Escuelita VIII: Nueva audiencia testimonial contra un exjuez y un exfiscal.

 

Escuelita VIII: Nueva audiencia 

testimonial contra un exjuez 

y un exfiscal

El Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén realizó hoy la octava audiencia del juicio

"Escuelita VIII", que tiene como imputados a los exfuncionarios judiciales Pedro 

Laurentino Duarte y Víctor Marcelo Ortiz, acusados por crímenes de lesa humanidad

cometidos en la región durante la última dictadura cívico militar.

La audiencia comenzó con el testimonio de Raúl Radonich, amigo de Oscar Ragni (desaparecido el 23 de diciembre de 1976) desde la adolescencia, ya que jugaban juntos al básquet.

Durante 1975, Radonich compartió alquiler en La Plata con Ragni; con Carlos Forati, quien actualmente vive en Neuquén, y con Guillermo Martínez, que pertenecía a Montoneros y murió en un enfrentamiento en 1977.

Radonich contó que fue secuestrado en Neuquén el 13 de enero de 1977, cuando lo subieron a un auto Ford Falcon turquesa con patente de Buenos Aires y luego de un "paseo" lo llevaron a un lugar donde lo ataron para interrogarlo y torturarlo.

Dijo que le preguntaban "grado y nombre de guerra" y que lo amenazaron: "Acá no es la pelotudez de la Justicia, acá vas a decir la verdad y más que la verdad".

"Ellos tenían fe en la tortura. La tortura es devastadora. Machacaban la carne con rigor. Buscaban la destrucción física, psíquica y moral de la persona", afirmó.

Luego de darle indicaciones y amenazarlo con poner una bomba en la casa de su familia, detalló que lo liberaron en la localidad neuquina de Senillosa; había estado secuestrado en el centro clandestino de detención "La Escuelita".

A Radonich volvieron a detenerlo en abril de 1977, también en Neuquén, y lo llevaron a la U9 de la capital, donde fue visitado sólo por el director de la cárcel.

También resaltó que Inés y Oscar Ragni (padre) agotaron todas las instancias y que fueron a la justicia federal.

"Una Justicia que desatendía totalmente, tenía una mirada desaprensiva con los familiares. Después de 40 años estas personas podrían haber reflexionado y podrían haber ensayado una defensa", expresó.

El segundo testigo fue el abogado Juan Luis Brunetti, que había presentado un habeas corpus por Mirta Tronelli, una estudiante de Servicio Social de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) detenida el 11 de junio de 1976 y aún desaparecida. Sobre el habeas corpus que presentó, Brunetti dijo que "no pasó nada".

El TOF está integrado por los jueces María Paula Marisi, Alejandro Silva y Sebastián Foglia, mientras que los imputados son Pedro Laurentino Duarte y Víctor Marcelo Ortiz.

Duarte se desempeñó como juez a cargo del Juzgado Federal de primera instancia de Neuquén entre el 2 de agosto de 1976 y el 30 de septiembre de 1984, y Ortiz ejerció como procurador fiscal federal ante ese órgano judicial entre el 23 de septiembre de 1976 y el 1 de abril de 1985.

Antes de ejercer esas funciones, Duarte fue auditor de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén y Ortiz fue secretario del juzgado federal.

Los exfuncionarios llegaron a juicio acusados en carácter de autores de omisión de promover la persecución penal y de partícipes secundarios de la privación ilegal de la libertad, cometida por funcionario público, agravada por el empleo de violencia, y por ser la víctima perseguido político.

Duarte también llegó como imputado de prevaricato, figura especial que reprime al juez que dictare resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos.

En la primera audiencia de "Escuelita VIII", el fiscal general Miguel Ángel Palazzani indicó que a los imputados, quienes fueron magistrados de la justicia federal dentro de la órbita de la provincia de Neuquén, "se los vincula con la violación a los derechos humanos cometidos en esta jurisdicción por miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA), en perjuicio de las víctimas que militaban, en su mayoría, en agrupaciones políticas, entre los años 1976 y 1983".

En el escrito de elevación a juicio se precisó la presunta colaboración expresa de Duarte y Ortiz en distintos casos que involucraron a desaparecidos y víctimas de la dictadura.

Fuente:CDNDigital

NEUQUEN - Escuelita VIII: Inés y la fuerza bajo el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo.

