ROSARIO: Casación decidió rechazar recursos de represores en las causas Feced I y II.

Ratifican sentencias 
Casación decidió rechazar recursos de represores en las causas Feced I y II 
Habían solicitado la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos contra más de cien víctimas que estuvieron secuestradas en el Servicio de Informaciones de Rosario que funcionó en la ex Jefatura –también conocido como El Pozo–, además de la vigencia de la ley de Obediencia Debida 27 de diciembre de 2018

La sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió rechazar los recursos de casación interpuestos por las defensas de los represores en la causas conocidas como Feced I y Feced II.

En las decisiones del tribunal de alzada se analizaron los crímenes cometidos contra más de 100 víctimas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino ubicado en las instalaciones del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario, también conocido como El Pozo, dependiente del Segundo Cuerpo del Ejército.

Entre otras cuestiones, se rechazaron planteos de las defensas vinculados con la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y la vigencia de la ley de Obediencia Debida.

El referido tribunal oral, en la primera decisión, había condenado a prisión perpetua a Ramón Genaro Díaz Bessone (ex comandante a cargo del Segundo Cuerpo del Ejército) y a José Rubén “Ciego” Lo Fiego (ex oficial de policía de la provincia de Santa Fe, con prestación de servicios en la División Informaciones de la Unidad Regional II).

A su vez, también fueron condenados otros ex oficiales de la mencionada Policía provincial: Mario Alfredo “Cura” Marcote, a 25 años de prisión –absuelto por un hecho–; Ramón Rito Vergara, a la pena de 12 años, y José Carlos Antonio Scortechini, a 10 años de cárcel –absuelto por otros hechos–.

Por último, en esa sentencia se absolvió a Ricardo Miguel Chomicki al considerar que, por tratarse de un “detenido-desaparecido”, su responsabilidad como “colaborador” de los citados condenados, se encontraba eximida.

En la segunda causa fueron juzgados los policías provinciales que integraron el grupo de tareas conocido como La Patota de Feced. En esa oportunidad, el tribunal había condenado a prisión perpetua a Carlos Ulpiano Altamirano; a 22 años de prisión a los imputados Lucio César Nast, Eduardo Dugour, Julio Héctor Fermoselle y Ernesto Vallejo; a 20 años de cárcel, al acusado Ramón Telmo Alcides Ibarra; a 18 años al encausado Ovidio Marcelo Olazagoitía, y a 12 años de prisión al ya nombrado Lo Fiego. Finalmente, en esa decisión el imputado Pedro Travagliante resultó absuelto en todos los casos por los que había sido acusado.

Fuente:ElCiudadano&Laregion

EL TRIBUNAL EXPLICO PUBLICAMENTE LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA EN LA CAUSA NAST.

EL TRIBUNAL EXPLICO PUBLICAMENTE LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA EN LA CAUSA NAST

La histórica venganza de la verdad

La jueza Noemí Berros detalló durante más de dos horas por qué condenaron a nueve de los integrantes de la patota de Feced y absolvieron a uno. Y dio clases sobre el valor de los testigos en las causas por delitos de lesa humanidad.

Por Sonia Tessa

Noemí Berros, jueza de Paraná que presidió el Tribunal Oral número 2 durante la causa Nast.Imagen: Alberto Gentilcore

Por primera vez en juicios por delitos de lesa humanidad de Rosario, la presidenta del Tribunal Oral Federal número 2, Noemí Berros, hizo una exposición oral de los fundamentos de la sentencia que leyó el 10 de octubre pasado en la causa Nast. En ese proceso se juzgó a diez ex policías integrantes de la patota de Feced que comandó el centro clandestino de detención Servicio de Informaciones (SI), por donde pasaron unos 2000 detenidos ilegalmente. La magistrada se tomó más de dos horas para explicar el fallo frente a un público integrado por querellantes y militantes de derechos humanos. El texto escrito tiene 1147 fojas, que en general se entregan a las partes en un CD. "Este Tribunal entiende que hay exigencias de fuente democrática, y por eso venimos a dar la cara y a decir por qué condenamos a nueve imputados y absolvimos a uno", dijo la jueza que reside en Paraná, y presidió el Tribunal integrado por el también entrerriano Roberto López Arango junto a la santafesina María Ivon Bella.

Durante el proceso que comenzó en febrero pasado, el Tribunal escuchó a 63 testigos víctimas. Uno de los puntos más altos de la exposición de Berros fue cuando habló de cómo ponderaron esas declaraciones. "Los testigos víctimas en este tipo de causas son necesarios, forzosos, indispensables", dijo y más tarde explicó cómo sopesaron la veracidad de sus dichos. "Un hecho notorio que hemos podido percibir fue el exclusivo propósito de verdad. Nadie dijo acá que recordaba lo que había olvidado. No ha habido ningún propósito de venganza. Y si se me permite una licencia poética, podemos decir que su única venganza fue contar la verdad".

Prueba
La magistrada consideró que "la prueba es muy abundante, pese al robo de Tribunales de (el 8 de octubre de) 1984", en el que se sustrajo importante documentación de la represión ilegal en Rosario. Sobre el final, habló de la "reconstrucción colectiva" que cimentó esta causa judicial. Pero antes explicó detalladamente por qué condenaron a Carlos "Caramelo" Altamirano a prisión perpetua, como autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos, homicidios calificados (en dos hechos) y asociación ilícita. Este represor era el único acusado por homicidios, los de los ciudadanos peruanos María Antonieta y Rory Céspedes Chung. En cambio, a Lucio "Ronco" Nast, Julio "Eduardo" Fermoselle, Ernesto "Managua" Vallejo y Eduardo "Picha" Dugour les aplicaron 22 años de prisión; a Ramón "Rommel" Ibarra lo condenaron a 20 años, a Ovidio "Vasco" Olazagoitia le dieron 18 años, a Lofiego 12 años (sólo por dos casos, pero ya cuenta con una condena a prisión perpetua en la causa Díaz Bessone), a Ricardo "Conejo" Torres ocho años y en cambio, por una "duda insalvable" absolvieron a Pedro Travagliante.

