Confirman las condenas por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001
El ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos deberán cumplir penas de cárcel. El fallo se conoce en la semana del vigésimo aniversario de la caída del gobierno de la Alianza.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a penas de prisión de cumplimiento efectivo del ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, y del ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, por la represión que precedió a la caída del gobierno de la Alianza el 19 y 20 de diciembre de 2001 y causó cinco muertes en los alrededores de la Plaza de Mayo.
Ambos fueron condenados por el delito de “homicidio culposo en perjuicio de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón”, y heridas a otra veintena de manifestantes que protestaban por la situación social, las medidas restrictivas para el retiro de dinero en efectivo y el Estado de Sitio decretado por el ex presidente Fernando De la Rúa. prisión perpetua
Justo en la semana en que se recordarán los 20 años de aquellos trágicos episodios, los camaristas Ángela Ledesma, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña firmaron el fallo de 55 páginas que ratifica las penas a cuatro años y tres meses para Mathov y a tres años y medio para Santos, en ambos casos de cumplimiento efectivo.
El fallo también confirmó la condena contra el ex subcomisario Carlos José López, a cinco años y nueve meses de cárcel como “coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio en agresión (por la muerte de Alberto Manuel Márquez) en concurso ideal con lesiones en agresión”.
De todos modos, ninguno de ellos irá por ahora a prisión, puesto que las condenas no están aún firmes, ya que resta aún un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.
El fallo también ratificó las condenas de cumplimiento en suspenso del ex director general de Operaciones de la Policía Federal Norberto Gaudiero, a tres años; y Víctor Manuel Belloni Víctor Manuel Belloni, a dos años y nueve meses pero en su caso sólo por el delito de “abuso de armas”. (en suspenso).
“No se advierte, ni las partes han logrado demostrar una hipotética arbitrariedad en los fundamentos del tribunal de sentencia al mensurar las sanciones, desde que los jueces desarrollaron los motivos por los que, en cada caso, correspondía alejarse de los mínimos previstos en las escalas penales”, sostuvo el fallo.
Mathov sufrió además una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por ochos años y medio. Santos, por su parte, quedó inhabilitado por siete años para ejercer cargos públicos.
Todos los imputados habían sido condenados en 2016, pero tres años después la Cámara Federal de Casación, si bien ratificó sus responsabilidades, ordenó revisar el monto de las condenas.
Así, el tribunal oral federal número seis redujo en mayo pasado la condena de Mathov de cuatro años y nueve meses de cárcel a cuatro años y tres meses, en tanto que para Santos la rebaja fue de cuatro años a tres años y medio.
Las defensas volvieron a apelar el monto de la condena, pero la Casación hoy desestimó los recursos y dejó firmes las últimas sentencias.
La Casación consideró que el tribunal oral, al fijar las penas, evaluó “circunstancias concretas y generales del accionar y de las particularidades de cada imputado para llegar a la conclusión del quantum punitivo que le correspondía a cada uno”.
“Ha fundamentado suficientemente la sanción impuesta a los condenados, toda vez que se ha hecho un adecuado desarrollo de las pautas legales exigidas, llegándose luego de ese análisis a la conclusión de que correspondía imponerles las penas finalmente dispuestas”, subrayaron los jueces.
“Los sentenciantes han brindado adecuados y suficientes fundamentos a la hora de determinar las penas a imponer a los encartados, han decidido el monto de las mismas dentro de los límites previstos para los delitos imputados de acuerdo a la ley vigente al momento de su comisión, evaluando en forma adecuada las pautas mensurativas de la pena”, resumieron.
Fuente:lmNeuquen
Cuentas pendientes a 20 años del estallido en Argentina
Aprendizajes
19 y 20 de diciembre: un balance
a 20 años
Por Guillermo Cieza, Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2021.
