Los ex generales Santiago Omar Riveros y Reynaldo Benito Antonio Bignone fueron condenados a prisión perpetua y a 23 años de prisión respectivamente en el juicio por delitos de lesa humanidad en el que se ventilaron los secuestros y desapariciones de 32 obreros de las plantas de los astilleros Astarsa y Mestrina y de las cerámicas Lozadur y Cattáneo. Además hubo otras cuatro condenas que van desde los 17 a los 9 años de prisión. Tres prefectos fueron absueltos. La sentencia fue recibida en silencio por los sobrevivientes y los familiares de las víctimas que solo aplaudieron cuando escucharon la perpetua a Riveros. En las puertas del Tribunal se mostró el descontento por las absoluciones.
Eran las 16.50 cuando los jueces del Tribunal Oral Federal de San Martín entró a la sala de audiencias y comenzó la lectura del veredicto de uno de los desprendimientos de la megacausa Campo de Mayo. Afuera, un barco de madera que, pintado a mano, dice “Comisión Memoria, Verdad y Justicia zona norte”. Hasta ahí lo llevaron los militantes de derechos humanos, sobrevivientes al terrorismo de Estado y familiares de desaparecidos que esperaron ansiosos la lectura del veredicto. Las tres absoluciones empañaron la sensación de Justicia. “Hay mucha bronca, es injusto, absolvieron a algunos que fueron parte de los allanamientos, que iban con itakas a las casas de los compañeros”, contó a
Infojus Noticias Carlos Leguizamón, ex trabajador de Astarsa, sobreviviente a la dictadura.
Las esperanzas de los familiares y sobrevivientes se colmaron cuando se escuchó la primera condena: prisión perpetua para el ex general Santiago Omar Riveros, a quien se lo halló culpable de 14 allanamientos ilegales, 5 casos de robo agravado, 33 secuestros y torturas y tres homicidios. Por su parte, el ex dictador Reynaldo Benito Antonio Bignone recibió la condena a 23 años, igual que durante todo el juicio, en silencio y con la mirada desafiante. El Tribunal lo encontró responsable de 9 allanamientos ilegales, 5 casos de robo agravado, 13 secuestros y torturas.
Los otros dos miembros del ejército Luis Sadi Pepa y Eugenio Guañabens Perelló fueron condenados a 16 y 17 años de prisión respectivamente. Mientras que el jefe de policía Juan Demetrio Luna deberá cumplir 9 años.
De los cuatro miembros de la Prefectura imputados solo fue condenado el de mayor rango: Juan Carlos Gerardi, quien deberá cumplir 9 años de prisión por un allanamiento ilegal, cuatro secuestros y torturas. Sus subordinados Roberto Julio Rossin, Héctor Omar Maldonado y Alejandro Puertas fueron absueltos y eso despertó la indignación de los presentes que en silencio salieron de la sala y se agruparon en la puerta del Tribunal para expresar su descontento.
Un perdón sin arrepentimiento
El primero en tomar el micrófono para decir algo fue Juan Carlos Gerardi. Saco marrón, anteojos, la voz un poco temblorosa. Parado en el lugar desde donde siguió el juicio que lo tiene como imputado, dijo que él se limitó a cumplir “funciones específicas” durante la “lucha contra la subversión” y solo había hecho inteligencia. Agradeció al Tribunal por la oportunidad de hablar y pidió disculpas a las familias de los desaparecidos. El Tribunal lo condenó y absolvió a sus tres subordinados que también habían pedido perdón.
Si de verdad están arrepentidos, que digan qué hicieron con nuestros compañeros”, la frase se repitió entre los sobrevivientes y los familiares de los desaparecidos, en la puerta del Tribunal Oral Federal de San Martín durante la mañana. Minutos antes, los nueve imputados en la causa por la desaparición de los obreros de varias fábricas de la zona norte del Gran Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar tuvieron la oportunidad de dar sus últimas.
Riveros y Bignone, que tenían a su cargo la zona militar de Campo de Mayo, guardaron silencio. La misma actitud tomaron el ex jefe policial Luna y los represores Sadi Pepa y Guañabens Perelló. Los prefectos Gerardi, Rossin, Maldonado y Puertas decidieron hablar. Palabras más o menos, los cuatro pidieron perdón a los familiares de las víctimas y dijeron que obedecieron órdenes de sus superiores. Walter Vivanco, sobreviviente del astillero Astarsa, resumió la actitud de los imputados en una sola frase: “Todo una pantomima”.
