Comienzan el 16 de febrero alegatos en Puente 12 III
Se trata del tercer tramo de la causa que se sigue contra exintegrantes del Batallón de Inteligencia 601 y de la Policía Bonaerense por delitos de lesa humanidad contra 185 víctimas.
POR LAURA POMILIO
04-02-2024
La dependencia donde se cometieron los crímenes.
El Tribunal Oral Federal (TOF) número 6 de la ciudad de Buenos Aires dará inicio el 16 de febrero a la etapa de alegatos en el tercer tramo de la causa que se sigue contra exintegrantes del Batallón de Inteligencia 601 y de la Policía Bonaerense por delitos de lesa humanidad perpetrados contra 185 víctimas en el centro clandestino de detención conocido como 'Puente 12'.
Se espera además una resolución de los magistrados sobre un pedido de derecho a la verdad por el fallecimiento de uno de los acusados durante el proceso.
El viernes 16 de febrero, desde las 9.30, el tribunal integrado por Daniel Obligado, Ignacio Fornari, Sabrina Namer y la jueza sustituta Adriana Palliotti escuchará el alegato del Ministerio Público Fiscal representado en esta causa por María Ángeles Ramos, Esteban Bendersky y Viviana Sánchez.
Según lo solicitado en la última audiencia previa a la feria judicial por parte de las querellas y la fiscalía, esta etapa se desarrollará de manera presencial en una sala a determinar de los tribunales federales de Comodoro Py, a diferencia de la modalidad virtual que preponderó durante las testimoniales.
El tercer juicio
Es el tercer juicio oral y público que se sigue por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en ese centro clandestino dependiente de la Policía de la provincia de Buenos Aires y que funcionó en la División Cuatrerismo del partido de La Matanza.
Este lugar estaba localizado en el cruce de Autopista Riccheri y el Camino de Cintura, conocido por su ubicación geográfica como "Puente 12".
En este tramo se abordan privaciones ilegítimas de la libertad, aplicación de tormentos, tormentos seguidos de muerte, homicidios agravados y abusos deshonestos en perjuicio de 185 víctimas.
El abogado querellante Pablo Llonto. Los imputados son el exteniente primero del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Enrique Del Pino; el excapitán de infantería Walter Roque Minod; y de la Policía Bonaerense el exoficial Néstor Alberto Ciaramella y los excabos Carlos Alberto Tarantino y Ángel Salerno.
Derecho a la verdad
El sexto acusado, el expolicía Enrique Gauna -quien debía responder por primera vez ante la justicia por delitos de lesa humanidad- falleció durante el proceso judicial en noviembre pasado, suceso informado al tribunal y a las partes por su abogada defensora Flavia del Vigo.
A raíz de ello, tanto las querellas como la fiscalía solicitaron derecho a la verdad al tribunal, el cual se comprometió a dar una respuesta sobre este requerimiento en la primera quincena de febrero, previo al inicio de los alegatos.
El derecho la verdad implica que la sociedad tiene la potestad a ser informada de todo lo sucedido con relación a las graves violaciones a los derechos humanos, según la jurisprudencia en materia de procesos de lesa humanidad.
"Ante el fallecimiento de un acusado sobre el final de un juicio, en general las fiscalías y querellas plantean que se permita exponer el caso y que en la sentencia haya una mención concreta sobre los delitos que se le imputaron y su responsabilidad en los mismos", explicó al respecto el abogado querellante, Pablo Llonto.
El letrado también resaltó en diálogo con Télam la necesidad de que las partes finales de los juicios se aceleren "para poder dar respuestas más contundentes a familiares y sobrevivientes" y para que "no se vean afectados los derechos de las víctimas".
Otro cambio de dinámica que se efectuará a partir del inicio de la instancia de alegatos es que esos alegatos podrán ser transmitidos.
Sin trasmisión en vivo
A diferencia de otros juicios que son transmitidos en vivo --tanto por el canal oficial del Poder Judicial como por el canal del medio comunitario La Retaguardia--, el Tribunal aceptó el pedido de las defensas en esta causa para que no sean televisada la etapa de testimoniales.
"Nos cayó como un baldazo de agua fría que el Tribunal no permita la transmisión de la parte de testimonios. Tiene que ver con una interpretación de los tribunales que venían con una tendencia hace unos años de ir sumándose y expedir la autorización para que puedan transmitirse los juicios de lesa humanidad", expresó al respecto Llonto.
En cuanto a la expectativa de cara al veredicto que dará a conocerse una vez que las respectivas partes finalicen sus alegatos, Llonto sostuvo que se espera una "sentencia condenatoria y que el tribunal haga lugar al pedido de derecho a la verdad y a la cantidad de casos que faltan aún tratar, exhortando a la instrucción para que haya un nuevo juicio de Puente 12 a la brevedad".
El abogado, con amplia trayectoria en juicios por delitos de lesa humanidad, aseguró que al igual que sucede con la causa de Puente 12, otros procesos judiciales como los referidos a los crímenes cometidos en Campo de Mayo o en el centro clandestino "Vesubio", se acumulan casos con una "cantidad enorme de información" en instrucción y la demora en llegar a la etapa oral o la división en tramos dilatan el acceso a la verdad y justicia para quienes ya han esperado muchos años por una sentencia.
"Se puede resolver si hay decisión judicial de parte de los tribunales y de los juzgados de instrucción. Para ello es necesario que la Justicia tenga la cantidad más aproximada al total de víctimas y una mirada lo más abarcativa posible de los responsables", ponderó Llonto.
Desde el inicio, el pasado 3 de abril, de este tercer juicio de Puente 12, se desarrollaron 24 audiencias en las que se oyeron las declaraciones de testigos y sobrevivientes que dieron cuenta de todo tipo de torturas a las que fueron sometidos en cautiverio durante el período que va de 1974 hasta 1977.
FUENTE 12 III -DÍA 9- “EL TERRORISMO DE
ESTADO COMENZÓ EL 6 DE NOVIEMBRE DE 1974”
JUNIO 29, 2023
Silvia Nieves Negro fue secuestrada junto con su esposo Roberto Omar Leonardo y otras tres personas, el 15 de noviembre de 1974. Por el testimonio de Dalmiro Suárez, secuestrado un día antes, se sabe que Leonardo estuvo y fue torturado en Puente 12. También fue visto en ese centro de exterminio Carlos Tachella, secuestrado junto con Leonardo, militante del PRT-ERP. Narró el nacimiento de su hijo en pésimas condiciones.
Redacción: Carlos Rodríguez Edición: Fernando Tebele Foto: Captura Transmisión de La Retaguardia
Silvia Negro, al declarar en el Juicio oral Puente 12 III, sostuvo que el grupo de tareas que los secuestró era comandado por el general Ramón Camps, jefe de la Policía Bonaerense tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Médica de profesión, Negro es una sobreviviente, ya que estuvo privada de su libertad en el Pozo de Banfield, cuando estaba embarazada de tres meses. A los 23 años, tuvo a su hijo mientras seguía presa en la cárcel de Olmos, “en un parto distócico” que dejó secuelas graves en su salud que siguen presentes hoy, 50 años después.
El secuestro
La testigo fue secuestrada junto con su pareja en la casa de la familia Manachian, en la localidad bonaerense de Lanús. Era una “charla política” de la que participaban ella y su pareja, el matrimonio dueño de casa y un compañero llamado Carlos Tachella. Ella llegó primero y luego lo hizo su esposo. A los pocos minutos llegó un grupo “muy grande” de hombres armados con Itakas y vestidos de civil, que dijeron ser miembros de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A). El jefe era un hombre mayor, de unos 50 años, algo obeso, pelado. Las dos mujeres, ella y Nélida Ramos de Manachian, fueron maniatadas en las sillas donde estaban sentadas. A los hombres (Leonardo, Tachella y Alfredo Manachian) los amordazaron y se los llevaron. El que daba las órdenes dijo que no secuestraran a las mujeres, a las que también les pusieron vendas en los ojos. Al rato llegó otro grupo armado provisto de una máquina de escribir. A ellas dos les tomaron los datos y luego las subieron a un camión celular. Las llevaron a la Comisaría Primera de Lanús. Cuando se le corrió la venda, pudo ver un cuadro con la imagen del general San Martín. Fue interrogada por un jefe policial y luego pidió que le tomaran declaración, porque quería dejar sentado el secuestro de los tres hombres que estaban en la casa de Lanús. En ese momento, la testiga estaba en el tercer mes de embarazo.
