Beneplácito por el fallo en la causa Caballero II EXDETENIDOS EN LA DICTADURA MILITAR CELEBRARON LA CONDENA A REPRESORES 02 de Junio de 2018 Referentes de la Asociación de Ex Presos Políticos de la Argentina destacaron la reciente condena a once genocidas que recibieron altas penas de prisión y se manifestaron en contra de la decisión del gobierno nacional de acordar con el FMI.
El presidente de la Asociación Nacional de Ex Presos Políticos, Julio Baldoneiro, junto a los vocales de la comisión. José Luis Valenzuela y Jorge Belzor Miño destacaron que a pesar del retroceso que existe en materia de derechos humanos en la Argentina, en el Chaco se logró condenar a reconocidos represores por delitos de lesa humanidad en la denominada causa Caballero II, en la cual once genocidas recibieron condenas con altas penas de prisión.
En esa línea Baldoneiro recordó que en la década 70 fue privado de su libertad en su largo trajinar y militancia política, en Charata. «La primera vez que fue víctima de un atropello a su libertad en el 69, cuando circulaba por inmediaciones de la avenida Alberdi y Antártida Argentina en Resistencia.
Opinó que en el juicio de la causa Caballero los ex represores pudieron ser juzgados, porque hubieron expresos que declararon y aportaron pruebas para que puedan ser juzgados. «Somos la parte más importante de los juicios de lesa humanidad que se hacen a lo largo del país», apuntó, asegurando que tienen en vista presentar un pedido al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, para que se aceleren los juicios pendientes en todo el país, entre los que mencionó al de las Ligas Agrarias en el Chaco y en Corrientes el que se llevará adelante en julio, por la desaparición de un compañero en el establecimiento Las Marías y detalló que quedan pendientes aún juicios en Santiago del Estero y Córdoba.
Por su parte Aníbal Ponti manifestó su rechazo a la iniciativa del presidente de la Nación de reformar la ley que versa sobre el rol de las fuerzas armadas, entendiendo que se trata de una ley que nació en época del presidente Raúl Alfonsín y que ubica a las Fuerzas Armadas en la defensa de la soberanía argentina y que destinarla a la seguridad interna tiene como único objetivo, reprimir y contener la protesta popular. «Le ha costado mucho tiempo a la Argentina recomponer la relación de las Fuerzas Armadas con su pueblo, por lo que rechazamos esa intención ya que el país necesita de una fuerza armada que defienda la soberanía», analizó.
José Luis Valenzuela, a su turno, lamentó que en la actualidad existan presos políticos como Julio De Vido, Milagro Sala y del ex líder de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche.
En otra parte manifestaron su preocupación ante la presentación en la Legislatura provincial de un proyecto que pretende eliminar el Protocolo Garré, aclarando que si ello ocurre volverán a sucederse las represiones masivas.
Finalmente rechazaron la decisión del gobierno nacional de acudir nuevamente al Fondo Monetario Internacional como alternativa para salir de la crisis, aludiendo en tal sentido que traerá aparejado más pobreza para el país, mayor porcentaje de despidos y achicar al Estado.
Caballero II: condena ejemplar al terrorismo de Estado en la ex Brigada de Investigaciones Altas penas - entre 10 y 25 años - para once de los doce imputados, reconociendo por primera vez la comisión de privaciones ilegítimas, delitos de violencia sexual, y dos casos de desapariciones forzadas en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco. La única absolución, de Miguel Pellozo, con un hecho imputado, será apelado en la Cámara de Casación. Jueves, 31 mayo 2018
Imputados en la causa Caballero II.
Se hizo esperar, pero cuando llegó la sentencia de la causa Caballero II dada a conocer en la mañana de este jueves 31, cumplió con las expectativas al reforzar la reconstrucción del funcionamiento del centro clandestino de la Brigada de Investigaciones, el centro neurálgico del terrorismo de Estado en el NEA, que diera inicio la causa Caballero I, ocho años atrás.
Con once condenas por altas penas de prisión y una absolución, y el reconocimiento de la existencia de un plan sistemático detenciones ilegales, violencia sexual, y desapariciones forzadas, la sentencia de la causa Caballero II recoge el 99% de los hechos denunciados. Y se confiere valor de verdad a los testimonios de los y las sobrevivientes a lo largo de los debates, y a las pruebas documentales y de contexto ofrecidas durante los casi dos años de juicio oral.
Si bien los fundamentos podrán conocerse el próximo 13 de agosto, las condenas vienen a consolidar la reconstrucción del funcionamiento del terrorismo de Estado que comenzó en la causa Caballero I (de 2010), juicio en el cual se condenó con altas penas la comisión de torturas.
En este segundo proceso se profundizó el juzgamiento en el sentido de condenar por privación ilegítima de la libertad como delito, esto es, pasar a considerar que desde sus inicios los operativos de detención a militantes estuvieron fuera de la ley, sin orden judicial, sin defensores, bajo clandestinidad y en condiciones degradantes. Otra cuestión para nada menor, tiene que ver con el inédito y contundente reproche penal por los dos hechos de violencia sexual imputados a Gabino Manader y Albino Borda.
Por ello, este último fue condenado a 21 años de prisión por cuatro hechos, pero se tuvo en cuenta las violaciones que se le imputaron. De forma tal que, Manader y Rodríguez Valiente, ambos como más hechos, recibieron una condena cercana en la cuantía a 25 años y 20 años respectivamente .
La tercera cuestión de suma importancia es la condena por desaparición forzada, la primera en lo que hace a crímenes investigados en la ex Brigada. Se trata del secuestro del matrimonio de Pedro Morel y Sara Ayala, vistos con vida por última vez en los calabozos de la Brigada.
De este modo la sentencia pone blanco sobre negro la responsabilidad y participación del Ejército – junto con la Policía del Chaco – en el destino final de la pareja mencionada, y asimismo refuerza la hipótesis respecto de otros cuatro casos similares, también de militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
La sentencia fue leída por el presidente del tribunal Eduardo Belforte, flanqueado por los jueces Aldo Alurralde y Juan Manuel Iglesias, cuando faltaba muy poco para las 13 horas, ante una sala de audiencias repleta, con organizaciones sociales y organismos de DDHH y particulares congregados en la vereda y la calle del Tribunal Oral.
Condenados Gabino Manader fue condenado a 25 años de prisión por 10 casos de tormentos y privación ilegítima de la libertad y un caso de violación.
José Rodríguez Valiente, condenado a 20 años de prisión, por 7 casos de tormentos y 6 de privación ilegítima de la libertad, de ellos, 2 casos de desaparición forzada (matrimonio Ayala Morel).
