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16 de enero de 2021

El juez Rafecas sumó 11 represores de la dictadura en una elevación a juicio oral y terminó de conformar una megacausa.

El juez Rafecas sumó 11 represores de la dictadura en una elevación a juicio oral y terminó de conformar una megacausa

15 de Enero de 2021 
En el juicio oral "Primer Cuerpo de Ejército" hay imputados de la FAA, del EA y de la Bonaerense que actuaron en distintos CCD


El juez federal Daniel Rafecas dispuso la elevación a juicio oral y público de once represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar, investigados en el marco de la causa conocida como "Primer Cuerpo de Ejército", informaron fuentes judiciales.

Seis de los imputados habrían actuado en el circuito represivo que tuvo por eje el centro clandestino de detención “Mansión Seré”; y cinco se habrían desempeñado en el centro clandestino  de detención “Cuatrerismo”.

Los seis imputados por los crímenes del circuito represivo de lo que fuera la Subzona 16, a cargo de la Fuerza Aérea y conformada por los partidos de Morón, Merlo y Moreno, se suman a los dieciocho que ya fueron elevados a juicio por los mismos hechos y que resultaron condenados en el marco del juicio oral y público llevado a cabo por el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.

Entre los nuevos detenidos y encausados elevados a juicio están el entonces vicecomodoro a cargo de la Primera Brigada Aérea de Palomar, Alejandro Noel Lazo, el Teniente Primero de la misma Brigada Juan Carlos Herrera, y el entonces Cabo Primero José Juan Zyska; quienes fueron imputados por su actuación en “Mansión Seré” y por el cautiverio sufrido por víctimas en la Brigada Aérea de Palomar, donde también funcionó un centro de detención clandestino.

Entre los juzgados también están Ernesto Rafael Lynch, quien con el grado de capitán integraba la VIII Brigada Aérea de Moreno donde también se habría alojado a detenidos ilegales; el cabo primero Julio César Leston y el PCI (personal civil de Inteligencia) Arturo Rafael Giménez, ambos de la Regional de Inteligencia "Buenos Aires" de la Fuerza Aérea Argentina, quienes fueron imputados como autores de la privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos a las personas alojadas en la Comisaría de Castelar, en donde funcionó uno de los más cruentos centros de tortura del circuito represivo.

En la elevación a juicio, Rafecas tuvo por probado el cautiverio de ciento veintisiete personas y el funcionamiento como centro clandestino de al menos tres brigadas aéreas (Palomar, Morón y Moreno) y seis comisarías, en donde las víctimas eran sometidas a salvajes torturas, según detallaron las fuentes consultadas.

En la resolución se señaló que la VIII Brigada Aérea de Moreno, que hasta el momento no tenía visibilidad concreta como centro de detención, constituyó un lugar de torturas y que también de ella dependían la Comisaría de Moreno, el Destacamento de Paso del Rey la Subcomisaría de Francisco Álvarez.

Por otro lado, se hizo una descripción de la actuación de las llamadas "Tres Marías", denominación que habría sido asignada a tres camionetas de la Fuerza Aérea que bajo el mando del capitán Lynch patrullaban las calles y secuestraban personas de manera ilegal.

En el marco de la misma megacausa que investiga los crímenes cometidos durante la dictadura, bajo el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército, el Juez Rafecas elevó a juicio el tramo referido al centro clandestino de detención Cuatrerismo, que funcionó en la llamada zona de Puente 12, en La Matanza, incluso desde antes del golpe de Estado de 1976.

Esa elevación abarca a cinco oficiales de Policía Bonaerense que se desempeñaron en el centro clandestino, de los cuales uno de los imputados es el oficial del Ejército Enrique José del Pino, ya condenado por los crímenes cometidos en el circuito ABO (Atlético, Banco, Olimpo).

El juez Rafecas "tuvo por acreditado que Del Pino, siendo teniente primero e integrante del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, asistía a “Cuatrerismo”, en donde “interrogaba a los detenidos bajo torturas", señalaron fuentes judiciales.

El resto de los imputados son Enrique Osvaldo Gauna, en aquel momento oficial principal de la División Cuatrerismo; Carlos Alberto Tarantino y Ángel Salerno, ambos por entonces cabos de la misma División; y Néstor Alberto Ciaramella, por entonces oficial de la citada división.

En la resolución, el Juez repasó varios testimonios, a partir de los cuales pudo reconstruir que la División Cuatrerismo, funcionó bajo el mando del comisario inspector Juan Modesto Carabajal, fallecido en enero de 1977, exclusivamente como centro clandestino de detención, en donde los cautivos eran sometidos a condiciones inhumanas de detención y a torturas físicas de tal salvajismo que hizo que muchos de ellos murieran a causa de la tortura.