A las cinco de la tarde del día siguiente a la detención, le dijeron que “por razones de seguridad” las iban a llevar a otro lugar. De allí las trasladaron al Pozo de Banfield, donde estuvieron “veinte días o más”. En los días previos a la Navidad de ese año las trasladaron a la cárcel de Olmos.
La fiscal auxiliar Viviana Sánchez le pidió que relatara lo que supo sobre lo ocurrido con su esposo. Leonardo era estudiante de medicina —igual que ella—, trabajaba en el Hospital de Ezeiza, había sido militante de Montoneros y en el momento de su secuestro formaba parte del PRT-ERP.
El 30 de octubre de 1974, el padre de Leonardo le había advertido que lo habían ido a buscar al Hospital de Ezeiza, motivo por el cuál había dejado de ir a su lugar de trabajo desde fines de octubre. Ante una pregunta, Silvia dijo que ella sólo era “simpatizante” de la organización en la que militaba su esposo y que se dedicaba a realizar “tareas de propaganda”.
Con el tiempo, la testiga se dio cuenta de que el secuestro de su esposo estuvo relacionado con los que sufrieron el 14 de noviembre de 1974 Dalmiro Suárez, Nelfa Suárez y su marido Víctor Taboada, un día antes de lo ocurrido en Lanús. Negro se encontró con ellos tres en el Pozo de Banfield. Años más tarde, cuando declaró ante la CONADEP, se enteró de que su esposo y los otros dos hombres secuestrados forman parte “de las 1.000 desapariciones ocurridas durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón”.
En charlas posteriores con Dalmiro Suárez, se enteró que a él lo habían secuestrado en Bernal, luego lo llevaron a la Brigada de Quilmes, de allí a Puente 12 y más tarde al Pozo de Banfield. “El me comentó que en Puente 12 lo torturaron y al lado de él había una persona que se estaba quejando, que le dijo que se llamaba Carlos Tachella y que le dolía mucho una costilla”,
Como médica, estimó que Tachella murió porque la costilla le perforó el pulmón. Esa persona no llegó a Pozo de Banfield. Tampoco llegaron al lugar ni su esposo, ni Tachella, ni Alfredo Manachian.
Su conclusión es que “los tres fueron torturados ahí”, en Puente 12, luego fallecieron, y por eso no llegaron al Pozo de Banfield. En este punto insistió en la importancia del testimonio de Dalmiro Suárez.
También supo que los dos operativos se produjeron por la infiltración en el PRT-ERP de Jesús “El Oso” Ranier.
Negro comentó que Taboada estaba en el Pozo de Banfield en muy malas condiciones y que lo sacaron antes del 19 de abril de 1975. Ese día salió publicada la noticia en el diario Clarín de que a Taboada lo habían matado en un presunto enfrentamiento.
En ese mismo momento, ella y Nélida Ramos fueron “legalizadas” y en la nota de Clarín se dijo que habían sido detenidas “en una casa llena de armas”, algo que ella desconoce porque “nunca supe que la casa (de Lanús) estuviera llena de armas” como dijo la versión oficial. La fiscal le aclaró que ya está incorporada en esta causa su declaración en el juicio Brigadas, donde habló sobre los padecimientos sufridos en el Pozo de Banfield. Allí estuvo más de veinte días, con un embarazo de tres meses.
Por la información reunida en todos estos años, la testiga afirmó que “el Terrorismo de Estado comenzó el 6 de noviembre de 1974, cuando decretan el Estado de Sitio e Isabel Martínez de Perón deja la represión en manos del Ejército y nosotros caemos unos días después, el 14 y el 15” de noviembre de ese año. Lo que ocurrió después del golpe del 24 de marzo de 1976 “ya estaba todo armado”.
Ante una pregunta, dijo que la persona que dirigía el operativo en la casa de Lanús cuando fue secuestrada con su marido era el general Ramón Camps, a quien reconoció muchos años después, cuando vio su rostro en la televisión.
Dijo que, a pesar del miedo, en el año 1978 retomó sus estudios de Medicina en la UBA y se recibió después de la Guerra por las Malvinas.
Parto al borde de la tragedia
Ante una pregunta de la fiscala, precisó que al momento de su detención estaba en su tercer mes de embarazo. En la misma situación estaban Nelfa Suárez y Delfina Morales. Silvia y Nelfa estuvieron en el Pozo de Banfield, y se encontraron con Delfina en la cárcel de Olmos.
En esa cárcel, la testiga comenzó a tener dolores pre-parto en la madrugada del 26 de mayo de 1975. “Yo me descompongo, demoran, demoran, y al final me llevan a tener a mi hijo, a último momento, al Policlínico San Martín de La Plata”.
Se describió a sí misma como una mujer “muy pequeña y aunque mi hijo tenía un peso standard, igual para mí era mucho”. Cuando ingresó al policlínico, “los médicos no sabían qué hacer porque ya venía el parto, que fue una tragedia porque mi hijo nace vivo, pero todo coronado, edematizado. Yo tengo hemorragias, convulsiones, me transfunden, me anestesian, me ponen la peridural, me suturan todo”. Las complicaciones fueron consecuencia lógica de un trabajo de parto complejo por el traslado tardío al centro de atención y, sobre todo, por las medidas antropométricas de la parturienta.
“Tengo secuelas desde entonces por ese parto totalmente distócico por la desproporción perímetro cefálica. Pienso hoy que tendría que haber sido una cesárea”. Todas las complicaciones la llevaron a “un shock séptico ese mismo día; mi hijo nació a las 10:20 de la mañana y hasta la noche no me llevaron con él” por su crítico estado de salud. Por si fuera poco, “todo el tiempo estuve esposada en la sala de parto”. Le pidió a los jueces y a los que escuchaban su relato virtual que imaginaran “a los médicos de un hospital, en 1975, que tienen a una embarazada complicada, que está engrillada y que encima el personal civil femenino quería estar adentro; todo fue caótico y con los años me enteré de que gente de mi misma profesión, que estuvo ahí, contó mi historia”.
Recién a la noche, siempre esposada, la llevaron con su hijo, a quien lo pudo amamantar “a partir de las 12 de la noche”. A la mañana siguiente, en un traslado demencial e intempestivo, la llevaron al penal y la dejaron “en la puerta, del lado de adentro”. Allí se agravó su situación porque estaba “infectada, enferma, y las presas hicieron una huelga para reclamar por mí, teniendo en cuenta que todavía estábamos en una democracia”. Una democracia pisoteada por un gobierno cuyo mentor era José López Rega, uno de los jefes de esa maquinaria asesina que fue la Triple A.
Ante la gravedad de la situación, sus familiares hicieron una presentación “para que los jueces garantizaran mi salud”. Muchos años después, Silvia se enteró de que la noche anterior al parto se produjo la fuga de presas de la cárcel cordobesa del Buen Pastor. “Tal vez pensaron que yo me iba a fugar cuando estaba viviendo esa situación” desesperante, señaló con cierta ironía y aclaró: “Es una interpretación mía”. Luego de lo ocurrido, los partos de las detenidas en Olmos se realizaron dentro del penal, en un sector acondicionado “para que se hicieran ahí”.
El presidente del Tribunal Oral 6, Daniel Obligado, le preguntó sobre las secuelas que le dejó su paso por el Pozo de Banfield, por Olmos y sobre todo, por ese parto tan traumático. “Desde los 27 años tengo incontinencia urinaria, porque el parto distócico comprometió los órganos genitales femeninos, incluida la vía urinaria”. Con posterioridad, “a pesar de toda la situación de estrés vivida, tuve la valentía de seguir estudiando, a pesar de que era muy difícil” en los años 1978 y 1979, con la dictadura cívico-militar usurpando el poder. Vivía a pocas cuadras de la Facultad de Medicina y del Hospital de Clínicas, pero todas las veces “iba y venía corriendo y me encerraba” en el departamento que alquilaba, por el temor a volver a ser secuestrada.