Ramón Meza condenado a 19 años por 6 casos de tormentos y privación ilegítima en 5 hechos, 2 por desaparición forzada.
José Marín (alias “cabo Sotelo”, el acordeonista,) a 18 años de prisión, por 5 hechos de tormentos y 6 de privación ilegítima, 2 de desaparición forzada.
El militar Luis Alberto Patetta, condenado a 19 años de prisión, con 6 casos de tormentos y 6 de privación ilegítima y 2 desapariciones forzadas.
Jorge Ibarra fue condenado a 12 años de prisión por 2 casos de tormentos y2 de privación ilegítima de la libertad.
Enzo Breard, recibió la pena de 18 años de prisión, (5 hechos de tormentos y 5 de privación ilegítima, 2 de desapariciones forzadas).
El ex militar José Tadeo Bettolli fue condenado a 12 años, por 2 hechos de privación ilegítima y de desaparición forzada.
Albino Borda a 21 años de prisión por 4 hechos de tormentos y privación ilegítima de libertad, 2 hechos de desaparición forzada y por “abuso sexual calificado”.
Musa Azar y Miguel Garbi, policías de Santiago del Estero, cada uno con la imputación del caso de la detención y abusos a una detenida política, fueron condenados a 10 años de prisión.
El único absuelto es Miguel Pellozo, quien fue llevado a juicio por la detención y torturas a Carlos Aranda, con la dificultad de que – si bien fue reconocido por fotografías de la época como interviniente en el centro clandestino de Marcelo T. de Alvear 32 – en su legajo consta que no estuvo en la Brigada en el año 1976. No obstante desde la Fiscalía adelantaron que se realizará una apelación ante Casación por este caso.
Organizaciones de derechos humanos celebran la sentencia en las afueras del TOF
Caballero II La causa Caballero II (llamada así por el represor que encabezaba la nómina de imputados del primer juicio por torturas en la Brigada, Humberto Lucio Caballero, fallecido) comenzó su etapa de juicio oral el 16 de junio de 2016, y se caracterizó por testimonios de sobre la crueldad extrema de los represores imputados, que “hicieron lo que quisieron, sin límites de ningún tipo y fuera de los patrones de lo que uno entiende como comportamiento humano”, según precisó una de las últimas declarantes.
El tribunal, estuvo integrado por los jueces Eduardo Belforte (presidente, de Formosa), y Mario Alurralde (de Reconquista) Juan Manuel Iglesias y Delfina Deogens, (de Resistencia). provincia.
El fallecido – condenado en 2010- Lucio Humberto Caballero fue uno de los represores de más alto rango en la Brigada de Investigaciones y, en razón de encabezar la nómina de imputados, los procesos por torturas en el citado centro clandestino de detención heredaron su nombre, si bien lo más correcto sería catalogarlos como la causa Brigada.
La acusación fue realizada por la Fiscalía Federal, representada por los doctores Carlos Amad, Diego Vigay y Patricio Sabadini; y las querellas, en representación de la Secretaría de DD HH de la Nación del dr. Mario Bosch, hasta su fallecimiento, y consiguiente incorporación de Manuel Brest, de Corrientes, y de la Secretaría de DD.HH de Provincia, representada por el Dr. Paulo Pereyra y la Dra. Silvina Canteros.
Juan Manuel Costilla, ejerció la defensa oficial de la totalidad de imputados a excepción de Miguel Pellozo, defendido por el Dr. Néstor Cáceres.
Causa Caballero II: La diputada Cristaldo convocó a sus pares del Parlamento a la lectura de la sentencia En la sesión ordinaria del último miércoles, jornada en la que el Tribunal Oral Federal postergó la lectura de la sentencia para los imputados, la diputada por la Concertación Forja se refirió a este hecho en el Recinto y convocó a sus pares, en una manifestación de repudio a los aberrantes hechos que se juzgan, a ser partícipe de la lectura prevista para el jueves 31, a las 11, frente a la sede del TOF. Viernes, 25 mayo 2018
Gladis Cristaldo, diputada provincial por la Concertación Forja.
En la sesión ordinaria del último miércoles, la diputada de la Concertación Forja, Gladis Cristaldo, destacó y referenció el hecho histórico que debía tener lugar en la mañana de esa misma jornada cuando se esperaba que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal dé lectura a la sentencia de la denominada Causa Caballero II”. La misma fue postergada para el próximo jueves a las 11, en la sede del TOF, por lo que convocó al resto del cuerpo legislativo a presenciar la lectura de la sentencia a los “12 genocidas y represores por los delitos de tormento psíquico y físico agravado, privación ilegítima de la libertad, y desaparición forzada”.
“Es justo y necesario reconocer la labor de todas aquellas personas y colectivos que hace años vienen reclamando justicia, y que se convirtieron en ejemplo de lucha dándonos una valerosa lección de vida al no bajar nunca los brazos con el correr de los años”, destacó la legisladora de Forja.
Por ese motivo, convocó a sus pares y a “toda la dirigencia política, así como también a todos los movimientos y actores sociales e institucionales, a unirnos en este reclamo de justicia. En el proceso se juzga la responsabilidad de 12 genocidas y represores por los delitos de tormento psíquico y físico agravado, privación ilegítima de la libertad, y desaparición forzada. Sin embargo, la novedad en esta causa está dada en que finalmente se incorporó en la acusación, al delito de violación en el contexto de Terrorismo de Estado como crimen de lesa humanidad, un hecho inédito nuestra región”.
Recordó que “a lo largo de todo el proceso, prácticamente la totalidad de los y las sobrevivientes que pasaron por los debates manifestaron en ese sentido el ensañamiento por parte de los genocidas imputados respecto de las detenidas políticas que pasaron por la vieja casona de Marcelo T. de Alvear 32. Este largo camino, que comenzó en Mayo del 2010 con la causa “Caballero I” y que con el desarrollo de las audiencias en este proceso han hecho emerger las más desgarradoras narraciones acerca de los mecanismos de tortura utilizados por funcionarios públicos, ex policías y militares con la guarda de los detenidos políticos. La operación sistemática de exterminio tuvo como estrategia tres niveles de destrucción; la destrucción de la personalidad jurídica (ya que fueron detenidos sin abogados ni acceso a un juez) la destrucción física (sufriendo tormentos y maltrato corporal) y la destrucción moral (utilizando degradación de la condición humana a través de las violaciones y por las condiciones de detención humillantes)”.
