículo, que lleva el título de "Victimarios".
En diálogo con AM750, Homene reforzó el concepto y apuntó contra la utilización del caso Báez Sosa por parte de los medios de comunicación: "Independientemente de la naturaleza de este caso, la realidad es que los medios tienen una fuerte incidencia en cuáles son los hechos a los que se les va a dar trascendencia y cuáles van a pasar desapercibidos", reflexionó.
"Con relación al crimen de Lucio Dupuy, en el medio de su trascendencia mediática hubo dos asesinatos de dos niños, Renzo y Milena, y solo hubo dos noticias y los casos se abandonaron. Seguramente porque en el caso de Dupuy había otros elementos que convertían a las victimarias en un objetivo más atractivo para la demonización de la televisión", agregó, en diálogo con Aquí, allá y en todas partes.
Y remarcó: "Ninguna sociedad que se pretenda mínimamente sana y respetuosa de los derechos de cada uno, aún en aquellos que cometen hechos disvaliosos, puede pretender que el cumplimiento de la pena sea en el marco de un contexto degradante o humillante como proponen, en gran medida, las condiciones de nuestro sistema penitenciario actual".
Por último, señaló: "La sociedad pretende mantenerse a salvo de estos individuos ubicándolos como ajenos. Tienen que ser ubicados como extraños del cuerpo social, por eso se los descalifica y se los ubica en una categoría monstruosa",.
"Hay un sadismo que parece estar habilitado por el hecho de que han cometido los imputados. Habilita a que nosotros, como sociedad, ejerzamos una crueldad sobre los mismos", concluyó.
Fuente:Pagina12
