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12 de mayo de 2021

LA PLATA: Revés judicial para tres genocidas de La Cacha.

 

Revés judicial para tres genocidas de La Cacha

El Tribunal de Casación Penal dio lugar de forma parcial al pedido realizado por las querellas de Abuelas de Plaza Mayo, Justicia Ya y el Ministerio Publico Fiscal en relación al fallo emitido por el TOCF N°1 de La Plata en 2014 por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de La Cacha.













Luego de siete años del juicio a los genocidas que actuaron en el centro clandestino La Cacha, la Sala I de la Cámara Federal de Casación ordenó al Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata que revisara las penas.

Rufino Batalla, Claudio Grande y Raúl Espinoza, integrantes del Batallón de Inteligencia 601 de La Plata, fueron condenados a trece años de prisión por considerarlos partícipes secundarios de los crímenes cometidos en el centro clandestino que funcionó en la antigua planta transmisora de Radio Provincia, en la localidad de Olmos del partido de La Plata.

En el fallo de Casación los jueces Daniel Antonio Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña, señalaron que los genocidas mencionados tienen de responsabilidad como coautores de los crímenes juzgados, reconociendo los asesinatos de Laura Carlotto y Olga Noemí Casado, los cuales no habían sido tomados en cuenta en el juicio, sin embargo, quedaron excluidos otros casos y como los delitos sexuales cometidos en La Cacha. Dicho fallo podría significar el elevamiento de la pena a prisión perpetua.

Desde las querellas y la fiscalía se solicitó la inmediata detención de los tres genocidas acusados, pero el Tribunal dispuso el uso de tobilleras electrónicas hasta tanto se dicte un nuevo fallo.

A continuación compartimos el comunicado de Justicia Ya:

Desde el espacio Justicia Ya! queremos comunicar que gracias a la persistencia de las querellas en el juicio llevado adelante por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como “La Cacha” y después de siete años se logró que la Cámara Federal de Casación Penal haga lugar parcialmente a los planteos de las apelaciones hechas por las querellas de Abuelas de Plaza de Mayo, Ministerio Público Fiscal y la nuestra en relación al fallo de 2014 en el juicio por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención conocido como “La Cacha”.

La sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de La Plata constituido por Carlos Alberto Rozanski, Pablo Jantus y Pablo Daniel Vega del 24 de Ocubre de 2014 había condenado – con disidencia de Rozanski- por participación secundaria a los genocidas Claudio Raúl Grande, Rufino Batalla y Raúl Ricardo Espinoza, desconociendo, entre otros, los homicidios de Laura Carlotto y de Olga Noemí Casado así como los delitos sexuales perpetrados por los genocidas.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal constituida por les jueces Daniel Antonio Petrone, Ana María Figueroa y Diego G. Barroetaveña en su reciente fallo sostienen que los genocidas mencionados tienen responsabilidad de coautoría por lo cual la condena debe ser de prisión perpetua y no a algunos años como había dictaminado el tribunal. Además reconoce los homicidios de Laura Carlotto y Olga Noemí Casado, aunque no los otros por los que hemos apelado y tampoco dan lugar al juzgamiento por los delitos sexuales perpetrados en La Cacha como parte del plan sistemático de exterminio.

El Centro Clandestino de Detención La Cacha fue creado en el Área 113 del Comando del 1er Cuerpo del Ejército para desmantelar los últimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura. Funcionó entre mediados de 1976 y fines de 1978 en la antigua planta transmisora de Radio Provincia, al lado de la cárcel de Olmos. Tras años de dilaciones y fragmentación de la causa finalmente se elevó a juicio incluyendo solo a 17 genocidas por 127 casos del año 1977, dejando decenas de compañeres fuera de este proceso así como un grupo de penitenciarios que nunca fue procesado. Antes del juicio oral murieron impunes dos de los mayores responsables del campo de concentración: el gobernador militar Ibérico Saint Jean y el jefe del Destacamento 101 Alejandro Arias Duval.

Por la fragmentación de este juicio se perdió la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas del Servicio Penitenciario, la Armada y el Ejército.
Llevó más de 40 años lograr que se juzgara solo a algunos de los genocidas de La Cacha. Es parte de la estrategia que desde el espacio Justicia Ya! denunciamos hace años: causas desguazadas, parcializadas e incompletas enmarcadas en la política de derechos humanos del gobierno con juicios fragmentados, genocidas prófugos y revictimización de testigos. Política que vienen llevando adelante todos los gobiernos desde la anulación de las leyes de impunidad.

Desde Justicia Ya! reinvindicamos este revés judicial para tres de los asesinos juzgados y continuaremos la lucha para que todos los genocidas vayan a cárcel común, perpetua y efectiva.
Asociación Anahí, Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos (AEDD); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU), Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Espacio de Lucha Nilda Eloy, Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), Las Azucenas integrantes de Justicia YA! La Plata

Fuente:LaIzquierdaDiario

10 de mayo de 2021

La justicia agravó las penas de tres guardias del "chupadero" La Cacha.