Berros explicó --como si estuviera dando una clase en la Facultad de Derecho-- qué significa la "coautoría funcional por reparto de tareas", e indicó que "todos tenían roles intercambiables, todos participaban de todo", pero aclaró que "no será la pertenencia al Servicio de Informaciones el criterio para delimitar la autoría, sino la presencia al momento de los hechos y la función. Porque el Estado que llevaba adelante esta empresa criminal tenía una faz pública y una clandestina. Había que probar que los acusados participaban en la faz clandestina". En eso estribaba la "duda insalvable" con Travagliante, ya que sólo dos de los testigos lo habían recordado.

En cada uno de los casos, Berros evidenció la prueba objetiva que ponderaron --no sólo testimonios sino documental de la propia policía e indicios-- y mostró un conocimiento exacto de cada detalle, al cotejar, por ejemplo, fechas de secuestros de las víctimas con motivos de licencias aducidos por los represores en su defensa. En el caso de Dugour, por ejemplo, Berros rebatió el argumento de una licencia por enfermedad --que había dado el acusado-- al indicar que el artículo de licencia consignado en el legajo era el 28, que significaba cambio de lugar de trabajo. "Estuvo 280 días de licencia con reintegro de tareas en el SI", expresó y consideró que "Picha (Dugour) dirigía uno de los tres grupos que salían a secuestrar".

Paradigma
Berros detalló que el promedio de edad de las 43 víctimas de los delitos juzgados en este proceso fue de 23,8 años. Pero el 9,3 por ciento fueron niños, menores de 18 años (Cantero, Marcelo de la Torre, Carmen Lucero y Laura Hanono). "Hemos juzgado una pequeña porción del capítulo rosarino del emprendimiento criminal más vasto que se desarrolló en todo el país", expresó.

La magistrada hizo un racconto del paradigma de los derechos humanos y para eso destacó que "la normatividad y la interpretación jurídica de la segunda década del siglo 21 no es la misma que en la penúltima década del siglo 20". Consideró que el paradigma para juzgar delitos de lesa humanidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación --que sentó jurisprudencia con los fallo Arancibia Clavel, Simón y Maceo-- es "un ejemplo en el mundo" y "sintetiza un nuevo contrato social de los argentinos".

Aunque el Tribunal no aceptó la calificación de genocidio pedida por la querella de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas --que llevaron adelante Gabriela Durruty y Jessica Pellegrini--, sí dio lugar a ese concepto en el "contexto" de los delitos. "Toda sentencia significa un acto de comprensión y de nominación y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entendemos que nominar como genocidio lo que nos ocurrió entre 1976 y 1983 es producir verdad", enfatizó.

Para Berros, como vocera y presidenta del Tribunal, "toda la tecnología represiva y criminal" de la dictadura "cívica-militar-eclesiástica" tuvo "como eje a los desaparecidos".

"La tragedia argentina superó en perversidad a Sófocles", afirmó. Antígona luchó contra Creonte para que su hermano tuviera sepultura. "Es más perversa la argentina, porque no hubo cadáveres y las Antígonas argentinas siguen buscando los restos de sus hijos y de sus hermanos para darles sepultura", apuntó.

Sobrevivir
Contó que al hacer la inspección judicial al Servicio de Informaciones, un lugar que no habían visitado antes, no les fue difícil ubicarse en la escalera, el bulevar "Perdiste" (llamado así por los presos porque era la antesala de la tortura), la sala de tormentos, la contigua y comunicada oficina de Lofiego, el semipiso de la Favela, donde llevaban a aquellos cuyo destino no estaba decidido y el subsuelo, que era el lugar previo al blanqueo.
"Ya lo habíamos visto en los 58 testimonios que habíamos recibido antes", dijo la magistrada a modo de metáfora.

Si hubo un momento en el que la exposición puso la piel de gallina a los presentes, fue cuando detalló cómo habían ponderado las declaraciones de los testigos-víctimas. "La memoria no se opone al olvido, sino que tiene un rasgo fundamental, que es la selección", dijo antes de resaltar que habían "podido percibir el exclusivo propósito de verdad. Nadie dijo acá que recordaba lo que había olvidado". Entonces, citó a Primo Levi, sobreviviente de un campo de concentración nazi y autor de "Los Hundidos y los Salvados", como así también al filósofo italiano Giorgio Agamben, quien encontró que "una de las razones para sobrevivir" a la experiencia concentracionaria fue convertirse en testigos. "Y nosotros lo vimos en este Tribunal. No es casual que hablaran de sus padecimientos, pero más de los que sufrieron los que tenían al lado. Fue un testimonio por delegación, el testimonio de un testimonio que falta. Acá, junto a Carmen Lucero declaró Tony Farías, y (Carlos) Pérez Rizzo trajo a Cristina Costanzo", dijo la jueza. Lucero, que estaba en la sala, estalló en llanto. Farías era su compañero, hoy desaparecido. Igual que Constanzo, víctima de la masacre de Los Surgentes. Eso que las víctimas dicen una y otra vez al terminar sus testimonios, que lo hacen en nombre de sus compañeros desaparecidos, esta vez tuvo la fuerza de una sentencia judicial. Quedó escrito para la historia.




Una obligación democrática

Tras la exposición de la jueza Noemí Berros de los fundamentos de la sentencia en la causa Nast, la abogada querellante por HIJOS, Nadia Schujman, ponderó la decisión. "Me pareció importante, más allá de los fundamentos que tuvieron algunas cuestiones novedosas. En Rosario es la primera vez que un Tribunal lo hace, y además, reconociendo que el Poder Judicial está obligado a a ser escrutado por la sociedad y debe dar cuenta de sus actos", opinó la abogada, que consideró esencial "que los jueces vayan entendiendo que esa es parte de sus funciones". Además, Schujman señaló la valoración a la "reconstrucción colectiva" que significó la causa por parte del Tribunal. "Los fundamentos refuerzan que no arrancamos de cero, que hay una construcción y una acumulación muy grande".