Esta causa es una de las causas que toma especial relevancia porque pone el foco en la relación cívico militar durante la última dictadura. Es que la desaparición de los delegados de las comisiones internas estaba directamente relacionada con los directorios y oficinas de personal de las empresas. “Las corporaciones fueron los verdaderos autores del genocidio y del terrorismo de Estado, que se asentó bajo un modelo económico”, afirmaron en los alegatos las querellas encabezadas por los abogados Ciro Annicchiarico, de la Secretaría de Derechos Humanos y Pablo Llonto.
El fiscal Marcelo García Berro, ahía pedido la pena de prisión perpetua para Riveros; 25 años de prisión para Bignone; 20 años de prisión para Sadi Pepa; 18 años de prisión para Guañabens Perelló; 15 años de prisión para Gerardi y Luna, y 9 años de prisión para Rossin, Puertas y Maldonado. En todos los casos requirió también inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. Por su parte, los querellantes coincidieron en el pedido para Riveros y Bignone, pero para el resto de los imputados solicitaron 25 años de prisión.
Llonto después de la audiencia de esta mañana, dijo a
Infojus Noticias: “Por supuesto que siempre escuchar a un genocida o a quienes participaron del terrorismo de Estado pedir disculpas pero no contar la verdad genera un sentimiento contradictorio. Causa bronca porque los familiares están predispuestos a escuchar pedidos de disculpa, pero siempre y cuando tengan la verdad. Son frases hechas para tratar de conmover al Tribunal, por ahí lo logran, pero no nos da a nosotros ningún tipo de respuesta”.
Un poco de justicia
Graciela Villalba lleva el rostro de su padre, Mauricio, en un prendedor. Él era trabajador del astillero Astarsa y está desaparecido desde mayo de 1977 cuando una patota se lo llevó de su casa en plena madrugada. Otros siete obreros navales, esa misma noche del 25 de mayo, corrieron la misma suerte. Ese mismo día, a Mauricio, que era delegado de los trabajadores navales, le habían dicho en la empresa que se diera por despedido. Astarsa lucía en sus puertas camiones militares y soldados custodiando quién entraba a trabajar y quién no. Riveros, único imputado por lo que le ocurrió a su padre, fue condenado a perpetua. “El perdón de los prefectos da impotencia, ellos cometieron actos de violencia, asesinaron desaparecieron a nuestros familiares y nosotros lo único que hacemos es levantar la fotos de nuestros desparecidos para que los miren”, dijo la mujer mientras espera la lectura de la sentencia.
Fuente:Infojus
EL FALLO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE SAN MARTIN EN EL LLAMADO JUICIO DE LOS OBREROS
Seis condenas y tres absoluciones
Por 33 casos de secuestros y desapariciones fueron condenados Riveros, Bignone y otros. Quejas de los familiares de las víctimas.
Los prefectos acusados quedaron libres al anularse una prueba.Imagen: Guadalupe Lombardo
Por Alejandra Dandan
Liliana Giovannelli se subió a los tablones colocados a modo de escenario en medio de la calle, frente a los tribunales federales de San Martín, donde desde hace algunos años se realizan los juicios de lesa humanidad. “Con los ceramistas todo salió más o menos como esperábamos –dijo–, pero con los navales, ¡es una vergüenza! ¡Es una vergüenza que los tipos se vayan a su casa caminando!” Después de tres meses de audiencias, ayer concluyó el llamado Juicio de los Obreros. El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, compuesto por Héctor Omar Sagretti, Marta Isabel Milloc y Diego Gustavo Barroetaveña, juzgó a nueve integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad por los secuestros y desapariciones de 33 trabajadores de la zona norte. De los nueve acusados, condenó a seis. Hubo una pena a prisión perpetua para Santiago Omar Riveros, jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo, y de 23 años para Reynaldo Bignone. Y penas de 17 a 9 años de prisión para el resto. En tanto, absolvió a tres prefectos luego de anular una prueba testimonial de los años ’80. Esa decisión desató bronca entre familiares y ex trabajadores. Los prefectos eran los únicos acusados presentes físicamente en la sala. El resto no fue. Por otra parte, sin muchas palabras, los jueces sí aceptaron impulsar una investigación por la complicidad de los civiles, de cuyas responsabilidades se habló durante todo el juicio.