 

Rufino Batalla, Claudio Grande y Raúl Espinoza podrían ser condenados a prisión perpetua

La justicia agravó las penas de tres guardias del "chupadero" La Cacha

Los tres actuaron como centinelas en el campo de concentración que funcionó en la explanta de Radio Provincia. El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata resolvió durante el fin de semana enviar consigna de la Policía Federal a sus casas y disponer que usen dispositivos electrónicos hasta un nuevo fallo.

Por Luciana Bertoia
























Batalla, Grande y Espinoza actuaron como guardias en el campo de concentración que funcionó en la explanta de Radio Provincia, ubicada en las afueras de La Plata y que lindaba con el penal de Olmos.

Rufino Batalla, Claudio Grande y Raúl Espinoza ya pensaban que la suerte les sonreía y que habían saldado sus cuentas con la justicia después de haber actuado como guardias en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como La Cacha, pero no todo salió como calculaban. La Sala I de la Cámara Federal de Casación ordenó el viernes al tribunal que los había condenado en 2014 que revisara las penas y las agravara.

Abuelas de Plaza de Mayo y la fiscalía pidieron su inmediata detención, pero el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata resolvió durante el fin de semana enviar consigna de la Policía Federal a sus casas y disponer que usen dispositivos electrónicos hasta que dicte un nuevo fallo.

Batalla, Grande y Espinoza actuaron como guardias en el campo de concentración que funcionó en la explanta de Radio Provincia, ubicada en las afueras de La Plata y que lindaba con el penal de Olmos. En 2014, el TOF1 de La Plata los condenó a trece años porque la mayoría de los jueces creyeron que debían responder como partícipes secundarios. Las querellas de Abuelas de Plaza de Mayo, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) - Justicia YA! y la Secretaría de Derechos Humanos al igual que la fiscalía apelaron y lograron que los casadores Diego Barroetaveña, Ana Figueroa y Daniel Petrone les dieron la razón y ordenaron que el TOF --ahora con una integración diferente-- dicte una nueva sentencia en la que se los considere coautores de los secuestros, las torturas y los homicidios, lo que podría conducirlos a una pena de prisión perpetua. Como tales, deberán responder por los asesinatos de Olga Noemí Casado y de Laura Carlotto, la hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

El viernes, después de que llegó el fallo de Casación de más de 650 hojas, Abuelas y la fiscalía pidieron al TOF de La Plata que los detuviera de manera inmediata. En el tribunal, decidieron ordenarles que entreguen los documentos con los que podrían salir del país, prohibirles acercarse a un paso fronterizo y colocarles una tobillera o un dispositivo electrónico para que no se muevan de sus casas. Espinoza vive en City Bell; Grande, en La Plata y Batalla, en Formosa. Allí, además, tendrá que haber consigna policial. Todo hasta que vuelvan a dictar una nueva sentencia.

Los tres integraron durante la dictadura el Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, que tuvo un rol preponderante en La Cacha. Espinoza se incorporó al Destacamento en agosto de 1976. Antes había prestado funciones en la Jefatura II --de Inteligencia-- del Ejército. Él siempre se presentó a sí mismo como un “pinche”, que llevaba comunicaciones entre la JII y el Primer Cuerpo de Ejército. Los sobrevivientes de La Cacha lo recuerdan como “Jota” e incluso aportaron un dato fundamental para su identificación: había estudiado Odontología.

Grande fue de los tres el que más tiempo estuvo en el Destacamento. Se sumó en 1975 y siguió hasta 1987. Durante el juicio, Grande siempre negó haber estado en La Cacha y dijo que, en realidad, lo confundían con otro agente de inteligencia. Ni el TOF ni la Casación creyeron sus argumentos. Ya graduado de veterinario para finales de 1982, Grande continuó revistando en la inteligencia del Ejército e incluso pidió autorización para ejercer como docente en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para poder “marcar” a militantes de izquierda.

Batalla también estuvo en el Destacamento hasta 1987. Se había incorporado en 1976 cuando ya tenía 30 años. Lo hizo más por necesidad que por vocación, declaró ante la justicia. Sin embargo, durante esos años Ricardo Balboa --su seudónimo-- o “Toro” --como lo conocieron en La Cacha-- sumó un sinfín de capacidades para la persecución y la represión. Según consta en su legajo, Batalla tenía habilidades para reconocer blancos, hacer vigilancias fijas y móviles a pie, participar de “visitas clandestinas”, producir informes de inteligencia, abrir cerraduras, tomar fotografías subrepticiamente, interceptar correspondencia, automaquillarse y empuñar armas de fuego. Hace poco más de dos años, la Corte Suprema eligió su caso para desandar el camino del 2x1 que había abierto el 3 de mayo de 2017 en el caso del represor del Hospital Posadas Luis Muiña.

Además de ordenar que se dicte una nueva sentencia referida a los tres guardias de La Cacha, la Casación confirmó la sentencia a perpetua, entre otros, del excomisario Miguel Osvaldo Etchecolatz y del exministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart, uno de los civiles de la dictadura que más poder conserva en los tribunales y que ha buscado sistemáticamente bloquear las investigaciones en su contra y dilatado las revisiones de sus sentencias. Con ésta, “Jimmy” suma la segunda confirmación por parte de la Casación mientras lo juzgan ahora por los crímenes en los pozos de Banfield y Quilmes y en la brigada de Lanús --más conocida como El Infierno.

