RECLAMAN LA DETENCION DEL SOSPECHOSO POR EL ASESINATO DE UN MILITANTE DEL MOCASE-VC.

RECLAMAN LA DETENCION DEL SOSPECHOSO POR EL ASESINATO DE UN MILITANTE DEL MOCASE-VC
Un acusado que tiene toda la libertad

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero-VC denunció que el acusado por la muerte de Miguel Galván, ocurrida el 10 de octubre pasado, no está custodiado para evitar su eventual fuga. La organización le pidió al juez que ordene su detención.

El Mocase viene denunciando una serie de agresiones e intimidaciones en el norte de Santiago.

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Tras el asesinato de Miguel Galván, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (Mocase-VC), ocurrido el pasado 10 de octubre en el paraje El Simbol, en el límite con la provincia de Salta, el movimiento denunció que el acusado que mató de una puñalada en el cuello a Galván –identificado por la organización campesina y señalado como sicario de un empresario de Salta– “todavía está en libertad”. El Mocase-VC cuestiona al juez de instrucción Mario Dilascio, a cargo del Juzgado Nº 2 de Metán, donde tramita la causa, porque “no ejerce la custodia policial” sobre el sospechoso y, también, por “no ordenar la detención de los autores intelectuales del crimen: el encargado de la empresa agropecuaria salteña La Paz SA y su apoderado, quienes pretenden alambrar parte del territorio de las comunidades indígenas de Lule Vilela”.

Cariló Olaiz, miembro del Mocase-VC, señaló que luego del asesinato de Galván, “el sicario estuvo con custodia policial durante dos días en un hospital de Monte Quemado, en Santiago del Estero, donde fue asistido debido a un fuerte golpe que recibió en la cabeza de parte de uno de los hermanos de Galván, luego de la puñalada mortal que Miguel recibiera en la puerta de su casa y en presencia de su familia”. “Aunque la herida no revestía mayor gravedad, el hombre fue trasladado a un centro de salud de alta complejidad de la localidad chaqueña de Roque Sáenz Peña, donde le realizaron otros estudios, y el viernes pasado –tras el alta médica– varios testigos vieron a este hombre salir del lugar sin ningún tipo de custodia policial”, agregó Olaiz.

“Ante esta irregular situación, le pedimos al juez Dilascio que actúe de forma inmediata y ese mismo día elevó una orden de detención hacia el asesino para recapturarlo. Hasta el momento, no tenemos información de que haya sido detenido y esperamos que en breve quede arrestado, y tanto él como los empresarios agropecuarios que lo contrataron para matar paguen con cárcel por este crimen”, expresó el referente del Mocase-VC.

El movimiento campesino santiagueño también señaló que “el pasado 18 de octubre detuvieron de forma violenta a César Navarro, un integrante del Mocase-VC que habita en Campo Gallo (ciudad ubicada al noreste de la capital santiagueña), quien fue golpeado, amenazado y trasladado a la comisaría Nº 18 de esa zona”. “Son varias las familias que viven en ese paraje y quienes hace más de tres años vienen presentando denuncias y todo tipo de trámites para hacer valer el derecho a la tierra”, indicó el Mocase-VC. “Nuestra defensa es pacífica, democrática, pero conocemos muy bien la Constitución Nacional y nuestros derechos”, añadió la organización campesina.

La muerte de Galván ocurrió a casi un año de que otro campesino, Cristian Ferreyra, de 23 años, muriera baleado en noviembre pasado por dos hombres que, según dijeron a la Justicia, trabajaban a las órdenes de un empresario dedicado al cultivo de soja. “Los empresarios continúan alambrando valiéndose de la fuerza de los grupos paramilitares. Esto quiere decir que si los campesinos deciden defender su territorio y hacer uso de sus derechos deberían exponerse a grupos armados que ya demostraron no dudar en disparar a matar”, afirmó el Mocase-VC.

“El alambrado encierra las tierras por donde los animales antes transitaban libremente, dejándolos sin alimento y sin agua, lo que provoca que las familias campesinas indígenas criadoras de animales se queden sin su medio de vida”, dijo la organización campesina. Además, “el alambrado impide que los niños puedan llegar a la escuela, tanto porque cierra los caminos como también porque hay hombres armados recorriendo el territorio y son una amenaza permanente”, sostuvo Olaiz.
Informe: Sabrina Améndola.
Fuente:Pagina12

EL MOCASE DENUNCIÓ QUE ESTÁ LIBRE EL ASESINO DE GALVÁN.

24.10.2012
la justicia libró una orden de detención 
Mocase denunció que está libre el asesino de Galván 
Paulino Risso Patrón estaba internado en un hospital y se retiró caminando tras recibir el alta porque no estaba custodiado. 
Por: Rodolfo González Arzac 

Paulino Risso Patrón acusado de degollar el miércoles 10 de octubre a Miguel Galván en el paraje El Simbol, en medio del monte, en la frontera entre Santiago del Estero y Salta. Y ya está libre, según denunció en las últimas horas el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. 

La noticia le fue confirmada a la organización por un funcionario judicial de Metán, Salta, donde tramita la causa por el crimen. 

Risso Patrón estaba internado en un hospital por los golpes que recibió después del asesinato y se retiró caminando al recibir el alta, el último viernes, porque el juez no le había puesto custodia. 

