Por Raúl Arcomano
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La Justicia ordenó allanar la casa de un ex militar que está sospechado de ser quien planeó el crimen del ex edecán y delegado de Perón, asesinado la noche del golpe del ’76.
No fue Rodolfo Walsh el único que tuvo el coraje de escribirle una demoledora carta a la Junta Militar, para ponerlos frente al espejo de sus crímenes. Un año antes, a horas del golpe, un ex militar e histórico dirigente peronista responsabilizaba a sus ex camaradas sobre la represión ilegal y les señalaba el error histórico que iban a cometer si tomaban el poder.
Lo hizo a través de una carta enviada a Jorge Rafael Videla: terminó de escribirla el 23 a la noche, pero le puso de fecha 24, día que sería entregada. Bernardo Alberte, de él se trata, denunciaba que habían querido secuestrarlo y le decía al entonces jefe del Ejército: “Sin duda, avanzamos hacia un enfrentamiento hacia el que se nos quiere llevar gradualmente con falsas opciones y manejando falsos valores, y alarma observar la ligereza y hasta la irresponsabilidad con que ciertas personas y ciertos sectores que tienen poder, poder transitorio, alientan el enfrentamiento con hechos o con palabras”.
Como a Walsh, a Alberte lo asesinaron. Es la primera víctima de la dictadura: lo fue a buscar a su departamento una patota de uniformados, se resistió y lo tiraron por una ventana, de un sexto piso. Cayó al pulmón del edificio y murió en el acto. Pasaron 36 años de ese crimen y recién esta semana hubo, por primera vez, actuaciones judiciales para determinar quiénes fueron los asesinos de Alberte.
El juez federal Daniel Rafecas ordenó allanar la casa del ex jefe de Inteligencia y general retirado Jorge Eugenio O'Higgins. Este militar está sospechado de ser quien ideó el operativo. Hay una prueba que lo compromete: en 1981, se hallaron en su edificio cartas entre Alberte y Juan Domingo Perón. O'Higgins las había tirado a la basura, pero las encontró de casualidad un vecino.
Esos papeles habían sido robados la noche del crimen. Otro militar, Oscar Enrique Guerrero, habría sido el jefe de la patota. Guerrero era entonces jefe de Operaciones del Ejército y luego comandó la Policía Bonaerense. Durante el operativo se incautaron órdenes secretas de Inteligencia del Ejército y otros documentos relativos a la actividad en aquellos años de O'Higgins.
“Rafecas fundó la orden de allanamiento no sólo en los hechos que se investigan por el homicidio de Alberte, sino también para profundizar ‘la línea Inteligencia’, que está investigando en el marco del expediente del Primer Cuerpo de Ejército”, señaló a Miradas al Sur la abogada de la familia Alberte, Elizabeth Gómez Alcorta.
Guerrero, en tanto, fue reconocido por la mujer y una hija de Alberte como integrante de la patota que lo asesinó. “Por ahora, Rafecas entiende que con ese reconocimiento no alcanza para citarlo a indagatoria ni para allanar el domicilio. De todas formas, insistiremos.”
Bernardo Alberte se llama igual que su padre. Fue quien se puso la causa al hombro y la motorizó durante largos años. Es que la primera querella empezó en abril del ’76. Fue una de las primeras de ese tipo. Ningún juez la quería agarrar: se declaraban incompetentes.
Así, la causa pasó por 14 juzgados en seis años. Se cerró en 1985 y se reabrió en 2003, tras la derogación de las leyes de impunidad. Por eso ahora la familia está esperanzada.
“Es el primer hecho de relevancia en la causa”, dice Alberte a Miradas al Sur.
“Pese al dolor de todos estos años, la lucha no ha sido en vano. Hoy podemos decir con orgullo que la Argentina es un ejemplo para el mundo en el juzgamiento de los genocidas. Mi padre comprendió la realidad de una época e intento modificarla. Como otros, perteneció a una generación de militantes revolucionarios que combinaron la teoría política con la ética de una práctica revolucionaria, que no dudaron en sostener con su propia vida.” Peronista de Perón. Alberte padre fue un leal peronista.
En octubre del ’45 intentó sublevar la Escuela de Infantería de Campo de Mayo para ponerla a favor de Perón. En 1954, Perón lo nombró su edecán personal. A partir de entonces creció la relación entre ambos.
Con la llegada de la Libertadora-Fusiladora, en el ’55, estuvo al lado de Perón hasta que el general se exilió. Alberte estuvo encarcelado en la penitenciaría de Las Heras, en el penal de Magdalena y luego en Ushuaia. Luego, el exilio. Volvieron en el ’58. En el ’67, Perón recompensó la lealtad de Alberte y lo nombró delegado personal y secretario del movimiento Justicialista.
Un año después, fue uno de los impulsores de la CGT de los Argentinos. Eso lo distanciaría de Perón. Alberte recuperó su grado y fue ascendido teniente coronel cuando asumió Cámpora, en 1973. Y en 2006, Néstor Kirchner le rindió homenaje: le otorgó un ascenso post mortem a coronel.
En 2007, la familia Alberte ya había solicitado a la Justicia la detención de O'Higgins y Guerrero. “No me cabe la menor duda que O'Higgins participó en el operativo militar que asesinó a mi padre.
Tenía en su poder parte del botín que se robaron de nuestra casa la noche que se cometió el crimen. En ese entonces, tanto O'Higgins como Guerrero eran jefes del Ejército: de Inteligencia el primero, y de Operaciones del Estado Mayor el segundo”, denuncia Alberte.
Y advierte: “Es importante poner el ojo cuando O'Higgins va como agregado militar a Honduras”. El militar fue agregado militar en Tegucigalpa, desde comienzos de 1982 hasta fines de ’83. Fue instructor de militares hondureños, participó en arrestos ilegales y ejecuciones a disidentes.
Una investigación de Página/12 de 1999 reveló que José Osvaldo Balita Riveiro, ex subjefe de Inteligencia del Ejército, fue el principal asesor y entrenador de los grupos de tareas que operaron, con financiación de la CIA, en la frontera hondureño-nicaragüense entre 1980 y 1985 para desestabilizar al entonces gobierno sandinista.
“Riveiro partió a Tegucigalpa, formando parte de lo que se conoció como el Grupo de Tareas Exterior del Ejército (GTE), conformado por experimentados represores formados en el batallón 601 de Inteligencia que, durante el proceso, dependía de Carlos Guillermo Pajarito Suárez Mason”, dice la nota. Además de Riveiro, el GTE estaba integrado por doce militares.
Uno de ellos era O'Higgins. Los trabajos sucios del grupo de militares argentinos generaron un conflicto internacional con Honduras en 1996. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos de ese país indicó en un informe remitido al presidente Carlos Menem: “Existen indicios claros de la participación, en Honduras, de oficiales adscritos a las Fuerzas Armadas argentinas en el entrenamiento y asesoría de los ejecutores de esta terrible práctica que es la desaparición forzada de personas”, señala un informe de ese año de Leo Valladares Lanza, ex comisionado de derechos humanos de ese país.
Valladares Lanza amenazó con elevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Cidh) un pedido para que el gobierno argentino le entregara información reservada sobre el accionar del GTE. Esa información nunca llegó a sus manos.
Fuente:MiradasalSur
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