El Tribunal Oral Federal 1 de Rosario, en la provincia argentina de Santa Fe, acogerá hoy la primera jornada de un juicio contra 22 acusados por crímenes de lesa humanidad contra 67 personas.
Según la Secretaría de Derechos Humanos, la audiencia comenzará a las 10:00, hora local, y el proceso estará centrado en delitos cometidos contra trabajadores metalúrgicos y ciudadanos en la localidad de Villa Constitución, en marzo de 1975. Es una causa emblemática porque aborda la responsabilidad empresarial en crímenes de ese tipo. Entre los acusados se encuentran los exdirectivos de la compañía Industria Argentina de Aceros (Acindar), Roberto Pellegrini y Oscar Torralvo, señalados por sobrevivientes como el nexo entre esa entidad y las fuerzas represivas, precisó dicho organismo.
Junto a ellos están imputados exmiembros del Ejército, la Policía Federal y provincial y la Prefectura Naval por privación ilegal de la libertad, tormentos, asociación ilícita y homicidios cometidos a partir del 20 de marzo de 1975, añade.
En declaraciones a la agencia de noticias Télam, el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de Rosario, Adolfo Villate, explicó que se trata del primer caso en la región en el que se indagan los vínculos y la responsabilidad de una empresa en los hechos represivos llevados adelante en tiempos previos; pero, vinculados a la última dictadura cívico-militar en este país (1976-1983).
En aquel momento José Alfredo Martínez de Hoz era el titular de Acindar y más tarde se convirtió en el ministro de Economía del régimen.
Según la investigación judicial, las agresiones contra el movimiento obrero en ese lugar fueron una especie de preámbulo de lo que un año después se extendería a toda Argentina, tras el golpe de Estado contra la entonces presidenta María Estela Martínez, añadió.
Durante los últimos 40 años, en esta nación fueron condenados mil 200 genocidas por su responsabilidad en el terrorismo de Estado.
Cómo sigue el calendario de juicios por crímenes de lesa humanidad en la región
Tras un octubre de avances en el camino por Memoria, Verdad y Justicia, este mes comenzarán a juzgarse los crimenes de la causa "Villazo". El juicio arrancará a una semana del balotaje presidencial, en donde el negacionismo es una de las cartas que una de las fórmulas puso sobre la mesa.
Octubre terminó con importantes avances en materia de derechos humanos y juicios por crímenes de lesa humanidad en Santa Fe. Mientras que en la capital provincial tres represores fueron condenados a nueve años de prisión en la Causa Requena, el Juzgado Federal IV de Rosario rechazó la reclusión domiciliaria del represor Juan Daniel Amelong, cinco veces condenado (tres a cadena perpetua), y ordenó su traslado inmediato a la Unidad 34 “Campo de Mayo” del Servicio Penitenciario.
Todavía, sin embargo, queda un largo tramo por recorrer en Rosario, en la provincia y en todo el país, en el camino por Memoria, Verdad y Justicia. Pese a que todavía hay juicios pendientes de fecha o en proceso de instrucción, entre finales de este año y principios del próximo darán comienzo dos nuevos procesos orales en la región.
El lunes 13 de noviembre comenzará en Rosario el juicio oral por la causa “Villazo”, de características históricas como que será la primera vez en la región que se juzgue a civiles responsables dentro de los imputados, o el hecho de que se juzguen como crímenes del terrorismo de estado sucesos previos al 24 de marzo de 1976, en este caso, en Villa Constitución.
El 22 de febrero de 2024 comenzará en Pergamino el juicio por la causa Saint Amant IV, llevado adelante por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario, que sería el último de la mega causa que lleva dicho nombre y que tiene un total de 73 víctimas de distintas localidades del sur santafesino y el norte bonaerense.
Además, se encuentran a la espera de elevación a juicio causas como Laguna Paiva II (histórica por ser la primera vez que se incluye el abandono de persona de niños y niñas como delito de lesa humanidad), como así también el avance de otras como Membrive, Guerrieri V o Feced V.
Carcel común
La semana que acaba de finalizar arrancó con la noticia de que el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario declaró inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por la defensa de Juan Daniel Amelong para que el represor transite su condena en prisión domiciliaria, ordenando su inmediato traslado a la Unidad 34. Para Nadia Schujman, abogada querellante, la prisión de Campo de Mayo es el lugar “desde donde nunca se debería haber ido” el integrante de “la patota” del Destacamento 121 de Inteligencia de Rosario.
“En el juicio y en la audiencia quedó claro que está en perfecto estado de salud”, señaló la abogada de HIJOS Rosario en diálogo con RosarioPlus.com.
Amelong fue condenado a cadena perpetua en tres causas distintas y a 14 años en otra, mientras que se encuentra en etapa de instrucción el juicio en el que también está culpado por el secuestro y la desaparición de Miguel Membrive, trasladado a La Calamita.
Si bien el represor volverá a estar preso en el penal de Campo de Mayo, es una realidad que la mayoría de los represores condenados todavía están con prisión domiciliaria.
“Esa ha sido la válvula que Casación ha encontrado. Después de lo que fue la enorme movilización del 2x1, a la Corte y al Poder Judicial Federal de la Argentina les quedó claro que la impunidad absoluta para los genocidas no era una opción, porque el pueblo no se lo iba a permitir. Entonces, la válvula es mandarlos a su casa, cuando las patologías que muchas veces se denuncian son propias de la edad que tienen pero que no le impiden estar detenidos”, explicó la abogada.
En el caso de Amelong, por ejemplo, resultaba incluso más difícil que pudiera recibir atención médica rápida estando en su hogar en Fisherton que en la Unidad 34, que cuenta con servicio de salud permanente y un hospital a siete minutos. Por esto, el recurso que le permitía transitar la condena en su hogar no tenía sentido.
Causa “Villazo”
El 13 de noviembre, comenzará el juicio por la causa “Villazo”, que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de la empresa Acindar y ciudadanos de Villa Constitución, como parte del plan sistemático que aplicarían a lo largo de la cruel última dictadura cívico militar.
En este proceso judicial, que estuvo en instrucción más de diez años, tiene 69 víctimas y más de 400 testigos, se destaca como una de las características más llamativas que de los 22 imputados que hay en la causa se encuentran dos civiles, que eran jefes de personal de la empresa. Junto a ellos, se juzgará a miembros del Ejército argentino, de la Policía Federal, de Prefectura, de la Policía de Santa Fe y de la Guardia Rural Los Pumas.