Tras las quejas y presiones, la justicia libró una orden de detención para recapturarlo. "En el Juzgado Nº 2 de Metán a cargo de Mario Dilacio, su secretario nos dijo a nosotros, y a nuestro abogado, que ellos no se iban a ocupar en investigar nada, que solamente iban a garantizar la detención del asesino, pero que este juzgado es como un hospital. 

Atendemos a los heridos. Lo demás no nos importa. Nos mete en problemas con gente poderosa", relataron voceros del Mocase. Tiempo Argentino intentó comunicarse con el magistrado pero en su oficina indicaron que no estaba, ni iba a volver, así como tampoco alguno de los dos secretarios del juzgado. 

Risso Patrón, el hombre señalado como el asesino por varios testigos, se había criado con los hermanos Galván, como cualquier chico de la zona, compuesta por varios parajes donde viven unas 35 familias campesinas, a una hora y media del asfalto, en la zona regionalmente conocida como la triple frontera. Pero desde hacía un tiempo trabajaba para La Paz Agropecuaria, una empresa salteña que intentaba comprarle las tierras a los lugareños por poco dinero. 

"Desde hace dos años es la empresa Agropecuaria La Paz SA, cuyo encargado es un tal Figueroa, quien intenta alambrar los territorios de la Comunidad El Simbol. Para ello se ha aliado con la familia Risso Patrón, vecinos del lugar y quienes han dado entrada a los empresarios y a la banda armada de Tala Aranda. 

Estos custodian a los alambradores junto a Paulino Risso Patrón, contratado por la empresa para amedrentar a las familias de la zona permitiendo el alambrado de los territorios de la comunidad", denunció el Mocase. Fue un asesinato anunciado. 

Los Galván habían denunciado varias veces ante el juzgado de Monte Quemado las amenazas que recibían. Por si fuera poco, pocos días antes del crimen, el Comité de Crisis del gobierno de Santiago del Estero visitó la comunidad El Simbol. 

En su informe, admitió: "Un párrafo aparte merece, la situación de gravedad que significa el conflicto latente, relatado por pobladores, poniendo en riesgo constante sus bienes y la vida de las familias."
Fuente:TiempoArgentino

Pedido en el Congreso para que se esclarezca el crimen de otro campesino.

Pedido en el Congreso para que se esclarezca el crimen de otro campesino 
Dirigentes del Mocase-Vía Campesina, representantes del Cels, legisladores nacionales y organizaciones de Derechos Humanos pedirán que la Cámara de Diputados trate un proyecto de ley presentado en 2011 que propone detener por cinco años los desalojos de tierras y ordena la realización de un relevamiento en todo el país, y exigirán que se investiguelas causas y los responsables del asesinato Miguel Galván, ocurrido el miércoles pasado en Santiago del Estero. 

Galván, uno de los miembros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina, fue asesinado el miércoles pasado en el Paraje Simbol, a 400 kilómetros de la capital provincial, luego de que la organización denunciara en varias oportunidades el amedrentamiento de sus integrantes por defender la posesión de sus tierras contra el avance de empresarios agropecuarios en la zona. 

El crimen provocó el rechazo de dirigentes de diferentes partidos políticos y dos movilizaciones. El Mocase-VC acusa a Paulino Riso, un "sicario de la Empresa Agropecuaria LA PAZ S.A.", de la ciudad salteña de Rosario de la Frontera. Según su relato de los hechos, "Riso fue a la casa de la familia Galván a provocar como tantas otras veces, sólo que esta vez con la intención de matar". 

La víctima era miembro de la comunidad indígena Lule Vilela, que había concretado la primera etapa de un relevamiento territorial para impedir el avance de emprendimientos agrarios sobre las tierras de poblaciones originarias. La reunión solicitada por el Mocase-VC será mañana martes a las 11 en el Salón José Luis Cabezas del Congreso de la Nación. 
Envío:Agnddhh

los modales del modelo / males raíces / miguel galván toda esta sangre en el monte 
por Rodolfo González Arzac 

Foto: Sebastián Andrés Vricella 
En apenas once meses, toda esta sangre. Y la indiferencia. A pesar de los tiros, las puñaladas, los campesinos heridos, los campesinos muertos: la guerra. En el monte santiagueño, ahí donde la tierra se confunde con el Chaco y con Salta, las imágenes se repiten: el desembarco de las topadoras, los alambrados todavía brillosos, las guardias armadas, la expulsión de los habitantes a manos de empresarios apañados por efectivos de la Policía y funcionarios de la Justicia. En el monte santiagueño, la riqueza y la pobreza. Las advertencias. Las amenazas. El Estado que no está. Y cuando aparece, mejor correr. Una cinta sin fin. 

Cristian Ferreyra murió desangrado un 16 de noviembre después de recibir un tiro de escopeta. Vivía en la comunidad San Antonio, a dos horas y media de distancia de la ciudad de Monte Quemado por un camino de tierra lunar. Tenía 23 años, estuvo a un día de llegar a los 24. Y hacía rato, junto a otras familias, defendía las tierras que las comunidades campesinas ocupan hace mucho más de 20 años (lo que de por sí ya le otorga el beneficio legalmente conocido como usucapión). Cristian Ferreyra fue asesinado, según investiga la Justicia, por encargo. Lo mató un vecino contratado por un empresario. Un vecino que trabajaba para un empresario. Un vecino que, como es habitual en comunidades tan pequeñas, lo conocía bien: hasta tenían un lazo familiar. 