Por su parte, Gabriela Durruty, de la querella de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, ponderó al Tribunal. "Nos sorprendió para bien este concepto que dijo que el Tribunal había decidido que también tenían una obligación con nuestra democracia que es explicar públicamente las decisiones judiciales de esta sentencia que afecta de alguna manera a todos". Durruty elogió que Berros haya explicado "conceptos muy específicos, en forma clara, sin desvirtuarlos, más allá de algunas diferencias de criterio que tenemos, y de interpretación, y que los seguimos sosteniendo". Para Durruty, fue un "fallo histórico" y fue más allá: "Este fallo y el fallo del triple crimen (que se conoció el jueves) marcan una bisagra, porque unifican un proceso de lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, que hacen posible pensar en otra ciudad".

Fuente:Rosario12

LOS JUZGA UN TRIBUNAL LOS CONDENAMOS TODOS.

viernes, 17 de octubre de 2014
Postales de justicia y memoria para la eternidad
María Adelaida Vergini (APE)

Ya lo decía Carlos del Frade en APE el lunes pasado. Rosario es una ciudad archipiélago… Islas nebulosas donde lo institucional parece ser cómplice de los dueños de las armas y las drogas. Y también escribía que en esa geografía de varias ciudades en una, los números de las ausencias crecieron hasta los 264 homicidios durante 2013. La mayoría pibes y pibas menores de 35 años. Ya en 2014 las cifras se multiplican a pesar de los rimbombantes megaoperativos. En ese contexto, el intendente de Santa Fe suspendió la venta legal de armas y municiones. Las vidas de ayer y de hoy siguen hundidas en la perversidad. En estos días la Justicia –con esa lentitud que hace estragos en las vidas- condenó a un grupo de militares por los crímenes de ayer. Mientras los de hoy siguen devorando a nuestros jóvenes. Por más que esté prohibido comprar armas.
APE

Con sus cámaras en mano se reacomodan. Buscan el mejor lugar. Casi todos se paran frente a las sillas que se dispusieron en el centro del Bv. Oroño, frente a los Tribunales Federales de Rosario, para que familiares, víctimas, testigos, querellantes y miembros de organismos de derechos humanos escuchen la sentencia del juicio a diez integrantes de la patota Feced, que actuó en el centro de detención Servicio de Informaciones de Rosario durante la última dictadura militar.



Se arrodillan, se paran, se vuelven a arrodillar. Se mueven. Buscan dónde subirse para tomar desde lo más alto la panorámica de lo que se está viviendo.

Lo que se está viviendo es justicia.

Los objetivos de sus cámaras se despliegan hasta alcanzar el mejor detalle: la emoción en una mirada, brazos en alto de celebración, bocas abiertas por gritos de alegría, por fin, sonrisas de festejo, por suerte, pocos abucheos. Cada uno busca su postal que inmortalizará para la eternidad un hecho histórico, la sexta condena en la ciudad cuna de la bandera nacional a represores de la última dictadura cívico militar, la justicia que tanto se hizo esperar, por la que tanto lucharon esas miradas, esos brazos, esas sonrisas.

Y hay un abrazo, entre tantos, que toma la cámara de un fotógrafo rosarino. Es el abrazo entre María Inés Luchetti de Bettanín y Alicia Lesgar. Horas después, contará en su crónica el periodista de Rosario3.com, medio en el cual se publicó la foto que “María Inés, ‘Nené’, es una de las víctimas de la causa y sobreviviente del ex Servicio de Informaciones (SI), centro clandestino de la vieja Jefatura. Alicia es familiar y de las primeras luchadoras. En enero de 1984, Nené llegó a Rosario para iniciar -casi en soledad- las denuncias por violaciones de los derechos humanos. Aquel día se quedó a dormir en la casa de Alicia. Este abrazo intenso de viernes soleado tiene la profundidad de esos más de 30 años de espera de justicia. Y se nota”.(1)

Y se abrazan, sabremos por la misma nota, en ese momento, en el que la presidente del Tribunal Oral Federal número 2 (TOF 2), Noemí Berros, comunica la condena de cadena perpetua para Carlos Ulpiano Altamirano acusado por el homicidio de los hermanos peruanos Rory y María Antonieta Céspedes Chung, que fueron asesinados en medio de una falso procedimiento montado por los policías al mando de Feced para cubrir la muerte de Conrado Galdame, que según testigos había tenido lugar dentro del SI. La decisión de los Jueces desató las mayores demostraciones de alegría, de satisfacción, de deuda saldada. De víctimas justiciadas.

Hay más abrazos. El de una parejita joven, muy joven, quizá con los mismos años que la democracia. El rodea con sus brazos los hombros de ella. La abraza fuerte. Juntos esperan- casi de espaldas al televisor que se dispuso frete a Tribunales para ver en vivo la lectura del fallo- justicia por alguna de las 43 víctimas que incluye este caso. O por todos. Ella tiene los ojos cerrados, bien cerrados, y su rostro una expresión de paz, quizá por cerrar un capítulo de la historia, quizá porque la memoria podrá, a partir de ahora, descansar convencida de que lo imposible sólo tarda un poco más.



El Tribunal se constituye a los fines de comunicar el veredicto, el que ha sido redactado en los siguientes términos. Primero: rechazar los planteos de prescripción de la acción penal y los de excepción de falta de acción formulados por la defensa por revestir las conductas imputadas y juzgadas el carácter de delitos de lesa humanidad ocurridos en el contexto histórico del terrorismo de Estado que asoló a nuestro país, en el marco del segundo genocidio nacional perpetrado entre los años 1975 y 1983”, se escuchaba por los parlantes que amplificaban lo que estaba ocurriendo dentro de Tribunales para todo el que quiera oírlo. Bajo esta aclaración, que califica a los actos cometidos como delitos de lesa humanidad y al proceso en su conjunto como el segundo genocidio nacional, los tres jueces se disponen a condenar.