Cuando la lectura de las condenas y absoluciones terminó, la sala había pasado de los aplausos a un silencio repentino. Como intentando entender. Los tres prefectos se dieron vuelta y empezaron a levantarse. Y en ese momento, la esposa de uno de los ex trabajadores de Cattáneo gritó lo que pudo, como pudo. La sala acompañó. Se oyó el “como a los nazis les va a pasar”. En ese momento, se oyó sólo la voz de Santina Mastinú. Ellos seguían en la sala. Santina es la hermana de Martín Mastinú, trabajador de Astarsa, delegado, secuestrado en julio de 1976 por la patota integrada por los prefectos. Santina es además la esposa de Mario Marrás, obrero del astillero Mestrina. “Asesinos”, les gritó. “Asesinos y torturadores. Patoteros. Hijos de puta. Abusadores de mujeres. Basuras.”
“Tenemos bronca porque todo lo que se trabajó para conseguir la prueba no merece esta declaración”, dijo a la salida el abogado Pablo Llonto, representante de las querellas particulares. “Para nosotros había otros elementos de prueba, pero además nos queda el sabor amargo de que los jueces no hayan mencionado en el veredicto algunos de los pedidos explícitos sobre civiles, hay una remisión general a la instrucción de todos nuestros pedidos, pero la verdad es que no responde a lo que esperábamos. Así que plantearemos el recurso de Casación y habrá que dar una pelea nueva en instrucción, para que aparezca de una vez por todas la responsabilidad de los civiles.”
El juicio se hacía por el secuestro, tortura, desaparición y homicidio, en algunos casos, de los trabajadores de las fábricas de cerámica Lozadur y Cattáneo y los astilleros de Mestrina y Astarsa. La mayor parte de las víctimas eran delegados. En el debate se juzgó a integrantes de las fuerzas de seguridad y militares, pero no a los civiles. La fiscalía y las querellas pidieron en los alegatos que el tribunal ordenara impulsar las investigaciones sobre propietarios, directivos, gerentes y todas las personas mencionadas en los testimonios. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió además algún pronunciamiento simbólico en ese sentido. Aunque eso puede llegar a ser incluido en los fundamentos de la sentencia, que se darán a conocer el 5 de noviembre, algo de todo eso se esperaba ayer y no ocurrió. Los jueces sí aceptaron todos los pedidos generales, ordenaron enviar los testimonios al juzgado de instrucción e iniciar las investigaciones.
“Estamos todos conmovidos”, dijo Carlos Leguizamón, enorme, grandote, casi saliendo a la calle. Habla con alguna lágrima. “No dejamos de reconocer los avances, pero con los argumentos contundentes de cada uno de los testigos nos parece que hay cosas que no se entienden bien –sigue–. No sé qué tenemos que probar para estos jueces, nos gustaría saberlo: ¿qué más hay que hacer?”. Leguizamón estuvo en Cattáneo entre 1970 y 1977, era delegado, parte de la JTP, la Agrupación Evita, testigo de este juicio que dio voz a muchas familias humildes de la zona norte, a muchas personas que no habían vuelto a buscar datos de sus familiares. “Cualquier persona común, cuando escucha todo esto, se da cuenta de la complicidad civil en estos crímenes, de que hubo listas hechas por empresarios con el Ejército, pero los poderosos todavía están en su casa.” Me gustaría, dijo, “reivindicar en este momento a cada compañero y su lucha. No es verdad que luchábamos sólo por mejores salarios: queríamos cambiar el mundo y eso es lo que no nos perdonan”.