“Es absolutamente necesario remarcar que en este proceso judicial la incorporación de la violación fue entendida como delito autónomo, es decir, escindida del delito de tormentos. Esto significa en el ámbito tribunalicio una novedosa lectura de género en la calificación jurídica de los hechos para evidenciar que la violación formó parte de un mecanismo de castigo especial sobre mujeres que habían salido de su espacio privado y estaban actuando en el medio social”, remarcó.
En ese contexto, aseguró que “una condena en este sentido lograría visibilizar que la violencia sexual arrasa el núcleo psíquico de la identidad de una persona de un modo profundo, dejando una marca permanente en las subjetividades, que sólo puede ser reparada en parte, por la Justicia. Y decimos “en parte” porque se trata de los únicos delitos en lo que la vergüenza la porta la víctima, en vez del victimario, y de ahí la dificultad en su denuncia y juzgamiento”.
Sostuvo que “la capacidad destructora de la violencia sexual fue mayor que la tortura; ya que la tortura queda afuera de la identidad de la víctima, en cambio la violación se inserta en el núcleo de la subjetividad; uno pasa a ser otra persona luego de sufrir un violencia de ese tipo” y contó que en el testimonio de algunas de las sobrevivientes, narraron que “al abrazar ideales políticos y sociales, muchas estaban preparadas para soportar la tortura, pero no veinte horas seguidas de violaciones, constituye un relato social que atraviesa toda coyuntura porque se entiende que esta cuestión es un problema de la sociedad y no de un caso individual aislado; la necesidad de sentencias que enfoquen este problema con la debida profundidad, dando a la víctima garantía de Justicia, empodera no solo a las que hablaron, sino a todas las que no pudieron hacerlo”.
“Esta causa ha revelado una marca indeleble en el cuerpo de nuestro pueblo; es como una cicatriz; es una herida, que puede cerrar, pero donde queda esa cicatriz lo que persiste es un tejido muerto. Por ello, en el silencio de muchas víctimas persiste por la culpa. La contención y la reparación, si bien es colectiva, únicamente pueden lograrse de la mano de la Justicia. La reelaboración de esto tiene que ver con lo colectivo, una reparación institucional en la que el Estado y la comunidad castigue estos crímenes como delitos autónomos de violencia sexual, en un contexto de torturas, en el marco del terrorismo de Estado”, marcó la diputada Cristaldo y así, pidió el acompañamiento de sus pares y de la sociedad a acompañar la lectura de la sentencia, que finalmente está prevista para el día jueves 31 de mayo a las 11 horas, ya que constituye un nuevo capítulo de la parte más dolora de nuestra historia, en el convencimiento de que los juzga un tribunal, pero lo condenamos todos”.
Seguidamente fue formulada la propuesta “in voce” de un proyecto de resolución, que finalmente fue aprobada por el Cuerpo, por unanimidad, que expresa el acompañamiento a la convocatoria efectuada por los organismos de Derechos Humanos de la provincia, con el objetivo de que la ciudadanía del Chaco en general y la dirigencia política y social en particular, asistan a presenciar, frente a la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, la lectura de la sentencia del juicio conocido como “Causa Caballero II”, en la cual se juzgan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar instaurada en nuestro país.
Postergan para el jueves 31 la lectura de sentencia en la Causa Caballero II Desde el Tribunal Federal de Resistencia informaron que se suspendió la lectura de la sentencia prevista para este jueves 24 en el juicio oral y público donde se juzgó a expolicías y militares por delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Brigada de Investigaciones de Resistencia. Malestar de organismos de derechos humanos que temen por la "impunidad". Miércoles, 23 mayo 2018
TOF de la causa Caballero II (Foto: Gentileza Es Chaco/Jorge Tello)
Los organismos de DDHH que integran la Comisión Provincial por la Memoria manifestaron “malestar ante este nuevo retraso en la causa a casi dos años del inicio del juicio oral, en un proceso que tuvo que lidiar con serios obstáculos como ninguno otro en la región. Planteamos nuestra desconformidad con este destrato hacia el colectivo de DDHH, sobrevivientes, víctimas y sus familias”.
A través de un comunicado señalaron: “nos llama poderosamente la atención este retraso cuando ya sólo queda el pronuciamiento Judicial luego que la comprobación en los debates del plan sistemático de exterminio genocida organizado en la vieja casona de Marcelo T. de Alvear 32, en el cual la mecánica consistió en secuestrar y detener a militantes para interrogatorios sobre sus actividades políticas bajo tortura en la denominada Sala Negra o en los sótanos luego de lo cual se hacía efectivo el “blanqueo” del detenido o bien su desaparición física”.
“Esperamos que esta grosera informalidad no se trate de la antesala a una sentencia en la que se consagre la impunidad para los imputados, acusados de crímenes gravísimos como torturas, secuestros, y violaciones”, sostuvieron.
“Primera sentencia en un contexto regresivo”
Los organismos advirtieron que “esta sentencia, será la cuarta en nuestra provincia, pero la primera en darse en un contexto regresivo para la población, tanto en lo económico, como en lo político, y allí reside buena parte de su importancia. Es imperioso adherir al reclamo de Juicio y Castigo y Cárcel común a los represores juzgados con más fuerza que nunca antes, cuando vemos como recobran renovado impulso teorías falaces como la de los “dos demonios”, y desde el Ejecutivo Nacional se busca desandar el camino de Memoria Verdad y Justicia, al tranco que en el orden local se intenta darle una salida represiva a la respuesta las necesidades de los que menos tienen por la vía de “protocolos antipiquetes” que no hacen otra cosa que criminalizar la protesta social”.
Fuente:ChacoDiaPorDia
MIÉRCOLES, 23 MAYO, 2018 Caballero II: pospusieron la lectura de la sentencia, malestar en los organismos de DDHH
Desde el Tribunal Federal de Resistencia informaron que se suspende la sentencia de este jueves 24 en la que estaba previsto al anuncio de la sentencia en la causa que investiga crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones . El dictado se postergó al jueves 31.
Los organismos de DDHH que integran la Comisión Provincial por la Memoria manifestaron su malestar ante “este nuevo retraso en la causa a casi dos años del inicio del juicio oral, en un proceso que tuvo que lidiar con serios obstáculos como ninguno otro en la región”. Al mismo tiempo expresaron que “planteamos nuestra disconformidad con este destrato hacia el colectivo de DDHH, sobrevivientes, víctimas y sus familias”.
“Nos llama poderosamente la atención este retraso cuando ya sólo queda el pronunciamiento Judicial luego que la comprobación en los debates del plan sistemático de exterminio genocida organizado en la vieja casona de Marcelo T. de Alvear 32, en el cual la mecánica consistió en secuestrar y detener a militantes para interrogatorios sobre sus actividades políticas bajo tortura en la denominada Sala Negra o en los sótanos luego de lo cual se hacía efectivo el “blanqueo” del detenido o bien su desaparición física”, remarcaron.