Miguel Galván murió el 10 de octubre. Lo degollaron. Y de prepo, ya muerto, le clavaron otra puñalada que le destrozó el hígado. El asesino llevaba un arma con dos balas gatilladas que no salieron. Lo mataron en Salta, pero a pocos metros, unos cien metros, de Santiago del Estero. En el paraje El Simbol. Miguel Galván se había criado en El Simbol, a unas dos horas de la ciudad chaqueña de Taco Pozo por un camino de tierra lunar. En el monte no hay fronteras, apenas árboles bajos, animales, polvo y familias que producen alimentos y que viven entre la austeridad y las carencias. Pero a la zona se la conoce regionalmente como la triple frontera. Miguel Galván vivía en Mendoza. Había vuelto a su tierra para el entierro de su madre, tres meses atrás. Y se había quedado allí, a pesar de que su familia lo extrañaba, y de que él otro tanto, para ayudar a sus dos hermanos: que peleaban con otro empresario y otro vecino del lugar contratado por ese hombre de negocios para despojarlos de sus tierras. El vecino, como suele ocurrir en estos casos, se había criado con él. 

Hay operaciones torpes. Pero, de manera increíble, a veces resultan efectivas. El gobierno de Santiago, y la Justicia, y el gobierno de Salta, y su Justicia, y los medios de los empresarios de ambas provincias, intentaron instalar en estos días la idea de que el asesinato de Miguel Galván fue una cuestión familiar. Una cosa de pobres, en el medio de la nada. Lo mismo habían hecho, once meses atrás, cuando le tocó a Cristian Ferreyra.

El viernes, de mañana, en El Simbol, con el cajón de su esposo de fondo, con las velas derretidas después de arder toda la noche, con su pequeña hija aún sin entender qué era todo eso que pasaba alrededor suyo, en el ranchito de los Galván sin agua y sin luz, sin señal de teléfono, entre gallinas y cabritos, Julia la esposa de Miguel Galván lo dijo clarito: 

–Mi esposo va a ser enterrado acá, en el lugar que se crió, para que vean que acá vive gente. Mi esposo se quedó a ayudar a sus hermanos porque les quieren robar la tierra. Mi esposo nunca peleó. Creía en Dios, era evangelista. Y amaba este lugar, su lugar: El Simbol. 

A la hora de las flores sobre el cajón, con los llantos de fondo, el pastor que llegó desde Mendoza, el que daba los sermones que Miguel aceptaba, pidió que alguien escuchara lo que estaba pasando. “Que la Argentina sepa”, dijo, a modo de ruego. 

De tarde, con el sol implacable, los campesinos de los 16 parajes del lugar, los que integran la comunidad Lule Vilela (que ya habían recibido la primera visita para registrarse como tal para así evitar los desalojos y poder vivir compartiendo la tierra, sin alambrados: en comunidad), denunciaron que el empresario ya había tratado de proponerles un trato: una poca de dinero, un alambrado, pasto, a cambio de la cesión de una buena parte de sus tierras. Y que el asesino de Miguel Galván, contratado por un tal Figueroa de la Empresa Agropecuaria La Paz, con asiento en la ciudad de Rosario de la Frontera, hace tiempo que sembraba la tranquilidad del lugar con amenazas. En esa misma zona, tres meses atrás, un campesino recibió un tiro en el pecho y salvó su vida de milagro. 

La lista de atentados es más larga. En las últimas semanas, algunos familiares de Cristian Ferreyra sufrieron amenazas y golpes. Sergio Arnaldo Ferreyra, primo de Cristian, y querellante en la causa de su asesinato, fue perseguido y golpeado por ocho personas que le exigían que “no se meta más”. El comisario de Monte Quemado, a tono con la historia reciente, se negó a tomarle la denuncia. Otro primo, Maximiliano Gastón Ferreyra, fue encarado en la plaza de Monte Quemado por cuatro tipos encapuchados y armados, que lo amenazaron con ahorcarlo y le robaron la llave de su casa y el celular. Y Noelia Ferreyra también fue amenazada en la Escuela por las hijas de un hermano de Javier Juárez, el hombre acusado por el asesinato de Cristian. Noelia no escuchó palabras. Simplemente, le mostraron balas. En estos once meses tres episodios de desalojos estuvieron cerca de terminar en asesinato. Fueron en la comunidad Villa Matoque, en el departamento Pellegrini y, el último 1 de julio, en el paraje Choya. En todos los casos, varios campesinos resultaron con heridas de bala. Los están fusilando. 

Ante la indiferencia generalizada, ante el temor de perder lo poco que tienen, ante el pavor que les genera la posibilidad de terminar en la ciudad sin posibilidad alguna de trabajar de nada (porque lo que saben es criar animales, producir alimentos sanos, porque no estudiaron, porque sus familias siempre vivieron así, con tan poco, y esos fueron los buenos oficios que les transmitieron), con la certeza de que abrazados tienen más chances que solos, la mayoría de los campesinos de la zona integra el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, tal vez, la organización de este tipo más fuerte del país, un movimiento autónomo, la barrera con la que se encuentran a menudo los empresarios sin capacidad de dominar su voracidad. Por eso también, los empresarios y sus medios, y algunos pocos desorientados, en el mejor de los casos simplemente equivocados, o improvisados, o ventajeros, o carroñeros, en estas horas le apuntaron al Mocase. “Hacen política con la tragedia”, les dijeron. Cuando lo que hacen, y eso es fácil de apreciar en el monte, es política, sí, pero para tratar de evitar las tragedias encadenadas y los atropellos. Para tratar de emparejar el desamparo. Con la intención desembozada de defender a los que tienen otra concepción de la tierra, de los alimentos. Y de tantas otras cosas más. 