Terminó su carrera en el Instituto de Investigaciones Médicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), junto con un grupo reducido de 30 estudiantes que tenían los mejores promedios.
Para poder reiniciar sus estudios, interrumpidos por su secuestro, presentó su Libreta Universitaria, con casi 9 de promedio, y esperó la aprobación de parte de la autoridad, representada entonces por “un militar que nunca aparecía” y un cuerpo académico integrado por tres profesores. Uno de ellos, de apellido Martínez, tenía a sus hijos exiliados, mientras que otro tenía a su hijo y su nuera desaparecidos. Al dar sus datos personales, dijo que su esposo había fallecido en un accidente de tránsito, versión que mantuvo hasta el regreso de la democracia. Para poder ingresar, le pidieron que rindiera una materia que ella ya había aprobado “algo que es ilegal desde los tiempos de Yrigoyen”. Le hacen rendir “anatomía patológica”, que figura aprobada dos veces en su Libreta Universitaria. Desde 1979 hasta 1981 tuvo sus prácticas en el Clínicas, y cuando estaba por recibirse, le diagnosticaron una enfermedad que se llama “colitis ulcerosa”. Tenía que rendir la última materia, pero la tuvo que postergar, y cuando estaba en condiciones, en abril de 1982, la Guerra por las Malvinas hizo que la UBA cerrara sus puertas. El 14 de junio fue la rendición de las tropas argentinas y pudo rendir en la última mesa del mes de julio. Allí se recibió de médica y le dieron la matrícula “casi con la llegada de la democracia”. Ella quería recibirse para irse al exilio porque pensaba que, con sus antecedentes, no la iban a dejar trabajar. “Por suerte todo cambió y me pude quedar”.
Ante una pregunta del querellante Pablo Llonto, la testiga confirmó que su esposo está registrado en una lista de desaparecidos de nacionalidad italiana. Eso pasó porque la mamá de Roberto era italiana, llegó a la Argentina cuando tenía 10, pero nunca se nacionalizó. Su hijo pudo ser anotado con el apellido paterno, luego de realizar una prueba de ADN con su abuela paterna y un tío. Ella lo había anotado con su apellido, como Norberto Omar Leonardo Negro. Hoy su nombre es Norberto Leonardo Leonardo. Su hijo vivió con ella 16 meses en la cárcel de Olmos y pudo entregárselo a su familia, cuando a ella la trasladaron a la cárcel de Devoto. “Para lograr que se le entreguen a mi familia tuve que gritar, porque una persona nos había dicho que se estaban robando a los niños” de las personas asesinadas o desaparecidas.
Sobre el final, dijo que nada se sabe sobre dónde está el cuerpo de su esposo, aunque por información que maneja del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se sospecha que podría encontrarse en el osario del cementerio de Avellaneda.
Con el dato concreto de que Tachella y Taboada estuvieron en Puente 12, ella cree que también fue secuestrado allí su esposo. Insistió, en ese sentido, en que es central la declaración que va a prestar en este juicio Dalmiro Suárez.
En el cierre, expresó un deseo: “Ojalá que se pueda saber el destino de nuestros compañeros”. Detrás suyo, pegado en la pared de su casa, un cartel escrito a mano decía: “30.000 desaparecidos presentes”.
Las hermanas María Laura y Silvina Stirnemann
dieron testimonio por el crimen de su papá, Mario. De las dudas al hallazgo de
sus restos. De los padecimientos a las esperanzas de Justicia.
Redacción: Carlos Rodríguez
Edición: Fernando Tebele
Fotos: Captura transmisión de La Retaguardia
“Mi padre fue ejecutado, están todas las pruebas.
El Estado argentino es responsable y es necesario que se haga justicia”. En el
cierre de su testimonio, Silvina Stirnemann pidió condenas para los asesinos de
su padre, Mario Alfredo Stirnemann, secuestrado y torturado en el centro de
exterminio de Puente 12. Antes de Silvina, igual reclamo hizo su hermana, María
Laura. Las hermanas Stirnemann tenían ocho meses (Silvina) y menos de 5 años
(Laura) cuando su padre fue secuestrado el 4 de noviembre de 1975.
Un año antes, el 24 de noviembre de 1974, María Laura y su madre, Laura Rosa
Franchi, embarazada de Silvina, fueron detenidas y torturadas en una comisaría
de Quilmes. Desde ese momento, la mamá estuvo presa muchos años en Olmos, donde
nació Silvina, y en Devoto. A consecuencia de esa detención, la niña María
Laura sufrió “una pérdida de la memoria postraumática” y otros problemas
graves.
Silvina, por su parte, vivió desde la infancia con la duda si su padre,
militante del PRT-ERP, la había tenido en brazos alguna vez. Ella estaba con su
madre, en Olmos, y el padre en la clandestinidad. A los 40 años pudo saber, por
el testimonio de otra víctima, que su padre la conoció y jugó con ella, poco
antes de ser ejecutado.
La investigación realizada por las hermanas hizo posible encontrar los restos
del papá y demostrar que lo habían asesinado en una ejecución sumaria. En su
momento, el Ejército dijo que había muerto “en un enfrentamiento”.
María Laura Stirnemann es la hija mayor de Mario Alfredo Stirnemann,
secuestrado el 4 de noviembre de 1975 y asesinado el 18 de ese mes y año en el
Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio Puente 12. María Laura
todavía no había cumplido 5 años cuando perdió a su padre.
En el inicio de la audiencia, el presidente del Tribunal Oral N°6, Daniel
Obligado, sugirió la posibilidad de que el extenso testimonio aportado por la
testigo en la Instrucción fuera incorporado por lectura al debate, pero la alternativa
fue rechazada por las defensas de los seis imputados que tiene la causa.
María Laura recordó que el 24 de noviembre de 1974, un año antes del secuestro
de su padre, su mamá “estaba embarazada de mi hermana Silvina”. Ese día fueron
arrestadas “cuando regresábamos de un pic-nic con unos amigos” de sus padres.
Relató que su padre vio pasar una camioneta de la policía y les dijo que
“aparentemente estaban buscando a alguien y era mejor que nos separáramos
porque a lo mejor lo estaban buscando a él”.
En esa situación “nos arrestan a nosotras, a mi mamá, a una compañera que se
llamaba Mercedes, un hijo chico de ella y a mi tío Juan José Stirnemann, y nos
llevan a una comisaría de Quilmes donde estuvimos diez días, sufrimos torturas
y yo quedé con una pérdida de memoria post traumática”.
Ella pudo ser rescatada por su abuela materna, que la llevó a su casa de
Olavarría, pero su madre quedó detenida en Quilmes y luego la llevaron al Pozo
de Banfield, donde estuvo dos meses “hasta que la legalizaron y la llevaron a
la cárcel de Olmos”. Su hermana nació y vivió un tiempo con su mamá en ese
lugar de detención.
Mientras tanto, su padre estaba en la clandestinidad. María Laura dijo que él
había militado en las FAP (Fuerzas Armadas Peronistas), pero en ese momento
estaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de Zona Sur. Su
papá vivía en una casa de la calle Honduras, en Palermo, junto “con otros
militantes como Julio Mogordoy, Norberto Rey, y otros compañeros”. El secuestro
de su padre se produjo el 4 de noviembre de 1975 en Temperley, cuando iba a una
cita relacionada con su militancia. La casa de la calle Honduras cae ese mismo
día, cerca de las 12 de la noche.
En ese operativo “fue fusilada María Teresa Barvich”, en un hecho calificado
falsamente de “enfrentamiento”. La testigo explicó que Barvich militaba junto
con su padre, los dos estaban en la clandestinidad y simulaban ser “una pareja
ficticia” para tratar de pasar desapercibidos. Barvich visitaba a su mamá en la
cárcel de Olmos, para darle noticias de su papá.
Su madre supo que lo habían matado “cuando dejó de tener noticias sobre él y
supo que María Teresa había sido asesinada”.