“Esperamos que esta grosera informalidad no se trate de la antesala a una sentencia en la que se consagre la impunidad para los imputados, acusados de crímenes gravísimos como torturas, secuestros, y violaciones”, agregaron.
Por último, destacaron que esta sentencia “será la cuarta en nuestra provincia, pero la primera en darse en un contexto regresivo para la población, tanto en lo económico, como en lo político, y allí reside buena parte de su importancia”. Además señalaron que “es imperioso adherir al reclamo de Juicio y Castigo y Cárcel común a los represores juzgados con más fuerza que nunca antes, cuando vemos como recobran renovado impulso teorías falaces como la de los “dos demonios”, y desde el Ejecutivo Nacional se busca desandar el camino de Memoria Verdad y Justicia, al tranco que en el orden local se intenta darle una salida represiva a la respuesta las necesidades de los que menos tienen por la vía de “protocolos antipiquetes” que no hacen otra cosa que criminalizar la protesta social”.
CABALLERO II
Los imputados en el proceso son Gabino Manader, José Rodríguez Valiente, Albino Luis Borda, Jorge Ibarra, y Héctor José Marin, Enzo Breard, Miguel Pellozo y Ramón Meza; los militares (re) Luis Patetta, José Tadeo Bettolli. A esa lista fueron sumados el ex comisario Antonio Musa Azar Curi, exjefe de Inteligencia de la Policía de Santiago del Estero y el ex comisario Miguel Garbi, mano derecha de Azar. Se los imputa de los delitos de torturas, violación, privación ilegítima de la libertad y desapariciones forzadas. El juicio se caracterizó por testimonios de sobre la crueldad extrema de los represores imputados, que “hicieron lo que quisieron, sin límites de ningún tipo y fuera de los patrones de lo que uno entiende como comportamiento humano”, según precisó una de las últimas declarantes.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de 25 años de prisión por torturas y vejámenes y como pena alternativa, en relación con el destino final del matrimonio Morel-Ayala, una condena a prisión perpetua por homicidio calificado para ocho de los imputados. Asimismo, se solicitó la pena de 21 años de prisión para Gustavo Pellozo, Jorge Ibarra, Antonio Musa Azar Curi, y Miguel Garbi por tormento agravado psíquico y físico por la condición de detenido político de la víctima y privación ilegítima de la libertad (por un hecho).La querella de Secretaría de DDHH de la provincia y de Nación, alegó a fines de febrero, con un pedido de 8 perpetuas y de 4 penas de más de 20 años de prisión.
Fiscales y querellantes dieron por acreditados los hechos y la existencia de una Centro Clandestino de Detención en la vieja casona de Marcelo T. de Alvear 32, en el cual la mecánica consistió en secuestrar y detener a militantes para interrogatorios sobre sus actividades políticas bajo tortura en la denominada Sala Negra o en los sótanos luego de lo cual se hacía efectivo el “blanqueo” del detenido o bien su desaparición física”.Desde la defensa de los imputados se alegó por la nulidad del proceso y la absolución de sus representados.
La última palabra en esta historia la darán a conocer en su dictamen los jueces Eduardo Ariel Belforte (Presidente, de Formosa), y Mario Alurralde (de Reconquista) y Juan Manuel Iglesias (Corrientes).
VIOLACIÓN: CRIMEN DE LESA HUMANIDAD
Cabe recordar que la Fiscalía Federal incorporó en su acusación a la violación en el contexto de terrorismo de Estado como crimen de lesa humanidad, hecho inédito en la región. El año pasado durante los debates de junio declararon Susana Chiarotti y María Cristina Zurutuza, quienes Desarrollaron la especificidad de los crímenes de índole sexual en el marco del terrorismo de Estado. Chiarotti señaló que “la violencia sexual a los hombres era para humillarlos y buscar su quebranto, en cambio cuando se cometía contra mujeres además tenía como objetivo “ponerlas en su lugar”, un doble castigo hacia las mujeres, por no haber obedecido el mandato patriarcal y meterse en la política y la militancia”. Consultada desde la Fiscalía respecto de si un solo caso de violencia sexual amerita su configuración como práctica sistemática, la testigo explicó que “lo que tiene de sistemático es el plan organizado al efecto, un solo ataque dentro de ese plan lo vuelve sistemático y de lesa humanidad”.
La licenciada en Psicología de la UBA e investigadora en DD HH y Género, Cristina Zurutuza destacó que: “La capacidad destructora de la violencia sexual fue mayor que la tortura”; ya que esta última queda “afuera de la identidad de la víctima”, en cambio la primera se inserta en el núcleo de la subjetividad; “uno pasa a ser otra persona luego de sufrir un violencia de ese tipo”. Por ello planteó que “la reelaboración de esto tiene que ver con lo colectivo, una reparación institucional en la que el Estado y la comunidad castigue estos crímenes como delitos autónomos de violencia sexual en un contexto de torturas en el marco de terrorismo de Estado”. Chiarotti y Zurutuza, son autoras del libro “Grietas en el silencio”, sobre la temática de violencia sexual en el marco del genocidio perpetrado por la dictadura cívico militar.
Causa Caballero II: Convocan a seguir el dictado de sentencia
Provincia Organismos de derechos humanos convocan a acompañar el dictado de la sentencia de la causa Caballero II. La condena se dará a conocer en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia, el jueves 24, al mediodía.
Organismos de derechos humanos realizaron una conferencia de prensa en la Casa por la Memoria, durante la mañana de este lunes, en la que realizaron la convocatoria para el seguimiento del dictado de la sentencia en la causa Caballero II, por crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones, este jueves 24 de mayo. Según lo informado por la Justicia, el tribunal dará a conocer la sentencia en su sede de Hipólito Irigoyen 33, en horas del mediodía.
Participaron de la conferencia de prensa, representantes de los organismos de derechos humanos que integran la Comisión Provincial de la Memoria Chaco, el presidente de la institución, Martín Peralta, de HIJOS Chaco, la Asociación de ex detenidos políticos, y organizaciones sociales. Acompañaron la actividad la diputada provincial Gladis Cristaldo, de FORJA Concertación; el diputado provincial Daniel Trabalón, del Frente Grande, y el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Juan Carlos Goya.