En estos once meses, toda esta sangre. Y el engorde de una certeza: la urgencia de que los que pueden detener la masacre dejen de mirar al costado. Porque todo crimen tiene un autor material. A veces, otro autor intelectual. Y, otras veces, casi siempre, responsables políticos. ver galería de imágenes 

FuentedeOrigen:RevistaCrisis
Fuente:Agnddhh

MOCASE-VC

A menos de una semana del asesinato de Miguel Galván, a once meses del asesinato de Cristian Ferreyra, desde los montes y barrios de Santiago del Estero, desde lo más profundo de nuestra indignación, decimos:  

Que los hechos ocurridos en el Paraje el Simbol, límite de Santiago del estero y salta, han calado y dejado, una vez más, en evidencia de la grave situación que vivimos cotidianamente en nuestras comunidades campesinas indígenas y de cómo la policía, el Juez Torreli de Monte Quemado y el gobierno de la provincia de Santiago , no han actuado ante las inumerables denuncias que se han realizado por las amenazas de muertes de grupos armados y han dejado zona liberada para su actuación.

El territorio de la triple frontera entre Chaco, Salta y Santiago del Estero, desde el 2006 viene siendo un foco de combate terrible y la firmeza de las familias organizadas ha evitado el avance de empresarios

Una de estas familias fue la familia de Miguel, nacido y criado en el paraje El Simbol, cuyos territorios comparten las provincias de Salta y Santiago del Estero. Su familia formó parte desde sus inicios de la Central Campesina 3 Fronteras del Mocase-VC. Durante todos estos años, han estado resistiendo al avance de distintos empresarios como Romeral, la empresa El Alba de Salta que provocó un allanamiento de la comunidad por parte de la policía e infantería en 2008, el intento del empresario Raúl Micoli de Córdoba en 2010 y el santiagueño Gustavo Saa desde 2011, cuyas bandas armadas balearon a Don Sixto Ruiz el 12 de julio en el paraje Vinalito.

Desde hace 2 años, es la empresa Agropecuaria La Paz S.A, cuyo encargado es un tal Figueroa, quien intenta alambrar los territorios de la Comunidad. Para ello, se ha aliado con la familia Risso Patrón, vecinos del lugar y quienes han dado entrada a los empresarios y a la banda armada de Tala Aranda. Estos custodian a los alambradores junto a Paulino Risso Patrón, contratado por la empresa para amedrentar a las familias de la zona permitiendo el alambrado de los territorios de la comunidad.

Ante esta situación, su hermano, su madre y Miguel habían presentado varias denuncias desde el año 2011 por usurpación y por amenazas contra la empresa, las bandas armadas y contra el asesino Paulino Risso Patrón, cuyas constancias se adjuntan a este comunicado.

Todos estos conflicto y el alambrado del territorio se está realizando en la parte que corresponde a Santiago del Estero, aunque la situación se repite en el territorio salteño. La policía que ha “actuado” hasta ahora en la zona ha sido la policía de Santiago y las denuncias y las investigaciones han sido desarrolladas por el Juez de Monte Quemado. Incluso hace 15 días, el Comité de Crisis de la provincia visitó la comunidad y pudo constatar la presencia de las bandas armadas y el alambrado del territorio.

Pero las bandas armadas siguieron su trabajo y el pasado miercoles, Paulino se dirigió a la casa de los Galván con un revolver 38 y trató efectuar dos disparos. Miguel intentó inmovilizarlo y el asesino lo apuñaló en la yugular.

La causa quedó radicada en el juzgado de Metán, ya que el crimen se produjo en el lado salteño de la comunidad. El lunes los compañeros y familiares de Miguel se trasladaran a la ciudad de Metán para declarar como testigos del asesinato

Hoy, la banda armada de Tala Aranda sigue alojada en la casa de los Risso Patrón, amenanzado a los familiares y vecinos.

Toda esta situación la venimos denunciando desde hace mucho tiempo, y a pesar de todas las denuncias, no se ha tomado ninguna medida efectiva que garantice la vida y el territorio de las comunidades campesinas indígenas y su producción de alimentos sanos.

Es por esto que exigimos:

·         Que se detengan inmediatamente a las bandas armadas de Tala Aranda y la de los Juarez, asesinos de Cristian, que actúan inmpunemente en la zona, amenazando a las familias campesinas del norte de la provincia.

·         Que se investigue y detenga a los responsables de la empresa Agropecuaria La Paz S.A, como responsables intelectuales del crímen y por contratar Guardias Blancas.

·         Que renuncie el juez Jose Luis Torrelli de Monte Quemado quien no hizo nada ante las múltiples denuncias y que el revolver 38 del asesino que fue secuestrada por la policía de Monte Quemado no desaparezca como desaparecieron los cartuchos y la escopeta itaca que asesinó a Cristian Ferreyra

·         Que el Comité de Crisis, como instrumento del gobierno provincial ante los conflictos de tierra, haga público el informe que hizo de la visita de la comunidad El Simbol, donde se reconoce la presencia de bandas armadas y explique qué acciones concretas tomó al respeto el gobierno de la provincia.