Afuera, las imágenes congelaban los primeros aplausos, los esperados festejos. Adentro, los flashes perpetuaban a los acusados en su banquillo, algunos con sus cabezas ya gachas, como derrotados.

Muchos de los que aguardan la sentencia sobre Bv. Oroño también prefirieron mirar al suelo o cerrar los ojos, temerosos de escuchar lo que no querían. Es que a pesar de la alegría, también merodeaba un poco de temor porque la balanza de la justicia se incline, como tantas veces, para otro lado.

El TOF 2, sólo absolvió a uno de los condenados, Pedro Travagliante, mientras que al resto otorgó condenas que en su mayoría satisficieron a los abogados querellantes y fiscales, que salieron del estrado embriagados por la felicidad del logro colectivo. La sentencia determinó 22 años de prisión para Lucio Nast, Eduardo Dugour, Julio Fermoselle y Ernesto Vallejo; 20 años para Ramón Ibarra, 18 para Ovidio Olazagoitía; 12 años para José Lofiego (que ya cumple prisión perpetua por su condena en la primer parte de la causa Feced) y 8 años para Ricardo Torres. La mayoría acusado por privación ilegítima de la libertad y por tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos.

“Vigésimo”, continuaba cerca del final de la lectura la Jueza Berros, “Disponer que los condenados cumplan la pena privativa de la libertad en cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal lo que se coordinará con los magistrados a cuya disposición conjunta se encuentren”. El Tribunal ordenó la detención inmediata de los condenados argumentando el peligro de fuga y el derecho de las víctimas a ver satisfechas "sus legítimas pretensiones", luego de "haber tenido que sobrellevar con ejemplar serenidad y entereza, pero con firmeza y perseverancia, la ingente cantidad de obstáculos habidos para la investigación y juzgamiento de estos crímenes".(2)

Poco antes del mediodía de aquel 10 de octubre, se respiraba aire festivo en las inmediaciones de Oroño 940. Los fotógrafos habían llegado temprano, y fueron de los últimos en retirarse. Ninguno quería perderse la mejor postal, aquella que recorte la mejor porción de la realidad para contar que finalmente se concretó la justicia que durante décadas pareció estar adormecida en los cajones de quiénes detentaron el poder.

Aquella mañana de primavera, con un sol que acompañaba para que todo sea lo luminoso que tantos años de espera ameritaban, el aroma a justicia comenzó a filtrarse desde las hendijas de las puertas de los Tribunales Federales de Rosario y afuera se vivió una fiesta popular. Afuera se empezaba a festejar ese triunfo colectivo, el mismo colectivo que viene a decir que la lucha no está perdida.

Notas:
1) http://www.rosario3.com/noticias/noticias.aspx?idNot=153307
2) http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/18-46174-2014-10-11.html

Fuente:Argenpress

LOS JUZGA UN TRIBUNAL LOS CONDENAMOS TODOS.

La cárcel ya

Por Sonia Tessa

El Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario condenó a nueve de los diez acusados en la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Las máximas penas para los ex miembros de la patota de Feced fueron desde los 22 años a cadena perpetua. Ordenaron su inmediato traslado a cárceles comunes.

SATISFACCION POR LAS CONDENAS A OTROS NUEVE INTEGRANTES DE LA PATOTA DE FECED.

Años de lucha para poder llegar a este día

Las condenas fueron para el grupo de tareas de la policía rosarina que actuó en el centro clandestino de detención Servicio de Informaciones, por el que pasaron alrededor de 2000 detenidos. "Caramelo" Altamirano
recibió la máxima pena: Prisión perpetua.

Por Sonia Tessa

Organismos, Madres y militantes de distintos sectores celebraron frente al tribunal federal.

Imagen: Sebastián Granata
El sol caía a plomo sobre el cantero central de bulevar Oroño, frente a los Tribunales Federales. Una multitud miraba el televisor que transmitía el veredicto. Había banderas, fotos de la Madre de Plaza de Mayo Herminia Severini, globos de colores, termos, mates y sobre todo, mucha expectativa. Nueve de los diez acusados fueron condenados. Cuando la presidenta del Tribunal Oral Federal número 2, Noemí Berros, leyó la pena de 22 años de prisión para Lucio ("Ronco") Nast por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, los aplausos la acompañaron desde afuera. La explosión fue mayor cuando dictó la prisión perpetua para Carlos ("Caramelo") Altamirano, culpable del asesinato de los hermanos peruanos Rory y María Antonieta Céspedes Chuang. En la calle y adentro de la sala de audiencias, hubo un estallido de alegría. La mayoría de las condenas fueron acordes a los pedidos de las fiscalías y las querellas. Lo más destacado, e inédito, fue que el Tribunal ordenó la inmediata detención de los condenados en cárceles del Servicio Penitenciario Federal, atento al peligro de fuga y el derecho de las víctimas a ver satisfechas "sus legítimas pretensiones", luego de "haber tenido que sobrellevar con ejemplar serenidad y entereza, pero con firmeza y perseverancia, la ingente cantidad de obstáculos habidos para la investigación y juzgamiento de estos crímenes".

Ni siquiera la absolución de Pedro Travagliante empañó la satisfacción por las condenas a otros nueve integrantes de la patota de Feced, el grupo de tareas de la policía rosarina que actuó en el centro clandestino de detención Servicio de Informaciones, por el que pasaron alrededor de 2000 detenidos, durante la última dictadura militar cívico﷓militar. Además de Nast, también Eduardo ("Picha") Dugour, Julio ("Darío") Fermoselle y Ernesto ("Managua") Vallejo fueron condenados a 22 años de prisión. Ramón ("Rommel") Ibarra recibió una condena de 20 años, Ovidio ("Vasco") Olazagoitía de 18 años y Ricardo Torres sólo de ocho. José ("El ciego") Lofiego, que ya cumple su prisión perpetua en la cárcel de Marcos Paz, fue condenado a 12 años de prisión por privación ilegal de la libertad y tormentos a otras dos víctimas. Lofiego, que conducía las torturas en el SI, siguió la sentencia desde Marcos Paz. Todos fueron condenados por privación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados y asociación ilícita. En el último caso, menos Lofiego que ya había sido condenado por ese delito. Tanto la fiscalía encabezada por Gonzalo Stara como las querellas habían pedido la perpetua de Altamirano y 25 años para el resto de los imputados.