Ante preguntas de la fiscala auxiliar Viviana Sánchez, amplió la información
sobre el secuestro de su padre en Temperley: “Él tenía cita en una panadería
cerca de la estación” de trenes de esa localidad. Ella pudo reconstruir lo
sucedido con su padre en el año 1994.
Sobre su mamá, dijo que ella estuvo presa hasta el año 1981. María Laura y su
hermana Silvina recién vivieron juntas en Olavarría, con su abuela materna,
cuando a su mamá la trasladaron a la cárcel de Devoto, donde no permitían la
presencia de niños viviendo con sus madres.
Durante la infancia, las hermanas creían que su padre se había ido a vivir a
Brasil con María Teresa Barvich, pero cuando su mamá recuperó la libertad y
pudieron salir del país para radicarse en Francia, donde viven en la
actualidad, supieron la verdad: que su padre y María Teresa habían sido
asesinados.
Como su madre había estado presa y perdió contacto con su padre, la testigo
pudo reconstruir toda la historia consultando los archivos de diarios de la
época. Eso ocurrió en 1994, al regresar a la Argentina, cuando ella empezó a
estudiar antropología. Ella encontró recortes de diarios donde se hablaba del
“supuesto enfrentamiento” en el cual fue asesinado su padre.
Julio Mogordoy le confirmó que el apodo de su papá era Carlos Rodolfo Luidwid y
que la información sobre el supuesto enfrentamiento había sido publicada el 24
de noviembre de 1975 en el diario La Gaceta de La Plata.
Con esa información, en una comisaría de Lomas de Zamora le informaron que el
cuerpo podría estar sepultado en el cementerio de esa localidad. Luego de
algunas gestiones, confirmaron que el cuerpo estaba allí, con su verdadero
nombre, aunque el apellido estaba mal escrito. Los estudios del Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmaron que fue una ejecución y no
un enfrentamiento: “La bala que lo mató tuvo un recorrido de arriba hacia abajo
y el disparo fue hecho a un metro de distancia”. En la misma fosa común
encontraron los restos de un bebé de tres meses de apellido Ledesma. La testigo
estimó que el niño “podría ser el hermano de Ramiro Ledesma”, hijo de Juan
Eliseo Ledesma, secuestrado y asesinado en Puente 12. Ramiro Ledesma, al
declarar en este juicio, hizo mención a la muerte de su hermanito en un
hospital del conurbano bonaerense.
María Laura dijo que su papá fue víctima, también, de la infiltración en el
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) de Jesús Ranier, “El Oso”, quien había
militado con su padre en las FAP. Precisó que a su padre lo secuestran el 4 de
noviembre de 1975, supuestamente herido, y lo trasladaron a Puente 12. Eso lo
supo por el relato de Mogordoy, quien le dijo que “se habían cruzado en la
tortura” a la que fueron sometidos allí. Aunque nunca se vieron con su padre,
Mogordoy se dio cuenta de su presencia por las preguntas que le hacían los
torturadores y que tenían relación con Stirnemann. La testigo sumó luego el testimonio
de Néstor Blanco, quien declaró que “vio a Jorge (el apodo de su papá) en los
últimos días, porque estaba en una celda al lado de la de mi papá y tuvieron
largas conversaciones”. El testimonio de Blanco, ya fallecido, está incorporado
a la causa.
María Laura precisó que su padre estuvo 14 días secuestrado en Puente 12,
“desde el 4 de noviembre (de 1975). Lo matan el 18 y lo entierran el 24 de ese
mes”.
Luego habló de su tío Orlando Stirnemann, quien fue “diputado de la provincia
de Santa Cruz y estuvo cinco años preso”. Otro tío suyo, Juan José Stirnemann,
quien había sido detenido junto con ella y con su madre, estuvo en prisión
hasta 1980. Su hermana Silvina, que nació en la cárcel, fue vista sólo una vez
por su papá, porque los fines de semana la niña era retirada de Olmos. “Mi
hermana era muy pequeña, no recuerda” ese breve encuentro con su padre.
Sobre las consecuencias sufridas, recordó que en la primera detención junto con
su madre, cuando ella tenía menos de 5 años, “estuvimos en esa cárcel donde
sufrimos torturas. Yo perdí la memoria, la palabra, me volví anoréxica, me
atendió un psiquiatra” que la llevaba a un cuartel para que ella pudiera
superar “la fobia que le tenía a los uniformes porque cada vez que veía uno me
ponía a gritar como una loca, tenía ataques de nervios”. Con el tiempo “fui
mejorando, pero son secuelas que marcan para siempre”. Dijo que fue buena
alumna, pero le costaba “hacer proyectos para unos meses, por haber perdido tan
temprano a mis seres queridos”. También mencionó el exilio y el hecho de
“volver a vivir con mi mamá, una persona a la que en algún sentido no habíamos
conocido por todo el tiempo que estuvo presa, porque no teníamos visitas de
contacto; esa reconstrucción (familiar) nos llevó mucho tiempo”.
En este punto, el juez Obligado le preguntó las consecuencias sufridas por su
mamá: “Ella tiene muchísimos problemas físicos porque durante muchos años no
tuvo las vitaminas necesarias, lo que genera problemas de calcio que se agravan
en la vejez y también una fuerte propensión a la ansiedad”. La testigo señaló
la importancia de aportar testimonios anteriores teniendo en cuenta que “este
juicio se dilató demasiado y a veces, por el tiempo transcurrido, se olvidan
algunos datos porque es delicado remover los recuerdos, aunque es necesario, y
por eso militamos mucho con HIJOS por la abolición de las leyes de impunidad”.
El testimonio de Silvina
Silvina Stirnemann recordó, al igual que su hermana, las fechas y las
circunstancias del secuestro, la desaparición y el asesinato de su padre en el
centro clandestino de Puente 12. Las primeras preguntas las hizo el presidente
del TOF N°6, Daniel Obligado, quien se equivocó al pedirle a la testigo los
datos de su madre:
—¿Cómo se llamaba?— dijo Obligado.
—Se llamaba y se llama Laura Rosa Franchi —respondió la testigo. Llamó la
atención el error, porque estaban frescos los dichos de María Laura Stirnemann
sobre los problemas de salud que tiene hoy su madre producto de la mala vida
que tuvo en las cárceles de Olmos y Devoto. El juez Obligado pidió “mil
disculpas” y dejó el interrogatorio en manos de la fiscala Viviana Sánchez.
En noviembre de 1975, cuando asesinaron a su padre, Silvina Stirnemann tenía
ocho meses. Ella nació en marzo de ese año en la cárcel de Olmos, donde estaba
detenida su mamá. La fiscal recordó que Laura Rosa Franchi declaró en el juicio
oral Puente 12 I y que su testimonio ya fue incorporado a este tercer juicio.
Silvina volvió del exilio cuando tenía 19 años y comenzó a reconstruir la
historia de su padre, a partir de que su hermana María Laura pudo averiguar
dónde estaba el cuerpo de Mario Stirnemann. Ellas obtuvieron información de
algunos compañeros, como Julio Mogordoy. En lo personal, Silvina pudo
comunicarse “mucho más tarde” con Alicia Barvich, hermana de María Teresa
Barvich. “Alicia estaba haciendo el juicio por su hermana y además, ella lo
había conocido a mi papá”. La testigo precisó que su papá dejó las FAP y se
sumó al PRT-ERP, porque “tuvo dos rupturas: cuando ocurrió la Masacre de Ezeiza
(el día del retorno al país de Juan Domingo Perón) y cuando detuvieron a mi
mamá”.
Silvina señaló que fue difícil armar las secuencias y la relación entre la
infiltración de Jesús “El Oso” Ranier, el secuestro de su padre, el asesinato
de María Teresa Barvich y lo que pasó con otros compañeros de militancia como
Mogordoy. “Fueron sucesos muy complejos y nosotros pensamos que (el genocida
condenado) José Félix Madrid estaba implicado en el caso de mi viejo”, entre
otras hipótesis. Criticó los pasos lentos de la Justicia: “La variedad de
situaciones, el dividir el juicio en tramos y al tardar tanto” las resoluciones
del Poder Judicial. Tal fue la demora que “algunos imputados murieron” antes de
ser juzgados y condenados.