Fuente:Pagina12

23 de abril de 2012

LA PLATA: “Estás en La Cacha, de Cachavacha, la bruja que desaparece gente” .

“Estás en La Cacha, de Cachavacha, la bruja que desaparece gente” 
Año 5. Edición número 205. Domingo 22 de abril de 2012 
Por Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal 
dcecchini@miradasalsur.com Plano. 

Los croquis dibujados por algunos de los sobrevivientes permitieron reconstruir el edificio de la cacha, demolido a principios de los ’80 para no dejar rastros./ Panorámica. el penal de Olmos, en cuyos terrenos estaba el centro clandestino de detención./ Inteligencia. el destacamiento 101 tenía sede en La Plata./ Documento. esta vieja fotografía del edificio de la cacha fue rescatada del archivo del S.P.B./ Fachada. la cacha funcionó en la vieja planta de Radio provincia. 
Funcionó entre 1977 y 1978 en las afueras de La Plata y fue uno de los centros clandestinos de detención más sofisticados de la dictadura. Ahora, la causa que lo investiga fue elevada a juicio.

El Juzgado Federal Número 1 de La Plata, a cargo del juez Manuel Blanco, acaba de elevar a juicio las actuaciones que permitirán juzgar y condenar a los responsables mediatos e inmediatos de La Cacha, un centro clandestino de detención que funcionó entre 1977 y 1978 en las afueras de La Plata y que constituye un caso emblemático de la represión ilegal por su carácter de interfuerzas y su estructura operativa y de inteligencia. La Cacha fue creado en el marco de una etapa definida del plan sistemático de represión ilegal diseñado por la junta militar y respondió a la necesidad de obtener información precisa para desmantelar los últimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura cívico militar. Miradas al Sur tuvo acceso a documentación hasta ahora desconocida sobre su funcionamiento, entrevistó a sobrevivientes y pudo establecer el modus operandi de sus grupos de tareas y de sus equipos de interrogadores, así como reconstruir su estructura edilicia, destruida hasta los cimientos por los represores para borrar todo vestigio de su existencia.

A principios de 1977, la vasta geografía de la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y La Pampa se hallaba bajo la jurisdicción militar de la Zona I dependiente del Comando del Primer Cuerpo de Ejército, en ese entonces al mando del general Guillermo Suárez Mason. La línea de comando se continuaba en la Subzona 11 y finalizaba en el Área 113 para los partidos de La Plata, Brandsen, General Paz y Monte. Los mandos del Ejército, que tenían “la responsabilidad primaria en el esfuerzo de inteligencia en la lucha contra la subversión”, instrumentaron en esta área varios centros clandestinos de detención, el COT1 en Martínez, el pozo de Banfield, el pozo de Quilmes, Arana en las afueras de La Plata, la Comisaría Octava y la Brigada de Investigaciones en La Plata y La Cacha (también conocida como “el Casco” por algunos represores de otras jurisdicciones). Esta última estaba ubicada en Lisandro Olmos, en terrenos de la Unidad Carcelaria Número 1 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en un edificio de la vieja planta transmisora de Radio Provincia. En todos ellos, los represores de las Fuerzas Armadas, policiales, penitenciarios y civiles adscriptos ejercieron un poder de vida o muerte a fines de “neutralizar y aniquilar al oponente”, que eran “todas las organizaciones o elementos integrados en ellas existentes en el país o que pudiera surgir del proceso que de cualquier forma se opongan a la toma del poder y/o obstaculicen el normal desenvolvimiento del gobierno militar a establecer”.

La función de las unidades de inteligencia militar –que en el área 113 estaban a cargo del Destacamento de Inteligencia 101, en la calle 55 entre 7 y 8 de La Plata, al mando del coronel Alejandro Arias Duval– fue diseñar y controlar el accionar represivo, seleccionando blancos, determinando el orden de los detenidos, asignándoles un destino de acuerdo a un patrón operacional y planificar la continuidad en el tiempo y el terreno de la actividad contrainsurgente. Este accionar no era improvisado ni espontáneo, se enmarcaba estrictamente en Reglamentos, Normas, Manuales y Órdenes de combate de las Fuerzas Armadas.

La Captura. Todo comenzaba con una operación que era casi siempre igual a sí misma, un procedimiento mecánico: un grupo operativo (llamado Grupo de Acción Especial, GAE en la terminología de la inteligencia militar) formado por seis u ocho personas armadas se desplazaba en dos o tres automóviles hacia una “zona verde” o “zona libre” donde irrumpían violentamente en un domicilio –generalmente, de noche– y secuestraba un hombre, una mujer, una familia entera, un adolescente, un anciano, un “objetivo” previamente confirmado a través de una precisa cadena de mandos. En sus declaraciones a la Conadep, el suboficial del Ejército Orestes Vaello (Legajo Conadep 3675) describió minuciosamente (y aportó copias cuyos originales no han podido ser aún fehacientemente contrastados con los originales en sede judicial) las fichas que los destacamentos de Inteligencia militar usaban para determinar y controlar la acción represiva sobre sus objetivos.