El parlante en el cantero de Oroño ya se había apagado cuando Berros leyó la segunda resolución, inédita y de gran impacto: el TOF revocó las excarcelaciones y ayer mismo, ordenó el traslado de los condenados a instituciones del Servicio Penitenciario Federal, dada la "peligrosidad procesal" de su estado de libertad. Sólo quedó exceptuado Olazagoitía, de 78 años, beneficiado con prisión domiciliaria. De modo que recién a la salida de los que habían permanecido en la sala de audiencias, el público tomó dimensión del valor del fallo. Torres, Dugour y Fermoselle permanecían excarcelados. Nast, Ibarra y Vallejos estaban detenidos en el penal policial de la Jefatura de la Policía provincial en Rosario, donde se cuestionaron las condiciones de seguridad. En tanto, Altamirano cumplía su prisión preventiva en la cárcel provincial Unidad 3, también en Rosario.

La jueza Berros "le ordenó a Gendarmería que en este momento los llevaran a darse de baja, a recoger sus enseres personales y remitirlos a Buenos Aires para ser distribuidos por cárceles comunes", relató Gabriela Durruty, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, sobre la segunda resolución leída ayer. "Esto marca una diferencia con otros juicios, en los que se ordenó la prisión en cárceles comunes de los imputados, pero una vez que quedara firme la condena, lo que en este caso no sucede", explicó Jessica Pellegrini, de la misma querella. "Los mismos jueces han dado muchos fundamentos de por qué la prisión tiene que ser efectiva desde este mismo momento como una forma de cautelar la condena", agregó.

El Tribunal que presidió la jueza de Entre Ríos, junto a su comprovinciano Roberto López Arango y la santafesina María Ivón Vella enmarcó los delitos de lesa humanidad en el "segundo genocidio argentino". "Estamos más que felices por estas consideraciones ejemplares del Tribunal. Han reiterado que estos delitos fueron cometidos en el marco del segundo genocidio nacional, con lo cual no sólo se toma una dimensión jurídica de lo que fue este genocidio ocurrido desde el año 76, sino también resignifica el primer genocidio, que fue el de los pueblos originarios, sobre el cual se cimentó nuestro país", consideró Pellegrini.

Dentro de la sala de audiencias estaba la Madre de Plaza 25 de mayo Elsa Chiche Massa, que concurrió temprano a escuchar la sentencia. En cambio, otra de las Madres, Norma Vermeulén, llegó un poco más tarde y presenció el veredicto desde afuera, rodeada de testigos, querellantes e históricos militantes por los derechos humanos.

Al salir de Tribunales, la abogada de HIJOS, Nadia Schujman, se permitió expresar toda su emoción. "Estoy muy feliz, muy orgullosa. Entre todos los que estamos acá y mucha gente más que no está, conseguimos llegar hasta acá. Esta sentencia es la construcción colectiva de cientos de personas que hicieron su aporte a lo largo de 30 años, personas que ya no están, personas que están y que construyeron esta causa que tanto les molesta a los imputados que haya sido una reconstrucción colectiva y como acaba de decir este Tribunal que con tanta entereza y paciencia esperaron tan injustamente tantos años", expresó con la voz quebrada.

En este juicio oral y público, por la forma en que se van elevando las causas por delitos de lesa humanidad, sólo Altamirano estaba acusado de asesinato. El Tribunal lo consideró responsable del homicidio "triplemente agravado" de los hermanos de nacionalidad peruana Rory y María Antonieta Céspedes Chuang. Entre los agravantes incluyeron que fue cometido para "procurar impunidad por un delito anterior". Es que el asesinato de estos jóvenes se cometió en un operativo fraguado tras el crimen del estudiante de ingeniería Conrado Galdame, de 25 años, que fue interceptado por la patota de Feced en la calle, en la madrugada del 16 de diciembre de 1978. Le encontraron bonos de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y lo llevaron. En el Servicio de Informaciones lo tuvieron tabicado y atado. Uno de los represores, Antonio "Tony" Tuttolomondo, lo mató jugando a la ruleta rusa. Entonces, la patota fue a allanar la casa en la que vivía con los hermanos Céspedes Chuang y los mató también.

Tuttolomondo está prófugo, Altamirano fue condenado por los dos homicidios, Nast y Torres fueron condenados por las privaciones ilegales de la libertad. "En el caso Galdame están totalmente satisfechas nuestras expectativas. Por fin llegó un poco de verdad y de justicia para una causa tan emblemática, que no está cerrada, porque quedan imputados por juzgar y quedan víctimas por ser reparadas. Estas condenas son un primer gran paso", consideró Schujman. HIJOS querelló como organización por esta causa, ya que los familiares directos de las víctimas murieron.

Uno de los testigos del caso Galdame es Angel Ruani, actual Secretario de Seguridad Comunitaria. Ayer salió exultante de la sala de audiencias. "Es una condena impecable, que va a sentar jurisprudencia a nivel nacional", dijo sonriente. Ruani estuvo detenido desde el 6 de julio de 1976 hasta el 4 de diciembre de 1983. Fue uno de los que pasó más tiempo en el SI. "Los fundamentos de por qué tienen que ir presos ya fueron excelentes, al considerar la peligrosidad y que quedan resabios de aquella organización, que nosotros los vemos, los sentimos en la calle", agregó.