Federico Pagliero, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Rosario y representante de la querella en el juicio por delitos de lesa humanidad, remarcó en diálogo con RosarioPlus.com que los juzgamientos de Roberto Pellegrini y Ricardo Torralvo darán cuenta de “la participación empresarial en el terrorismo de estado”.
En ese sentido, destacó como otra característica única que en la causa tendrán que acreditar “la existencia del plan sistemático”, es decir, “del terrorismo de Estado previo a la dictadura”.
“Con la causa de Villa Constitución se perfora el piso de lo que fue el terrorismo de Estado, ya que los crímenes de lesa humanidad son cometidos en este caso a partir del 20 de marzo de 1975, bajo el gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón. Entonces, con este caso obviamente y con otros casos como el de Tucumán, queda acreditado que el terrorismo de Estado comienza un año antes”, describió,
Otra característica única de la causa es que “es plenamente obrera”, ya que “la invasión a Villa Constitución, el ataque genocida, se da en respuesta a una gran gesta obrera que fue el ‘Villazo’, que fue el triunfo de los trabajadores metalúrgicos encabezados por la Lista Marrón, en conjunto con el pueblo, que apoyando a los trabajadores vuelve a tener elecciones libres a partir de tomas de fábrica y de toda una resistencia popular”.
Finalmente, así como también transforma en paradigmática a la causa el hecho de que se dé en una ciudad muy pequeña, foco de resistencia de los trabajadores, Pagliero resaltó que “es gracias a la tenacidad de los sobrevivientes, de los familiares y de los organismos de derechos humanos que podemos llegar al debate oral y público que de una vez por todas debe romper la impunidad en relación a este caso”.
Por si le faltaran alicientes a esta importante causa, el inicio se dará apenas seis días antes del próximo balotaje presidencial, en donde una de las fórmulas que se presenta realizó campaña abiertamente reivindicando las atrocidades de la dictadura y el negacionismo, a través de la teoría de los dos demonios.
Los peligros de una fórmula presidencial que reivindica el terrorismo de Estado
Victoria Villarruel (hija de Eduardo Villarruel, militar en Campo de Mayo, donde funcionaban cuatro centros clandestinos de detención), la candidata a vicepresidenta de la fórmula de La Libertad Avanza que encabeza Javier Milei, fue quien más se expresó abiertamente en defensa del accionar de los genocidas.
Una investigación llevada a cabo por El Destape reveló que, además de las visitas a Jorge Rafael Videla que la propia Villarruel reconoció, la actual diputada también visitó y mantuvo reuniones privadas entre 2014 y 2016 con al menos otros diez militares torturadores, siendo uno de ellos el mencionado Juan Daniel Amelong.
“Los riesgos que se corren son terribles, porque está en juego la democracia, porque todo el planteo electoral de Milei es absolutamente autoritario y antidemocrático”, dijo Schujman al ser consultada al respecto por este medio.
En ese sentido, manifestó que la reivindicación del terrorismo de Estado por parte de LLA “apunta no solo a garantizar impunidad para los genocidas, sino más que nada para volver a legitimar el rol de las fuerzas de seguridad en la Argentina de manera represiva”.
“Como el modelo económico que Milei plantea es el mismo modelo económico que en su momento trajo la dictadura de Martínez de Hoz, la única manera en que ese modelo de hambre cierra en nuestro país, donde tenemos una historia de lucha, de resistencia y de defensa de nuestros derechos, es sacando a las fuerzas de seguridad a la calle y aplicando una feroz represión”, culminó.
Un ejemplo de esta búsqueda de legitimar el negacionismo y las fuerzas militares también se dio con las expresiones de Cecilia Pando, abogada de los represores, que le pidió a Milei que si llega al gobierno libere a los genocidas con condenas a cadena perpetua.
En un video publicado en redes sociales, le pidió al referente libertario "una solución para aquellos militares, fuerzas de seguridad civiles y policías que están ilegalmente detenidos por los llamados delitos de lesa humanidad donde se violan sistemáticamente sus garantías constitucionales", y hasta confirmó lo señalado por Schujman al recordarle que necesitará de los militares para aplicar su gobierno.
“La Argentina que se viene va a tener que tomar medidas no gratas que traigan aparejadas un incremento de conflictividad social que tal vez requiera la participación de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas para restablecer el orden", precisó Pando, que luego agregó que las fuerzas no podrán ejecutar órdenes "si no se resuelve el tema" porque "en la década del '70 los militares si cumplieron órdenes de gobiernos constitucionales terminaron todos presos, ¿Quién les garantiza a las fuerzas de hoy que no terminen de la misma forma?"
Caso Chomicki: parteaguas en los juicios de lesa humanidad
que se llevan adelante en Rosario
La última semana de marzo comenzó un juicio que tiene a dos
represores en el banquillo y como víctimas a cuatro personas que son sindicadas
por diferentes voces como colaboradoras de la última dictadura. La Fiscalía y
APDH describen su punto de vista
16 de abril de 2022 - | Candela Ramírez
El pasado 28 de marzo se inició en Rosario un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. El mismo contempla un aspecto especial, diferente de otros debates -como ocurre en cada uno-: tiene como víctimas a cuatro personas señaladas por otros sobrevivientes como colaboradoras de la represión.
Se trata de Ricardo Miguel “Cady” Chomicki y su ex esposa Nilda Virginia Folch, alias Polaca, y la pareja José “Pollo” Baravalle, que se suicidó en 2008 en Italia, y Graciela Porta, conocida como Porota. Sus casos, todos ellos ex militantes montoneros, los analiza el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2), integrado por los jueces Jorge Sebastián Gallino, Mateo José Basaniche y Cinthia Graciela Gómez.
En marzo de 2012 el TOF N°2 había absuelto a Chomicki. En esa causa, conocida como Díaz Bessone o Feced I, fue investigado como presunto autor de 19 casos de secuestros, cinco casos de torturas y como miembro de la asociación ilícita que operó el grupo de tareas en el ex Servicio de Informaciones, ubicado Dorrego y San Lorenzo.
Quienes ingresan como víctimas a un centro de tortura, ¿pueden convertirse en victimarios? ¿Se puede exigir una ética militante, digna, heroica a alguien bajo tortura? ¿Pueden ser igualados unos y otros? ¿Todos pueden opinar sobre este tema? Según las circunstancias ¿todos podríamos hacer daño? ¿Qué motivos llevaron a estas personas víctimas, colaboradoras (¿represoras?), a no romper el silencio una vez terminada la dictadura? Cuando la crueldad y el abismo del terror son la norma, ¿qué queda de la condición humana?