Peralta enfatizó que “es importante lograr una condena ejemplar y efectiva para los represores acusados, en tanto fueron los ejecutores inmediatos del plan genocida diseñado por la última dictadura cívico militar para arrasar con las distintas formas de resistencia al proyecto neoliberal y oligárquico que se implementó a partir del 24 de marzo de 1.976”.
Chaco: llega la sentencia por la causa Caballero II por secuestros, delitos sexuales y homicidios
18 mayo , 2018
Este jueves 24 de mayo se conocerá el veredicto del juicio que se desarrolla en Resistencia, donde son juzgados 11 genocidas (ex policías y ex militares) por los casos de 9 víctimas de delitos de lesa humanidad, cometidos en la Brigada de Investigaciones de esa ciudad. Entre las particularidades del juicio oral y público, se destaca que es la primera vez que se trata un caso de violencia sexual en un juicio en esa provincia.
El Tribunal está integrado por Eduardo Ariel Belforte, Luis González y Mario Alurralde. En su alegato, la fiscalía solicitó ocho condenas a perpetua y otras cuatro condenas de más de 20 años de prisión. “En este juicio hablamos de delitos de lesa humanidad. Esto está plenamente superado, se trata de serios actos que por su extensión, gravedad, que trascienden al individuo y agreden a la humanidad toda, en un ataque sistemático y a gran escala”, afirmaron los fiscales Carlos Amad, Patricio Sabadini y Diego Vigay. El juicio se realiza en Hipólito Yrigoyen 33.
Las víctimas:
Pedro Morel y Sara Fulvia Ayala, quienes siguen desaparecidos. Eran de Formosa y militaban en las Ligas Agrarias de la zona de Goya, Corrientes. Estaban vinculados al Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT. Fueron vistos por última vez a mediados de 1977 en la Brigada de Investigaciones, privados de su libertad y en un muy mal estado de salud.
Carlos Erasmo Aguirre, Julio Aranda y Roberto Alcides Greca, quienes eran estudiantes universitarios y militaban en la Juventud Universitaria Peronista (JUP), en la Facultad de Arquitectura. Fueron secuestrados en noviembre de 1976.
Mauricio Berger, un pequeño productor agropecuario y militante de las Ligas Agrarias de Chaco.
Juan Carlos Goya, Graciela de la Rosa y Emilio Eduardo Saliva.
Los imputados:
El ex jefe de Inteligencia de Santiago del Estero, Antonio Musa Azar; el ex teniente coronel del Ejército, José Tadeo Bettolli; el ex teniente primero del Ejército, Luis Alberto Patetta; los ex policías Ramón Meza, Gabino Manader, Francisco Rodríguez Valiente, Enzo Breard, José Marín, Albino Borda, Jorge Ibarra, Miguel Pelozo y Miguel Garbi.
Sin 2×1:
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que benefició con el 2×1 al genocida Luis Muiña, nueve de los imputados que están siendo juzgados en la causa Caballero II solicitaron la aplicación de la reducción del cómputo de la condena. Sin embargo, el Tribunal rechazó los pedidos, al considerar que los delitos de lesa humanidad no admiten amnistías, indultos o conmutaciones. Además, rechazaron los pedidos de cese de prisión preventiva que habían sido presentados por las defensas de los genocidas.
Causa Caballero II: El 24 de mayo se dictará la sentencia En la mañana de este jueves la parte acusadora presentó sus réplicas a las cuestiones novedosas presentadas por la defensa en su alegato. El viernes hará lo propio la defensa y luego los imputados que así lo deseen podrán realizar su descargo ante el tribunal. Jueves, 10 mayo 2018
Lesa Humanidad: en 2017, hubo 198 personas condenadas y 36 absueltas
Durante la mañana de este jueves 9 tuvo lugar en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal de Resistencia la realización de las “dúplicas” por parte de la Fiscalía y querella, en el juicio oral denominado Caballero II, por crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco.
La audiencia comenzó cerca de las once y se extendió hasta el mediodía, lapso en el cual el fiscal Diego Vigay contestó los argumentos esgrimidos desde la defensa de los imputados; básicamente un pedido de nulidad del proceso por darse un supuesto “doble juzgamiento”. Vigay consideró que se trata de un planteo extemporáneo, y sin asidero y que en la acusación no se verificaron agravios a la defensa de los imputados ya que los hechos juzgados en el presente proceso son distintos de los que formaron parte del juicio Caballero I. En ese sentido comentó que lo mismo ocurre en otras jurisdicciones cuando se investigan crímenes centros clandestinos del terrorismo de Estado; nunca hubo un solo juicio, sino que los hechos que se lograron reconstruir se juzgan en varios procesos. Desde la querella se adhirió de modo absoluto a todos los planteos del Ministerio Público.
En la mañana del viernes 11 la defensa realizará su descargo, en las “dúplicas” y luego cada uno de los imputados podrá hacer uso de su derecho a pronunciarse ante el tribunal antes del dictado del veredicto, el cual será comunicado por los magistrados el jueves 24 de mayo.
El Ministerio Público Fiscal culminó su alegato el 19 de abril, con un pedido de altas penas por imputaciones de tormento agravado y privación ilegítima de la libertad y homicidio calificado al grupo de 12 represores juzgados .La querella, de Secretaría de DDHH de la provincia y de Nación, alegó a fines de febrero, con un pedido de e 8 perpetuas y de 4 penas de más de 20 años de prisión. Fiscales y querellantes dieron por acreditados los hechos y la existencia de una Centro Clandestino de Detención en la vieja casona de Marcelo T. de Alvear 32, en el cual la mecánica consistió en secuestrar y detener a militantes para interrogatorios sobre sus actividades políticas bajo tortura en la denominada Sala Negra o en los sótanos luego de lo cual se hacía efectivo el “blanqueo” del detenido o bien su desaparición física”. Desde la defensa de los imputados se alegó por la nulidad del proceso y la absolución de sus representados.
Iniciada su etapa oral el 16 de junio de 2016, este es el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia, continuidad de la causa “Caballero Lucio Humberto y otros s/tormento agravado”, que comenzó el 5 de mayo de 2010 y culminó el 13 de diciembre de ese año, siendo el primer fallo por una causa de crímenes de lesa humanidad en la provincia. Caballero fue uno de los represores de más alto rango en la Brigada de Investigaciones, y a causa de encabezar la nómina de imputados, los procesos por torturas en el citado centro clandestino de detención heredaron su nombre, si bien lo más correcto sería catalogarlos como la causa Brigada.