Con una bandera peruana y recortes de diarios de aquél país de 1978, se sacaba fotos Roberto Arévalo Moscoso, presidente de una asociación de residentes peruanos en Rosario que aportó pruebas en la causa. "Estamos muy conformes, muy agradecidos, en este caso, por la prisión perpetua a Altamirano. Estamos muy agradecidos a la justicia argentina. Es meritorio que tribunales civiles hayan juzgado a militares por crímenes de lesa humanidad. Eso nos debe enorgullecer a los argentinos, a los argentinos por opción como soy yo, a los latinoamericanos y a todos los ciudadanos del mundo", dijo Arévalo Moscoso.

La de ayer fue la sexta sentencia a genocidas en los Tribunales Federales de Rosario. No es un punto de partida, sino un importante paso adelante. "La sentencia deja en evidencia cuánto hemos conquistado a lo largo de estos años, y eso se reflejó en una sentencia que tiene otra calidad", consideró Schujman, quien adelantó que apelarán la absolución de Travagliante y dijo además que los condenados ayer deberán afrontar nuevas acusaciones por otras víctimas, en algunos casos de homicidio, en la tercera parte de la causa conocida como Feced. "Hemos hecho los requerimientos de elevación a juicio hace pocos días. En Feced 3 va a estar más reflejado que todos hacían todo dentro del grupo de tareas. Y deberán afrontar condenas por todas sus víctimas", se esperanzó.
Fuente:Rosario12





Sexto juicio en Rosario por los crímenes de la última dictadura 
El segundo genocidio
10/10/2014

La Justicia federal condenó a 9 de los 10 ex policías del SI acusados por crímenes de lesa humanidad. Hubo una absolución de los integrantes de la patota de Feced. Familiares y víctimas celebraron la sentencia dictada este mediodía “con emoción y orgullo”.

El Tribunal Oral Federal 2 de Rosario condenó este viernes a nueve ex policías y absolvió a uno en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, sentencia que fue celebrada con “emoción y orgullo” por los organismos defensores de los derechos humanos locales.

Los jueces sentenciaron a prisión perpetua al ex policía Carlos Ulpiano Altamirano; a 22 años a Lucio Nast, Ernesto Vallejo, Julio Fermoselle y Eduardo Dugour.
En tanto, Ricardo Torres recibió una condena a 8 años de prisión, José Rubén Lo Fiego a 12 años, Ramón Ibarra a 20, Ovidio Olazagoitía a 18 y Pedro Travagliante fue absuelto.

Los diez acusados prestaron servicios durante la última dictadura en el Servicios de Informaciones (SI) de la Policía de Rosario, donde funcionó el mayor centro clandestino de detenciones de la zona sur de Santa Fe. Eran conocidos como “la patota de Feced” por el nombre del fallecido ex jefe de Policía, comandante de Gendarmería Agustín Feced.
Otra parte de la patota ya fue juzgada y condenada por crímenes contra la humanidad en el juicio conocido como “Feced I”, en el que también fue sentenciado el ex jefe del Comando de II Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone.

Durante las audiencias del juicio iniciado en febrero pasado, se ventilaron casos de homicidio, tormentos y secuestros de 43 víctimas del Terrorismo de Estado.

La abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario (APDH), Jesica Pellegrini, aseguró que “a pesar de la absolución, que ya veremos cuáles son los fundamentos, creemos que las condenas son ejemplares ya que en su mayoría se acercan a los 25 años que habíamos pedimos en todas las acusaciones”.

“Los jueces han reiterado que estos delitos fueron cometidos en el marco del segundo genocidio nacional, con lo cual no sólo se toma una dimensión jurídica de lo ocurrido en 1976 sino también se resignifica el primer genocidio a los pueblos originarios”, enfatizó la abogada.

Y se manifestó feliz “de esa traducción jurídica de hechos históricos nefastos de nuestro país”.

Por su parte, la sobreviviente y querellante en la causa, Marta Bertolino, calificó la sentencia como “excelente” y comentó que dentro del tribunal “se vivió con mucha emoción, sobre todo al conocer la prisión perpetua de uno de los acusados que fue en aquella época muy lesivo con muchos compañeros”.

“También –continuó- al escuchar los fundamentos de la prisión preventiva, cuando la jueza dice que si los criterios que mencionó son válidos para delitos comunes, con mucha más razón lo son en este caso donde se trata de crímenes de lesa humanidad”.

La abogada de Hijos, Nadia Schujman, dijo que “las sentencias de esta megacausa fijan estándares muy importantes y da por tierra con la idea de que estos procesos se van a terminar”. Y agregó: “Todo lo contrario, aún nos queda mucho por hacer como se viene haciendo colectivamente desde hace treinta años”.

Asimismo, subrayó que “la absolución de Travagliante es parte de las reglas de esta pelea que elegimos dar con HIJOS desde la calle y en tribunales para lograr justicia, y no empaña en nada la felicidad y el orgullo por las otras nueve condenas”.

El copresidente de la APDH nacional, Ernesto Moreau, consideró por su parte que “el tribunal interpretó bien la realidad: primero bajó a términos legales a esta patota de policías al considerarla una asociación ilícita y, por otra parte, también los jueces revocaron los pedidos de excarcelaciones tomando en cuenta que existen una gran cantidad de genocidas prófugos”.

Desde la radio abierta montada en las puertas del tribunal, el militante de Hijos Juane Basso dijo: “Celebramos porque tuvimos una nueva sentencia, porque de diez imputados, nueve han sido condenados formando parte de un hecho histórico en la ciudad, la sexta condena a represores de la dictadura en Rosario”.
Fuente:Redaccion Rosario

Lesa humanidad

Perpetua para policías

DyN

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario condenó hoy a nueve ex policías santafesinos a penas que van de la prisión perpetua hasta los ocho años de cárcel, por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura en la provincia de Santa Fe.

Los condenados fueron Carlos Ulpiano Altamirano, Lucio César Nast, Ricardo José Torres, José Rubén Lo Fiego, Ramón Telmo Álcides Ibarra, Julio Fermoselle, Ovidio Olazagoitía, Ernesto Vallejo y Eduardo Dugour.