 

Escuelita VIII: Inés y la fuerza bajo el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo

La etapa testimonial comenzó con las declaraciones de Inés Ragni. El 4 de diciembre siguen los testimonios con hijos de desaparecidos y el ex vocal del TSJ de Neuquén, Oscar Massei

 

POR SHIRLEY HERREROS

25/11/2023

Inés Ragni y Lolín Rigoni se saludaron al término de la testimonial y siguieron la continuidad de las audiencias desde la primera fila (foto Matías Subat)

El viernes 17 de noviembre se hizo la tercera audiencia del juicio de lesa humanidad que tiene por acusados a los integrantes del Juzgado Federal en tiempos de dictadura en Neuquén. Inés Rigo de Ragni nuevamente le explicó a los integrantes del Tribunal como había desaparecido su hijo el 23 de diciembre de 1976, de la vereda de su casa, mientras ella atendía el negocio, unos minutos después de que su primo viniera a constatar que había llegado de La Plata –donde estudiaba arquitectura- para pasar las fiestas.

Con una voz gastada por el paso de los años, Inés explicó que en los primeros días de búsqueda de los familiares lloraban y luego se dieron cuenta que debían ser fuertes para “seguir pidiendo por nuestros hijos”.

“El era un gran deportista, los 30 mil desaparecidos eran distintos. Algún día voy a saber quién fue, es Justicia lo que estoy pidiendo, le digo al Tribunal: no me quiero ir sin saber qué hicieron con mi hijo. Me dijeron no te preocupes, ya va a volver. Son mentirosos”, dijo en referencia a los militares.

Inés Ragni ingresó a paso nonagenario a la audiencia sin el pañuelo blanco sobre la cabeza. Daba la impresión de que lucía más frágil, sin embargo, claramente explicó los años de mentiras durante la dictadura e incluyó los dichos de los militatares en los juicios, cuando el ex general Enrique Olea (a cargo del Batallón) negó el funcionamiento del centro clandestino bajo su mando.

“¿Recibimos respuestas? Nunca, nunca, nunca”, reafirmó.

Inés le dio un voto expectante al tribunal, debido a que por primera vez está integrado por una mujer; aunque al final aclaró: “vamos a esperar, espero que este tribunal sepa algo”. “Yo vivo frente al Batallón, le explicó a los jueces, hace 71 años en el mismo lugar. Lo primero fue ir al cuartel, como le decíamos y él dijo (por Olea) que no había Escuelita. Y estaba funcionando, tenía a los secuestrados”, describió.

Destacó que los habeas corpus y las presentaciones legales las hizo su esposo Oscar, que estaba enfermo para ir a la audiencia. Agradeció el acompañamiento del pueblo de Neuquén, describió el resguardo valiente del obispo Jaime De Nevares que los recibía todos los martes en procura de información, la compañía de Noemí Labrune en las visitas a los familiares y contó de los viajes al V Cuerpo y a Buenos Aires.

“Estamos muy ayudados por el pueblo de Neuquén”, dijo. Cuando nada más quedaba por reafirmar, terminó su testimonio, se calzó el pañuelo blanco y se sentó junto a Lolín Rigoni, que esperaba en primera línea para acompañar el resto de la jornada.

“Este pañuelo que uso y tengo de por vida, ustedes no lo pueden usar; es en defensa de los 30.000 desaparecidos. Es el símbolo de la libertad, es el símbolo de nuestros hijos”, les dijo a las y los abogados en la sala, con un público que parecía contener la respiración para seguir el relato y que intentó dar rienda libre a un gran aplauso al final, que, sin embargo, fue frenado por los jueces, para que no hubiera alboroto.

Fuente:RioNegro

Juicio Escuelita VIII. Inés Ragni: "Yo no me quiero ir de este mundo sin saber qué hicieron con mi hijo".

 

Juicio Escuelita VIII. Inés Ragni: "Yo no me quiero ir de este mundo sin saber qué hicieron con mi hijo"

En una nueva audiencia en el juicio contra funcionarios de la dictadura genocida, se inició la etapa de las testimoniales, con la declaración de Inés Rigo de Ragni, Madre de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle, sobre la búsqueda de su hijo Oscar Ragni, desaparecido en el 76.

Silvia CariatiLa Izquierda Diario-Redacción Neuquén @cariati_silvia

Sábado 18 de noviembre

Es un largo camino el que tuvieron que transitar las Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle para llegar al día de hoy. “Hace 47 años que estamos esperando”, dijo Inés Ragni en su declaración en el juicio La Escuelita VIII, que se desarrolla en el salón AMUC de Neuquén capital. Junto a su esposo Oscar Ragni, reclaman por la desaparición de su hijo en el año 1976.