Del asesinato de Cristian hasta ahora el Gobierno de la provincia no ha asumido su responsabilidad. Ningún funcionario ha dimitido, ni siquiera quien aprobó el desmonte el en la comunidad de Cristian. Hasta el momento, ningún funcionario de la provincia ha hecho ningún comentario sobre la muerte de Miguel.

Señalamos a Luis Fernando “Parano” Gelid, ministro de Producción, Tierra y Recursos Naturales como principal impulsor del avance del agronegocio en la provincia, y por lo tanto, responsable político directo de los asesinatos de Miguel y Cristian. Gelid, que proviene de una familia con más de 40.000 has de soja y ganadería de dudoso origen, es metido en el gobierno de Zamora por la Confederación Rurales Argentinas (CRA) y él básicamente les ha dado a ellos el poder para avanzar sobre los territorios comunitarios.

Exigimos que la Provincia asuma de una vez por todas la realidad de las familias campesinas indígenas, proteja sus territorios y apoye su producción. Y esto significa prohibir los desmontes, los desalojos y el avance de las empresas del Agronegocio.

Adjuntamos  las constancias de las denuncias presentadas desde el año 2011  por Miguel y  la familia Galván ante la policía y juzgado de Monte Quemado contra el asesino Risso Patròn y la Empresa Agropecuaria La Paz

Ni un metro más, la tierra es nuestra!

¡Miguel Galván y Cristian Ferreyra Viven, la lucha sigue!

 22 Años MOCASE-VC            http://mocase-vc.blogspot.com
                MNCI-                     http://www.mnci.org.ar/
                CLOC-                     http://www.cloc-viacampesina.net/
La Vía Campesina- Argentina  http://viacampesina.org/sp/

                                 Facebook: mocase via campesina

Envío:Agnddhh

Buenos Aires, 13 de Octubre de 2012.-

Desde el Colectivo Memoria Militante, repudiamos el cobarde asesinato del campesino Miguel Galván, integrante de la Comunidad Indígena Lule Vilela y miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE - Vía Campesina), ocurrido en la tarde del pasado miércoles 10 en el Paraje Simbol, en la provincia de Salta, el que fue perpetrado por un sicario de la empresa Agropecuaria La Paz S.A., en clara intención de invadir territorio indígena para extender la frontera agrícola-sojera.

Como prueba de la impunidad existente, Galván fue asesinado a unos 50 kilómetros de donde mataron, el 16 de noviembre de 2011, al militante campesino Cristian Ferreyra, en otro crimen de idéntico signo y en esa oportunidad fue la propia justicia local quien vinculó el homicidio con el accionar de una patota armada que responde a un empresario de la región.

Ante la gravedad de los hechos ocurridos y a la sistemática violación de los derechos humanos que padecen las comunidades campesinas indígenas en nuestro país por parte del poder político-económico y frente al incomprensible silencio del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) con relación a los hechos, es que hacemos responsables tanto a las autoridades provinciales como nacionales por el estado de peligro e indefensión en que se encuentran estas comunidades, ya que es deber ineludible del Estado diseñar políticas para evitar la vulneración de derechos.

En este sentido, frenar los desalojos campesinos y declarar la función social de la tierra son dos de los ejes de un Proyecto de Ley impulsado por las propias organizaciones campesinas de todo el país, que espera su tratamiento en el Congreso de la Nación, desde hace casi un año. La fundamentación del mencionado proyecto cuestiona el actual modelo extractivo: denuncia el avance minero, petrolero y los agro-negocios, señalándolos como contrarios a la vida campesina y violatorios de los derechos humanos.

Mientras aguardamos la sanción de ésta imprescindible herramienta jurídica y ante lo irreparable de los hechos, exigimos el inmediato esclarecimiento del crimen de Miguel Galván y el castigo para los responsables materiales, intelectuales y políticos del asesinato y rechazamos todo intento de continuar sosteniendo la metodología de despojo de tierras en un escenario de muerte y violencia.

¡¡¡Exigimos la URGENTE aprobación de la Ley Contra los Desalojos de Campesinos y el

Cumplimiento efectivo de la Ley 26160 de Emergencia Territorial !!!

30.000 Detenidos-Desaparecidos ¡Presentes!

No olvidamos, No perdonamos, No nos reconciliamos

Aparición con vida de Jorge Julio López y de Luciano Arruga

Esclarecimiento del asesinato de Silva Suppo

No a la Presión Domiciliaria- Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas

No a la Criminalización de la Protesta Social

Colectivo MEMORIA MILITANTE

Envío:AexPPCdba.

EL AGRONEGOCIO SE EXPANDE CON SANGRE.

El agronegocio se expande con sangre 
Año 5. Edición número 230. Domingo 14 de octubre de 2012 
Por Lesa humanidad 
lesahumanidad@miradasalsur.com

(MOCASE). 
Un sicario asesinó de una cuchillada a Miguel Galván, un campesino indígena. Reclaman la sanción de una ley que frene los desalojos de territorios por cinco años. 
La frontera del negocio sojero se sigue expandiendo, principalmente en el norte argentino, a costa de la sangre de muchos campesinos indígenas. Esta semana un sicario de un empresario agropecuario mató de una cuchillada en el cuello a Miguel Galván. Sucedió en el Paraje Simbol, a 400 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, en el límite con Salta. 

Galván tenía 40 años, era de la etnia lule vilela e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (Mocase-VC). Hace un año, en noviembre de 2011, otro miembro del Mocase murió asesinado: Cristian Ferreyra. 