La rebelión del 19 y 20 de diciembre fue la eclosión de un largo período de acumulación de lucha populares. A diferencia de lo que ocurrió en otros países como Bolivia, quienes generaron con su movilización una crisis politica no pudieron capitalizarla para llegar al gobierno y producir transformaciones. No hay elegidsxs por la historia que puedan atribuirse ser continuadores de esa rebelión popular. Su legado será patrimonio de quiénes estén dispuestos a cargar con esa mochila y a encarnar esos sueños de rebelión.
El estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001 está precedido de una larga secuencia de gestiones políticas que habían llevado al país a una situación de abultado endeudamiento externo y gran crisis social. El endeudamiento externo se había iniciado con la dictadura que además, había producido cambios sustanciales en la estructura productiva del país con un agudo proceso de desnacionalización de empresas y de desindustrialización, baja de salarios y crecimiento de la desocupación. El gobierno de Alfonsín intentó enfrentar en los primeros tiempos la cuestión de la deuda y del control monopólico de la economía por parte de los grupos concentrados, pero siendo derrotado por esos grupos no se animó o no pudo hacer los cambios estructurales exigidos por el FMI y terminó arrasado por la hiperinflación. El gobierno de Menem echó mano a la venta de activos estatales como YPF, gas del estado, empresas de electricidad, etc. con lo que consiguió en los primeros tiempos hacer ingresar algunas divisas y un mayor circulante en algunas ciudades obreras fruto del pago de las indemnizaciones. Hacia el final del gobierno se advirtió que no sólo no se habían mejorado las cuentas externas, sino que se habían perdido las principales empresas públicas, por lo que no se podían regular tarifas, y que se había incrementado el nivel de desempleados. Al gobierno de De La Rúa le tocó pagar la fiesta menemista y lo hizo de la peor manera concediendo a las presiones del FMI, impulsando reformas regresivas y finalmente apelando a la represión abierta.
La continuidad en las medidas populares y antinacionales entre la dictadura y los posteriores gobiernos constitucionales habían llevado al país a un profundo colapso económico social y a una bajísima credibilidad de la clase política y de la institucionalidad, y esos fueron dos elementos fundantes de la rebelión popular de 2001.
En ese contexto debe agregarse el condimento de la aparición de nuevos sujetos sociales y de organizaciones que expresaban la nueva realidad. Estos nuevos sujetos empiezaron a expresarse en los cortes de ruta en ciudades petroleras, donde trabajadores que habían sido indemnizados al privatizarse empresas públicas como YPF se quedaron sin ningún sustento y decidieron salir a las rutas a reclamar trabajo. Los primeros cortes se produjeron en Cutral Co y Plaza Huincul en 1996, después en Tartagal-Mosconi y posteriormente se extendieron al conurbano bonaerense en zonas donde quedaban restos de la experiencia obrera de las interfabriles, y una vivencia más presente de las luchas de los asentamientos. Si bien algunos partidos clásicos de la izquierda construyeron su rama piquetera, primero EL PCR-CCC , después el Partido Obrero, en general los movimientos de desocupados fueron organizaciones nuevas, que se masificaron a partir de algunos núcleos militantes que sin ninguna expectativa en lo electoral, habían elegido empezar a construir con los marginados.
Los trabajadores con empleos formales y sindicalizados son también parte de esa lucha, en particular en algunas provincias como Jujuy, Chaco y Neuquén, y en la zona sur del conurbano bonaerense, aunque las conducciones centralizadas no llegan a sintonizar con la situación que se avecinaba. La CGT estaba ausente y la Central de Trabajadores Argentinos, propuso crear el FRENAPO, el Frente Nacional contra la Pobreza, para juntar millones de firmas para elevar un proyecto para paliar “El Hambre mas urgente”, garantizando un ingreso mínimo a los menores de 5 años. La CTA advertía cuál era el problema social, pero apostó a que el conflicto iba a canalizarse por vía institucional. Por eso proponía presentar esas firmas en el Congreso, donde tenía diputados que impulsarían la iniciativa. No advertía que al desencadenarse el conflicto la rebelión iba a enfrentar al conjunto de la institucionalidad.