Nuevamente con una sala colmada se desarrolló este viernes la tercera audiencia en la que se juzga a funcionarios de la dictadura militar en la región. Los querellantes Inés y Oscar Ragni cuentan con la representación de las abogadas integrantes del CeProDH, Natalia Hormazabal y Mariana Derni.

Inés hizo un gran esfuerzo para volver a declarar sobre el caso de su hijo y la lucha por los 30 mil estuvo presente en la sala. “Juro por los 30 mil desaparecidos decir la verdad, hoy y siempre”, dijo ante la toma de juramento de la jueza federal María Paula Marisi.

“Tengo un cáncer en el corazón que no lo cubre una curita, solo lo cubre “memoria, verdad y justicia, eso es lo que estamos pidiendo y seguiremos en la calle”, enfatizó Inés.

Luego comenzó el momento en donde las abogadas Natalia Hormazabal y Mariana Derni le hicieron una serie de preguntas a Inés en relación a los hechos sucedidos el 23 de diciembre de 1976, cuando desaparece su hijo Oscar. También indagaron en el marco de la búsqueda si hubo presentaciones de habeas corpus y denuncias en el juzgado penal. Sobre el viaje en el año 1979 a Buenos Aires y la visita a la OEA. El significado de estar hoy en la audiencia. La confianza en la justicia.

El testimonio de Inés Ragni

"Yo esperaba a mi hijo que viniera de La Plata, que estaba estudiando, fue lo más lindo que tenía en mi casa. Preparamos un almuerzo. Pero en mi casa no almorzó nadie ese día", relató.

Contó que para aquellos años tenían un negocio, y ese día llegó de sorpresa un sobrino de su esposo Oscar, que trabajaba en el servicio de inteligencia. "Me llamó la atención, lo invité a pasar, le ofrecí mate. Me dijo: No tía, me voy".

El comienzo de la búsqueda de Oscarcito. “Empezamos a recorrer la ciudad de Neuquén, las radios, la televisión. Pero el primero que nos tendió una mano de amor fue el obispo Jaime de Nevares. Él nos dijo, vengan a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y empezamos a ir. Iban antes a la reunión toda gente que no conocíamos, como Noemí Labrune, una gran mujer”.

También mencionó que fueron a la oficina de Jorge Domínguez, un maestro mayor de obras, donde Oscar trabajaba, llegaron y la oficina estaba cerrada, pero hablaron con uno de los empleados. “¿Oscarcito dónde está? Y me dice, no, no vino acá. Y me cuenta que habían ido “unos” en un auto con armas, buscándolo”.

«Yo no me quiero ir de este mundo sin saber qué hicieron con mi hijo»

La visita al cuartel. "Fuimos a ver al general Olea, y él nos dice: Yo no sé nada señora, acá dicen que está en La Escuelita". Olea era el jefe del Batallón 181 en 1976, donde funcionó el centro clandestino conocido como La Escuelita.

A pesar de la fragilidad de su voz, pudo expresar con firmeza las potentes preguntas que vienen haciendo hace 47 años. "Yo y mi esposo queremos saber ¿quién se lo llevó? ¿A dónde? ¿Lo mataron? ¿Quién lo mató? ¿Lo enterraron? ¿A dónde? ¿Será en el cuartel en el Batallón 181?
Yo no me quiero ir de este mundo sin saber qué hicieron con mi hijo.

Luego continuó relatando sobre las denuncias y los habeas corpus que presentaron los familiares y que según dijo quedaron cajoneadas. “De Duarte escuchamos infinidades de personas que llevaban sus habeas corpus y este señor lo metía en un cajón, y algunos los cobraba. Nunca recibimos una respuesta por los habeas corpus, exclamó.

Sobre el viaje a Buenos Aires en el año 1979, contó que fueron todos los familiares de las victimas a presentar la denuncia a la OEA. "Había más de siete cuadras de cola de personas reclamando. Pero ahí estábamos nosotros. Nunca abandonábamos todas las cosas que hacíamos".

"Estoy acá con mis 95 años que hoy tengo encima, y pienso seguir el reclamo de todo lo que pasa. No tengo ningún reparo en decir lo que hay que hacer, porque la verdad va primero", recalcó sobre la importancia de estar presente en la audiencia.

También resaltó que confian en la justicia. "Pero nos íbamos muy pronto del que no pateara para nuestro arco, pero bueno acá estamos seguimos reclamando lo mismo: Memoria, verdad y justicia".