Luego del secuestro, el paso siguiente era el traslado del “paquete” –como llamaban a las víctimas los miembros de las patotas– al QTH prefijado, un LRD (Lugar de Reunión de Detenidos), un centro clandestino de detención, donde otra rutina, siniestra e inhumana se ponía en marcha: el interrogatorio bajo diversas formas de tortura y el cautiverio por días, semanas y meses en condiciones de privación sensorial (encapuchados), atados o encadenados, mal alimentados y en precarias condiciones de salud por la tortura y la falta de higiene. En La Cacha, esta metodología alcanzó un grado extremo de sofisticación.

La investigación. El expediente judicial elevado a juicio hace unos días establece que el punto nodal del inicio de la investigación sobre La Cacha se puede ubicar en “la valiosa y valiente declaración conjunta de parte de los sobrevivientes en la Comisión Arquidiocesana para los Derechos Humanos del Arzobispado de Sao Paulo, Brasil que se conoce como Clamor”. En esa declaración, firmada el 20 de octubre de 1983 por los sobrevivientes Néstor Torrillas, Nelva Falcone, Alberto Diessler, Roberto Amerise, Anamaría Caracoche, José Luis Cavalieri, Alcira Ríos y Luis Pablo Córdoba, aparece por primera vez un croquis y una descripción de las instalaciones de La Cacha con su distribución interna y, no menos importante, una lista con los apodos y la pertenencia de los represores a cada arma o dependencia que intervenía y su distinción funcional (guardias, torturadores). Los oficiales Daniel y Pituto de la Marina; los “Carlitos”, guardianes que pertenecían a esa arma, El Bueno, El Enfermero, Puente Roto. El mayor del Ejército Cordobés, los tenientes Inglés y Amarillo, el cabo Willy, el cabo Mostaza. El siniestro interrogador El Francés del SIE (Servicio de Informaciones del Ejercito, al principio erróneamente consignado como de la Side), los agentes Pablo, Jota y Tarzán. El brutal Oso Acuña, del Servicio Penitenciario Bonaerense, y los agentes Sabino, Dani y Palito. Apodos que la memoria de los sobrevivientes y su compromiso con la vida y la verdad aportaron al diagrama general del circuito represivo que la investigación judicial se encargaría de ampliar y profundizar.

A partir de las declaraciones en San Pablo, otros testimonios de sobrevivientes ante la Conadep y durante los Juicios por la Verdad engrosaron el caudal informativo que fue motivo de requisitorias solicitando detenciones de personal penitenciario acusado por denuncias anónimas presentadas ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Sumando otras denuncias que responsabilizaban a personal militar, la Secretaría Especial del Juzgado 1 comenzó en 2004 un minucioso trabajo de recolección de testimonios e investigación de legajos militares, policiales y penitenciarios. La traba que significaba el secreto de Estado para el personal civil que había revistado en los destacamentos de Inteligencia fue removida por decreto presidencial del 6 de enero de 2010, lo que permitió el cotejo de los nombres y apodos surgidos en las actuaciones judiciales con los legajos de personal actuante en los años investigados. Las querellas presentadas por la Asociación de Ex detenidos desaparecidos, las Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría de DD.HH. de la Nación sumaron su aporte presentando imputaciones, acompañando informes y solicitando detenciones. La dedicación de los integrantes de la Secretaría Especial del Juzgado, Ana Cotter, Sandra Mañanes, Laura Pozzio, Emiliano Gassaneo y Agustin Erpen que procesó una masa enorme de documentos, declaraciones testimoniales, indagatorias, pruebas documentales y pericias técnicas, arroja un panorama esclarecedor sobre un centro de detención que funcionó desde principios de 1977 a finales de 1978, cuando fue desactivado y configuró un caso atípico entre el resto de los centros desplegados en el área 113.

La cueva de la bruja. Según los relatos de los sobrevivientes (ver entrevista a Ricardo Molina) el nombre “La Cacha” estaba referido al personaje de Hijitus, la bruja Cachavacha, que tenía una escoba que “hacía desaparecer gente”. La dinámica interna de este centro clandestino se caracterizó básicamente por dos aspectos novedosos: era un centro “interfuerzas” donde actuaban el Ejército, la Marina y personal penitenciario en forma relativamente independiente; en él se aplicaron técnicas de reunión de información más sofisticadas que en otros centros y algunos de sus interrogadores eran estudiantes de las Facultades de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata devenidos en agentes civiles de inteligencia.

La creación de La Cacha es indicativa de un momento –desde diciembre de 1976– en el que las fuerzas represivas buscaban precisar, hacer más eficiente, más “científico” el trabajo de inteligencia apuntando no sólo a la obtención de información de uso “táctico”, sino a una perspectiva de más alcance: obtener la colaboración activa y el quiebre ideológico de algunos detenidos. Las patotas secuestraban a los objetivos y los entregaban al personal de guardia o al grupo de interrogadores de la fuerza que correspondía. Una vez concretadas las sesiones de tortura, el secuestrado era custodiado por guardias que hacían turnos de 24 por 48 horas y eran alternativamente pertenecientes a alguna de las fuerzas mencionadas. Estos guardias tenían vedado interrogar o interactuar con los detenidos, que “pertenecían” a quienes los habían “levantado”. En la práctica, esta compartimentación no siempre se respetaba y debido a ello existía cierto intercambio, cierto diálogo con algunas guardias, que fue la base de información valiosa para la instrucción de la causa judicial. Pero también es cierto que muchos de estos intercambios eran promovidos por los agentes civiles de inteligencia que hacían guardia en La Cacha con el objeto de ganarse la confianza de los secuestrados y extraer información.