Silvina dijo que pasó buena parte de su vida preguntando “si mi viejo me había
podido conocer, porque yo era muy chiquita cuándo el cayó”. Cuando ella nació,
su padre estaba clandestino y ella tuvo muchas versiones sobre si había llegado
a conocerla. “A los 40 años, por fin nos encontramos con Alicia Barvich en
Buenos Aires y ella me dijo ‘yo te conozco a vos’”. Sorprendida, le preguntó
cuándo la había conocido y Alicia respondió: “Tu papá te trajo a mi casa cuando
eras chiquita, cuando eras bebé, y me acuerdo que te hacía jugar”. Recién
entonces pudo confirmar que su padre la había ido a buscar cuando su abuela
pudo sacarla unos días de la cárcel de Olmos, donde vivió con su madre. El
rostro de Silvina se iluminó por un momento y sostuvo: “Yo sabía que mi papá me
había ido a buscar, pero nadie me lo confirmaba”.
En este punto, hizo mención del largo camino recorrido con la agrupación HIJOS
para reclamar justicia. Luego dijo estar “feliz porque se pueda hacer este
juicio, pero desde 1994, cuando abrimos nuestro primer juicio, hasta el 2023
han pasado muchos años”.
Consideró que luego tuvieron “la suerte de encontrar a Néstor Blanco, que pudo
testimoniar que lo vio a mi papá” en Puente 12. Insistió en hablar de las
demoras, sobre todo teniendo en cuenta que “después de tantos años de búsqueda,
de reclamos, de construcción y lucha por la justicia, parecía que el juicio iba
a llegar muy pronto”.
Para Silvina fue una decepción “cuando se cayó el juicio Puente 12 tramo I”,
porque ella estuvo “esperando diez años ese juicio y había pensado hacer una
película con ese juicio, estaba embebida de esa búsqueda”. En ese momento
sintió “como que no pude rendirle justicia a mi viejo”.
La pena duró años. Por ese motivo recalcó que “los daños en nuestras historias
son múltiples”. También dolió el hecho de que a su familia le dijeran “que
nuestro viejo estaba vivo” fuera del país.
Volvió a referirse al hallazgo del cuerpo de su padre y mostró fotos de los
restos. “Esta fue la imagen con la que yo me encontré cuando volví a la
Argentina, teniendo a mi viejo en mis brazos”. Reiteró que las fotos que mostró
fueron tomadas “cuando desenterramos a mi papá y cuando yo llego”. Las fotos
del cráneo eran varias “para poder mostrar la trayectoria de las balas, los
signos de tortura” y las marcas con las que los expertos del Equipo Argentino
de Antropología Forense (EAAF) demostraron que su padre había sido ejecutado
con disparos hechos a quemarropa. De esa forma se desvirtuó la versión oficial
sobre el supuesto enfrentamiento.
Reiteró que alzar sus huesos significó “la primera vez que tengo a mi viejo en
mis brazos, que tengo contacto físico” con él, más allá de aquél encuentro que
le relató Alicia Barvich y que ella no puede recordar porque era una beba.
Sobre las secuelas que dejó en ella el Terrorismo de Estado, señaló: “No les
puedo decir una por una porque fueron múltiples, pero nuestra construcción
tanto individual como colectiva fue buscar justicia, luchar para obtenerla”.
Subrayó que su “deseo profundo” es que “en algún momento pueda escuchar una
sentencia por la muerte de mi viejo”. Puntualizó que su padre “fue asesinado,
ejecutado, están todas las pruebas que lo demuestran y el responsable es el
Estado argentino y creo que es necesario que se haga justicia”.
Recordó que tampoco hubo condenas para los que secuestraron y torturaron a
varios de sus tíos, nombrados por su hermana María Laura. Si bien hubo avances
en la aplicación de justicia, sus casos siguen impunes: “Yo nací en una cárcel
y María Laura estuvo detenida de niña en el campo (de concentración de la
Brigada de la Bonaerense en Quilmes) junto con mi vieja”.
Le preguntaron si hubo una denuncia por su caso personal y respondió que “para
mí la denuncia mayor es la desaparición de mi viejo”. Para ella la reparación
pasa por “determinar qué había pasado y que haya una sentencia clara” sobre el
homicidio de su padre. En el mismo sentido, agregó: “Yo no estoy a la espera de
una sentencia por mí caso, estoy a la espera de una sentencia por mi padre”.
PUENTE 12 III -DÍA 7- LOS GOLPES LETALES A LA FAMILIA DE RAMIRO LEDESMA
JUNIO 15, 2023
La historia personal y familiar de Ramiro Eliseo Ledesma golpeó fuerte en la séptima jornada del juicio Puente 12 III. A pesar del cambio de modalidad introducido por los integrantes del Tribunal Oral 6, orientado a direccionar a los testigos para acotar la extensión de sus intervenciones, el testimonio de Ramiro fue rotundo. Habló de la desaparición de su padre, Juan Eliseo Ledesma; del asesinato de su madre, Noemí Graciela Fracisetti; y del fallecimiento a los once meses de su hermano, Guillermo Antonio Ledesma. Hasta hoy, no pudo encontrar los restos de ninguno de los tres.
Redacción: Carlos Rodríguez Edición: Pedro Ramírez Otero Foto: Captura transmisión de La Retaguardia
La historia personal y familiar de Ramiro Eliseo Ledesma golpeó fuerte en la séptima jornada del juicio Puente 12 III. A pesar del cambio de modalidad introducido por los integrantes del Tribunal Oral 6, orientado a direccionar a los testigos para acotar la extensión de sus intervenciones, el testimonio de Ramiro fue rotundo. Habló de la desaparición de su padre, Juan Eliseo Ledesma; del asesinato de su madre, Noemí Graciela Fracisetti; y del fallecimiento a los once meses de su hermano, Guillermo Antonio Ledesma. Hasta hoy, no pudo encontrar los restos de ninguno de los tres.
Ramiro Eliseo Ledesma, hijo de Juan Eliseo Ledesma, víctima del terrorismo de Estado, y de Noemí Graciela Fracisetti, asesinada en un “supuesto enfrentamiento”, relató desapariciones, asesinatos, secuestros y persecución de ocho tíos; de la abuela de un primo suyo asesinada, atada con alambres y quemada en una localidad de Córdoba, provincia de la que es oriunda su familia. De dos primos que son “nietos recuperados”. Subrayó que son “heridas que no cierran” y que siguen “esperando que se haga justicia”.
El testimonio fue impactante. Dio en detalle todo lo que supo del secuestro de su padre, el 8 de diciembre de 1975, del asesinato de su madre y acerca del calvario que vivió toda su familia.
Cuando su padre fue secuestrado, Ramiro tenía 2 años. Su padre nació en Córdoba en 1950 y se recibió de técnico tornero en la escuela secundaria, para luego ingresar en la Universidad Nacional de esa provincia, en la carrera de Ingeniería Química. Al mismo tiempo comenzó a trabajar en FIAT y a militar en el Sitrac-Sitram, sindicatos históricos de la década del 60. Eran dos filiales de la misma empresa: el Sindicato de los Trabajadores de Fiat Concord (Sitrac) y el Sindicato de los Obreros de MaterFer (Sitram). Fueron gremios de la corriente sindical clasista, protagonistas de luchas memorables que hicieron tambalear a la dictadura de Juan Carlos Onganía. Con posterioridad, el padre de Ramiro se incorporó al PRT-ERP y fue parte de la dirigencia a nivel nacional. Se lo conocía como “El Comandante Pedro”
Juan Eliseo Ledesma se trasladó a Buenos Aires en 1975, cuando ya formaba parte de la conducción política del PRT.
Lo que supo del secuestro de su padre, es que ocurrió el 8 de diciembre, cuando un Grupo de Tareas ingresó por la fuerza a una reunión del PRT-ERP. El operativo represivo fue posible por la infiltración del agente de inteligencia Jesús “El Oso” Ranier.