Debate moral, debate jurídico o ambos
Por entonces, entre 2010 y 2012, se hizo pública la gran polémica entre los organismos de derechos humanos y la misma Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Esta última y organizaciones como HIJOS tomaron una definición: quienes entran como víctimas a los centros de detención y tortura no pueden ser juzgados al par de los organizadores y ejecutores del terrorismo de Estado.
Gabriela Durruty, abogada querellante en causas de lesa humanidad e integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -APDH-, recordó el momento como un verdadero “parteaguas en las querellas”.
“Con nuestro equipo, éramos Jesica Pellegrini, Daniela Asinari y Leticia Faccendini y yo, en representación de Familiares y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y un grupo muy nutrido de sobrevivientes, acusamos en aquel momento de la primera elevación de Feced a Ricardo Miguel Chomicki en consonancia con las instrucciones dadas por nuestros representados y representadas, dado que se trataba de una de las cinco personas que fueron acusadas como parte integrante de la patota desde enero de 1984, en las primeras denuncias radicadas por los sobrevivientes de forma unánime”, desarrolló.
Aclaró Durruty que, por entonces, “sólo estaba sentado en el banquillo de los acusados Chomicki porque su esposa Folch estaba prófuga”. Actualmente, no participa del juicio que se lleva adelante, en el que Chomicki testimonia como víctima pero la abogada contó a este medio que a los sobrevivientes de aquel centro clandestino de detención -CDD- “los afectó muy íntimamente la noticia de este juicio y que se haya resuelto su inicio en marzo”, mes del aniversario del golpe militar.
Para Durruty es importante destacar “que esta persona fue absuelta en Feced I pero no porque no cometiera los delitos sino precisamente porque los cometió, a entender del tribunal, por estado de necesidad exculpante”.
Así explicó: “Los jueces entendieron que no podía reprochársele sus actitudes, sus delitos, pero ni siquiera por un estado de necesidad justificante que hubiera eliminado el delito. Me parece que es en principio un dilema jurídico que se nos presenta porque Chomicki en su momento declaró como imputado y el perjurio no está penado en nuestra legislación, pero ahora está declarando como testigo y su testimonio contradice el de la abrumadora mayoría de los sobrevivientes que estuvieron detenidos en el momento en que él estaba en el Servicio de Informaciones, por tanto esto deberá resolverse al momento de la sentencia”.
Por su parte, Adolfo Villate, fiscal general de la Unidad de Asistencia a las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos en Rosario, consideró: “Lo que nosotros evaluamos es que no corresponde en este juicio revisar lo que se dijo en aquella oportunidad, porque lo que estamos analizando en este momento son las primeras 24 o 48 horas desde que fueron secuestrados y torturados. Folch fue violada tres veces. Estamos circunscribiendo el objeto procesal del juicio a este primer momento, desde el inicio de la privación de la libertad hasta que son liberados. No corresponde entrar en lo que ellos hayan hecho con posteridad como resultado, entendemos, de esos tormentos y violaciones. No queremos volver a someterlos a ellos a un proceso por el cual ya fueron absueltos y sobreseídos”.
Para Durruty no se trata de casos donde las víctimas revelan datos o fueron obligadas a salir de los CCD con los represores sino de personas que pasaron a formar parte del aparato represivo. En este sentido, plantea la necesidad de establecer matices. La pregunta que cabe y que sigue sin saldar en el campo de los derechos humanos es si una persona que sufrió los tormentos sobre su cuerpo y psiquis puede ser juzgada de la misma manera que quienes la llevaron a esta situación.
“Entrar a debatir sobre sus eventuales colaboraciones a esta altura es un juicio moral pero no puede ser un juicio jurídico”, planteó Villate. Según el fiscal no hay motivos para relativizar la condición de víctimas de ninguna de estas personas cuyos casos hoy son investigados.
“Los documentos oficiales dan cuenta del secuestro y de que estuvieron detenidas. Todos los mencionan como presos que colaboraron, pero que eran presos. Ambos, Chomicki y Folch, están en el informe Sotera del Destacamento de Inteligencia 121, donde él arma la estructura militar y política de Montoneros. Es decir, ya por figurar ahí son objetivos claros de la dictadura para secuestrarlos y torturarlos. Ellos eran considerados por Sotera como cuadros de relevancia, eran un objeto muy valioso para la dictadura”, desarrolló el fiscal.
Alfredo Sotera fue oficial superior del Ejército Argentino y jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario desde el 6 de diciembre de 1975 hasta el 15 de diciembre de 1976. El informe secreto que cita Villate fue de su autoría y el documento fue entregado por otro miembro del espionaje militar, Adolfo Salzman, en la causa Guerrieri.
Villate también señaló que no hay elementos que indiquen que previo a los secuestros ni Chomicki ni Folch hayan tenido vínculo con la Policía. Durante los años del terrorismo de Estado, Agustín Feced fue el jefe de Policía local y líder de una patota que persiguió, secuestró, torturó, mató y desapareció gente en el centro de la ciudad.
Testimonio
El pasado miércoles 6 de abril, Chomicki declaró en esta causa que lo tiene como víctima y en la que están sentados en el banquillo dos miembros del grupo de tareas que operó en el SI: los ex policías Julio Héctor Fermoselle y Mario Marcote. Voceros del caso indicaron que también estuvieron imputados José Rubén “Ciego” Lo Fiego y Carlos “Caramelo” Altamirano, quienes fallecieron durante la instrucción del caso.
Chomicki describió su paso por la militancia política entre 1975 y 1976, año en que cumplió 18 y fue secuestrado el 1° de diciembre en un bar en zona norte, avenida Alberdi y Juan José Paso. Narró su paso a la clandestinidad y cómo fueron las primeras horas de secuestro. “Nos suben a dos autos distintos, porque alguien nos marcó, y nos llevan a la comisaría 10, pero cuando llegamos nos sacan inmediatamente y nos suben a otros autos y nos llevan a la Jefatura -Santa Fe y Moreno- tirados en el piso con los pies en la espalda. Cuando me ingresan al Servicio, el Ciego Lofiego dijo: «Cayó el Oso». Adentro supe después que tenían hasta mi registro dental”, dijo.
Acto seguido relató la sesión de tortura con picana y cómo podía oír los gritos de su pareja, Folch, al ser violada y torturada. En este sentido, contó: “Entonces pensé en dar algo, una información y dije la dirección de un compañero. Me llevan en un auto a la casa de Generoso Ramos Peralta, un colaborador periférico que prestó su domicilio para reuniones y a mí me alojó. Lo detienen también a su hijo, pero yo nunca bajé del auto. Me dejaron atado en el piso y así salimos al Servicio. Pero cuando se dieron cuenta de que el detenido no era muy importante, me empezaron a pegar”.