Finalmente agradeció a los presentes el acompañamiento de hoy y siempre. "Somos muchos los que estamos esperando saber dónde están, para tener esa tranquilidad de nuestros hijos, nuestros nietos, queremos saber la verdad. Estoy muy contenta de tener la posibilidad de estar presente en este juicio. Y a los abogados que nos han acompañado desde el 2008 hasta hoy, les agradezco de alma a todos. El pueblo de Neuquén no nos ha abandonado nunca".

Pedro Laurentino Duarte y Víctor Marcelo Ortiz son los dos imputados que llegan a juicio luego de una instrucción de más de 10 años. Se les acusa de que en su rol de Juez federal de Primera Instancia y Fiscal federal entre los años 1976 y 1984, brindaron cobertura judicial a los crímenes de lesa humanidad.

En la misma audiencia luego de la declaración de Ines Ragni, declaró la hija de la defensora oficial multifueros de 1976, Beatriz Cozzi de Cerazo, quien fue cesanteada cuando buscó investigar el paradero de personas denunciadas como secuestrados.

Y también Marcos Seminario, hermano de Javier Seminario Ramos, desaparecido desde que una comisión del destacamento de Investigaciones de la Sexta Brigada, lo retiró de la cárcel de Rawson en noviembre de 1976.

Lolin Rigoni estuvo presente en la audiencia

La importancia de los juicios de lesa humanidad

En estos tiempos en donde hay tanto negacionista de los 30.000 desaparecidos, del robo de bebes, de las torturas y crímenes de la dictadura, es fundamental el acompañamiento a los familiares de las víctimas, y a los Organismos de Derechos Humanos.

Ante la banalización de los crímenes cometidos por la última dictadura militar, escuchados durante toda la campaña electoral, que niegan la desaparición de personas como un genocidio, respondemos con los dichos de Inés Ragni: “Memoria, verdad y justicia, eso es lo que estamos pidiendo y seguiremos en la calle”.

Fuente:LaIzquierdaDiario

JUICIO ESCUELITA: responsables civiles , no romperán el pacto de silencio de la dictadura.

 

Anticipan que los responsables civiles en el juicio Escuelita, no romperán el pacto de silencio de la dictadura

El querellante por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Marcelo Medrano, planteó el rol del juzgado federal del Alto Valle durante la dictadura

POR SHIRLEY HERREROS

16/11/2023

Marcelo Medrano, querellante por la secretaria de Derechos Humanos (foto Matias Subat)

«Creo que no van a romper el silencio que generalmente se atribuye a los militares, el pacto excedía a los militares», dijo Marcelo Medrano, querellante en el juicio por delitos de lesa humanidad, al analizar la indagatoria que realizaron el ex juez y el ex fiscal federal que actuaron durante la dictadura en Neuquén, Pedro Duarte y Víctor Ortiz.

El viernes en Avenida Argentina 1680 (AMUC) inicia la etapa testimonial del primer juicio por los crímenes de la dictadura en la región que no tiene por imputados a integrantes de las fuerzas armadas o policiales que actuaron durante la dictadura.

Duarte y Ortiz hablaron sin aceptar preguntas en la última audiencia. Aseguraron haberse enterado de las desapariciones y torturas (de las que están acusados) con el regreso de la democracia y se defendieron culpando a los familiares, aseguraron que fueron los padres, hermanos y los mismos sobrevivientes los que no les dieron testimonios para investigar con eficacia o los que plantearon habeas corpus a destiempo, cuando ya estaban «desaparecidos o muertos».

Según Medrano, en este juicio «se está evaluando un modelo de poder judicial, en términos de espejo con la actualidad, hay una dimensión política y otra judicial, además de la histórica», dijo.

El querellante se detuvo en el planteo de Duarte respecto a que las familias que buscaban a los secuestrados interponían recursos como un trámite formal y la obligación de la efectiva protección que reclamaban del poder judicial. «Fue una definición tremendamente explícita de como (el ex juez y el ex fiscal) concebían en esa época el poder judicial: que los familiares le llevaran información, en dictadura», recalcó.

Agregó que el debate en desarrollo en AMUC «es un juicio necesario y profundamente relevante: se están juzgando las protecciones judiciales en dictadura. No las hubo y está demostrado» sostuvo en coincidencia con la fiscalía, que aseguró que Duarte y Ortiz le dieron la cobertura legal a los operativos ilegales de secuestros que terminaron en torturas, desapariciones y homicidios.

Aunque en la instrucción Duarte se apoyó en la defensa de abogados contratados, a partir del inicio del juicio, declinó de la defensa técnica y ahora su defensa está ejercida por el equipo oficial de defensores. La defensa pública también se ocupa de la situación de Ortiz. Los seis profesionales de la defensa pública están dedicados a la estrategia de los dos ex magistrados.