Por los testimonios de otras víctimas, en especial el de Víctor Pérez, supo después que a su padre lo llevaron a Puente 12, “donde fue ferozmente torturado y hasta el día de hoy no sabemos cuál fue su final ni dónde está su cuerpo”.
Ramiro hizo luego un pormenorizado relato sobre “las pérdidas, desapariciones y encarcelamientos” que sufrió su familia. Precisó que su tío Juan del Valle Taborda fue “uno de los primeros muertos (por la represión) en Córdoba, en el año 1971”. En los años 1972, 73 y 74 “sufrieron la cárcel mis tíos Héctor Francisetti, Liliana Salvador, María Francisetti, Huberto Colauti”. Explicó que su tía Elda María Francisetti estuvo presa y fue liberada en mayo de 1973, pero luego fue secuestrada y está desaparecida, junto con su compañero Gustavo Ferri.
También sufrió la desaparición de sus tías Marta Susana Ledesma y Sergio Comba, en un hecho ocurrido el 10 de diciembre de 1975 en Córdoba, “debida también a la infiltración del Oso” Ranier. Ellos dos “desaparecieron junto con un grupo grande de compañeros que fueron llevados al Campo de la Ribera”, un centro clandestino de tortura y exterminio que funcionó en un predio militar. El caso llegó a juicio y se comprobó que “fueron torturados y fusilados”. Uno de los responsables de esos hechos fue el capitán Héctor Vergéz.
Ledesma mencionó además el caso de “una abuela de mi primo que la mataron en Río Cuarto, en 1977, el Grupo del D-2”, como se denominaba al Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba. En ese caso fue juzgado “como principal responsable” el policía Miguel Angel “Gato” Gómez.
La abuela estaba buscando a su hijo, Sergio Comba, motivo por el que “el famoso Gato Gómez y otros integrante del D-2 la hostigaron, la secuestraron varias veces, hasta que la secuestran en 1977 y luego aparece, atada con alambre, prendida fuego y la tiran en la vía pública”, en la localidad de Alcira Gigena, departamento de Río Cuarto.
El testigo dijo que empezó a reconstruir la historia de su padre y de su familia, a partir de los siete años, cuando vivía con sus abuelos maternos, Marcela Martoglio y Héctor Francisetti. Ellos lo llevaron para que fuera asistido por una psicóloga de Villa María que se llamaba Graciela Taquela y que “ayudaba a todos los que habíamos sido víctimas de la dictadura” cívico-militar.
Aclaró que él vivía con sus abuelos maternos porque a su mamá, Noemí Graciela Francisetti, quien también militaba en el ERP, “la mataron en un supuesto enfrentamiento ocurrido la noche anterior” al golpe del 24 de marzo de 1976, en un operativo realizado en la zona norte del Gran Buenos Aires, frente a una comisaría. Recordó que tenía “un hermanito que se llamaba Guillermo Antonio Ledesma, quien falleció a los once meses, también como resultado de la clandestinidad y de la persecución que sufrieron mis padres”. El pudo vivir poco tiempo con sus padres, luego con sus abuelos maternos y “un período en Buenos Aires que no se bien quienes me tuvieron, seguramente compañeros” de militancia de sus padres. Su tía Elda lo llevó luego a Villa María, con sus abuelos maternos, que también se hicieron cargo de su primo Santiago Emilio Francisetti, cuyos padres, Héctor Francisetti y Liliana Salvador, estaban presos. En 1981, junto con algunos de sus familiares, pudo salir del país y se radicaron en Suecia gracias a un programa de la Cruz Roja Internacional. Un año después volvió a la Argentina junto con su abuela materna.
Ella fue la primera en relatarle el destino de su padre. Se enteró también que su abuela paterna, María Josefina Vera de Ledesma, fue quien presentó el hábeas corpus por el cual se supo públicamente el secuestro de 24 personas entre el 7 y el 9 de diciembre de 1975. Esos casos son los primeros que se están analizando en este tercer juicio por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Puente 12.
Cuando su abuela paterna estaba en Buenos Aires, presentando el hábeas corpus, en Córdoba fueron secuestrados sus tíos Marta Susana Ledesma y Sergio Comba, y también a sus primos, Marta Ledesma y Gabriel Comba.
Dijo luego que con el tiempo también se enteró “de la forma en la que los habían torturado” a su padre y a todos sus compañeros, de las consecuencias de la infiltración de Ranier. Pudo avanzar en sus investigaciones leyendo varios libros y a través de las conversaciones con María Santucho, el abogado querellante Pablo Llonto y Diana Cruces, Elba Balestri y el testimonio de Víctor Pérez.
Ante una pregunta del presidente del Tribunal, Daniel Obligado, dijo que la ausencia de sus padres comenzó a ser más dura a los nueve años, cuando empezó a tomar conciencia y también “por el silencio de la sociedad, de la propia familia, de los vecinos, porque había un rechazo y un ocultamiento, porque de eso no se hablaba”. Con sus compañeros de la escuela primaria y de la secundaria “recién ahora podemos hablar” de esas cuestiones. Señaló que todo fue “muy duro” para él porque había sectores de la sociedad “que apoyaban a los militares”. Luego dijo que ahora, con el conocimiento de la verdad sobre el genocidio, “la sociedad tiene un rechazo” sobre lo ocurrido.
Sostuvo que “hasta el día de hoy” tiene “consecuencias por lo que pasó, personales, emocionales y de todo tipo”. Agregó que sus abuelos, que ya fallecieron, “nunca pudieron superar la pérdida de sus hijos”. Murieron jóvenes y sus abuelas vivieron con ese peso hasta los 93 años. En ese momento, mencionó que su prima y su primo, Noemí Ferri y Humberto Colautti, hijos de su tía Elda María Francisetti, son “nietos recuperados y durante muchos años no sabíamos dónde estaban”.
Mabel Careaga, la compañera de uno de sus tíos, “tiene también a su madre desaparecida (Esther Balestrino de Careaga, una de las tres Madres desaparecidas) en la Iglesia de la Santa Cruz”, en la Ciudad de Buenos Aires, como consecuencia de la infiltración del capitán de navío Alfredo Astiz en las Madres de Plaza de Mayo.
Tiene también otro tío, Carlos Samojedny, desaparecido en el intento de copamiento del Regimiento 3 de Infantería de La Tablada, en 1989. “Lo atraparon con vida y después desapareció”, recordó el testigo.
Recalcó que todas son “heridas que no cierran y que hoy siguen presentes, tienen sus daños y sus consecuencias”. Sobre el destino final de su madre, dijo que luego de una larga investigación supieron que había sido sepultada como N.N. en el cementerio de Boulogne, en el Gran Buenos Aires, pero el cuerpo fue luego trasladado a una fosa común y todavía no lo pudieron encontrar. Tampoco pudieron hallar el cuerpo de su padre.
Como cierre dijo que espera que “se haga justicia” y señaló: “Siempre pensamos que mi papá estaba muerto, en alguna Navidad yo esperaba que no lo habían matado, que se escapó o que lo torturaron, que quedó loco y está en un loquero, algún día puede aparecer. Muchos años uno estuvo esperando que vuelva alguno de ellos, algún tío, alguna tía, y aún hoy seguimos esperando justicia y esperando que aparezcan sus restos”.
Ante una pregunta de la jueza Sabrina Namer —la primera que hizo en lo que va del juicio—, Ramiro respondió que lo único que saben de su madre es que “murió en un supuesto enfrentamiento, que algunos diarios dijeron que la detuvieron y que luego la habrían rematado de un tiro en la cabeza, pero no sabemos más que eso”. Sobre su hermano fallecido a los once meses, lo que saben es que murió en un hospital de San Miguel, en Buenos Aires, que supuestamente lo sepultaron en el cementerio de esa localidad, pero no tuvieron más información y no encontraron sus restos.
Ledesma fue acompañado a Comodoro Py por sus hijos, Juan y Eliseo Ledesma. Los dos permanecieron en la sala de audiencias escuchando el testimonio de su padre, emocionados, conmovidos por una historia familiar que los sigue golpeando.
PUENTE 12 III -DÍA 4- “SANARÍA ENCONTRAR SUS RESTOS”
MAYO 13, 2023
Alejandra Cravello aportó en la causa no solo su historia personal como hija de Ricardo, secuestrado y desaparecido en Puente 12, sino en la mirada general sobre un juicio por el que esperó toda su vida.