Si bien en el juicio se juzga la responsabilidad de 12 ex represores en tormento psíquico y físico agravado, privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada, además, la Fiscalía Federal incorporó en su acusación la violación en el contexto de terrorismo de Estado como crimen de lesa humanidad, hecho inédito en la región. Prácticamente la totalidad de los sobrevivientes que pasaron por los debates manifestaron en ese sentido el ensañamiento por parte de los genocidas respecto de las detenidas políticas.
La causa Caballero II
Los imputados son Gabino Manader, sub Oficial Mayor de la Policía del Chaco, José Francisco Rodríguez Valiente Comisario General de la Policía del Chaco, José Marín, Sargento de la Policía del Chaco, Ramón Esteban Meza, Comisario General de la Policía del Chaco, Luis Alberto Patetta Teniente Primero del Ejército Argentino, Enzo Breard, Cabo Primero de la Policía del Chaco, Albino Luis Borda, Suboficial Principal de la Policía del Chaco, Jorge Ibarra, Suboficial Principal de la Policía del Chaco, Miguel Pelozo y José Tadeo Luis Bettolli Teniente Coronel del Ejército Argentino. Además fueron sumados al juicio el ex comisario Antonio Musa Azar Curi, exjefe de Inteligencia de la Policía de Santiago del Estero y el ex comisario Miguel Garbi.
El Tribunal que preside los debates, conformado por los jueces Eduardo Ariel Belforte (Presidente, de Formosa), y Mario Alurralde (de Reconquista) Juan Manuel Iglesias y Delfina Deogens, (de Resistencia). Los dos primeros participaron en el Juicio Causa Masacre de Margarita Belén I. La querella es ejercida por la abogada Silvina Canteros (presidenta del Comité contra la Tortura) en representación de la Secretaría de DDHH de la provincia, junto con Manuel Brest, de la Secretaría de DDHH de la Nación. Por parte del Ministerio Público Fiscal la acusación es promovida por por los doctores Carlos Amad, Diego Vigay y Patricio Sabadini. Juan Manuel Costilla, ejerce la defensa oficial de la totalidad de imputados a excepción de Miguel Pelozo, defendido por el Dr. Néstor Cáceres. A los imputados santiagueños Antonio Musa Azar y Miguel Garbi los representa el dr Matías Elías Azar, hijo del primero.
Causa Caballero II: se acerca el final del juicio oral Completados los alegatos, este jueves comienzan las réplicas y dúplicas.
Este jueves 10 tendrá lugar una nueva jornada del juicio oral Caballero II, por crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco, con el inicio de la etapa de réplicas y dúplicas, esto es, cuando tanto las querellas, como la Fiscalía, y las defensas presentaron sus respectivos pedidos de pena/ absolución, cada parte responde o contesta los puntos que considera más importantes del alegato previo de su contraparte.
Será en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia (Hipólito Irigoyen 33) desde las 9. Se espera que el viernes también se continué con esta etapa, de cara al dictado de sentencia, que se estima para fines de mes.
En la última jornada de audiencia del juicio oral, la defensa de los imputados santiagueños Antonio Musa Azar y Miguel Garbi presentó su alegato por la la nulidad del proceso y la absolución de sus representados. Idéntica pretensión fue la requerida por sus predecesores de la jornada anterior, Néstor Cáceres y doctor Juan Manuel Costilla, para el resto de los imputados.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal culminó su alegato el 19 de abril, con un pedido de altas penas por imputaciones de tormento agravado y privación ilegítima de la libertad y homicidio calificado al grupo de 12 represores juzgados. La querella, de Secretaría de DDHH de la provincia y de Nación, alegó a fines de febrero, con un pedido de e 8 perpetuas y de 4 penas de más de 20 años de prisión.
Fiscales y querellantes dieron por acreditados los hechos y la existencia de una Centro Clandestino de Detención en la vieja casona de Marcelo T. de Alvear 32, en el cual la mecánica consistió en secuestrar y detener a militantes para interrogatorios sobre sus actividades políticas bajo tortura en la denominada Sala Negra o en los sótanos luego de lo cual se hacía efectivo el “blanqueo” del detenido o bien su desaparición física”.
Si bien en el juicio se juzga la responsabilidad de 12 ex represores en tormento psíquico y físico agravado, privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada, además, la Fiscalía Federal incorporó en su acusación la violación en el contexto de terrorismo de Estado como crimen de lesa humanidad, hecho inédito en la región.
CABALLERO II
Los imputados son Gabino Manader, sub Oficial Mayor de la Policía del Chaco, José Francisco Rodríguez Valiente Comisario General de la Policía del Chaco, José Marín, Sargento de la Policía del Chaco, Ramón Esteban Meza, Comisario General de la Policía del Chaco, Luis Alberto Patetta Teniente Primero del Ejercito Argentino, Enzo Breard, Cabo Primero de la Policía del Chaco, Albino Luis Borda, Suboficial Principal de la Policía del Chaco, Jorge Ibarra, Suboficial Principal de la Policía del Chaco, Miguel Pelozo y José Tadeo Luis Bettolli Teniente Coronel del Ejército Argentino.
Además fueron sumados al juicio el ex comisario Antonio Musa Azar Curi, exjefe de Inteligencia de la Policía de Santiago del Estero y el ex comisario Miguel Garbi.
El Tribunal que preside los debates, conformado por los jueces Eduardo Ariel Belforte (Presidente, de Formosa), y Mario Alurralde (de Reconquista) Juan Manuel Iglesias y Delfina Deogens, (de Resistencia). Los dos primeros participaron en el Juicio Causa Masacre de Margarita Belén I.
La querella es ejercida por la abogada Silvina Canteros (presidenta del Comité contra la Tortura) en representación de la Secretaría de DDHH de la provincia, junto con Manuel Brest, de la Secretaría de DDHH de la Nación. Por parte del Ministerio Público Fiscal la acusación es promovida por por los doctores Carlos Amad, Diego Vigay y Patricio Sabadini.
Juan Manuel Costilla, ejerce la defensa oficial de la totalidad de imputados a excepción de Miguel Pelozo, defendido por el Dr. Néstor Cáceres. A los imputados santiagueños Antonio Musa Azar y Miguel Garbi los representa el dr Matías Elías Azar, hijo del primero.
JUEVES, 19 ABRIL, 2018 Causa Caballero II: la Fiscalía Federal solicitó 8 perpetuas y 4 penas de más de 20 años de prisión
El Ministerio Público Fiscal culminó su alegato en la causa Caballero II con un pedido de altas penas por imputaciones de tormento agravado y privación ilegítima de la libertad y homicidio calificado al grupo de 12 represores juzgados por crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones. El juicio oral continuará con el alegato de la defensa jueves 26 de abril.