La aparición de este nuevo sujeto, donde los movimientos de desocupados eran el sector mas dinámico, tuvo distintas expresiones. A modo de ejemplo entre 1997 y 2001 funcionó el Encuentro de Organizaciones Sociales -EOS- con presencia en CABA, y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fé que se proclamaba independiente de los Partidos Politicos, las Centrales Sindicales y el Estado, y que reunía a 200 pequeñas organizaciones surgidas desde lo territorial. En las vísperas de la rebelión de 19 y 20 de diciembre florecieron en la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades las asambleas vecinales que eran autoconvocadas.
Las jornadas del 19 y 20 de diciembre están precedidas en los meses previos por otras luchas. Una de las más significativas se desarrolló en Mosconi en julio de 2001, donde una pueblada popular enfrentó a la Gendarmería durante días con el saldo de dos muertos: Carlos Santillán y Rubén Barrios.
En los dias previos, entre el 14 y 18 de diciembre, la grave crisis económica agravada por la eminencia de las fiestas de fin de año, se expresó en saqueos a comercios en distintas ciudades del país y, en aquellos lugares con mayor organización, en plantones frente a los supermercados para exigir alimentos. Los enfrentamientos del 19 y 20 de diciembre tuvieron algunos detonantes como el corralito impuesto a los ahorros en dólares que provocaron la furia de los ahorristas porteños, y la implantación del Estado de Sitio por parte del Presidente De la Rúa, pero su significado excede en mucho estas provocaciones. La rebelión de diciembre planteó una fuerte impugnación a toda la clase política y a la institucionalidad de gobierno. La consigna “Que se Vayan Todos” , estaba acompañada por la realidad que los legisladores y dirigentes políticos no salían a la calle por temor a ser escrachados. El diputado de izquierda Luis Zamora, era una de las pocas excepciones.
Las decisiones del Presidente que reemplazó a De la Rua, Adolfo Rodríguez Sá, que inmediatamente convocó a las Madres de PLaza de Mayo a la Casa Rosada y proclamó la suspensión del pago de la Deuda Externa, tiene que ver con la desesperación de la clase politica que tiraba manotazos de ahogado para tratar de salir de su situación de total ilegitimidad política.
Sobre lo ocurrido en esas jornadas memorables se generaron distintos relatos. El radicalismo y la derecha oligárquica acusaron al peronismo de promover estos incidentes. Es cierto que el Justicialismo no intentó aplacar los ánimos, ni corrió en auxilio del gobierno. Pero, salvo por el hecho que algunos punteros políticos territoriales consintieron, o acompañaron algún saqueo, es evidente que lo ocurrido pasó muy por afuera de la conducción política y la estructura clientelar del PJ. Seguramente muchos peronistas estuvieron en la calle el 19 y 20 de diciembre, pero por la libre, no hubo expresiones orgánicas del peronismo comprometidas en la revuelta.
En la vereda opuesta de la postura que reduce la génesis de estos acontecimientos a una conspiración del justicialismo, ha tenido y tiene mucho predicamento la versión que se trataron de hechos exclusivamente espontáneos. Esta versión que difundieron a nivel local grupos autonomistas, fueron publicitadas fervorosamente por periodistas y analistas de otros países y asociadas a algunas interpretaciones particulares del fenómeno neo zapatista como las del intelectual europeo John Holloway. Desde esa mirada la gran novedad y radicalidad de la rebelión popular argentina se debía a haber surgido al margen de toda expresión organizada, y sin lastres históricos. En espacios militantes traumatizados por la caída del muro y muy propensos a asociar organización, herramienta política o partido con burocracia, esta interpretación de innegable raíz eurocéntrica tuvo mucha aceptación. Esta versión sobre lo ocurrido, centró su mirada en un sector localizado, lo ocurrido en Capital Federal con y en un corto período de tiempo. Sin desconocer que estos hechos tuvieron un componente espontáneo, en particular por lo protagonizado por el efímero despliegue de los caceroleros porteños, desde una mirada nacional y más larga, parece claro que lo ocurrido en ese momento fue la eclosión de un largo período de acumulación de luchas que se inicia en tiempos del menemismo en todo el país y donde se combinan luchas y organizaciones clásicas como son las movilizaciones, marchas y huelgas promovidas por sindicatos, con cortes de rutas y avenidas, plantones y otras formas de enfrentamiento promovidas por las nuevas organizaciones piqueteras. En una mirada aún más larga, si superponemos los mapas de las interfabriles de los años 70, con los lugares donde se produjeron los asentamientos en los 80 y aquellos donde surgen las expresiones más radicales del movimiento piquetero, podemos advertir que hay una continuidad de lucha en los mismos territorios.