El Mocase nació hace más de 20 años y es la organización campesina más importante del norte argentino. Son unas ocho mil familias –casi 40 mil personas–. 

Fueron pioneros en advertir la nocividad del monocultivo sojero que ha ido devastando los bosques nativos para ganar superficie cultibable. El Mocase-VC informó que Galván fue herido mortalmente con un arma blanca en el cuello. El atacante, señalaron, se llama Paulino Risso Patrón y lo acusaron de ser sicario de la empresa Agropecuaria La Paz, de la ciudad salteña de Rosario de la Frontera. 

La empresa pretende alambrar parte del territorio de las comunidades indígenas lule vilela. “Risso fue a la casa de la familia Galván a provocar como tantas otras veces, sólo que esta vez con la intención de matar”, indicó el Mocase-VC. 

La policía de Salta comunicó que Risso Patrón es tío de la víctima. Agrupaciones sociales y políticas se movilizaron el viernes al Congreso Nacional para repudiar el asesinato y reclamar su esclarecimiento. También legisladores nacionales repudiaron el crimen. 

“El negocio de la soja y la corporación política no respeta la vida de las personas”, dijo la diputada Victoria Donda, integrante del bloque Libres del Sur. En el mismo sentido se expresó la diputada Mara Brawer, del Frente para la Victoria (FpV): pidió el “juicio y castigo para los responsables materiales e ideológicos del asesinato”. 

Galván era miembro de la comunidad indígena lule vilela, que había concretado la primera etapa de un relevamiento territorial para impedir el avance de emprendimientos agrarios sobre las tierras de poblaciones originarias. 

La familia Galván había denunciado amenazas e intimidaciones ante la policía y la Justicia de la ciudad santigueña de Monte Quemado, sin recibir respuestas a su advertencia.

En abril de 2011, organizaciones campesinas presentaron en el Congreso un proyecto de ley que intentaba poner fin durante cinco años a los desalojos de territorios campesinos y de poblaciones originarias para el desarrollo de emprendimientos agrarios, en su mayoría de soja. 

El texto fue promovido, entre otras agrupaciones, por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), Foro de la Agricultura Familiar (Fonaf) y Frente Nacional Campesino (FNC). 

“Los pocos bosques que quedan en Santiago del Estero están habitados y son el sustento de comunidades campesinas e indígenas”, comentó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. 

Giardini aseguró que el gobierno provincial “viola sistemáticamente la Ley de Bosques, al aprobar desmontes en zonas protegidas por la norma y sin realizar audiencias públicas”.

Greenpeace también resaltó que, según datos de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2006 la superficie deforestada en Santiago del Estero representó la mayor del país y abarcó más de 800 mil hectáreas. 
A fines de 2011, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas expresó su “preocupación” por las “persistentes amenazas, desplazamientos y desalojos violentos de pueblos indígenas de sus tierras tradicionales en numerosas provincias”. 

El Comité advirtió que “el creciente empleo de pesticidas químicos y siembra de soja transgénica en regiones habitadas o utilizadas por comunidades indígenas han afectado negativamente a estas comunidades”. 

“Las fuerzas de seguridad y agentes públicos o privados han recurrido a represalias y al empleo desproporcionado de la fuerza” contra personas que defienden sus tierras. 

En el mismo sentido se expresó en julio último el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Situación de los Derechos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, James Anaya, cuando pidió a los gobiernos nacional y provinciales, y a la Justicia, que suspendieran todos los procesos de desalojo de las comunidades originarias. 

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó que el asesinato de Galván representa “una nueva demostración de la urgente necesidad de detener los desalojos” de territorios.

“El Estado federal debe garantizar los derechos humanos de las personas involucradas en estos conflictos y establecer instancias de articulación con las provincias que permitan encontrar soluciones de fondo a los reclamos y prevengan el uso de la violencia”, indicó la organización. 

El martes próximo a las 11, integrantes del Mocase-VC participarán de una conferencia de prensa en el Salón José Luis Cabezas del Congreso.
Fuente:MiradasalSur


La Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Familiares de Desaparecidos y ex presos políticos de Santiago del Estero manifestamos nuestro profundo repudio al asesinato del campesino Miguel Galván, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE VC) y nos solidarizamos con su familia y las organizaciones campesinas.

Su asesinato se inscribe en el contexto de la larga lucha que las comunidades campesinas e indígenas vienen sosteniendo por la recuperación y conservación del territorio (que por derechos ancestrales les corresponde) contra quienes solo tienen como objetivo la apropiación y explotación de tierras aptas para el cultivo de soja de las que obtienen millonarias ganancias.

Denunciamos el grave estado de indefensión jurídica, social y económica de las comunidades campesinas que provocaron los asesinatos de Eli Juarez, Cristian Ferreyra y Miguel Galván.

Exigimos a los poderes del Estado nacional y provincial que garantice sus derechos a la vida y al territorio. Del mismo modo, la instalación y promoción efectiva de un modelo de desarrollo que no solo incluya a las comunidades campesinas e indígenas sino que las privilegie por encontrarse en un grado de vulnerabilidad extrema.

¡¡ JUICIO Y CASTIGO PARA LOS AUTORES MATERIALES, SUS COMPLICES Y RESPONSABLES POR ACCION O INACCION !!