Contó entonces que cuando Feced conoció a Folch le recordó a su propia hija y de alguna manera se compadeció. Allí comenzó el trato diferencial con los demás presos. Sin embargo, aseguró que su condición de presos se sostenía, que les fueron asignadas tareas como limpiar la sangre de la sala de tortura y que después del 15 de febrero de 1977 pasaron a estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, así empezaron a tener visitas y salidas.
Una vez liberados, contó, con Folch se fueron a vivir a Mar del Plata. Dijo que continuaron bajo amenaza de los servicios de inteligencia y que tanto en 1984 como 2004 fue detenido pero nunca llamado a declarar como testigo. Es la respuesta que da al reclamo de los sobrevivientes que reclaman que nunca aportó ninguna información que ayudara a dar con el destino final de los desaparecidos que se siguen buscando.
Comienza este lunes en Rosario el juicio de la causa Folch, sin participación de organismos de DDHH
Rosario: citaron a indagatoria a ex funcionarios judiciales por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura
El exsecretario Horacio Claverie y los ex fiscales federales Pedro Tiscornia y José Luis Vázquez están acusados como partícipes necesarios de privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios. La medida había sido solicitada hace más de un año y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó días atrás un pedido para que se resolviera de manera urgente.
Publicado el miércoles 13 de abril de 2022
El juzgado federal 4 de Rosario citó a tres ex funcionarios judiciales para que presten declaración indagatoria por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. La medida alcanza al ex secretario del juzgado federal 2 Horacio Claverie y a los ex fiscales federales Pedro Tiscornia y José Luis Vázquez, quienes están acusados como partícipes necesarios de privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios.
En la causa se investiga también la responsabilidad del exjuez Guillermo Tchoop, quien estuvo a cargo del juzgado federal 2 de Rosario y es hasta el momento el único procesado como partícipe necesario de privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios en 62 hechos.
El pedido de indagatoria había sido realizado por la querella de H.I.J.O.S. en febrero de 2021 y luego fue también solicitado por la fiscalía y por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que es querellante en la causa. Días atrás, más de un año después del pedido, la Secretaría presentó un pronto despacho para que se resolviera de manera urgente.
Las querellas habían solicitado además que tanto Tchoop como el resto de los imputados sean indagados por el delito de asociación ilícita, pero no fue aceptado por el juzgado.
La causa se inició con una denuncia realizada por la agrupación H.I.J.O.S. Rosario en 2018, a partir de los numerosos testimonios de sobrevivientes que declararon en los juicios por crímenes de lesa humanidad que se hicieron en la provincia.
Las víctimas relataron que habían sido interrogadas en el juzgado federal meses después de sus secuestros, cuando fueron “legalizadas”; y que en ese momento denunciaron haber sufrido detenciones ilegales y torturas. Sin embargo, esos hechos no se investigaron. Se logró constatar además el rechazo sistemático a los pedidos de habeas corpus presentados por familiares que buscaban saber su paradero.
El avance sin demoras de estas causas, en particular las que involucran la responsabilidad de actores económicos o civiles, es una de las prioridades que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación estableció en su Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad.
Las víctimas no pueden esperar. Los juicios tampoco.
Ricardo Chomicki declaró como víctima en un juicio de lesa humanidad
Sin decir qué hicieron con los desaparecidos
En 2010 fue acusado, y absuelto, en la causa Díaz Bessone. En una nueva causa, relató su secuestro, aseguró no haber torturado y explicó su vínculo con Feced.
Por Jose Maggi
Ricardo Chomicki fue señalado por sobrevivientes como parte de la patota de Feced. . Imagen: Archivo Rosario 12
Ricardo Chomicki, alias Caddy o Víctor, se sentó el último miércoles frente a un tribunal federal como denunciante de torturas y secuestro del que fue víctima en el Servicio de Informaciones, tratando de dar una vuelta de campana en su rol, en el que también lo señalaron sus propios compañeros de militancia: no sólo el de un quebrado y colaborador, sino el de un miembro más de la Patota de Feced. Chomicki dijo haber estado detenido desde el 1° de diciembre de 1976 hasta el 13 de junio de 1977, la mitad del tiempo como "aviador" (presos no reconocidos, en el aire) y el resto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Asi eligió relatar que su vida cambió cuando Agustín Feced vio en su compañera Nilda Foch algo que le recordaba a su hija mayor, y decidió protegerlos, pedir por su vida nada menos que a Leopoldo Galtieri, y obligarlos a casarse por Iglesia en Zavalla. "Vos la metiste a la piba en esto, hijo de puta, así que ahora te vas a hacer cargo", relató esta semana, al igual que lo había hecho en octubre de 2010 frente a otro tribunal federal, en la causa Díaz Bessone, donde fue sobreseído, siguiendo el criterio que bajaba de Nación, al afirmar que el que ingresaba víctima a un centro de detención, salía víctima.
Ahora, Chomicki hizo hincapié en la denuncia de violación que sufriera su esposa Nilda Folch, por parte de tres integrantes de la Patota: el Cura Marcote, Héctor Fermoselle y un ignoto -hasta el momento- Jorge, a quien nunca se pudo individualizar. En rigor de verdad, a lo largo de su testimonio de más de 90 minutos, Chomicki repitió que "no hay un solo testimonio de gente que diga que participé en su secuestro a excepción de Genoroso Ramos y su hijo". No pudo desarticular el principal ataque que recibe desde hace cuarenta años por sus pares: no haber hablado para desentrañar el destino de sus propios compañeros. "No hay sobrevivientes como nosotros. Todos se murieron", dijo en una parte más que aclaratoria del lugar desde donde habló.
Es que en verdad pareció una descripción un poco liviana para describir el destino de quienes pasaron por uno de los peores infiernos, como fue durante la última dictadura, el Servicio de Informaciones, y que hubiesen tenido el deseo final de dejar de existir. "Se murieron", dijo Chomicki. “En el Servicio de Informaciones siempre era de noche. No había luz y la radio siempre estaba a todo volumen. Había una dicotomía enorme: mientras en la radio se escuchaba gente feliz y música, nosotros escuchábamos los gritos de la tortura. Eran dos realidades paralelas, la vida de afuera y el desastre que era adentro del Servicio de Informaciones”.