Redacción: Carlos Rodríguez Edición: Fernando Tebele
A los 9 años, junto con sus cuatro hermanos menores, Alejandra Cravello sufrió el secuestro de su padre, Ricardo Alfredo Cravello. Junto con él se llevaron a María Cristina Lonardi, la mamá de tres de sus hermanos. Cuarenta y ocho años después, a los 57, Alejandra recién pudo exponer ante la Justicia su dolor, su reclamo de condena a los culpables, y pudo desandar el amoroso recorrido que hizo con sus hermanos para saber dónde estaban sus desaparecidos.
La pareja fue secuestrada y torturada, como todos los que pasaron por el centro de exterminio de Puente 12. En un relato descarnado, Alejandra hizo referencia a las 24 personas, entre ellas Ricardo y María Cristina, que fueron secuestradas en un raid de 36 horas, en diciembre de 1975. En uno de los operativos, los secuestrados fueron nueve niños, ocho de ellos hijos o sobrinos de Roberto Santucho, líder del PRT-ERP, cuyos casos fueron expuestos en el juicio Puente 12 II.
Denunció también la actitud inexplicable de las actuales autoridades políticas bonaerenses que no ponen fin al brutal cambio de fisonomía del predio de Puente 12. Consideró que eso es “inadmisible porque se trata” de un predio que debe ser preservado porque es “prueba en una causa judicial” que investiga el calvario sufrido por 185 personas, la mayoría asesinadas en la tortura.
Aseguró que, a pesar de sus gestiones “formales e informales”, no son recibidos ni por el gobernador Axel Kisillof ni por el ministro de Seguridad, Sergio Berni.
El testimonio de Alejandra fue tan contundente que, por primera vez en lo que va del juicio, hubo preguntas de una de las defensas. Horacio Romero Villanueva, quien representa al imputado Walter Roque Minod, ex jefe de Personal y de Logística del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, le hizo a la querellante una consulta capciosa: “¿Usted recuerda si en el año 1975 estaba vigente el Estado de Sitio?”.
La respuesta fue rotunda: “También había leyes como la 20.840, que estuvo vigente hasta los años noventa, y otras leyes con las cuales podrían haber realizado juicios justos, entre comillas”, en lugar de las ejecuciones sumarias que realizaron en todo el país.
El defensor intervino desde la comodidad de su casa, en forma virtual, ya que no concurre a la sala de audiencias de Comodoro Py 2002 donde se realizada el juicio Puente 12 III.
Alejandra Cravello, de 57 años, es la mayor de cinco hermanos y tenía 9 cuando secuestraron a su padre, Ricardo Alfredo Cravello. “Toda una vida esperando justicia”, fueron sus primeras palabras. Ella y su hermana Valeria, son hijas del primer matrimonio de su padre.
En 1969, Ricardo Cravello formó una nueva pareja con María Cristina Lonardi, “Nenina”, luego de separarse “en muy buenos términos” de la mamá de Alejandra. Se formó entonces una “familia ensamblada”, a la que se sumaron tres hijos de la nueva pareja: Paula, María Laura y Ricardo, el menor de los hermanos, nacido en 1975.
Alejandra dijo que tenían “una vida normal” y que “no se notaba” la militancia de su padre y Nenina, ya que “no estaban clandestinos” como otros militantes de esos años.
Antes de incorporarse al PRT, su padre había militado en el Partido Socialista, en grupos trotskistas como Praxis y en la Resistencia peronista. Ricardo Cravello se había recibido de maestro mayor de obra y fue estudiante de arquitectura y de sociología.
Su padre y su pareja se mudaron a una casa grande, con jardín, en la zona de Olivos. La recomendación que recibieron ella y su hermana Valeria, fue la de no decir dónde quedaba la vivienda. Con marcada emoción, Alejandra recordó cuando iba a jugar a la oficina en la que trabajaba su padre y el relato fue llegando a la trágica noche del secuestro.
En la primera semana de diciembre de 1975, finalizadas las clases, su papá las fue a buscar a la casa de su madre, como todos los fines de semana, pero no regresaron con su mamá el domingo, como era habitual, sino el lunes 8, porque estaban de vacaciones en el colegio. “Como siempre, mi papá tomó un café con mi vieja, hablaron de nuestra crianza, de la realidad nacional”. Las imágenes de su padre, ese día, están grabadas en la memoria: “El sol de diciembre entraba por la ventana del living, lo acompañamos hasta el ascensor; fue la última vez que lo vimos”.
Su madre les dijo a ella y a Valeria, que “se los habían llevado, que los secuestraron, que no se sabía dónde estaban, que seguramente iban a aparecer en diez o quince días detenidos en un penal” a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
“Ese verano fue de mucha angustia, mucho llanto, jugábamos con nuestros primos porque éramos niñas, pero había un agujero impresionante”.
Con el tiempo supieron que el secuestro había sido en la noche de ese 8 de diciembre de 1975 y que en la casa “estaban mi papá, Nenina y Emilio, el papá de Nenina, a quien liberaron” horas después.
Emilio era civil “pero sus hermanos eran militares, el mayor era Eduardo Lonardi, el que derrocó a (Juan Domingo) Perón”. El general Eduardo Ernesto Lonardi fue el primer presidente de facto luego del golpe de 1955, pero fue desplazado poco después por el general Pedro Eugenio Aramburu.
Emilio Lonardi, el padre de Nenina, hizo gestiones que no prosperaron y creyó, al principio, que habían sido llevados a la guarnición de Campo de Mayo. Años después, Alejandra corroboró que su padre y Nenina estuvieron en Puente 12 y no en Campo de Mayo.
En los primeros “dos o tres años”, Alejandra no tuvo mucha información, pero a partir de 1979, cuando empezó la secundaria, todos los mediodías iba a comer a la casa de su abuela paterna, que le contó todas las gestiones que hizo para tratar de encontrar a su padre.
Tuvo que hacer el mismo recorrido de “todas las madres y abuelas”, y conoció a Azucena Villaflor, la primera presidenta de las Madres de Plaza de Mayo. Su abuela paterna le dijo que “siempre desconfió de Alfredo Astiz”, el represor que se infiltró en Madres y que organizó el secuestro en diciembre de 1977 de Azucena y de otras dos integrantes del organismo de DDHH, María Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga. Las tres fueron víctimas de los Vuelos de la Muerte desde la ESMA. Sus cuerpos aparecieron en las costas bonaerenses. Fueron enterradas como NN en el cementerio de General Lavalle e identificadas en 2006 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
A los 12 años, Alejandra supo que el 8 de diciembre de 1975, por la mañana, hubo un gran operativo en la manzana de la casa de Olivos. El padre de Nenina, por esa razón, les había advertido que se fueran, pero no le hicieron caso. A la noche volvieron los militares, ametrallaron la puerta y entraron. Su padre había salido con Emilio para acompañarlo hasta el colectivo, pero volvieron al escuchar los disparos y encontraron a Nenina secuestrada, envuelta en una frazada. Años después supo que Nenina había logrado saltar un tapial y entrar a una casa vecina, cuya dueña le dio dinero para que pudiera escapar. No pudo, porque la manzana estaba rodeada.
La casa de la calle España 3266, en Olivos, fue copada por personas de civil armadas y por policías, rodeada por móviles de todo tipo.
La esperanza del reencuentro
Desde que supo cómo fue el secuestro, tuvo la fantasía de que su padre estaba vivo en un hospicio, o perdido por la calle y que algún día se iban a reencontrar. Con el retorno de la democracia, en 1983, tomó conciencia de que sólo era una fantasía que sirvió para alimentar la esperanza.
Alejandra resaltó que ella y Valeria nunca perdieron contacto con sus tres hermanos, a pesar de que ellos se mudaron a City Bell, cerca de La Plata, con sus abuelos maternos, mientras ellas seguían viviendo en la Capital Federal.