Santiago del Estero, 12 de Octubre de 2012

ASOCIACION POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA. FAMILIARES DE DESAPARECIDOS y EX PRESOS POLITICOS DE

SANTIAGO DEL ESTERO

Envío:Agnddhh

RECLAMO FRENTE AL CONGRESO POR EL CRIMEN DE UN MILITANTE DEL MOCASE EN SANTIAGO DEL ESTERO.

RECLAMO FRENTE AL CONGRESO POR EL CRIMEN DE UN MILITANTE DEL MOCASE EN SANTIAGO DEL ESTERO
“Ni un muerto más por el agronegocio”

Organizaciones sociales exigieron justicia por el asesinato de Miguel Galván, ocurrido el miércoles pasado. Denunciaron la persecución y amenazas a campesinos e indígenas y reclamaron la sanción de una ley que frene los desalojos.

El acto estuvo encabezado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).

Imagen: Bernardino Avila

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El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC) y organizaciones sociales y políticas se concentraron ayer por la tarde frente al Congreso de la Nación para exigir “juicio y castigo a los responsables materiales, ideológicos y políticos del asesinato del campesino Miguel Galván”, ocurrido el último miércoles y por el que acusan al empleado de un empresario agropecuario que habría actuado como sicario. “Nuestra lucha va a continuar, no queremos ni un muerto más por la violencia del agronegocio”, dijo a Página/12 Ricardo Cuellar, integrante del Mocase-VC y representante del pueblo Lule Vilela, etnia a la que también pertenecía la víctima.

Encabezado por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y su expresión santiagueña, el Mocase-VC, cerca de las 14 arrancó el acto central en un escenario improvisado sobre la avenida Rivadavia, frente al Congreso. “Esta movilización la hacemos para repudiar la violencia que venimos sufriendo y que cada vez se lleva consigo más vidas”, expresó Cuellar. 

“Estamos conmovidos y hoy (por ayer) vinimos hasta Buenos Aires para buscar apoyo a nivel nacional, porque en nuestra provincia estamos olvidados por la política que lleva adelante el gobernador Gerardo Zamora, quien parece que se ha dejado dominar por todos los empresarios sojeros que vienen a quedarse con nuestra tierra y a destruirla”, añadió.

“Denunciamos hace años que se venían instalando en nuestras tierras empresarios que tienen bandas armadas que nos vienen a provocar día tras día. De estos hechos, los funcionarios de Santiago del Estero están enterados, ya que ellos mismos crearon un Comité de Crisis (para gestionar el conflicto de tierras) y constataron la gravedad de los episodios que las familias campesinas venían denunciando por parte de empresarios y grupos armados que responden a ellos. Vemos que la policía y los jueces no actúan y tenemos que lamentar otra víctima en nuestras tierras”, agregó Cuellar. “No queremos contaminación, por eso exigimos a los gobiernos que nos respeten y nos entreguen lo nuestro”, añadió.

Por su parte, Marcelo Palmar, miembro del Mocase-VC, dijo que “el gobierno santiagueño pareciera que está más interesado en defender a los empresarios agropecuarios y a sus bandas armadas, que en escuchar nuestro reclamo y defender la vida”. “Ya no está quedando territorio en el norte de la provincia, porque los empresarios sojeros están avanzando indiscriminadamente alambrando el territorio de las comunidades indígenas apoyados, claramente, por los funcionarios locales que los avalan”, agregó.

Del acto también participaron las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas y Mirta Baravalle. “Basta de tapar a la gente que reclama sus tierras. Hoy pedimos que se cumpla el convenio 169 –que implica el reconocimiento de mayores derechos a los pueblos indígenas– y las leyes para la devolución de las tierras, para que se frenen los desalojos a los campesinos y a los pueblos indígenas”, dijo Cortiñas. “Esos desa-lojos llevan al malestar y luego a la muerte. Hay que luchar hasta vencer, para que los responsables devuelvan las tierras, para que no persigan y no maten”, añadió.

Además, Cortiñas sostuvo que Madres de Plaza de Mayo-LF “repudia esta muerte y la persecución en las muertes que ocurrieron en la colonia qom La Primavera, en Formosa, y las amenazas que sufre Félix Díaz”. Mirta Baravalle expresó que “las Madres lamentan que otro inocente muera por querer defender su territorio”. “Lamentablemente, los funcionarios ya sabían que podía haber otro crimen, dejando al desamparo emocional a toda su comunidad por la pérdida de un ser querido, y no hicieron nada por impedirlo.”
Julián Roqué, dirigente del Mocase-VC, señaló que “hay responsabilidades muy grandes y muy graves desde lo político por hechos que hoy tenemos que lamentar con muertes”. “Le decimos al gobernador Zamora que se tiene que hacer cargo políticamente del conflicto de tierras y hace vista al costado. 

Pedimos que cumpla con el deber de funcionario público, porque está para velar por los derechos humanos y por la vida de los campesinos”, añadió. Por su parte, Raimundo Laudero, integrante del MNCI de Mendoza, comentó que “hay otro compañero asesinado, víctima del avance del agronegocio y el capital sobre las familias campesinas”. “Mostramos nuestro repudio y exigimos el urgente tratamiento de la ‘ley para frenar los desalojos de comunidades campesinas’ (ver aparte), que se llama Cristian Ferreyra, en honor a nuestro compañero que también fue asesinado hace casi un año por un empresario sojero en Santiago del Estero”, agregó.