El ahora denunciante de dos miembros de la Patota, comenzó recordando que “militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) hasta que fuimos a un villa en Tucumán y Felipe Moré, la catorce. Eso era lo que perseguía cuando empecé a militar, que era estar al lado del pueblo”. Después indicó que “hubo un allanamiento" en su casa. "Era la casa de mi madre en 1975, que estaba en Mendoza 1222 primer piso. Yo trabajaba en la óptica Marani y por eso pasé a una semiclandestinidad”.
Metido de lleno en su relato militante, expresó que “Montoneros tenía un verdadero ejército, y a cuando estoy por cumplir mis 18 años, paso a revistar en el ejército montonero en calidad de soldado. Ya en 1976 paso a la clandestinidad en forma absoluta, junto a Nilda Folch, quien también sufre allanamientos y persecuciones. Entonces nos vamos a vivir a un ranchito de madera en avenida Pellegrini y Felipe Moré”.
Según relató, en ese tiempo recibió instrucción militar. "Por lo cual ese ranchito, que era nuestra casa, pasó a ser una casa operativa, donde teníamos las armas de nuestro grupo. Como las caídas eran constantes a partir del 76, me ascendieron rápido en el ejército montonero. Primero tuve a cargo una unidad básica, hasta que en octubre de 1976 sucedió un hecho que desembocaría en nuestra detención: llegó un compañero a mi casa avisando que había otros compañeros que estaban dando domicilios bajo tortura. Así que levantamos la casa y las armas. Al otro día a la madrugada, el ranchito fue destruido a balazos”.
“Dormimos en la calle o en casas de compañeros, pero solo una noche por seguridad, hasta llegamos a estar en el arroyo Saladillo a la vera de un árbol. Esa precaridad y falta de alojamiento, derivó en nuestro secuestro”, confió. El operativo ocurrió según dijo el 1° de diciembre de 1976 en un bar de avenida Alberdi y Juan José Paso, "cuando íbamos a hacer un encuentro de control, con Joaquín", dijo al pasar Chomicki, apuntando a un compañero asesinado.
“Nos suben a dos autos distintos, porque alguien nos marcó, y nos llevan a la comisaría 10, pero cuando llegamos nos sacan inmediatamente y nos suben a otros autos y nos llevan a la Jefatura (Santa Fe y Moreno) tirados en el piso con los pies en la espalda. Cuando me ingresan al Servicio, el Ciego Lofiego dijo ‘cayó el Oso’. Adentro supe después que tenían hasta mi registro dental”, aseguró.
Chomicki continuó su relato. "Me desvisten, me atan de pies y manos, me desnudan, me mojan y me picanean. Describir la tortura es casi morboso y no creo que aporte mucho -aclara-. Uno se arquea, pierde el control de los esfínteres. Es terrorífico. Pero había algo que me martirizaba aún más que mi tortura: los gritos de Folch (su compañera) en una habitación contigua. Mientras me torturaban Lofiego me decía ‘mira como torturan a tu compañerita’. Entonces pensé en dar algo, una información y dije la dirección de un compañero. Me llevan en un auto a la casa de Generoso Ramos Peralta, un colaborador periférico que prestó su domicilio para reuniones y a mí me alojó. Lo detienen también a su hijo, pero yo nunca bajé del auto. Me dejaron atado en el piso y así salimos al Servicio. Pero cuando se dieron cuenta de que el detenido no era muy importante, me empezaron a pegar”.
Según relató, Feced pasaba a cada tanto a conocer a los detenidos. "Ahí sucede un hecho que va a cambiar nuestra historia: Feced conoce a Folch y le hace acordar automáticamente a su hija mayor. Eso hace que se compadezca. Nos llevan a una oficina y Feced dice textualmente que si él comprobaba que ninguno de los dos teníamos una boleta, es decir, que no habíamos matado a un policía o un militar, él nos iba a ayudar. Entonces, nos cambió el hábitat de detención". Según describió, tenían tareas asignadas. Contó que limpiaban la sala de tortura, dormían y se alimentaban sobre la camilla de torturas, después de limpiar la sangre.
Chomicki también admitió que "en comparación con los otros compañeros", estaban "en mejores condiciones". "Pero nosotros seguíamos secuestrados, hasta el 15 de febrero de 1977". Ese día, Feced fue a pedirle por la pareja al entonces comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Leopoldo Galtieri. Entonces los legalizaron. A partir de ese momento, comenzaron a recibir visitas y a salir.
Chomicki continuó: "Muchos se preguntan por qué llegada la democracia no denuncié estos hechos". Afirmó que después de ser liberados, él y su esposa se radicaron en Mar Del Plata, donde recibían visitas periódicas de personal de inteligencia, que los amenazaba. Dijo también que el Estado le reconoció la condición de víctima al indemnizarlo dos veces, y también se quejó: "Nunca fui llamado a declarar como testigo, me vinieron a detener en 1984, y luego en 2004".
Desde siempre, los denunciantes de esta pareja aclararon que no se les reprocha a Ricardo Chomicki y a Nilda Folch las actitudes motivadas por la actuación de un plan sistemático de represión que evidentemente se hallaba dirigido a quebrar la personalidad de los cautivos. El reproche -advirtieron siempre- es la participación activa de los mismos en hechos consistentes en privaciones ilegítimas de libertad, tormentos y muerte de las personas que allí se encontraban cautivas.
Por eso resultó de interés la respuesta al fiscal Adolfo Villate, quien le preguntó a Chomicki quien era el torturador. "Lofiego era quien torturaba por mano propia. Y había un segundo que interrogaba. Y cuidaban de hacer eso siempre", remarcó en su respuesta, tratando de despejar los fantasmas que lo colocaban en la mesa de torturas y en los interrogatorios. "Niego rotundamente haber torturado ni haber apremiado a nadie". "Era uno más, uno como los demás, siempre fui un secuestrado, un preso", remarcó a pesar de que pudo deambular por el servicio sin vendas en los ojos y viendo a los centenares de torturados, cuyo destino final tampoco en esta oportunidad estuvo en sus labios.
La agrupación de derechos humanos H.I.J.O.S Rosario, emitió este viernes un comunicado en el que expresa la necesidad de “poner en evidencia la demora del poder judicial en el avance de la causa Tschopp en la cual se investiga la responsabilidad que tuvieron los integrantes del poder judicial Federal (jueces, fiscales y secretario) por los hechos sufridos por nuestro pueblo durante la última dictadura cívico militar”. Además, el escrito añade: “Demoras que no son casuales, sino que son un intento de proteger a los suyos”.