La rebelión popular produjo un retroceso de los sectores dominantes que se mostraron dispuestos a hacer concesiones para preservar la salud del sistema y un repliegue de la clase política. Pero a diferencia de países como Bolivia donde los mismos protagonistas de luchas como las guerras del agua y del gas, crearon su intrumento poilítico electoral y llegaron a la presidencia con Evo Morales, en la Argentina la crísis política desatada por la rebelión de las fuerzas populares, no pudo ser capitalizada por quienes la generaron. Las prédicas de antipolitica y antiorganización que acompañaron a quienes adhirieron a la versión espontaneísta de lo ocurrido el 19 y 20 de diciembre, contribuyeron a que no pudiera articularse una respuesta política popular para capitalizar la crisis, pero no fue la única responsable. Los partidos clasicos de la izquierda Argentina, comunistas y troskistas, fueron sorprendidos por la rebelión y no encontraron, ni tenían el peso suficiente para proponer una salida revolucionaria a la crisis. Las nuevas organizaciones, que habían tenido mucho protagonismo en los últimos años todavía todavía eran muy inmaduras para capitalizar esa oportunidad.
La política aborrece el vacío y un poco por casualidad, luego de la renuncia de Carlos Reutemann, que era el candidato oficial del Justicialismo, llegó al gobierno Nestor Kirchner, un político que al igual que Rodríguez Sá, era conciente de que sólo se podía gobernar desde reconocer que en la sociedad argentina se habían producido cambios y que sólo se le podía dar respuestas desde nuevas formas de intervención política que combinaran políticas de inclusión social, una mayor preocupación por la recuperación del trabajo asalariado, la asociación con otros gobiernos latinoamericanos de origen popular, y el progresismo político asociado al enjuiciamiento de los genocidas de la dictadura y la ampliación de derechos personales.
El kirchnerismo es un heredero demandante de las concesiones arrancadas a las clases dominantes por la rebelión popular, pero no un hijo de esas luchas, ni su continuador. Por el contrario, uno de los primeros actos de gobierno de Néstor Kirchner fue convocar a todas las organizaciones y referencias políticas que consideraba protagonistas de 2001 para proponerles trabajar juntos, obteniendo recursos y espacios dentro de la institucionalidad partidaria y estatal a cambio de dejar de lado la movilización. Ese primer gesto denota lo que será una constante de la relación entre el kirchnerismo las organizaciones sociales y los sindicatos. Lo único que el gobierno no está dispuesto a negociar es que estas fuerzas populares organizadas mantengan su independencia política. Las convida a participar de las concesiones obtenidas, pagando el precio de no seguir adelante en el rumbo de ruptura con la institucionalidad vigente, y de alejarse de cauces revolucionarios. Esta doble condición del kirchnerismo de heredero demandante y de antitésis del impulso liberador de la rebelión popular, ha generado un importante impacto político en sectores y organizaciones populares aportando a divisiones y conflictos.
Me he detenido en la caracterización del papel jugado por el kirchnerismo con posterioridad a la rebelión popular, para fundamentar que en realidad nuestro foco de atención debería ponerse en las debilidades de nuestra izquierda con vocación revolucionaria, y no en el kirchnerismo. La evidencia de que cada fracaso de articulaciones políticas con perspectivas revolucionarias en la Argentina, agranda y embellece el atajo que propone el kirchnerismo, debería profundizar nuestra preocupación por las causas de nuestro fracasos.