La construcción constaba de un sótano, una planta baja y un primer piso. Se sabe –por testimonios de sobrevivientes– que en el entrepiso entre la planta alta y la planta baja donde los prisioneros permanecían encadenados, se habían instalado grabadores. Esto fortalece la presunción de que la relativa flexibilidad que mostraban algunos guardias era parte de una maniobra destinada a obtener información no en base a la presión del maltrato y la tortura, sino al clásico juego del “policía bueno” o a los diálogos entre los detenidos cuando éstos suponían que no estaban siendo vigilados. Otro aspecto indicativo de la combinación de diversas técnicas de inteligencia fue la participación activa de secuestrados “quebrados” que colaboraban con los represores en la obtención de información incluso durante las sesiones de tortura, cotejando los dichos de las víctimas con su propia información y orientando a los interrogadores en las preguntas. También entrevistaban detenidos en interrogatorios sin tortura (ver entrevista a Javier Quinterno) planteando discusiones en torno a cuestiones políticas e ideológicas, mostrando las ventajas de transformarse en colaborador, de cambiar de bando.

Uno de los rumores que circulaban por La Cacha –seguramente promovido por los represores– aludía a la existencia de una “Cacha o Cachavacha Súper Star”, un lugar retirado, supuestamente una quinta donde una vez superada la instancia de la tortura, algunos de los secuestrados –quizás los menos comprometidos– serían ubicados con un régimen más benigno, con visitas de familiares, sin maltratos ni privaciones, un módico Paraíso después del infierno al que supuestamente eran trasladados algunos de los detenidos que habían colaborado. No hay noticias de que ninguno de ellos haya sobrevivido.

Entrevista. Ricardo Molina. Sobreviviente 
Año 5. Edición número 205. Domingo 22 de abril de 2012 
Por Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal 
dcecchini@miradasalsur.com 
"Soy El Francés, mirame bien” 
Para fines de abril de 1977, Ricardo Victorino Molina –Pancho para sus compañeros y también para sus secuestradores– tenía pocas esperanzas sobre su futuro. Llevaba más de diez días tirado sobre una colchoneta, encadenado a la pared, encapuchado, con el cuerpo marcado por la tortura. Fue entonces cuando uno de los guardias de los “Carlitos”, pronunció una frase que le reveló dónde estaba. Todavía hoy la sigue escuchando en su memoria: “¿Saben donde están, terroristas, zurdos de mierda? Están en La Cacha, de la Bruja Cachavacha, que hace desaparecer personas”, gritó, y esa frase rebotó en las paredes y se metió entre los tabiques que separaban, uno por uno, a los diez o doce detenidos que había en la planta baja de la construcción. Con el tiempo, Molina llegaría a descubrir que también había un sótano y un primer piso, pero a él nunca lo llevaron allí.

Pancho tenía 28 años, integraba la Comisión Interna de Kaiser Aluminio y militaba en la JTP. Lo secuestraron la noche del 14 de abril de 1977, en las afueras de La Plata, en la casa de su hermano Babi (ex concejal peronista, que zafó de milagro porque no lo identificaron). “Escuchamos ruidos afuera y después un voz, por un altoparlante, diciendo que la casa estaba rodeada y que teníamos que salir. Por el altoparlante, también, preguntaron quién era Ricardo Molina. Cuando les dije que era yo, me corrieron a un costado, me hicieron poner de rodillas, me ataron las manos atrás con mi cinturón, me encapucharon con mi pulóver y me subieron a un Torino blanco, de cuatro puertas, en la parte de atrás”, le dice a Miradas al Sur, 35 años después. Del viaje recuerda los culatazos de Itaka, preguntas sobre volantes y armas y que, al llegar, un tipo grandote (luego sabrá que era el penitenciario Héctor Acuña, El Oso), lo levantó de los pelos y lo sacó del auto. De ahí, encapuchado, directamente a la parrilla. Quien lo interroga es el mismo que dirigió el operativo. Un tipo al que llaman El Francés y que –aunque Molina no lo sabe todavía– es uno de los tres que dirigen el centro clandestino de detención.

Los dos o tres primeros días fueron de torturas e interrogatorios fuertes y precisos. “El Francés sabía lo que me preguntaba. Tenía mucha información sobre mí. Incluso me dijo que había mandado a pedir mi legajo a la fábrica. Me preguntaba sobre la CGT de la resistencia, cómo se iba a organizar. También sobre mi vinculación con Montoneros. Sabían que la estructura sindical estaba desmantelada, tenían información fina sobre la situación”, precisa Molina. Después de eso no volverán a torturarlo, a excepción de algunos golpes ocasionales.