En otro tramo de la misiva, H.I.J.O.S Rosario sostien que “de la investigación -en la que no sólo somos querellantes sino que hemos sido quienes denunciamos formalmente los hechos aunque la responsabilidad estaba a la vista de todes – ,ha quedado claro que el ex juez Guillermo Tschopp, los ex Fiscales Pedro Tiscornia, y José Luis Vázquez y el ex Secretario Horacio Claverie fueron partícipes de más de 60 casos de desapariciones forzadas, asesinatos, privaciones de libertad y tormentos cometidos contra militantes del campo popular”.
Desde la agrupación de derechos humanos, hacen responsables de las demoras en la causa a “Marcelo Bailaque, a cargo del Juzgado Federal Nº 4 y los camaristas Aníbal Pineda, Élida Vidal y José Toledo. Cabe recordar que Guillermo Tschopp fue procesado en septiembre de 2020, pero la decisión fue apelada por la defensa. Ese recurso que tramita ante la Cámara de Apelaciones de Rosario, a cargo de los recién nombrados, se encuentra pendiente de resolución desde octubre de 2020. Un año y medio de demora, un año y medio en el que la causa ha quedado paralizada, es algo inaudito e injusto”.
Por otra parte, con respecto a la situación de Tiscornia, Vázquez y Claverie “desde H.I.J.O.S. hemos pedido, el 1 de febrero de 2021, que se los cite a declaración indagatoria y se los detenga. El Doctor Bailaque tardó 4 meses en correr vista a la Fiscalía, la que acompañó el pedido en diciembre del año pasado. A pesar de haber pasado más de un año de nuestro pedido y 4 meses del pedido de la Fiscalía, Bailaque nada ha resuelto”.
Por último, desde H.I.J.O.S Rosario señalaron que “vemos que el Poder Judicial en todos sus estratos se ha trazado la estrategia de demorar, de dilatar y de ganar tiempo, con el claro fin de lograr la impunidad biológica de los suyos. Ante esta situación no podemos menos que denunciar los hechos y exigimos la rápida resolución de los recursos pendientes para lograr JUICIO y CASTIGO a los responsables del genocidio”.
Comienza el juicio de la causa "Folch" sin participación de organismos de DDHH
Será el primer proceso oral y público por violaciones a los derechos humanos que se llevará a cabo en Santa Fe.
POR LUCIANO COUSO
27-03-2022
Los organismos de Derechos Humanos no participan del juicio.
Dos miembros de un grupo de tareas policial que operó durante la última dictadura, ya condenados por delitos de lesa humanidad, irán a juicio desde este lunes en Rosario por los secuestros y torturas a cuatro personas cuyo papel como víctimas es puesto en duda por sobrevivientes de la represión ilegal.
Incluso una de esas personas fue juzgada en otra causa y absuelta en otra causa en la que se le imputaban delitos de lesa humanidad cometidos contra sus antiguos compañeros de militancia.
El juicio de la denominada "Causa Folch" que se inicia este lunes en el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario -integrado por los jueces Jorge Gallino, Mateo Basaniche y Cinthia Gómez- será el primer proceso oral y público por violaciones a los derechos humanos que se llevará a cabo en Santa Fe sin la participación de los organismos de derechos humanos.
Referentes de la Agrupación HIJOS Rosario y de la delegación local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) aclararon a Télam que no querellarán ni acompañarán el proceso.
El TOF 2 analizará los casos de secuestros y aplicación de tormentos padecidos por Ricardo Miguel Chomicki y su exesposa Nilda Folch, y la pareja que conformaron José "Pollo" Baravalle y Graciela "Porota" Porta, quienes poseen un pasado como militantes del peronismo revolucionario.
Los cuatro son considerados por varios sobrevivientes como activos "colaboradores" de la represión ilegal en el centro clandestino que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la Policía de Rosario, el que se albergó al mayor número de detenidos-desaparecidos de Santa Fe.
Varios testimonios brindados en sede judicial por sobrevivientes del SI ubican a ambas parejas participando de las torturas y los secuestros de sus antiguos compañeros de militancia.
"Fueron señalados por Feced como colaboradores en la declaración que Agustín Feced (exgendarme y jefe de la policía de Santa Fe en Rosario durante la dictadura militar) dio ante en Consejo Supremo de la Fuerzas Armadas en 1984 de que los conocía y que eran mantenidos en las oficinas del SI", señaló en diálogo con Télam el diputado provincial Carlos Del Frade, autor del libro "El Rosario de Galtieri y Feced", en el cual se enumera la historia de estas cuatro personas.
En esa declaración, Feced (fallecido en 1986) afirmó que a Folch "le tenía afecto" porque se parecía a su hija mayor, y contó que cuando no los necesitó más les gestionó la libertad con el Comando del II Cuerpo de Ejército.
El represor contó incluso que actuó como padrino del casamiento de ambos, y que les proveyó documentos falsos, haciéndoles cambiar también "el aspecto exterior".
Chomicki, incluso, fue sometido a juicio entre 2010 y 2012 en el proceso oral conocido como "Feced I" –que juzgó los delitos de lesa humanidad cometidos en el SI entre 1976 y 1979- como presunto autor de 19 casos de privaciones ilegítimas de la libertad y cinco tormentos.
En ese proceso fueron condenados a prisión perpetua el exjefe del II Cuerpo de Ejército, Ramón Díaz Bessone, y el ex comisario José Rubén "El Ciego" Lo Fiego.
Además se sentenció a penas de 25, 12 y 10 años los expolicías Mario "El Cura" Marcote, Ramón Vergara y Carlos Scorteccini, respectivamente, en tanto que Chomicki resultó absuelto.
En ese juicio, las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de HIJOS desistieron de la acusación a Chomicki.
Y la Fiscalía –que señalaba que había cometidos delitos pero "bajo estado de necesidad"- tampoco lo acusó, al entender que había ingresado al centro clandestino en condición de "víctima" del terrorismo de Estado.
La APDH, en cambio, mantuvo la acusación al sostener que no se trataba de un militante "quebrado" en la tortura sino de "un infiltrado" en las organizaciones revolucionarias.
"En ese momento, y a raíz de las declaraciones de víctimas, entendimos que Chomicki, quien estaba siendo juzgado, era en realidad un infiltrado en la organización y no un compañero, como sostenían otros", indicó a Télam la titular de la APDH de Rosario, Norma Ríos.
Recordó que cuando se produjo aquella discusión sobre el papel cumplido por Chomicki en aquellos tiempos de la represión ilegal "nos acusaban de querer que los juzgara por haber hablado bajo la tortura", y aclaró: "Eso no es así, nunca va a ser así, jamás plantearíamos algo de ese nivel".