Los cinco elevados a juicio se suman a las 16 personas procesadas por Rafecas por considerarlas responsables de los crímenes de “Cuatrerismo”, de los cuales 13 fueron ya elevados a juicio.

Fuente:Telam

12 de junio de 2013

POR LOS SECUESTROS DE JOSE MANUEL PEREZ ROJO Y PATRICIA ROISINBLIT: EL BRIGADIER GRAFFIGANA FUE PROCESADO.

POR LOS SECUESTROS DE JOSE MANUEL PEREZ ROJO Y PATRICIA ROISINBLIT
El brigadier fue procesado
Omar Rubens Graffigna, quien integró la segunda junta militar de la dictadura, fue procesado junto a otros represores por el juez Daniel Rafecas, en la causa por delitos de lesa humanidad en el Primer Cuerpo de Ejército.
La vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit.Imagen: Daniel Dabove
El brigadier retirado Omar Rubens Graffigna, miembro de la segunda junta militar de la última dictadura, fue procesado por delitos de lesa humanidad en la causa Primer Cuerpo de Ejército. Absuelto en el juicio a las juntas en 1985, el aviador de 87 años fue procesado por el juez federal Daniel Rafecas por los secuestros de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Julia Roisinblit, ambos desa-parecidos y vistos por última vez en cautiverio en la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA) de Morón, donde funcionó un centro clandestino cuando Gra-ffigna era jefe del estado mayor general de la Fuerza Aérea. Por los mismos delitos también fueron procesados el mayor Luis Tomás Trillo y el agente civil de inteligencia Francisco Gómez, en tanto se libró una nueva orden de captura contra el suboficial mayor Juan Carlos Vázquez Sarmiento, uno de los prófugos históricos de las causas por crímenes de lesa humanidad, por quien el Ministerio de Justicia ofrece una recompensa de 100 mil pesos.

Pérez Rojo y Roisinblit –hija de Rosa, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo– fueron secuestrados el 6 de octubre de 1978 y alojados en la RIBA de Morón, donde estuvieron al menos hasta el 14 de noviembre de ese año. Patricia, embarazada de ocho meses al momento del secuestro, fue trasladada a la ESMA para dar a luz a su segundo hijo, un varón que fue sustraído y recién conoció su identidad en 2001, a sus 23 años. El apropiador de la criatura, condenado en 2005, fue Gómez, que se desempeñó como empleado de la RIBA, luego pasó a cumplir tareas de calle de “índole riesgosa”, según consideró probado Rafecas, y que habría custodiado a los verdaderos padres del niño mientras estaban en cautiverio.

La RIBA formó parte del circuito represivo desplegado en la llamada Subzona 16, que comprendía los partidos bonaerenses de Morón, Merlo y Moreno. La subzona tuvo por epicentro el centro clandestino Mansión Seré, en Castelar, e incluyó también a la Primera Brigada Aérea de El Palomar, la VII Brigada de Morón, las comisarías de Castelar, Haedo y la Primera de Morón. El jefe de la RIBA durante los primeros años de la dictadura fue el comodoro Roberto Oscar Sende, ya fallecido, y su sucesor fue el mayor Trillo, a cargo de la RIBA cuando se produjo el secuestro de la pareja de militantes. Por encima de Trillo estaban el brigadier Francisco Salinas, también fallecido, que era jefe de inteligencia de la fuerza, y un escalón más arriba el propio Graffigna, quien desde abril pasado se encuentra detenido.

La causa por los crímenes de la Fuerza Aérea en la Subzona 16 tiene un considerable número de imputados en condiciones de ser juzgados. En agosto de 2011 Rafecas elevó a juicio al brigadier Miguel Angel Ossés, ex jefe del Comando de Operaciones Marco Interno y jefe directo de los brigadieres Hipólito Mariani y César Comes, ambos condenados. Por su participación directa en secuestros y torturas están procesados los cabos Daniel Alfredo Scali, alias Tano; Marcelo Eduardo Barberis, alias Enano, y el suboficial Carlos Alfredo Cámara, alias Tino. Por los delitos en la comisaría de Haedo están procesados los comisarios Alberto Oscar Lanas y su sucesor Néstor Rubén Oubiña, en tanto el policía Felipe Ramón Sosa fue procesado por su rol en la comisaría de Castelar. También está en condiciones de ser juzgado el cabo y luego agente de la Fuerza Aérea Héctor Oscar Seisdedos. El juez Rafecas solicitó al elevar las causas que el juicio oral se realice en el Tribunal Oral 5 de San Martín, por la cercanía con los centros clandestinos donde ocurrieron los hechos y el impacto que tendría para la comunidad local.
Fuente:Pagina12

5 de junio de 2013

LA CAUSA PRIMER CUERPO EJÉRCITO.