Al lado suyo, lo mira Omar Ozeldín. Como cada nombre, sus presentaciones despiertan en los patios del edificio imágenes de las historias que se fueron escuchando durante los meses de juicio. Omar es el hijo de Jorge Ozeldín, otro de los trabajadores de Cattáneo, secuestrado de su casa, el 27 de octubre de 1977. A Ozeldín hijo lo buscaron y lo encontraron otros familiares cuando imaginaron llegar a un juicio. “Hoy tengo 50 años y llevo 38 tratando de restaurar la dignidad de aquella persona que no era la que ellos pretendieron que fuera”, dijo sobre su padre.
En el fondo, contra una pared del patio, está Jorge Velarde con su bastón. Es un ex trabajador de Astarsa, también testimoniante. Llegó temprano. “Fui delegado de Astarsa”, se presentó cuando llegó. “Y para mí es muy emocionante haber llegado al final de este juicio que esperamos durante muchísimos años, y luchamos por él. Esperemos que las condenas sean justas. Sabemos que el juicio ha permitido revelar cosas sobre la responsabilidad civil, pero sabemos que la Justicia tiene dificultades porque quiere pruebas fehacientes. Pero, bueno, esto va a continuar. Vamos a aportar todo lo que podamos en la investigación.” Al final, algo había cambiado. “Por un lado satisfecho, pero al mismo tiempo tengo mucha tristeza.”
Durante la lectura de la sentencia, a la hija de Francisco Palavacino se le llenaron varias veces los ojos de lágrimas, cuando escuchaba los nombres de los acusados Riveros y Bignone. En otra fila estaban las tres docentes que buscaron durante años reconstruir las historias de las hermanas Dominga y Felicidad Abadía Crespo, trabajadoras de Lozadur. Estaba Liliana Giovannelli, que fue empleada de un laboratorio en los años ’70 y ahora habla en un escenario. Estaban las hijas de Ismael Notaliberto y de Pablo Villanueva. “La verdad es que estoy con miedo”, dijo Marisa Villanueva. “El miedo es porque todo esto tardó mucho en llegar, tengo terror a que no se los condene y es la primera vez que estoy en un juicio. Para mí es fuertísimo estar acá.”
Las penas
- Santiago Omar Riveros (militar): prisión perpetua por ser coautor de los delitos de allanamiento ilegal; robo agravado por el uso de armas; privación ilegal de la libertad; imposición de tormentos y homicidio agravado.
- Reynaldo Bignone (militar): 23 años de prisión por ser coautor de los delitos de allanamiento ilegal; robo agravado por el uso de armas; privación ilegal de la libertad; imposición de tormentos agravados.
- Luis Sadi Pepa (militar): 17 años por allanamiento ilegal; robo agravado por el uso de armas; privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados.
- Eugenio Guañabens Perelló (militar): 16 años por allanamiento ilegal; robo agravado por el uso de armas; privación ilegal de la libertad; imposición de tormentos agravados.
- Juan Demetrio Luna (comisario de Tigre): 9 años por privación ilegal de la libertad; imposición de tormentos agravados.
- Juan Carlos Gerardi (prefecto): 9 años por allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados.
- Héctor Omar Maldonado, Alejandro Puertas y Roberto Julio Rossin (prefectos): absueltos.
08 de Octubre de 2014
Se juzgaron crímenes de lesa humanidad cometidos contra una treintena de trabajadores navales y ceramistas
Juicio de los obreros: seis condenados
Santiago Riveros recibió reclusión perpetua, y hubo tres absoluciones. "Sabor amargo" en los familiares de las víctimas.
La justicia decepcionó una vez más a los familiares de víctimas y sobrevivientes del terrorismo de Estado. El Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín dio a conocer ayer la sentencia en el undécimo proceso de la megacausa Campo de Mayo, conocido como "el juicio de los obreros", donde se juzgaron los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1977 contra una treintena trabajadores navales y ceramistas de la zona norte del Conurbano Bonaerense, la mayoría con una fuerte militancia sindical de base. "En el balance global del veredicto predomina el sabor amargo", explicó a Tiempo Argentino el abogado Pablo Llonto, que representa a las víctimas. Ocurre que tres de los nueve acusados fueron absueltos y la complicidad civil denunciada por los familiares apenas fue mencionada por los magistrados. La querella adelantó que apelará el fallo. El ex jefe del Comando de Institutos Militares Santiago Riveros fue el único procesado que recibió la pena de prisión perpetua.