Por qué les llamó la atención a los abogados el patrocinio de la defensa oficial? se le consultó.

«Hay que problematizarlo este tema», respondió Medrano al tiempo que aclaró que su opinión no estaba relacionada con quienes ejercen esta tarea. «No tiene que ver con los defensores que están interviniendo, no es personal, el derecho de defensa de los imputados, no se discute; ahora, por qué tiene que intervenir la defensa pública», cuestionó el abogado en clara referencia a que los ex magistrados cuentan con jubilaciones millonarias que les permitirían acceder a abogados particulares.

Agregó que para los delitos tan graves como los de lesa humanidad «se requiere de un diseño de la defensa pública. Ellos (el ex juez Duarte y el ex fiscal Ortiz) representaron el Estado cuando cometieron los delitos y vuelven a requerir al Estado que, en términos políticos, jurídicos e históricos, los defienda en contra de la narrativa de la acusación; ejerciendo una posición dominante, porque no se pueden negar, la defensa pública está obligada porque es la garantía de los derechos humanos y de los vulnerables. La defensa pública no es la única respuesta, en este caso y necesita de otro diseño, porque los defensores deberían ser aliados de los derechos humanos y los están poniendo ante la sociedad, en un lugar que no está bueno que se los ubique», opinó Medrano.

Fuente:RioNegro

NEUQUEN; Juicio La Escuelita VIII.

 

Juicio La Escuelita VIII. El plan genocida también incluyó la actuación de la justicia

Se desarrolló la segunda audiencia del juicio La Escuelita VIII, que contó con el planteo de la querella del Ceprodh patrocinantes de Inés Rigo y Oscar Ragni, padres de Oscar Ragni, desaparecido de la región. Estuvieron presentes en la sala las Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle, junto a estudiantes, organismos de DDHH, sindicatos y trabajadores.

Silvia CariatiLa Izquierda Diario-Redacción Neuquén @cariati_silvia

La segunda audiencia del primer juicio oral llamado La Escuelita VIII, contra funcionarios de la dictadura militar en la región se desarrolló este 3 de noviembre, en el salón AMUC de la ciudad de Neuquén.
Durante la audiencia las abogadas del Ceprodh avanzaron con la lectura de la acusación de la querella, que representan Natalia Hormazabal y Mariana Derni a la familia Ragni, Inés Rigo de Ragni, Madre de Plaza de Mayo Filial Neuquén y Alto Valle. Y a Oscar Ragni, quien es militante histórico en la región, por el caso de la desaparición de su hijo Oscar Ragni, el 23 de diciembre de 1976.

“Esperamos más de 10 años para llegar al juicio oral, estamos satisfechas de poder estar acusando a dos integrantes de la justicia federal, Pedro Laurentino Duarte y Víctor Marcelo Ortiz, que actuaron como juez y fiscal durante la dictadura”, dijo Natalia Hormazabal.

La abogada se refirió al desarrollo de la audiencia. “Vamos a avanzar con la lectura de la acusación de la querella, que va a consistir en mostrar que los funcionarios, en su rol de funcionarios no actuaron, cuando fueron presentadas denuncias de habeas corpus, y brindaron coberturas judiciales a cada uno de los crímenes que se cometieron. Mostrando de esta manera cual fue la actuación concreta de la cobertura judicial, permitiendo que el plan represivo se llevara adelante”.

Aclaró que “se trató de un rol específico que tenía la justicia federal en todo el país, no solo en la región. En este debate oral hay decenas de compañeras y compañeros que permanecen desaparecidos”.
También explicó cuál fue el rol de los funcionarios. “Daban un trámite meramente formal a las denuncias cuando las recibían, a sabiendas de lo que estaba ocurriendo”.

En el caso de Duarte fue integrante del Ejército, que integró desde los 12 años, ya que fue parte del Liceo Militar, hay evidencia moral y espiritual al ejército, por lo cual estaban sustanciados con el plan. “No podían desconocer lo que estaba ocurriendo en todo el país, ni en la región”. En el caso del fiscal Ortiz, él fue funcionario judicial, fue secretario del juzgado federal, “es decir que sabía específicamente lo que ocurría allí”.

“Esta cobertura judicial consistió en una acción de decidir no investigar cada uno de estos hechos, y en muchos casos inclusive hasta cobrar costas a quienes presentaban estas denuncias de habeas corpus”, enfatizó la abogada querellante.