Una de esas ocasiones fue cuando lo sacaron encapuchado y lo metieron en el baúl de un auto, unos veinte días después de su detención. “Llegamos a un lugar y escuchó órdenes y gritos. Estaban haciendo un operativo. Al rato me sacan del baúl y me dicen que me van a sacar la capucha y que tengo que reconocer a un tipo, a un tal Coco. ‘No conozco a ningún Coco’, les digo. Y ahí se dan cuenta de que se equivocaron, que no era yo el que podía reconocerlo. ‘¡Boludo, éste no es! ¡La puta que te parió!’, le dijo uno a otro. Me cagaron a trompadas por su propia equivocación pero, eso sí, el tal Coco esa vez zafó”, dice y sonríe.

Todavía hoy Molina no sabe por qué, casi al final de su permanencia en La Cacha, lo llevaron a ver a su mujer, Liliana Galarza, de 22 años, a quien habían capturado, embarazada, en noviembre de 1976. Tal vez lo hicieron para quebrarlo, pero no lo sabe. “Te manda saludos la enana de jardín”, le dijo El Francés un día, “según como venga la mano te voy a llevar a verla un día”. Pancho se quedó helado, porque la creía muerta. “Unos días después, El Francés volvió y me dijo que me iba a llevar a conocer a su hija. Me subieron encapuchado al baúl de un auto y me llevaron a un lugar que después supe que era Cuatrerismo, en 55 entre 13 y 14. Me llevan a un sótano, me sacan la capucha y me encuentro frente a Liliana con el bebé en brazos. Fueron cinco minutos y a ella nunca más la volví a ver. A la vuelta El Francés me dijo: ‘¿Viste que no somos tan hijos de puta?’. Yo estaba impactadísimo”, cuenta. Liliana Galarza sigue desaparecida. La hija de Molina fue entregada a sus abuelos.

Pancho tampoco sabe por qué, después de eso, El Francés decidió destabicarse con él. Lo hizo llevar a su presencia, le hizo sacar la capucha y, cara a cara, le dijo: “Mirame bien, Pancho. Yo soy El Francés. Yo soy el que te detuvo. Y yo te llevé a ver a tu mujer, para que digas y veas que no somos tan hijos de puta. Pero te digo una cosa: es muy probable que zafes. Si zafás y nos cruzamos en la calle, tirá primero, porque yo te voy a tirar”. Dos días después, Ricardo Molina fue entregado y “blanqueado” en la Comisaría Octava de La Plata y luego trasladado a la Unidad 9. Treinta y cinco años más tarde, en el juicio, volverá a estar cara a cara.


Entrevista. Héctor Quinterno. Sobreviviente 
Año 5. Edición número 205. Domingo 22 de abril de 2012 
Por Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal 
dcecchini@miradasalsur.com 
“Había un código de supervivencia”. 
En La Cacha cada detenido era propiedad del grupo de tareas que lo secuestraba. Su vida, su muerte, su destino, era propiedad del grupo de tareas. A mí me llevaron a la madrugada y me dejaron dos días tirado en un colchón, encadenado al piso, sin interrogarme, porque el grupo que me secuestró hacía turnos de 24 por 48 y empezaba el franco. No me interrogaron hasta que volvieron. De eso me di cuenta muy rápido, porque había gente en la misma situación que yo. En esos dos días, otros detenidos entablaron contacto conmigo y, de alguna forma, me trataron de explicar dónde estaba y qué era lo que me iba a pasar. La cuestión central era en qué consistía la tortura y la forma de ver de qué forma se podía sobrevivir en esa circunstancia. Yo todo esto lo sintetizo con transferir lo que sería una especie de código de supervivencia, que yo creo que, a la hora de analizar mucho después esa situación, en ese código de supervivencia estaba buena parte de la clave de vivir o no.” Héctor Javier Quinterno estudiaba Ciencias Económicas y vivía en el Centro de Estudiantes de su pueblo, Saladillo, en la ciudad de La Plata. Poco después del golpe del 24 de marzo de 1976, el Ejército había tratado de detenerlo en la casa de su familia, pero no lo encontró. Lo buscaban por los artículos que firmaba en el periódico El Argentino de Saladillo, dirigido por Julio Volonté, donde expresaba la posición del ala más progresista del radicalismo. Lo secuestraron la madrugada del 2 de junio de 1977, cuando volvía al Centro de Estudiantes, y lo llevaron a La Cacha. 

Cuando, dos días después, volvió el grupo de tareas, comenzaron los interrogatorios bajo tortura. “Yo empecé a tratar de aplicar las cosas que me habían dicho; es decir, por ejemplo, que tratara de armar un esquema mental de respuestas a todo lo que yo podía pensar que se me podía interrogar, en donde no tuviera que ponerme a pensar, en ese momento, qué es lo que iba a responder.