El alegato fiscal en la causa Caballero II, por crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones fue completado en la mañana de este jueves 19 por los fiscales Diego Vigay y Patricio Sabadini con la descripción y valoración de testimonios, la calificación legal de los hechos y el pedido de pena respectiva para los represores 12 imputados.
Para Gabino Manader, José Francisco Rodríguez Valiente, Enzo Breard, José Marín, Ramón Esteban Meza, Luis Alberto Patetta, Albino Luis Borda, y José Tadeo Luis Bettolli, (todos ellos con un promedio de entre 2 y 10 hechos imputados) se pidió la pena de 25 años de prisión e inhabilitación absoluta por tormento agravado psíquico y físico por la condición de detenido político de la víctima y privación ilegítima de la libertad. Además, como pena alternativa, en relación con el destino final del matrimonio Morel-Ayala, se requirió condenarlos por homicidio calificado a la pena de prisión perpetua.
Asimismo, se solicitó la pena de 21 años de prisión para Gustavo Pellozo, Jorge Ibarra, Antonio Musa Azar Curi, y Miguel Garbi por tormento agravado psíquico y físico por la condición de detenido político de la víctima y privación ilegítima de la libertad (por un hecho).
La causa pasó a cuarto intermedio hasta el jueves 26 de abril, cuando se continuará con el alegato de la defensa, luego de lo cual, una vez que sean realizadas las réplicas entre las partes, ya sólo restará el dictado de la sentencia para concluir este juicio, el cuarto por crímenes de lesa humanidad en el Chaco.
Los únicos imputados presentes en la sala del Tribunal Oral Federal fueron José Rodríguez Valiente, Jorge Ibarra, y José Marín. Bettolli, Patetta, Pellozo, Musa Azar y Garbi siguieron el alegato por videoconferencia desde Buenos aires los primeros tres y desde Santiago del Estero los últimos dos. El grupo restante, encabezado por Gabino Manader, con beneficio de prisión domiciliaria, fueron excusados de presenciar los debates por razones de salud.
“OBJETO PROCESAL” Y JUSTICIA EFECTIVA
La audiencia comenzó con la exposición del fiscal Diego Vigay, que desarrolló el último caso que restaba de su parte de alegato, referido a la detención y torturas sufridas por el integrante de Ligas Agrarias, Mauricio Berger. Cómo sucedió en varias ocasiones a lo largo de los debates, Vigay fue interrumpido durante su alegato por el juez Eduardo Belforte con un pedido de mayor resumen de su exposición y señalamiento de que algunas de cuestiones planteadas no formaban parte del “objeto procesal” de la causa. Vigay no reculó y, con tono didáctico, presentó las razones que avalan la descripción minuciosa de los detalles e indicios de contexto necesarios para la reconstrucción fidedigna del funcionamiento del centro de detención y exterminio organizado de modo clandestino en la ex Brigada de Investigaciones, con la finalidad de asegurar la impunidad de los crímenes allí cometidos, al amparo del poder estatal.
DELITOS DE LESA HUMANIDAD
En relación a ello Vigay remarcó al momento de considerar el valor de la prueba, la importancia del testimonio de sobrevivientes y testigos y la credibilidad que les asiste. Además citó jurisprudencia reciente sobre el tema, como una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 10 de abril de este año. Sucede que si bien este juicio tiene como antecedente directo el proceso Caballero I, de 2010, en cuya sentencia se dieron por comprobadas detenciones ilegales y torturas de la más variada índole, a partir del año 2016, el consenso judicial que reconocía al testimonio de la víctima sobreviviente un rol fundamental atento a que los ejecutores del plan de exterminio contaron con todos los recursos para el borrado de pruebas, comenzó a modificarse, con tribunales que pretenden un estándar probatorio más alto, y fallos que resultaron en absoluciones para imputados que fueron revertidos en Casación.
DERECHOS HUMANOS
El fiscal Patricio Sabadini concluyó el alegato del Ministerio Público, con la presentación de los respectivos pedidos de pena, y antes de ello, con la calificación legal y consideraciones generales; “En este juicio hablamos de delitos de lesa humanidad, esto está plenamente superado, se tratan de serios actos que por su extensión y gravedad y que trascienden al individuo y agreden a la humanidad toda, en un ataque sistemático y gran escala”. Sobre ello señaló que en el caso particular de los casos juzgados en Caballero II los roles y tipos penales desarrollados por cada uno de los imputados han sido “perfectamente identificados”.
Luego de una serie de consideraciones técnicas sobre tipificación y demás cuestiones jurídicas, y una vez presentadas solicitudes de pena a perpetua y de 25 y de 21 años de prisión, Sabadini culminó el alegato fiscal con las siguientes palabras; “A lo largo de la trayectoria del poder punitivo podemos ver que este ha criminalizado a las brujas, a los locos, al diferente, gente de color, borrachos, prostitutas, homosexuales, transexuales, siempre en una permanente tensión entre el ser y el deber ser. Siempre se buscó un puente entre ese ser y ese deber ser, se ha avanzado mucho luego de la recuperación de la democracia, y todavía queda mucho por avanzar; porque ese puente entre el ser y el deber ser son los Derechos Humanos”.
Causa Caballero II: El jueves 19 será la tercera jornada del alegato fiscal
Provincia Para este jueves 19, se espera que el Ministerio Público Fiscal presente su pedido de pena para los ex policías y militares juzgados en el juicio oral de la causa Caballero II. Será la tercera jornada del alegato fiscal, que comenzó el viernes 23 de marzo.
Juicio oral de la causa Caballero II
Luego del detalle de testimonios y hechos que se imputan en jornadas anteriores, se espera que este jueves el Ministerio Público Fiscal presente su pedido de pena a los represores juzgados en el juicio oral por crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones.
De no mediar imprevistos, todo indica que este jueves el 19 de abril, desde las 9 horas, en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia, en Hipólito Irigoyen 33 culminará la acusación formal del Ministerio Público con el pedido de pena por parte del fiscal Patricio Sabadini para los ex policías y militares imputados en la causa Caballero II, que investiga la comisión de torturas, desapariciones forzadas, privación ilegítima de libertad, y violación en la ex Brigada de Investigaciones durante la última dictadura cívico militar.
La de este jueves será la tercera parte del alegato fiscal, que comenzó el viernes 23 de marzo y continuó el jueves 5 de abril, con la descripción por parte del fiscal Carlos Amad y del fiscal Diego Vigay de los testimonios, hechos y pruebas documentales sobre las fundamenta la acusación a los 12 represores imputados.