Los imputados estuvieron conectados vía remota. En la última audiencia la querella planteó la necesidad de que estén de manera presencial, según explicaron “no hay motivo por el cual no estén. En el día de ayer conocimos una resolución del tribunal en donde la jueza Marisi hizo lugar a nuestro planteo, pero por mayoría ganó el voto de los jueces Silva y Foglia, permitiendo que hoy estén por zoom, acompañados por integrantes de la defensa”.

Indagatorias

Llegado el momento de las indagatorias a los imputados, en donde hicieron uso de la palabra, tanto Duarte como Ortiz expresaron “que los hechos que ha expresado la querella no han ocurrido, o fueron cambiados o mutilados”. “No garanticé la impunidad para nadie”, expresó Duarte.

Ortiz a su turno dijo que “teníamos habeas corpus de detenidos que no estaban en ningún lado, en todo caso si yo cometí un error, fue sostenido por mi sucesor”.

Walter Pérez integrante de la APDH habló al finalizar la indagatoria del ex juez Duarte. “Tiene un nivel de cinismo vergonzoso, porque existe suficiente prueba, documentación y testimonios que los vamos a escuchar en el transcurso de las audiencias, que acreditan que fue cómplice del sistema represivo y del plan criminal que se aplicó en Río Negro y Neuquén.

“Hizo su defensa, pero a uno le genera reacciones fuertes que las tiene que contener”, aseguró Pérez.

PTS-FIT Neuquén · Walter Perez Integrante de APDH Neuquén

En la segunda audiencia también estuvo Yazmin Muñoz Sad, secretaria adjunta de Aten capital, que habló sobre la importancia de la participación en los juicios. “Creemos en la pelea por la verdad histórica, porque son 30 mil contra el negacionismo. Es la forma de señalar a las y los compañeros de cada una de las escuelas que tenemos que construir con nuestros estudiantes un presente de lucha contra la impunidad. Para que realmente haya justicia para todos los familiares y las Madres de Plaza de Mayo que son un ejemplo histórico y tenemos que seguir sus pasos”.

“Debemos educar desde el aula en Derechos Humanos, en un contexto en donde se banaliza mucho con los discursos de odio que circulan en la campaña electoral con Milei. Los chicos querían participar, les pareció muy buena la actividad, ven en concreto la realidad actual es muy importante para posicionarse y defender sus derechos”, fueron las palabras de la docente Laura Opazo, que dicta Orientación y Ciencias Sociales, y concurrió a la audiencia con el curso de la escuela del Cpem 48 de Villa Ceferino.

Conclusión de la querella

Al finalizar la audiencia Mariana Derni, abogada querellante del Ceprodh expresó que “lo que pudimos escuchar es que hasta hoy continúa la impunidad, continúa el pacto de silencio. De los dos tuvimos que escuchar, incluso con sobrevivientes y familiares en la sala, que la responsabilidad es de los sobrevivientes y de los familiares de los desaparecidos”.

“En la audiencia del 17 de noviembre, esto probablemente sea contestado nada menos que por Inés Rigo, que va a declarar, ya que su hijo Oscar Ragni, aún sigue desaparecido. Tenía 21 años cuando lo secuestraron de su casa”, relató Derni.

“Lo que hoy vemos con esta audiencia a sala llena, es que más allá de estos discursos de este sostenimiento de la impunidad, son amplísimos los sectores de la comunidad que continúan con esta pelea por Memoria, verdad y justicia y que la vamos a llevar hasta el final”, finalizó.

PTS-FIT Neuquén · Mariana Derni Querella Ceprodh

Fuente:LaIzquierdaDiario

NEUQUEN: La Escuelita: reconocen la violacion que se ignoró en el CCD de Neuquén en 2016.

La Escuelita: reconocen la violacion que se ignoró en el centro clandestino de Neuquén en 2016 y revierten absoluciones

Casación hizo lugar a la apelación de la fiscalía y las querellas de mayores condenas en la sentencia 2016: el Tribunal deberá contemplar varios hechos de torturas y la violación de uno de los detenidos por la que se absolvió antes.

POR SHIRLEY HERREROS

05/07/2023 

Su denuncia fue radicada en cuanto regresó la democracia y ratificada con ampliaciones en otras 2 oportunidades. «Los jueces dieron por acreditada la tortura en condición de encierro, pero no la violación; Casación revirtió esto que tiene que ver con la valoración que se hizo del testimonio de Carmona», sostuvo Vadalá.