Participaron del encuentro agrupaciones políticas sociales como Movimiento Evita, Los Pibes, Partido Obrero, Proyecto Sur, entre otros, que junto a las organizaciones campesinas corearon “Ni un muerto más, la tierra es nuestra”. También adhirieron al pedido de justicia por Galván varios diputados nacionales. Los reclamos continuarán hoy desde las 8.30, cuando el Mocase-VC y diversas organizaciones sociales y políticas se concentren en el Parque Aguirre, en la capital santiagueña.

El asesinato de Galván ocurrió el último miércoles por la tarde y en la puerta de su casa, cuando un hombre que responde a un empresario agropecuario salteño llegó a la casa de la víctima y lo mató de una puñalada en la yugular. 
La familia Galván había denunciado en varias oportunidades amenazas de muerte y golpizas por parte del supuesto sicario y allegados a él. La Policía Regional Nº 5 de Monte Quemado “confirmó que se realizó la autopsia correspondiente a la víctima para determinar las causas del deceso, y que en los próximos días se darán a conocer los resultados”. Sin embargo, la policía local no brindó datos precisos sobre el supuesto autor material del crimen.
Informe: Sabrina Améndola.


Proyecto contra los desalojos

El próximo martes a las 11 en el salón José Luis Cabezas del Congreso de la Nación será presentado el proyecto de ley para frenar los desalojos de comunidades campesinas, con el objetivo de exigir su urgente tratamiento. El proyecto lleva la firma de varios diputados del Frente para la Victoria y Nuevo Encuentro, y fue elaborado hace más de un año para cuestionar el modelo extractivo y el avance de los agronegocios.

Entre sus puntos más salientes, el escrito declara “la emergencia territorial por el plazo de cinco años en materia de posesión y propiedad de las tierras rurales que ocupan en calidad de poseedoras las comunidades campesinas y agricultores familiares”.

Asimismo, el proyecto de ley “solicita la suspensión de desalojos durante cinco años e insta en los tres primeros a realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras”. Además, indica que “la Autoridad de Aplicación será el Ministerio de Agricultura, pero con la participación indispensable de las organizaciones campesinas”.


Condena del CELS

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó que el asesinato del campesino santiagueño Miguel Galván, cometido cuando defendía la posesión de sus tierras, representa “una nueva demostración de la urgente necesidad de detener los desalojos” de territorios.

“El Estado federal debe garantizar los derechos humanos de las personas involucradas en estos conflictos y establecer instancias de articulación con las provincias que permitan encontrar soluciones de fondo a los reclamos y prevengan el uso de la violencia”, indicó la organización.

En un comunicado, el CELS condenó el homicidio de Galván, perpetrado en la tarde del miércoles en el paraje Simbol, a 400 kilómetros al norte de la capital de Santiago del Estero y en una zona limítrofe con Salta.

Además, indicó que “resulta indispensable” que el Congreso de la Nación discuta el proyecto de ley contra los desalojos de tierras rurales de campesinos, consensuado por distintas organizaciones e ingresado en la Cámara de Diputados en noviembre de 2011.
Fuente:Pagina12


Repudio ante el asesinato del campesino indígena Miguel Galván.
Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro repudio y denunciamos que el crimen de un miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (MoCaSE-VC) - M.N.C.I, ocurrido ayer (miércoles 10 de octubre) por la tarde en el Paraje Simbol, ubicado en el límite de las provincias de Santiago del Estero y Salta, refuerza la necesidad urgente de detener los desalojos y atropellos a comunidades campesinas indígenas,  por parte de empresarios del agronegocio.

Asimismo, exigimos justicia y esclarecimiento de todas las responsabilidades por el brutal asesinato, y rechazamos decididamente las versiones que lo describen como un enfrentamiento entre vecinos.

Este es otro caso más dentro de la gravísima situación que padecen las comunidades campesinas indígenas de esta provincia, que enfrentan los atropellos, agresiones y asesinatos impulsados por empresarios sojeros que no se detienen frente a nada ni nadie.  Las familias de la zona ya habían sido víctimas de hostigamientos por parte de empleados de la empresa agropecuaria La Paz S.A. de Rosario de la Frontera, Salta, que pretende alambrar y apropiarse de parte del territorio de las comunidades indígenas Lule Vilela. Detrás de todos estos casos está el intento de avance del agronegocio sobre territorios campesinos indígenas.

El gobierno provincial había sido alertado claramente de esta situación, ya que en el mes de julio organizaciones de DDHH compartimos las gestiones de estas organizaciones campesinas indígenas ante diferentes organismos oficiales de Salta, a fin de denunciar ante las autoridades lo que sucede en nuestra provincia, incluyendo la inacción y complicidad de la Policía de la Provincia, las guardias blancas, y los incesantes atropellos de los que se creen los dueños de las tierras provinciales. No hubo ninguna respuesta de ningún organismo provincial, a pesar del compromiso de hacerse presente en las zonas de conflicto.

Hacemos un  llamado a todas las organizaciones sociales y políticas a expresarse frente a esta situación, y a solidarizarse con las organizaciones campesinas indígenas que defienden sus territorios. Exigimos la pronta activación de un Comité de Crisis que se haga presente en las zonas de conflicto. 

Firman y se solidarizan: Comisión Mega Causa Salta 2012, Asociación Lucrecia Barquet, Hijos Salta, Encuentro, Memoria Verdad y justicia de Oran, Escuela de Ciencias de la Comunicación y Decanato de la Facultad de Humanidades de la UNSa, Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSa.
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