La cuestión era tener la respuesta en forma casi automática, repetirla siempre, aún en cualquier situación, en el mayor dolor, en la mayor desesperación, en la situación más extrema, y mantenerme siempre hasta al cansancio, no correrme nunca de ese testimonio, de ese argumento. Y cuando no daba más, fingir que entraba en paro para ganar dos o tres minutos en el momento de la tortura, porque dos o tres minutos en esa circunstancia son el infinito casi. Que gritara lo más fuerte que pudiera cuando era torturado porque de esa manera se descarga una parte de la energía y permite resistir mucho más”, recuerda. Aún bajo tortura, Quinterno no tardó en darse cuenta de que las preguntas que le hacían no eran al boleo. “Se notaba que habían hecho una tarea de inteligencia previa, sabían casi todo sobre mí. Sabían de mi militancia en el radicalismo, y no les encajaba mi pensamiento ideológico con el partido en realidad, o por lo menos no les encajaba con el del partido que en ese momento, les parecía muy de izquierda. Buscaban saber si tenía una segunda militancia, oculta, de base erpiana, marxista leninista, porque decían que lo que yo había escrito durante tantos años tenía que ver con eso y no con el radicalismo. Querían que les dijera de qué manera había, de parte del ERP o de otra fuerza marxista leninista, un mecanismo de infiltración en otros campos políticos”, explica.

Después de ser torturado durante dos o tres días, fue sometido a otro tipo de interrogatorio. Su nuevo interrogador era un ex militante de Montoneros, al que identifica como “el ingeniero”. “Era el tipo que había diseñado las casas con habitaciones ocultas y que cuando cayó las entregó todas. A mí me hizo una especie de test ideológico, tratando de ver si me pisaba, si en la discusión se me escapaba algo que revelara mi supuesta militancia secreta”, dice Quinterno. Después de eso, parecen olvidarse de su existencia. “Entré en una especie de stand by, donde me van pasando por distintos lugares dentro de la misma Cacha, que es lo que ocurría con todos. En realidad, nadie permanecía en el mismo lugar por más de cuatro, cinco, seis días. Con lo cual, todos fuimos girando en lugares que estaban más o menos expuestos, en la planta baja o en el sótano. En la planta baja te pateaban cada vez que pasaban; en cambio, en el sótano podías ver cuándo bajaban, de modo que nos podíamos levantar las capuchas, pero el problema eran las ratas que había y te mordían. Eso no te dejaba dormir”, recuerda. Héctor Quinterno fue liberado la noche del 8 de julio de 1977. Lo sacaron de La Cacha en el baúl de un auto y lo dejaron en las afueras de La Plata, con cinco pesos en el bolsillo. Ahora, con el elevamiento a juicio de la causa, espera que se haga justicia.
Fuente:MiradasalSur

3 de abril de 2012

LA PLATA: Elevan a juicio oral la causa del centro La Cacha.

Elevan a juicio oral la causa del centro La Cacha
Por el lugar, que funcionó entre el 77 y el 78, y que manejaba la inteligencia del Ejército, pasaron como detenidos-desaparecidos los hijos de Estela de Carlotto y de Hebe de Bonafini. También la familia del embajador Bettini.
Por R.P.
01/04/12

Destrucción de pruebas. En 1981 el Ejército destruyó toda la edificación de lo que fue el Centro Clandestino de Detención.
La Justicia federal elevó el último miércoles a juicio oral la causa por crímenes ocurridos durante la última dictadura militar en el centro clandestino de detención conocido como La Cacha. La importancia de este caso radica, entre otras cosas, en que es la primera causa en la que se puede comprobar que la dirección y ejecución de la represión en un centro clandestino estuvo a cargo de la Inteligencia del Ejército.

La Cacha funcionó entre febrero de 1977 y noviembre de 1978 y se hallaba situada en la localidad de Lisandro Olmos, La Plata. Sus edificaciones fueron demolidas en junio de 1981, momento en que también se instruyó a que se destruya todos sus planos y fotografías, con la finalidad de hacer desaparecer los rastros de la existencia del centro de detención clandestino. Sin embargo, después de varios años de investigación, el juzgado a cargo de Manuel Humberto Blanco rescató del archivo del Servicio Penintenciario una única foto de 1981 que consta en la causa a la que accedió PERFIL y que ilustra esta nota.

Por La Cacha pasaron más de doscientas personas, muchas de ellas se encuentran desaparecidas, otras fueron asesinadas simulando enfrentamientos, otras fueron liberadas desde el centro, y otras fueron legalizadas y puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, permaneciendo detenidas durante años en unidades penitenciarias. Dentro de las víctimas que permanecieron detenidas-desaparecidas, se encuentran Laura Carlotto (quien fue sacada del centro para dar a luz y es la única embarazada que volvió luego de haber parido); María Rosa Reggiardo Tolosa (madre de los mellizos Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa, que fueran apropiados por el represor Miara); Antonio Bettini y su suegra; y Raúl y Jorge Bonafini.

A partir de los testimonios de los sobrevivientes y a lo largo de la investigación, se pudo descubrir que en este centro operaron grupos de distintas fuerzas de seguridad, entre los que se encontraba personal del Servicio Penitenciario Bonaerense, Marina, Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE); y el Personal Civil de Inteligencia del Ejército (PCI).

El PCI fue identificado gracias a que los testimonios daban cuenta de un grupo que los mismos guardias reconocían como pertenecientes a un Servicio de Inteligencia. Según estos relatos, parte de ellos mencionaban ser estudiantes universitarios, por lo que a partir de fotografias aportadas por la Universidad Nacional de La Plata a la investigación, las víctimas pudieron reconocerlas. A través de este reconocimiento, se vinculó a la cadena de mandos del Destacamento de Inteligencia del Ejército 101 de La Plata.