Miércoles, 05 de junio de 2013 
La causa Primer Cuerpo de Ejército


Las investigaciones ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo del juez Daniel Rafecas, vinculadas a violaciones a los derechos humanos ocurridos entre 1976 y 1983 se centralizan en el marco de la causa N° 14.216/2003, caratulada “Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros s/privación ilegal de la libertad agravada, homicidio...”.
Esas actuaciones comprenden la investigación de los hechos que se atribuyen a personal dependiente del Primer Cuerpo del Ejército o sometido operacionalmente a él, ocurridos en el ámbito de la Capital Federal, de la provincia de Buenos Aires -en su mayor parte- y la provincia de La Pampa, y que no se hayan incluido en la causa N° 44 incoada en virtud del decreto 280/84 del Poder Ejecutivo Nacional (que tramita en la ciudad de La Plata).


Líneas de investigación


La actividad jurisdiccional desplegada por el tribunal puede dividirse en dos líneas investigativas diferentes. Por un lado, una orientada a la reconstrucción de la cadena de mandos y estructura funcional del Primer Cuerpo de Ejército. Tal es el caso de los procesamientos dictados con relación a Jorge Rafael Videla, como comandante general del Ejército Argentino, y a los distintos jefes de Zona y Área de la Ciudad de Buenos Aires y La Pampa.
Por otro lado, la pesquisa se dirigió al esclarecimiento de los hechos que tuvieron lugar en los centros clandestinos de detención y tortura que funcionaron bajo la órbita del Comando de Zona 1, correspondiente al Primer Cuerpo de Ejército.

Jorge Rafael              SubZona               SubZona           Masacre de         Atletico-Banco    Caso Fasano y
Videla                       Capital federal        La Pampa        Fatima                 y Olimpo             Rébora

SubZona 13                                                                   El Vesubio            Automotores       Hospital 
                                                                                                                  Orletti                  Posadas  
                                                                                     Masión Seré           
                                                                                                                  Caso Favero        Super
                                                                                      Cuatrerismo-        y Alvarez              Intendencia
                                                                                     Brigada Guemes y                              de Seguridad 
                                                                                     Comisaria                                          Federal y
                                                                                                                                              Garage   
                                                                                                                                              Azopardo
Fuente:CIJ.Gov.Ar

9 de mayo de 2013

Causa I Cuerpo: Confirman procesamiento y embargo a un oficial de Inteligencia de la PFA.

08.05.2013
Se trata de José Néstor Ferrer, imputado por un homicidio y tres secuestros
Causa I Cuerpo: Confirman procesamiento y embargo a un oficial de Inteligencia de la PFA
Automotores Orletti, un CCD argentino 
La Cámara Federal confirmó el procesamiento y embargo de más de 600 mil pesos del principal José Néstor Ferrer, del área de inteligencia de la Policía Federal, por un homicidio y tres secuestros perpetrados durante la dictadura cívico militar, con lo cual el represor quedó en los umbrales del juicio oral y público. Los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero ratificaron el fallo del juez federal Daniel Rafecas quien responsabilizó al policía (ya retirado) por "homicidio agravado por alevosía" de Estela María Moya de Goyá, y la "privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas, reiterado en dos oportunidades" que tuvo como víctimas a Gustavo Gayá y Ana María del Carmen Pérez.

Según indicaron fuentes judiciales, los delitos por los que se responsabilizó a Ferrer se perpetraron el 14 de septiembre de 1976 en el domicilio de la avenida Forest 1010, piso sexto, departamento 21, de esta Ciudad, como consecuencia de un operativo cumplido por personal de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina".

Según el expediente, Gayá y Pérez "fueron trasladadas al centro clandestino de detención `Automotores Orletti´, sometidas a tormentos y, finalmente, asesinadas; aunque este segmento fáctico no resulta objeto de imputación a Ferrer".
   
En una resolución de ocho carillas, a la que Télam tuvo acceso, los camaristas afirmaron que está "acreditada" la existencia de ese centro y su "funcionamiento bajo el mando operativo del I Cuerpo del Ejército, como así también el cautiverio y la imposición de tormentos" a las víctimas.
   
La defensa del represor argumentaba que su asistido "desconocía las órdenes que debía cumplir en el operativo efectuado la noche del 14 de septiembre de 1976, salvo su deber de subordinarse al personal del Primer Cuerpo del Ejército a cargo del mismo" y que el imputado era un "administrativo, carente de experiencia en procedimientos policiales".

Sin embargo, los magistrados sostuvieron que "la decisión apelada no sólo constituye una valoración razonable de los elementos de prueba incorporados al expediente, sino que, además, permanece incólume frente a las objeciones planteadas por el apelante".
Fuente:Telam