La primera condena por abuso sexual se produjo en 2021, tras un arduo debate que incluyó testimoniales de expertas en género. En total fueron 11 acusados por los delitos sexuales, incluido el piloto de los vueos clandestinos a Bahia Blanca que transportaron a adolescentes de 16 y 19 años que fueron abusadas en el V Cuerpo.

Pero las denuncias de la violación de Carmona en «La Escuelita» de Neuquén habían sido desestimadas.

La Casación ordenó también que el tribunal juzgador sume a la condena la acusación de torturas que fueron desestimadas en el caso del desaparecido Felipe Lara, de Alicia Figueira de Murphy y Néstor Saenz.

La sentencia fue en 2016. El tribunal de Casación hizo lugar a las apelaciones y ordenó revocar las absoluciones totales de Gustavo Sommer y Miguel Angel Cancrini, además de incrementar las penas a los acusados por los cinco casos en los que se consideró que no estaban merituadas las torturas y las violaciones padecidas por una de las victimas.

De 19 imputados, se mantuvieron 3 absoluciones y quedaron 16 condenados, varios de los cuales tendrán mayor pena en cuanto el Tribunal formule la nueva sentencia.

Casación hizo lugar a la apelación de la fiscalía y las querellas de mayores condenas en la sentencia 2016: el Tribunal deberá contemplar varios hechos de torturas y la violación de uno de los detenidos por la que se absolvió antes.

POR SHIRLEY HERREROS

05/07/2023

El fiscal federal José Nebbia pidió las penas más altas para "los delitos más graves" por torturas y las violaciones (foto Florencia Salto)

Los jueces Alejandro Cabral, Alejandro Silva y Marcos Aguerrido deberán dictar una nueva sentencia por orden de Casación, que revocó absoluciones del IV juicio La Escuelita cuando no se condenó por violación y se absolvió por torturas a algunos de los acusados en ese juicio.

La querella de la APDH le pidió al tribunal en ese momento que condene por las violaciones que sufrió un ex empleado municipal de Cipolletti que sobrevivió a las torturas y denunció haber padecido diferentes episodios de violencia sexual ultrajante en el centro clandestino que funcionó en Lanín y Chaco, de Neuquén capital.

En 2016 los jueces no hicieron lugar y condenaron a los militares y al grupo de tareas por las torturas padecidas por Gabriel Carmona pero los absolvió de los delitos sexuales.

En la audiencia de ayer, Oscar Lorenzo Reinhold, Sergio San Martín y Héctor Di Pasquale fueron alcanzados por la condena del abuso sexual en el centro clandestino de Neuquén. Jorge Molina Ezcurra también, pero 8 años después del fallo condenatorio, el militar de inteligencia que fue uno de los interrogadores en los fondos del Batallón, está fallecido.

El querellante de la APDH, Bruno Vadalá, sumó argumentos para incluir la violación dentro de la nueva sentencia (foto Florencia Salto)

«Casación dio por probada la violación en el contexto de delitos de lesa humanidad, si no, no realizaría el reenvío. Hizo lugar a nuestros plantesos, dio por válido y reproducidos los hechos que planteamos, entre ellos la violación de Carmona», sostuvo Bruno Vadalá al término de la jornada

Por su parte, el fiscal federal José Nebbia destacó que la Casación tomó los argumentos de la fiscalía y señaló que el desarrollo que el Tribunal hizo del cuadro probatorio, fue contradictorio. «En el caso de Felipe Lara -de Chos Malal- más allá de su detención y desaparición forzada, hubo testimonios en el juicio que lo vieron en el Escuadrón de Gendarmería atado a una cama de hierro sin colchón, esposado, se lo llevaron y nunca más se supo nada. Alicia Figueira de Murphy, aunque fue liberada, padeció un derrotero durante su secuestro que son hechos que configuraron tortura y Néstor Saenz fue torturado en La Escuelita y su paso por la Federal, no fue considerado» planteó.

Nebbia recordó que «éstos son los peores crímenes, y pedimos por ello el máximo legal, repetimos lo que habiamos planteado al momento del alegato. También señalamos que 3 absoluciones que fueron revocadas, como las de Molina Ezcurra, Emilio Rosar y Laurella Crippa, quedaron impunes por el paso del tiempo (murieron), ésto es la impunidad biologica», sotuvo.

Carmona, el ex empleado cipoleño que fue brutalmente torturado en el centro clandestino de Neuquen, murió antes del juicio, que comenzó el 10 de diciembre de 2015 y terminó el 30 de septiembre del año siguiente.