La prueba que vinculaba al PCI se encontraba bajo “secreto de Estado”, que el Juzgado requirió levantar en septiembre de 2009. En enero de 2010, mediante el decreto 4/2010, se dispuso el levantamiento de la clasificación de seguridad de toda la documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante 1976 y 1983. A partir de ello, la investigación sobre el PCI avanzó y esta causa se convirtió en la primera que revela la participación de la Inteligencia del Ejército.

Entre los procesados y detenidos del SIE figuran: Alejandro Arias Duval (jefe del Destacamento 101); Carlos del Señor Hidalgo Garzón; Jorge Di Pasquale; Carlos Romero Pavón; Gustavo Cacivio; Ricardo Fernández; Roberto Balmaceda; Emilio Herrero Anzorena; Anselmo Palavezatti; Juan Carlos Negri; Luis Orlando Perea. En tanto, Ricardo Luis von Kyaw se encuentra con pedido de captura. Por el PCI se encuentran: Raúl Espinoza; Claudio Grande; Rufino Batalla; César Branne. También aparecen procesados el ex gobernador de facto Ibérico Saint-Jean; y su ministro de gobierno, Jaime Smart, entre otros.

Esta causa fue elevada a juicio por el Juez Blanco el miércoles y recibida por el Tribuna Oral 2 (integrado por los jueces Jorge Micheli, Alejandro Smoris y Nelson Jarazo) al otro día. La investigación que se inició en 2004 y cuyos testimonios se comenzaron a tomar en 2009, consta de más de 61 cuerpos, 100 incidentes y 500 legajos, más documentación agregada de la Conadep y de los Juicios por la Verdad, así como de causas que se tramitaron en el juzgado federal 2 de La Plata.
Fuente:Perfil

31 de marzo de 2012

LA PLATA: Elevan a juicio crímenes cometidos en "La Cacha".

Sábado, 31 de marzo de 2012
Elevan a juicio crímenes cometidos en "La Cacha"
Fue un centro de detención clandestino que funcionó en Olmos. Saint Jean y Smart, entre los imputados
Vista aérea de 1981 del “complejo” que integraban la cárcel de Olmos y la planta de Radio Provincia donde funcionaba el centro clandestino La Cacha
La justicia federal platense elevó ayer a juicio oral la causa en la que están imputados 18 ex funcionarios y militares acusados de más de 130 casos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y apropiación de hijos de desaparecidos, ocurridos durante la última dictadura en el centro clandestino de detención conocido como "La Cacha", que funcionó en la localidad de Olmos.

La causa fue elevada al Tribunal Oral Federal 2 -integrado por los jueces Jorge Micheli, Alejandro Smoris y Nelson Jarazo- por el juez federal Manuel Humberto Blanco, que llevó adelante la investigación, y tras la acusación presentada por los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández.

Entre los procesados y detenidos figuran el ex gobernador de facto Ibérico Saint Jean; su ministro de Gobierno, Jaime Smart; Alejandro Arias Duval, Juan Carlos Herzberg, Héctor Acuña, Carlos Hidalgo Garzón, Jorge Di Pasquale, Carlos Romero Pavón, Gustavo Cacivio, Ricardo Fernández, Roberto Balmaceda, Emilio Herrera, Isaac Crespín Miranda, Anselmo Palavezatti, Teodoro Gauto, Juan Carlos Negri, Rufino Batalla, Enrique Cicciari, Luis Perea, Raúl Espinoza, Claudio Grande y César Branne.

La Cacha funcionó como centro clandestino de detención y maternidad clandestina entre febrero de 1977 y noviembre de 1978 en la vieja planta transmisora de Radio Provincia y contigua al Penal de Olmos.

En La Cacha estuvieron detenidas más de 200 personas, entre ellas Laura Carlotto -que fue sacada del lugar para dar a luz a Guido, y reingresada en ese centro-; María Rosa Tolosa de Reggiardo, madre de los mellizos Matías y Gonzalo, apropiados por el represor Miara; Antonio Bettini y su suegra; y Raúl y Jorge Bonafini.

Según datos de Abuelas de Plaza de Mayo, también estuvieron allí Cristina Marrocco, Olga Casado, María Elena Corvalán, Susana Pegoraro, Adriana Tasca, Elisa Cayul y Graciela Quesada Ayub.

En la causa consta que en La Cacha, las víctimas permanecían tabicadas constantemente, esposadas a ganchos en la pared o en el piso, recostadas sobre una colchoneta; debían pedir autorización para ir al baño, lo que no siempre se les permitía; situaciones por las que atravesaron embarazadas, adolescentes, estudiantes, trabajadores y personas mayores.

La investigación se volcó en una causa que tiene 61 cuerpos, 100 incidentes y 500 legajos, más documentación agregada de la Conadep y de los Juicios por la Verdad, así como de causas que se tramitaron en el juzgado federal 2 de La Plata.
Fuente:PrimeraFuente