Los jueces Héctor Sagretti, Marta Milloc y Diego Barroetaveña condenaron ayer a seis de los nueve acusados en el pleito. La pena de prisión perpetua contra el militar Riveros fue la única que coincidió con la solicitud que habían realizado las querellas. Quien lo secundaba en el cargo, Reynaldo Bignone, recibió 23 años de cárcel. El ex director de la Escuela de Comunicaciones, Luís Sadi Pepa, fue penado con 17 años de prisión; el ex director de la Escuela General Lemos, Eugenio Guañabens Perelló, deberá purgar una condena de 16 años. Mientras que el titular de la Comisaría 1ª de Tigre, Juan Demetrio Luna, y el prefecto Juan Gerardi, recibieron nueve años de reclusión.
Las querellas habían solicitado 25 años de prisión para Bignone, Sadi Pepa y Gerardi, y 18 años para Perelló. Salvo el prefecto, los restantes procesados ya habían recibido penas severas en otros juicios de lesa humanidad.
No obstante, la mayor desazón de los familiares se produjo cuando escucharon que los prefectos Héctor Maldonado, Alejandro Puertas y Roberto Rossin, para quienes habían solicitado 20 años de prisión, fueron absueltos. Junto a Gerardi, jefe de los agentes mencionados, estaban sindicados como "autores inmediatos" en el caso de los obreros navales Martín Mastinú y Mario Marras. "Muchas pruebas indicaban que la Prefectura actuó en esos operativos", afirmó Llonto. El 5 de noviembre, cuando se lean los fundamentos del veredicto, se conocerán las razones que beneficiaron a los represores. A partir de ese momento, las querellas podrán recurrir la decisión del tribunal ante la cámara de Casación.
COMPLICIDAD CIVIL. El juicio había comenzado el 8 de julio pasado y durante su desarrollo había quedado expuesta la complicidad empresaria en el secuestro y desaparición de las víctimas, vinculadas a las firmas navales Astilleros Astarsa y Mestrina y las fábricas de cerámica Lozadur y Cattáneo. Por negligencia judicial los civiles no fueron imputados. Los familiares y sobrevivientes esperaban que el tribunal ordenase al juzgado de instrucción que profundice la investigación en torno a los colaboracionistas, atento al cúmulo de prueba que había surgido a lo largo de las audiencias. Además de las declaraciones de los testigos, durante los tres meses que duró el proceso también surgió nueva prueba documental. Se destacaron los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), cables desclasificados de Estados Unidos y el libro de actas de la ceramista Lozadur.
"No se mencionó el tema de los civiles. Estamos disconformes con eso. Los jueces solo dijeron que se extraigan fotocopias (de las pruebas) y que se remitan al juzgado de instrucción para que las querellas insten la investigación. Pedir que saquen fotocopias, la verdad que es lo mismo que no decir nada", cuestionó Llonto. "Nosotros solicitamos una exhortación mayor, que el tribunal dijese que había evidencia de pruebas sobre la responsabilidad empresarial y que pidiese al juzgado que investigue ese delito", añadió. El tribunal tampoco hizo lugar al pedido de prisión efectiva de los procesados.
"Estamos muy decepcionados", aseguró a Tiempo Argentino Liliana Giovannelli, quien integra la comisión Memoria, Verdad y Justicia-Zona Norte e impulsa la pesquisa junto a otros compañeros. "Nosotros pensamos que a los prefectos les iban a dar condenas chicas pero no que los iban a absolver. Es una decepción grande", manifestó la pareja del obrero ceramista desaparecido Juan Carlos Panizza. A pesar del nuevo revés, no baja los brazos:
"Seguiremos trabajando para que mejoren las cosas", prometió.
Fuente:TiempoArgentino
07.10.2014
Giran copia de actuaciones para que se investigue complicidad civil y empresaria
Juicio de los Obreros: Perpetua a Bignone y Riveros y altas penas para Guañabens Perelló y Sadi Pepa
Obrero Naval Martín Mastinu. Permanece desaparecido.