De los imputados, Lo Fiego fue condenado a cadena perpetua el 27 de marzo de 2012 en el primero de los juicios de la megacausa Feced.

Según informó la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia en este proceso se juzgaron 10 represores por su actuación en perjuicio de 43 víctimas en el centro clandestino que operó en el Servicio de Informaciones de la ex Jefatura de policía de Rosario.

La causa Nast (también conocido como Feced II), se inició el 14 de febrero y es un desprendimiento de la causa Díaz Bessone (ex Feced) caratulada “Nast, Lucio César s/ privación ilegal de la libertad agravada en concurso real con los delitos de tormentos calificados y asociación ilícita” y acumuladas. Entre las 43 víctimas de los delitos se cuentan Conrado Galdame, Lidia Curiese, y los hermanos peruanos Roy Céspedes Chuang y María Antonieta Céspedes Chuang.

El tribunal estuvo integrado por los jueces y juezas Noemí Berros, Ivón Vella y Roberto López Arango. Como fiscal, actúa Gonzalo Stara.

Cabe destacar que en la provincia ya hubo sentencia en catorce juicios por delitos de lesa humanidad. La última se dictó el 1º de octubre en la causa Campagnolo-Dunda, que tramitó en el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe.

Fuente:ElLitoral

11/10/2014 

Tribunal integrado por camaristas federales entrerrianos

Condenaron a nueve policías por crímenes de la dictadura en Santa Fe

El caso es un desprendimiento de la megacausa que condenó a Ramón Genaro Días Bessone.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario condenó este viernes a nueve ex policías santafesinos a penas que van de la prisión perpetua hasta los ocho años de cárcel, por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura en la provincia de Santa Fe. La sentencia fue leída por los jueces María Ivón Bella y los entrerriano Noemí Berros y Roberto López Arango.Los condenados fueron Carlos Ulpiano Altamirano, perpetua; Lucio César Nast, 22 años; Ricardo José Torres, 8 años; José Rubén Lo Fiego, 12 años; Ramón Telmo Alcides Ibarra, 20 años; Julio Fermoselle, 22 años; Ovidio Olazagoitía, 18 años; Ernesto Vallejo, 22 años, y Eduardo Dugour, 22 años. En cambio, Pedro Travagliante, que estaba acusado del delito de privación ilegal de la libertad y tormentos, resultó absuelto.

Ulpiano Altamirano estaba acusado de homicidio agravado por alevosía, en concurso con privación ilegal de la libertad en perjuicio de 43 víctimas, delito por el que fue juzgado el resto de los integrantes del banquillo.

La Fiscalía, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Asociación Civil HIJOS habían solicitado prisión perpetua para Ulpiano Altamirano y 25 años de cárcel para el resto de los imputados, así como que las penas sean de cumplimiento efectivo en cárcel común.

La querella había pedido la pena máxima para Ulpiano Altamirano, acusado como responsable directo del asesinato del militante político Conrado Galdame y los ciudadanos peruanos Rory Chuang Céspedes y María Antonieta Chuang Céspedes.

También se lo acusó de haber participado en el secuestro, las torturas y amenazas de otras numerosas víctimas de la dictadura.

El Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Noemí Marta Berros, María Ivón Bella y Roberto Manuel López Arango, difirió la lectura de los fundamentos de la sentencia para el 2 de diciembre, a la una de la tarde.

Este proceso, conocido como "Feced 2", es un desprendimiento de la megacausa "Díaz Bessone", que concluyó en marzo de 2012, y por la que Lo Fiego ya había sido condenado a prisión perpetua. Los condenados eran miembros de la policía de Santa Fe y se desempeñaban en el Servicio de Informaciones (SI), que estaba ubicado en San Lorenzo y Dorrego, a las órdenes de Agustín Feced, fallecido ex comandante de Gendarmería Nacional e interventor de la policía rosarina.

Fuente:AnalisisDigital

Josefina González y Marcos Cleri celebraron las nuevas condenas a represores de la dictadura en Rosario

“Cada nueva sentencia nos confirma que siempre tuvimos razón al reclamar justicia durante tantos años”, dijo hoy la diputada nacional Josefina González, al conocerse las condenas, en el marco de la denominada Causa Feced II, a nueve represores que durante la última dictadura cívico militar actuaron en el ámbito del Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario.

“Los querellantes, las víctimas, los familiares, los organismos de defensa de los derechos humanos, luchamos muchos años para reivindicar la memoria de nuestros seres queridos y para llevar a juicio a los responsables de la represión y el saqueo del país”, señaló la Tana González, quien fuera víctima directa de la última dictadura. “Fue Néstor Kirchner quien tomó nuestras banderas, pidió perdón en nombre del Estado por tantos años de impunidad y garantizó la realización de los juicios”, agregó la diputada del bloque del Frente para la Victoria.

También su par de bancada Marcos Cleri se refirió a las sentencias dictadas este viernes en el juzgado federal rosarino: “Son nuevos pasos de consolidación de la democracia y de sus instituciones; y al mismo tiempo son nuevos homenajes a quienes cumplieron a fondo su compromiso con el pueblo”, expresó.
Fuente:FrenteParaLaVictoriaSta.Fe