Deberían ser fuente de preocupación las razones de por qué un amplio sector de la izquierda independiente que empezó a estructurarse con una perspectiva más multisectorial y política a partir de 2004 y que hacia 2011 alcanzó un nivel interesante de coordinación, se fue diluyendo, fraccionándose y en algunos casos retrocediendo en acuerdos políticos alcanzados, permitiendo un creciente proceso de estatización de las organizaciones territoriales. Si resulta evidente lo ocurrido con el vacío politico que no pudimos capitalizar después de la rebelión de 2001, deberíamos indagar también qué nos sucedió con los vacíos teóricos. Deberíamos indagar por qué teniendo un acumulado teórico interesante que tuvo difusión y valoración en la militancia popular de distintos países de nuestrámerica, en el país la izquierda independiente reforzó su dependencia de producciones teóricas elaboradas en países que son páramos de la lucha de clases, o de intelectuales totalmente desconectados de conflictos y construcción social alguna, salvo por su condición de observadores viajeros. Deberíamos preocuparnos por la fascinación que ejercen ciertos relatos que reducen experiencias latinoamericanas exitosas al mero electoralismo, y ensalzan sus aspectos menos disruptivos. Deberíamos indagar también sobre nuestra dependencia de las modas académicas o de producciones que nos aleccionan sobre nuevos sujetos esenciales que se corresponden con las líneas de financiación de las ONG. Y también por qué la promoción del antiintelectualismo, que al igual que la denostación de cualquier conclusión histórica, está en el arsenal de muchos caudillos y caudillas de nuestra izquierda, para dar sus disputas de poder micro. Los vacíos provocados por la acumulación teórica de nuestra izquierda independiente fue ocupado por la promoción del institucionalismo, el posmodernismo y el corporativismo.
En ese sentido debe reconocerse que la izquierda del FIT-U ha sido mucho más consecuente en la defensa de su patrimonio teórico. Se puede no coincidir en algunas de sus apreciaciones y hasta pensar que en algunas cuestiones se han quedado en polémicas de principios del siglo pasado, pero es indiscutible que esas verdades le han permitido sostener una coherencia teórica que hoy empiezan a capitalizar. Hoy el Fit-U, es la tercera fuerza nacional electoral y ha tenido un gran protagonismo en la reciente convocatoria en que el conjunto de la izquierda llenó la Plazade Mayo para exigir el No Pago al FMI.
La rebelión de diciembre de 2001 fue la eclosión de un período de luchas históricas y abrió la posibilidad de ir por grandes transformaciones a los sectores de la sociedad que fueron protagonistas. Con extrema prolijidad los gobiernos posteriores han tratado de cerrar esa herida en la institucionalidad vigente. La conmemoración de los veinte años se produce en un contexto social y político que empieza a parecerse al de 2001, porque se combina una situación social muy grave, con 43 % de pobres, una desocupación de alrededor del 10% y grandes presiones de los acreedores internacionales para promover nuevos ajustes. El gobierno que pretende recrear la mística de tiempos mejores ya no tiene para demandar o repartir herencias ajenas, y transita en un delicado equilibrio entre contentar a los acreedores externos y a los sectores concentrados de la economía, diferenciarse de la derecha que los acosa con su poderoso lobby mediático, judicial e institucional, y la pretensión de contener la siempre latente amenaza de que se agudicen los conflictos sociales.
El kirchnerismo y el peronismo en particular, seguirá vigente como lo menos malo que puede dar la dirigencia política tradicional, en tanto la izquierda no sea capaz de convertirse en alternativa. La recuperación de la rebelión de diciembre de 2001, es una cuestión exclusiva de la izquierda, de la misma manera que es responsabilidad de la izquierda generar la posibilidad de que en el país haya un futuro que supere la decadencia crónica y el ajuste permanente. Para asumir esa responsabilidad no hay elegidsxs por la historia, será patrimonio de quienes estén dispuestos a cargar con esa mochila y a encarnar esos sueños de rebelión.
Fuente: Tramas – FOTO. agencia Paco Urondo
Envio:RL