El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín impuso hoy penas de prisión perpetua al general de división (RE) Santiago Riveros y de 23 años de prisión al ex presidente de facto, Reynaldo Benito Antonio Bignone en el llamado "juicio de los obreros" de la Zona Norte del Gran Buenos Aires, por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura en perjuicio de más de 30 personas. El fallo condenó también a otros cuatro represores, entre ellos el general de división (RE) Eugenio Guañabens Perelló y el coronel (RE) Luis Sadi Pepa. Al mismo tiempo, tres de los imputados fueron absueltos.La Secretaría de Derechos Humanos, que es querellante, adelantó que recurrirá.
El TOF ghiró copia de actuaciones al juzgado de primera instancia, para que se investigue la resposabilidad civil y empresarial en los delitos.
La sentencia tomó en cuenta los delitos de privación ilegal de libertad, homicidio, tormentos, allanamiento ilegal y robo, en todos los casos agravados, de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles. Además de Riveros y Bignone, fueron condenados a 17 años de prisión al coronel Luis Sadi Pepa, a 16 años de prisión al general de división Eugenio Guañabens Perelló y a nueve años de prisión a Juan Demetrio Luna y Juan Carlos Gerardi.
El Tribunal integrado por los jueces Hector Sagretti, Marta Milloc y Diego Barroetaveña resolvió además girar copia de las actuaciones al juzgado de primera instancia, como pidieron querellas y fiscalía para que se investigue la responsabilidad civil empresarial en los delitos considerados y otros de índole sexual. La investigación solicitada apunta ante todo a la complicidad de empresarios y directivos de los astilleros Astarsa y Mestrina y de los establecimientos ceramistas Lozadur y Cattáneo en los delitos por los que fueron condenados hoy seis represores.
En el mismo fallo, los magistrados absolvieron en cambio a otros tres imputados en este undécimo juicio de la megacausa de Campo de Mayo, que comenzó el 8 de julio último. Excepto en las tres absoluciones, que serán recurridas, las penas de prisión impuestas por el Tribunal se aproximaron a las solicitadas por la fiscalía y las querellas.
"Terminamos con sabor semiamargo porque, si bien se condenó una vez más a Riveros, Bignone y otros cuatro represores, tres más fueron absueltos en una decisión por la que vamos a interponer recurso de casación", dijo Télam el abogado Ciro Annicchiarico, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
"Teníamos la expectativa de que el Tribunal evaluara adecuadamente las pruebas de cargo" ofrecidas respecto de los absueltos Roberto Rossin, Alejandro Puertas y Héctor Maldonado, imputados en el caso de los obreros navales Martín Mastinú, desaparecido y Mario Marras, asesinado.
El letrado señaló que estos tres imputados finalmente absueltos, represores que integraban la Prefectura, al pronunciar hoy sus "últimas palabras, terminaron pidiendo perdón".
"El 5 de noviembre vamos a conocer los fundamentos de la sentencia pero ya vemos que en estas absoluciones el Tribunal dio prioridad a la nulidad de indagatorias de 1984 por evidentes fallas en la instrucción" y desestimó en cambio las pruebas de cargo acumuladas con posterioridad", argumentó.
Por otra parte, Annicchiarico destacó que "este juicio puso de manera clarísima en evidencia la complicidad civil empresaria, que no solo instigó sino que tuvo una intervención esencial en la individualización y delación, mediante confección de listas, de los propios trabajadores que resultarían víctimas".
"Directivos de Astarsa, Mestrina, Lozadur y Cattaneo fueron denunciados con nombre y apellido por las víctimas sobrevivientes y por los familiares que peregrinaron, en la mayoría de los casos infructuosamente, por dar con el paradero de sus seres queridos, cuyo 'delito' consistió en reclamar mejoras salariales y laborales", añadió.
Además de numerosos testimonios vertidos en este juicio, la nueva prueba reunida incluye documentación desclasificada del Departamento de Estado norteamericano, libros de actas del directorio de Lozadur e informes de la ex DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense).
Por otra parte, para un futuro juicio de la megacausa de Campo de Mayo, quedaron además otras causas que también tuvieron como víctimas a trabajadores de la Zona Norte, entre ellos los secuestrados en la planta de Ford Pacheco, una causa que comprende entre los imputados a tres ex directivos de la automotriz de origen estadounidense.
Fuente:Telam