10-10-2014 Delitos de Lesa Humanidad Un paso más, por la Memoria, Verdad y Justicia Los concejales del Frente para la Victoria-PJ, Roberto Sukerman y Norma López expresaron su beneplácito tras la condena por parte del Tribunal Oral Federal 2 (Tof2) de Rosario de nueve de los diez  ex policías que actuaron en el centro clandestino de detención. Luego del dictado de sentencia del Tribunal Oral Federal 2(TOF2) de la ciudad, en el juicio por delitos de lesa humanidad de la segunda mitad de la causa denominada Feced, en la que están involucrados diez policías que desarrollaban tareas en el centro clandestino de detenciones del Servicio de Informaciones (SI), Roberto Sukerman aseguró: "Sentimos una gran alegría por la sentencia dada a conocer hace momentos, que se da gracias a la voluntad política emprendida en materia de derechos humanos por el gobierno de Néstor Kirchner y continuada por el de nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner". Por su parte, Norma López sostuvo que" medidas judiciales como ésta reivindican también la lucha de los Organismos de Derechos Humanos que pelearon incansablemente por el juicio y castigo de los represores y asesinos de la dictadura cívico- militar . En ese sentido debemos destacar la batalla de Abuelas, Madres de Plaza de Mayo e Hijos". " Este es un paso clave para poder armar juntos el rompecabezas de nuestra historia.Todos estos ex policías fueron miembros del grupo conocido como 'la patota de Feced', llamado así por el apellido del jefe de la Policía de Rosario durante los primeros años de la última dictadura, el comandante de de Gendarmería Agustín Feced, ya fallecido", expresaron los ediles. Las penas se distribuyeron en: Prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua a Carlos Ulpiano Altamirano,22 años de prisión para Lucio César Nast, Julio Fermoselle, Ernesto Vallejo y Eduardo Dugour; 20 años de prisión para Ramón Telmo Alcides Ibarra; 18 años de prisión para Ovidio Olazagoitía, 12 años de prisión para José Rubén Lo Fiego y 8 años de prisión para Ricardo José Torres. Travagliante fue absuelto. Fuente:SinMordaza 10-10-2014 Juicio Lesa Rosario Causa Feced II: condenaron a nueve de los diez imputados Telam Con penas que van desde perpetua hasta 8 años de prisión y una absolución concluyó el juicio por delitos de lesa humanidad derivado de la causa Díaz Bessone. En la sala hubo aplausos al escucharse la condena máxima para el oficial de la Policía de Santa Fe, Carlos Ulpiano Altamirano. Nueve condenas y una absolución dictadas por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario fue el resultado del juicio oral y públicos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Los diez expolicías que integraron la patota del ya fallecido comandante de gendarmería Agustín Feced, entonces interventor de la policía rosarina y jefe del centro clandestino Servicio de Informaciones (SI) estaban acusados por privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita. Las condenas van desde prisión perpetua a los 8 años de prisión de cumplimiento efectivo. El martes 2 de diciembre a las 13 se conocerán los fundamentos del fallo. El inicio de la audiencia se demoró unos minutos por problemas técnicos. Es que uno de los imputados siguió la sentencia por video conferencia desde la cárcel de Marcos Paz. La presidenta del Tribunal, Noemí Marta Berros, acompañada por los magistrados María Ivón Vella y Roberto Manuel López Arango, comenzó la lectura del veredicto y anunció que se rechazaban los pedidos de nulidad de las defensas para declarar prescriptos los delitos que se estaban juzgando. EL argumento: “se está hablando de delitos de lesa humanidad cometidos durante el segundo genocidio nacional”. El oficial de la Policía de Santa Fe, Carlos Ulpiano Altamirano, fue condenado a prisión perpetua. Apenas se escuchó la sentencia, la sala explotó en aplausos. Para los policías retirados Lucio César Nast (62), Eduardo Dugour (65) y los suboficiales Julio Fermoselle (64) y Ernesto Vallejo (63) la pena fue de 22 años prisión. El oficial Ramón Telmo Alcides Ibarra (72) tendrá que cumplir 20 años de prisión, Ovidio Olazagoitía (78), 18; José Rubén Lo Fiego (65), 12 años y el suboficial Ricardo José Torres (69), 8. El único absuelto fue el suboficial Pedro Travagliante (65). A todos los condenados, además, se les impuso la inhabilitación absoluta y perpetua, salvo el caso de Torres que la inhabilitación para ejercer cargos públicos será por 16 años. Esta causa se conoce como “Feced II” porque es un desprendimiento del expediente Díaz Bessone (o “Feced I”). Ramón Genaro Díaz Bessone -excluido por su salud mental- fue jefe del Segundo Cuerpo de Ejército con sede en Rosario, ministro de Planeamiento y uno de los teóricos del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional". Esta causa investigó delitos cometidos -en su mayoría- contra personas que estuvieron secuestradas en la vieja Jefatura de Policía, hoy sede de Gobierno provincial. Desde la mañana, el espacio Juicio y Castigo Rosario convocó a la comunidad a participar en un acto con radio abierta, un homenaje a la Madre Herminia Severini, fallecida el mes pasado, y al “aguante” para escuchar el veredicto. Lo ex policías fueron condenados por la privación ilegítima de la libertad de 42 personas. Y, solo uno de ellos, Carlos (“Caramelo”) Altamirano está acusado además por los homicidios de los hermanos María Antonieta y Roy Céspedes Chuang (de nacionalidad peruana), ocurridos en diciembre de 1978. Los jóvenes fueron asesinados en el marco de un operativo fraguado para tapar el asesinato del estudiante de ingeniería Conrado Galdame, al que mataron “por error” jugando a la “ruleta rusa” en el SI. Esta es la sexta sentencia por delitos de lesa humanidad dictada en los tribunales federales de Rosario. El fiscal Gonzalo Stara había pedido perpetua para Altamirano y 25 años para el resto de los acusados, “a cumplirse de modo efectivo y en cárcel común”. Entre los imputados están Ovidio Olazagoitía, Ramón Ibarra, Ernesto Vallejo, Ricardo José Torres, Julio Héctor Fermoselle, Pedro Travagliante y Eduardo Dugour. Todos formaban parte del grupo operativo del SI. Y el encargado de dirigir la tortura en el centro, José “El Ciego” Lofiego, que en 2012 recibió condena a prisión perpetua por su rol en el centro. La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la agrupación H.I.J.O.S. Rosario acompañó el pedido del Ministerio Público. Fuente:Infojus IMÁGENES DE LA JORNADA Fotos: Laura Elena Tasada Megna Fotos: Graciela Borda Osella Fotos:Movimiento Evita Prensa