En el año 2002, su hermana María Laura fue al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) a buscar información sobre su padre y al mismo tiempo, salió un libro en el que se hablaba de la infiltración al PRT-ERP por parte del agente de inteligencia Jesús Ranier, hecho que derivó en el secuestro y desaparición de muchos militantes de la organización; entre ellos su papá y Nenina. Recién allí tuvo conocimiento del grado de participación política de su padre.
Los únicos sobrevivientes que podían contarle algo sobre su padre, eran los familiares de Roberto Santucho que vivían en Cuba y que en ese momento “no querían hablar”. Recién en 2017 tomaron conocimiento del testimonio de Víctor Pérez, un sobreviviente de Puente 12. Pérez decía que en ese lugar había conocido “a un arquitecto de apellido Cravello”.
Tomaron contacto con la Comisión Vesubio-Puente 12 y con María Ofelia Santucho, sobrina del líder de PRT-ERP, Mario Roberto Santucho, quien había viajado de Cuba a Buenos Aires. La familia Cravello se presentó como querellante y se contactaron con el abogado Pablo Llonto.
Víctor Pérez les contó que en Puente 12, en una sesión de tortura, “él les dijo a los de la patota que era albañil”. Ante ese dato, los represores se burlaron de la víctima: “Bueno, se pueden reunir con ‘el arquitecto’ y poner una empresa constructora”. Así supo de la presencia de Ricardo Cravello en el centro de tortura y exterminio.
Otro testimonio clave fue el de María Josefa Méndez, quien fue secuestrada junto con Víctor Pérez. Ella dijo que estuvo en una celda con alguien que sería Alicia López y con “la hija de un militar importante”. Lo que se piensa es que no era “la hija sino la sobrina” de ese militar, es decir María Cristina Lonardi, Nenina.
Alejandra entregó al tribunal, entre otros documentos, publicaciones como Estrella Roja y Nuevo Hombre, con información de las 24 víctimas que fueron secuestradas en nueve operativos realizados por las fuerzas conjuntas entre el 7 y el 9 de diciembre de 1975. Los primeros en caer fueron Ricardo Elías Abdón, El Turco, secuestrado junto con Alicia López de Olivera, el 7 de diciembre en Camino de Cintura, en la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza.
Juan Eliseo Ledesma y Angel Salvador Gertel fueron secuestrados en la parrilla La Tablita de Ramos Mejía. Las otras víctimas adultas fueron Ismenia Inostroza, Víctor Pérez, María Josefa Méndez, Jaime Villamarín, José María Pellado, Ofelia Ruiz de Santucho, María Santucho, Diana Triay, Sebastián Llorens, su padre Ricardo Cravello , María Lonardi y Emilio Lonardi.
Los otros nueve secuestrados en esos días fueron niños, hijos o sobrinos de Mario Roberto Santucho. Los menores estaban en una fiesta de cumpleaños en la calle Palacios al 3300, en Morón.
Los niños que estaban al cuidado de Ofelia y María Santucho, eran Mario Antonio, un bebé de meses; Ana Cristina, de 14 años; Marcela Eva, de 13, y Gabriela Inés (hijo e hijas del líder del PRT-ERP). Se llevaron también a las hijas de Ofelia y de Astrúbal Santucho: María Ofelia, de 15 años; María Susana, de 14; María Silvia, de 12; y María Emilia, de 10. El noveno niño era Esteban, de 4 años, hijo de Elías Abdón.
Todos los nombres figuran en el habeas corpus que presentó Vera Ledesma, la madre de Juan Eliseo Ledesma. María Josefa Méndez dijo que escuchó hablar a los niños en Puente 12. Lo mismo declaró un policía de apellido Urquiza, que era chofer del comisario Jorge Alberto Verdún, secuaz del ex jefe de la Bonaerense, el General Juan Ramón Camps.
Al mando de los operativos estuvo una persona que, de acuerdo con los testimonios reunidos por Alejandra Cravello, tenía “unos 30 años, muy educado, alto, rubio, flaco, de ojos claros, carilindo”.
Alejandra Cravello, para definir el grado de violencia ejercido por los represores en Puente 12, citó testimonios sobre el calvario vivido por Juan Eliseo Ledesma, el comandante Pedro, miembro del buró político del PRT-ERP, “muerto luego de soportar horribles torturas”.
En el testimonio que leyó se denunció que “Pedro, más que torturado estaba sometido a un verdadero suplicio. Por un agujero en el estómago se le veían las tripas, pedía agua y que lo mataran. Le ofrecían una inyección letal a cambio de datos”. Le decían: “Bueno comandante Pedro, te soltamos las ligaduras y nos contás los pozos de Tucumán, de arriba y de abajo”. El testimonio es de Javier Villamarín.
La testigo y querellante sostuvo que “parecen chiste” los cargos que pesan sobre los dos oficiales de inteligencia imputados en esta causa, el teniente primero Enrique José Del Pino, y el capitán Walter Roque Minod.
Sostuvo que “no se entiende”, tampoco, que el represor Carlos Españadero, del Batallón 601 de Inteligencia único condenado en Puere 12 IIno figure otra vez entre las personas que son juzgadas en este nuevo juicio sobre los crímenes de lesa humanidad en Puente 12.
Responsabilidades políticas
Alejandra Cravello, junto con otros hijos de víctimas, hicieron una primera visita al centro clandestino de Puente 12 en 2019. En 2021, en una nueva recorrida realizada en plena pandemia, constataron que el lugar “está completamente modificado, destruido”, lo que complica identificar cómo era en 1975.
“En la entrada había un portón tipo tranquera que no está más, el césped no es más césped, está todo cementado”. Además “el interior está todo con parapetos y los jueces lo han visto porque hicieron una visita ocular”. Recalcó que “lo que es inadmisible es que no se está cumpliendo una orden de no innovar del año 2010 y se está modificando un lugar que es prueba judicial”.
En las visitas sacaron fotografías e hicieron las denuncias. El juez de instrucción, Daniel Rafecas, hizo una visita con el EAAF en octubre de 2021. “Lo que encuentran es un desastre, hay excavaciones del EAAF que fueron tapadas porque las usan de basurero”.
Ante tal situación se hizo un reclamo a las Secretaría de DDHH de Nación y la Subsecretaría de Provincia, y el juez llamó a una audiencia. El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni fue representado por Javier Alonso, secretario de Formación Profesional, y por una representante de la Secretaría de Buenas Prácticas.
“Ellos se comprometieron a descementar todo lo cementado, a demoler lo que haya que demoler y a volver a poner el portón” original, como lo habían recibido al asumir el cargo en diciembre de 2019.
“En el lugar, desde esa fecha, hay 2.700 efectivos en tres turnos, las 24 horas, los 365 días del año, lo que es incompatible con una orden de no innovar”. Las modificaciones incluyen “el espacio verde donde estaban las capachas, que eran fosas y crematorios clandestinos”. Las modificaciones realizadas por el Ministerio de Seguridad incluyen la construcción de un galpón en una parcela sobre la cual no tiene dominio porque desde el año 1986 es “una reserva de área verde”. Alejandra mostró a los jueces, en una pantalla, cada uno de los lugares modificados y cómo eran en el momento en que se produjeron los crímenes de lesa humanidad.
Cravello subrayó que para que esto no siga ocurriendo “es necesario que se tome una decisión política, y el único que puede hacerlo es el gobernador (Axel Kicillof); pero el gobernador no nos recibe, aunque ya lo hemos intentado de manera formal y de manera informal”. El ministro Berni “tampoco nos recibe”.
Ante una pregunta del abogado querellante Pablo Llono, dijo que las consecuencias de lo que pasó con su familia “van a estar siempre y sería bueno poder encontrar los restos, porque ya pasaron dos generaciones y seguimos preguntando dónde están, para de alguna manera poder cerrar un duelo”.
Al finalizar pidió justicia en su nombre y en el de sus hermanos, Valeria, Paula, María Laura y Ricardo. También pidió justicia para las 185 víctimas cuyos casos se analizar en este juicio.
“Ricardo y Nenina presentes, ahora y siempre”, fue su invocación en el cierre, acompañada por aplausos de los presentes, entre los que se encontraba Lilia de Jesús, la mamá de Alejandra.