Fuentes judiciales dijeron a esta agencia que en el juicio Feced I "no se acreditó" que Chomicki fuera un infiltrado y recordaron que, tras la absolución, el Tribunal ordenó que se instruyera una causa en la cual se los considerara a él, a su exesposa Folch, a Baravalle y a Porta como víctimas de la represión ilegal.
Esa investigación es la que llega este lunes a juicio y tiene como acusados a dos miembros del grupo de tareas que operó en el SI, los expolicías Julio Héctor Fermoselle y Mario Marcote.
Voceros del caso indicaron que también estuvieron imputados Lo Fiego y Carlos "Caramelo" Altamirano, quienes fallecieron durante la instrucción del caso.
Una de las víctimas es el "Pollo" Baravalle, que se suicidó en 2008 en Italia cuando personal de Interpol lo había cercado, mientras pesaba sobre él una orden de captura para ser acusado como cómplice de la patota del SI en el juicio "Feced I".
A ese proceso oral y público tampoco asistió Folch, quien al momento de comenzar el debate se encontraba prófuga.
Al apelar la absolución de Chomicki, integrantes del equipo legal de la APDH le señalaron a Télam que "no hay un solo testimonio, uno solo, que acredite ni su detención, ni sus alegados tormentos".
Sin embargo, para el TOF2, en el juicio de Feced I surgió que Chomicki "fue privado de su libertad a fines de noviembre de 1976, en condición de desaparecido hasta el 15 de febrero de 1977 y luego puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) hasta el 12 o 13 de junio de 1977".
La sentencia señaló que fue "innegable también la condición en que se encontraba actuando el implicado, esto es, sujeto al control total y discrecional de sus secuestradores".
Además, "no se ha probado en autos la participación de Chomicki como integrante del aparato estatal que ejerció una autoridad dictatorial durante la época en que se sucedieron los hechos aquí investigados".
Comienza un juicio por delitos de lesa humanidad que tiene como víctimas a cuatro personas sindicadas por otros sobrevivientes como colaboradores de la represión. Militantes y genocidas, traiciones y tormentos.
Este lunes 28 de marzo está previsto que comience en los Tribunales Federales de Rosario un infrecuente juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. A diferencia de todos los anteriores, este no contará con el apoyo a las víctimas de los organismos defensores de los derechos humanos y de las otras organizaciones civiles que habitualmente convocan a acompañar a los sobrevivientes del terrorismo de Estado. Es que los casos que analizará el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2), integrado por los jueces Jorge Sebastián Gallino, Mateo José Basaniche y Cinthia Graciela Gómez, son los de Ricardo Miguel Cady Chomicki y su ex esposa Nilda Virginia Folch, la Polaca; y los de la pareja que conformaron José Pollo Baravalle –quien se suicidó en Italia en 2008– y Graciela Porta, la Porota. Los cuatro fueron militantes montoneros secuestrados durante el régimen de facto y son considerados “traidores” y colaboradores de la patota de Feced, el grupo operativo que estuvo a cargo del mayor centro concentracionario de la provincia de Santa Fe, el que funcionó en los sótanos de Servicio de Informaciones (SI) de la Policía rosarina, en la esquina de Dorrego y San Lorenzo. Chomicki, incluso, fue llevado a juicio entre 2010 y 2012 como autor de los mismos crímenes que se les achacó a los miembros del grupo de tareas que resultaron condenados en el proceso conocido como “Díaz Bessone” o “Feced I”, aunque resultó absuelto. Ubicado por los sobrevivientes a ambos lados de la picana, el ex militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) llega ahora a un proceso oral como víctima de los delitos por los que hace una década fue juzgado y exculpado.
Si bien es posible que el juicio no tenga mayor trascendencia pública, es útil para exponer las complejidades que impiden abordar el terrorismo de Estado como un proceso simple y lineal, y revisitar las consecuencias y efectos que produce en la subjetividad la aplicación de tormentos –sobre lo que existe amplia bibliografía–, la herramienta aprendida por los represores argentinos de la escuela francesa.
Juicio incómodo
El que comienza el lunes –si es que comienza, porque existe una pericia en proceso que podría postergarlo– es, sin dudas, un juicio que incomoda.
Existe una amplia coincidencia entre los organismo defensores de los Derechos Humanos en cuanto al valor del juzgamiento y condena de los perpetradores del genocidio.
Lo que oficia de parteaguas en este caso son las víctimas, consideradas traidoras a las organizaciones revolucionarias en las que desarrollaron sus militancias y entusiastas colaboradoras del terrorismo estatal.
Cuando Chomicki fue juzgado en 2012 como presunto autor de 19 casos de secuestros de militantes políticos enfrentados a la dictadura, cinco casos de aplicación de tormentos y como miembro de la asociación ilícita que conformó el grupo de tareas del SI – por lo que resultó absuelto–, HIJOS Rosario decidió no acusarlo, mientras que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación desistió de la acción penal que sí había impulsado en la instrucción.
Expresado –muy– básicamente, el planteo que esgrimieron consistió en que Chomicki ingresó a las mazmorras del poder concentracionario como víctima.
La Fiscalía, por su parte, entendió que había cometido delitos pero “bajo estado de necesidad” y no lo acusó, ciñéndose a una recomendación del entonces procurador, Esteban Righi, que procuraba no homologar a los militantes secuestrados y “quebrados” en la tortura que actuaron como colaboradores, con los represores cuyas conductas estuvieron motivadas en su voluntad y decisión propias.
El asunto, que no es novedoso, admite distintas miradas y el objetivo de esta nota no consiste en inclinarse por alguna de ellas, sino exponerlas a los lectores.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Rosario, sí mantuvo la acusación contra Chomicki en el juicio Feced I, cuyas abogadas habían llevado el caso por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, organismo que finalmente decidió no acusarlo, por lo que ellas se desligaron.
La titular de la APDH, Norma Ríos, dijo a El Eslabón que consideran que Chomicki no era un militante quebrado en la tortura sino “un infiltrado” en las organizaciones revolucionarias.
“En ese momento y a raíz de las declaraciones de víctimas entendimos que Chomicki, que era al que se juzgaba, era un infiltrado en la organización y no un compañero, como sostenían otros. En definitiva, todos los infiltrados aparecían como compañeros”, dijo.
Ríos señaló que “teníamos varios testimonios que señalaban que lo habían visto antes de estar en el SI buscando gente”, lo que refuerza la idea del infiltrado.