En ese sentido, durante su parte del alegato, Amad afirmó: “Después de meses de juicio hemos escuchado testimonios descarnados de decenas de víctimas en ese suceso penoso para la historia de esta provincia y está debidamente comprobado la ejecución de un plan sistemático criminal que tuvo lugar en la Brigada de Investigaciones”.
Por su parte, Vigay enumeró las imputaciones que pesan sobre Gabino Manader, uno de los jefes en la estructura clandestina, partícipe en torturas y violaciones; José Francisco Rodríguez Valiente, señalado como el encargado de fraguar declaraciones apócrifas obtenidas mediante palizas y amenazas; y los militares Luis Alberto Patetta, José Tadeo Luis Bettolli, encargados del enlace de Policía chaqueña con el Ejército, implicados en la desaparición forzada de Morel y Ayala. También figuran como responsables de crímenes gravísimos Ramón Esteban Meza, Albino Luis Borda, Jorge Ibarra y Miguel Pelozo. Además se imputa al ex comisario Antonio Musa Azar Curi, exjefe de Inteligencia de la Policía de Santiago del Estero y el ex comisario Miguel Garbi, por el caso de Nora Valladares, emblemático por el extremo de sadismo alcanzado.
Hacia la sentencia
El 22 de febrero, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco y la de la Nación presentaron su alegato con un pedido de 8 perpetuas (Gabino Manader, José Francisco Rodríguez Valiente, José Marin, Ramón Esteban Meza, Luis Alberto Patetta Albino Luis Borda, José Tadeo Luis Bettolli, todos ellos con un promedio de entre 6 y 8 hechos imputados). Además se solicitaron 4 condenas por penas de más de 20 años de prisión ; 25 años para Jorge Ibarra (dos hechos) y 21 años de prisión para Gustavo Pellozo, Antonio Musa Azar Curi, y Miguel Garbi (por un hecho). En todos los casos se imputó por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada en concurso real, tormentos agravados por la condición de detenido político de la víctima en concurso real, desaparición forzada agravada por resultado de muerte y por el delito de violación.
Este jueves con la presentación del pedido de pena reclamada quedará el camino allanado para la presentación del alegato defensor y una vez concluida la etapa de réplicas y dúplicas, el dictado de la sentencia.
Causa Caballero II: tras nueva jornada de alegatos de la Fiscalía, el juicio pasó a cuarto intermedio El Ministerio Público continuó la exposición de la acusación en el juicio oral por crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones con el detalle de testimonios y hechos que se imputan. La causa pasó a cuarto intermedio hasta el 19 de abril, con la conclusión del alegato y el pedido de pena. Viernes, 6 abril 2018
Diego Vigay, fiscal federal ad hoc de Derechos Humanos (Foto: Jorge Tello/Es Chaco)
En la mañana de este jueves 5 continuó la presentación del alegato del Ministerio Público por parte del fiscal Diego Vigay, con un detalle pormenorizado de cada uno de los casos e imputaciones en el juicio oral Caballero II por torturas, desapariciones forzadas y violación en la ex Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco.
Si bien se esperaba la conclusión de la acusación y el consiguiente pedido de pena para los ex represores imputados en la jornada de ayer, ello no fue posible dado lo avanzado de la jornada cuando todavía restaban varios hechos, así como la valoración de una serie de cuestiones de importancia respecto de cómo considerar los testimonios de sobrevivientes y las demás pruebas. Por ello, se pasó a un cuarto intermedio hasta el 19, oportunidad en la que se espera culminar el alegato de modo definitivo.
Cabe remarcar que en el actual proceso versa sobre cuestiones que sucedieron en un centro clandestino que tuvo un primer juicio en 2010, en el que quedó probada la existencia de un espacio en el cual se realizaron detenciones ilegales y torturas de la más variada índole. De este modo, se llegó a un consenso judicial del tipo de delito especial que se juzga: se reconoció que el testimonio de la víctima sobreviviente tiene un rol fundamental. Esto se modificó, se le sumó el requisito de que esté corroborado por algún tipo de prueba, ya sea otro testimonio que ratifique o, algún tipo de prueba documental.
A partir del año 2016, esas cuestiones cobraron mayor relevancia. Es así como algunos tribunales pretenden un estándar probatorio más alto. Eso todavía no está definido pero hubo fallos que resultaron en absoluciones para imputados o fallos que en Casación revirtieron algunas condenas. Existe una corriente que plantea de que más allá de considerar crímenes de lesa humanidad cometidos en la más absoluta ilegalidad, muy parecidos -salvando las distancias – a los delitos de índole sexual en los que hay una víctima y un victimario en un “espacio cerrado” -y se tiene una serie de consideraciones- hoy muchos jueces revisan sus posturas y piden más elementos de prueba.
Alegato fiscal
Con el objetivo de presentar ante las partes un detalle conciso y pormenorizado de cada uno de los delitos que se imputan, el fiscal Vigay enumeró los casos de personas detenidas en la ex Brigada de Investigaciones y cómo se endilgan los crímenes, a los represores imputados. Se trata de las detenciones y cautiverio de los militantes de la Juventud Universitaria Peronista, Ligas Agrarias o el Partido Revolucionario de los Trabajadores Ángel Mauricio Berger, Julio Baltazar Aranda, Emilio Eduardo Saliva (fallecido), Carlos Erasmo Aguirre, Roberto Alcides Greca, Juan Carlos Goya, Nora Valladares, Graciela de la Rosa. (En la audiencia anterior, se explayó sobre las desapariciones de Sara Fulvia Ayala y Pedro Morel).
Tomando como eje cada detención, Vigay enumeró las imputaciones respectivas a Gabino Manader, uno de los jefes en la estructura clandestina, partícipe en torturas y violaciones, José Francisco Rodríguez Valiente, señalado como el encargado de fraguar declaraciones apócrifas obtenidas mediante palizas y amenazas, y los militares Luis Alberto Patetta, José Tadeo Luis Bettolli, encargados del enlace de Policía chaqueña con el Ejército, implicados en la desaparición forzada de Morel y Ayala.
También figuran como responsables de crímenes gravísimos Ramón Esteban Meza, Albino Luis Borda, Jorge Ibarra y Miguel Pelozo. Además se imputa al excomisario Antonio Musa Azar Curi, exjefe de Inteligencia de la Policía de Santiago del Estero y el excomisario Miguel Garbi, por el caso de Nora Valladares, emblemático por el extremo de sadismo alcanzado.
En dos semanas, podrá saberse la cuantía de la pena reclamada y quedará el camino allanado para la presentación del alegato defensor y una vez concluida la etapa de réplicas y dúplicas, el dictado de la sentencia.