El fiscal federal José Nebbia pidió las penas más altas para «los delitos más graves» por torturas y las violaciones . Con la fiscal Gabriela Schumaches y e querellante Bruno Vadala de APDH (foto Florencia Salto)

Su denuncia fue radicada en cuanto regresó la democracia y ratificada con ampliaciones en otras 2 oportunidades. «Los jueces dieron por acreditada la tortura en condición de encierro, pero no la violación; Casación revirtió esto que tiene que ver con la valoración que se hizo del testimonio de Carmona», sostuvo Vadalá.

La primera condena por abuso sexual se produjo en 2021, tras un arduo debate que incluyó testimoniales de expertas en género. En total fueron 11 acusados por los delitos sexuales, incluido el piloto de los vueos clandestinos a Bahia Blanca que transportaron a adolescentes de 16 y 19 años que fueron abusadas en el V Cuerpo.

Pero las denuncias de la violación de Carmona en «La Escuelita» de Neuquén habían sido desestimadas.

La Casación ordenó también que el tribunal juzgador sume a la condena la acusación de torturas que fueron desestimadas en el caso del desaparecido Felipe Lara, de Alicia Figueira de Murphy y Néstor Saenz.

La sentencia fue en 2016. El tribunal de Casación hizo lugar a las apelaciones y ordenó revocar las absoluciones totales de Gustavo Sommer y Miguel Angel Cancrini, además de incrementar las penas a los acusados por los cinco casos en los que se consideró que no estaban merituadas las torturas y las violaciones padecidas por una de las victimas.

De 19 imputados, se mantuvieron 3 absoluciones y quedaron 16 condenados, varios de los cuales tendrán mayor pena en cuanto el Tribunal formule la nueva sentencia.

Fuente:RioNegro

NEUQUEN: Juicio Escuelita VIII: avanza la causa contra funcionarios del Poder Judicial por delitos en la dictadura

 

Juicio Escuelita VIII: avanza la causa contra funcionarios del Poder Judicial por delitos en la dictadura

Las audiencias supletorias de prueba en el tramo VIII de los juicios “La Escuelita” tienen fecha para el 1 de junio desde las 14:00 horas en el Salón de AMUC. La intervención de la querella pudo imponer que Inés Ragni, Oscar Ragni y Noemí Labrune adelanten sus testimonios. Un tramo particular donde se lleva a juicio a funcionarios del Poder Judicial Federal que actuaron durante la dictadura en la región.

Miercoles, 24 de mayo

El juicio que tendrá un adelanto la primera semana de junio donde se llevarán a cabo audiencias testimoniales anticipadas ante el tribunal encargado de juzgar al juez y al fiscal acusados. En primer lugar, los testimonios comenzarán con las declaraciones de Inés y Oscar Ragni por la desaparición de su hijo. También se dará lugar a la representante de la APDH, Noemí Labrune. Todos ellos referentes emblemáticos en la lucha por juicio y castigo a los genocidas

Es importante destacar que el adelantamiento de los testimonios se enmarca en "un proceso que comenzó hace 10 años contra funcionarias y funcionarios del Poder Judicial que actuaron durante la dictadura en la región", afirmaron desde el CeProDH Natalia Hormazabal y Mariana Derni, abogadas del organismo querellante. Y resaltaron que se llega a la fecha "después de años de dilaciones, chicanas judiciales por parte de los imputados y sus defensas; intentos para no llegar a juicio y sostener la impunidad".

En este caso, se avanza en llegar a enjuiciar a Pedro Laurentino Duarte, auditor del Ejercito luego nombrado juez federal en Neuquén durante la dictadura genocida y a Víctor Marcelino Ortiz, que actuó como fiscal durante la misma época.

Es uno de los pocos debates en todo el país, en los que la justicia deberá juzgar la responsabilidad de integrantes del Poder Judicial, por su actuación dentro del plan genocida perpetrado durante la última dictadura cívico militar.

"Tanto Duarte como Ortiz, en su rol de funcionarios judiciales tuvieron una participación específica al no investigar ni llevar adelante los habeas corpus y rechazar las presentaciones judiciales, ambos fueron parte sustancial del plan genocida durante la dictadura militar", expresó Hormazabal.

Derni afirmó que "es un avance logrado a partir de la permanencia coherente en la lucha por juicio y castigo a todos los responsables del genocidio, hace más de 10 años que comenzó esta instrucción; no vamos a dejar de exigir que se establezca fecha de inicio a las audiencias del juicio y que se continúe avanzando".

Fuente:LaIzquierdaDiario