Además, recordó que cuando se produjo aquél debate “nos querían poner en el lugar de que juzgábamos haber hablado bajo la tortura. Eso no es así, nunca va a ser así, jamás plantearíamos algo de ese nivel”.
Otras fuentes consultadas para esta nota indicaron que “no se acreditó” esa condición en las investigaciones judiciales. Que no existe prueba de que el Cady fuera un topo de los servicios en la UES o en la Juventud Peronista.
Lo mismo sostuvieron algunos sobrevivientes quienes, de todos modos, le endilgan a los cuatro “quebrados” de este juicio no haber aportado datos sobre el destino de los desaparecidos una vez concluida la dictadura, como sí ocurrió con otros detenidos señalados como “colaboradores”. Lo que equivale a achacarle a Chomicki & Cía una cooperación voluntaria con los genocidas, allende los efectos de la tortura y de las amenazas de las que podrían haber sido objeto.
Esa es la cuestión central del debate, que no busca saldarse acá: si existió voluntad de los militantes de colaborar con sus captores, una suerte de libre albedrío, o sus acciones obedecieron al contexto del cautiverio y las consecuencias de la tortura. Si, en cambio, como plantea Ríos, eran infiltrados, no existe discusión. Vale aclarar que la APDH sólo fijó esa posición para el caso de Chomicki.
Los representantes de organismos de Derechos Humanos consultados para esta nota coincidieron, también, en que ninguno es querellante ni impulsó la acción penal del caso que llega a debate oral. Fue una decisión del propio TOF2 cuando dictó la sentencia de Feced I.
Libre u oprimido
La cuestión de la delación y/o la traición de las personas caídas en los campos del poder totalitario fueron abordadas incluso por las organizaciones políticas una vez ocurrido el golpe. Cuando se advirtió que la moral revolucionaria y la fortaleza ideológica no eran antídoto –al menos no en todos los casos– a las posibles “cantadas”, la conducción de Montoneros ordenó que sus militantes llevasen consigo una pastilla de cianuro para no caer con vida y quebrarse en la tortura.
De todos modos, el asunto continúa siendo materia de debate tanto en términos académicos como entre los propios sobrevivientes de las dictaduras del cono sur.
En su apelación a la sentencia de Feced I, la querella de la APDH planteó que al absolver a Chomicki los jueces “omiten analizar las testimoniales que dan cuenta de la percepción que las víctimas tuvieron de Chomicki respecto de su rol como un represor más. En nuestro alegato pudimos probar el grado de libertad con el que Chomicki se manejaba dentro del SI, e incluso, el grado de autodeterminación con que él mismo realizaba las conductas criminales que se le achacan y el grado de discrecionalidad que él mismo tenía”.
Añadió que “en cuanto al argumento que brinda el Tribunal respecto a que las víctimas lo mencionaron como «preso» o «detenido» colaborador, podemos afirmar que sin lugar a dudas que esto tiene una sencilla explicación: quienes conocían a Chomicki como militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, al verlo dentro del Servicio de Informaciones suponían que era un preso que estaba colaborando. Pero no hay un solo testimonio, uno solo, que acredite ni su detención, ni sus alegados tormentos”.
Sin embargo, para el TOF2, del juicio surgió que “fue privado de su libertad a fines de noviembre de 1976, en condición de desaparecido hasta el 15 de febrero de 1977 y luego puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta el 12 o 13 de junio de 1977”, y que estuvo en el SI, “donde fue sometido a todo tipo torturas y tormentos que duraron aproximadamente 15 días”, según su propia declaración.
Para los jueces, es “innegable también la condición en que se encontraba actuando el implicado, esto es, sujeto al control total y discrecional de sus secuestradores”.
Además, “no se ha probado en autos la participación de Chomicki como integrante del aparato estatal que ejerció una autoridad dictatorial durante la época en que se sucedieron los hechos aquí investigados, y por el contrario sí se ha probado que todas las acciones de los opresores y captores generaron en los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención una existencia servil propia de una relación de sometimientos, sumisión y humillación, en la que, ciertamente, de dicho sometimiento, sumisión y servilismos dependía su propia vida”.
En su libro Los hundidos y los salvados, el sobreviviente de los campos de concentración del nazismo, Primo Levi, desarrolla la categoría de “zona gris” para analizar la cuestión de la “traición” y la “colaboración”.
Dice que “hay que afirmar que ante casos humanos como éstos es imprudente precipitarse a emitir un juicio moral. Debe quedar claro que la culpa máxima recae sobre el sistema, sobre la estructura del Estado totalitario (…) Es un juicio que querríamos confiar sólo a quien se haya encontrado en condiciones similares y haya tenido ocasión de experimentar por sí mismo lo que significa vivir en una situación apremiante (…) La condición de ultrajado no excluye la de culpable y, muchas veces, la culpa es objetivamente grave, pero no sé de ningún tribunal humano en el cual se pueda delegar su valoración”.
Absolución biológica
Como sea, el Ministerio Público Fiscal no participa de los debates éticos o políticos de las militancias, por lo que está obligado a impulsar la acción penal de las que considera víctimas del terrorismo de Estado.
En este juicio, los imputados que originalmente eran cuatro finalmente serán dos: los policías que operaron en el SI, Julio Héctor Fermoselle y el Cura Mario Alfredo Marcote, el violador del centro clandestino. También estaban procesados José Rubén El Ciego Lo Fiego y Carlos Caramelo Altamirano, alcanzados por la absolución biológica que les confirió la muerte durante el proceso.
Los delitos que se analizarán son privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos, mientras que Fermoselle también está acusado de violación.
La causa que ahora llega a juicio se inició a raíz de una orden del TOF2 cuando el 26 de marzo de 2012 dictó la sentencia que condenó a prisión perpetua al ex jefe del II Cuerpo de Ejército, Ramón Díaz Bessone, y al ex comisario Lo Fiego, mientras que los ex policías Mario Marcote, Ramón Vergara y Carlos Scorteccini fueron sentenciados a 25, 12 y 10 años de prisión.
En aquel juicio Chomicki resultó absuelto y los miembros del tribunal, que lo consideraron víctima del terrorismo de Estado, indicaron que debía instruirse el caso. Su ex pareja, Folch, también estuvo implicada en aquel caso, pero no pudo ser juzgada porque estaba prófuga.
Las otras dos víctimas son el fallecido militante peronista José Pollo Baravalle, privado de la libertad el 28 de junio de 1976 por personal policial y alojado en dependencias del SI. Varios sobrevivientes lo señalaron como cómplice de los represores, al igual que a su pareja, Graciela Porta, secuestrada el 23 de febrero de 1977.
